La Historia de esos días

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La historia de esos días

27 de enero de 2012

Empiezan los discursos y promesas “a favor de las mujeres”


Por la Redacción


México, DF, 26 ene 12 (CIMAC).- El precandidato de las izquierdas a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó su agenda de género en la cual se comprometió a que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, creará una Comisión de la Verdad para esclarecer los casos de feminicidio en todo el país.

Durante un foro realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el precandidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano presentó un documento de 10 puntos a favor de las mujeres y la equidad de género, mismos que –dijo– impulsará una vez que encabece lo que llamó un “gobierno democrático”.

Al participar en un foro organizado por mujeres del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el precandidato señaló que en su gobierno habrá honestidad e igualdad. “Se hará valer la justicia, y se buscará establecer una República amorosa, fraterna, sin odios ni codicia”.

Aunque no desarrolló a fondo cada una de sus propuestas, adelantó que integrará una Comisión de la Verdad con abogadas y defensoras de derechos civiles “de inobjetable honestidad”, para hacer justicia en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y en todo el país.

En opinión de López Obrador quienes están en condiciones de pobreza y marginación necesitan el apoyo de la sociedad y del Estado, por ello indicó que impulsaría acciones a favor de las mexicanas. “El próximo gobierno democrático que me va a tocar encabezar se compromete con las mujeres de México”.

Al enumerar las 10 acciones lamentó que en Ciudad Juárez las mujeres sean víctimas de explotación, maltrato, desatención, violencia y asesinatos, por lo que dijo que en su proyecto político “no se enfrentará la violencia con la violencia”.

Entre los puntos que mencionó estuvieron el garantizar la tranquilidad y la seguridad pública de la población a través de mayores oportunidades de empleo, estudio, bienestar, con atención a la juventud y persuadiendo de que “sólo siendo buenos podemos ser felices”.

Agregó, “con hechos, se reconocerá la igualdad de la mujer en el trabajo, en lo salarial, en condiciones laborales, en la vivienda, en la educación y la cultura”.

También dijo que se garantizará a las mujeres el derecho a la salud y a la seguridad social. Recordó que cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal promovió la creación de una clínica de atención al cáncer de mama por lo que enfatizó que continuaría con esta política de salud.

También mencionó que abriría más guarderías para las madres trabajadoras, que combatiría por todos los medios el machismo y la discriminación, promovería campañas de concientización en escuelas y medios comunicación; y en general, que haría justicia a las víctimas de violencia de género.

Finalmente señaló que abriría más espacios para la participación de las mujeres en el gobierno y nuevamente indicó que como jefe de Gobierno la mitad de su gabinete fueron mujeres, por lo que no descartaba la posibilidad de incluir más militantes en su proyecto político.

11/AGM/LGL

“Criminalizar a mujeres que abortan, el mayor mérito político de Beatriz Paredes”

Feministas coinciden que no garantiza derechos de mexicanas

Por Guadalupe Cruz Jaimes



México DF, 26 ene 12 (CIMAC).- La trayectoria política de la priista Beatriz Paredes Rangel, quien ayer dejó su cargo como diputada federal para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), está marcada por el silencio que guardó cuando su partido encabezó la criminalización de las mujeres por aborto en 17 estados de la república.

Esta acusación ha sido sostenida por feministas del país, quienes reclaman a la tlaxcalteca que de 2008 a 2010 –cuando ocupaba la presidencia nacional del PRI- no alzó la voz para exigir que se respetara el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Sabina Berman señaló en la publicación Cuadernos Feministas: “Escribe usted que ha tenido que sacrificar sus altos ideales feministas y de izquierda por los todavía más cruciales ideales democráticos. Como presidenta del PRI, su deber ha sido respetar la libre elección de cada diputado priista al votar, bajo el peso de su conciencia individual, sí o no a las reformas que criminalizan el aborto”.

“¿Democracia, licenciada Paredes? No. Simulación de democracia”, afirmó la escritora mexicana, pues añadió que “típicamente” cada legislador recibió la iniciativa un día antes de la votación y en cuestión de un par de horas reformaron sus constituciones locales para proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.

