La Historia de esos días

La Historia de esos días

La historia de esos días

11 de agosto de 2011

¿DE VERDAD ESTAMOS TAN SOLOS?


  


 Por Efraín Bartolomé

Son las 4:43 de la mañana del día 11 de agosto de 2011.  Hace aproximadamente dos horas un grupo de hombres armados irrumpieron en mi casa ubicada en Conkal 266 (esq. Becal), Col. Torres de Padierna, 14200, México, D. F. Comenzamos a escuchar golpes violentos como contra una puerta metálica y me extrañó porque se escuchaba demasiado cerca y no hay ninguna puerta así en la casa. Prendí la luz. Los golpes arreciaban ahora como contra nuestras puertas de madera.  Quité la tranca que protege la puerta de nuestra recámara y me asomé al pasillo: hacia el comedor veía luces (¿verdosas? ¿azulosas? ¿intermitentes?) acompañando los golpes violentos contra el cristal que da al sur. Mi mujer me gritó que me metiera. Así lo hice apresuradamente y alcancé a poner la tranca de nuevo. Oí cristales rompiéndose y pasos violentos hacia nuestra recámara: rápidos y fuertes. “¡Abran la puerta!” era el grito que se repetía antes de que empezaran a golpear con violencia mayor nuestra puerta con tranca. Nos encerramos en el baño y busqué a tientas un silbato que cuelga de un muro sin repellar: comencé a soplarlo con desesperación, unas diez veces, quizá. Mi mujer está llamando a la policía. Les dice que están entrando a la casa, que vengan pronto por favor, que nos auxilien. Yo sigo soplando el silbato con desesperación. En la oscuridad, mi mujer se ubicó tras de mí mientras oíamos que la tranca de la puerta se quebraba y los hombres entraban. ¿Tres, cuatro, cinco? Quise cerrar la puerta del baño pero ya no alcancé a hacerlo.  Empujé unas cajas hacia dicha puerta y en algo estorbó los empujones. “¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, hijos de la chingada...!” gritaban mientras empujaban y metían sus rifles negros hacia el interior. Quise detener la puerta con mis manos pero no tenía sentido: vencieron mi mínima resistencia y entraron. Policías vestidos de negro, con pasamontañas y lo que supongo que serían “rifles de alto poder”. “¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, hijos de la chingada! ¡Al suelo y no se muevan!” Uno de los hombres me da un manazo en la cabeza y me tira los lentes. Alcanzo a pescarlos antes de que toquen el suelo. Me quita el silbato. −¡No golpee a mi esposo! –grita mi mujer. −¡El teléfono! ¡Déme el teléfono! –le responde y pregunta si no tenemos otro teléfono o un celular. Ella y yo nos arrodillamos primero y después nos medio sentamos en el suelo de cemento de este baño sin terminar. Policías jorobados y nocturnos, como en el romance de García Lorca. Quién lo diría: aquí, en nuestra amada casa donde cultivamos y enseñamos la armonía. Aquí...  Justo aquí estos hombres de negro, con pasamontañas, con guantes, con rifles de asalto, con chalecos o chamaras que tienen inscritas las siglas blancas PFP, nos apuntan con sus armas a la cabeza. Uno de ellos, siempre amenazante, nos interroga.  Dos más permanecen en la puerta. − ¡Las armas! ¡Dónde están las armas! − Aquí no hay armas, señor, somos gente de trabajo. − ¡A qué se dedica!” −Soy psicoterapeuta y escribo libros. −¿Desde cuándo vive aquí? − Desde hace treinta años... −Cómo se llama. −Efraín Bartolomé. −Cuántos años tiene. −60. −A qué se dedica. −Ya se lo dije, señor, soy psicólogo y escribo libros. −Usted cómo se llama... –se dirige a mi mujer. −Guadalupe Belmontes de Bartolomé. −A qué se dedica. −Soy arqueóloga y ama de casa. −Cuántos años tiene. −54. −Tranquilos. Respiren profundo... Voy a verificar los datos.  El hombre sale. Oigo ruidos en toda la casa. Están vaciando cajones, abriendo puertas, pisando fuerte sobre la duela de madera. Oigo ruidos afuera, en el cuarto de huéspedes, en la torre, en el estudio de abajo. Nos cambiamos de posición.  Mi mujer pone algo sobre el frío piso de cemento.  Cinco o siete minutos después regresa el hombre y repite su interrogatorio. Si recibimos gente en la casa, con qué frecuencia, cada cuánto salimos de viaje, quién cuida entonces. Respondemos a todo brevemente. Dice nuevamente que va a verificar los datos y que volverá a decirnos porqué están aquí. El tiempo pasa.  Oímos que abren nuestro carro en el garage. Voces ininteligibles en el patio del norte. Más tiempo. Varios minutos después se oyen motores que se prenden y carros que arrancan. Mi mujer y yo seguimos en la oscuridad.  Comenzamos a movernos. Sólo silencio. Nos incorporamos con cierto temor. Salimos del baño hacia la recámara iluminada. Desorden.  Cajones abiertos.  Cosas volcadas en el buró. La chapa de la puerta en el suelo. Restos de la tranca destrozada. La puerta de tambor machacada y rota, pandeada en su parte media. Salimos al pasillo: un cuadro en el suelo y abiertas las puertas de lo que fueron las recámaras de mis hijos. Desorden en el interior: maletas y cajas abiertas, cajones vaciados. Vamos hacia el comedor: uno de los vidrios roto en su ángulo inferior izquierdo, muchos cristales en el piso. La puerta de la sala está rota de la misma forma en que rompieron la de nuestra recámara: la chapa en el suelo y fragmentos de duela en el piso. Está abierta la puerta de la torre y prendidas las luces del cuarto de huéspedes. Salimos por la puerta de la sala y nos asomamos con cierto temor. Nada. Mi mujer llama por segunda vez a la policía. Es en vano: piden los datos una vez más. Dicen que ya enviaron una unidad. Llego a la barda y me asomo: no hay carros. El portón del garage está intacto. Bajamos las escaleras hasta la puerta de acceso: rota igual que las de adentro. El estudio de abajo está con las luces prendidas. De por sí desordenado, ahora lo está más. Vamos hacia la torre y entramos al cuarto de huéspedes: cajones volcados, revistas en el suelo, cosas sobre la mesa, puertas del clóset colgando, zafadas de su riel inferior. Subo al tercer piso: una esculturita de alambre volcada pero no se nota demasiado desorden. Subo a los pisos superiores: no hay daño en la salita de arte. En el último piso dejaron abierta la puerta a la terraza. Volvemos al interior: queremos tomar fotos pero no está la cámara de mi mujer que estaba sobre el buró. “¡Tampoco está la memoria de mi computadora!”, grita. También se la llevaron Quiero ver la hora y voy al buró por mi reloj: ha desaparecido mi querido Omega Speedmaster Professional que me acompañó por casi cuarenta años. Tiene mi nombre grabado en la parte posterior: Efraín Bartolomé. Oímos que un auto se estaciona y nos asomamos. Mi mujer llama una vez más a la policía: lo mismo. Ya tienen los datos pero nunca enviaron apoyo. Indefensión. Del auto blanco baja un joven y avanza hacia la esquina. Se asoma y regresa. Lo saludo y responde. Le preguntamos qué pasa y responde que viene en atención a una llamada de su amiga que vive a la vuelta y a cuya casa también se metieron. Mi mujer pregunta de qué familia se trata, cómo se apellida. Magaña, responde el joven. ¡Es Paty!, dice mi mujer.  Salimos a la calle y voy hacia allá. Encontramos a Patricia Magaña, bióloga, investigadora universitaria, acompañada de su papá, en la calle. Entraron a ambas casas la de ella y la de sus padres, con la misma violencia que a la nuestra. Patricia y su hija estaban solas. Sus padres octogenarios también estaban solos. Volvemos a nuestra casa vejada y con la puerta rota. Atranco la destruida puerta de la calle. Con todo, mantenemos una sorprendente calma. “Pudieron habernos matado”, dice mi mujer. Yo imagino por unos segundos nuestros cuerpos ensangrentados en el baño en desorden. ¿Sabe el presidente Calderón esto que pasa en las casas de la ciudad? ¿Lo sabe Marcelo Ebrard? ¿Lo sabe el procurador Mancera? ¿Ordenan Maricela Morales o Genaro García Luna estos operativos? ¿Sabrán quién fue el encargado de este acto en contra de inocentes?  Antenoche volvimos a casa levitando, en la felicidad más plena, tras la amorosa y conmovedora recepción del público ante nuestro libro presentado en Bellas Artes. Un día después, en la atroz madrugada, la PFP irrumpe violentamente en nuestra casa, quiebra nuestras puertas, destruye los cristales, hurga sin respeto en nuestra más íntima propiedad, nos amenaza con armas poderosas a mi bella mujer y a mí, a la edad que tenemos... Y pensar que también son humanos los que hacen esto contra su prójimo. Subo al estudio a escribir esto. Allá, abajo, la ciudad parece embellecida por la calma. Arriba la impasible Luna de agosto, casi llena. Son ya las 6:35 de la mañana. La luz de oriente comienza a colorear y a inflamar el horizonte. La policía nunca llegó. ¿De verdad estamos tan solos?

