La Historia de esos días

La Historia de esos días

La historia de esos días

21 de octubre de 2011

Por “lentitud” en prevención, CaCu aún mata a miles de mujeres





Experto del INSP pide reforzar vacunación contra VPH  


Por Guadalupe Cruz Jaimes


México, DF, 20 oct 11 (CIMAC).- Debido a que los programas de control y prevención del cáncer cervicouterino (CaCu) “funcionan lentamente”, esta enfermedad se mantiene como un grave problema de salud pública en México, advirtió Vicente Madrid, director del Área de Infecciones Crónicas y Cáncer, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 
 
Durante el seminario Enfermedades virales crónicas, realizado en la Secretaría de Salud (Ss), el médico investigador aseveró que a pesar de las acciones emprendidas por el gobierno contra el CaCu “sigue habiendo muchas muertes”, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención a fin de disminuir el número de víctimas. 
 
De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en 2008 ese tipo de cáncer mató a 5 mil 700 mujeres. El CaCu es la segunda causa de muerte por cáncer entre las mexicanas, luego de que en 2006 el cáncer de mama (CaMa) superó las cifras de fallecimientos de mujeres debido a tumores malignos.
 
Vicente Madrid, también integrante del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del INSP, destacó que la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas de entre 9 y 13 años de edad es clave para prevenir el desarrollo de CaCu.
 
Detalló que la eficacia de la vacuna (con las dos dosis) es del 100 por ciento, sobre todo en las niñas de 9 años edad, quienes tienen una mejor respuesta inmune que otros grupos de edad. “Las niñas de 9 años de edad generan más anticuerpos que las mujeres de 16 y 25 años”, detalló.
 
Aunque la Ss contempla sólo a las niñas para la vacunación temprana del VPH, el especialista consideró que el abanico de prevención debe extenderse también a los niños.
 
Cabe recordar que la Ss anunció que a partir de enero próximo la vacuna contra el VPH se incluirá en la Cartilla Nacional de Vacunación para aplicarla a todas las niñas de 9 años de edad y así en 2013 queden protegidas un millón 400 mil mujeres. Ello se debe a que el costo de la vacuna bajó a 175 pesos. 
 
Según información del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), dependiente de la Ss, en 2006 la cobertura en las niñas de 12 a 16 años de edad en los 125 municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue de 90 por ciento con la primera dosis, y de 78 por ciento con la segunda dosis en niñas de 9 a 12 años de edad en los municipios con menor IDH. 
 
Respecto a la detección del VPH en mujeres en edad reproductiva, Madrid señaló que es importante avanzar en la aplicación de la prueba de tamizaje (captura de híbridos) principalmente en las poblaciones con mayor marginación.
 
El experto mencionó que aunque el 92 por ciento de las mujeres que contrae el virus lo elimina como una respuesta del sistema inmunológico, es necesario tener un diagnóstico para dar tratamiento oportuno y evitar el desarrollo de CaCu.
 
De 2008 a 2010 la prueba de detección se aplicó a 70 por ciento de las mujeres de 35 a 64 años de edad habitantes de los 125 municipios de menor IDH, donde la cobertura de papanicolaou era menor al 20 por ciento. En ese periodo se cubrió a un millón 582 mil 901 mujeres en el país, según datos del CNEGySR. 
 
El director del Área de Infecciones Crónicas y Cáncer añadió que sería recomendable ampliar la cobertura de la prueba de hibridación en el resto de la población femenina, sin embargo el costo sigue siendo alto. “El costo no debe ser mayor a 18 dólares (246 pesos) y actualmente es de 133 (mil 821)”.    
 
Además, abundó, es necesario fortalecer la prevención del CaCu mediante la realización periódica del papanicolaou y pruebas de VPH. 
 
11/GCJ/RMB

Mujeres rurales: en la pobreza, sin poder y discriminadas



Oxfam-México reclama apoyos con visión de género  



Por la Redacción 
 
México, DF, 20 oct 11 (CIMAC).- En México, las mujeres rurales padecen día a día de una discriminación brutal. Aunque son las responsables de la producción y el suministro de alimentos, no son dueñas plenas de la tierra, carecen de créditos y poder de decisión, sufren violencia, y sus labores se triplican debido a la migración de los varones y las afectaciones por el cambio climático.
 
