DESVIACIONES DEL PODER POR EL RÉGIMEN AUTORITARIO Y CORRUPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
Perversión de la justicia por parte del régimen autoritario mexicano.
En este capítulo se reseñan tres formas que el Estado mexicano utilizó para perseguir a los grupos nacionales opositores, la primera fue la de penalizar derechos civiles y políticos; otra fue la de inventarles delitos utilizando la legalidad como mascarada y, otra más, la de combatirlos ilegal- mente incurriendo en crímenes de Estado.
Así pues, adoptó leyes con un articulado que, en lugar de objetivar el presunto delito a perse- guir, abre la interpretación subjetiva de los hechos que, a juicio de la autoridad, encuadran en el delito que se persigue. Es el caso del ‘delito’ de ‘disolución social’ que sirvió para encarcelar a opositores al régimen cuando recurrían a su legítimo derecho de huelga, de asociación indepen- diente y de protesta pública pacífica.
Para darle un tinte de delito común a la reclusión carcelaria de gente cuya rebeldía se expre- saba dentro de los cauces legales, se les inventó delitos culpándolos de las agresiones que la propia autoridad había realizado en su agravio, criminalizándolos cuando de inicio habían sido las víctimas. De esta forma, los presos de conciencia eran expuestos a la opinión pública como delin- cuentes comunes.
Una tercer manera de combatir la oposición, particularmente cuando ésta recurrió a la violen- cia, fue la de actuar criminalmente y en plena violación a los derechos humanos, en la forma como los persiguió, les conculcó sus derechos procesales y como detenidos. Estas violaciones se hicie- ron extensivas a familiares, amigos y gente totalmente ajena a ellos pero que, circunstancialmente, tuvieron algún tipo de contacto o cercanía con ellos.
Debe quedar establecido que el móvil de la rebelión que en este Informe tratamos se encua- dra dentro de los valores universalmente reconocidos de libertad, justicia, defensa de los derechos, búsqueda de un bienestar al que tienen derecho. Que, por contraposición, el móvil del Estado puede caracterizarse que era, consistentemente, egoísta y vil ya que buscaba preservar un autoritarismo que atropellaba la dignidad humana, y era innoble por los métodos que utilizaba, fuera de todo concepto de legitimidad y legalidad que debería de ser distintivo de todo Estado.
10.1 El régimen autoritario pervirtió las leyes penalizando los derechos
El delito de disolución social
El derecho se pervierte cuando se penalizan los derechos. El delito de ‘disolución social’ fue utilizado para tipificar derechos como delitos. La caracterización de este delito en el artículo 145 del Código Penal mexicano1348 , en lugar de objetivar y tipificar las acciones que constituirían el delito,
1348 El 50/ 12/ 29 publicados en el “Diario Oficial de la Federación” del 51/ 01/ 15, en vigor tres días después de esta última fecha, quedaron dentro de nuestras leyes los nuevos tipos de “delito social”. Fue el instrumento que se utilizará hasta su derogación para reprimir la acción popular.
Perversión de la justicia por parte del régimen autoritario mexicano.
En este capítulo se reseñan tres formas que el Estado mexicano utilizó para perseguir a los grupos nacionales opositores, la primera fue la de penalizar derechos civiles y políticos; otra fue la de inventarles delitos utilizando la legalidad como mascarada y, otra más, la de combatirlos ilegal- mente incurriendo en crímenes de Estado.
Así pues, adoptó leyes con un articulado que, en lugar de objetivar el presunto delito a perse- guir, abre la interpretación subjetiva de los hechos que, a juicio de la autoridad, encuadran en el delito que se persigue. Es el caso del ‘delito’ de ‘disolución social’ que sirvió para encarcelar a opositores al régimen cuando recurrían a su legítimo derecho de huelga, de asociación indepen- diente y de protesta pública pacífica.
Para darle un tinte de delito común a la reclusión carcelaria de gente cuya rebeldía se expre- saba dentro de los cauces legales, se les inventó delitos culpándolos de las agresiones que la propia autoridad había realizado en su agravio, criminalizándolos cuando de inicio habían sido las víctimas. De esta forma, los presos de conciencia eran expuestos a la opinión pública como delin- cuentes comunes.
Una tercer manera de combatir la oposición, particularmente cuando ésta recurrió a la violen- cia, fue la de actuar criminalmente y en plena violación a los derechos humanos, en la forma como los persiguió, les conculcó sus derechos procesales y como detenidos. Estas violaciones se hicie- ron extensivas a familiares, amigos y gente totalmente ajena a ellos pero que, circunstancialmente, tuvieron algún tipo de contacto o cercanía con ellos.
Debe quedar establecido que el móvil de la rebelión que en este Informe tratamos se encua- dra dentro de los valores universalmente reconocidos de libertad, justicia, defensa de los derechos, búsqueda de un bienestar al que tienen derecho. Que, por contraposición, el móvil del Estado puede caracterizarse que era, consistentemente, egoísta y vil ya que buscaba preservar un autoritarismo que atropellaba la dignidad humana, y era innoble por los métodos que utilizaba, fuera de todo concepto de legitimidad y legalidad que debería de ser distintivo de todo Estado.
10.1 El régimen autoritario pervirtió las leyes penalizando los derechos
El delito de disolución social
El derecho se pervierte cuando se penalizan los derechos. El delito de ‘disolución social’ fue utilizado para tipificar derechos como delitos. La caracterización de este delito en el artículo 145 del Código Penal mexicano1348 , en lugar de objetivar y tipificar las acciones que constituirían el delito,
1348 El 50/ 12/ 29 publicados en el “Diario Oficial de la Federación” del 51/ 01/ 15, en vigor tres días después de esta última fecha, quedaron dentro de nuestras leyes los nuevos tipos de “delito social”. Fue el instrumento que se utilizará hasta su derogación para reprimir la acción popular.
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otorgó a los funcionarios responsables de perseguir y juzgar los delitos toda la discrecionalidad necesaria para perseguir conductas que son legales, en toda sociedad convivencial, como si se tratara de hechos delictivos. Tal es el caso de la persecución de la población por realizar actos pacíficos de resistencia civil y manifestaciones públicas para defensa de sus derechos sociales y colectivos. Con un instrumento legal tan arbitrario, dichos funcionarios persiguieron a la disidencia sin recato alguno por la justicia.
El primer proceso de disolución social se abrió el 1 de mayo de 1952 contra Carlos Sánchez Cárdenas, dirigente del POCM, y otros. Permanecieron diecinueve meses en prisión, hasta que les dictaron una sentencia absolutoria. En 1956 se le fincó proceso al dirigente estudiantil del IPN Nicandro Mendoza y otros; salieron de la cárcel tres años y meses después, por condena compurgada. En 1959 el rompimiento por parte del ejército de la huelga ferrocarrilera se complementó con los diver- sos procesos fincados contra la dirigencia obrera; Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Gilberto Rojo Robles, Dionisio Encina, Alberto Lumbreras, Miguel Aroche Parra y decenas más fueron encarcela- dos en Lecumberri. Tan sólo la sentencia de Demetrio Vallejo fue de 16 años de prisión. Permane- cieron encarcelados durante casi once años los principales dirigentes; fueron liberados hasta 1970. En 1960 el pintor David Alfaro Siqueiros y el periodista Filomeno Mata fueron condenados a ocho años de cárcel; fueron indultados cuatro años después.
En 1968 el movimiento estudiantil tomó como una de sus demandas la derogación de los Artículos 145 y 145 Bis del Código de Procesos Penales. Paradójicamente, durante el movimiento, cuya legitimidad hoy nadie pone ya en duda, terminaron en la cárcel decenas de estudiantes. El 69/ 10/ 30 el Senado de la República aprobó la tipificación del delito de terrorismo. Se modificó, a iniciativa de los priístas Juan José González Bustamante, Alfredo Ruiseco Avellaneda y Armando Ortega Santoyo, el artículo 163 bis. En adelante, se otorgó una pena de uno a diez años de prisión a quien produjera “temor, alarma o terror en la sociedad, sin prejuicio de las penas que correspondan a los delitos que resulten aparejados con el terrorismo”. Cuando se usen medios no violentos, la sanción será de uno a cinco años de prisión.
La supresión de los delitos de disolución social y la aprobación de las nuevas leyes penales relacionadas con “la seguridad de la nación” (reformas al Código Penal) aprobadas precipitada- mente y de forma reservada, pues dentro de la propia comisión encargada varios de sus miembros conocieron el proyecto de texto hasta que se dio lectura desde la tribuna, en el periodo extraordina- rio de sesiones del Congreso de la Unión del 70/ 07/ 24, se llevó a cabo en una sola sesión, aproba- da con el único voto contrario al dictamen por parte del diputado Carlos Sánchez Cárdenas y del senador Rafael Galván, líder del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
La nueva legislación no definió debidamente la tipificación de los delitos, en particular los de nueva creación –terrorismo (artículo 139) y sabotaje (artículo 140)-. Se mantuvieron los delitos de traición a la patria, espionaje, motín, rebelión y conspiración, añadiendo nuevos tipos específicos de delitos y el delito de conspiración. Se suprimieron los delitos de disolución social (artículo 145 y 145 bis) y con ellos los delitos de opinión. Se reformó el artículo 366 (“privación ilegal de la libertad y de otras garantías”), introduciendo la fracción III, para sancionar los secuestros realizados con el objeto de ejercer presión política. En todo el nuevo texto aumentaron las penalidades impuestas a los diversos delitos: el de sedición de cinco a ocho años, el de motín de dos a siete años; los coparticipes son castigados con penas de cinco a quince años de prisión y multas hasta de $20,000.00 en el caso de sedición y de dos a diez años y multa hasta de $15,000.00 en el de motín. El de invitación a la rebelión hasta veinte años de prisión.
El primer proceso de disolución social se abrió el 1 de mayo de 1952 contra Carlos Sánchez Cárdenas, dirigente del POCM, y otros. Permanecieron diecinueve meses en prisión, hasta que les dictaron una sentencia absolutoria. En 1956 se le fincó proceso al dirigente estudiantil del IPN Nicandro Mendoza y otros; salieron de la cárcel tres años y meses después, por condena compurgada. En 1959 el rompimiento por parte del ejército de la huelga ferrocarrilera se complementó con los diver- sos procesos fincados contra la dirigencia obrera; Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Gilberto Rojo Robles, Dionisio Encina, Alberto Lumbreras, Miguel Aroche Parra y decenas más fueron encarcela- dos en Lecumberri. Tan sólo la sentencia de Demetrio Vallejo fue de 16 años de prisión. Permane- cieron encarcelados durante casi once años los principales dirigentes; fueron liberados hasta 1970. En 1960 el pintor David Alfaro Siqueiros y el periodista Filomeno Mata fueron condenados a ocho años de cárcel; fueron indultados cuatro años después.
En 1968 el movimiento estudiantil tomó como una de sus demandas la derogación de los Artículos 145 y 145 Bis del Código de Procesos Penales. Paradójicamente, durante el movimiento, cuya legitimidad hoy nadie pone ya en duda, terminaron en la cárcel decenas de estudiantes. El 69/ 10/ 30 el Senado de la República aprobó la tipificación del delito de terrorismo. Se modificó, a iniciativa de los priístas Juan José González Bustamante, Alfredo Ruiseco Avellaneda y Armando Ortega Santoyo, el artículo 163 bis. En adelante, se otorgó una pena de uno a diez años de prisión a quien produjera “temor, alarma o terror en la sociedad, sin prejuicio de las penas que correspondan a los delitos que resulten aparejados con el terrorismo”. Cuando se usen medios no violentos, la sanción será de uno a cinco años de prisión.
La supresión de los delitos de disolución social y la aprobación de las nuevas leyes penales relacionadas con “la seguridad de la nación” (reformas al Código Penal) aprobadas precipitada- mente y de forma reservada, pues dentro de la propia comisión encargada varios de sus miembros conocieron el proyecto de texto hasta que se dio lectura desde la tribuna, en el periodo extraordina- rio de sesiones del Congreso de la Unión del 70/ 07/ 24, se llevó a cabo en una sola sesión, aproba- da con el único voto contrario al dictamen por parte del diputado Carlos Sánchez Cárdenas y del senador Rafael Galván, líder del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
La nueva legislación no definió debidamente la tipificación de los delitos, en particular los de nueva creación –terrorismo (artículo 139) y sabotaje (artículo 140)-. Se mantuvieron los delitos de traición a la patria, espionaje, motín, rebelión y conspiración, añadiendo nuevos tipos específicos de delitos y el delito de conspiración. Se suprimieron los delitos de disolución social (artículo 145 y 145 bis) y con ellos los delitos de opinión. Se reformó el artículo 366 (“privación ilegal de la libertad y de otras garantías”), introduciendo la fracción III, para sancionar los secuestros realizados con el objeto de ejercer presión política. En todo el nuevo texto aumentaron las penalidades impuestas a los diversos delitos: el de sedición de cinco a ocho años, el de motín de dos a siete años; los coparticipes son castigados con penas de cinco a quince años de prisión y multas hasta de $20,000.00 en el caso de sedición y de dos a diez años y multa hasta de $15,000.00 en el de motín. El de invitación a la rebelión hasta veinte años de prisión.
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La nueva legislación penal no sólo no expresó el propósito de ampliar los caminos y las normas de una vida democrática, sino que los limitó, los estrechó considerablemente. Constituyó una amenaza no exclusiva contra los grupos armados sino contra el ejercicio de los derechos ciuda- danos y expresó el propósito de castigar con saña a quienes trataran de hacerlos valer. Centenares de mexicanos fueron encarcelados por defender sus derechos constitucionales, campesinos acu- sados de invadir tierras después de haber gestionado durante décadas la dotación ejidal de latifun- dios que debían de ser afectados por la reforma agraria, mientras que los terratenientes eran bene- ficiados con títulos de no afectación; represión y encarcelamiento a quienes participaban en organi- zaciones independientes y movimientos de huelga o en manifestaciones de defensa del voto, o en paros estudiantiles. Se castigó los efectos del descontento sin atacar sus raíces: la falta de vida democrática en los ámbitos económico y político del país. Sin democracia económica no hay demo- cracia política.
10.2 El recurso de la legalidad, por parte del Estado, como mascarada de la injusticia
10.2.1 Criminalización de las víctimas.
Un mecanismo que el gobierno mexicano utilizó para perseguir la disidencia de manera sis- temática fue el de culpar a los opositores de los crímenes que cometían los agentes del Estado. Así, por ejemplo, si las fuerzas de seguridad disolvían un mitin en el cual resultaban muertos o heridos, la autoridad culpaba de los hechos sucedidos a los propios manifestantes que habían sido agredidos, principalmente a sus dirigentes. El Estado podía ‘perfeccionar’ este método de criminalización, utilizando provocadores que se hacían pasar como parte de la población que sería agredida. Ellos eran los que ‘daban ocasión’ a que el disturbio tuviera comparsa. Una vez que los manifestantes eran agredidos, todo aquel que oponía resistencia era señalado como autor del mismo.
10.2.2. Presos de conciencia
Para distinguir a los presos políticos encarcelados por promover cambios sociales sin utilizar medios violentos, de aquellos otros que utilizaron la fuerza para perseguir tales fines se conoce a los primeros como ‘presos de conciencia’. En esta categoría se considera a toda persona privada de su libertad o sometida a restricciones físicas por razón de sus convicciones políticas, religiosas, o de cualquier otro motivo de conciencia, o bien, si su detención se debe a su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre y cuando dicha persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso. (Amnistía Internacional)
De esta forma, todos los presos políticos por ‘delitos de disolución social’ que no recurrieron al uso de la fuerza forman parte de este segmento o categoría de presos de conciencia. También forman parte de este sector, los familiares, simpatizantes y colaboradores que fueron detenidos y torturados. Otro amplio sector de los que pueden considerarse «presos de conciencia», lo constitu- yen los cerca de 100 pobladores de «El Quemado», en el estado de Guerrero, a los cuales, cuando no se pudo localizar a los responsables de un ataque a un convoy militar en «Arroyo Obscuro» acaecido el 19 de agosto de 1972, al considerárseles como simpatizantes de los «transgresores» que ocultaban información sobre los hechos, fueron consignados sin comprobarse nexo con los atacantes, declarándoseles culpables y sentenciados a 30 años de prisión.
10.2 El recurso de la legalidad, por parte del Estado, como mascarada de la injusticia
10.2.1 Criminalización de las víctimas.
Un mecanismo que el gobierno mexicano utilizó para perseguir la disidencia de manera sis- temática fue el de culpar a los opositores de los crímenes que cometían los agentes del Estado. Así, por ejemplo, si las fuerzas de seguridad disolvían un mitin en el cual resultaban muertos o heridos, la autoridad culpaba de los hechos sucedidos a los propios manifestantes que habían sido agredidos, principalmente a sus dirigentes. El Estado podía ‘perfeccionar’ este método de criminalización, utilizando provocadores que se hacían pasar como parte de la población que sería agredida. Ellos eran los que ‘daban ocasión’ a que el disturbio tuviera comparsa. Una vez que los manifestantes eran agredidos, todo aquel que oponía resistencia era señalado como autor del mismo.
10.2.2. Presos de conciencia
Para distinguir a los presos políticos encarcelados por promover cambios sociales sin utilizar medios violentos, de aquellos otros que utilizaron la fuerza para perseguir tales fines se conoce a los primeros como ‘presos de conciencia’. En esta categoría se considera a toda persona privada de su libertad o sometida a restricciones físicas por razón de sus convicciones políticas, religiosas, o de cualquier otro motivo de conciencia, o bien, si su detención se debe a su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre y cuando dicha persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso. (Amnistía Internacional)
De esta forma, todos los presos políticos por ‘delitos de disolución social’ que no recurrieron al uso de la fuerza forman parte de este segmento o categoría de presos de conciencia. También forman parte de este sector, los familiares, simpatizantes y colaboradores que fueron detenidos y torturados. Otro amplio sector de los que pueden considerarse «presos de conciencia», lo constitu- yen los cerca de 100 pobladores de «El Quemado», en el estado de Guerrero, a los cuales, cuando no se pudo localizar a los responsables de un ataque a un convoy militar en «Arroyo Obscuro» acaecido el 19 de agosto de 1972, al considerárseles como simpatizantes de los «transgresores» que ocultaban información sobre los hechos, fueron consignados sin comprobarse nexo con los atacantes, declarándoseles culpables y sentenciados a 30 años de prisión.
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El Poder Judicial se hizo cómplice del Poder Ejecutivo en el combate ilegal contra los rebel- des que actuaban por la defensa de sus derechos en el margen de la legalidad. Lejos de tener independencia y rectitud, hacían lo que el ejecutivo les ordenaba. El Juez Eduardo Ferrer Mc Gregor fue el encargado de los juicios contra los estudiantes encarcelados en 1968. Al año de haber consig- nado la mayor parte de los presos de conciencia de 1968 con todo tipo de artilugios amañados, el 22 de octubre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz “Presidente de la República recibió en su despacho de Los Pinos, al Lic. Eduardo Ferrer Mc Gregor, Juez Primero de Distrito del DF en Materia Penal, con el que trató lo relativo a al libertad bajo protesta de los procesados con motivo del movimiento estudiantil, habiéndole dicho el Primer Mandatario al expresado funcionario judicial [...] que consi- deraba que de momento no es oportuno concederles la gracia de la libertad bajo protesta, sin expli- car el motivo de su estimación. Al mismo tiempo autorizó al Juez de se trata para proceder conforme a derecho en el acto de dictar la sentencia correspondiente, pues, según dijo, es sabido que los principales líderes del movimiento actuaron ocultamente, y en consecuencia, es difícil probarles ple- namente su responsabilidad, por lo que, en su caso, se les buscaría aún una falta administrativa, con objeto de volverlos a detener aunque sólo sea temporalmente, pero recalcándole la necesidad de dictar sentencia condenatoria, en contra de los individuos reconocidos como peligrosos, porque, según expresó el Primer Mandatario no es conveniente ni justo dejar libres a quienes mueven a la juventud, alteran el orden y pretenden un cambio en las instituciones gubernamentales.1349 ”
Alejandro Herrera Anaya
Abogado egresado de la U de G. Defendió a ‘Los Vikingos’, al FER y posteriormente a los guerrilleros. Llevó los casos de por lo menos 50 personas acusadas por pertenecer a la LC23S, una treintena de la UP y 30 de las FRAP. No les cobró por sus servicios. Fue secuestrado una media docena de veces por la DFS. Los más notorios fueron los derivados del secuestro del cónsul George Leonhardy Terrence el 73/ 05/ 05 (fue secuestrado al siguiente día, conducido al cuartel militar de La Mojonera fue torturado; lo liberaron dos días después). Lo volvieron a secuestrar el 75/ 09/ 75 des- pués del asesinato de Carlos Ramírez Ladewig. Fue trasladado a la Ciudad de México donde fue interrogado por Nazar Haro; días después fue liberado. Nazar Haro en incontables ocasiones se presentó en su casa para interrogarlo informalmente.1350
El movimiento estudiantil
Las luchas estudiantiles y universitarias a que se refieren los capítulos Tercero y Cuarto del presente Informe, versan sobre los motivos de las luchas estudiantiles y los modos como condujeron su lucha reivindicativa. También hay información de la forma en que el Estado intentó mediatizar sus organizaciones, sus movimientos y controlar sus organizaciones, no para resolver las demandas justas, sino para imponer sus políticas. El resultado de encauzar la rebeldía en el marco de la no violencia fue, generalmente respondida por el Estado con agresiones y represión y, en muchos casos, deteniendo a los participantes en estos movimientos y a sus dirigentes.
1349 DFS, 69/ 10/ 22, 11-4-69/L316/F97
1350 Sergio René de Dios Corona, La Historia que no Pudieron Borrar. La Guerra Sucia de Jalisco, 1970-1985, La Casa del Mago, Col. Larga, Larga herida, México, 2004, pp. 361-363.
Alejandro Herrera Anaya
Abogado egresado de la U de G. Defendió a ‘Los Vikingos’, al FER y posteriormente a los guerrilleros. Llevó los casos de por lo menos 50 personas acusadas por pertenecer a la LC23S, una treintena de la UP y 30 de las FRAP. No les cobró por sus servicios. Fue secuestrado una media docena de veces por la DFS. Los más notorios fueron los derivados del secuestro del cónsul George Leonhardy Terrence el 73/ 05/ 05 (fue secuestrado al siguiente día, conducido al cuartel militar de La Mojonera fue torturado; lo liberaron dos días después). Lo volvieron a secuestrar el 75/ 09/ 75 des- pués del asesinato de Carlos Ramírez Ladewig. Fue trasladado a la Ciudad de México donde fue interrogado por Nazar Haro; días después fue liberado. Nazar Haro en incontables ocasiones se presentó en su casa para interrogarlo informalmente.1350
El movimiento estudiantil
Las luchas estudiantiles y universitarias a que se refieren los capítulos Tercero y Cuarto del presente Informe, versan sobre los motivos de las luchas estudiantiles y los modos como condujeron su lucha reivindicativa. También hay información de la forma en que el Estado intentó mediatizar sus organizaciones, sus movimientos y controlar sus organizaciones, no para resolver las demandas justas, sino para imponer sus políticas. El resultado de encauzar la rebeldía en el marco de la no violencia fue, generalmente respondida por el Estado con agresiones y represión y, en muchos casos, deteniendo a los participantes en estos movimientos y a sus dirigentes.
1349 DFS, 69/ 10/ 22, 11-4-69/L316/F97
1350 Sergio René de Dios Corona, La Historia que no Pudieron Borrar. La Guerra Sucia de Jalisco, 1970-1985, La Casa del Mago, Col. Larga, Larga herida, México, 2004, pp. 361-363.
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Se ha querido minimizar el alcance de esta represión, tildándola de quirúrgica. A vía de ejem- plo se enlistan en páginas subsecuentes, los detenidos de algunas de estas ‘redadas’ represivas que el Estado realizó criminalizando a sus víctimas y llenando sus cárceles de presos de conciencia, para dejar constancia de que no fue tan ‘quirúrgico’ el brazo represor del Estado y que, aunque lo hubiera sido, no por ello es menos grave que el Estado recurriera a estas prácticas.