¿QUÉ HACE EL CONSEJO CONTRA LA TRATA?

Editorial de La Jornada de Tlaxcala



La atención de la trata de personas con fines de explotación sexual ha atravesado por varias etapas que hoy requieren ser evaluadas, sobre todo a la luz de los resultados que se espera debe aportar el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.
 La primera surge en 1995 con la creación del Centro Universitario de Derechos Hu manos del Estado de Tlaxcala (Ceudhte), ya que a través de los talleres que imparte sur gen los casos que son abordados como viola ción a los derechos humanos.
La casuística busca ordenarse y ahí surge la segunda época con la realización de los primeros estudios que no se publican a prin cipios de la primera década de este siglo y donde predomina la mirada de la antropolo gía, que inicialmente define el problema co mo una categoría laboral.
La tercera se produce con el surgimiento en 2001 del Centro Fray Julián Garcés, que emprende una campaña para socializar los resultados de las investigaciones y establece un sistema de registro para ubicar el tema en la agenda pública.
Esta acción, que pasaba inadvertida por el gobierno local, resulta fortalecida cuando los medios internacionales dan cuenta de la detención de una familia dedicada al lenoci nio en Nueva York, cuyos integrantes son oriundos de Tenancingo.
La cuarta etapa surge porque los medios internacionales, nacionales y uno que otro local hacen el seguimiento de los casos que se relacionan con la entidad, lo que convierte a Tlaxcala ¡en la sede, el ombligo, la cuna... de la esclavitud sexual!
La quinta etapa se da como producto de la movilización de la sociedad civil, la influen cia de los medios y la angustia del Ejecutivo local, que se ve obligado a enviar y el Con greso local aprobar en cuatro días la Ley para la Prevención de la Trata de Personas.
La sexta etapa inicia en 2011 con la insta lación formal del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, porque aunque había exis tido una instalación en febrero de 2010, no se inician los trabajos por razones electorales.
A seis meses, justo y necesario es que dicha comisión informe a la ciudadanía de los resultados que ha tenido, porque algunos señalan que las acciones han buscado más un efecto mediático que enfrentar el problema.

10 de agosto de 2011

Indigna feminicidio de joven estudiante en Matamoros


Matamoros, Tamaulipas.- El asesinato de Mayra Alejandra Garza de 18 años, a causado indignación en la población matamorense, la joven estudiante fue golpeada hasta provocarle la muerte en el interior de una tienda de globos y decoraciones ubicada en las calles Sexta entre Magallanes donde laboraba.