En el estudio “Contra toda adversidad, las mujeres alimentan al mundo”, la organización humanitaria Oxfam-México describe la situación de inequidad de género, pobreza y falta de apoyos para el desarrollo por parte del Estado que padecen millones de mujeres campesinas e indígenas en nuestro país. 
 
La agencia de cooperación internacional da a conocer su investigación como parte de la conmemoración el pasado 15 de octubre del Día Internacional de las Mujeres Rurales, efeméride instaurada en 2007 por la ONU como una forma de reconocer la contribución de las mujeres en el desarrollo agrícola y rural.
 
PRODUCTORAS SIN CRÉDITOS Y SIN TIERRAS 
 
Entre el cúmulo de desventajas que enfrentan las mujeres de las zonas rurales, Oxfam-México alerta que las leyes y los usos y costumbres no permiten que las campesinas accedan a créditos para proyectos agrícolas.
 
Advierte que ellas tienen un limitado acceso a la propiedad de la tierra, ya que de los 100 créditos que se otorgan para la producción agropecuaria sólo 10 son para campesinas.
 
De acuerdo con el estudio, para acceder a un crédito las mujeres necesitan la firma de una persona del sexo masculino (esposo) y tienen que comprobar la posesión de la tierra, pese a que está comprobado que ellas desempeñan un papel crucial en el sistema alimentario.
 
Oxfam afirma que ellas viven un trato marginal en capacitación, asistencia técnica y financiamiento, además de que su poder adquisitivo es insuficiente, no son dueñas de la tierra y tienen poca representatividad en los espacios de toma de decisiones. 
 
“Todo ello derivado de factores sociales, económicos y culturales que, interrelacionados, las colocan en un espacio subordinado, lo cual redunda no sólo en detrimento de su propio desarrollo sino de toda la sociedad”, abunda.
 
DESIGUALDADES
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la población rural equivale al 22.2 por ciento del total de las y los habitantes, y más de la mitad está conformada por mujeres, muchas de las cuales viven en pobreza.
 
Aunado a ello la población rural que se dedica a la agricultura resiente los problemas generales que afectan el agro mexicano: riesgos climáticos, altos costos de insumos y servicios, así como la pérdida de fertilidad en los terrenos cultivados.
 
Para colmo, el impacto de estos problemas es diferente para mujeres y hombres, ya que ellas enfrentan jornadas de trabajo intensas, la tierra que cultivan es poca y por lo general no es propia; y casi siempre realizan trabajos adicionales al ser artesanas, comerciantes o empleadas.
 
Asimismo los efectos del cambio climático dejan a las campesinas e indígenas sin agua y sin tierra para alimentar a sus familias. Otro problema es la migración, ya que los hombres se van de su comunidad en busca de empleo, por lo que las mujeres asumen la jefatura del hogar.
 
RECONOCIMIENTO 
 
Oxfam-México considera que la vida de las mujeres rurales podría mejorar si se hacen visibles sus necesidades y si se valora su contribución social, lo cual incrementaría la producción agropecuaria y reduciría el porcentaje de población con hambre.
 
La organización cita que el 81 por ciento de los beneficiarios de los programas sociales la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) son mujeres rurales, y que en los últimos cuatro años la dependencia destinó más de 3 mil 250 millones de pesos para apoyar proyectos exclusivamente de mujeres.
 
Además de los programas de la SRA, existen otros que brindan este tipo de apoyo a las mujeres rurales y campesinas, entre ellos, los que promueve la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 
No obstante, Oxfam critica que más allá de la dotación de recursos, en los programas destinados a las mujeres rurales e indígenas no se contemplan líneas de trabajo para la integración del enfoque de género, es decir, no se explica cómo se logrará reducir la brecha de desarrollo entre mujeres y hombres.
 
En este panorama, la agrupación internacional apuntó que es necesario que se deje de ver a las campesinas como un grupo vulnerable, y que por el contrario se les reconozca como grupo productivo que debe tener el mismo acceso a insumos que los varones.
 
Concluyó que es fundamental que los programas de subsidios adopten estrategias para empoderar a las campesinas, ya que con esto se podría lograr la seguridad alimentaria y cerrar la brecha de género que aún existe en el sistema alimentario mexicano.
 
11/AGM/RMB

18 de octubre de 2011

Muerte materna: destino fatal para mujeres rurales e indígenas



Estado incumple atención en salud y abasto de anticonceptivos




Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

El Estado mexicano está en deuda con las mujeres rurales e indígenas del país, pues al privarlas de oportunidades de desarrollo y de servicios de salud calidad ellas son las más propensas a morir por padecimientos ligados al embarazo, parto y puerperio.
 