Casos en el Estado de Guerrero
El 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, Guerrero, una demostración masiva de des- obediencia civil, que repudiaba al gobernador del Estado, general Caballero Aburto, y demandaba la desaparición de poderes del estado, fue agredida por el 24o Batallón de Infantería del ejército, a cuyo mando iba el general Julio Morales Guerrero. Abrieron fuego contra la multitud que se concen- traba pacíficamente en la calle de Guerrero, frente a la Alameda ‘Granados Maldonado’ y de la Universidad del estado en la Ciudad de Chilpancingo. Durante 30 minutos el ejército disparó a discreción. 18 personas fueron asesinadas, incluyendo al dirigente cívico Benjamín Méndez, y hubo 18 heridos1351 . Los líderes estudiantiles y dirigentes de la Coalición fueron detenidos y llevados a diversas cárceles improvisadas y clandestinas, incluyendo los sótanos del palacio de gobierno. Se les mantuvo incomunicados y torturados psicológicamente con amenazas continuas de muerte. El pueblo de Chilpancingo se volcó el día siguiente a las calles en cortejo fúnebre para velar a sus muertos. El 1 de enero se enterraron a 10 de los caídos ante ocho mil personas.
Los Batallones 50o y 6o de Infantería fueron concentrados en Chilpancingo y, junto con el 24o, mantuvieron el estado de sitio durante cinco días. Se concentraron 1,950 soldados, armados y equi- pados, para evitar nuevos brotes de violencia. Las instalaciones universitarias fueron totalmente desalojadas.
El anterior no es más que uno de decenas de hechos que en el capítulo Sexto de este Informe se presentan como procedimiento ordinario que los gobiernos estatal y federal utilizaron para repri- mir, matando, hiriendo, golpeando a los ciudadanos que expresaban pacíficamente su rebelión ante los fraudes electorales, ante la injusticia que padecían, como último recurso pacífico –después de agotar todo el camino de las gestiones, solicitudes de atención y requerimientos-, para resolver los conflictos que, por lo general, el propio Estado generaba o provocaba. A los ciudadanos que detenía y a los dirigentes del movimiento les reservaba juicios amañados para culparlos de las agresiones de las que habían sido víctimas.
Otro ejemplo es lo sucedido después del fraude que el PRI cometió para despojar de los puestos de elección popular a la Asociación Cívica Guerrerense. El 31 de diciembre de 1962, en Iguala, Guerrero, el grupo de «Los Cívicos», organizaron un mitin de protesta por el fraude electoral de que eran víctimas, repudiando la toma de posesión de de Reynaldo Abarca y conmemorando el segundo aniversario de los hechos de Chilpancingo. Las fuerzas de seguridad pública rodearon
1351 Entre los muertos figuran las siguientes personas: Tomás Adame Calvo, (32 años); Carolina Agüero, (niña de 5 meses); Ramón Cano, (32 años); Irene Díaz, (17 años); Roberto Martínez, (24 años); Graciela Mataró Delgado, (25 años); Benjamín Méndez, (72 años); Enrique Ramírez, (29 años); Salvador Serrano, (14 años); J. Trinidad Téllez, (40 años). De parte del ejército murieron dos soldados: Nicasio González Villanueva y Lorenzo García Hernández.
Casos en el Estado de Guerrero
El 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, Guerrero, una demostración masiva de des- obediencia civil, que repudiaba al gobernador del Estado, general Caballero Aburto, y demandaba la desaparición de poderes del estado, fue agredida por el 24o Batallón de Infantería del ejército, a cuyo mando iba el general Julio Morales Guerrero. Abrieron fuego contra la multitud que se concen- traba pacíficamente en la calle de Guerrero, frente a la Alameda ‘Granados Maldonado’ y de la Universidad del estado en la Ciudad de Chilpancingo. Durante 30 minutos el ejército disparó a discreción. 18 personas fueron asesinadas, incluyendo al dirigente cívico Benjamín Méndez, y hubo 18 heridos1351 . Los líderes estudiantiles y dirigentes de la Coalición fueron detenidos y llevados a diversas cárceles improvisadas y clandestinas, incluyendo los sótanos del palacio de gobierno. Se les mantuvo incomunicados y torturados psicológicamente con amenazas continuas de muerte. El pueblo de Chilpancingo se volcó el día siguiente a las calles en cortejo fúnebre para velar a sus muertos. El 1 de enero se enterraron a 10 de los caídos ante ocho mil personas.
Los Batallones 50o y 6o de Infantería fueron concentrados en Chilpancingo y, junto con el 24o, mantuvieron el estado de sitio durante cinco días. Se concentraron 1,950 soldados, armados y equi- pados, para evitar nuevos brotes de violencia. Las instalaciones universitarias fueron totalmente desalojadas.
El anterior no es más que uno de decenas de hechos que en el capítulo Sexto de este Informe se presentan como procedimiento ordinario que los gobiernos estatal y federal utilizaron para repri- mir, matando, hiriendo, golpeando a los ciudadanos que expresaban pacíficamente su rebelión ante los fraudes electorales, ante la injusticia que padecían, como último recurso pacífico –después de agotar todo el camino de las gestiones, solicitudes de atención y requerimientos-, para resolver los conflictos que, por lo general, el propio Estado generaba o provocaba. A los ciudadanos que detenía y a los dirigentes del movimiento les reservaba juicios amañados para culparlos de las agresiones de las que habían sido víctimas.
Otro ejemplo es lo sucedido después del fraude que el PRI cometió para despojar de los puestos de elección popular a la Asociación Cívica Guerrerense. El 31 de diciembre de 1962, en Iguala, Guerrero, el grupo de «Los Cívicos», organizaron un mitin de protesta por el fraude electoral de que eran víctimas, repudiando la toma de posesión de de Reynaldo Abarca y conmemorando el segundo aniversario de los hechos de Chilpancingo. Las fuerzas de seguridad pública rodearon
1351 Entre los muertos figuran las siguientes personas: Tomás Adame Calvo, (32 años); Carolina Agüero, (niña de 5 meses); Ramón Cano, (32 años); Irene Díaz, (17 años); Roberto Martínez, (24 años); Graciela Mataró Delgado, (25 años); Benjamín Méndez, (72 años); Enrique Ramírez, (29 años); Salvador Serrano, (14 años); J. Trinidad Téllez, (40 años). De parte del ejército murieron dos soldados: Nicasio González Villanueva y Lorenzo García Hernández.
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la plaza, en la que se concentraban alrededor de tres mil personas, iniciándose un tiroteo indiscri- minado cerca de las 23:30 horas. El saldo fue de siete muertos, 23 heridos y 280 detenidos, entre ellos el presidente municipal Israel Salmerón, desaparecido y torturado durante muchos días para después ser acusado de “malversación de fondos”. Genaro y otros dirigentes cívicos lograron huir gracias a la protección que les brindó el pueblo. A Genaro Vázquez y a otros dirigentes se les responsabilizó de la masacre. Muchos cívicos fueron a dar a las cárceles en Chilpancingo, San Luis Acatlán y la Costa Grande. Sus principales líderes fueron apresados o se vieron forzados a abando- nar el estado. Su candidato a la gubernatura, Suárez Téllez, y 25 militantes de la ACG fueron conde- nados bajo los cargos de sedición, disparo de armas de fuego, homicidio y lesiones.
Entre los detenidos se registran los siguientes: Rafael Adame Castrejón, Ma.Elena Adame Rangel, Ismael Aguilar Cruz, Clemente Benavides, Pedro Berumen Macedo, Ezequiel Castro Ramírez, Joaquín De la Isla, Domíngez Gasilio, Ignacio García Jiménez, Tiburcio Hernández Cornejo, Agustín Benito Hernández Obispo, Maurilio Lázaro Salgado, J. Guadalupe López Arteaga, Procopio López Arteaga, Andrés López Velazco, Otilio Mejía Gutiérrez, Cástulo Obispo Hernández, Carlos Orduña Mejía, Tomás Pineda Vergara, Donaciano Pino, Eulalio Ramírez Silva, Simona Rangel de Adame, Sabino Rodríguez Solís, Fausto Román Salgado, Israel Salmerón H., Fernando Sánchez Barrera, Armando Sandoval García, Columbo Santana Hernández, María Sotelo Hernández, Anastacio Vergara Gil.
Ese mismo día soldados y policías realizaron otra represión en Ometepec, San Luis Acatlán y otros poblados de las costas Chica y Grande con el fin de desarticular al movimiento cívico. La región de la Costa Chica fue puesta en estado de sitio virtual; en la Costa Grande fueron encarcela- dos 63 campesinos; en Zihuatanejo se produjeron alrededor de 80 detenidos y varios heridos; en Petatlán se registraron 190 detenidos en la cárcel municipal y otro grupo de campesinos en el cuar- tel militar; en Atoyac, la policía y el ejército abrieron fuego contra la población para evitar que los cívicos tomaran posesión del ayuntamiento; en Coyuca de Benítez se llevaron a cabo numerosas detenciones y cateos domiciliarios; en Arcelia el ejército tomó posesión del palacio municipal para darlo a su vez a los candidatos priístas del 1 de enero. La ola represiva se extendió a Ciudad Altamirano, Tlapa, Chalpatláhuac, Teloloapan, Zacatlancillo, Aguacate, San Jerónimo, Petatlán y Tlapehuala.
El 20 de agosto de 1967 se iniciaban los trabajos del VIII Congreso de la URPC en el puerto de Acapulco. Personas armadas dispararon en contra de los copreros cuando se disponían a entrar en su edificio que se encontraba ocupado. Los periódicos de la época señalaron como resultado de estos hechos, 22 muertos. Fueron detenidas 226 personas por el ejército. Los cadáveres encontra- dos a varias cuadras de distancia muestran que los pistoleros persiguieron con saña a los copreros; algunos de los cadáveres tenían hasta 30 impactos de ametralladora y otros, que sólo estaban heridos, perecieron por tiro de gracia. Varios de los pistoleros asesinos trabajaban como agentes secretos y habían participado en otras masacres en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, como Gerardo Chávez (a) ‘El Animal’, a quien se le atribuyen decenas de asesinatos al servicio de Miranda Fonseca y otros gobiernos; Eduardo Radilla (a) “El Niño”, pistolero de Candelario Ríos y, en esa época, policía de Acapulco; los hermanos Rutilio, Gonzalo, Ismael y Demetrio Gallardo a los que se les acusa del asesinato de 67 campesinos de Cruz Grande, ordenados por Miranda Fonseca; Constancio Hernández (a) “El Zantanón”; Félix Radilla (a) “El Tejón”, jefe de tránsito de Coyuca, acusado de matar a más de 85 campesinos; Rosendo Ríos, ex dirigente coprero protegido del cacique Candelario Ríos, acusado de 20 asesinatos y malversación de fondos por 15 millones de pesos. La Procuraduría General de la República acusó como responsable de los sucesos a los agredidos.
Entre los detenidos se registran los siguientes: Rafael Adame Castrejón, Ma.Elena Adame Rangel, Ismael Aguilar Cruz, Clemente Benavides, Pedro Berumen Macedo, Ezequiel Castro Ramírez, Joaquín De la Isla, Domíngez Gasilio, Ignacio García Jiménez, Tiburcio Hernández Cornejo, Agustín Benito Hernández Obispo, Maurilio Lázaro Salgado, J. Guadalupe López Arteaga, Procopio López Arteaga, Andrés López Velazco, Otilio Mejía Gutiérrez, Cástulo Obispo Hernández, Carlos Orduña Mejía, Tomás Pineda Vergara, Donaciano Pino, Eulalio Ramírez Silva, Simona Rangel de Adame, Sabino Rodríguez Solís, Fausto Román Salgado, Israel Salmerón H., Fernando Sánchez Barrera, Armando Sandoval García, Columbo Santana Hernández, María Sotelo Hernández, Anastacio Vergara Gil.
Ese mismo día soldados y policías realizaron otra represión en Ometepec, San Luis Acatlán y otros poblados de las costas Chica y Grande con el fin de desarticular al movimiento cívico. La región de la Costa Chica fue puesta en estado de sitio virtual; en la Costa Grande fueron encarcela- dos 63 campesinos; en Zihuatanejo se produjeron alrededor de 80 detenidos y varios heridos; en Petatlán se registraron 190 detenidos en la cárcel municipal y otro grupo de campesinos en el cuar- tel militar; en Atoyac, la policía y el ejército abrieron fuego contra la población para evitar que los cívicos tomaran posesión del ayuntamiento; en Coyuca de Benítez se llevaron a cabo numerosas detenciones y cateos domiciliarios; en Arcelia el ejército tomó posesión del palacio municipal para darlo a su vez a los candidatos priístas del 1 de enero. La ola represiva se extendió a Ciudad Altamirano, Tlapa, Chalpatláhuac, Teloloapan, Zacatlancillo, Aguacate, San Jerónimo, Petatlán y Tlapehuala.
El 20 de agosto de 1967 se iniciaban los trabajos del VIII Congreso de la URPC en el puerto de Acapulco. Personas armadas dispararon en contra de los copreros cuando se disponían a entrar en su edificio que se encontraba ocupado. Los periódicos de la época señalaron como resultado de estos hechos, 22 muertos. Fueron detenidas 226 personas por el ejército. Los cadáveres encontra- dos a varias cuadras de distancia muestran que los pistoleros persiguieron con saña a los copreros; algunos de los cadáveres tenían hasta 30 impactos de ametralladora y otros, que sólo estaban heridos, perecieron por tiro de gracia. Varios de los pistoleros asesinos trabajaban como agentes secretos y habían participado en otras masacres en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, como Gerardo Chávez (a) ‘El Animal’, a quien se le atribuyen decenas de asesinatos al servicio de Miranda Fonseca y otros gobiernos; Eduardo Radilla (a) “El Niño”, pistolero de Candelario Ríos y, en esa época, policía de Acapulco; los hermanos Rutilio, Gonzalo, Ismael y Demetrio Gallardo a los que se les acusa del asesinato de 67 campesinos de Cruz Grande, ordenados por Miranda Fonseca; Constancio Hernández (a) “El Zantanón”; Félix Radilla (a) “El Tejón”, jefe de tránsito de Coyuca, acusado de matar a más de 85 campesinos; Rosendo Ríos, ex dirigente coprero protegido del cacique Candelario Ríos, acusado de 20 asesinatos y malversación de fondos por 15 millones de pesos. La Procuraduría General de la República acusó como responsable de los sucesos a los agredidos.
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Detenidos en los principales conflictos estudiantiles en el país (2747 casos).
Desde el conflicto estudiantil en la Universidad Nicolaíta en 1963, hasta la masacre del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. En estos casos hay violación de garantías procesales. Los líderes estudiantiles que aquí aparecen sufrieron, además, tortura, tratos crueles y degradantes. Aquí la tortura se utilizó para lograr cierto tipo de confesiones autoinculpatorios y para incluir delitos que desvirtuaran los movimientos estudiantiles
10.3 El recurso a la ilegalidad y del terrorismo, por parte del Estado, para combatir la rebel- día de quienes optaron por la violencia
10.3.1 El Estado combatió la disidencia armada recurriendo a la violación masiva de los Derechos Humanos
Combate ilegal del Estado en contra de los grupos nacionales opositores. Presos po- líticos y crímenes de Estado en agravio de presos políticos
El Estado está obligado a actuar conforme a derecho, y las autoridades conforme al régimen de facultades expresas. Sin embargo, más allá de la ‘envoltura’ –que no era más que apariencia- de legalidad con la que el Estado arropaba las detenciones de los presos de conciencia, o las criminalizaba ante la opinión pública, no vaciló en violar abiertamente los derechos humanos de sus opositores sin respetar la Constitución ni las leyes. En la persecución de los señalados como inte- grantes de cualquier grupo inconforme, se hacía uso de las instituciones de procuración de justicia así como de las fuerzas de seguridad pública, e inclusive, grupos paramilitares y de choque, con la anuencia de ejercer en su contra cualquier tipo de acción, como detenerlos para comprobar su participación en el algún hecho, sin mediar flagrancia u orden de aprehensión, así como allanamientos de morada, considerados como pecatta minuta
Al Estado no le bastó con perseguir, detener y encarcelar a los militantes opositores, sino que los sometió a castigos crueles e innecesarios como aislarlos del exterior, de sus familiares y ami- gos, recluyéndolos en zonas de castigo, como ocurrió con Alfredo Tecla Parra, quien fue traslado a la Penitenciaria de Santa Martha, en noviembre de 1978, sin que se hubiera agotado el proceso legal, amparado en el proceso federal y sin sentencia en el fuero común, fue aislado en la zona conocida como ‘La Cuarta’, durante nueve meses, en una celda de dos por dos metros, sin derecho a visita, totalmente aislado, con otros tres presos políticos, en celdas contiguas, que no tenían luz natural, los presos no tenían idea de si era de si era de día o noche, acompañados, las 24 horas del día, con de la estación de radio, de la hora. La autoridad judicial no ofreció ningún recuso para proteger los derechos de los presos en proceso de juicio. Los opositores eran considerados enemigos que no debían permanecer en el escenario social. Cuando un perseguido político era detenido, quedaba sujeto al arbitrio de sus captores. Si s trataba del Ejército, se le consideraría «paquete» y quedaría «confiscado» para colaborar con el mismo. Las autoridades penitenciarias establecieron un régi- men de excepción, para el estricto control de los integrantes de los grupos disidentes, extensivo a sus familiares, lo que se interpretó como un intento de de vilipendiar e infligirles castigos sin motivo y desproporcionados, con la aparente finalidad de «quebrarles la voluntad».
10.3 El recurso a la ilegalidad y del terrorismo, por parte del Estado, para combatir la rebel- día de quienes optaron por la violencia
10.3.1 El Estado combatió la disidencia armada recurriendo a la violación masiva de los Derechos Humanos
Combate ilegal del Estado en contra de los grupos nacionales opositores. Presos po- líticos y crímenes de Estado en agravio de presos políticos
El Estado está obligado a actuar conforme a derecho, y las autoridades conforme al régimen de facultades expresas. Sin embargo, más allá de la ‘envoltura’ –que no era más que apariencia- de legalidad con la que el Estado arropaba las detenciones de los presos de conciencia, o las criminalizaba ante la opinión pública, no vaciló en violar abiertamente los derechos humanos de sus opositores sin respetar la Constitución ni las leyes. En la persecución de los señalados como inte- grantes de cualquier grupo inconforme, se hacía uso de las instituciones de procuración de justicia así como de las fuerzas de seguridad pública, e inclusive, grupos paramilitares y de choque, con la anuencia de ejercer en su contra cualquier tipo de acción, como detenerlos para comprobar su participación en el algún hecho, sin mediar flagrancia u orden de aprehensión, así como allanamientos de morada, considerados como pecatta minuta
Al Estado no le bastó con perseguir, detener y encarcelar a los militantes opositores, sino que los sometió a castigos crueles e innecesarios como aislarlos del exterior, de sus familiares y ami- gos, recluyéndolos en zonas de castigo, como ocurrió con Alfredo Tecla Parra, quien fue traslado a la Penitenciaria de Santa Martha, en noviembre de 1978, sin que se hubiera agotado el proceso legal, amparado en el proceso federal y sin sentencia en el fuero común, fue aislado en la zona conocida como ‘La Cuarta’, durante nueve meses, en una celda de dos por dos metros, sin derecho a visita, totalmente aislado, con otros tres presos políticos, en celdas contiguas, que no tenían luz natural, los presos no tenían idea de si era de si era de día o noche, acompañados, las 24 horas del día, con de la estación de radio, de la hora. La autoridad judicial no ofreció ningún recuso para proteger los derechos de los presos en proceso de juicio. Los opositores eran considerados enemigos que no debían permanecer en el escenario social. Cuando un perseguido político era detenido, quedaba sujeto al arbitrio de sus captores. Si s trataba del Ejército, se le consideraría «paquete» y quedaría «confiscado» para colaborar con el mismo. Las autoridades penitenciarias establecieron un régi- men de excepción, para el estricto control de los integrantes de los grupos disidentes, extensivo a sus familiares, lo que se interpretó como un intento de de vilipendiar e infligirles castigos sin motivo y desproporcionados, con la aparente finalidad de «quebrarles la voluntad».
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Caso paradigmático
Caso Garza Sada.-
El 17 de septiembre de 1973 en el cruce de las calles de Luis Quintanar y Villagrán, colonia Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, al producirse un fuego cruzado entre guerrilleros de la LC23S y escoltas, pierde la vida Eugenio Garza Sada al intentar secuestrarlo, y sus escoltas Bernardo Cha- pa Pérez y Modesto Torres Briones. Dos de los seis rebeldes participantes murieron en el acto y otro resultó herido de gravedad. Horas más tarde los diversos cuerpos policiales encontraron los cadá- veres ingeniero agrónomo Anselmo Herrera Chávez y el obrero ferrocarrilero Javier Rodríguez To- rres. Participaron en el comando, además de los caídos, Maximino Madrigal Quintanilla, Edmundo Medina Flores, Juan Corral, Hilario Juárez García, Elías Orozco Salazar y Miguel Ángel Torres Enríquez1352 . Participaron además, en su planificación y vigilancia, José Ángel García Martínez, miem- bro del Buró Político; el responsables de Nuevo León Héctor Torres González, y por el Comité Coor- dinador Zonal de Noroeste Jesús Piedra Ibarra.
En las siguientes horas agentes de la DFS, Judicial Federal y Estatal, aduanales y otros grupos de seguridad comenzaron a perseguir a supuestos participantes. Los cadáveres de los gue- rrilleros fueron trasladados por la noche al Penal de Topo Chico, donde se presionó a los recientes presos de la LC23S a que identificaran a sus compañeros. Las fotos de los caídos fueron publica- das en todos los medios de comunicación. La Sra. Silvia Valdés de Rodríguez, esposa de Javier Rodríguez, enterada por la prensa, al presentarse junto con su padre a reclamar el cadáver de su esposo fue detenida y torturada; durante las torturas a las que se le somete da nombres de amigos que frecuentaban a su esposo. Así comenzó una serie de detenciones de varios activistas políticos y sociales que si bien en el pasado se habían relacionado con Anselmo y Javier dentro de la lucha democrática, eran totalmente ajenos a los hechos que se investigaban. Se les inventó delitos y se les encarceló durante años. El mismo 18 de septiembre, fueron detenidos la Sra. Sanjuana Velásquez de Juárez, esposa de Hilario Juárez García, amigo cercano de Javier Rodríguez Torres, junto con Eladio Juárez García, hermano de Hilario. Hasta la fecha se desconoce el destino de Hilario Juárez García.
Al otro día, el 19 de septiembre de 1973, agentes de la DFS y Judicial del estado de Nuevo León desataron una persecución de ferrocarrileros en Nuevo Laredo, Tamaulipas, buscando com- pañeros de Javier Rodríguez Torres e Hilario Juárez García. El líder ‘charro’ de la sección 30 del STFRM, Eliud Cavazos, aprovechó el momento para deshacerse de sus enemigos y con una lista en la mano delató a 26 miembros del Movimiento Sindical Ferrocarrilero. Como resultado, la policía detuvo a diez personas con allanamiento ilegal de domicilio y dieciséis detenciones con allanamien- to ilegal de centro de trabajo; todos fueron sometidos a brutales golpizas, de las cuales el ferrocarrilero Seferino Martínez fue hospitalizado de urgencia, falleciendo al poco tiempo. No se realizó ninguna investigación ministerial para determinar responsabilidad de la autoridad pública en su fallecimien- to.
1352 DFS 75/04, 11-235-75/L26/F231.
El 17 de septiembre de 1973 en el cruce de las calles de Luis Quintanar y Villagrán, colonia Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, al producirse un fuego cruzado entre guerrilleros de la LC23S y escoltas, pierde la vida Eugenio Garza Sada al intentar secuestrarlo, y sus escoltas Bernardo Cha- pa Pérez y Modesto Torres Briones. Dos de los seis rebeldes participantes murieron en el acto y otro resultó herido de gravedad. Horas más tarde los diversos cuerpos policiales encontraron los cadá- veres ingeniero agrónomo Anselmo Herrera Chávez y el obrero ferrocarrilero Javier Rodríguez To- rres. Participaron en el comando, además de los caídos, Maximino Madrigal Quintanilla, Edmundo Medina Flores, Juan Corral, Hilario Juárez García, Elías Orozco Salazar y Miguel Ángel Torres Enríquez1352 . Participaron además, en su planificación y vigilancia, José Ángel García Martínez, miem- bro del Buró Político; el responsables de Nuevo León Héctor Torres González, y por el Comité Coor- dinador Zonal de Noroeste Jesús Piedra Ibarra.