Lo anterior ocurrió el pasado 1 de agosto a las 8 y media de la noche, el hecho fue reportado por vecinos al numero de emergencias 066, sin embargo cuando llegaron los socorristas de la Cruz Verde dictaminaron la muerte de la jovén a causa de los golpes en el cráneo ocasionados presumiblemente con una piedra localizada en el lugar, aunque presentaba múltiples daños en diversas partes del cuerpo.

Dada la violencia con que fue atacada la joven este acto puede ser calificado como feminicidio, crimen en el cual el hecho de ser mujer pone en mayor riesgo a la población femenina.

De acuerdo a las autoridades Mayra Alejandra intento defenderse de las agresiones, pero no le fue posible.

En el lugar no se encontro el bolso de la joven, por lo que las autoridades han manejado como móvil del brutal ataque el asalto, pero las investigaciones continúan.

El Agente Tercero del Ministerio Público Investigador Lic. Guadalupe Bernal Castillo fue el responsable de dar fe de los lamentables hechos.

Publicado por mujeresnoticia 

Omisión de autoridades ante casos de violencia obstétrica

En Veracruz, predomina desinformación entre usuarias   
Por Brisa Gómez, corresponsal 
 
Xalapa, 9 ago 11 (CIMAC/AVC).- La Secretaría de Salud del estado de Veracruz ha incumplido con su obligación legal de castigar los malos tratos que comete personal médico contra mujeres que requieren atención durante el embarazo, parto o puerperio, señaló Emma María Reyes Rosas, coordinadora estatal del Comité Promotor por una Maternidad Segura.
La experta acusó que el gobierno estatal tampoco ha hecho su tarea para que la población, en particular las mujeres, conozca sus derechos sobre este tema y proceda a denunciar la llamada “violencia obstétrica”, estipulada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz.
Tal legislación fue promulgada el 28 de febrero del 2008 y define a la “violencia obstétrica” como la “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”.
Asimismo, la violencia de ese tipo se presenta al “omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical”.
Igualmente, cuando se obstaculiza el apego precoz del niño o niña
con su madre sin causa médica justificada, se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, y cuando se practica el parto por vía cesárea, “existiendo condiciones para el parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
Cabe destacar que la Ley de Violencia de Veracruz es la única en todo el país que estipula y castiga la “violencia obstétrica”.  
En entrevista, Emma María Reyes invitó a la población a presentar sus quejas y denuncias ante la Comisión de Arbitraje Médico estatal (Codamed) o llamar al 01 800 26 26 2 para recibir atención sobre este tema.
Explicó que en Veracruz es común la falta de atención a las mujeres, la negativa de ingreso o de atención médica cuando llegan en estado de gravedad en el embarazo y “llegan prácticamente a morirse a los hospitales”, el desabasto de medicamentos e insumos para su atención, la falta de médicos y enfermeras en las clínicas y en hospitales, y los retrasos en la atención de la emergencia obstétrica.
Reyes Rosas recalcó que las dependencias públicas han hecho de lado su responsabilidad para difundir esta situación, lo que ha mantenido a las mujeres en la indefensión en cuanto se presentan las irregularidades y que pueden incluso llegar a costarles la vida, especialmente cuando se trata de conductas que llegan a presentarse en momentos de vulnerabilidad, como son el embarazo, parto o puerperio.
Expresó que incluso “los médicos y las autoridades no están preparados para enfrentar el abordaje de este tema, entonces hay mucho temor porque pueden ser sancionados y entonces eso refuerza una cultura del miedo que invisibiliza dónde quedó la responsabilidad”.
 
11/BG/RMB

El aborto en Puebla, atado a una legislación prejuiciosa



Actualmente la ley de protección a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural tipifica el aborto como delito.

“Es muy importante (la despenalización del aborto)”, reconoce Guillermo Aréchiga, pero “es un tema propio de sociedades más avanzadas”