Patricia Galeana, feminista y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, asevera que el PRI, desde su dirigencia nacional ha utilizado los derechos de las mujeres como “moneda de cambio”, y el ejemplo más claro son las reformas constitucionales en 17 estados, de los cuales 10 estaban gobernados por el PRI, 6 por el Partido Acción Nacional, y uno por el Partido de la Revolución Democrática.

Durante el foro “Estado laico y derechos sexuales y reproductivos: desafíos actuales y agenda política”, Galeana acusó que “los obispos le hablaban a los gobernadores, éstos le hablaban al presidente del Congreso, les mandaban el texto del cual en algunos casos no hubo siquiera primera lectura, les dieron un ‘albazo’. Y en esas condiciones, el PRI, fundamentalmente, abdicó de su origen revolucionario y pactó los derechos de las mujeres, aceptando la criminalización de ellas”.

Mientras su partido atentaba contra la laicidad del Estado, desde la dirigencia nacional la ex gobernadora de Tlaxcala, quien inició su trayectoria a los 21 años como diputada local, se limitó a decir que respetaba la decisión de las y los diputados locales.

En febrero de 2010 -diez meses antes de que el congreso local de Tamaulipas modificara su constitución local para penalizar el aborto en la entidad- Paredes Rangel excusó a su partido diciendo que no todas las entidades que reformaron su legislación local estaban encabezadas por el PRI, ni tenían mayoría priista en sus congresos.

Gabriela Rodríguez, directora de la organización civil especializada en derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes Afluentes, opina que el “mayor mérito político” de la segunda gobernadora del país, “ha sido negar el derecho a decidir de las mujeres y de las indígenas” en 17 entidades federativas.

Así, hoy es posible “llevar a la cárcel en calidad de homicidas a las mujeres que decidan abortar”, muestra de ello es que actualmente hay mexicanas en prisión por este delito o acusadas de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo, en 11 estados de la república.

La mayoría de ellas son mujeres rurales, indígenas, campesinas de escasos recursos, como lo ha documentado la organización civil guanajuatense Las Libres.

Ante este escenario, Gabriela Rodríguez califica a Beatriz Paredes como “una mujer muy inteligente, cuya motivación política lejos de fortalecer los derechos de las mujeres, ha sido la de ganar votos”.

En los hechos, el actuar de la primera mujer que ocupó la Secretaría general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la presidencia nacional del PRI, coincide con su definición de que las mujeres en la función pública no “representan a sus representadas”; sólo a la agenda de sus instituciones políticas.

Y así lo plasma en su libro publicado en 2008  titulado “Con la cabeza descubierta”,  donde la priista sostiene en su discurso “La mujer en la vida política nacional” que “las mujeres, cuando arriban a la cúpula del poder, y ejercen posiciones realmente relevantes, en términos generales, responden a los patrones ideológico-políticos de la organización política que representan.

En este sentido, si la organización político-social que representan no contiene como parte de su plataforma propuestas reivindicadoras de las demandas femeninas, difícilmente aplicarán medidas de esta naturaleza a no ser de manera adyacente o marginal”, concluye la única mujer que ha sido subsecretaria de Gobernación por tres ocasiones, dos de ellas subsecretaria de Gobierno.

EL USO DEL DISCURSO FEMINISTA

La priista, quien considera personas influyentes en su vida y trayectoria a la ex senadora María Lavalle Urbina, a la ex gobernadora Griselda Álvarez, a la investigadora Lourdes Arizpe y a la feminista Marta Lamas, no integra entre sus logros curriculares, acciones a favor de los derechos de las mujeres, según información publicada recientemente en su página web.

A pesar de enunciar un discurso feminista en el que destaca “su interés” por el avance de las mujeres, ellas no han sido prioritarias en el desarrollo de sus tareas. Por ejemplo, en su informe acerca de su labor en la LXI Legislatura sólo menciona que participó en la aprobación de un dictamen que incorpora la perspectiva de género como principio rector de la planeación en México.