En las siguientes horas agentes de la DFS, Judicial Federal y Estatal, aduanales y otros grupos de seguridad comenzaron a perseguir a supuestos participantes. Los cadáveres de los gue- rrilleros fueron trasladados por la noche al Penal de Topo Chico, donde se presionó a los recientes presos de la LC23S a que identificaran a sus compañeros. Las fotos de los caídos fueron publica- das en todos los medios de comunicación. La Sra. Silvia Valdés de Rodríguez, esposa de Javier Rodríguez, enterada por la prensa, al presentarse junto con su padre a reclamar el cadáver de su esposo fue detenida y torturada; durante las torturas a las que se le somete da nombres de amigos que frecuentaban a su esposo. Así comenzó una serie de detenciones de varios activistas políticos y sociales que si bien en el pasado se habían relacionado con Anselmo y Javier dentro de la lucha democrática, eran totalmente ajenos a los hechos que se investigaban. Se les inventó delitos y se les encarceló durante años. El mismo 18 de septiembre, fueron detenidos la Sra. Sanjuana Velásquez de Juárez, esposa de Hilario Juárez García, amigo cercano de Javier Rodríguez Torres, junto con Eladio Juárez García, hermano de Hilario. Hasta la fecha se desconoce el destino de Hilario Juárez García.
Al otro día, el 19 de septiembre de 1973, agentes de la DFS y Judicial del estado de Nuevo León desataron una persecución de ferrocarrileros en Nuevo Laredo, Tamaulipas, buscando com- pañeros de Javier Rodríguez Torres e Hilario Juárez García. El líder ‘charro’ de la sección 30 del STFRM, Eliud Cavazos, aprovechó el momento para deshacerse de sus enemigos y con una lista en la mano delató a 26 miembros del Movimiento Sindical Ferrocarrilero. Como resultado, la policía detuvo a diez personas con allanamiento ilegal de domicilio y dieciséis detenciones con allanamien- to ilegal de centro de trabajo; todos fueron sometidos a brutales golpizas, de las cuales el ferrocarrilero Seferino Martínez fue hospitalizado de urgencia, falleciendo al poco tiempo. No se realizó ninguna investigación ministerial para determinar responsabilidad de la autoridad pública en su fallecimien- to.
1352 DFS 75/04, 11-235-75/L26/F231.
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La policía política se dedica a la aprensión de militantes que en algún momento de su vida conocieron a los caídos. El 22 de septiembre agentes de la DFS y Judicial del estado de Nuevo León catean ilegalmente el domicilio de Manuel López Estrada, suegro de Héctor Francisco Gutiérrez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Buscaban a Héctor por su amistad con Javier Rodríguez. Lo mismo ocurre el mismo día en el domicilio de Francisco Gutiérrez, padre de Héctor. Horas después, captu- ran en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Héctor Francisco Gutiérrez Martínez y su espo- sa; se les trasladó de inmediato a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Héctor es sometido a bruta- les tormentos. Paralelamente, agentes de la DFS y Judicial del estado de Nuevo León catean ilegal- mente el domicilio de los padres de Crecencio Gloria Martínez, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, buscando a su hijo implicado en los hechos del 17 de septiembre. Finalmente el 24 del mismo mes, en la Escuela Primaria Federal “Antonio Moreno”, del cercado, Nuevo León, es detenido Crecencio Gloria Martínez. Es sometido a bestiales torturas.
Para detener a Armando Iracheta Lozano, agentes de la DFS y Judicial del estado de Nuevo León el 24 de septiembre allanaron el domicilio de Raúl González ubicado en Monterrey Nuevo León, buscando a su concuño Armando Iracheta. Raúl es trasladado al edificio de la Policía Judicial donde sufrió tormento. Horas más tarde, frente a su domicilio en Monterrey, Nuevo León, es captura- do Armando. Es trasladado a los separos de la Policía Judicial del estado donde es salvajemente torturado. Al siguiente día, la policía allanó su domicilio, buscando “armas y otras evidencias”. Al siguiente día, 25, se tomó por asalto el rancho el “Yerbaníz”, cercano a Monterrey, habitado antigua- mente por Armando. Se buscan sin encontrar armas y evidencias. Tenía más de un año rentada a personas ajenas, lo que no impidió que fueran detenidas y torturadas.
El 26 los agentes allanaron ilegalmente del hogar de Ernesto Vázquez Laguna, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El obrero ferrocarrilero es trasladado para ser sometido a torturas a Monterrey, Nuevo León. La aplicación de suplicios en su caso fue tan brutal, que la prensa denunció amplia- mente el caso, pues se empleó una parrilla eléctrica para quemarle los glúteos.
La familia de Anselmo Chávez no se escapó de la persecución. El 10 de octubre agentes de la DFS tomaron por asalto el domicilio de su familia, secuestran a sus padres en ciudad del Mante, Tamaulipas. Fueron trasladados a Monterrey para identificar a su hijo, muerto en los hechos del 17 de septiembre.
El 13 de octubre fue capturado Mónico Rentería. Su detención fue precedida por los secues- tros y malos tratos de varios de sus familiares. Comenzaron el 29 de septiembre cuando policías y soldados allanaron ilegalmente el domicilio de sus padres en Amoles, Rodeo, Durango. Al día si- guiente, 30, decenas de agentes de la DFS catearon el domicilio de Aniceto Arreola, Ejido Vicente Guerrero, Mapimí, Durango, buscando a su yerno Mónico Rentería. El 12 de octubre ocurrió lo mis- mo, por la madrugada, con J. Guadalupe Moreno Rentería, primo de Mónico, en Matamoros, Coahuila. Al parecer fue trasladado a Gómez Palacio, Durango, donde fue brutalmente torturado. Durante el día se catearon arbitrariamente los domicilios y se detuvieron sin órdenes de aprehensión en To- rreón, Coahuila: los profesores Arturo García, Sixto Vázquez Navarro y Jorge Martínez Ríos, amigo de Mónico, aparentemente también fueron trasladados a Gómez Palacio, Durango, donde fueron torturados. Posteriormente, también se les trasladó a Monterrey junto con el inculpado y su primo Guadalupe. Finalmente, el 13 de octubre, los agentes de la DFS detuvieron a Francisco Garza de la Cruz, en Río Bravo, Tamaulipas, amigo de estudios de Elías Orozco (después de un mes de torturas es dejado en libertad), y se allanó el domicilio de Narciso Mayorga Martínez y Ma. Vázquez de
Para detener a Armando Iracheta Lozano, agentes de la DFS y Judicial del estado de Nuevo León el 24 de septiembre allanaron el domicilio de Raúl González ubicado en Monterrey Nuevo León, buscando a su concuño Armando Iracheta. Raúl es trasladado al edificio de la Policía Judicial donde sufrió tormento. Horas más tarde, frente a su domicilio en Monterrey, Nuevo León, es captura- do Armando. Es trasladado a los separos de la Policía Judicial del estado donde es salvajemente torturado. Al siguiente día, la policía allanó su domicilio, buscando “armas y otras evidencias”. Al siguiente día, 25, se tomó por asalto el rancho el “Yerbaníz”, cercano a Monterrey, habitado antigua- mente por Armando. Se buscan sin encontrar armas y evidencias. Tenía más de un año rentada a personas ajenas, lo que no impidió que fueran detenidas y torturadas.
El 26 los agentes allanaron ilegalmente del hogar de Ernesto Vázquez Laguna, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El obrero ferrocarrilero es trasladado para ser sometido a torturas a Monterrey, Nuevo León. La aplicación de suplicios en su caso fue tan brutal, que la prensa denunció amplia- mente el caso, pues se empleó una parrilla eléctrica para quemarle los glúteos.
La familia de Anselmo Chávez no se escapó de la persecución. El 10 de octubre agentes de la DFS tomaron por asalto el domicilio de su familia, secuestran a sus padres en ciudad del Mante, Tamaulipas. Fueron trasladados a Monterrey para identificar a su hijo, muerto en los hechos del 17 de septiembre.
El 13 de octubre fue capturado Mónico Rentería. Su detención fue precedida por los secues- tros y malos tratos de varios de sus familiares. Comenzaron el 29 de septiembre cuando policías y soldados allanaron ilegalmente el domicilio de sus padres en Amoles, Rodeo, Durango. Al día si- guiente, 30, decenas de agentes de la DFS catearon el domicilio de Aniceto Arreola, Ejido Vicente Guerrero, Mapimí, Durango, buscando a su yerno Mónico Rentería. El 12 de octubre ocurrió lo mis- mo, por la madrugada, con J. Guadalupe Moreno Rentería, primo de Mónico, en Matamoros, Coahuila. Al parecer fue trasladado a Gómez Palacio, Durango, donde fue brutalmente torturado. Durante el día se catearon arbitrariamente los domicilios y se detuvieron sin órdenes de aprehensión en To- rreón, Coahuila: los profesores Arturo García, Sixto Vázquez Navarro y Jorge Martínez Ríos, amigo de Mónico, aparentemente también fueron trasladados a Gómez Palacio, Durango, donde fueron torturados. Posteriormente, también se les trasladó a Monterrey junto con el inculpado y su primo Guadalupe. Finalmente, el 13 de octubre, los agentes de la DFS detuvieron a Francisco Garza de la Cruz, en Río Bravo, Tamaulipas, amigo de estudios de Elías Orozco (después de un mes de torturas es dejado en libertad), y se allanó el domicilio de Narciso Mayorga Martínez y Ma. Vázquez de
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Mayorga, por el delito de haber atendido a Orozco Salazar en su casa años atrás. Igualmente, por la madrugada se secuestró y allanó el domicilio de la familia Sariñana Sariñana, en Gómez Palacio, Durango. Donaciano Sariñana, su hijo Cruz Sariñana Sariñana, su yerno y Eva Arreola de Rentería (esposa de Mónico Rentería) con su pequeño hijo, fueron trasladados a Gómez Palacios. La casa quedó resguardada por las fuerzas de seguridad pública con Jovita Sariñana como rehén, para identificar a Mónico, dado el caso. Horas después, Mónico Rentería Medina fue detenido en Gómez Palacio, Durango, habiéndosele trasladado al parecer al campo militar de esa población y poste- riormente al de Monterrey, habiendo sido torturado.
El mismo 13 de octubre, decenas de agentes de la DFS, allanaron ilegalmente una supuesta “casa de seguridad” en Monterrey, Nuevo León, buscando a Edmundo Medina Flores. La casa esta- ba ocupada por personas totalmente ajenas al buscado, lo que no impidió que fueran vejadas y golpeadas. Como represalia, ese mismo día la policía secuestró a su madre y hermanos que vivían en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Edmundo escapó de la policía.
El 6 de octubre fue detenido, en un campo de entrenamiento clandestino de la LC23S, en Popo Park, Estado de México, Elías Orozco Salazar, el único de los detenidos por esa fecha que en realidad había participado de alguna manera en el secuestro de Garza Sada. Fue salvajemente torturado por la DFS y trasladado a Monterrey. El 8 de octubre los agentes de la DFS catearan el domicilio y el centro de trabajo del ingeniero Gaudencio Flores Mata, director de Agrología de la S.R.H., bajo el único cargo de haber sido el jefe de trabajo de Elías Orozco. Gaudencio durante dos meses fue torturado acusado de ser ‘un jefe guerrillero’. Elías se había separado de ese trabajo desde abril de 1971. Tampoco se salvó su familia. Al día siguiente, 9 de octubre de 1973, la policía tomó por asalto el domicilio de sus padres, en Río Bravo, Tamaulipas, deteniendo a su hermano Héctor Alfredo Orozco Salazar. Fue trasladado por los agentes de la DFS a la Ciudad de México. Durante un mes fue sometido a diversas torturas tratando de inculparlo en actividades guerrilleras.
La venganza de la policía se materializó con la brutal ejecución de Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres. El 31 de enero de 1974 ambos dirigentes del Buró Político de la Coordina- dora Nacional de la LC23S fueron detenidos en Mazatlán, Sinaloa. Fueron entregados a la DFS y trasladados a la Ciudad de México para su ‘interrogatorio’. Días después, el 11 de febrero apareció en un lote baldío en la colonia del Valle, Monterrey, el cadáver de Salvador Corral, asesinado a balazos, con los ojos vendados y huellas de tortura en su cuerpo y en una calle de Guadalajara, Jalisco, el cadáver de Ignacio Olivares Torres, mostrando claras huellas de tortura, dentro de ellas orificios de clavos en ambas piernas a la altura de las rodillas.
Miguel Ángel Torres Enríquez fue detenido el 5 de diciembre de 1974. El 1 de abril del mismo año sus padres habían sufrido la ocupación policial violenta de su domicilio, como resultado de la intensa búsqueda desplegada por su captura al enfrentarse ese mismo día por la mañana con la policía. Miguel finalmente fue detenido camino al aeropuerto de la Ciudad de México por agentes de la DFS disfrazados –entre ellos Miguel Nazar Haro- de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, durante su petición de asilo, concedido verbalmente por el embajador de Francia. Ese mismo día fue nuevamente allanada el domicilio de la familia Torres Enríquez.
Héctor Escamilla Lira fue detenido por la Policía Judicial del estado de Sinaloa el 12 de abril de 1974. Fue trasladado a la Ciudad de México a los separos de la DFS donde fue torturado sistemáticamente. El 27 del mismo mes fue trasladado al Hospital Militar, donde identificó a Ignacio
El mismo 13 de octubre, decenas de agentes de la DFS, allanaron ilegalmente una supuesta “casa de seguridad” en Monterrey, Nuevo León, buscando a Edmundo Medina Flores. La casa esta- ba ocupada por personas totalmente ajenas al buscado, lo que no impidió que fueran vejadas y golpeadas. Como represalia, ese mismo día la policía secuestró a su madre y hermanos que vivían en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Edmundo escapó de la policía.
El 6 de octubre fue detenido, en un campo de entrenamiento clandestino de la LC23S, en Popo Park, Estado de México, Elías Orozco Salazar, el único de los detenidos por esa fecha que en realidad había participado de alguna manera en el secuestro de Garza Sada. Fue salvajemente torturado por la DFS y trasladado a Monterrey. El 8 de octubre los agentes de la DFS catearan el domicilio y el centro de trabajo del ingeniero Gaudencio Flores Mata, director de Agrología de la S.R.H., bajo el único cargo de haber sido el jefe de trabajo de Elías Orozco. Gaudencio durante dos meses fue torturado acusado de ser ‘un jefe guerrillero’. Elías se había separado de ese trabajo desde abril de 1971. Tampoco se salvó su familia. Al día siguiente, 9 de octubre de 1973, la policía tomó por asalto el domicilio de sus padres, en Río Bravo, Tamaulipas, deteniendo a su hermano Héctor Alfredo Orozco Salazar. Fue trasladado por los agentes de la DFS a la Ciudad de México. Durante un mes fue sometido a diversas torturas tratando de inculparlo en actividades guerrilleras.
La venganza de la policía se materializó con la brutal ejecución de Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres. El 31 de enero de 1974 ambos dirigentes del Buró Político de la Coordina- dora Nacional de la LC23S fueron detenidos en Mazatlán, Sinaloa. Fueron entregados a la DFS y trasladados a la Ciudad de México para su ‘interrogatorio’. Días después, el 11 de febrero apareció en un lote baldío en la colonia del Valle, Monterrey, el cadáver de Salvador Corral, asesinado a balazos, con los ojos vendados y huellas de tortura en su cuerpo y en una calle de Guadalajara, Jalisco, el cadáver de Ignacio Olivares Torres, mostrando claras huellas de tortura, dentro de ellas orificios de clavos en ambas piernas a la altura de las rodillas.
Miguel Ángel Torres Enríquez fue detenido el 5 de diciembre de 1974. El 1 de abril del mismo año sus padres habían sufrido la ocupación policial violenta de su domicilio, como resultado de la intensa búsqueda desplegada por su captura al enfrentarse ese mismo día por la mañana con la policía. Miguel finalmente fue detenido camino al aeropuerto de la Ciudad de México por agentes de la DFS disfrazados –entre ellos Miguel Nazar Haro- de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, durante su petición de asilo, concedido verbalmente por el embajador de Francia. Ese mismo día fue nuevamente allanada el domicilio de la familia Torres Enríquez.
Héctor Escamilla Lira fue detenido por la Policía Judicial del estado de Sinaloa el 12 de abril de 1974. Fue trasladado a la Ciudad de México a los separos de la DFS donde fue torturado sistemáticamente. El 27 del mismo mes fue trasladado al Hospital Militar, donde identificó a Ignacio
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Arturo Salas Obregón, convaleciente de varias heridas. El 29 fue trasladado al Penal del Estado de Nuevo León, donde se le instruyeron los procesos 15/ 72, 211/73 y 6/ 75. de Salas Obregón no se volvió a saber, existiendo constancias de que fue interrogado por la Dirección Federal de Seguri- dad.
El 19 de abril, después de semanas de persecución, agentes de la DFS capturaron a Jesús Piedra Ibarra. Pese a existir orden de aprehensión en su contra, se le trasladó a la Ciudad de Méxi- co, donde desaparece. Meses atrás, la policía detuvo a su padre Dr. Jesús Piedra Rosales que fue torturado salvajemente, sufrió lesiones en su columna vertebral y fue hospitalizado. Repuesto, acu- só, aunque sin éxito, judicialmente a sus torturadores, entre ellos Carlos Solana Macías, Jefe de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León (de 1973 a 1976) 1353
Fruto de las redadas y secuestros Héctor Francisco Gutiérrez Martínez, Crescencio Gloria Martínez, Ernesto Vázquez Laguna, Armando Iracheta Lozano, Elías Orozco Salazar, Mónico Rentería Medina, Héctor Escamilla Lira, Miguel Ángel Torres Enríquez y Gustavo Adolfo Hirales Morán fueron encarcelados, bajo el Proceso 211/73, por los delitos de homicidio, plagio o secuestro en grado de tentativa, asociación delictuosa, portación de armas prohibidas, robo, robo de uso y daño en propie- dad ajena, por el Juez Cuarto de letras del Ramo Penal. De todos los detenidos, sólo Miguel Torres Enríquez y Elías Orozco Salazar habían participado en la planificación y realización del intento de secuestro de Garza Sada. Héctor F. Gutiérrez, Crescencio Gloria, Armando Iracheta, Mónico Rentería y Ernesto Vázquez fueron condenados únicamente por haber pertenecido al Movimiento Espartaquista Revolucionario, grupo en el que militaron Miguel Torres y Elías Orozco. Héctor Escamilla Lira prove- nía de las JCM, integrante del grupo “Los Procesos” y LC23S. No formó parte ni tuvo ningún papel en el intento de secuestro de Garza Sada. Había coordinado junto con Salvador Corral García las direc- trices de la LC23S en los acontecimientos insurreccionales del 16 de enero 1974. Gustavo A. Hirales, miembro de las JCM, ‘Los Procesos’ y LC23S, no tuvo ninguna participación en la planificación y realización del intento de secuestro de Garza Sada; incluso fue detenido el 24 de agosto de 1973, casi un mes anterior a los hechos.
A todo ello hay que agregar las ejecuciones extrajudiciales del ferrocarrilero Seferino Martínez, Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres, la detención desaparición de Jesús Ibarra Piedra y el desconocimiento del paradero de Hilario Juárez García.
La persecución se extendió durante todo su cautiverio. En el Proceso 211/73 se violaron una gran cantidad de derechos procesales. Cuatro años después de su detención se encontraron sin ser sentenciados.
10.3.2 Presos Políticos
La seguridad nacional es una cuestión política. La base política determina la norma jurídica. Los delitos que se combatieron fueron delitos de carácter político. El propio artículo 144 definió como delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y conspiración. Sin embargo, ofi- cialmente se negó la existencia de presos políticos o encarcelados por delitos de carácter político. Se pretendió hacer creer que la mascarada jurídica correspondía con la realidad, y el “preso político
1353 Datos tomados de Armando Iracheta Lozano y Coacusados, Proceso 211/73. Un Proceso Excepcional. Culpable Todos, México, 1979, pp. 20-27.
El 19 de abril, después de semanas de persecución, agentes de la DFS capturaron a Jesús Piedra Ibarra. Pese a existir orden de aprehensión en su contra, se le trasladó a la Ciudad de Méxi- co, donde desaparece. Meses atrás, la policía detuvo a su padre Dr. Jesús Piedra Rosales que fue torturado salvajemente, sufrió lesiones en su columna vertebral y fue hospitalizado. Repuesto, acu- só, aunque sin éxito, judicialmente a sus torturadores, entre ellos Carlos Solana Macías, Jefe de la Policía Judicial del Estado de Nuevo León (de 1973 a 1976) 1353
Fruto de las redadas y secuestros Héctor Francisco Gutiérrez Martínez, Crescencio Gloria Martínez, Ernesto Vázquez Laguna, Armando Iracheta Lozano, Elías Orozco Salazar, Mónico Rentería Medina, Héctor Escamilla Lira, Miguel Ángel Torres Enríquez y Gustavo Adolfo Hirales Morán fueron encarcelados, bajo el Proceso 211/73, por los delitos de homicidio, plagio o secuestro en grado de tentativa, asociación delictuosa, portación de armas prohibidas, robo, robo de uso y daño en propie- dad ajena, por el Juez Cuarto de letras del Ramo Penal. De todos los detenidos, sólo Miguel Torres Enríquez y Elías Orozco Salazar habían participado en la planificación y realización del intento de secuestro de Garza Sada. Héctor F. Gutiérrez, Crescencio Gloria, Armando Iracheta, Mónico Rentería y Ernesto Vázquez fueron condenados únicamente por haber pertenecido al Movimiento Espartaquista Revolucionario, grupo en el que militaron Miguel Torres y Elías Orozco. Héctor Escamilla Lira prove- nía de las JCM, integrante del grupo “Los Procesos” y LC23S. No formó parte ni tuvo ningún papel en el intento de secuestro de Garza Sada. Había coordinado junto con Salvador Corral García las direc- trices de la LC23S en los acontecimientos insurreccionales del 16 de enero 1974. Gustavo A. Hirales, miembro de las JCM, ‘Los Procesos’ y LC23S, no tuvo ninguna participación en la planificación y realización del intento de secuestro de Garza Sada; incluso fue detenido el 24 de agosto de 1973, casi un mes anterior a los hechos.
A todo ello hay que agregar las ejecuciones extrajudiciales del ferrocarrilero Seferino Martínez, Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres, la detención desaparición de Jesús Ibarra Piedra y el desconocimiento del paradero de Hilario Juárez García.
La persecución se extendió durante todo su cautiverio. En el Proceso 211/73 se violaron una gran cantidad de derechos procesales. Cuatro años después de su detención se encontraron sin ser sentenciados.
10.3.2 Presos Políticos
La seguridad nacional es una cuestión política. La base política determina la norma jurídica. Los delitos que se combatieron fueron delitos de carácter político. El propio artículo 144 definió como delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y conspiración. Sin embargo, ofi- cialmente se negó la existencia de presos políticos o encarcelados por delitos de carácter político. Se pretendió hacer creer que la mascarada jurídica correspondía con la realidad, y el “preso político
1353 Datos tomados de Armando Iracheta Lozano y Coacusados, Proceso 211/73. Un Proceso Excepcional. Culpable Todos, México, 1979, pp. 20-27.
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es quien está privado de su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno.” (IV Informe de gobierno del C. Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la República, 1o de septiembre de 1968). Ningún gobierno autoritario o represivo en el mundo ha reconocido la existen- cia de presos políticos bajo su dominio. Los perseguidos políticos son considerados delincuentes del orden común y, como se ha visto, los presos políticos tenían procesos irregulares en los que les inventaban los cargos para mantenerlos recluidos.
Toda la doctrina del delito político gira alrededor del móvil que impulsa al autor. Por ello, desde 1935 se estableció en la ‘Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal’ reunida en Copenhague, que
“1. Son delitos políticos las infracciones dirigidas contra la organización y el funcio- namiento del Estado y contra los derechos del ciudadano derivados de ella.
“2. Son reputados políticos los delitos de derecho común que constituyen la comi- sión de los atentados previstos en el número 1, así como los actos realizados para favorecer la comisión de un delito político o para permitir al autor de este delito escapar a la aplicación de la Ley Penal.