Al conmemorarse el 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales, las cifras oficiales muestran que los estados con mayor población indígena o que vive en el campo poseen los indicadores más alarmantes de muerte materna (MM), aseguran representantes de organizaciones civiles que trabajan el tema. 
 
Así, mientras el promedio nacional de razón de muerte materna (RMM) es de 53.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, en Guerrero, entidad con alta población rural e indígena, el indicador se eleva a 103.2 muertes maternas (MM) por el mismo número de nacimientos.
 
Oaxaca y Chiapas afrontan una situación semejante: Ambos estados están por encima de la media, con una RMM de 82.7 y 80.6, respectivamente.   
 
Rafaela Schiavon, directora de Ipas-México, explica que “estas mujeres suman una serie de vulnerabilidades por su etnicidad, bajo nivel educativo y la ausencia de acceso a oportunidades de desarrollo”, las cuales las colocan en riesgo de sufrir una MM. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 5.7 por ciento de las mujeres de cinco años y más hablan alguna lengua indígena. El 25 por ciento tiene de 15 a 29 años, y 41.2 por ciento tiene de 30 a 59 años. Más de 60 por ciento en edad reproductiva. 
 
El 48 por ciento de las hablantes de lengua indígena (de 5 a 29 años de edad) no asiste a la escuela. Tres de cada 10 de estas mujeres carece de instrucción escolar. En promedio su escolaridad es de 4.5 años.
 
En tanto, la población rural en el país representa el 22 por ciento del total de las y los habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010. En México hay 95 hombres por cada 100 mujeres.
 
Lina Rosa Berrio, directora de Kinal Antzetik, señala que en las zonas rurales e indígenas, la RMM duplica la media nacional y existen “enormes dificultades para reducirla, debido a la inequidad en salud”.
 
Por ejemplo menciona que en la jurisdicción indígena de la Costa Chica de Guerrero en lo que va del año tienen registro de ocho casos de MM. 
 
“Todas ocurrieron en el traslado o en las comunidades, las cuales están absolutamente alejadas, con dificultades de acceso a servicios de salud, incluso a unidades básicas, por el gran nivel de pobreza”, detalla.
 
Schiavon sostiene que la ausencia de infraestructura en salud y la lejanía de los servicios son sólo una muestra de que “México tiene más pendientes que avances para garantizar la salud materna de las mujeres rurales e indígenas”.
 
Mejorar la salud materna es el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) que México se comprometió a alcanzar en 2015 y que no va a cumplir debido al atraso en la reducción de la MM.
 
El principal indicador del ODM es la disminución de la RMM en tres cuartas partes, es decir 22 por cada 100 mil nacidos vivos y México apenas está en 53.5. 
 
Para reducir la MM es preciso aumentar la proporción de partos asistidos por personal médico capacitado. 
 
Hasta 2008 el promedio nacional de alumbramientos asistidos era de 87.6 por ciento, pero en Chiapas apenas alcanzó 36.1 por ciento, en Oaxaca el 64.4 por ciento y en Guerrero 68.8 por ciento, según los Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).     
 
El país también se comprometió a garantizar la universalización de la salud reproductiva a través de la disminución de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA). 
 
El promedio nacional de mujeres que desean utilizar algún método y no lo utilizan es de 9.8 por ciento, pero en los estados con mayor población rural e indígena es superior.
 
Por ejemplo en Chiapas es de 22.5 por ciento y en Oaxaca  de 15.5. Cabe mencionar que de 1997 a 2009, la NIA en Chiapas sólo se redujo 1.2 por ciento. 
 
Según la Enadid 2009, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil es de 72.5,  pero el indicador disminuye en Chiapas a 55 por ciento, Guerrero a 61.4 y en Oaxaca a 63.5. 
 
La directora de Ipas-México indicó que las mujeres rurales e indígenas están expuestas en mayor medida a embarazos no deseados por la baja cobertura anticonceptiva.
 
Ello se debe a que no están disponibles en los servicios de salud o porque culturalmente están expuestas a relaciones sexuales tempranas sin protección, ya que la desigualdad en las relaciones de género les impide negociar el uso de anticonceptivos.
 