Por Ernesto Aroche Aguilar

Seis de cada cien muertes maternas que se registraron en Puebla entre el 2002 y el 2008 llevan el sello de abortos mal practicados o insalubres. La cifra podría parecer menor pero no lo es. A nivel nacional, excluyendo el Distrito Federal, los datos que reporta el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) y laSecretaría de Salud, son muy similares, pero representan apenas una pincelada de un problema de salud pública sobre el que difícilmente se conocen con precisión las dimensiones.
Un estudio realizado por el Colegio de México, el Guttmacher Institute y la oficina en México del Population Council, presentado en el 2008, concluye que en nuestro país se realizan anualmente 33 abortos inducidos por cada mil mujeres, una tasa superior al promedio de 31 procedimientos que se reporta para toda América Latina.
Y si a nivel América Latina el indicador en México ya es alto, en el comparativo con los Estados Unidos (EU), donde el recurso médico es legal, la diferencia es profunda: apenas 19 por cada mil mujeres, es decir, 40 por ciento menos que en territorio mexicano.
Otra diferencia importante entre los dos países es la seguridad del procedimiento. En Estados Unidos, menos de 0.3 por ciento de las pacientes de aborto tienen complicaciones que requieren hospitalización. En claro contraste, 17 por ciento de las mujeres mexicanas que recurrieron a abortos en 2006 requirieron tratamiento por complicaciones en hospitales públicos.
El mismo estudio revela que a nivel regional, Puebla se ubica dentro de los estados con la tasa de incidencia más alta de todo el país: 36 abortos por cada mil mujeres, casi el doble que en el vecino país del norte.
El documento también da a conocer que el porcentaje de mujeres que previenen la posibilidad del embarazo utilizando métodos anticonceptivos en la región centro, donde se ubica a Puebla, es apenas del 67 por ciento, lejos del 81 por ciento que se registró en el Distrito Federal, en donde además desde abril de 2007 la interrupción legal del embarazo (ILE) es una realidad.
Pocas adolescentes
Cifras de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, actualizadas al 15 febrero de este año, revelan que apenas el siete por ciento de las 54 mil 48 mujeres que se han practicado procedimientos de aborto en la Ciudad de México son menores de edad, y si bien el grueso de las solicitantes se ubican entre los 18 y los 24 años de edad con un 47 por ciento, hay un 35 por ciento de mujeres entre los 25 y los 34 que también ha optado por el procedimiento.
Lejos de lo que pudiera pensarse, la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo es una opción por la que optan lo mismo mujeres solteras (53 por ciento) que aquellas que llevan una vida de pareja (38 por ciento).
Puebla, la persecución 
Producto del cambio de legislación en el estado, al incluirse en el 2009 la protección a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y tipificando como delito el aborto, Alejandra Gómez Sánchez llegó a la cárcel.
La madrugada del 2 de agosto de 2009, la joven de 20 años de edad fue internada en el hospital de la Cruz Roja de Puebla, sangraba entre las piernas producto de la ingesta de pastillas para abortar. Horas después la mujer perdía el producto y su libertad.
Su caso saltó de inmediato a las páginas de los diarios y a los espacios mediáticos pues era la primera detenida luego de la reforma constitucional, pero vendrían más. Para febrero de 2010, de acuerdo con datos que fueron entregados por la PGJ a una solicitud de información, se elevaba ya a 30 el número de averiguaciones previas iniciadas y a nueve el número de consignadas, es decir de mujeres detenidas y en proceso de investigación.
Una siguiente solicitud, presentada por la representación en Puebla de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), disminuía a cuatro el número de averiguaciones previas consignadas ante un juez, pero revelaba que entre las mujeres denunciadas había incluso una menor de 12 años.
“La criminalización del estado a las mujeres que optan por el embarazo ha llegado a extremos ridículos –explica en entrevista Natalí Hernández Arias, integrante de Ddeser— resulta que hay una niña de 12 años procesada por aborto cuando es evidente que ahí hubo una violación, bajo cualquier circunstancia jurídica de este país que se le vea. Incluso si se pudiera probar que hubo relaciones consentidas eso es una violación”.
“Ahí, sostiene, incluso parece que se han olvidado de los derechos de los niños y las niñas, que sí están incluidos en esta agenda legislativa pero, más grave, qué hacen los ministerios públicos y el sector salud criminalizando a una niña de 12 años”.
Una situación que podrían estar viviendo muchas mujeres, pues de acuerdo con datos del Inegi citados por la defensora de los derechos sexuales y reproductivos, cerca del 53 por ciento de las mujeres sufre algún tipo de violación sexual entre los 15 y los 39 años.

¿Salud = MP?
Las modificaciones a la ley también trajeron una nueva obligación a los médicos: la denuncia de las mujeres que atienden por abortos mal practicados, una situación que a decir de Hernández Arias podría resultar contraria a la secrecía que deben mantener los galenos en su relación con el paciente.
Caso concreto fue la denuncia del entonces subdirector de la Cruz Roja, Leónidas Cuapio Montero quien reconoció ante los medios de comunicación que fue la institución quien informó a José Ávila García, responsable del área de homicidios de la PGJ, de la situación que enfrentaba Alejandra Gómez Sánchez.
Una situación que se ha repetido en otros casos y que no parte necesariamente de un análisis clínico del caso sino de la propia confesión de la mujer atendida, “en los casos en los que nos hemos acercado ha sido a partir de que las mujeres reconocen la situación después de un proceso de estrés de angustia, dolor y presión terminan reconociendo la situación, ahora, también ha habido casos en donde se encuentran residuos de los medicamentos que luego se utilizan, y eso ya es una evidencia de lo que pasó”.
El aborto, “un tema de sociedades avanzadas”
“Es muy importante –la despenalización del aborto–, pero es un tema propio de sociedades más avanzadas. En una sociedad como la nuestra, con el nivel educativo y la pobreza que tiene, creo que las prioridades son otras”, esa fue la justificación que ofreció el 21 de marzo pasado, unos minutos después de celebrar el natalicio de Benito Juárez, el actual presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Guillermo Aréchiga Santamaría, a la ausencia del tema en la agenda legislativa común.
Una postura que le ganó críticas y cuestionamientos no sólo por activistas y mujeres que han trabajado desde diferentes trincheras la posibilidad de despenalizar más allá de las cuatro causales que ya contempla la ley actualmente: violación, malformación del producto, riesgo para la salud de la madre y descuido grave del aborto, incluso de sus propios compañeros de legislatura.
Una legislación, por cierto, que aún está sin terminar pues aún no se ha incluido en marco normativo los mecanismos para que se apliquen tres de las cuatro causales no punibles de aborto, la única que hasta el momento quedó regulada es la de la violación, esto gracias a la propuesta de reforma al Código de Defensa Social y al Código de Procedimientos Penales que presentó la ex diputada priísta Rocío García Olmedo y que fue aprobada en el último día de trabajo de la legislatura pasada.
¿Y que dice la sociedad?
Aún cuando se trata de un tema polémico, la aceptación social prácticamente se duplicó en los últimos años aunque todavía es una minoría. Una encuesta realizada por La Jornada de Oriente revela que la aprobación ciudadana al tema del aborto pasó del 11.8 por ciento en el 2003 al 20.2 para el 2010.
Pero además existe una mayor tolerancia a las decisiones de la mujer al respecto, el estudio demoscópico, realizado de acuerdo con la metodología respetando fechas de realización y tamaño proporcional de la muestra, revela que si bien en los primeros años de la década el 25 por ciento estaba de acuerdo con la decisión, para marzo de 2010 la cifra ya se había elevado al 44 por ciento.
Pero los matices revelan que en las condicionantes que la ley reconoce para la interrupción apenas hay cambios en la percepción social o incluso han dejado de ser considerados razones para ello, así el aborto en casos como la malformación física o mental del producto que en 2003 fue aprobado por el 75 por ciento de los encuestado, para 2010 la aprobación cayó al 67 por ciento.
La aprobación a la posibilidad de que el embarazo pusiera en peligro de muerte a la madre pasó en el mismo periodo del 83 al 74 por ciento. Y cuando el producto a abortar es provocado por una violación el nivel de aceptación se mantuvo prácticamente sin cambios pasando del 72 a 71 por ciento.
Cinco años de prisión si el aborto es fuera del matrimonio
El juicio moral del estado a las mujeres es tal que una agravante del aborto que eleva la pena carcelaria de uno a cinco años es el matrimonio. Si la mujer que decidiera practicarse un aborto o permitiera que otro más lo hiciera, “tuviera mala fama, o no hubiera ocultado su embarazo o este no fuera fruto del matrimonio” podría purgar una sentencia máxima de cinco años.
Sólo si las tres condicionantes anteriores se hubieran cumplido entonces la pena podría limitarse a un periodo de entre seis meses y un año (Artículo 342).
En tanto el médico, partera o responsable del aborto purgaría una condena de uno a tres años si el procedimiento se hiciera con el consentimiento de la mujer. Si no hubiese dicho consentimiento la pena pasaría a un periodo de tres a seis años, y si además se empleara “violencia física o moral, se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión” (articulo 340), en caso de tratarse de personal de salud además se les impedirá que ejerzan entre dos y cinco años su oficio o profesión.
Artículo 343
El aborto no es sancionable en los siguientes casos:
I. Cuando sea causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada;
II. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación;
III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asiste, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y
IV. Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según dictamen que previamente rendirán dos peritos médicos.