“3. Sin embargo no serán considerados como delitos políticos aquellos cuyo autor hubiere sido determinado sólo por un motivo egoísta o vil.
“4. Tampoco serán considerados como delitos políticos los actos de terrorismo.”
La definición ha evolucionado abarcando otras conductas que entonces no consideraba, como la rebelión, sabotaje, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos, y ha sometido a mayor precisión conceptos como el de terrorismo.
El móvil egoísta y vil es esencial para diferenciar los delitos del fuero común respecto a los delitos cometidos con el móvil político de la rebeldía. Con sus acciones, los presos políticos busca- ban promover una nueva sociedad, más equitativa y justa. Se proponían un cambio radical en las relaciones sociales del país1354 .
El gobierno del presidente José López Portillo, en el año de 1978, tuvo que reconocer que los delitos cometidos por los luchadores sociales eran por móviles políticos1355 . En el desistimiento del gobierno federal del año 1977, que benefició a 422 personas, se desistía de los delitos de invitación a la rebelión, sedición, motín y conspiración, entre otros. Delitos que se consideran de tipo político por el artículo 144. El Estado nunca reconoció el carácter político de los militantes del movimiento armado presos en las cárceles del país.
1354 Constatar en los documentos generados por estas organizaciones, ya en el prefacio del Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario se reconocía: “Un fantasma viene recorriendo el mundo entero y en particular a México, el fantasma del comunismo, de la revolución socialista”. Salas Obregón Ignacio Arturo, Cuestiones Fundamentales del Movimiento Armado, Editorial Huasipungo, México, 2003, pág. 11.
1355 López Portillo José, Iniciativa de Ley de Amnistía, Considerando No. II.
Toda la doctrina del delito político gira alrededor del móvil que impulsa al autor. Por ello, desde 1935 se estableció en la ‘Conferencia Internacional para la Unificación del Derecho Penal’ reunida en Copenhague, que
“1. Son delitos políticos las infracciones dirigidas contra la organización y el funcio- namiento del Estado y contra los derechos del ciudadano derivados de ella.
“2. Son reputados políticos los delitos de derecho común que constituyen la comi- sión de los atentados previstos en el número 1, así como los actos realizados para favorecer la comisión de un delito político o para permitir al autor de este delito escapar a la aplicación de la Ley Penal.
“3. Sin embargo no serán considerados como delitos políticos aquellos cuyo autor hubiere sido determinado sólo por un motivo egoísta o vil.
“4. Tampoco serán considerados como delitos políticos los actos de terrorismo.”
La definición ha evolucionado abarcando otras conductas que entonces no consideraba, como la rebelión, sabotaje, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos, y ha sometido a mayor precisión conceptos como el de terrorismo.
El móvil egoísta y vil es esencial para diferenciar los delitos del fuero común respecto a los delitos cometidos con el móvil político de la rebeldía. Con sus acciones, los presos políticos busca- ban promover una nueva sociedad, más equitativa y justa. Se proponían un cambio radical en las relaciones sociales del país1354 .
El gobierno del presidente José López Portillo, en el año de 1978, tuvo que reconocer que los delitos cometidos por los luchadores sociales eran por móviles políticos1355 . En el desistimiento del gobierno federal del año 1977, que benefició a 422 personas, se desistía de los delitos de invitación a la rebelión, sedición, motín y conspiración, entre otros. Delitos que se consideran de tipo político por el artículo 144. El Estado nunca reconoció el carácter político de los militantes del movimiento armado presos en las cárceles del país.
1354 Constatar en los documentos generados por estas organizaciones, ya en el prefacio del Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario se reconocía: “Un fantasma viene recorriendo el mundo entero y en particular a México, el fantasma del comunismo, de la revolución socialista”. Salas Obregón Ignacio Arturo, Cuestiones Fundamentales del Movimiento Armado, Editorial Huasipungo, México, 2003, pág. 11.
1355 López Portillo José, Iniciativa de Ley de Amnistía, Considerando No. II.
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10.3.3. Violación a los derechos humanos de los reclusos que eran Presos políticos. Hostigamiento, vejación y persecución a familiares y amigos de los presos políticos
A los presos políticos –además de que fueron víctimas de toda clase de irregularidades en el proceso penal que se les siguió en el juicio, cuando lo hubo-, no se les castigó únicamente con las penas impuestas por el juez, con la privación de su libertad. Se les mantuvo como rehenes de toda la guerrilla. Cuando algún grupo realizaba alguna acción militar, los primeros en ser secuestrados y castigados ilegalmente por hechos que ellos no habían cometido, eran los presos políticos pertene- cientes a la organización que presuntamente había realizado los hechos. Otro castigo permanente a que estuvieron sujetos consistió en la intención de los directores del penal y de las policías políticas de ‘quebrarles la voluntad’. De someterlos a castigos prolongados de segregación y de incomunica- ción con sus seres queridos. En los penales eran llevados por meses a bartolinas o celdas de castigo, por el único motivo, de sus ideas políticas que se expresaron con el uso de la fuerza. A sus familiares y amigos que los visitaban se les sometía a revisiones excesivas y degradantes; en oca- siones no se les permitía el acceso o el ingreso de víveres y de literatura. Más aún, se les sometió a vigilancia y espionaje por períodos prolongados y, a varios de ellos, se les sometió a detenciones arbitrarias, a tortura y a desaparición forzada.
El caso de Mario Álvaro Cartagena López –
Estudiante del tercer año de agronomía en la U de G. En 71 se integró al FER. Detenido, torturado y desaparecido durante quince días por la policía de Jalisco. Simularon su fusilamiento, le aplicaron la picana, lo golpearon, le sumergieron la cabeza en tambos de agua sucia. Tenía 22 años de edad. Lo soltaron sin fincarle ni demostrarle ningún delito. Incorporado a la LC23S, el 74/ 02/ 19 fue detenido otra vez por la policía. Nuevamente permaneció desaparecido sujeto a torturas durante quince días. Lo enjuiciaron y lo trasladaron a la Penitenciaría de Oblatos, donde se fugó, en compa- ñía de otros cinco de sus compañeros, el 76/ 01/ 22. La DFS y BB consideraron de enorme impor- tancia su detención por lo que desde entonces fue perseguido con todos los instrumentos al alcance del Estado. Su foto apareció en periódicos, volantes, televisión y demás medios visuales. Había que detenerlos a como diera lugar; se ofreció una jugosa recompensa por cualquier noticia que lo dela- tara o permitiera su captura. El 78/ 04/ 05 fue herido en la Ciudad de México al enfrentarse con miembros de la BB. Seis meses atrás, el 77/ 09/ 01, su esposa con seis meses de embarazo Alma Celia Martínez, integrante de la Brigada “Teresa Hernández Antonio”, estudiante universitaria del sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, había muerto al tra- tar de romper un cerco tendido por agentes de la BB; contaba al morir con 18 años de edad.
Detectado por patrulleros, Mario se enfrentó durante quince minutos con la policía; herido de dos balazos en una pierna, dos en los glúteos y uno en un brazo, entre otros impactos, fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco. Cuando estaba a punto de ser intervenido quirúrgicamente, llegó la BB comandada por Miguel Nazar Haro y, a pesar de las protestas de los doctores, lo colocaron en una camilla, tapado con una cobija, subido a una camioneta y trasladado al CM1, donde fue sujeto a torturas sin recibir atención médica. La BB buscaba la ubicación de sus compañeros, en particular del dirigente nacional Miguel Ángel Barraza García. Dos horas después, fue sacado del sótano y trasladado al Hospital Militar donde fue operado; le cortaron la pierna izquierda. Permaneció dos meses hospitalizado. Gracias a que su familia se enteró por la prensa de su detención y avisó prontamente al Comité Nacional Pro defensa de Presos, Desaparecidos, Perseguidos y Exiliados Políticos, que en esos momentos se encontraba en los Estados Unidos en una reunión con Amnistía
A los presos políticos –además de que fueron víctimas de toda clase de irregularidades en el proceso penal que se les siguió en el juicio, cuando lo hubo-, no se les castigó únicamente con las penas impuestas por el juez, con la privación de su libertad. Se les mantuvo como rehenes de toda la guerrilla. Cuando algún grupo realizaba alguna acción militar, los primeros en ser secuestrados y castigados ilegalmente por hechos que ellos no habían cometido, eran los presos políticos pertene- cientes a la organización que presuntamente había realizado los hechos. Otro castigo permanente a que estuvieron sujetos consistió en la intención de los directores del penal y de las policías políticas de ‘quebrarles la voluntad’. De someterlos a castigos prolongados de segregación y de incomunica- ción con sus seres queridos. En los penales eran llevados por meses a bartolinas o celdas de castigo, por el único motivo, de sus ideas políticas que se expresaron con el uso de la fuerza. A sus familiares y amigos que los visitaban se les sometía a revisiones excesivas y degradantes; en oca- siones no se les permitía el acceso o el ingreso de víveres y de literatura. Más aún, se les sometió a vigilancia y espionaje por períodos prolongados y, a varios de ellos, se les sometió a detenciones arbitrarias, a tortura y a desaparición forzada.
El caso de Mario Álvaro Cartagena López –
Estudiante del tercer año de agronomía en la U de G. En 71 se integró al FER. Detenido, torturado y desaparecido durante quince días por la policía de Jalisco. Simularon su fusilamiento, le aplicaron la picana, lo golpearon, le sumergieron la cabeza en tambos de agua sucia. Tenía 22 años de edad. Lo soltaron sin fincarle ni demostrarle ningún delito. Incorporado a la LC23S, el 74/ 02/ 19 fue detenido otra vez por la policía. Nuevamente permaneció desaparecido sujeto a torturas durante quince días. Lo enjuiciaron y lo trasladaron a la Penitenciaría de Oblatos, donde se fugó, en compa- ñía de otros cinco de sus compañeros, el 76/ 01/ 22. La DFS y BB consideraron de enorme impor- tancia su detención por lo que desde entonces fue perseguido con todos los instrumentos al alcance del Estado. Su foto apareció en periódicos, volantes, televisión y demás medios visuales. Había que detenerlos a como diera lugar; se ofreció una jugosa recompensa por cualquier noticia que lo dela- tara o permitiera su captura. El 78/ 04/ 05 fue herido en la Ciudad de México al enfrentarse con miembros de la BB. Seis meses atrás, el 77/ 09/ 01, su esposa con seis meses de embarazo Alma Celia Martínez, integrante de la Brigada “Teresa Hernández Antonio”, estudiante universitaria del sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, había muerto al tra- tar de romper un cerco tendido por agentes de la BB; contaba al morir con 18 años de edad.
Detectado por patrulleros, Mario se enfrentó durante quince minutos con la policía; herido de dos balazos en una pierna, dos en los glúteos y uno en un brazo, entre otros impactos, fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco. Cuando estaba a punto de ser intervenido quirúrgicamente, llegó la BB comandada por Miguel Nazar Haro y, a pesar de las protestas de los doctores, lo colocaron en una camilla, tapado con una cobija, subido a una camioneta y trasladado al CM1, donde fue sujeto a torturas sin recibir atención médica. La BB buscaba la ubicación de sus compañeros, en particular del dirigente nacional Miguel Ángel Barraza García. Dos horas después, fue sacado del sótano y trasladado al Hospital Militar donde fue operado; le cortaron la pierna izquierda. Permaneció dos meses hospitalizado. Gracias a que su familia se enteró por la prensa de su detención y avisó prontamente al Comité Nacional Pro defensa de Presos, Desaparecidos, Perseguidos y Exiliados Políticos, que en esos momentos se encontraba en los Estados Unidos en una reunión con Amnistía
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Internacional, así como los más de 3,500 telegramas dirigidos al gobierno federal, se logró su pre- sentación y procesamiento, evitando el destino de otros de sus compañeros que hasta la fecha permanecen desaparecidos. Fue amnistiado en 1982.1356
En cuanto a la detención de los familiares y visitantes de los presos políticos se puede citar como ejemplo el caso de Blanca Hernández y Teresa Robles promotoras del Comité de Familiares de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos y esposas de Roberto Tello, la prime- ra, y de Alberto Ulloa la segunda. Ellas fueron detenidas e interrogadas por Nazar Haro. También debe señalarse la detención de Eduardo Corral, amigo de José Luis Moreno Borbolla, durante va- rias horas e interrogado por Nazar Haro.
Los familiares y amigos al revindicar el estatus de preso político conformaron diferentes comités, desde el Comité de Defensa Física y Moral de los Presos Políticos, pasando por el Comité de Familiares de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos, hasta el Comité Eureka y AFADEM. Lo cual no los libró de ser fichados y detenidos.
El ataque a los presos en el penal de Oblatos
“La madrugada del 10 de octubre de 1977 los guardias del penal de Oblatos dejaron de vigilar las instalaciones. Les ordenaron retirarse. Antes de concentrarse en el ingreso de la cárcel, un pequeño grupo de custodios se trasladó al Departamento I. Ahí estaban nueve de los más de 30 guerrilleros presos en el reclusorio. Del interior de los fuetes que portaban, los carceleros sacaron puntas de metal y las entregaron a los militantes de grupos armados. “Muchachos, que Dios los bendiga”, dijo uno de los uniformados. Y se alejó con sus compañeros a buscar resguardo.”1357
Pocos minutos después se registró el más sangriento motín en la historia penitenciaria de Jalisco. 15 presos comunes murieron y 30 fueron heridos de gravedad. Los atacantes originales, cerca de 60 miembros de la banda ‘Los Chacales’, dirigidos por Reynaldo Navarro Arellano, bajo la consigna de matar a los guerrilleros, acabaron por ser atacados por la población, a la cual sometían a constantes maltratos, extorsiones y abusos. Se trató de un plan orquestado por la DFS para aca- bar con los disidentes recluidos en Oblatos y otros centros penitenciarios, como parte de un plan nacional, sistemático, de exterminio. Días antes, el 29 de septiembre, se había asesinado a dos guerrilleros en el penal de Lecumberri (DF). En ese año la policía política detuvo ilegalmente y des- apareció a 20 personas, sólo en Jalisco. El penal tenía una capacidad para 500 presos y rebasaba por esas fechas los 2,500 internos, imperando a su interior la corrupción y la violencia.
Los hechos hicieron que las autoridades emprendieran una reforma penitenciaria en todo el país. Meses después Oblatos fue cerrado, abriendo en su lugar el complejo de Puente Grande. Los presos políticos que estaban en el Penal de Oblatos fueron reubicados después del ataque del 77/ 10/10 de la siguiente forma:
1356 Sergio René de Dios Corona, La Historia que no Pudieron Borrar. La Guerra Sucia de Jalisco, 1970-1985, La Casa del Mago, Col. Larga, Larga herida, México, 2004, pp. 159-167.
1357 Sergio René de Dios Corona, La historia que no pudieron borrar, La Casa del Mago, Col. Larga, larga herida, Guadalajara, 2004, p. 213.
En cuanto a la detención de los familiares y visitantes de los presos políticos se puede citar como ejemplo el caso de Blanca Hernández y Teresa Robles promotoras del Comité de Familiares de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos y esposas de Roberto Tello, la prime- ra, y de Alberto Ulloa la segunda. Ellas fueron detenidas e interrogadas por Nazar Haro. También debe señalarse la detención de Eduardo Corral, amigo de José Luis Moreno Borbolla, durante va- rias horas e interrogado por Nazar Haro.
Los familiares y amigos al revindicar el estatus de preso político conformaron diferentes comités, desde el Comité de Defensa Física y Moral de los Presos Políticos, pasando por el Comité de Familiares de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos, hasta el Comité Eureka y AFADEM. Lo cual no los libró de ser fichados y detenidos.
El ataque a los presos en el penal de Oblatos
“La madrugada del 10 de octubre de 1977 los guardias del penal de Oblatos dejaron de vigilar las instalaciones. Les ordenaron retirarse. Antes de concentrarse en el ingreso de la cárcel, un pequeño grupo de custodios se trasladó al Departamento I. Ahí estaban nueve de los más de 30 guerrilleros presos en el reclusorio. Del interior de los fuetes que portaban, los carceleros sacaron puntas de metal y las entregaron a los militantes de grupos armados. “Muchachos, que Dios los bendiga”, dijo uno de los uniformados. Y se alejó con sus compañeros a buscar resguardo.”1357
Pocos minutos después se registró el más sangriento motín en la historia penitenciaria de Jalisco. 15 presos comunes murieron y 30 fueron heridos de gravedad. Los atacantes originales, cerca de 60 miembros de la banda ‘Los Chacales’, dirigidos por Reynaldo Navarro Arellano, bajo la consigna de matar a los guerrilleros, acabaron por ser atacados por la población, a la cual sometían a constantes maltratos, extorsiones y abusos. Se trató de un plan orquestado por la DFS para aca- bar con los disidentes recluidos en Oblatos y otros centros penitenciarios, como parte de un plan nacional, sistemático, de exterminio. Días antes, el 29 de septiembre, se había asesinado a dos guerrilleros en el penal de Lecumberri (DF). En ese año la policía política detuvo ilegalmente y des- apareció a 20 personas, sólo en Jalisco. El penal tenía una capacidad para 500 presos y rebasaba por esas fechas los 2,500 internos, imperando a su interior la corrupción y la violencia.
Los hechos hicieron que las autoridades emprendieran una reforma penitenciaria en todo el país. Meses después Oblatos fue cerrado, abriendo en su lugar el complejo de Puente Grande. Los presos políticos que estaban en el Penal de Oblatos fueron reubicados después del ataque del 77/ 10/10 de la siguiente forma:
1356 Sergio René de Dios Corona, La Historia que no Pudieron Borrar. La Guerra Sucia de Jalisco, 1970-1985, La Casa del Mago, Col. Larga, Larga herida, México, 2004, pp. 159-167.
1357 Sergio René de Dios Corona, La historia que no pudieron borrar, La Casa del Mago, Col. Larga, larga herida, Guadalajara, 2004, p. 213.
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En el Estado de Jalisco (después del ataque de 10 de octubre de 1997)
38 presos políticos
Acosta Vera, Fernando. Amézquita Valdes, Dolores. Angulo Saavedra, Javier. Arredondo Villarreal, José Manuel. Ávila Meza, Nicolás. Ávila Sosa, Alejandrina. Bustamante Zárate, Arturo. Bustamante Zárate, Celia. Bustamante Zárate, Irma. Bustamante Zárate, Marco Antonio. Carmona Chávez, José María. Cifuentes Berumen, Elizabeth. Cuevas Torres, Trinidad. Chavarín Amador, Hilda Graciela. Dávila Ibáñez, Hilda Rosario. Gómez García, Ramón. González Bravo, Carlos. González Hernández, Dalila. Gutiérrez Campos, Berta Lilia. Hernández Ruiz, Rigoberto. Ibarra Valenzuela, Raymundo. Leyva Orduño, Alicia Estela. López Meléndrez, Raúl. Maldonado Ochoa, Margarita. Márquez Guzmán, Francisco. Martínez Moreno, José Luis Eduardo. Michel Díaz, Eunice. Moreno Díaz, Caridad del Monserrat. Orozco Michel, Antonio. Razo González, Juan. Rentería Castillo, Ar- mando. Robles Flores, Esperanza. Rodríguez Moreno, Ricardo. Samaniego Martínez, Juan José. Sánchez Méndez Alfredo. Valdéz Hernández, José Rubén Refugio. Vázquez Naranjo, Héctor. Villanueva Rodríguez, Luis.
Del Estado de Jalisco reubicados en la Penitenciaría de Santa Marta Acatitla, Ciudad de México, después del ataque de 10 de octubre de 1977.
13 presos políticos
Campaña López, Francisco Juventino. Campaña López, Ramón. Delgado Parga, Alfredo. Fierro Ramírez, Raúl. García García, Ramón. Manzano Muñoz, Alfredo. Manzano Muñoz, Eduardo. Pelayo R., Eusebio. Quintero Lara, Héctor. Ramírez González, Rubén. Ramírez Mijares, José de Jesús. Rentería, Antonio. Symonds Carrillo, Sergio.
Del Estado de Jalisco reubicados en el Reclusorio Oriente, Ciudad de México, des- pués del ataque de 10 de octubre de 1977.
5 presos políticos
González Martínez, Arturo. González Vázquez, Roberto. Hernández Medina, Cleofás. Morales Guillén, Gilberto. Oropeza, Rubén.
Del Estado de Jalisco reubicados en el Penal de Almoloya de Juárez, Estado de Méxi- co, después del ataque de 10 de octubre de 1977.
4 presos políticos
Estebané Flores, Joel. Montoya Rodríguez, Rafael. Pérez Tamayo, Rodolfo. Rodríguez García, Jesús
B. Presos Políticos en la Ciudad de México
Cárcel Preventiva de la Ciudad de México (Lecumberri), Crujía “M”: 1972 a 1976
Acosta Vera, Fernando. Amézquita Valdes, Dolores. Angulo Saavedra, Javier. Arredondo Villarreal, José Manuel. Ávila Meza, Nicolás. Ávila Sosa, Alejandrina. Bustamante Zárate, Arturo. Bustamante Zárate, Celia. Bustamante Zárate, Irma. Bustamante Zárate, Marco Antonio. Carmona Chávez, José María. Cifuentes Berumen, Elizabeth. Cuevas Torres, Trinidad. Chavarín Amador, Hilda Graciela. Dávila Ibáñez, Hilda Rosario. Gómez García, Ramón. González Bravo, Carlos. González Hernández, Dalila. Gutiérrez Campos, Berta Lilia. Hernández Ruiz, Rigoberto. Ibarra Valenzuela, Raymundo. Leyva Orduño, Alicia Estela. López Meléndrez, Raúl. Maldonado Ochoa, Margarita. Márquez Guzmán, Francisco. Martínez Moreno, José Luis Eduardo. Michel Díaz, Eunice. Moreno Díaz, Caridad del Monserrat. Orozco Michel, Antonio. Razo González, Juan. Rentería Castillo, Ar- mando. Robles Flores, Esperanza. Rodríguez Moreno, Ricardo. Samaniego Martínez, Juan José. Sánchez Méndez Alfredo. Valdéz Hernández, José Rubén Refugio. Vázquez Naranjo, Héctor. Villanueva Rodríguez, Luis.
Del Estado de Jalisco reubicados en la Penitenciaría de Santa Marta Acatitla, Ciudad de México, después del ataque de 10 de octubre de 1977.
13 presos políticos
Campaña López, Francisco Juventino. Campaña López, Ramón. Delgado Parga, Alfredo. Fierro Ramírez, Raúl. García García, Ramón. Manzano Muñoz, Alfredo. Manzano Muñoz, Eduardo. Pelayo R., Eusebio. Quintero Lara, Héctor. Ramírez González, Rubén. Ramírez Mijares, José de Jesús. Rentería, Antonio. Symonds Carrillo, Sergio.
Del Estado de Jalisco reubicados en el Reclusorio Oriente, Ciudad de México, des- pués del ataque de 10 de octubre de 1977.
5 presos políticos
González Martínez, Arturo. González Vázquez, Roberto. Hernández Medina, Cleofás. Morales Guillén, Gilberto. Oropeza, Rubén.
Del Estado de Jalisco reubicados en el Penal de Almoloya de Juárez, Estado de Méxi- co, después del ataque de 10 de octubre de 1977.
4 presos políticos
Estebané Flores, Joel. Montoya Rodríguez, Rafael. Pérez Tamayo, Rodolfo. Rodríguez García, Jesús
B. Presos Políticos en la Ciudad de México
Cárcel Preventiva de la Ciudad de México (Lecumberri), Crujía “M”: 1972 a 1976
670
o GrupoArmadoLacandones:24presospolíticos
Alfaro Martínez, Salvador. Calderón Esquivel, Jesús. Chávez Treviño, Joel Isaías. De la Cruz Martínez, Venancio. Días Coutiño, Heriberto. Domínguez Rodríguez, Alberto. Domínguez Rodríguez, José. Domínguez Rodríguez, Miguel. Ench Fregoso, Isaías. Ench Fregoso, Roberto. Hernández Espejo, Javier. Jiménez Sarmiento, Carlos. León Zempoaltecalt, Ernesto. Morán Orta, Rolando. Núñez Navarrete, Javier. Pérez Aragón, Benjamín. Poo Hurtado, Jorge. Ramírez Coronado, Armando. Salcedo García, Carlos. Sánchez Ench, Roberto. Sergio Villalobos Navarrete. Valente Irena, Estrada. Vázquez Flores, David. Velasco Damián, Víctor Manuel.
o LigaComunista23deSeptiembre:11presospolíticos
Anzaldo Meneses, Manuel. Conde López, Carlos. Escamilla Escobedo, Juan. García Guerrero, Carlos. Hernández García, Estanislao. Macario. Mendoza Sánchez, Víctor. Ramos Eusebio, Juan Roberto. Rivas Jiménez, Arturo. Torres Cedillo, Jorge. Torres Ordóñez, Miguel Ángel.
o MovimientodeAcciónRevolucionaria:2presospolíticos Alvarado Martínez, Luis Antonio. Gómez Souza, Fabricio.
o MovimientodeIzquierdaRevolucionariaEstudiantil:7presospolíticos
Barbosa Cano, Fabio. Condés Lara, Enrique. Del Toro Nájera, Enrique Gerardo.