Esperanza Delgado, responsable de la Unidad de Evaluación e Incidencia Política en Mexfam, informó a Cimacnoticias que en promedio 12 por ciento de las adolescentes en México son madres, y esa proporción aumenta a 15 por ciento en el caso de las menores de 20 años de edad que viven en zonas rurales y a 17 por ciento en adolescentes indígenas. 
 
La falta de atención médica durante el periodo prenatal, el alumbramiento y después del parto, deriva en la MM de las adolescentes. 
 
En 2009 el 14 por ciento de las mujeres que fallecieron por causas maternas eran menores de 19 años de edad, apunta Graciela Freyermuth del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
 
En ese año, el promedio de consultas prenatales fue de 4.7, pero de acuerdo con Freyermuth el número de revisiones médicas durante el embarazo deben ser al menos de siete. 
 
En este escenario, Daniela Díaz, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, acusa que el Estado mexicano está en deuda con las mujeres rurales e indígenas porque debido a su situación de desventaja históricamente la MM se ha concentrado en esta población. 
 
Para subsanar esta deuda las autoridades del país deben crear una política pública en salud que acerque los servicios a las comunidades geográfica y culturalmente, coincidieron las especialistas entrevistadas. 
 
El reto más importante es brindar atención médica con la tecnología adecuada, pero con prestadores de salud cercanos a la cosmovisión indígena. “Es necesario fortalecer prácticas como el parto vertical en los servicios públicos”, concluyó Lina Berrio.
 
11/GCJ/RMB

Mujeres rurales quieren inversión productiva, no limosnas





Ex funcionaria de Unifem llama a impulsar el desarrollo  
Por Lisbeth Mejía
 
México, DF, 17 oct 11 (CIMAC).- El Estado mexicano “comete un error” al considerar a las mujeres rurales como “víctimas pobres a las que hay que capacitar” o dar limosnas, sino que las debe reconocer desde sus capacidades y aportes económicos a fin de que ellas mismas construyan alternativas de desarrollo “justas e incluyentes”.
 
La socióloga y consultora independiente Celia Aguilar, quien entre 2001 y 2009 fungió como oficial de Programación en la oficina regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) en México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, explicó que la sociedad y el Estado deben valorar a las mujeres rurales a partir de sus capacidades, conocimientos y aportes económicos.
 
“A partir de este reconocimiento se podrán construir alternativas de desarrollo más justas e incluyentes (para ellas)”, dijo la experta a Cimacnoticias a propósito de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujeres Rurales, el pasado 15 de octubre. 
 
La socióloga por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, advirtió que a las mujeres rurales no se les debe reconocer desde sus carencias, ya que ello propicia que “muchos de los proyectos que se desarrollan son en base a lo que la gente piensa que las mujeres necesitan, y no se les permite a ellas ser las propias constructoras de esas posibilidades”.
 
Celia Aguilar, quien por más de 20 años ha impulsado proyectos de desarrollo rural sustentable, subrayó que si la ayuda social que aportan los gobiernos se transformara en inversión productiva para los emprendimientos de las mujeres, ellas lograrían la autonomía económica y su desarrollo.
 
“Que (las mujeres rurales) no dependan de ninguna dádiva… ni siquiera de las remesas, sino que justamente tengan los elementos financieros, de asesoría técnica y tecnológica para poder desarrollar sus emprendimientos (…). Es decir, tenemos que cambiar la caridad por la justicia”, recalcó la especialista.
 
GEOGRAFÍA RURAL
 
La población rural en México representa el 22 por ciento del total de las y los habitantes repartidos en 189 mil pequeñas localidades con menos de dos mil 500 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010.
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 5.7 por ciento de las mujeres de cinco años y más hablan alguna lengua indígena. El 25 por ciento tiene de 15 a 29 años, y 41.2 por ciento tiene de 30 a 59 años. Más de 60 por ciento está en edad reproductiva. 
 
El 48 por ciento de las hablantes de lengua indígena (de 5 a 29 años de edad) no asiste a la escuela. Tres de cada 10 de estas mujeres carece de instrucción escolar y en promedio su escolaridad es de 4.5 años.
 
En su resolución 62/136 del 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de la Mujeres Rurales al reconocer “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”. 
 
CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA 
 
Celia Aguilar explicó que todas las mujeres, sobre todo aquellas que viven en condición de pobreza, desarrollan estrategias de sobrevivencia para los grupos familiares, comunidades y sociedades en pobreza. “Si las mujeres no desarrollaran estas estrategias, la pobreza que está viviendo América Latina sería mayor”, apuntó. 
 
