La Historia de esos días

La Historia de esos días

La historia de esos días

28 de mayo de 2011

Despenalizar el aborto en todo el país, exigen feministas a Secretario de Salud

Respeto a causales vigentes en legislación
 
Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 27 may 11 (CIMAC).- El Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigió al Secretario de Salud (Ss), José Ángel Córdova Villalobos despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en todo el país, y respetar las causales vigentes en la legislación mexicana. 
En una manifestación frente a la Secretaría de Salud federal (Ss) para conmemorar el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en voz de Martha Juárez, integrante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, las activistas exigieron  que se despenalice el aborto hasta las 12 semanas de gestación en todo el país, ya que hasta el momento solamente en el Distrito Federal se ha despenalizado. 
Mientras, recordaron, 17 entidades federativas reformaron sus constituciones locales para proteger la vida “desde el momento de la concepción” criminalizando a las mujeres por el simple hecho de decidir sobre su cuerpo. 
Demandaron una política pública de salud, congruente con los derechos sexuales y reproductivos, respeto al derecho a decidir sobre la maternidad y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. 
Respecto a las causales por las que el aborto se permite en la legislación mexicana, las activistas recordaron que en las 32 entidades se permite por violación, por peligro de muerte en 29; por aborto imprudencial y culposo en 30; por malformaciones genéticas o congénitas en 14; y cuando está en riesgo la salud de la mujer, en 11. 
Las activistas dijeron durante su discurso: “Señor Córdoba Villalobos y secretarios de salud de los estados: venimos a recordarles que ustedes son los responsables de que las políticas públicas y la legalidad se respete en las instancias de salud, son responsables por cada mujer que muere en la inseguridad de un aborto mal practicado y por cada mujer que termina presa cuando busca atención medica”. 
Agregaron que la Ss debe cumplir con el compromiso de garantizar a las mexicanas el derecho a la salud, en un marco de respeto, sensibilidad y con calidad; sin embargo advirtieron, nada de esto se logrará mientras no se cumpla con los programas, normas  y las políticas que hasta hoy sólo existen en el papel. 
Las manifestantes que realizaron un performance, reiteraron su exigencia, afirmando: “las mexicanas merecemos que el personal médico que nos atiende además de estar capacitado éste sensibilizado desde un enfoque de género en derechos reproductivos y atención contra la violencia”. 
En este sentido también exigieron el cumplimiento cabal en toda la República mexicana de la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (NOM-046); para que todas las mujeres víctimas de violación que resulten embrazadas, puedan acceder, si a sí lo desean, a la interrupción legal del embarazo. 
Afirmaron que tanto la Ss federal como las estatales tienen muchas deudas con las mujeres sobre todo con las más pobres y las que enfrentan condiciones de marginalidad como las indígenas y las jóvenes.
Las activistas integraron un Comité para entrar y dejar un documento con sus peticiones al Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, sin embargo no fueron recibidas. 
Anunciaron que publicarán sus demandas en los medios nacionales para que el Secretario se dé por enterado, toda vez que ningún funcionario de la institución que preside quiso recibirlas. 
El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres fue adoptado en la reunión de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica en mayo de 1987.  
El propósito: reafirmar el derecho a la salud integral como un derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo a través de todo su ciclo de vida. 
El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, está integrado por cerca de 170 mujeres de la política, la academia y feministas, junto con 35 organizaciones de 19 estados del país y 55 organizaciones del Distrito Federal. 
Sus demandas son libertad inmediata a las mujeres que se encuentran presas en diferentes estados de la república por abortar; despenalizar el aborto en todo el país y garantizar su acceso a todas las mujeres. Garantizar el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria y el respeto al Estado laico. 