Gergerson Tafelot, Antonio. Luna, Antonio. Peláez Ramos, Gerardo. Rechy Montiel, Mario. o Partido de los Pobres
Avilés Lino, Juan. García García, José Luis. Loperena Martínez, Adalberto. Rodríguez González, Ricardo. Vargas Madrigal, Jesús.
o Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (Movimiento Armado de la Revolución Socialista / Comité Armado de Liberación “Patria y Libertad): 4 presos políticos
Flores Bello, Salvador. Gómez Juárez, Ramiro. López Ayala, Raúl. Padilla Mejía, Javier Mario.
o EjércitoInsurgenteMexicano:3presospolíticos
González Ramírez, Ignacio. Luna Peralta, Ponciano. Peralta Zea, Gabriel.
o MovimientodeIzquierdaRevolucionaria:2presospolíticos Madrid Zambrano, Vicente. Rendón Barradas, Manuel.
Alfaro Martínez, Salvador. Calderón Esquivel, Jesús. Chávez Treviño, Joel Isaías. De la Cruz Martínez, Venancio. Días Coutiño, Heriberto. Domínguez Rodríguez, Alberto. Domínguez Rodríguez, José. Domínguez Rodríguez, Miguel. Ench Fregoso, Isaías. Ench Fregoso, Roberto. Hernández Espejo, Javier. Jiménez Sarmiento, Carlos. León Zempoaltecalt, Ernesto. Morán Orta, Rolando. Núñez Navarrete, Javier. Pérez Aragón, Benjamín. Poo Hurtado, Jorge. Ramírez Coronado, Armando. Salcedo García, Carlos. Sánchez Ench, Roberto. Sergio Villalobos Navarrete. Valente Irena, Estrada. Vázquez Flores, David. Velasco Damián, Víctor Manuel.
o LigaComunista23deSeptiembre:11presospolíticos
Anzaldo Meneses, Manuel. Conde López, Carlos. Escamilla Escobedo, Juan. García Guerrero, Carlos. Hernández García, Estanislao. Macario. Mendoza Sánchez, Víctor. Ramos Eusebio, Juan Roberto. Rivas Jiménez, Arturo. Torres Cedillo, Jorge. Torres Ordóñez, Miguel Ángel.
o MovimientodeAcciónRevolucionaria:2presospolíticos Alvarado Martínez, Luis Antonio. Gómez Souza, Fabricio.
o MovimientodeIzquierdaRevolucionariaEstudiantil:7presospolíticos
Barbosa Cano, Fabio. Condés Lara, Enrique. Del Toro Nájera, Enrique Gerardo.
Gergerson Tafelot, Antonio. Luna, Antonio. Peláez Ramos, Gerardo. Rechy Montiel, Mario. o Partido de los Pobres
Avilés Lino, Juan. García García, José Luis. Loperena Martínez, Adalberto. Rodríguez González, Ricardo. Vargas Madrigal, Jesús.
o Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (Movimiento Armado de la Revolución Socialista / Comité Armado de Liberación “Patria y Libertad): 4 presos políticos
Flores Bello, Salvador. Gómez Juárez, Ramiro. López Ayala, Raúl. Padilla Mejía, Javier Mario.
o EjércitoInsurgenteMexicano:3presospolíticos
González Ramírez, Ignacio. Luna Peralta, Ponciano. Peralta Zea, Gabriel.
o MovimientodeIzquierdaRevolucionaria:2presospolíticos Madrid Zambrano, Vicente. Rendón Barradas, Manuel.
671
o FrentedeLiberaciónNacional:5presospolíticos
Campos Hernández, Álvaro. González Robles, Ismael. Hernández Velásquez, Car-
los. Ramírez Lira, Wenceslao. Villareal Morales, Raúl Sergio.
o FrenteUrbanoZapatista(FuerzasArmadasdelaNuevaRevolución):2presospolíti- cos
Ávila Godoy, Clemente. Ortiz Chico, Breno Hilario. o UnióndelPueblo:5presospolíticos
Almaraz Olvera, Javier. Arellano Mexueiro, Jesús. Licea Hernández, Tomás. Reyes Palomino, Edgar Nelson. Urbieta Morales, Nicéforo.
o MovimientoMarxistaLeninistaMexicano:3presospolíticos
Aguilar, Salvador. Fuentes Gutiérrez (Popoca), Francisco. Murguía Rossete, Raúl.
o Independientes:6presospolíticos
Angulo, Rafael. Castro Bustos, Miguel. Flores, Ezequiel. García Pérez, Roberto.
Legorreta, Antonio. Márquez Castillo, Amelio.
o EnEnfermería:1presopolítico(LigaComunista23deSeptiembre)
Licea Verdugo, Antonio Licenco (detenido herido el 75/ 04/ 25 después de los asaltos de Villa Coapa)
Cárcel Preventiva de la Ciudad de México (Lecumberri), Crujía “O”: 1972 a 1976
o GrupoArmadoLacandones:4presospolíticos
Dávila Ojeda, Julio Fabio. Lorence López, Rigoberto. Olvera Morales, Paulino. To-
rres Castrejón, Jesús.
o MovimientodeAcciónRevolucionaria:49presospolíticos
Arredondo Silva, José Eduardo René. Bravo Cisneros, Ángel. Cardona Medel, Ramón. Castañeda Álvarez, Dimas. Castañeda Álvarez, Ezequiel. Castañeda Álvarez, Salvador. Castellanos Santiago, Edilberto Arturo. Castillo Viloria, José Antonio. Castro Zavala, Regíno. Chagoya Remigio, José Luis. Chávez de la Rocha, Juan. Estrada Gámez, Pedro. Estrada Luviano, Camilo. García de León, Juan Bosco. Garibay Garibay, Javier. Garza Maltos, José Dionisio. González Carrillo, Armando. González Carrillo, José Luis. González Mancilla, Andrés. González Mancilla, Eufemio. González Navarro, Carlos. Gutiérrez Sierra, Jesús. Guzmán Cruz, Abdayan. Hernández Rosales, Agustín. Ibarra Valenzuela,
Campos Hernández, Álvaro. González Robles, Ismael. Hernández Velásquez, Car-
los. Ramírez Lira, Wenceslao. Villareal Morales, Raúl Sergio.
o FrenteUrbanoZapatista(FuerzasArmadasdelaNuevaRevolución):2presospolíti- cos
Ávila Godoy, Clemente. Ortiz Chico, Breno Hilario. o UnióndelPueblo:5presospolíticos
Almaraz Olvera, Javier. Arellano Mexueiro, Jesús. Licea Hernández, Tomás. Reyes Palomino, Edgar Nelson. Urbieta Morales, Nicéforo.
o MovimientoMarxistaLeninistaMexicano:3presospolíticos
Aguilar, Salvador. Fuentes Gutiérrez (Popoca), Francisco. Murguía Rossete, Raúl.
o Independientes:6presospolíticos
Angulo, Rafael. Castro Bustos, Miguel. Flores, Ezequiel. García Pérez, Roberto.
Legorreta, Antonio. Márquez Castillo, Amelio.
o EnEnfermería:1presopolítico(LigaComunista23deSeptiembre)
Licea Verdugo, Antonio Licenco (detenido herido el 75/ 04/ 25 después de los asaltos de Villa Coapa)
Cárcel Preventiva de la Ciudad de México (Lecumberri), Crujía “O”: 1972 a 1976
o GrupoArmadoLacandones:4presospolíticos
Dávila Ojeda, Julio Fabio. Lorence López, Rigoberto. Olvera Morales, Paulino. To-
rres Castrejón, Jesús.
o MovimientodeAcciónRevolucionaria:49presospolíticos
Arredondo Silva, José Eduardo René. Bravo Cisneros, Ángel. Cardona Medel, Ramón. Castañeda Álvarez, Dimas. Castañeda Álvarez, Ezequiel. Castañeda Álvarez, Salvador. Castellanos Santiago, Edilberto Arturo. Castillo Viloria, José Antonio. Castro Zavala, Regíno. Chagoya Remigio, José Luis. Chávez de la Rocha, Juan. Estrada Gámez, Pedro. Estrada Luviano, Camilo. García de León, Juan Bosco. Garibay Garibay, Javier. Garza Maltos, José Dionisio. González Carrillo, Armando. González Carrillo, José Luis. González Mancilla, Andrés. González Mancilla, Eufemio. González Navarro, Carlos. Gutiérrez Sierra, Jesús. Guzmán Cruz, Abdayan. Hernández Rosales, Agustín. Ibarra Valenzuela,
672
Raymundo. Isidro Rangel, Leonardo. José García, Wenceslao (Desaparecido 75/ 09, siendo militante de la LC23S) Leyva Pérez, Pedro. López de la Torre, Saúl. López Murillo, Alejandro. Lozano Pérez, Francisco. Lugo Olvera, Joaquín. Moreno Nolasco, Guillermo. Navarrete Hernández, Javier. Pacheco Gómez, Candelario. Paredes Ruiz, Francisco. Pedrosa Cisneros, Genaro. Peñalosa García, Felipe. Pérez Esqueda, Jesús. Pérez Verduzco, Cándido. Pineda Ochoa, Fernando. Piñón Ponce, Rodolfo. Piñón Ponce, Vi- cente. Ramos Mogrovejo, Ramón. Ramos Vásquez, José Guillermo. Raya Morales, Rogelio. Sánchez Santiago, Librado. Toledo Espinosa, Cándido. Villarreal Alvarado, Baldemar.
o FrenteUrbanoZapatista:3presospolíticos
Lorence López, Carlos. Tello Alarcón, Roberto. Uranga López, Francisco.
o UnióndelPueblo:10presospolíticos
Arizmendi, Bali West, Jaime. Cortés, Salvador. Hernández Castillo, Raymundo. Morales Mondragón, Jesús. Ortiz Vides, José María. Pimentel Ramírez, José Luis. Pimentel Ramírez, Julio Ángel. Santos, Jesús. Valentín Maldonado, Romeo.
o LigaComunistaEspartaco.SeccionalHoChiMin.PDLP:2presospolíticos Estrada Vega, Vicente. Ulloa Bornneman, Alberto
o AsociaciónCívicaNacionalRevolucionaria:5presospolíticos.
De la Rosa Olguín, Alfredo. Lugo Hernández, Florencio. Mendoza Gaytan, David.
Ramírez Rodríguez, Juan. Téllez Pacheco, Enrique.
Cárcel Preventiva de la Ciudad de México (Lecumberri), en otras crujías: 1972 a 1976
o LigaComunista23deSeptiembre:6presospolíticos
Chávez Velásquez, Ignacio Abel (Fracción Bolchevique). Moreno Borbolla, José Luis (Crujía F). Morón Chiclayo, Miguel (Crujía E y G). Rivera Carvajal, Francisco. Tecla Parra, Alfredo (Crujía E). Zaragoza Jiménez, David (Crujía G).
o FuerzasdeLiberaciónNacional:4presospolíticos.
Glokner Carreto, Napoleón (Crujía G). Lozano Rodríguez, Francisco Javier (Crujía
E). Mendoza Cantú, Héctor. Morales Ruiz, Hilario.
o ComandosArmadosdelPueblo:4presospolíticos.
García González, Antonio. Martínez Díaz, Jerónimo. Ramírez Estrada, Juan Fran- cisco. Reyes García, Roque.
o FrenteUrbanoZapatista:3presospolíticos
Lorence López, Carlos. Tello Alarcón, Roberto. Uranga López, Francisco.
o UnióndelPueblo:10presospolíticos
Arizmendi, Bali West, Jaime. Cortés, Salvador. Hernández Castillo, Raymundo. Morales Mondragón, Jesús. Ortiz Vides, José María. Pimentel Ramírez, José Luis. Pimentel Ramírez, Julio Ángel. Santos, Jesús. Valentín Maldonado, Romeo.
o LigaComunistaEspartaco.SeccionalHoChiMin.PDLP:2presospolíticos Estrada Vega, Vicente. Ulloa Bornneman, Alberto
o AsociaciónCívicaNacionalRevolucionaria:5presospolíticos.
De la Rosa Olguín, Alfredo. Lugo Hernández, Florencio. Mendoza Gaytan, David.
Ramírez Rodríguez, Juan. Téllez Pacheco, Enrique.
Cárcel Preventiva de la Ciudad de México (Lecumberri), en otras crujías: 1972 a 1976
o LigaComunista23deSeptiembre:6presospolíticos
Chávez Velásquez, Ignacio Abel (Fracción Bolchevique). Moreno Borbolla, José Luis (Crujía F). Morón Chiclayo, Miguel (Crujía E y G). Rivera Carvajal, Francisco. Tecla Parra, Alfredo (Crujía E). Zaragoza Jiménez, David (Crujía G).
o FuerzasdeLiberaciónNacional:4presospolíticos.
Glokner Carreto, Napoleón (Crujía G). Lozano Rodríguez, Francisco Javier (Crujía
E). Mendoza Cantú, Héctor. Morales Ruiz, Hilario.
o ComandosArmadosdelPueblo:4presospolíticos.
García González, Antonio. Martínez Díaz, Jerónimo. Ramírez Estrada, Juan Fran- cisco. Reyes García, Roque.
673
o LosGuajiros:1presopolítico Francisco Javier Pizarro Chávez
o LosProcesos:1presopolítico Sánchez Hirales, Jorge Alberto
Cárcel de Mujeres de Santa Martha Acatitla: 1972 a 1978
o GrupoArmadoLacandones:8presaspolíticas
Acosta Díaz, Maria Esther. Casas Quiroz, Yolanda. Hinojosa C., Concepción. Ledesma Flores, Olivia. León Zempoaltecalt, Trinidad (LC23S). Méndez Ramírez, Laura. Quiñónez Trevizo, Lourdes (Seccional Ho Chi Min). Villavicencio Salgado, María América.
o MovimientodeAcciónRevolucionaria:9presaspolíticas
Armendáriz Ponce, Minerva. Cisneros Zavala, Martha Elba. Gómez Caballero, Alma. Gómez Carrasco, Herminia. Hernández Hernández, Elia. Orozco Vega, Eréndira. Parra de Tecla, Ana María. Rangel Aguilar, Esperanza. Vega Fuentes, Berta.
o FrenteUrbanoZapatista:4presaspolíticas
Calvo Zapata, Francisca. Dávalos Martínez, María Elena. Muños Conde, Margari-
ta. Uranga López, Lourdes.
o LigaComunista23deSeptiembre:5presaspolíticas
Calzada Flores, Maria Eugenia. González, Aurora. Martínez Watanabe, Norma. Tecla Parra, Ana Lilia. Tecla Parra, Artemisa.
o Liga Comunista Espartaco. Seccional Ho Chi Minh. Partido de los Pobres: 1 presa política
Franco, Teresa
o UnióndelPueblo:2presaspolíticas
Boldo Belda, Nuria. Pimentel Ramírez, Josefina. o FuerzasdeLiberaciónNacional:4presaspolíticas
Benavides Guevara. Gloria. Holguín Holguín, María Concepción. Rivera Rodríguez, Nora. Rivera Rodríguez, Valentina
o LosProcesos:1presopolítico Sánchez Hirales, Jorge Alberto
Cárcel de Mujeres de Santa Martha Acatitla: 1972 a 1978
o GrupoArmadoLacandones:8presaspolíticas
Acosta Díaz, Maria Esther. Casas Quiroz, Yolanda. Hinojosa C., Concepción. Ledesma Flores, Olivia. León Zempoaltecalt, Trinidad (LC23S). Méndez Ramírez, Laura. Quiñónez Trevizo, Lourdes (Seccional Ho Chi Min). Villavicencio Salgado, María América.
o MovimientodeAcciónRevolucionaria:9presaspolíticas
Armendáriz Ponce, Minerva. Cisneros Zavala, Martha Elba. Gómez Caballero, Alma. Gómez Carrasco, Herminia. Hernández Hernández, Elia. Orozco Vega, Eréndira. Parra de Tecla, Ana María. Rangel Aguilar, Esperanza. Vega Fuentes, Berta.
o FrenteUrbanoZapatista:4presaspolíticas
Calvo Zapata, Francisca. Dávalos Martínez, María Elena. Muños Conde, Margari-
ta. Uranga López, Lourdes.
o LigaComunista23deSeptiembre:5presaspolíticas
Calzada Flores, Maria Eugenia. González, Aurora. Martínez Watanabe, Norma. Tecla Parra, Ana Lilia. Tecla Parra, Artemisa.
o Liga Comunista Espartaco. Seccional Ho Chi Minh. Partido de los Pobres: 1 presa política
Franco, Teresa
o UnióndelPueblo:2presaspolíticas
Boldo Belda, Nuria. Pimentel Ramírez, Josefina. o FuerzasdeLiberaciónNacional:4presaspolíticas
Benavides Guevara. Gloria. Holguín Holguín, María Concepción. Rivera Rodríguez, Nora. Rivera Rodríguez, Valentina
674
o AsociaciónCívicaNacionalRevolucionaria:2presaspolíticas Rodríguez Rosas, Lourdes. Solís Morales, María Concepción.
o ComandosArmadosdelPueblo:4presaspolíticas
Cárdenas Montaño, Macrina. González Meza, Aurora. López Hernández, Gladis
Guadalupe. Méndez Alvarado, María de Jesús. o MovimientoMarxistaLeninistaMexicano Leal, Judith. Robles Viessi, Rosalba.
Reclusorio Oriente, Ciudad de México: 1976 a 1980
o GrupoGuerrilleroLacandones:17presospolíticos
Calderón Esquivel, Jesús. Chavez Treviño, Joel Isaías. Dávila Ojeda, Julio Flavio. Díaz Coutiño, Heriberto. Ench Fregozo, Isaías. Irena Estrada, Valente. Jiménez Sarmien- to, Carlos. León Zempoaltecalt, Ernesto. Lorence López, Rigoberto. Núñez Navarrete, Javier. Olvera Morales, Paulino. Pérez Aragón, Benjamín. Salcedo García, Carlos. Sánchez Ench, Roberto. Torres Castrejón, Jesús. Velasco Damián, Víctor Manuel. Villalobos Navarrete, Sergio.
o PartidodelosPobres:3presospolíticos
Avilés Lino, Juan. Loperena Martínez, Adalberto. Rodríguez González, Ricardo
o UnióndelPueblo:9presospolíticos
Almazan Olvera, Javier. Arellano Mexueiro, Jesús. Arismendi. Cortés, Salvador. Hernández Castillo, Raymundo. Licea Hernández, Tomás. Santos, Jesús. Urbieta Morales, Nicéforo. Valentín Maldonado, Romeo.
o Enfermería:1presopolítico(LigaComunista23deSeptiembre) Licea Verdugo, Antonio
o FrenteUrbanoZapatista:1presopolítico Tello Alarcón, Roberto.
o LigaComunistaEspartaco.SeccionalHoChiMinh.PDLP:2presospolíticos Estrada Vega, Vicente. Ulloa Bornneman, Alberto.
o ComandosArmadosdelPueblo:4presaspolíticas
Cárdenas Montaño, Macrina. González Meza, Aurora. López Hernández, Gladis
Guadalupe. Méndez Alvarado, María de Jesús. o MovimientoMarxistaLeninistaMexicano Leal, Judith. Robles Viessi, Rosalba.
Reclusorio Oriente, Ciudad de México: 1976 a 1980
o GrupoGuerrilleroLacandones:17presospolíticos
Calderón Esquivel, Jesús. Chavez Treviño, Joel Isaías. Dávila Ojeda, Julio Flavio. Díaz Coutiño, Heriberto. Ench Fregozo, Isaías. Irena Estrada, Valente. Jiménez Sarmien- to, Carlos. León Zempoaltecalt, Ernesto. Lorence López, Rigoberto. Núñez Navarrete, Javier. Olvera Morales, Paulino. Pérez Aragón, Benjamín. Salcedo García, Carlos. Sánchez Ench, Roberto. Torres Castrejón, Jesús. Velasco Damián, Víctor Manuel. Villalobos Navarrete, Sergio.
o PartidodelosPobres:3presospolíticos
Avilés Lino, Juan. Loperena Martínez, Adalberto. Rodríguez González, Ricardo
o UnióndelPueblo:9presospolíticos
Almazan Olvera, Javier. Arellano Mexueiro, Jesús. Arismendi. Cortés, Salvador. Hernández Castillo, Raymundo. Licea Hernández, Tomás. Santos, Jesús. Urbieta Morales, Nicéforo. Valentín Maldonado, Romeo.
o Enfermería:1presopolítico(LigaComunista23deSeptiembre) Licea Verdugo, Antonio
o FrenteUrbanoZapatista:1presopolítico Tello Alarcón, Roberto.
o LigaComunistaEspartaco.SeccionalHoChiMinh.PDLP:2presospolíticos Estrada Vega, Vicente. Ulloa Bornneman, Alberto.
675
o LigaComunista23deSeptiembre:5presospolíticos
Escamilla, Juan. Moreno Borbolla, José Luis. Rivas Jiménez, Arturo. Tecla Parra,
Alfredo. Zaragoza Jiménez, David.
C. Presos Políticos en penales de Morelos y Guerrero Reclusorio de Cuernavaca, Morelos: 1975
o FuerzasArmadasRevolucionarias:8presospolíticos
Bahena Orduña, Doroteo Lorenzo. Castrejón Ríos, Macrina. Cuevas Mújica, Glo- ria. García, Ortiz Eladio. Helguera Jiménez, Pedro. Hipólito Castro, Simón. Ontiveros Abar- ca, Valentín. Ronces Porcayo, Salvador.
Penitenciaría de Acapulco, Guerrero: 1974
o Partido de los Pobres: 6 presos políticos
Albarrán Pérez, José Bello López, Guillermo. Fierro Loza, Francisco. Mecino
Benitez, Agapito. Pastor García, Joaquín. Santiago Dionisio, Octaviano.
Penitenciarías diversas de Guerrero: 1978
o AsociaciónCívicaNacionalRevolucionaria:22presospolíticos
Adame González, Santiago. Barrientos Flores, Agustín. Barrientos Martínez, Onésimo. Barrientos Reyes, Domingo. Barrientos Reyes, Raymundo. Castro de Jesús, Ambrosio. De Layivos, Marcos. Godoy Cabañas, Felicito. Gómez Alvarez, Elías. Gómez Peñalosa, Eufrosina. Guerrero Castro, Leonardo. Iturbe Serafín, Marciana. Juárez, Mar- cial. Martínez Arreola, Fidel. Martínez Galindo, Arturo. Pino Figueroa, Maciel. Ponce Fie- rro, Juan. Rebolledo Hipólito, J. De Jesús. Valencia Millán, Leopoldo. Vázquez Baltasar, Delfino. Vázquez Macedo, Julio. Vázquez Rojas, Alfonso
o FuerzasArmadasdeLiberación:13presospolíticos
Beltrán Salgado, Francisco. De Oca Valderrama, Constantino Montes. González Teresa, Federico. Jacobo García, Santiago. Jorge Pérez, Francisco. Martínez Araujo, Eugenio. Melendez Rodríguez, Jesús. Palma Teresa, Pedro. Roldán Montes, Lorenzo Ar- mando. Tapia Vargas, Guillermo. Torres García, Julia. Torres García, Petra. Tovar Roldan, Juan.
o FuerzasArmadasRevolucionarias:7presospolíticos
Pérez Cipriano, Jorge. Guzmán Herrera, Germán. Herrera López, Joel. Hilario Marín, Efrén. Reyes Urióstegui, Ventura. Noriega Cantú, Jesús Heriberto. López Sotelo, Miguel Ángel
Escamilla, Juan. Moreno Borbolla, José Luis. Rivas Jiménez, Arturo. Tecla Parra,
Alfredo. Zaragoza Jiménez, David.