Presenta PRD iniciativa para despenalizar el aborto a nivel federal



Por Álvaro Ramírez Velasco

Propuesta análoga a la que ya opera en el DF, además plantea reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Salud
El Grupo Parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma, para despenalizar el aborto a nivel federal, siempre y cuando se realice en las primeras 12 semanas de gestación.
 La nueva redacción que propone para el Artículo 330 del Código Penal federal, establece:
“La mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas de gestación. Las instituciones de salubridad públicas y privadas no podrán negarse a practicar el aborto dentro del término señalado, en caso contrario serán acreedoras a una multa de tres mil salarios mínimos vigentes”.
La propuesta, análoga a la que ya está vigente en el Distrito Federal, plantea también reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud, en materia de aborto legalizado, y fue llevado a tribuna por el diputado Nazario Norberto Sánchez.
Superado por la realidad
En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto se argumenta que México no está entre los Estados permiten el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, aunque la realidad social muestra que sí debería formar parte de ésta, porque la realidad ha superado a la ley. 
Y ejemplifica: “cualquiera puede ver en los diarios los anuncios de establecimientos en los que se llevan a cabo abortos voluntarios y cualquiera sabe también que en muchos hospitales y clínicas del país se realiza la interrupción de embarazos como algo frecuente y normal”.
Explica que el hecho de que el aborto voluntario sea considerado formalmente un delito “ha encarecido los precios de su atención médica profesional y ha creado un mercado informal de servicios de aborto en lugares inadecuados y con personal de escasa capacidad”. 
“A ello hay que agregar que muchas mujeres no pueden pagar siquiera los precios impuestos por quienes realizan abortos fuera de hospitales y clínicas. Esa situación provoca muchas muertes cada año y una cantidad mucho mayor de daños en la salud… Las víctimas son mujeres en situación de pobreza”.

En 2011, mil 907 mujeres violentadas


La SSA atiende diariamente a 11 mujeres que son agredidas en su hogar por su pareja, patrones o extraños; algunas fallecen .