11/GTR/LGL

Exigen erradicación del trabajo infantil en México



17 por ciento de niñas y niños laboran en el sector doméstico
 
Por la Redacción 
 

México, DF, 27 may 11 (CIMAC).- Es urgente que México implemente políticas públicas que permitan erradicar el trabajo infantil, toda vez que de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2009, el 47 por ciento de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en el país lo hacen para contribuir económicamente en el hogar. 
En un comunicado, la organización Incide Social y el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos señalaron que la crisis económica del país ha lanzado a niñas, niños y adolescentes al mercado laboral, y advirtieron que esto tendrá consecuencias terribles para la infancia, así como la perpetuación de la pobreza. 
La infancia en esta situación no goza plenamente de sus Derechos Humanos (DH) y sus oportunidades para desarrollarse se ven limitadas, generando deserción e inasistencia escolar, lo que afecta más a las niñas. 
Las organizaciones precisaron que el 17 por ciento de las y los menores de edad trabajadores lo hacen en el área doméstica y el 16 por ciento en el sector agropecuario. De este universo, el 95 por ciento no recibió ningún tipo de apoyo, mientras que cerca del 40 por ciento que sí estudia, recibió alguna beca, programa de gobierno o apoyo familiar. 
Consideraron urgente que el Estado mexicano homologue la legislación nacional con los instrumentos internacionales para erradicar el trabajo infantil en el país. Se deben desarrollar políticas públicas que erradiquen efectivamente este fenómeno y que eleven la edad mínima para poder trabajar de 14 a 16 años.  
Asimismo, se debe sancionar a las y los empleadores que violen los DH de este vulnerable grupo, ya que la infancia es la etapa en la que se desarrollan las capacidades de las personas. 
La organización Save the Children señala en su informe “Esclavos puertas adentro: Las peores formas de trabajo infantil doméstico”, que en lo que se refiere a trabajo infantil, la cuestión de género es especialmente evidente, ya que las niñas comienzan a trabajar a una edad más temprana, desarrollando las tareas del hogar como una extensión de su desarrollo como personas.  
En muchos países, “el trabajo doméstico es visto por los padres como una preparación para el matrimonio, por lo que esta actividad, al contrario que la mayoría de las demás formas de trabajo infantil se considera beneficiosa y una alternativa válida a la escolarización”.  
“Normalmente las y los menores de edad empleados en el servicio doméstico suelen provenir de familias pobres. Las edades varían entre los seis y 17 años y la mayoría son niñas”, dice Save the Children.  
Para el caso de México, las organizaciones afirmaron que en el país 30 por ciento de la población infantil que trabaja se encuentra entre los cinco y 13 años, lo que significa que no han cumplido la edad mínima para trabajar que señalan los instrumentos internacionales, la Constitución y la Ley Federal Trabajo.  
“Los datos claramente muestran la necesidad de mejorar las políticas y programas públicos para abolir el trabajo infantil en México”, advirtieron. 
Recordaron que el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata, ratificado por México en el 2000, establece que cada país deberá determinar a través de la legislación o autoridades competentes, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, las formas de trabajo que dañen la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas y los niños.  
A pesar de ello, en México el 36 por ciento de la población infantil a nivel nacional trabaja más de 35 horas a la semana. El 14 por ciento de 14 y 15 años se encuentra expuesto a actividades irregulares, mientras que cerca del 12 por ciento desempeña trabajos que se consideran peligrosos e insalubres.  
Además que de las y los niños que trabajan entre cinco y 13 años, el 3 por ciento se encuentra desempeñando labores irregulares y cerca de otro 3 por ciento desempeña trabajos peligrosos e insalubres.   