C. Presos Políticos en penales de Morelos y Guerrero Reclusorio de Cuernavaca, Morelos: 1975
o FuerzasArmadasRevolucionarias:8presospolíticos
Bahena Orduña, Doroteo Lorenzo. Castrejón Ríos, Macrina. Cuevas Mújica, Glo- ria. García, Ortiz Eladio. Helguera Jiménez, Pedro. Hipólito Castro, Simón. Ontiveros Abar- ca, Valentín. Ronces Porcayo, Salvador.
Penitenciaría de Acapulco, Guerrero: 1974
o Partido de los Pobres: 6 presos políticos
Albarrán Pérez, José Bello López, Guillermo. Fierro Loza, Francisco. Mecino
Benitez, Agapito. Pastor García, Joaquín. Santiago Dionisio, Octaviano.
Penitenciarías diversas de Guerrero: 1978
o AsociaciónCívicaNacionalRevolucionaria:22presospolíticos
Adame González, Santiago. Barrientos Flores, Agustín. Barrientos Martínez, Onésimo. Barrientos Reyes, Domingo. Barrientos Reyes, Raymundo. Castro de Jesús, Ambrosio. De Layivos, Marcos. Godoy Cabañas, Felicito. Gómez Alvarez, Elías. Gómez Peñalosa, Eufrosina. Guerrero Castro, Leonardo. Iturbe Serafín, Marciana. Juárez, Mar- cial. Martínez Arreola, Fidel. Martínez Galindo, Arturo. Pino Figueroa, Maciel. Ponce Fie- rro, Juan. Rebolledo Hipólito, J. De Jesús. Valencia Millán, Leopoldo. Vázquez Baltasar, Delfino. Vázquez Macedo, Julio. Vázquez Rojas, Alfonso
o FuerzasArmadasdeLiberación:13presospolíticos
Beltrán Salgado, Francisco. De Oca Valderrama, Constantino Montes. González Teresa, Federico. Jacobo García, Santiago. Jorge Pérez, Francisco. Martínez Araujo, Eugenio. Melendez Rodríguez, Jesús. Palma Teresa, Pedro. Roldán Montes, Lorenzo Ar- mando. Tapia Vargas, Guillermo. Torres García, Julia. Torres García, Petra. Tovar Roldan, Juan.
o FuerzasArmadasRevolucionarias:7presospolíticos
Pérez Cipriano, Jorge. Guzmán Herrera, Germán. Herrera López, Joel. Hilario Marín, Efrén. Reyes Urióstegui, Ventura. Noriega Cantú, Jesús Heriberto. López Sotelo, Miguel Ángel
676
Presos Políticos derivados de concentraciones populares y derivados de actividades desarrolladas por las diversas organizaciones armadas de Guerrero, detenidos en diversas cárceles de dicho estado: 1962-1980
206 personas
Abarca Gallardo, Marcial. Abarca Martínez, Patricio. Abarca Pino, José. Adame Castrejón, Rafael. Adame Rangel, Ma.Elena. Aguilar Cruz, Ismael. Alarcón León, Eusebio. Alarcón León, Julio. Albarrán Pérez, José. Albarrán Pino, José. Álvarez Téllez, Odón ó Abdón. Arceo, Francisco. Arismendiz Moreno, Paulo ó Paulino. Ávila Clemente, Donaciano. Avila Escamilla, Alvaro. Ávila Escamilla, Álvaro. Ávila Juárez, Fausto. Avilés Lino, Juan. Bahena Wences, Jesús. Baltazar Pino, Pedro. Barrientos Martínez, Onésimo. Barrientos Reyes, Gabriel. Barrientos, Jesús. Bello Hernández, Flavio. Bello Hernández, Miguel. Bello López, Guillermo. Benavides, Clemente. Benítez Reyes, Feliciano. Berumen Macedo, Pedro. Blanco Flores, Ángel. Blanco Flores, José Luis. Blanco Tacuba, Andrés. Cabañas Cebredo, Florentino. Cabañas del Valle, Juvenal. Cabañas Gervasio, Pablo. Castañón Flores, Evaristo. Castañón Nava, Toribio. Castillo Arrazola, Zeferino. Castillo Arreola, Narciso. Castro Ramírez, Ezequiel. Castro Ríos, Hermógenes. Cevallos Suárez, Obdulio. Chávez Fuentes, Enrique. Chávez González, Eligio. Chávez González, Eusebio. Chávez Silva, Alberto. Chávez, Antonio Miguel. Cisneros Guillén, Eloy Tobías. De Jesús de la Cruz, Eliseo. De la Isla, Joaquín. De Meza Padilla, Aarón. Díaz Téllez, Israel. Dionisio León, Abismael ó Ismael. Dionisio Martínez, Efraín. Domíngez Gasilio, Benito. Espinobarros Ramírez, Humberto. Estrada Vega, Vicente. Fernández Brito, Raúl Gregorio. Fernández Téllez, Israel. Fierro Galeana, Urbano. Fierro Hernández, Enedino. Fierro Hernández, Justino. Fierro Loza, Francisco. Fierro Radilla, Sergio. Fierro Rodríguez, Enrique. Flores Bello, Salvador. Flores de la Cruz, Victoriano. Flores Méndez, Rodrígo. Flores Morales, Tito. Flores Patiño, Pablo. Flores Solís, Hilda. Franco Vega, María Teresa. Fuentes García, Nicomedes. Gallegos Nájera, José Arturo. Garay González, José Trinidad. García Costilla, Juan. García García, José Luis. García Jiménez, Ignacio. García Ortiz, Heladio. García Reyes, Leonardo. García Sandoval, Paulino. Gatica Nava, Martín. Gatica Ramírez, Cirilo. Godoy Cabañas, Marcial. Gómez Radilla, Ricardo. Guzmán Herrera, Germán. Hernández Cornejo, Tiburcio. Hernández Girón, Gabino. Hernández Hernández, Antonio. Hernández Obispo, Agustín. Hernández, Raúl. Hipólito Castro, Simón. Islas Martínez, Juan. Jaimes Blanco, Gon- zalo. Jaimes Chávez, Gonzálo. Jaimes Chávez, Zohelio. Juárez Adame, Delfino. Juárez Godoy, Rogelio. Larumbe Vázquez, Amado. Lázaro Salgado, Maurilio. León Chávez, Gilberto. León Mendiola, Luis. Leyva Flores, Pablo. López Arteaga, J. Guadalupe. López Arteaga, Procopio. López Velazco, Andrés. Lugo Hernández, Florencio. Manrique Jiménez, Benito. Manrique Jiménez, Carlos. Martín ‘N’. Martínez Fierro, Fidencio. Martínez Jiménez, Benito. Martínez Mayares, Ezequiel. Martínez Mayares, Francisco. Martínez Mayares, Gregorio. Martínez Vargas, Víctor. Mejía Gutiérrez, Otilio. Méndez Jiménez, Rodrigo. Mesino Benítez, Agapito. Mesino, Martín. Miranda Ramírez, Arturo. Mora- les Blanco, Aurelio. Morales García, Gumercindo. Morales Navarrete, Darío. Morales Navarrete, Mario. Morales Piza, Eliseo. Morales Piza, Guillermo. Morales Piza, Hipólito. Morales Salas, Manuel. Mora- les Vargas, Eusebio. Moreno Vargas, Rocío. Moyado Pastor, Lucas. Muñoz Vázquez, Francisco. Navarrete Yáñez, Hilario. Navarrete Yáñez, Miguel. Obispo Hernández, Cástulo. Ocampo, Isaías. Onofre Gómez, Juan Facundo. Onofre Valdovinos, Demóstenes. Orduña Mejía, Carlos. Orduña Mejía, Jesús. Organista Lozano, Juan. Pano Baltazar, Francisco. Pano Del Río, Bibiano. Pastor García, Joaquín. Pastor García, Juan. Pastor Jiménez, Agapito. Pérez Huicochea, Felipa. Pineda Vergara, Tomás. Pino Hernández, Avelino. Pino Hernández, Celso. Pino Pérez, Antonio. Pino, Donaciano. Radilla Godoy, Luis. Radilla Rodríguez, Cruz. Radilla Zequeida, Filiberto. Radilla Zequeida, Prudencio. Ramírez Lozano, Rubén. Ramírez Silva, Eulalio. Ramos Pano, José. Rangel de Adame, Simona.
206 personas
Abarca Gallardo, Marcial. Abarca Martínez, Patricio. Abarca Pino, José. Adame Castrejón, Rafael. Adame Rangel, Ma.Elena. Aguilar Cruz, Ismael. Alarcón León, Eusebio. Alarcón León, Julio. Albarrán Pérez, José. Albarrán Pino, José. Álvarez Téllez, Odón ó Abdón. Arceo, Francisco. Arismendiz Moreno, Paulo ó Paulino. Ávila Clemente, Donaciano. Avila Escamilla, Alvaro. Ávila Escamilla, Álvaro. Ávila Juárez, Fausto. Avilés Lino, Juan. Bahena Wences, Jesús. Baltazar Pino, Pedro. Barrientos Martínez, Onésimo. Barrientos Reyes, Gabriel. Barrientos, Jesús. Bello Hernández, Flavio. Bello Hernández, Miguel. Bello López, Guillermo. Benavides, Clemente. Benítez Reyes, Feliciano. Berumen Macedo, Pedro. Blanco Flores, Ángel. Blanco Flores, José Luis. Blanco Tacuba, Andrés. Cabañas Cebredo, Florentino. Cabañas del Valle, Juvenal. Cabañas Gervasio, Pablo. Castañón Flores, Evaristo. Castañón Nava, Toribio. Castillo Arrazola, Zeferino. Castillo Arreola, Narciso. Castro Ramírez, Ezequiel. Castro Ríos, Hermógenes. Cevallos Suárez, Obdulio. Chávez Fuentes, Enrique. Chávez González, Eligio. Chávez González, Eusebio. Chávez Silva, Alberto. Chávez, Antonio Miguel. Cisneros Guillén, Eloy Tobías. De Jesús de la Cruz, Eliseo. De la Isla, Joaquín. De Meza Padilla, Aarón. Díaz Téllez, Israel. Dionisio León, Abismael ó Ismael. Dionisio Martínez, Efraín. Domíngez Gasilio, Benito. Espinobarros Ramírez, Humberto. Estrada Vega, Vicente. Fernández Brito, Raúl Gregorio. Fernández Téllez, Israel. Fierro Galeana, Urbano. Fierro Hernández, Enedino. Fierro Hernández, Justino. Fierro Loza, Francisco. Fierro Radilla, Sergio. Fierro Rodríguez, Enrique. Flores Bello, Salvador. Flores de la Cruz, Victoriano. Flores Méndez, Rodrígo. Flores Morales, Tito. Flores Patiño, Pablo. Flores Solís, Hilda. Franco Vega, María Teresa. Fuentes García, Nicomedes. Gallegos Nájera, José Arturo. Garay González, José Trinidad. García Costilla, Juan. García García, José Luis. García Jiménez, Ignacio. García Ortiz, Heladio. García Reyes, Leonardo. García Sandoval, Paulino. Gatica Nava, Martín. Gatica Ramírez, Cirilo. Godoy Cabañas, Marcial. Gómez Radilla, Ricardo. Guzmán Herrera, Germán. Hernández Cornejo, Tiburcio. Hernández Girón, Gabino. Hernández Hernández, Antonio. Hernández Obispo, Agustín. Hernández, Raúl. Hipólito Castro, Simón. Islas Martínez, Juan. Jaimes Blanco, Gon- zalo. Jaimes Chávez, Gonzálo. Jaimes Chávez, Zohelio. Juárez Adame, Delfino. Juárez Godoy, Rogelio. Larumbe Vázquez, Amado. Lázaro Salgado, Maurilio. León Chávez, Gilberto. León Mendiola, Luis. Leyva Flores, Pablo. López Arteaga, J. Guadalupe. López Arteaga, Procopio. López Velazco, Andrés. Lugo Hernández, Florencio. Manrique Jiménez, Benito. Manrique Jiménez, Carlos. Martín ‘N’. Martínez Fierro, Fidencio. Martínez Jiménez, Benito. Martínez Mayares, Ezequiel. Martínez Mayares, Francisco. Martínez Mayares, Gregorio. Martínez Vargas, Víctor. Mejía Gutiérrez, Otilio. Méndez Jiménez, Rodrigo. Mesino Benítez, Agapito. Mesino, Martín. Miranda Ramírez, Arturo. Mora- les Blanco, Aurelio. Morales García, Gumercindo. Morales Navarrete, Darío. Morales Navarrete, Mario. Morales Piza, Eliseo. Morales Piza, Guillermo. Morales Piza, Hipólito. Morales Salas, Manuel. Mora- les Vargas, Eusebio. Moreno Vargas, Rocío. Moyado Pastor, Lucas. Muñoz Vázquez, Francisco. Navarrete Yáñez, Hilario. Navarrete Yáñez, Miguel. Obispo Hernández, Cástulo. Ocampo, Isaías. Onofre Gómez, Juan Facundo. Onofre Valdovinos, Demóstenes. Orduña Mejía, Carlos. Orduña Mejía, Jesús. Organista Lozano, Juan. Pano Baltazar, Francisco. Pano Del Río, Bibiano. Pastor García, Joaquín. Pastor García, Juan. Pastor Jiménez, Agapito. Pérez Huicochea, Felipa. Pineda Vergara, Tomás. Pino Hernández, Avelino. Pino Hernández, Celso. Pino Pérez, Antonio. Pino, Donaciano. Radilla Godoy, Luis. Radilla Rodríguez, Cruz. Radilla Zequeida, Filiberto. Radilla Zequeida, Prudencio. Ramírez Lozano, Rubén. Ramírez Silva, Eulalio. Ramos Pano, José. Rangel de Adame, Simona.
677
Reyes Blanco, Josafat. Reyes Nava, Bruno. Reynada Victoria, Juan. Ríos Ocampo, Agustín. Rodríguez Díaz, Juan. Rodríguez González, Ricardo. Rodríguez Juárez, Ubaldo u Osvaldo. Rodríguez Rodríguez, Fortunato. Rodríguez Solís, Sabino. Román Salgado, Fausto. Romero Radilla, Juan. Romero Vinalay ó Vinlay, Braulio. Ronces Porcayo, Salvador. Salgado Guillén, Máximino. Salmerón H., Israel. Sánchez Barrera, Fernando. Sánchez Magdaleno, Jerónimo. Sánchez Moreno, Amancio. Sánchez Patiño, Abel. Sandoval García, Armando. Sandoval Valdez, Fausto. Sandoval Valdez, Feliciano. Santana Hernández, Columbo. Santiago Dionisio, Octaviano. Solís Morales, Concepción. Sotelo Hernández, María. Sotelo Pérez, Antonio. Sotelo Raviela, Guillermo. Suárez Téllez, José María. Taboada Velázquez, Florencio ó Lorenzo. Téllez Ramírez, Marcos. Trujillo Miranda, Modesto. Ulloa Alcocer, Félix Arman- do. Ulloa Alcocer, Fernando. Ulloa Borneman, Alberto Salvador. Valdez Palacios, Nicolás. Valdez Palacios, Telésforo. Valdez Valdovinos, Clemente. Valdovinos, Onofre. Vargas García, Francisco. Vargas García, Odilón. Vargas Sánchez, Benigno. Vergara Gil, Anastacio. Zambrano Pino, Ascención. Zamora, Antonio.
10.4.- Leyes de amnistía y desistimiento de la acción penal
Ley de Amnistía decretada por el Lic. Luis Echeverría Álvarez en 76
Liberados 1,000 presos de conciencia detenidos en los movimientos de 68 y 71.
Desestimiento de la acción penal de la PGR, por instrucciones del Lic. José López Portillo el 77/ 04/ 11
Se benefician 424 procesados por delitos políticos: rebelión, acopio de armas, invitación a la rebelión, sedición, motín y conspiración. Siguen sujetos a proceso quienes hayan cometido deli- tos del orden común, como secuestros, robos y homicidios.
Desestimiento de la acción penal de la PGR para 82
Se benefician cerca de 4,000 campesinos que por ignorancia se dedicaban al cultivo de amapola y marihuana.
Ley de Amnistía 82/ 09/ 01
Son puestos en libertad 40 presos políticos y 7 exiliados: 12 en penales del D. F., 12 en Jalisco, 2 en Nuevo León, 2 en Guerrero, 3 en Morelos, 2 en Oaxaca, 6 en Sonora, 1 en Veracruz y 7 en el extranjero.
Mecanismos que el Régimen utilizó para corromper el poder 10.5 Doctrina del Ejército
10.5.1 Doctrina de seguridad nacional. Conflicto de baja intensidad, Contrainsurgencia. La manera como opera el mecanismo
Investigar las diferentes formas de ayuda externa, para el control y combate de la disidencia,
10.4.- Leyes de amnistía y desistimiento de la acción penal
Ley de Amnistía decretada por el Lic. Luis Echeverría Álvarez en 76
Liberados 1,000 presos de conciencia detenidos en los movimientos de 68 y 71.
Desestimiento de la acción penal de la PGR, por instrucciones del Lic. José López Portillo el 77/ 04/ 11
Se benefician 424 procesados por delitos políticos: rebelión, acopio de armas, invitación a la rebelión, sedición, motín y conspiración. Siguen sujetos a proceso quienes hayan cometido deli- tos del orden común, como secuestros, robos y homicidios.
Desestimiento de la acción penal de la PGR para 82
Se benefician cerca de 4,000 campesinos que por ignorancia se dedicaban al cultivo de amapola y marihuana.
Ley de Amnistía 82/ 09/ 01
Son puestos en libertad 40 presos políticos y 7 exiliados: 12 en penales del D. F., 12 en Jalisco, 2 en Nuevo León, 2 en Guerrero, 3 en Morelos, 2 en Oaxaca, 6 en Sonora, 1 en Veracruz y 7 en el extranjero.
Mecanismos que el Régimen utilizó para corromper el poder 10.5 Doctrina del Ejército
10.5.1 Doctrina de seguridad nacional. Conflicto de baja intensidad, Contrainsurgencia. La manera como opera el mecanismo
Investigar las diferentes formas de ayuda externa, para el control y combate de la disidencia,
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que recibió el régimen investigado. Es una condena expresa al papel que el gobierno de los Esta- dos Unidos ha tenido en las violaciones cometidas. La prohibición a que nuestro Ejército y policías sean instruidos en doctrinas, estrategias, tácticas y técnicas que violan flagrantemente las disposi- ciones de nuestra Constitución, así como la legislación internacional que México ha suscrito en materia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.
Casos paradigmáticos
A solicitud expresa del presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1967, se envió a Guillermo Urquijo, director de Seguridad Estatal del gobierno de Nuevo León, y a dos de sus oficiales más cercanos a un curso que se abrió en Washington, incluyendo visitas al FBI, a la Academia Internacional de Poli- cíayaunidadesdeseguridaddediversasciudadesdelpaísvecino.1358 (Lissardy;2002,10)Afines de los sesenta, según documentos desclasificados recientemente, el FBI participó en el entrena- miento de algunos policías mexicanos, a pedido del gobierno de México, con el expreso objetivo de reprimir actividades y protestas de movimientos estudiantiles y de izquierda.1359 (Lissardy; 2002, 10) También fue el gobierno de Estados Unidos, junto con los del Reino Unido, Francia y Japón que entrenó al grupo paramilitar de los Halcones a principios de los setenta. Los gobiernos de Estados Unidos y de México trataron de mantener este tipo de colaboración en secreto.
La fuerza cada vez mayor de la insurgencia y la determinación de Echeverría de utilizar técni- cas de contrainsurgencia en el combate a los rebeldes tienen, con el Departamento de Estado de EUA, planteamientos comunes. La Oficina de Investigaciones en septiembre de 1971 alerta sobre “la posible emergencia de un creciente problema de seguridad interna de México” y expresa la creciente preocupación de los Estados Unidos por la estabilidad y seguridad interna de México. Washington ofrece equipamiento y más adiestramiento para que el gobierno mexicano pueda ven- ceralosrebeldes.1360 (Lissardy;2002,11,12)ElpresidenteEcheverríainmediatamenteaceptael ofrecimiento.
Emilio Rabasa, canciller del presidente Echeverría, gestiona ante la administración de Nixon formación en trabajo policial y control de masas. Los mecanismos son acordados por el coronel Díaz Escobar, comandante del grupo paramilitar “Los Halcones”. Determinan enviar a veinte agen- tes a cuatro cursos de dieciocho semanas cada uno, entre marzo de 1971 y julio de 1971. Los primeros diecisiete policías reciben cursos de control de fronteras y de aduanas, uso de armas de fuego, investigaciones criminales y de seguridad, métodos de instructor, operaciones de patrulla y controldetránsito,entreotras.1361 (Lissardy;2002,18,19)
1358 Gerardo Lissardy, “Las huellas criminales de Echeverría”, en Proceso, No. 1316, 20 de enero del 2002, México, p. 10. 1359 Ibídem, p. 10.
1360 Ibídem, pp. 11-12.
1361 Gerardo Lissardy, “Documentado, el entrenamiento de los “Halcones” en Washington”, en Proceso, No. 1317, 27 de enero del 2002, pp. 18-19.
Casos paradigmáticos
A solicitud expresa del presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1967, se envió a Guillermo Urquijo, director de Seguridad Estatal del gobierno de Nuevo León, y a dos de sus oficiales más cercanos a un curso que se abrió en Washington, incluyendo visitas al FBI, a la Academia Internacional de Poli- cíayaunidadesdeseguridaddediversasciudadesdelpaísvecino.1358 (Lissardy;2002,10)Afines de los sesenta, según documentos desclasificados recientemente, el FBI participó en el entrena- miento de algunos policías mexicanos, a pedido del gobierno de México, con el expreso objetivo de reprimir actividades y protestas de movimientos estudiantiles y de izquierda.1359 (Lissardy; 2002, 10) También fue el gobierno de Estados Unidos, junto con los del Reino Unido, Francia y Japón que entrenó al grupo paramilitar de los Halcones a principios de los setenta. Los gobiernos de Estados Unidos y de México trataron de mantener este tipo de colaboración en secreto.
La fuerza cada vez mayor de la insurgencia y la determinación de Echeverría de utilizar técni- cas de contrainsurgencia en el combate a los rebeldes tienen, con el Departamento de Estado de EUA, planteamientos comunes. La Oficina de Investigaciones en septiembre de 1971 alerta sobre “la posible emergencia de un creciente problema de seguridad interna de México” y expresa la creciente preocupación de los Estados Unidos por la estabilidad y seguridad interna de México. Washington ofrece equipamiento y más adiestramiento para que el gobierno mexicano pueda ven- ceralosrebeldes.1360 (Lissardy;2002,11,12)ElpresidenteEcheverríainmediatamenteaceptael ofrecimiento.
Emilio Rabasa, canciller del presidente Echeverría, gestiona ante la administración de Nixon formación en trabajo policial y control de masas. Los mecanismos son acordados por el coronel Díaz Escobar, comandante del grupo paramilitar “Los Halcones”. Determinan enviar a veinte agen- tes a cuatro cursos de dieciocho semanas cada uno, entre marzo de 1971 y julio de 1971. Los primeros diecisiete policías reciben cursos de control de fronteras y de aduanas, uso de armas de fuego, investigaciones criminales y de seguridad, métodos de instructor, operaciones de patrulla y controldetránsito,entreotras.1361 (Lissardy;2002,18,19)
1358 Gerardo Lissardy, “Las huellas criminales de Echeverría”, en Proceso, No. 1316, 20 de enero del 2002, México, p. 10. 1359 Ibídem, p. 10.
1360 Ibídem, pp. 11-12.
1361 Gerardo Lissardy, “Documentado, el entrenamiento de los “Halcones” en Washington”, en Proceso, No. 1317, 27 de enero del 2002, pp. 18-19.
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Magnitud del fenómeno.
Según la organización School of the Americas Watch (SOAW), desde su fundación la Es- cuela de las Américas ha entrenado a 60,000 soldados latinoamericanos en técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar, y técnicas de tortura. Estos graduados han dejado un largo trecho de sangre y sufrimiento en sus países. Hoy día entrena entre 900 y 2000 militares de América Latina por año.