Durante su gobierno en Tlaxcala, de 1987 a 1992, Beatriz Paredes, quien entonces tenía 34 años de edad, destaca su labor en los ámbitos cultural y educativo, y su falta de experiencia para avanzar en materia agropecuaria. En ese periodo, no refiere ninguna acción específica a favor de las habitantes de su estado, según se puede apreciar en su texto “Con la cabeza descubierta”.

Indica que a la cabeza de la CNC, donde ocupó la Secretaría de Acción Femenil y participó en la alfabetización de campesinas y convocó a congresos de mujeres de este ámbito, se comprometió a respaldar su desarrollo, pero no refiere de qué forma lo hizo.

Mientras que en 1985 como subsecretaria de la Secretaría de la Reforma Agraria la priista creó el Programa de Participación de las Mujeres en la Consecución de Desarrollo Rural, unas semanas después de que Lourdes Arizpe le cuestionó por qué no organizaba a las mujeres del campo, ya que ellas representaba la base de las comunidades agrarias.

Cabe mencionar que esta agencia de noticias solicitó reiteradamente al equipo de Beatriz Paredes información acerca del trabajo político y legislativo de la tlaxcalteca en beneficio de las mexicanas, pero a la fecha la petición no ha sido resuelta. 

12/GCJ/ LGL

De México a Irlanda: bebés en venta


Por: Lydia Cacho


Francesca Polini y su esposo viven en Londres; con el permiso del gobierno inglés contactaron a la agencia Adoption Alliance en Denver, Estados Unidos; a su vez esta agencia les contactó con un despacho jurídico de Guadalajara, México, donde les aseguraron podrían adoptar al bebé de su elección. Luego de que el gobierno inglés denegara el permiso al enterarse de que la adopción no sería en Denver sino en México, la pareja decidió viajar a Guadalajara y, de cualquier manera, conocer al famoso abogado Carlos López Valenzuela, experto en adopciones internacionales, recomendado por la agencia. Este les ofreció coordinar legalmente la compra de un bebé recién nacido por veinte mil dólares.

Francesca escuchó el ofrecimiento al lado de su esposo; varias cosas les alertaron a pensar que estaban a punto de cometer un delito. López, descrito por Polini como un hombre sudoroso y mal vestido que cargaba un portafolios, les recibió en un Starbucks de Guadalajara, no en un despacho propio. Originalmente les pidió veinte mil dólares, dice ella, pero él mismo bajó el precio a la mitad. La metodología es muy sencilla, el abogado cobraría mil dólares para poner anuncios en el periódico buscando a una madre que quisiera dar en adopción a un bebé (generalmente, mujeres muy jóvenes víctimas de violación o con embarazos no deseados y en condiciones adversas), la pareja pagaría la hospitalización de la madre, el parto y los cuidados del recién nacido mientras él arreglaba toda la documentación pertinente. Para tranquilizarles les explicó que él ya había conseguido casi 200 adopciones para parejas irlandesas.

Seguí mi instinto y nos negamos buscar la adopción con ese abogado, narra la mujer originaria de Irlanda al diario Irish Mail. Años más tarde, Francesca escribió el libro Mexican Takeaway, en el que narra el encuentro con el abogado mexicano (aunque le cambia el nombre) y las técnicas para vender bebés a extranjeros.

El gobierno irlandés ha revelado que efectivamente hasta que no se creó en 2010 la ley Adoption Act, incontables parejas irlandesas adoptaron bebés en países como México y los papeles de adopción se aceptaron como legales al ingresar con la criatura al país.

La jefa de la División de Delitos Sexuales en Agravio de Menores y Violencia Intrafamiliar, Blanca Barrón Rosales, declaró en Jalisco que la autoridad está investigando a una red de venta de bebés, niños y niñas mexicanas desde 1990. Han dicho que se sabe de al menos doscientos bebés vendidos. Por su parte, el abogado ha negado dedicarse a adopciones ilegales.