11/GTR/RMB/LGL

26 de mayo de 2011

El Estado mexicano en deuda con la salud de las mujeres


En el marco del 28 de mayo, Día internacional de acción por la salud de las mujeres, la Coalición por la Salud de las Mujeres afirma que el Estado mexicano tiene retos y una deuda con la salud de las mujeres, pues si bien existen avances aún hay mujeres que mueren por causas maternas prevenibles o se les viola su derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número de hijas e hijos que quieren tener.  
No obstante que el Programa Nacional de Salud 2007-2012, de la Secretaría de Salud, señala que la mortalidad materna (MM) es un problema evitable al existir los conocimientos médicos y culturales para su atención, en 2009 en nuestro país hubo mil 207 mujeres fallecidas por causas maternas, de las cuales 33.1 por ciento contaba con Seguro Popular, según el Observatorio de Mortalidad Materna. 
De estas 1 207 MM, 21.5 por ciento murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y 33.1 por causas obstétricas indirectas, 88.9 por ciento contó con asistencia médica y en 96.9 por ciento de los casos el certificado lo otorgó un médico. 
Los estados con mayor número de MM son el Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Baja California, en conjunto estas entidades federativas suman 65.8 por ciento de las defunciones registradas por esta causa. 
Los que presentan una Razón de  Muerte Materna (RMM),  defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados, mayor a la nacional de 62.2 son: Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Baja California, San Luis Potosí, México, Querétaro. 
Es importante destacar que de 1990 a 2008 se registraron 24, 872 MM (25, 150 si contamos las muertes maternas tardías).  De éstas, aproximadamente, 13 por ciento tenían entre 15 y 19 años, lo que significa 3,300 MM de adolescentes, ubicado la MM en la cuarta causa más frecuente de muertes en adolescentes con 5.64 por ciento, sólo después de los accidentes de tránsito, suicidios y homicidios (INEGI 2009). Es de resaltar que todas son causas violentas. 
Datos de la Secretaría de Salud (SAHE 2009) revelan que en el grupo de 10 a 14 años de edad, una de cada 3 hospitalizaciones fue por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, casi 4,800 atenciones por parto único espontáneo y 1,326 por aborto. Para el grupo de 15 a 19 años, casi nueve de cada 10 hospitalizaciones en adolescentes, fue por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, casi 163 mil atenciones por parto y 28, 212 por aborto. 
Por otro lado, ONUSIDA estima que en 2009 sólo entre 3 y 9 por ciento de las mexicanas embarazadas con VIH accedieron al tratamiento antirretroviral que les permite prevenir la transmisión perinatal del virus. 
Pese a que en México alrededor de 28 por ciento de las personas con VIH son mujeres, la respuesta del Estado es que no las ha integrado, lo que revela una falta de perspectiva de género en las acciones de prevención y atención relacionadas con este virus y la necesidad de poner atención en crear ambientes propicios para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres libres de violencia de género. 
La Coalición pide que el Estado mexicano cumpla con los compromisos internacionales que establecen atención y calidad en la salud de las mujeres para que se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, se atienda la problemática de mortalidad materna y se aplique la perspectiva de género en las acciones de prevención y atención relacionadas con el VIH/SIDA. 
En 2010, por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación se estableció un programa presupuestario dirigido a la mortalidad materna (P018 Reducción de mortalidad materna), al que se le asignaron 259 millones 493 mil 301 pesos, recurso dirigido mayormente a capacitar en atención obstétrica de emergencia al personal de salud de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz, los cuales concentran 62 por ciento de la MM en el país.[1] 
Pese a la obligación gubernamental de rendir cuentas, a través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, no se ejercieron 66 millones 59 mil 890 pesos, es decir que únicamente se aplicaron 193 millones 433 mil 411 pesos sin que se explicara en qué, ni por qué se dejaron de ejercer esos recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados. 
Para 2011, la Secretaría de Salud ha proyectado que morirán mil 126 mujeres por MM y para este año nuevamente se etiquetó presupuesto para el programa presupuestario P018 Reducción de mortalidad materna, la cantidad: 298 millones 494 mil 664 pesos. 
Ante este panorama, la Coalición por la Salud de las Mujeres, integrada por nueve organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, exige al gobierno que atienda de fondo los problemas en salud de las mujeres y garantice sus derechos humanos.

La Coalición por la Salud de las Mujeres
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; IPAS-México; K’inal Antzetik Guerrero y DF; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Mexfam; Salud Integral para la Mujer, SIPAM; Balance; y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).