La también ex subdirectora de Organismos Industriales en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial en México de 1976 a 1980, criticó que el Estado no aprecie la riqueza de los conocimientos tradicionales de las mujeres campesinas, su organización social y las estrategias que desarrollan a fin de atender a las familias frente a la migración, la irresponsabilidad de los padres varones, y las crisis económica y alimentaria. 
 
Abundó que el trabajo de estas mujeres ha contribuido a paliar situaciones críticas en salud y alimentación, pero –observó–a ellas les queda muy poco tiempo para llevar a cabo sus propios proyectos de desarrollo al depender de la ayuda social del Estado. 
 
Aguilar, quien de 1998 al año 2000 dirigió proyectos de desarrollo
humano sostenible para comunidades indígenas y campesinas del norte de Nicaragua, dijo que las autoridades deben tomar en cuenta las propuestas de las mujeres rurales para impulsar iniciativas contra la pobreza con base en los Derechos Humanos.
 
“De ahí la importancia de un Estado que garantice los derechos económicos, la autonomía  y el acceso a las oportunidades en términos de igualdad de toda la sociedad”, concluyó.
 
11/LM/RMB

16 de octubre de 2011

Moreno Valle, el frívolo verdugo de la prensa: Proceso


Proceso Retoma el caso de la embestida contra el periódico digital e-consulta


Por Juan Pablo Proal de Revista Proceso 

Domingo, 16 de Octubre de 2011 |

 


Frivolidad y dispendio. La revista Proceso da cuenta en su último número el cambio de actitud de Rafael Moreno Valle, quien en campaña ofreció transparencia y un trato digno con la prensa, pero en 8 meses ha aplicado la ley del garrote a sus críticos. Frivolidad y dispendio. La revista Proceso da cuenta en su último número el cambio de actitud de Rafael Moreno Valle, quien en campaña ofreció transparencia y un trato digno con la prensa, pero en 8 meses ha aplicado la ley del garrote a sus críticos.

Durante su campaña, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ofreció transparencia institucional y en especial un trato respetuoso y digno con la prensa. Pero en sus ochos meses de gestión, el expriista, quien ya dejó correr la versión de que buscará la Presidencia de la República en 2018, ha evidenciado que ese trato digno lo da solamente a medios incondicionales, como Televisa y TV Azteca, mientras que a los críticos les aplicó la ley del garrote. Frivolidad, dispendio y amenazas contra el periodismo crítico son ya la nota distintiva de Moreno Valle.