¿Cómo puede un hombre como Carlos López lograr un negocio tan jugoso? Muy sencillo. México, como muchos países, hace casi imposible que una mujer que ha quedado embarazada sin desearlo pueda dar en adopción legal a su bebé. Es por ello que tantas jóvenes respondieron a los anuncios del abogado, quien aseguró a sus clientes que eso no era venta ilegal de menores, sino una transacción legal. Y en cierta forma lo era. Según las autoridades, lograron detener a jóvenes que recientemente habían parido y que para dar en adopción al bebé a parejas extranjeras, firmaron documentos legales en que rentaban a sus bebés para filmaciones cinematográficas o televisivas. Una joven indígena de 16 años que apenas habla español dijo a una trabajadora social del DIF de Guadalajara que su padrastro la había violado, que en el DIF le dijeron que era un pecado abortar y que tenía que tener a ese bebé. Su patrona le explicó que si no quería a ese bebé que “le daba pesadillas”, era más sano que lo diera en adopción; así, otra trabajadora doméstica adulta la llevó con una persona, un señor cuyo nombre no recuerda, que le pagó mil pesos por el día que ocupó en el papeleo y le prometió que una buena pareja cuidaría muy bien de ese bebé.

Interpol ahora participa de la investigación sobre una red internacional de adopciones ilegales que en realidad opera como compra-venta de bebés. Nadie sabe aún con precisión cuantas parejas de otros países han adoptado niñas y niños mexicanos bajo ese que la autoridad mexicana denomina como un esquema delictivo de tráfico de menores.

Este fenómeno se nutre de la pobreza, de la criminalización de las mujeres ante la terminación legal del embarazo y de los vacíos e inconsistencias en la regulación jurídica de la adopción en los 32 estados. Por ejemplo, en Colima, a donde según los testimonios de padres adoptivos el abogado López les llevaba, junto con la madre biológica, la ley es tan laxa que basta con que las dos partes se presenten ante un juez y aseguren desear dar y recibir la adopción para que esta se legalice. En otros estados es preciso esperar seis meses después del nacimiento, y en otros los trámites y contradicciones jurídicas hacen las adopciones casi imposibles.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas mantienen bajo arresto a 9 jóvenes madres que, a su vez, fueron engañadas para creer que la adopción era legal. Diez bebés ahora quedaron atrapados en el sistema DIF y podrían pasar años sin cuidados afectivos de una familia que desea cuidar y educar a una o uno de ellos.

La mujer inglesa asegura que cuando visitó el Hospicio Cabañas y a Vicaf, la agencia de adopciones mexicana, todos conocían a Carlos y sus métodos para vender bebés, pero ninguna autoridad lo había detenido; esto sucedió hace cinco años y apenas ahora se dio el primer arresto.

Probablemente cientos de niños que hubieran crecido en la orfandad, la miseria y el odio han vivido como ciudadanos prósperos en Irlanda y otros países desarrollados. Pero tampoco puede descartarse que el procedimiento clandestino por el que fueron adoptados, sin supervisión sobre los nuevos padres, pudo haber provocado abusos e incluso pederastia.

Tan cuestionable es un esquema laxo y sin supervisión, como existía antes, como una legislación absurda que castiga a la víctima. Tendríamos que encontrar fórmulas que hagan a un lado la hipocresía, que favorezcan la supervisión del proceso y permitan, en última instancia que niñas y niños nacidos en situaciones límite puedan crecer en hogares en los que se garantice mínimas condiciones para su seguridad y felicidad.

22 de enero de 2012

Abunda la “información”, pero adolescentes aún se embarazan



Campañas van y vienen, y las jóvenes no usan anticonceptivos  


Por Glenda Libier Madrigal, corresponsal 
 

Colima, 20 ene 12 (CIMAC/MUPAC).- Por más que las autoridades federales y estatales de Salud lanzan “campañas” a favor de los derechos sexuales y reproductivos, las colimenses –en particular las jóvenes y adolescentes– siguen teniendo embarazos no deseados por no usar métodos anticonceptivos, a pesar de contar con información sobre ellos. 
 