25 de mayo de 2011

El costo de la impunidad

Por Lucía Lagunes Huerta*


México, DF, 24 may 11 (CIMAC).- A dos meses de que se cumplan los tres años de que CIMAC fuera allanada, nuevamente nuestras instalaciones son violentadas, tratando de hacer daño a quienes construimos todos los días un periodismo que da voz a las mujeres y niñas para exigir sus derechos, defiende la libertad de expresión y el trabajo de las defensoras de Derechos Humanos.
Hace casi tres años nos vimos envueltas en la estadística de agresiones contra medios de comunicación y defensoras de Derechos Humanos.
Iniciamos entonces la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1195/08-07, las primeras investigaciones se hicieron y luego nada, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) decidió tres meses después archivar el expediente y enviarlo al no ejercicio de la acción penal ante falta de un sospechoso y elementos para la investigación, todo ello sin informarnos.
Con esta decisión se mandó la agresión contra CIMAC a las estadísticas de la impunidad. Esta decisión dejó en la vulnerabilidad a nuestro medio. Se sabe que la impunidad tiene un costo, la puerta abierta para que vuelva a ocurrir otra agresión, el precio de la impunidad lo pagamos las víctimas.
Por eso nuevamente CIMAC está enfrentando una nueva agresión, pese a las exigencias internacionales y nacionales para aclarar los hechos, estos nunca fueron esclarecidos, hoy nuevamente exigimos que la PGJDF haga su trabajo y resuelva esta nueva agresión, la cual quedó registrada este lunes en la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/00948/11-05.
Ayer por la mañana nos dimos cuenta de la violencia contra nuestra instalaciones, nuevamente las chapas fueron botadas, la violencia fue tal que arrancaron de su marco una de las puertas, nuestros documentos tirados al piso, cajones, archiveros, bodegas, centro de documentación… todo fue revisado.
El cable del internet fue cortado, equipo de cómputo de la administración, de la redacción, de redes, de TVCimac  junto con su cámara fueron robados.
Nuevamente la indignación llena nuestra casa, somos un medio de comunicación nacido de una organización civil. Nuestro trabajo de 23 años ha dado seguimiento al feminicidio en Juárez  y en el país, hemos dado seguimiento a la violación de mujeres por parte de militares, la lucha feminista contra quienes penalizan el aborto e intentan derribar los avances ganados.
Todo con el esfuerzo cotidiano de quienes construimos CIMAC día a día, con las periodistas de los estados que nos acompañan a través de la Red Nacional, y las periodistas de otras partes del mundo a través de distintas Redes.
La impunidad implica un alto precio para quienes somos violentadas, por eso exigimos a la Procuraduría capitalina no cometer el mismo agravio que hace tres años, queremos saber quién violentó nuestra casa, quién nos quitó nuestras herramientas de trabajo y el móvil de esta agresión.
Queremos justicia efectiva y expedita. Ya basta de impunidad.

* Directora general de CIMAC A.C.