En septiembre de 1996 la intensa presión de grupos religiosos y civiles obligaron al Pentá- gono dar a conocer a la opinión pública norteamericana siete de sus manuales de entrenamiento en español utilizados hasta 1991. Aunque en dichos textos no se recomienda el uso de técnicas de interrogación como la tortura, ejecución y detención de familiares de los interrogados, egresados de la Escuela han sostenido públicamente que sí se les impartieron y promovieron dichas prácticas, incluso gente sin hogar fue utilizada como “animales de laboratorio” para los entrenamientos de tortura.1362 Elgobiernonorteamericanoysusdefensoreshanocultadosusprácticascriminalessos- tenido siempre que sus objetivos se encuentran enmarcados en la promoción y defensa de valores democráticos de las fuerzas militares latinoamericanas.
Los países latinoamericanos con mayor índice de violaciones en derechos humanos son los que han enviado el mayor número de militares a la Escuela de las Américas. Durante el apogeo de la represión militar, han sobresalido la Bolivia del General Bánzer, Nicaragua bajo los Somozas y El Salvador durante los años más sangrientos de la guerra civil. De los 60 oficiales involucrados en atrocidades y genocidio enumerados por el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas referente a El Salvador, más de dos tercios son egresados de la Escuela de las Américas. México después del levantamiento indígena de 1994, se convirtió en el principal cliente de esa Academia.1363
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a más de mil militares a estudiar 1193 cursos en la Escuela de las Américas entre los años 1953 y 1996. 340 militares mexicanos han recibido cursos sobre tácticas de contrainsurgencia y adoctrinamiento en “doctrina de la seguridad nacional” entre 1953 y 1980.1364
1362 Entre esos manuales se pueden consultar en la hoja Web de School of the Americas Watch (http://www.soaw.org), los siguientes: Terrorismo y Guerrilla Urbana, http://www.soaw.org/Manuals/ter-urb.html; Inteligencia de Combate, http://www.soaw.org/Manuals/intel-comb-toc.html; Manual de Estudio Manejo de Fuente, http://www.soaw.org/Manuals/ manejo-toc.html; Manual de Estudio Interrogación, http://www.soaw.org/Manuals/inter.html.
1363SOA Watch, La Escuela de Asesinos, SOA Watch, p. 1, http://www.soaw.org.
1364 Teniendo los datos de School of the Americas Watch, SOA Students and Instructors from Mexico 1953-1996, information scanned from documents provided by the US Army School of the Americas under the Freedom of Information Act, podemos inferir que entre 50 y 80 fueron preparados en la Escuela de las Américas 340 militares mexicanos: 2 cabos, 1 Marino, 30 Sargentos 2o, 18 Sargentos 1o, 9 Sargentos, 31 Subtenientes, 2 Tenientes 2o, 13 Tenientes 1o, 97 Tenientes, 7 Capitanes 2o, 11 Capitanes 1o, 52 Capitanes, 29 Mayores, 27 Tenientes Coroneles, 8 Coroneles, 1 General de Brigada, 1 Primer Maestre I. M., y 1 Capitán 1o D.E.M, de los cuales aproximadamente el 85% cursó estudios que los capacitaron para involucrarse en actividades operativas de contrainsurgencia en todas sus técnicas y fases de implementación.
En septiembre de 1996 la intensa presión de grupos religiosos y civiles obligaron al Pentá- gono dar a conocer a la opinión pública norteamericana siete de sus manuales de entrenamiento en español utilizados hasta 1991. Aunque en dichos textos no se recomienda el uso de técnicas de interrogación como la tortura, ejecución y detención de familiares de los interrogados, egresados de la Escuela han sostenido públicamente que sí se les impartieron y promovieron dichas prácticas, incluso gente sin hogar fue utilizada como “animales de laboratorio” para los entrenamientos de tortura.1362 Elgobiernonorteamericanoysusdefensoreshanocultadosusprácticascriminalessos- tenido siempre que sus objetivos se encuentran enmarcados en la promoción y defensa de valores democráticos de las fuerzas militares latinoamericanas.
Los países latinoamericanos con mayor índice de violaciones en derechos humanos son los que han enviado el mayor número de militares a la Escuela de las Américas. Durante el apogeo de la represión militar, han sobresalido la Bolivia del General Bánzer, Nicaragua bajo los Somozas y El Salvador durante los años más sangrientos de la guerra civil. De los 60 oficiales involucrados en atrocidades y genocidio enumerados por el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas referente a El Salvador, más de dos tercios son egresados de la Escuela de las Américas. México después del levantamiento indígena de 1994, se convirtió en el principal cliente de esa Academia.1363
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a más de mil militares a estudiar 1193 cursos en la Escuela de las Américas entre los años 1953 y 1996. 340 militares mexicanos han recibido cursos sobre tácticas de contrainsurgencia y adoctrinamiento en “doctrina de la seguridad nacional” entre 1953 y 1980.1364
1362 Entre esos manuales se pueden consultar en la hoja Web de School of the Americas Watch (http://www.soaw.org), los siguientes: Terrorismo y Guerrilla Urbana, http://www.soaw.org/Manuals/ter-urb.html; Inteligencia de Combate, http://www.soaw.org/Manuals/intel-comb-toc.html; Manual de Estudio Manejo de Fuente, http://www.soaw.org/Manuals/ manejo-toc.html; Manual de Estudio Interrogación, http://www.soaw.org/Manuals/inter.html.
1363SOA Watch, La Escuela de Asesinos, SOA Watch, p. 1, http://www.soaw.org.
1364 Teniendo los datos de School of the Americas Watch, SOA Students and Instructors from Mexico 1953-1996, information scanned from documents provided by the US Army School of the Americas under the Freedom of Information Act, podemos inferir que entre 50 y 80 fueron preparados en la Escuela de las Américas 340 militares mexicanos: 2 cabos, 1 Marino, 30 Sargentos 2o, 18 Sargentos 1o, 9 Sargentos, 31 Subtenientes, 2 Tenientes 2o, 13 Tenientes 1o, 97 Tenientes, 7 Capitanes 2o, 11 Capitanes 1o, 52 Capitanes, 29 Mayores, 27 Tenientes Coroneles, 8 Coroneles, 1 General de Brigada, 1 Primer Maestre I. M., y 1 Capitán 1o D.E.M, de los cuales aproximadamente el 85% cursó estudios que los capacitaron para involucrarse en actividades operativas de contrainsurgencia en todas sus técnicas y fases de implementación.
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Listado de casos
Por ejemplo, Rodolfo Alvarado Hernández, Capitán Primero el dos de Octubre de 1968, participó en la masacre de la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco como comandante de la Se- gunda Compañía del Primer Batallón de Infantería. Es egresado en 1955 de la Escuela de las Amé- ricas, cuando tenía el rango de Sargento Segundo. Siguió el curso de “Policía Militar”, del 17 de enero de 1955 al 04 de marzo de 1955. Entre las materias que cursó están las de tácticas de contrainsurgencia. En 2001 es el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno de Puebla.1365
El Mayor Javier de Flon González, entonces jefe de operaciones (SIO) del Estado Mayor del Cuerpo de Guardias Presidenciales, fue responsable durante el movimiento estudiantil de 1968 de coordinar los grupos de infiltración de personal militar dentro de las bases estudiantiles y encargar- se de la inteligencia (recabar datos, noticias y sucesos de “primera mano”, directos de las asam- bleas del Consejo Nacional de Huelga). Bajo el rango de teniente cubrió del 19d e enero de 1957 al 12 de abril de 1957 el curso de “Armas de Infantería” en la Escuela de las Américas.1366
Uno de los que más sobresalió en el genocidio del 02 de octubre de 1968 fue el entonces coronel Jesús Castañeda Gutiérrez, comandante del Primer Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, quien del 15 de enero 1962 al 23 de marzo de 1962 cubrió, teniendo el rango de Teniente Coronel, el curso de “Orientación en contra-insurrecciones” impartido en la Es- cuela de las Américas. Todos los que participaron como comandantes en la Plaza de las Tres Cultu- ras recibieron del gobierno un automóvil LTD último modelo (69). El coronel Castañeda poco des- pués de la masacre fue ascendido al grado de General.1367
10.6 PLAN DN-II del Ejército Nacional Mexicano
10.6.1 La manera como opera el mecanismo
Diversa .bibliografía y publicaciones interpretan el actuar de las fuerzas armadas en los si- guientes términos: todos los Ejércitos del mundo tienen como función central, por cometido, la segu- ridad nacional o defensa del país ante enemigos que pongan en riesgo su soberanía. Para el Ejérci- to Nacional Mexicano, estas tareas se engloban en el llamado Plan DN-I. Otra función adicional que en el mundo actual se reconoce como una labor que enaltece al instituto armado, es el apoyo que puede ofrecer a la población en situaciones de emergencia y desastres. A estas tareas, el Ejército Nacional Mexicano las engloba en el llamado Plan DN-III. Pero hay otras tareas que asumen algunos ejércitos, exclusivamente en países que se asumen como dependientes y tercermundistas, y son las tareas de seguridad pública como policía, de control interno, de espionaje, de contrainsurgencia, de combate al narcotráfico u otras actividades que corresponderían a las procuradurías, a otros orga- nismos del Estado, o bien, que son impropias para el propio Estado. Las tareas de este tipo que realiza el Ejército Nacional Mexicano, están enmarcadas en el llamado Plan DN-II.
1365 School of the Americas Watch, AÑO, SOA Students and Instructors from Mexico 1953-1996, information scanned from documents provided by the US Army School of the Americas under the Freedom of Information Act. http://www.soaw.org y José Gil Olmos, “La plaza era una ratonera, y el edificio Chihuahua, la trampa”, en Proceso, No. 1311, 16 de diciembre del 2001, p. 18.
1366 Datos tomados de School of the Americas Watch, Op. Cit. y José Gil Olmos, op. cit., p. 18. 1367 Ibídem, pp. 18-19.
Por ejemplo, Rodolfo Alvarado Hernández, Capitán Primero el dos de Octubre de 1968, participó en la masacre de la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco como comandante de la Se- gunda Compañía del Primer Batallón de Infantería. Es egresado en 1955 de la Escuela de las Amé- ricas, cuando tenía el rango de Sargento Segundo. Siguió el curso de “Policía Militar”, del 17 de enero de 1955 al 04 de marzo de 1955. Entre las materias que cursó están las de tácticas de contrainsurgencia. En 2001 es el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno de Puebla.1365
El Mayor Javier de Flon González, entonces jefe de operaciones (SIO) del Estado Mayor del Cuerpo de Guardias Presidenciales, fue responsable durante el movimiento estudiantil de 1968 de coordinar los grupos de infiltración de personal militar dentro de las bases estudiantiles y encargar- se de la inteligencia (recabar datos, noticias y sucesos de “primera mano”, directos de las asam- bleas del Consejo Nacional de Huelga). Bajo el rango de teniente cubrió del 19d e enero de 1957 al 12 de abril de 1957 el curso de “Armas de Infantería” en la Escuela de las Américas.1366
Uno de los que más sobresalió en el genocidio del 02 de octubre de 1968 fue el entonces coronel Jesús Castañeda Gutiérrez, comandante del Primer Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, quien del 15 de enero 1962 al 23 de marzo de 1962 cubrió, teniendo el rango de Teniente Coronel, el curso de “Orientación en contra-insurrecciones” impartido en la Es- cuela de las Américas. Todos los que participaron como comandantes en la Plaza de las Tres Cultu- ras recibieron del gobierno un automóvil LTD último modelo (69). El coronel Castañeda poco des- pués de la masacre fue ascendido al grado de General.1367
10.6 PLAN DN-II del Ejército Nacional Mexicano
10.6.1 La manera como opera el mecanismo
Diversa .bibliografía y publicaciones interpretan el actuar de las fuerzas armadas en los si- guientes términos: todos los Ejércitos del mundo tienen como función central, por cometido, la segu- ridad nacional o defensa del país ante enemigos que pongan en riesgo su soberanía. Para el Ejérci- to Nacional Mexicano, estas tareas se engloban en el llamado Plan DN-I. Otra función adicional que en el mundo actual se reconoce como una labor que enaltece al instituto armado, es el apoyo que puede ofrecer a la población en situaciones de emergencia y desastres. A estas tareas, el Ejército Nacional Mexicano las engloba en el llamado Plan DN-III. Pero hay otras tareas que asumen algunos ejércitos, exclusivamente en países que se asumen como dependientes y tercermundistas, y son las tareas de seguridad pública como policía, de control interno, de espionaje, de contrainsurgencia, de combate al narcotráfico u otras actividades que corresponderían a las procuradurías, a otros orga- nismos del Estado, o bien, que son impropias para el propio Estado. Las tareas de este tipo que realiza el Ejército Nacional Mexicano, están enmarcadas en el llamado Plan DN-II.
1365 School of the Americas Watch, AÑO, SOA Students and Instructors from Mexico 1953-1996, information scanned from documents provided by the US Army School of the Americas under the Freedom of Information Act. http://www.soaw.org y José Gil Olmos, “La plaza era una ratonera, y el edificio Chihuahua, la trampa”, en Proceso, No. 1311, 16 de diciembre del 2001, p. 18.
1366 Datos tomados de School of the Americas Watch, Op. Cit. y José Gil Olmos, op. cit., p. 18. 1367 Ibídem, pp. 18-19.
681
En 1954, al parecer un incidente en el que unos militares perdieron la vida al desarmar de manera imprudente a unos borrachos, el Estado Mayor pudo haber instruido a la 27a ZM para que capacitara a sus elementos y no se repitieran percances como el sucedido. Como respuesta a este requerimiento, el 21 de abril de ese año la ZM al parecer elaboró un ‘Instructivo para la Actuación de los Comandantes de Partidas Federales dependientes de la 27a ZM’. Dicho Instructivo1368 contie- ne 44 artículos de Obligaciones Generales, y 9 de Obligaciones para con el Servicio Militar Nacio- nal. Destaco los siguientes.
El comandante:
El comandante:
“6o
“7o
“15o
“16o
“17o “34o
“37o
“7o
“15o
“16o
“17o “34o
“37o
Procurará por todos conceptos que las relaciones entre las autoridades civiles, federales, la población y elementos de su partida sean cordiales, pues deben tener presente que el Ejército de la Revolución emana del pueblo, a quien tiene la obligación de respetar e impartirle garantías.
Es obligación del comandante procurar que el personal a su mando observe la compostura debida en actos del servicio y en su conducta civil evitando por to- dos conceptos que se cometan actos que desprestigien al Ejército.
Siendo responsable de la tranquilidad de la región donde se encuentre, siem- pre que tenga conocimiento de que se va a cometer, se está cometiendo o se ha cometido algún delito, con la prontitud que el caso requiera llevará a cabo la detención de los delincuentes poniéndolos a disposición de las autoridades com- petentes con la documentación que se requiera para los efectos legales.
Toda orden de aprehensión la recibirá precisamente por conducto de la ZM o de la Comandancia del Sector a que pertenezca, debiendo ejecutarla con la mayor discreción, inteligencia y actividad.
Cuando logre la aprehensión de algún delincuente, lo pondrá a disposición de la Autoridad que lo reclame.
En principio la seguridad del poblado y la conservación del orden público que- dará bajo la responsabilidad de la policía local o del Estado. Todo Comandante de Partida deberá abstenerse de intervenir en asuntos policíacos y sólo lo harán en caso de flagrante delito (Art. 16 de la Constitución y 28 del Reglamento Gene- ral de Deberes Militares).
Queda prohibido introducirse a las casas particulares con el pretexto de perse- guir algún maleante o recoger armas, salvo el caso de existir orden de cateo, dictada por un Juzgado.
Es obligación del comandante procurar que el personal a su mando observe la compostura debida en actos del servicio y en su conducta civil evitando por to- dos conceptos que se cometan actos que desprestigien al Ejército.
Siendo responsable de la tranquilidad de la región donde se encuentre, siem- pre que tenga conocimiento de que se va a cometer, se está cometiendo o se ha cometido algún delito, con la prontitud que el caso requiera llevará a cabo la detención de los delincuentes poniéndolos a disposición de las autoridades com- petentes con la documentación que se requiera para los efectos legales.
Toda orden de aprehensión la recibirá precisamente por conducto de la ZM o de la Comandancia del Sector a que pertenezca, debiendo ejecutarla con la mayor discreción, inteligencia y actividad.
Cuando logre la aprehensión de algún delincuente, lo pondrá a disposición de la Autoridad que lo reclame.
En principio la seguridad del poblado y la conservación del orden público que- dará bajo la responsabilidad de la policía local o del Estado. Todo Comandante de Partida deberá abstenerse de intervenir en asuntos policíacos y sólo lo harán en caso de flagrante delito (Art. 16 de la Constitución y 28 del Reglamento Gene- ral de Deberes Militares).
Queda prohibido introducirse a las casas particulares con el pretexto de perse- guir algún maleante o recoger armas, salvo el caso de existir orden de cateo, dictada por un Juzgado.
1368 Instructivo para la Actuación de Comandantes de Partidas Federales dependientes de la 27a ZM (82/ 247/ 51 a 55)
682
“38o Cuando tenga conocimiento de que en la región encomendada a su cuidado arribe algún elemento que trate de agitar a los habitantes para la alteración del orden público, procurará observarlo y si lo considera sospechoso dará parte inmediatamente a la Zona o Sector Militar.
“44o La observancia de las anteriores disposiciones que se expiden para facilitar el cumplimiento de los diversos servicios encomendados, no elimina el acatamiento de las consignas en las Leyes y Reglamentos Militares Vigentes”
La situación jurídica en la actuación del Ejército en tareas que son ajenas a su quehacer fundamental, orillan al Ejército a reglamentar su actuación, sin tener facultades para ello y de manera equívoca.
El instituto armado se reconoce a sí mismo como un Ejército que emana del pueblo y de la Revolución o, como el Artículo 6o de este instructivo lo señala: “deben tener presente que el Ejército de la Revolución emana del pueblo, a quien tiene la obligación de respetar e impartirle garantías.”
El 7 de diciembre de 19581369 se instruye a los comandantes de las Zonas Militares, por acuerdo del C. Secretario de la Defensa Nacional, de que el Ejército Mexicano podrá intervenir en casos urgentes de trastorno del orden público en que sea manifiesta la impotencia de la policía para restablecerlo y en los de flagrante delito. El 7 de diciembre de 1958 ... como es sabido, en México, cualquier persona puede ser detenida en delito flagrante, sin embargo, esta directiva, al igual que la de 1954, da pauta para que el ejército asuma esta tarea institucionalmente, y además, por disposi- ción legal, asume la función de resguardar el orden público, lo cual no es correcto que le correspon- da.
Una forma de alterar el orden público es la delincuencia que genera violencia. El Estado dispone por tal razón de la policía preventiva y, en caso de que haya delito que perseguir, dispone de los agentes del Ministerio Público que deben investigar el delito y que pueden ordenar a los agentes de la policía judicial que presenten al presunto responsable para que sea juzgado conforme a dere- cho. Siendo tan elemental el razonamiento expuesto, se invoca debido a que los partes del Ejército dan a entender que esto no se aplica al estado de Guerrero o se trata de algún concepto utópico que nada tiene que ver con la realidad. El involucramiento del Ejército en la persecución de presuntos delincuentes de las gavillas de maleantes, pese a que no debería ser de su incumbencia, resulta a tal grado importante, que toma el cariz de constituir su misma razón de ser, permitiéndole salir de los cuarteles y justificando su presencia en la zona.1370
1369 Mediante oficio número 44030 (431/ 1427/ 8) Jefe de EM, Tomás Sánchez Hernández (2003) por acuerdo del C. Secretario. La cita se refiere a los documentos depositados por la SEDENA en el Archivo General de la Nación, Galería 7. El primer número responderá a la caja en que se encuentra, el segundo número al legajo y el tercer número a la foja que corresponde.
1370 Así, por ejemplo, en un cuadro sinóptico intitulado ‘Relación que manifiesta los hechos en que han intervenido tropas de esta jurisdicción militar en contra de abigeos y maleantes en el Estado de Guerrero del año de 1965 a la fecha’, del 28 de febrero de 1968, dan cuenta de más de cien acciones militares en contra de gavillas en la zona. El documento (90/ 274/ f. 1 a 8) detalla fecha, lugar, unidad, hechos, resultados, armamento decomisado, heridos, muertos y observacio- nes de cada intervención.
“44o La observancia de las anteriores disposiciones que se expiden para facilitar el cumplimiento de los diversos servicios encomendados, no elimina el acatamiento de las consignas en las Leyes y Reglamentos Militares Vigentes”
La situación jurídica en la actuación del Ejército en tareas que son ajenas a su quehacer fundamental, orillan al Ejército a reglamentar su actuación, sin tener facultades para ello y de manera equívoca.
El instituto armado se reconoce a sí mismo como un Ejército que emana del pueblo y de la Revolución o, como el Artículo 6o de este instructivo lo señala: “deben tener presente que el Ejército de la Revolución emana del pueblo, a quien tiene la obligación de respetar e impartirle garantías.”
El 7 de diciembre de 19581369 se instruye a los comandantes de las Zonas Militares, por acuerdo del C. Secretario de la Defensa Nacional, de que el Ejército Mexicano podrá intervenir en casos urgentes de trastorno del orden público en que sea manifiesta la impotencia de la policía para restablecerlo y en los de flagrante delito. El 7 de diciembre de 1958 ... como es sabido, en México, cualquier persona puede ser detenida en delito flagrante, sin embargo, esta directiva, al igual que la de 1954, da pauta para que el ejército asuma esta tarea institucionalmente, y además, por disposi- ción legal, asume la función de resguardar el orden público, lo cual no es correcto que le correspon- da.
Una forma de alterar el orden público es la delincuencia que genera violencia. El Estado dispone por tal razón de la policía preventiva y, en caso de que haya delito que perseguir, dispone de los agentes del Ministerio Público que deben investigar el delito y que pueden ordenar a los agentes de la policía judicial que presenten al presunto responsable para que sea juzgado conforme a dere- cho. Siendo tan elemental el razonamiento expuesto, se invoca debido a que los partes del Ejército dan a entender que esto no se aplica al estado de Guerrero o se trata de algún concepto utópico que nada tiene que ver con la realidad. El involucramiento del Ejército en la persecución de presuntos delincuentes de las gavillas de maleantes, pese a que no debería ser de su incumbencia, resulta a tal grado importante, que toma el cariz de constituir su misma razón de ser, permitiéndole salir de los cuarteles y justificando su presencia en la zona.1370
1369 Mediante oficio número 44030 (431/ 1427/ 8) Jefe de EM, Tomás Sánchez Hernández (2003) por acuerdo del C. Secretario. La cita se refiere a los documentos depositados por la SEDENA en el Archivo General de la Nación, Galería 7. El primer número responderá a la caja en que se encuentra, el segundo número al legajo y el tercer número a la foja que corresponde.
1370 Así, por ejemplo, en un cuadro sinóptico intitulado ‘Relación que manifiesta los hechos en que han intervenido tropas de esta jurisdicción militar en contra de abigeos y maleantes en el Estado de Guerrero del año de 1965 a la fecha’, del 28 de febrero de 1968, dan cuenta de más de cien acciones militares en contra de gavillas en la zona. El documento (90/ 274/ f. 1 a 8) detalla fecha, lugar, unidad, hechos, resultados, armamento decomisado, heridos, muertos y observacio- nes de cada intervención.