PUEBLA, PUE.- Una madrugada del pasado marzo Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del periódico digital E-consulta, recibió una llamada de la oficina de Comunicación Social del gobierno poblano. Un funcionario le pidió que cambiara una fotografía del gobernador Rafael Moreno Valle que aparecía en la portada de ese medio. Ruiz preguntó cuál era el problema con la imagen y la respuesta fue: “Aquí entre nos, al gobernador no le gusta cómo se ve en la foto”.
Ruiz cedió y cambió la fotografía. Supuso que se trataba de un caso aislado. No contó con que exigencias de ese tipo se volverían cosa de todos los días. Harto de los caprichos del gobernador, un día el periodista se negó a cumplir la orden. “Es una fotografía informativa, no tiene nada de ofensiva”… y eso marcó el principio del boicot publicitario contra E-consulta, el portal de noticias más consultado de Puebla, con nueve años de vida y dos veces ganador del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo.
“Casi todos los medios sufrimos el boicot. El gobierno tiene convenios publicitarios con Televisa, Televisión Azteca, El Sol de Puebla, Síntesis y algunas estaciones de radio… algunos de ellos se han convertido en los paleros del gobernador, se dedican a maquillar la realidad y mencionar sólo los logros.
“A los que no tienen convenio les restringen las pautas publicitarias, los marginan y no sólo eso, a través de sus operadores políticos presionan para que otros clientes retiren sus anuncios; eso han hecho algunos ayuntamientos del mismo partido del gobernador (el PAN)”, narra Rodolfo Ruiz a Proceso.
Televisa y Televisión Azteca se han convertido en los consentidos del erario poblano. El expriista Moreno Valle, impulsado por Elba Esther Gordillo, parece copiar la estrategia de Enrique Peña Nieto: convertirse en un producto mediático para conquistar sus ambiciones políticas.
Hay algunos ejemplos.
Una mañana el “chef Oropeza”, famoso rostro de Televisa, saludó en su programa de cocina a Rafael Moreno Valle antes de revelar al auditorio la receta para preparar mole supuestamente creada por “la bisabuela” del mandatario poblano. Oropeza intentaba convencer al auditorio de que seguía al pie de la letra la receta original –enfocada por la cámara– presentándola como un manuscrito conservado por la familia Moreno Valle.
Mientras Oropeza preparaba el mole, Moreno Valle –invitado al programa– narró cómo es un día “en sus zapatos” y presumió la seguridad de Puebla y su infraestructura turística.
“¡Toooodoooos vamos a Puebla!” (sic), anunció a principios de mayo la conductora Andrea Legarreta. Junto con ella en un camión viajaban varios presentadores del Canal 2, entre ellos Roxana Castellanos y Raúl Araiza. El equipo del programa Hoy anunciaba así que había sido invitado por el gobernador Rafael Moreno Valle a pasar una semana en Puebla. El político salió en la pantalla del canal más visto en México para promover obras de su gestión y su programas sociales.
Televisa tiene razones para incorporar a Moreno Valle a sus programas de mayor audiencia. El gobernador comprometió 500 millones de pesos para la operación del Centro de Rehabilitación Integral Teletón en Puebla además de que puso 36 millones de pesos del erario para Espacio 2011, otro proyecto auspiciado por la empresa de Emilio Azcárraga.
El gobierno poblano se ha negado a difundir públicamente a cuánto ascienden sus convenios con Televisa y Televisión Azteca, así como sus gastos pormenorizados para promover la imagen de Moreno Valle, cuyo círculo cercano deja correr la versión de que buscará la Presidencia de la República en 2018.
El periodista Arturo Manzano pidió –en la solicitud de información 156211/23-04-2011– el “desglose anual del presupuesto destinado para la contratación de programas de televisión de las empresas Televisa y TV Azteca para la promoción de la entidad de 2005 a marzo de 2011”. La administración estatal respondió: “A la fecha esta dependencia no cuenta con la información solicitada, por lo que no es posible realizar la entrega material de la misma”.
Otros reporteros han solicitado copias de facturas, convenios y desgloses de gastos de publicidad. La respuesta del gobierno es siempre negativa, con diferentes argumentos.

Promesas de campaña

En su campaña por la gubernatura en 2010, Moreno Valle tuvo como contrincante a Javier López Zavala, delfín del entonces gobernador priista Mario Marín Torres, El Góber Precioso.
En aras de conquistar el voto, Moreno Valle se presentó ante el electorado como un político contrario al autoritarismo priista. En su plataforma, incluso, ofreció absoluta transparencia y equidad para el ejercicio periodístico: “Promoveremos una mayor democratización de los medios de comunicación”.
Sin embargo, no ha sido así.
Uno de los primeros golpes contra la transparencia lo sufrió la académica Lilia Vélez Iglesias, directora de la carrera de periodismo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, reportera con amplia trayectoria en la entidad y quien fue seleccionada para formar parte de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).
Vélez tenía derecho a ser reelegida al concluir su periodo como comisionada, pero, en el Congreso local, los diputados afines a Moreno Valle designaron a Javier Fregoso, excolaborador de Martha Érika Alonso –esposa del gobernador– quien públicamente admitió su total inexperiencia en materia de transparencia.
En conversación con este reportero, Vélez no duda en señalar al gobierno de Moreno Valle como responsable de su salida de la CAIP para imponer a un comisionado afín a los intereses del gobernador.
“Yo llegué a la CAIP con el apoyo de la iniciativa privada, de las principales universidades, de las organizaciones vinculadas con el tema; la persona que quedó llegó apoyada por una organización desconocida vinculada con la campaña del gobernador. Él reconoció que desconocía el tema. Evidentemente hay un vínculo con el gobierno; se supo que había trabajado como secretario particular de la esposa de Moreno Valle.”
Frente a la sede de la Cámara de Diputados estatal hay una enorme piedra colocada en el arroyo, junto a la acera como si fuera un auto estacionado. Es el símbolo de una protesta de la organización Actívate por Puebla –en la que participan universidades y organismos empresariales– por el retraso del Congreso local para aprobar una nueva ley en la materia que sí garantice la rendición de cuentas. La piedra está ahí, representando el silencio y la opacidad.