Recientemente, la Secretaría de Salud (Ss) federal, lanzó la campaña nacional “Hagamos un hecho nuestros derechos”, dirigida a las y los jóvenes de entre 12 y 29 años, con el fin de exhortarlos a ejercer de manera libre y responsable sus derechos sexuales.
 
La jefa del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del estado de Colima (SSyBS), Mónica Gómez Huerta, observó que la campaña de la Ss no se lanzó masivamente en medios de comunicación, a diferencia de otras como la del uso del condón masculino.
 
Sin embargo, dijo, la campaña “Hagamos un hecho nuestros derechos” se difunde en los centros de salud de todo el país, para que las y los jóvenes y adolescentes se informen sobre sus derechos sexuales y reproductivos y los pongan en práctica, pero con responsabilidad, aclaró.
 
ESFUERZO INÚTIL 
 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reportó que 88 por ciento de las y los adolescentes colimenses de 12 a 19 años de edad, rebasan la media nacional (81.8 por ciento) en conocimiento de los métodos anticonceptivos. 
 
De acuerdo con el sondeo, 54.2 por ciento de las y los jóvenes entre 15 y 19 años aprende sobre sexualidad en la escuela, 13.9 por ciento de sus padres y madres, y 12.4 de las amistades.
 
La propia funcionaria de la SSyBS Mónica Gómez Huerta, reconoció que “las y los jóvenes se dejan guiar más por sus impulsos y usan poco los métodos preventivos que conocen, a lo que se agrega que sus acciones están enmarcadas en un imaginario machista y católico”, subrayó.
 
La jefa del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva sostuvo que las y los adolescentes tienen “demasiada información” sobre la existencia de métodos anticonceptivos, pero “no los usan o los usan mal”, de tal forma que en muchas ocasiones sus relaciones sexuales terminan en embarazos no deseados.
 
Además, la funcionaria lamentó que esta población “sólo va a los centros de salud cuando se enferma, y no para pedir consejería sobre sus derechos sexuales y reproductivos”.
 
FALTA DE PREVENCIÓN 
 
El estudio “La influencia del género en la vida académica de estudiantes de educación superior gestantes, madres y padres”, elaborado recientemente por investigadoras de la Universidad de Colima, indica que la mayoría de las y los estudiantes encuestados sabe y conoce de anticonceptivos, pero no de una manera informada por un médico o alguien que sepa del tema, y al final resulta que no los usan.
 
Según la investigación 8 de cada 10 encuestados y encuestadas se convirtieron en padres o madres a una edad muy temprana; 35 por ciento de ellos tiene entre 19 y 21 años. El 53.4 por ciento de las mujeres consultadas aceptó no haber planeado su primer embarazo, como tampoco lo hizo el 55.1 por ciento de los hombres.
 
“Las opiniones de las y los estudiantes indican un divorcio entre el conocimiento de la anticoncepción y la puesta en práctica del mismo; hecho que tal vez explique que para más del 50 por ciento de la población estudiada tener un primer hijo o hija no fue un acontecimiento planeado, y llegaron a ser padres y madres entre los 18 y 20 años de edad”, observaron las especialistas Florentina Preciado y Mirtea Acuña. 
 
Según la Ss, de 2010 a 2011 hubo una reducción de tan sólo 339 casos de embarazos en adolescentes en Colima. En 2010 se registraron 8 mil 855 embarazos, de los cuales 2 mil 639 ocurrieron en adolescentes. Para 2011 hubo 8 mil 424 embarazos, y de éstos, 2 mil 300 fueron en adolescentes.
 
Estos datos únicamente se refieren a los casos registrados en la SSyBS, y no contemplan los de otras instituciones como el IMSS, ISSSTE o Sedena.
 