Por Guadalupe Gálvez

En 15 años, hasta once mujeres son atendidas diariamente en hospitales públicos, debido a lesiones ocasionadas por la violencia que viven en el hogar, a manos de sus parejas, patrones o por extraños.
En los primeros seis meses del año suman un mil 907 casos de violencia detectados por la Secretaría de Salud (SSA), cifra que significa que al mes se atienden a 317 féminas con simples moretones hasta llegar a luxaciones o fracturas.
Otras llegan, pero fallecen por registrar estallamiento de vísceras o fracturas cráneo-encefálicas generadas por alguna golpiza, por lesiones de arma punzo cortantes o de bala.
Estos homicidios provocados por la violencia de género no son registrados por la SSA sino por el Ministerio Publico que lo tipifica en el acta de defunción como homicidio careciéndose de la clasificación que permita identificar que se debió a causas de violencia doméstica.
De ahí que exista una cifra negra, que permita conocer la magnitud de la violencia de género en la entidad, y establecer con claridad cuántos casos de femicidio han ocurrido a la luz de médicos, Ministerios Públicos y familiares por desconocer del tema o no estar sensibilizados con la violencia contra las mujeres.
Michel Monterrubio Rivera, psicóloga del Hospital de la Mujer, reconoció que los prejuicios y la falta de sensibilidad de los médicos, así como de los agentes del Ministerio Público evitan que haya un verdadero combate a la violencia sexual y física que sufren las poblanas.
Lo más preocupante es que la justicia local aún no incluye en las actas de defunción que el tipo de fallecimiento fue por violencia o lesión por violencia de parte del hombre (pareja, novio, esposo, padre o padrastro).
A partir del pasado primero de febrero, con el cambio de administración gubernamental, se indicó que debido a ello se inició un agudo programa de sensibilización del personal de la SSA, tanto para denunciar como para prevenir la violencia que sufren las mujeres, que los médicos que en consulta detecten algún caso y las canalicen a especialistas o que hablen con las mujeres para alertarlas de la gravedad del problema que enfrentan.
Monterrubio Rivera reconoció que aunque se ha tenido aumento en la atención y asesoría de pacientes que sufren algún tiempo de violencia, las féminas se resisten a denunciar o terminar la relación.
“Son pocas las que denuncias. Es más no quieren hablar del tema en las terapias psicológicas. Pocas son las que llegan por iniciativa propia, de ahí la necesidad de dar apoyo para empoderarse y denunciar si es el caso”.
La funcionaria no pudo establecer el porcentaje de aquellas que denuncian luego de ser atendidas en los hospitales por la violencia sufrida. No obstante, en 2008 las autoridades de esta área informaron que se calcula que sólo 2 por ciento de la población violentada y atendida por la SSA promueve una denuncia penal.
En ese año, los casos de violencia sexual atendidos por la SSA sumaron en el primer semestre 957, siendo la población más afectada las féminas de entre 25 y 45 años de edad, detectándose un aumento en la incidencia en niñas y adolescentes.
“Desde el momento que se avisa al Ministerio Público se debe enviar a un agente de delitos sexuales para revisar a la paciente; entonces, a veces son tan cerrados que ellos ponen trabas o dudan de la versión de la víctima,suponen que la paciente miente y que en lugar de un abuso sexual la joven se fugó con el novio,” narró una estudiante de medicina adscrita al área del urgencia del Hospital General del Sur, que pidió anonimato.
Monterrubio Rivera abundó al respecto, “es una problemática que se da en general en la sociedad y que es consecuencia de la naturalización de la violencia porque se ve como algo común como si fuera lo que nos toca vivir de antemano a las mujeres. Eso es un impedimento importante, no sólo en el tema de los médico sino en general, porque se está acostumbrado incluso a invisibilizar la problemática”.
En el país se calcula que 7 de cada 10 mujeres son agredidas por su pareja; cada 24 horas, 7 mujeres son violentadas sexualmente; al año, 2 mil 159 féminas mueren a manos de su pareja, mientras que mil 439 son asesinadas por su novio.
La “Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)” realizada por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) refiere que un promedio de 700 mil mujeres poblanas sufrieron violencia comunitaria.
Un total de 293 mil fueron agresiones por abuso sexual donde el 52 por ciento de las victimas estaban casadas o vivían en unión libre; mientras que 35 por ciento de las féminas violentadas eran solteras. En tanto 649 mil 800 padecieron o reportan intimidaciones.
El INEGI establece que la violencia comunitaria se refiere a situaciones de violencia que las mujeres de 15 y más años han padecido a lo largo de su vida como ofensas, abuso, extorsión u otras agresiones de carácter sexual en espacios públicos (calles, centros de recreación o diversión) por extraños (en su casa o en la de otras personas).

Reportaje de Milenio Puebla

9 de agosto de 2011

¡Atásquense, pederastas!

EL POZO DE LOS DESEOS REPRIMIDOS
Por Álvaro Cueva*
“El gran show de los peques” no es un programa de televisión, es una amenaza social y lo que me da miedo no es que exista sino la enorme recepción que tiene por parte del público y los anunciantes.
Esto significa que eso es lo que queremos, lo que nos gusta, lo que somos. ¿A usted no le da vergüenza? A mí, sí. Mucha.
Por si usted no tiene ni la más remota idea de lo que le estoy escribiendo, ¿qué es “El gran show de los peques”? 
El nuevo programa de los domingos por la noche de XEW-TV, el que está en el lugar que alguna vez ocupó “Siempre en domingo”, el más importante, el mejor.
Es el primer derivado de “Pequeños gigantes”, una emisión donde los finalistas de aquel festival infantil están recibiendo la oportunidad de desarrollar su talento cantando, bailando, actuando y haciendo reportajes.
No me pregunte cuál es la relación entre cantar, bailar, actuar y hacer periodismo pero para los responsables de esta monstruosidad son lo mismo.
¿Por qué le digo que esto es una amenaza social si se supone que es algo más o menos como lo que ya se había hecho antes con “Chiquilladas”?
Porque aquí, a diferencia de “Chiquilladas”, se exhibe a los niños como animales de feria, porque se les obliga a decir y a hacer cosas que no entienden, y porque se abusa de su situación de pobreza, ignorancia e inocencia para hacer un espectáculo perverso.
¿A usted no se le hace perverso preguntarle a un niño de edad pre-escolar, en público, qué es una próstata, para provocar que la gente se ría?
¿A usted no se le hace sucio que un niñito se quite la camisa en un “show” de televisión para hacer movimientos cachondos y que la conductora, en lugar de pedirle que se le ponga, le diga: “¡Quítatela!”?
¿Qué va a ser de esos pequeños cuando sean adultos? ¿Qué van a sentir cuando se den cuenta de que los pusieron a hablar de “meadas”, “bubis” y “menopausias”?
¿Esto es lo que queremos hacer con nuestros menores de edad?
Ahora, no nos confundamos, “El gran show de los peques” no es como “Chiquilladas”.
Allá los niños cantaban temas infantiles y hacían unos sketches totalmente blancos que iban de los personajes de los cuentos de hadas a parodias de ciertas caricaturas y programas de televisión, pero siempre con una supervisión extrema.
¿O qué, alguna vez escuchó usted a Anahí, cuando tenía cinco años, aventarse un albur? ¿Usted se acuerda de Pituka y Petaca moviéndose como edecanes de burdel? ¿A usted le tocó escuchar a Lucerito cantando temas para adultos?
Columna tomada de Milenio Diario