11/LL/RMB

22 de mayo de 2011

Centros de Justicia inician operaciones en 60 días

Avance contra feminicidio en Chihuahua: activistas

Por Gladis Torres Ruiz 
 

México, DF, 19 may 11 (CIMAC).- Los Centros de Justicia para Mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se prevé se concentren servicios de instancias de gobierno y civiles que atiendan de manera coordinada y en un mismo lugar a víctimas de violencia, estarán funcionando en su totalidad dentro de dos meses. 
En el estado de Chihuahua, el 2010 ha sido el año más violento para las mujeres en la entidad. Fueron asesinadas 446, 271 de ellas en Ciudad Juárez. Cada 29 horas una mujer fue ultimada en la entidad, según información de las organizaciones civiles Justicia para Nuestras Hijas y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. 
En entrevista con Cimacnoticias, Norma Ledesma Ortega, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, precisó que en el caso de Chihuahua el Centro de Justicia ­inaugurado el pasado 8 de marzo­ ya opera pero no en su totalidad, toda vez que se está capacitando a operadores de justicia en perspectiva de género. 
La activista consideró que en un mes el Centro estará funcionando por completo. Informó que se atenderán casos de trata de personas, delitos sexuales, violencia familiar, desapariciones y asesinatos dolosos de mujeres de la zona centro del estado. 
Precisó que hasta el momento se analizan 20 expedientes de mujeres desaparecidas y que a este lugar se trasladarán todos los casos de diferentes tipos de violencia de género de los que ya exista denuncia y se recibirán casos nuevos. 
Sobre el Centro de Justicia de Ciudad Juárez, Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, dijo que el inmueble que lo albergará estará terminado en agosto próximo y confió en que este mismo mes sea inaugurado, sin embargo ­reconoció­ no está claro cuándo podría empezar a operar.
Las organizaciones civiles de la entidad han solicitado que el personal del Centro de Justicia sea perfectamente capacitado para atender los casos con una mirada de protección de los Derechos Humanos (DH) de las víctimas.
Marrufo precisó que las agrupaciones han solicitado a la Secretaría de Gobierno de Chihuahua que el Centro lleve el nombre de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada en diciembre de 2010 cuando buscaba justicia para su hija (también victimada) y por que su caso, como el de la mayoría de las mujeres, sigue en la impunidad. 
“También planteamos que exista un mecanismo en el que participemos las organizaciones para verificar el buen funcionamiento del Centro de Justicia”, abundó.  
Respecto a la participación de las organizaciones en el Centro, la activista señaló que el modelo original prevé que la ciudadanía tenga un espacio en el lugar. “Estamos por definir las acciones y servicios que realizaremos dentro del lugar”, apuntó. 
Marrufo Nava recordó que la creación de estos Centros de Justicia responde a una exigencia que las organizaciones de mujeres del estado han realizando desde hace más de cuatro años. 
Para el estado de Chihuahua “la propuesta la realizamos de manera conjunta el Instituto de las Mujeres de Chihuahua y las organizaciones, por considerar que es lo mínimo que se puede hacer para prevenir este flagelo”.  
Para Juárez, la propuesta se hizo a María Sofía Castro Romero, ex titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaria de Gobernación (Segob). 
Es hasta ahora, dijo, que la nueva titular de la Conavim, Laura Carrera Lugo, aceptó la propuesta para retomar el modelo de casas que ha sido replicado en más de 60 ciudades de Estados Unidos, Canadá y el mundo entero.






































 

11/GTR/RMB/LGL

Encarcelan a director de internado en Chiapas que violó a 2 niñas

Decenas de menores de edad también serían víctimas: OSC  
Por Patricia Chandomí, corresponsal
 
Tuxtla Gutiérrez, 19 may 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles en Chiapas manifestaron su preocupación por la salud de las y los menores de edad del Centro de Integración Social número 30 “Xicoténcatl”, en San Cristóbal de Las Casas, tras la denuncia contra el director de ese internado público, Manuel Gutiérrez Gómez, acusado de la violación sexual de dos niñas. 
El pasado 13 de mayo, Gutiérrez Gómez fue detenido y está recluido en el Centro para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”.
Las familias de las menores de edad también interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, por lo que la dependencia ya inició una investigación del caso.  
Decenas de agrupaciones humanitarias del estado, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y Desarrollo Educativo Sueniños, advirtieron que de acuerdo con testimonios de niños y niñas del Centro desde “hace años” han sufrido abusos sexuales del director, el subdirector, Marcos Ruiz Gómez, y otros profesores del internado. 
Los organismos civiles informaron que las 170 niñas y niños del plantel han sido amenazados por autoridades escolares e incluso por miembros del Comité de Padres de Familia, para que “ya no denuncien o de lo contrario, se atengan a las consecuencias”.  
Por el momento, las y los niños del Centro están bajo la vigilancia del supervisor Manuel Gómez Sánchez. 
Las organizaciones de Derechos Humanos (DH) advirtieron que “lejos de coadyuvar a esclarecer los hechos”, el subdirector Marcos Ruiz Gómez y los demás docentes amenazan a las y los internos con expulsarlos del plantel, interrumpir sus estudios, retener sus certificados y agredirlos a ellos y a sus familiares. 
El Centro de Integración Social número 30 alberga a niños y niñas indígenas de 15 municipios del estado, incluyendo San Cristóbal de las Casas. Muchos de ellos son huérfanos.  
Los grupos civiles exigieron que con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes estatales para la Protección a Víctimas del Delito y para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se investiguen los hechos y se castigue a los responsables por acción y omisión sobre lo ocurrido en el Centro “Xicoténcatl”. 
Demandaron que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad personal de las niñas, niños alumnos de la escuela; exigieron la destitución de los directivos del plantel y la separación del personal docente de sus actividades mientras se investiga lo sucedido, como una medida para restablecer la seguridad y protección de los derechos de todas y todos los estudiantes de la escuela.