12/GLM/RMB/LGL

Penalizar el aborto no significa que su práctica disminuirá



Países en desarrollo con las leyes mas restrictivas y mayores tasas 
Por la Redacción 
 

México, DF, 20 ene 12 (CIMAC).- Mientras en 2008 se realizaron seis millones de abortos en países desarrollados, la cifra se sextuplicó para los países en desarrollo, al presentar 38 millones, el 98 por ciento de éstos se realizaron en condiciones inseguras, lo que es resultado del estancamiento en el uso de anticoncepción y en la prohibición del aborto en prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos.
 
Lo anterior fue el resultado de un estudio realizado por el Instituto de investigación Alan Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado “Aborto inducido: incidencia y tendencias mundiales de 1995 a 2008”.
 
El análisis alerta que hay un estancamiento en la disminución de abortos inducidos lo que tiene que ver, señala, con una desaceleración en el uso de métodos anticonceptivos en el mundo.
 
Sin embargo existe una disparidad entre países desarrollados y en desarrollo pues mientras los primeros presentan tasas de aborto de 17 por cada mil mujeres, para los segundos se ubicó en 29 por cada mil mujeres.
 
Lo anterior, sostiene la investigación, tiene que ver con que en la mayoría de los países desarrollados tienen marcos legales permisivos para que las mujeres interrumpan un embarazo, no así con los países en desarrollo, como los latinoamericanos, donde su práctica se prohíbe en la mayoría de los países.
 
Un problema derivado de los embarazos inducidos que en su mayoría son inseguros, es la muerte materna o la morbilidad.
 
De acuerdo con el Guttmacher, en el mundo, el aborto inseguro produjo una tasa de mortalidad 350 veces más alta (220 muertes por cada mil procedimientos) que la que se produjo en Estados Unidos por abortos legales inducidos que fue de 0.6 por cada mil procedimientos.
 
Según lo encontrado en el estudio, hasta 2005 8.5 millones de mujeres sufrieron complicaciones por abortos que requirieron tratamiento médico, de ellas 3 millones no recibieron la atención necesaria.
 
PENALIZACIÓN NO SIGNIFICA MENOS ABORTO
 
Gilda Sedgh, autora de uno de los artículos del estudio, argumentó que las leyes altamente restrictivas del aborto no se traducen en la disminución de su práctica, por el contrario, contribuyen a incrementar la muerte materna, pues la mayoría de las mujeres se ven obligadas a recurrir a un procedimiento inseguro que pone en riesgo su salud. 
 
Richard Horton, editor de la revista digital The Lancet – donde fue publicado el artículo- indicó que “condenar, estigmatizar y criminalizar el aborto” son estrategias fallidas para detener la práctica del aborto inseguro, pues el aborto bajo estas circunstancias causa la muerte de 220 mujeres por cada cien mil procedimientos. 
 
De acuerdo con la investigación el 13 por ciento de  todas las muertes maternas son derivadas de complicaciones por un aborto inseguro, la mayoría de estas muertes, ocurrieron en África y América Latina, regiones en donde el aborto está altamente prohibido.  
 
En algunos países de África y América Latina, regiones en donde el aborto es ilegal bajo la mayoría de las circunstancias, las tasas de aborto inducido  son de 29 y 32 abortos por cada 1,000 mujeres, respectivamente. Mientras que en los países de Europa Occidental en donde el aborto generalmente se permite bajo causas amplias y se tiene un acceso más amplio a métodos anticonceptivos, la tasa es de 12.  
 
12/AZM/LGL

Incumplen estados aplicación de norma contra violencia sexual



Sobrevivientes del delito quedan en la indefensión: OCNF 



Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

México, DF, 20 ene 12 (CIMAC).- Los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM 046) para el registro y atención integral de víctimas de violencia sexual se incumplen en la mayoría de las entidades federativas, dejando a las víctimas de este delito sin acceso a la anticoncepción de emergencia y a servicios de aborto legal. 
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), denunció lo anterior con base en información de las secretarías de Salud estatales obtenida a través del sistema Infomex. 
 