Vocero y verdugo
El pasado 3 de julio, el reportero Ernesto Aroche publicó en Milenio Puebla una nota titulada: “Aumentan los secuestros; evalúan a 26% de la UECS”. La información advertía que de acuerdo con datos de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro, la privación de la libertad iba al alza en el estado.
Pronto en su cuenta de Twitter, Aroche recibió un mensaje: “que ganas de exagerar y maximizar los numeros. Quieres construir una percepción que no responde a la realidad. Allà t” (sic). Lo firmaba Sergio Ramírez Robles, vocero del gobierno estatal.
“Me acusó de querer manipular la percepción negativamente hasta que dejó de discutir conmigo en redes sociales y al día siguiente supe que se reunió con el director de Milenio para cuestionarlo sobre mis mensajes”, confía Aroche a Proceso.
Ramírez Robles se ha caracterizado por confrontarse abiertamente con dueños de periódicos y con reporteros que en las redes sociales critican o difunden noticias adversas a Moreno Valle.
En Puebla, el vocero gubernamental está dotado de una atribución extraordinaria: puede demandar por daño moral a cualquier periodista que afecte los intereses del gobierno local. Esta prerrogativa se legalizó durante el gobierno de Moreno Valle.
El jurista Ernesto Villanueva advierte:
“Esta medida es inconstitucional por dos razones: a) Los derechos de la personalidad son considerados ‘personalísimos’; es decir, el gobernador no puede delegar en quien no tiene interés jurídico la potestad de iniciar un proceso judicial en una causa que no es la suya, lo que sería notoriamente improcedentes; b) La crítica de los servidores públicos y del gobierno no sólo está permitida, sino que es una obligación del periodismo responsable como lo han sostenido la Corte Interamericana y nuestra Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia firme”.
A principios de febrero pasado, el gobernador envió al Congreso local una iniciativa para despenalizar los delitos de difamación y calumnia. La iniciativa fue aprobada el 22 de ese mes y se convirtió en ley un día después, al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
En principio, la propuesta parecía benéfica para el ejercicio periodístico, pero en un análisis más profundo se descubrió que tiene apartados que amenazan el trabajo de los periodistas, pues deja abierta la puerta para que cualquier ciudadano demande por “daño moral”.
El Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que “tal y como está planteada podría constituir un mecanismo velado para nuevos tipos de censura a través de decisiones arbitrarias en lo que toca a la reparación económica como sanción al daño moral”.
Roberto Alonso, secretario de la Amedi en Puebla, advierte que junto con la despenalización de la difamación y la calumnia se necesita una ley que regule expresamente la actividad periodística así como la figura de la “malicia efectiva”, que obligue a los servidores públicos a demostrar que el periodista faltó a la verdad expresamente para afectar su reputación.
“Ahora puedes ser demandado por hasta 170 mil pesos. Obviamente esto inhibe el ejercicio de la libertad de expresión. Dijo que es una posibilidad que particulares también podrían demandar. El Poder Judicial está sometido al Ejecutivo y podría considerar culpable a un periodista y obligarlo a pagar una multa que no podrá saldar, porque el sueldo de un reportero es de 5 mil o 6 mil pesos”, señala a este semanario Martín Hernández, reportero de La Jornada de Oriente.
Ante la política de comunicación social del gobierno de Moreno Valle, Rodolfo Ruiz confía que entre los periodistas corre una broma: “¡Ya extrañamos a Mario Marín!”
Ruiz denunció, además, que la Contraloría poblana prepara un proceso administrativo contra su esposa, Mónica Arroyo a quien se acusa –falsamente, afirma el periodista– de incurrir en duplicidad de funciones al prestar servicios en el ayuntamiento de Puebla como presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, y en la Junta Local 04 de Conciliación y Arbitraje, como representante patronal.
“Dicho procedimiento contra mi esposa –del que no ha sido notificada oficialmente; nos enteramos de él por una nota periodística– es una represalia del gobernador Moreno Valle en su insistente afán de acallar al medio digital que dirijo y del que soy fundador y socio”, dice Ruiz.
La Amedi Puebla respaldó la trayectoria y honestidad del periodista en un comunicado firmado por reconocidos académicos e intelectuales locales, entre ellos Eduardo Almeida, Ana Lydia Flores y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera.
“Es necesario que en el estado exista una política de comunicación social comprometida con la libertad de expresión, transparente en el uso de los recursos públicos destinados a la promoción de las actividades de gobierno, y que responda a criterios objetivos y medibles para la asignación del gasto por concepto de la publicidad oficial”, se lee en el comunicado.