8 de agosto de 2011

Lydia Cacho Plan b

 La nueva ley militar
 
Por Lydia Cacho
 
Hace cuarenta años, cuando yo era niña, mi abuelo, un militar serio y respetable nos esperaba  los domingos a comer en su hogar, sentado en un sillón de piel. Allí el patriarca de la familia paterna estiraba la mano para que su prole la besara al llegar. En su habitación colgaba un crucifijo con un inmenso rosario, enfrente, el sable de sus tiempos dorados en el Ejército mexicano.
Era un buen hombre. Conservador, patriota, religioso, sexista, honrado, racista, educado, obsesionado con el autocontrol y las formas; un frugal maestro de la disciplina  reticente al desorden y a las expresiones de libertad. Era un patriarca que amaba a su familia. Pero era un antidemócrata perfecto. Los breves momentos en que permitía que nos dirigiéramos a él, respondían no a su interés sobre nuestra opinión, sino a la necesidad de cubrir esa cuota que todo patriarca que se precie de serlo debe otorgar a quienes, en su territorio, creen tener derecho a  disentir y opinar. Pero la  única costumbre que logramos cambiar fue darle el beso en la mejilla y no en la mano. 
Los militares que han asesorado la creación de la Ley de Seguridad Nacional son hombres preparados, cultivados en el arte de la política, conocedores en ingeniería constitucional. No son demócratas y aunque hablan de “política de los Derechos Humanos”, consideran que el orden y el control deben anteponerse al ejercicio de esos derechos. Ellos, al lado del presidente Felipe Calderón, han propuesto una ley que les permita imponer el orden en el país como un cuarto poder (no olvidemos que ya hay 25 militares a cargo de cuerpos policíacos en el país). Buscan legalizar su incursión en la seguridad nacional de tal forma que queden por encima de autoridades civiles que consideran inútiles, corruptas y poco disciplinadas.
Ciertamente  en casa muchos de ellos son padres tiernos, esposos cumplidores y abuelos conmovidos por los primeros pasos de sus nietos, pero son esencialmente antidemócratas. Conservadores patriotas que han convencido a Calderón de que el país se saldrá de “su” control si no se aprueba esta nueva Ley, que no solo se contrapone con la nueva Ley federal para la protección de los derechos humanos, además contradice a la Suprema Corte, le permite al Ejército hacer espionaje telefónico y cibernético y mantener un control legalizado de los cuerpos policíacos y autoridades civiles. Además contraviene las sentencias  y recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano está obligado a  cumplir.
Quienes han vivido bajo regímenes militares en Latinoamérica  y han documentado cómo se construyen las dictaduras saben que no hay secretos. Ciertamente el fortalecimiento de los ejércitos lo impulsan y protegen pequeñas élites de militares, empresarios y políticos (de varios partidos) cuyo poder real y duradero radica en ser parte de la estructura del sistema que, sea como sea, les considerará necesarios para mantener la economía y cierta estabilidad legislativa en el país. Pero ¿para que querría Calderón entregarle al PRI a un país donde el ejército tenga la fuerza de un suprapoder? 
Y sí, los patriarcas le dieron su cuota de escucha a Sicilia y a sus hombres. Y sí, Calderón y Manlio Fabio Beltrones le dejaron que les besara en la mejilla y les abrazara; eso es lo de menos, son sólo formas que ratifican la filosofía pacifista de un individuo, pero no tienen impacto alguno en este proceso político. Lo cierto es que no hay diálogo real porque esencialmente ni este movimiento, ni los que llevan décadas protegiendo la democracia e impulsando los derechos humanos, son considerados interlocutores reales para los patriarcas de México, esos que mientras nos escondíamos de las balas, dejaron entrar al ejército cuyos líderes se preguntan ¿y si estos inútiles no saben gobernar, por qué no lo intentamos nosotros de una vez por todas?
Habremos de cuidar en no satanizar al Ejército, ellos no proponen un golpe militar violento, sino la institucionalización  estratégica de su incursión como poder activo equiparable al poder judicial. Una fuente militar cercana me confió que algunos de los más sólidos y respetables personajes de la Sedena están plenamente convencidos de que ésta es su misión. La puerta está abierta en San Lázaro, por eso frente a ella  habremos de estar quienes creemos que esta Ley de Seguridad Nacional resulta verdaderamente peligrosa y no es la respuesta contra el crimen, sino contra las libertades democráticas. 
 
www.lydiacacho.net

Firma Estado mexicano acuerdo de solución amistosa por caso de feminicidio

Se compromete con CIDH a esclarecer asesinato de Paloma Escobar 
Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 8 ago 11 (CIMAC).- El Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma, cometido en 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se comprometió, entre otras cosas, a esclarecer su asesinato y reparar el daño a su familia.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Norma Ledezma, madre de Paloma, informó que el pasado 3 de agosto las y los peticionarios ante la CIDH -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil)- firmaron este acuerdo con representantes del Gobierno del estado de Chihuahua y del Gobierno Federal.
La también directora- fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que el acuerdo se da luego de varios meses de negociación. 
Recordó que el año pasado después de que la CIDH emitió las recomendaciones al gobierno de la entidad por el caso de Paloma, se llevó a cabo el proceso de cambio de gobierno, por lo que fue en diciembre cuando iniciaron las pláticas con el gobierno encabezado por César Horacio Duarte Jáquez.
Finalmente el miércoles pasado se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal y estatal se ven obligados a ejecutar (sin plazos) las distintas medidas de reparación, la cuales incluyen las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma, así como identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.  
Los compromisos implican la  reparación  a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, una disculpa pública de parte de  autoridades federales y estatales y un monumento en honor a la memoria de Paloma.
También establece la implementación de políticas publicas a favor de los derechos humanos (DH) de las mujeres de la entidad, como incluir en las universidades las materias de perspectiva de género y DH, la promoción de campañas de difusión para  respetar y garantizar los DH y capacitar al personal que se encarga de investigar los casos de feminicidio entre otras, detalló Norma Ledezma.
La activista señaló que en caso de que el Estado incumpla con las recomendaciones signadas, la CIDH determinaría si el caso se remite a la Corte. Recordó que en la Comisión aun quedan dos casos pendientes, el de Silvia Arce, que desapareció en 1998 en Chihuahua y el de Minerva Teresa Torres Avendaño desaparecida en 2002.
“Tenemos estos dos casos en espera,  los cuales estamos reactivando, el resultado del caso de Paloma nos alienta y nos da señales de que vamos por muy buen camino”.
 