El año pasado el OCNF solicitó información a 25 dependencias de salud acerca del panorama de la violencia sexual en sus estados y cuál es la atención que brindan a las sobrevivientes, pero sólo 16 respondieron. 
 
La activista refirió que los resultados de la investigación permiten afirmar que la NOM 046 no se está aplicando, ya que la mayoría de las víctimas no llegan a los servicios de salud porque no son canalizadas a los ministerios públicos, a pesar de que la norma señala la necesidad de que se coordinen las instancias judiciales con los servicios médicos.
 
Muestra de ello es que mientras en 16 estados el número de casos de violación sexual reportados por el sector salud fue de 2 mil 662 de 2010 a 2011, los ministerios públicos registraron más de 7 mil denuncias por este delito durante el mismo periodo. 
 
El 25 por ciento de los más de 2 mil casos reportados por las secretarías de Salud estatales se cometieron en Jalisco, el 18 por ciento en Quintana Roo, y el 16 por ciento en Colima. 
 
Las mujeres que fueron atendidas en los servicios de salud por violación sexual no tuvieron acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), y tampoco a la interrupción legal del embarazo (ILE). 
 
La investigación del OCNF señala que de los 16 estados que reportaron el número de víctimas, sólo 10 respondieron cómo han aplicado la NOM 046: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa. 
 
Esos estados señalan que brindaron información acerca de la PAE a 70 por ciento de las mil 190 sobrevivientes de violación sexual registradas en sus secretarías, “pero cuando les preguntamos a cuántas de ellas se las proporcionaron, la cifra disminuye a 24 por ciento (405 mujeres)”. 
 
Según las dependencias estatales, de las más de mil víctimas de violación, sólo 39 quedaron embarazadas (2.3 por ciento), de los cuales 26 casos ocurrieron en el Estado de México, 9 en Hidalgo, 3 en Chihuahua y una en Colima. Sólo 12 mexiquenses solicitaron la ILE y se les autorizó, el resto (14 mujeres) no tuvo acceso a servicios de aborto legal.  
 
De acuerdo con Luz Estrada, el número reportado de embarazos es incompatible con la información de la Secretaría de Salud federal (Ss), la cual sostiene que en promedio entre el 7 y 26 por ciento de las víctimas de violación quedan embarazadas, “ello nos habla del sesgo en el registro de este tipo de violencia y sus consecuencias”. 
 
Por ejemplo en Colima de los 426 casos de violación sexual sólo se reportó una víctima embarazada. 
 
“Es preocupante que no hay acceso al aborto legal para las sobrevivientes de este delito, a pesar de que es la única causal no punible de interrupción del embarazo en todo el país”, lamentó la coordinadora del OCNF. 
 
Otra dificultad es que las secretarías de Salud estatales no llenan los registros correctamente. Por ejemplo, en los formatos llenados por la dependencia de Colima “hay errores graves que derivan en el sesgo de la información: tachan varios o todos los tipos de violencia, lo mismo en la relación con el victimario”. 
 
Además de los errores en el registro, “la autoridad dificulta la información”, ya que sólo 14 secretarías respondieron información detallada de los casos, aunque no cubrió el total de las preguntas.
 
Así, sólo seis estados (Colima, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro y Quintana Roo), respondieron la edad de las 798 víctimas registradas en sus estados, de las cuales 40 por ciento oscila entre 11 y 20 años, 19 por ciento entre 21 y 30 años, y el 13 por ciento entre 31 y 40. 
 
Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Sinaloa informaron cuál era la relación de la víctima y el victimario. Así, de los 662 casos que reportaron de 2010 a 2011, el 44 por ciento de las mujeres fueron abusadas por una persona cercana, 39 por ciento por un desconocido, y en 17 por ciento de casos la autoridad desconoce cuál era el vínculo. 
 
Luz Estrada concluyó que esta información básica está en los formatos de registro que envió la Ss a las dependencias estatales el año pasado, pero “lamentablemente” siguen sin aplicarse y esta situación impide la evaluación de los servicios.