683
Miembros de la Brigada Blanca
| Grupo Zorba "II" de Información | ||||
| No. Nombre Corporación Desempeño de cargo o servicio Guardia | ||||
| 1 | Beltran Soto Eduardo | Grupo de Patrulla 4012 | 1a. | |
| 2 | Morales Monroy | DIPD | Comandante de la 1a. | 1a. |
| 3 | Saavedra Jaimes Amado | Al grupo de patrullas | 2a. | |
| 4 | Jaimes Zuñiga Jesús | Patrullas | Grupo de Patrulla 4012 | 2a. |
| 5 | Duran Pacheco José Manuel | 3er. Batallón Policía Militar | Grupo de Patrulla 4012 | 1a. |
| 6 | Palma García Manuel | Grupo de Patrulla 4012 | 1a. | |
| 7 | Martínez San Martín Daniel | DIPD | Grupo de Patrulla 4012 | 2a. |
| 8 | García Duarte Arnulfo | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de Patrulla 4012 | 3a. |
| 9 | Sanchez Estrada Sergio | DFS | Comandante del grupo de Patrulla 4013 | 1a. |
| 10 | Ramírez Gutiérrez Juan José | Policía Judicial del D. F. | Grupo de Patrulla 4013 | 1a. |
| 11 | Juárez Ram írez Roberto | 3er. Batallón Policía Militar | Grupo de Patrulla 4013 | 1a. |
| 12 | Palma Gaona Arturo | Grupo de Patrulla 4013 | 1a. | |
| 13 | Torres Martínez Enrique | Granadero 2o. Batallón | Grupo de Patrulla 4013 | 1a. |
| 14 | ValdézCervantes José | Policía Judicial del Estado de México | Comandante de grupo de Patrulla 4014 | 1a. |
| 15 | Torres Gutiérrez Omar | Grupo de Patrulla 4013 | 1a. | |
| 16 | Montes de Oca Ram írez Alfredo | Policía Judicial del D. F. | Grupo de Patrulla 4014 | 1a. |
| 17 | Luz López Salvador H. | Grupo de Patrulla 4014 | 1a. | |
| 18 | Osorio Robles César | 3er. Batallón Policía Militar | Grupo de Patrulla 4014 | 1a. |
| 19 | JimenezVillarreal José Francis | DFS | Grupo de Patrulla 4014 | 2a. |
| 20 | Del Ángel Díaz Venancio | 2o. Batallón de Policía Militar | Grupo de explosivos (telefonista) | 1a. |
| 21 | Gonzalez González Cipriano | 1er. Batallón de Policía Militar | Grupo de comunicaciones (telefonos) | 2a. |
| 22 | Zamudio González Roberto | Granadero 2o. Batallón | Grupo de Patrulla 4014 | 2a. |
| 23 | Cantellano Hernández Heribert | 2o. Batallón de Policía Militar | Sección secretaria (escribiente) | 1a. |
| 24 | Sandoval Flores J. Asencion | 2o. Batallón de Policía Militar | Depositario | 1a. |
| 25 | Gómez García Elena | Policía Judicial Federal Militar | ||
| 26 | Gutiérrez Morales Nazario | DIPD | Grupo de Patrullas | 2a. |
| 27 | PérezGuzmán Telesforo | 2o. Batallón de Policía Preventiva | Servicio de Correspondencia | 1a,2a., 3a. |
| 28 | Pérez Piña José Luis | Servicios Generales | ||
| 29 | Candiani Zamora Francisco | DIPD | Comandante de la Guardia 2a. | 2a. |
| 30 | Medina Contreras Samuel | DIPD | Comandante de la Guardia 2a. | 2a. |
| 31 | Valles LópezJosé Luis | Cuartel General, Policía Militar | Sección secretaria (escribiente) | 2a. |
| 32 | Montes de Oca ChávezJaime | DFS | Comandante de la 2a. Guardia | 2a. |
| 33 | Guerrero Arellano Antonio | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de patrulla 4015 | 2a. |
684
| No. Nombre Corporación Desempeño de cargo o Guardia servicio | ||||
| 34 | RamírezHerrera Arturo | 3er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla | 3a. |
| 35 | Reyes Campos Alfredo | Comisión del C. Cap. Bernal | ||
| 36 | Guerrero Labastida Florencio | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de patrulla 4015 | 2a. |
| 37 | Gracia Tello Alberto | 2do. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla 4015 | 2a. |
| 38 | Ibarra Delgado Joel | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de patrulla 4015 | 2a. |
| 39 | Pérez Angeles Angeles | DIPD | Comandante de Grupo patrulla 4016 | 2a. |
| 40 | Ortega García Francisco | |||
| 41 | JiménezBorja Carlos | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de patrulla 4016 | 2a. |
| 42 | Abarca Borja Juan | 2do. Batallón de Granaderos | Grupo de patrulla 4016 | 2a. |
| 43 | González Munguia Arturo | DIPD | Comandante de Grupo patrulla 4010 | 1a. |
| 44 | López Aguillón Raúl | Policía Judicial del D. F. | Grupo de patrulla 4016 | 2a. |
| 45 | Ojeda Aguilera Martín | 2do. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla 4016 | 2a. |
| 46 | Vega Mondragón Rene | Policía Judicial del Estado de México | Comandante del Grupo de patrulla 4017 | 2a. |
| 47 | Zavala López Edgardo | DFS | Grupo de patrulla 4017 | 2a. |
| 48 | Montes de Oca Chávez Jaime | DFS | Comandante de la 2a. Guardia | 2a. |
| 49 | Medina Contreras Samuel | DIPD | Comandante de la 2a. Guardia | 2a. |
| 50 | Torres Solorio Bardomiano | Grupo de patrulla 4016 | 2a. | |
| 51 | Moreno Rojas Jaime | 1er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla 4010 | 1a. |
| 52 | Pelaez Rodríguez Juan | 1er. Batallón de Patrullas Policía Preventiva | Grupo de patrulla 4016 | |
| 53 | Moreno JiménezSergio | 3er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla 4017 | 1a. |
| 54 | Gamboa CruzLuis | DIPD | Grupo de patrulla 4017 | 2a. |
| 55 | Uribe González Idelfonso | Grupo de patrulla 4017 | 2a. | |
| 56 | Labas tida Rodríguez Roberto | 2do. Batallón de Granaderos | Grupo de patrulla 4017 | 2a. |
| 57 | Rubio de Viscarrondo Guillermo | Policía Judicial del Estado de México | Grupo de patrulla 4018 | 3a. |
| 58 | Pérez Muñoz Pedro Alberto | 3er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla | 3a. |
| 59 | Solis Galicia Antonio | DIPD | Grupo de patrulla | 3a. |
| 60 | Galindo Hernández Adrián | Policía Judicial del D. F. | Grupo de patrulla 4017 | 2a. |
| 61 | Galvan Dorantes Gregorio I. | DIPD | Comandante del Grupo de patrulla 4019 | 2a. |
| 62 | Gutiérrez Morales Rubén | Grupo de patrulla | ||
| 63 | Martínez Cuevas Valentín R. | DIPD | Grupo de patrulla 4018 | 2a. |
| 64 | López Aguillon Pedro | Policía Judicial del D. F. | Grupo de patrulla 4018 | 2a. |
| 65 | Zamora Ordoñez Delia | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de patrulla 4010 | 1a. |
| 66 | Cardenas Torres Javier | 2do. Batallón de Granaderos | Grupo de patrulla 4019 | 1a. |
685
| No. Nom bre Corporación Desem peño de cargo o Guardia servicio | ||||
| 67 | Salazar Vázquez Candelario | 2do. Batallón de Granaderos | Grupo de patrulla 4019 | 2a. |
| 68 | GonzálezMoreno Gustavo | Policía Judicial del D.F. | Grupo de patrulla 4019 | 3a. |
| 69 | Martínez Pérez Miguel | 2do. Batallón de Policía Militar | Grupo explosivos (telefonis ta) | 2a. |
| 70 | Girón Ortiz Pablo | D FS | Servicios Especiales | |
| 71 | Olivares Rubén | s/c | Servicios Generales | |
| 72 | Magdaleno Mena Tom as | Servicios Especiales | ||
| 73 | Ríos Vargas Ranulfo | D FS | Servicios Especiales | |
| 74 | Martínez Valenzuela Gus tavo | Policía Judicial Federal Militar | Comadante de la 3er. Guardia | 3a. |
| 75 | Isse NuñezElias | Policía Judicial Federal Militar | Comadante de la 3er. Guardia | 3a. |
| 76 | Jim énez Macias Alfredo | Policía Judicial del D.F. | Grupo de patrulla 4010 | 1a. |
| 77 | Santiago Ríos Ángel | Escribiente en la 3er. Guardia | 3a. | |
| 78 | Jurado González Gerardo | D FS | Com andante de la 3a. Guardia | 3a. |
| 79 | Fiesco ChávezEduardo | Grupo de patrullas 4020 | 3a. | |
| 80 | Rodríguez Juárez Ma. Ignacia | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de patrullas 4020 | 3a. |
| 81 | Mateos Acosta Arturo | Policía Judicial del D.F. | Grupo de patrullas 4020 | 3a. |
| 82 | Orosco Cisneros Francisco | Grupo de patrullas 4020 | 3a. | |
| 83 | Parra Silva Gabriel | Policía Judicial del D.F. | Grupo de patrullas 4020 | 3a. |
| 84 | Fiesco ChávezÁngel | Grupo de patrullas 4020 | 3a. | |
| 85 | Basurto Martínez Julio César | D FS | Grupo de patrullas 4020 | 3a. |
| 86 | Cruz López Luis | DIPD | Grupo de patrullas 4021 | 3a. |
| 87 | Romero Zuñiga Arturo | 1er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrullas 4021 | 3a. |
| 88 | Padilla Nieto Rafael | Grupo de patrullas 4021 | 3a. | |
| 89 | Guevara Góm ez Rubén | Policía Judicial del D.F. | Grupo de patrullas 4021 | 3a. |
| 90 | AlbitherJarmillo Noe Marciano | 2do. Batallón de Granaderos | Grupo de patrullas 4021 | 3a. |
| 91 | Lara Valadez José | D FS | Grupo de patrullas 4022 | 3a. |
| 92 | Hernández Liquidano Carlos | Grupo de patrullas 4022 | 3a. | |
| 93 | Guel López Salvdor | Policía Judicial Federal Militar | Comandante del Grupo de patrullas 4022 | |
| 94 | Rodríguez González Juan | 1er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrullas 4022 | 3a. |
686
| No. Nombre Corporación Desempeño de cargo o Guardia servicio | ||||
| 95 | Foullon Huerta Raúl | 12do. Batallón de Policía Preventiva | Grupo de patrullas 4010 | 1a. |
| 96 | Aguayo Arellano José | 2do. Batallón de Granaderos | Grupo de patrullas 4022 | 3a. |
| 97 | RamírzQuirvan Bernardo | DIPD | Grupo de patrullas 4022 | 3a. |
| 98 | Vives Silva Luis Manuel | Policía Judicial del Estado de México | Comandante Grupo de patrullas 4011 | 1a. |
| 99 | Magallón León José Alberto | Policía Judicial del D. F. | Grupo de patrullas 4023 | 3a. |
| 100 | RamírezLópezDavid | 2do. Batallón de Granaderos | Grupo de patrullas 4023 | 3a. |
| 101 | Alvares Reyes Francisco | 3er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrullas 4023 | 3a. |
| 102 | Carvente Carreto Roberto | DIPD | Grupo de patrullas 4023 | 3a. |
| 103 | Romero Zuñiga Antonio | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de patrullas 4024 | 3a. |
| 104 | León Grajeda Ernesto | Grupo de patrullas 4023 | 3a. | |
| 105 | Jaloma Pérez José Luis | Grupo de patrullas 4023 | 3a. | |
| 106 | Aguirre Niño Jaime Rene | Grupo de patrulla 4023 | 3a. | |
| 107 | Sánchez Carrillo Arturo | DIPD | Grupo de patrulla 4024 | 3a. |
| 108 | Alfaro Zavala Nicolas | 2do. Batallón de Granaderos | Grupo de patrulla 4024 | 3a. |
| 109 | Mejia Peña Juan Ubaldo | Policía Judiial del D F. | Grupo de patrulla 4024 | 3a. |
| 110 | Hernández Zamano Bernardino | 1er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla 4024 | 3a. |
| 111 | Avitia Olivera Víctor | Policía Judicial del Estdo de México | Comandante del Grupo de patrulla 4025 | 3a. |
| 112 | León Grajeda Raúl | DFS | Grupo de Investigaciones | |
| 113 | Hernández Es candón Honorio | Grupo de patrulla 4021 | 3a. | |
| 114 | González Silva Gustavo | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de patrulla 4022 | |
| 115 | Islas Islas Juan Rodolfo | DFS | Grupo de Investigaciones | |
| 116 | Correa Esparza Roberto | Policía Judicial Federal Militar | Comandante de la 1a. Guardia | 1a. |
| 117 | Villegas José Antonio | Grupo de patrulla 4024 | 3a. | |
| 118 | Ibarra Silva Juan Manuel | Policía Judicial del Estdo de México | Grupo de patrulla 4025 | 3a. |
| 119 | Mejia Sánchez Gloria Oralia | Policía Judicial del Estdo de México | Grupo de patrulla 4025 | 3a. |
| 120 | Cárdenas Villalba J. Francisco | 1er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla 4011 | 1a. |
| 121 | Muñoz Botello Efrain | Policía Judicial del Estdo de México | Comisionado con el C. Cmdte. Avitia (4025) | 3a. |
| 122 | Robles Garibay Felix Hilario | Policía Judicial del Estdo de México | Comisionado con el C. Cmdte. Avitia (4025) | 3a. |
| 123 | RamírezVargas Salvador | Grupo de patrulla 4011 | ||
| 124 | Urbina García Eduardo | 3er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrullas (servicios generales) | 3a. |
| 125 | Milian Dueñas Enrique | DIPD | Servicios Generales | 3a. |
| 126 | HernándezMeza Ramón | 2do. Batallón de Policía Militar | Telefonista | 3a. |
| 127 | Marquez Garnica José Nicolas | 2do. Batallón de Policía Militar | Grupo Explosivos (telefonis ta) | 3a. |
| 128 | Plata Barrera Víctor Jesús | DIPD | Grupo de patrulla 4021 | 3a. |
| 129 | Leonel Rojo Rivera | Policía Judicial del Estado de México | Grupo mayor Tanus | |
| 130 | Palomeque Silva Juan | Policía Judicial Federal | ||
687
| No. Nombre Corporación Desempeño de cargo o Guardia servicio | ||||
| 131 | Hernández Bernal Mario | Policía Judicial Federal Militar | (capitán) | |
| 132 | Díaz Uribe Pablo | DIPD | Comisionado con el Cmte. Reta | |
| 133 | Matus RamírezJosé Luis | Policía Judicial del Estado de México | Grupo mayor Tanus | |
| 134 | Ortiz Sánchez Ernesto | DIPD | Grupo de patrulla 4011 | 1a. |
| 135 | Perdomo Aguilar José Luis | Grupo de patrulla 4011 | 1a. | |
| 136 | Zuñiga González Héctor A. | Grupo de patrulla 4011 | 1a. | |
| 137 | Maya Suárez Sofia Maritza | DIPD | Grupo de Investigaciones | |
| 138 | MarquezMontero Gustavo | DIPD | Grupo de Investigaciones | |
| 139 | Ram írez Ugalde Eduardo | Policía Judicial del Estado de México | Grupo de Investigaciones | |
| 140 | Nieto Uribe Guillermo | Grupo de Investigaciones | ||
| 141 | VillagómezPrado Sergio | Policía Judicial Federal Militar | Grupo de Investigaciones | |
| 142 | Viloria Vázquez Othón | DFS | Grupo de Investigaciones | |
| 143 | Uribe Meneses Ignacio | Grupo de Investigaciones | ||
| 144 | Fuentes Héctor | Archivo | ||
| 145 | Prado Hurtado Juventino | DFS | Comandante de Investigaciones | |
| 146 | Pérez Carmona Raúl | DFS | Comandante de Investigaciones | |
| 147 | Fernandez Vázquez Jorge | DFS | Grupo de Investigaciones | |
| 148 | Martínez Bermudez Javier | 1er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla 4010 | 1a. |
| 149 | Get Cárdenas Cesar Marcos | Policía Judicial del D. F. | Grupo de Investigaciones | |
| 150 | Estrada Bermudez Roberto | 3er. Batallón de Policía Militar | Grupo de patrulla 4019 | 2a. |
| 151 | Huerta Trejo Juan | DIPD | Grupo de Investigaciones | |
| 152 | Neri hernández Javier | 3er. Batallón de Policía Militar | Grupo de Explosivos (depos itario) | 2a. |
| 153 | Garcí Sánchez Jorge Luis | DFS | Grupo de Investigaciones | |
| 154 | FelixAmenta Juan Carlos | Servicios Generales | 2a. | |
| 155 | Murillo Rodríguez Guillermo | DFS | Grupo de Investigaciones | |
| 156 | Gómez López Humberto | Policía Judicial del D. F. | Grupo de Investigaciones | |
| 157 | Ríos Vargas Ranulfo | DFS | Grupo de Servicios Especiales | |
688
| No. Nombre Corporación Desempeño de cargo o Guardia servicio | ||||
| 158 | Cifuentes Gutiérrez Julio G. | Policía Judicial del Estado de México | Grupo de Investigaciones | |
| 159 | Juan Milla Galicia | DFS | Grupo de Investigaciones | |
| 160 | Barcenas Elizalde Raym undo | DIPD | Grupo de Investigaciones | |
| 161 | Cortez Mena Alfredo | 1er. Batallón de Policía Militar | Comisionado con el mayor Tanus | |
| 162 | Correa Rodríguez Francisco | Policía Judicial del D. F. | Grupo de Investigaciones | |
| Datos tomados de Javier Ramírez (et. al.), "La Brigada Blanca. Expediente completo de sus integrantes", en Bajo Palabra , Año II, No. 20, México, 16 de junio del 2001. | ||||
10.7 Cooperación de instituciones de salud y de asistencia social para encubrir la repre- sión contra disidentes políticos.
Lamentablemente las instituciones más caras a la sociedad mexicana, por su misión de velar por la salud física y mental de los ciudadanos así como proteger a los desamparados, se desviaron de sus fines para convertirse en cómplices del régimen autoritario, según se reseñará a continua- ción.
Caso de Carlos Francisco Castañeda de la Fuente.
Se trata de una persona ajena a cualquier movimiento social o político, sin embargo, al pare- cer indignado por la matanza del 2 de octubre de 1968, decide matar al Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, fracasando evidentemente en su intento, por lo que fue internado en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, ingresando procedente de la Dirección Federal de Segu- ridad, derivado de juicio de interdicción a petición de su hermano y del Agente del Ministerio Públi- co.
En el expediente se refiere que el 5 de febrero de 1970, durante una ceremonia cívica hizo un disparo contra el automóvil del Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Marcelino García Barragán, creyendo que en dicho vehículo se trasladaba Gustavo Díaz Ordaz.
Refirió que antes de ingresar al institución, estuvo detenido 1 mes en las oficinas de la Direc- ción Federal de Seguridad, 19 días en el Campo Militar número 1 y 3 meses en al estación prisión de la Secretaría de Gobernación.
Lamentablemente las instituciones más caras a la sociedad mexicana, por su misión de velar por la salud física y mental de los ciudadanos así como proteger a los desamparados, se desviaron de sus fines para convertirse en cómplices del régimen autoritario, según se reseñará a continua- ción.
Caso de Carlos Francisco Castañeda de la Fuente.
Se trata de una persona ajena a cualquier movimiento social o político, sin embargo, al pare- cer indignado por la matanza del 2 de octubre de 1968, decide matar al Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, fracasando evidentemente en su intento, por lo que fue internado en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, ingresando procedente de la Dirección Federal de Segu- ridad, derivado de juicio de interdicción a petición de su hermano y del Agente del Ministerio Públi- co.
En el expediente se refiere que el 5 de febrero de 1970, durante una ceremonia cívica hizo un disparo contra el automóvil del Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Marcelino García Barragán, creyendo que en dicho vehículo se trasladaba Gustavo Díaz Ordaz.
Refirió que antes de ingresar al institución, estuvo detenido 1 mes en las oficinas de la Direc- ción Federal de Seguridad, 19 días en el Campo Militar número 1 y 3 meses en al estación prisión de la Secretaría de Gobernación.
689
Se le recluyó en un recinto construido ex profeso para él, conocido como Pabellón 6, en calidad de peligroso, donde fue aislado durante su internamiento en la institución psiquiátrica. Per- maneció internado hasta el 14 de octubre de 1991.
Otros casos similares.
En la investigación documental de campo en los archivos del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, se encontraron 4 expediente clínicos relativos a las siguientes personas: Antonio González Escorza, Víctor Manuel Alcántara Palacios, Pablo Rosillo Silva y Rogelio Margarito Peña Madero, quienes fueron ingresados a solicitud del Capitán Luis de la Barreda Moreno, Director Federal de Seguridad.
En investigación documental realizada en el archivo del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, se encontraron con iguales características, los expedientes clínicos de Alejandro Arroyo Cabañas –por cuya desaparición se encuentra abierta una indagatoria-, Víctor Hugo Montoya Mendoza, Ricardo García Martínez, Antonio B. Castro Wierczorek y Rutilo Casarrubias Carrillo.
Se puede inferir que este fue un modus operandi constante por parte de la policía política del régimen.
Caso de Lucio Antonio Gallangos Vargas
Uno de los expedientes que durante más de 25 años permaneció en los archivos del hospital de la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), fue el Lucio Antonio Gallangos Vargas.
Lucio Antonio Gallangos Vargas, entonces de 4 años de edad, cayó en manos de la Brigada Blanca en junio de 1975, después de un enfrentamiento entre los elementos policíacos e integrantes de la LC23S. Ingresó a la IMAN, el 17 de junio de 1975 y registrado con el nombre de Samuel, sin especificarse fecha de nacimiento ni apellidos. Había resultado herido en el enfrentamiento.
Gracias a la investigaciones de la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, se pudo establecer el paradero de Lucio Antonio en Washington, D.C., Esta- dos Unidos de América, estableciéndose que era el ciudadano mexicano Juan Carlos Hernández Valadez, el cual había sido dado en adopción. Las diligencias –que forman parte de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/004/2002– combaten la impunidad y el encubrimiento que se resisten al Estado nuevo de libertades republicanas.
La averiguación previa respectiva sigue su curso a fin de determinar las responsabilidades penales de los agentes del régimen autoritario que privaron de su libertad, hace 30 años a Roberto Antonio Gallangos Cruz y Carmen Vargas Pérez, padres de Juan Carlos Hernández Valadez, según las pruebas de ADN.
Consecuencia de lo anterior fue que se pudo reintegrar a Lucio Antonio con su hermana Aleyda y demás familiares, desde su desaparición en 1975.
Otros casos similares.
En la investigación documental de campo en los archivos del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, se encontraron 4 expediente clínicos relativos a las siguientes personas: Antonio González Escorza, Víctor Manuel Alcántara Palacios, Pablo Rosillo Silva y Rogelio Margarito Peña Madero, quienes fueron ingresados a solicitud del Capitán Luis de la Barreda Moreno, Director Federal de Seguridad.
En investigación documental realizada en el archivo del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, se encontraron con iguales características, los expedientes clínicos de Alejandro Arroyo Cabañas –por cuya desaparición se encuentra abierta una indagatoria-, Víctor Hugo Montoya Mendoza, Ricardo García Martínez, Antonio B. Castro Wierczorek y Rutilo Casarrubias Carrillo.
Se puede inferir que este fue un modus operandi constante por parte de la policía política del régimen.
Caso de Lucio Antonio Gallangos Vargas
Uno de los expedientes que durante más de 25 años permaneció en los archivos del hospital de la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), fue el Lucio Antonio Gallangos Vargas.
Lucio Antonio Gallangos Vargas, entonces de 4 años de edad, cayó en manos de la Brigada Blanca en junio de 1975, después de un enfrentamiento entre los elementos policíacos e integrantes de la LC23S. Ingresó a la IMAN, el 17 de junio de 1975 y registrado con el nombre de Samuel, sin especificarse fecha de nacimiento ni apellidos. Había resultado herido en el enfrentamiento.
Gracias a la investigaciones de la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, se pudo establecer el paradero de Lucio Antonio en Washington, D.C., Esta- dos Unidos de América, estableciéndose que era el ciudadano mexicano Juan Carlos Hernández Valadez, el cual había sido dado en adopción. Las diligencias –que forman parte de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/004/2002– combaten la impunidad y el encubrimiento que se resisten al Estado nuevo de libertades republicanas.
La averiguación previa respectiva sigue su curso a fin de determinar las responsabilidades penales de los agentes del régimen autoritario que privaron de su libertad, hace 30 años a Roberto Antonio Gallangos Cruz y Carmen Vargas Pérez, padres de Juan Carlos Hernández Valadez, según las pruebas de ADN.
Consecuencia de lo anterior fue que se pudo reintegrar a Lucio Antonio con su hermana Aleyda y demás familiares, desde su desaparición en 1975.
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