EL LARGO CAMINO A LA JUSTICIA 
 
Paloma era estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez, desapareció el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta el 29 de marzo del mismo año en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama, a unos 800 metros de la carretera. A partir del hallazgo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos. 
Mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización, afirmó Justicia para Nuestras Hijas, organización fundada por la madre de Paloma. 
Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2003, los peticionarios denunciaron ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado mexicano por  irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma 
Alegaron que la falta de investigación en el caso formaba parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez.  
Denunciaron el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma, por lo que lo responsabilizaron de su muerte.
Ante tales cuestionamientos el Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el caso y afirmó que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada“.  
La CIDH aceptó el caso el 14 de diciembre de 2006 y el 2 de agosto de 2010, aprobó un informe de fondo y efectuó sus recomendaciones al Estado mexicano de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De no cumplir el acuerdo signado el 3 de agosto de 2011, el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos convirtiéndose en el segundo que llega al máximo tribunal de justicia de la región por el tema de feminicidio.
 
11/GTR/LGL 

Mujeres migrantes en tránsito mas propensas a ser violentadas

Viajan de formas más riesgosas que los hombres 
Por la Redacción
 
México DF, 5 ago 11 (CIMAC).- La mayoría de las mujeres migrantes que transitan por México rumbo a Estados Unidos lo hace de forma todavía más clandestina que los hombres, en lugar de subir al tren se transportan con traficantes que les consiguen documentos falsos para viajar en autobús, situación que las coloca en un “alto” riesgo de sufrir violencia. 
 
Lo anterior, lo expone Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa Mujeres en Migración del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en el artículo “La violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México”, publicado en la revista Dfensor, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
En el texto, Kuhner señala que las mujeres representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito a través de México. En 2010 el 14.2 por ciento de todas las detenciones en las estaciones migratorias correspondió a mujeres y en los últimos años el 23 por ciento de las personas detenidas en estas estaciones eran niñas.
 
En 2005 el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó 247 mil detenciones. Sin embargo, en los últimos cinco años se abrieron nuevas rutas para las personas migrantes indocumentadas, por lo que el número de detenciones se redujo a 69 mil 903 detenciones en 2010.
 
Alrededor del 95 por ciento de las migrantes son originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor medida de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana y Cuba.
 
La proporción de mujeres en los flujos migratorios que transitan por México es menor que las migrantes que radican en Estados Unidos, donde ellas representan el 50 por ciento de la población migrante, ello se debe a que las mujeres que llegan al país de destino suelen quedarse, muchas veces por razones ligadas a la maternidad. 
 
Otro factor vinculado con el menor registro de migrantes en tránsito, tiene que ver con que las mujeres en tránsito viajan de formas todavía más clandestinas que los hombres.
 
La mayoría de las migrantes viajan con traficantes que les proporcionan identidades falsas para que puedan trasladarse en autobuses o por carretera con conductores de camión.
 
Se calcula que más de 65 por ciento de las mujeres migrantes contratan un traficante para viajar por México rumbo a Estados Unidos, estas formas de trasladarse las vuelven más vulnerables de sufrir violencia. 
 
El hecho de que las mujeres en tránsito sufran “altos grados de violencia” puede tener un impacto importante en su salud mental, afectando su capacidad de desarrollar su vida laboral y social cuando llegue al país de destino. 
 
Esta situación es preocupante debido a que las mujeres migran para buscar un trabajo que les permita mantenerse a sí mismas y a sus familias. 
 
11/GCJ/LGL

Crimen de Natalia Gaitán: 14 años de prisión para el padrastro de su novia


Daniel Torres fue encontrado culpable por la Cámara Séptima del Crimen de la ciudad de Córdoba. La Comunidad Homosexual Argentina dijo que a la víctima "la mataron por lesbiana"

Torres estaba acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma por el crimen de Natalia Gaitán el año pasado.
Los camaristas lo hallaron culpable de matar a la joven de un escopetazo, al parecer, porque mantenía una relación amorosa con su hijastra adolescente. Es por ello que lo condenaron a 14 años de prisión, tal y como había pedido la Fiscalía. La querella, por su parte, había reclamado 18 años por tratarse de un crimen motivado por la identidad sexual de la víctima.
Para los jueces Víctor Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz, se trató de un crimen común, sin connotaciones de género por la elección sexual de ambas mujeres.
El fiscal Fernando Amoedo había dictaminado que se trató de un hecho de violencia de género y solicitó una condena de 14 años de prisión.
Pero la abogada querellante, Natalia Milisenda, reclamó 18 años de cárcel para el imputado, que a su criterio asesinó a Gaitán porque mantenía una relación lésbica con su hijastra, Dayana, según difundió la agencia de noticias DyN.
El hecho ocurrió a la tarde del 6 de marzo de 2010, frente a la casa de Torres y Dayana, ubicada en el barrio Parque Liceo 2ª Sección de la ciudad de Córdoba.
A las puertas de esa vivienda discutían a gritos "Pepa" y su amiga íntima Gabriela Cepeda con la mujer de Torres y su hija, Dayana, hasta que el hombre salió con una escopeta que le había prestado un vecino tiempo atrás y disparó a Gaitán.
A raíz de las heridas sufridas, la mujer falleció un día después en un hospital local.
Este caso fue tomado como ícono por las organizaciones que luchan por los derechos de gays, lesbianas y transexuales. Para la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), se trató de un "crimen de odio", y a Gaitán la mataron "por ser lesbiana".
"Participar de todo esto fue una tortura psicológica. Vine para cumplir con la Justicia", dijo la madre de la víctima tras la sentencia.