La Historia de esos días

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La historia de esos días

30 de septiembre de 2011

La mujer salvaje, en extinción



Por Alma Leticia León
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La sombra de la Mujer Salvaje acecha a nuestra espalda. Dondequiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotras está en cuatro patas”.
Con este prefacio nos atrapa la lectura de “Mujeres que corren con los lobos” de Clarissa Pinkola Estés, sicoanalista, curandera quién tardó casi 25 años en recopilar mitos, leyendas, relatos, cuentos de hadas que refuerzan el mito de la Mujer Salvaje.
Heredera de ancianas húngaras narradoras de tradiciones en forma de relatos que utiliza para curar a sus pacientes, los muestra en este libro desde un análisis en el que cada personaje es parte de una misma psique, nos dice que en la mente y alma de una misma mujer se libran constantemente luchas tormentosas entre fuerzas opuestas.
Los relatos, que cuenta en una excelente prosa, son los que a su entender resumen con más potencia el papel redentor de la Mujer Salvaje, "que no emerge nunca fácilmente. Habrá que desoír voces de otros arquetipos que nos inclinan a mostrarnos más dulces, más cariñosas, más calculadoras o más débiles de lo que somos. Hay seres que viven en nosotras. Pero, qué vamos a hacer con esos seres interiores que siembran la destrucción sin darse cuenta? Hay que dejarlos en un sitio en el que se les pueda vigilar. Un ser en particular es poderoso fugitivo de la psique, requiere de inmediata atención: el depredador natural," nos dice sobre el cuento de Barba Azul.
Nacida en un hogar mexicano-español y adoptada por una familia húngara, Pinkola se crió en una zona de bosques en la que “los relámpagos no eran temibles, sino usuales habitantes de la noche”. Pasó años estudiando cuentos de hadas, mitos y relatos para unir dos palabras: mujer y salvaje, con las que abrió “una puerta que toda mujer comprende apenas las escucha, una puerta culturalmente cerrada, pero que permanece allí. Es una fuerza indómita que regala a las mujeres la certeza de estar haciendo lo correcto cuando se dejan guiar por ella, pero es un peligro para el statu quo, ya que cuando una mujer la huele dentro de sí, es capaz de todo: de abandonar un matrimonio o de dejar un trabajo”.
 Publicado en Milenio Puebla  
2007-01-17

Denostan medios a legisladora que apoyó inconstitucionalidad de norma en SLP



“Es una campaña orquestada por Iglesia y PAN”, acusa 



Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 30 sep 11 (CIMAC).- La legisladora priista, Beatriz Benavente Rodríguez, una de las promotoras de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que “protege la vida desde la concepción” en San Luis Potosí, denunció que el acoso y violencia de la que ha sido objeto en distintos medios estatales, forman parte de una campaña orquestada por la Iglesia católica y el Partido Acción Nacional (PAN).
 
En entrevista con Cimacnoticias, la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó que tanto la Iglesia como el PAN “trabajan totalmente de la mano para señalarla reiteradamente como mata niños y asesina”.
 
La legisladora afirmó que “no se vale que estas personas que se dicen tan defensoras de la vida, estén literalmente acosando y violentando a una persona nada más  por el hecho de pensar distinto a ellos” y agregó que sus argumentos para defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están sustentados y motivados.
 
Señaló que en una sociedad como la  potosina, el PAN ha tratado de manipular la discusión sobre el tema generado desinformación para darle al caso un uso político- partidista.
 
 “Estamos  en una sociedad muy conservadora donde la iglesia, la ultraderecha, el PAN, utilizaron un discurso donde afirmaban o dejaban entrever que el efecto de la acción de inconstitucionalidad, sería la legalización del aborto”. 
 
Benavente Rodríguez negó -como lo han asegurado medios locales-, que su trabajo legislativo a favor de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, busque beneficios personales “lo que estoy haciendo es por las mujeres jóvenes y las niñas, para dejar sentadas las bases para que no se les impongan decisiones sobre su cuerpo. Tengo una hija  y no estoy dispuesta a permitir que el Estado tenga que decidir por ella”.
 
La diputada local lamentó las denostaciones y el maltrato del que ha sido objeto por diversos medios de comunicación en la entidad, pues en su opinión se habla sin conocer el tema y de una legalización del aborto.
 
“No se dieron el tiempo de dar una lectura o por lo menos escucharme, ya que empezaron a darle voz a otros actores y a mi me quitaron los micrófonos”, acusó.
 
LA LUCHA SIGUE 
 
Respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de desechar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma de San Luis Potosí (SLP), la legisladora consideró que el no lograr la mayoría calificada de ocho votos para declararla inválida, no es una pérdida total.
 
“Lejos de lo que se puede pensar, con la resolución de la Corte abrimos un debate importante y conseguimos mayoría –no la necesaria­pero la manifestación de los siete ministros fue contundente y muy bien  fundamentada, lo que dejará un precedente para continuar el camino en defensa de los derechos de las potosinas”, sostuvo.
 
El siguiente paso, dijo, es analizar los efectos que tendrá la ley y las acciones que se tomen en la entidad ¿se van a retirar de las farmacias las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia? ¿se van a seguir utilizando los Dispositivos Intrauterinos, la reproducción asistida y la fertilización in Vitro?
 
Si una mujer decide practicarse un aborto ¿irá a la cárcel o se respetará el Código Penal? cuestionó la legisladora.
 
Actualmente el Artículo 130 del Código Penal de San Luis Potosí establece que no es punible la interrupción del embarazo cuando: éste sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; sea resultado de violación o inseminación indebida y en los casos en los que de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista.
 
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Incremento de violencia a las mujeres, por lucha en la incursión social: Ibero



Redacción
El incremento a la violencia contra las mujeres es el reflejo de la participación de este sector en la sociedad, pues se atreven a incursionar en varios rubros y, a diferencia de los siglos pasados, ahora se rebelan.
Así lo consideró la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla, María de Lourdes Pérez Oceguera, tras anunciar la Bienal de Arte en esta institución en favor de la protección de los derechos femeninos, que iniciará en esta institución el próximo 13 de octubre.
Aunque comentó que aún no se tienen cifras actuales de la incidencia de la violencia de género, que contabiliza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), la académica definió que es notable que ahora más mujeres son víctimas de la violencia, esto por las agresiones, desapariciones y feminicidios que son contabilizados por los medios de información.
Ante tal situación dijo que el trabajo de toda sociedad es sensibilizarse, ubicar la época actual, conocer y reconocer a la mujer como un actor social y como seres que contribuyen con el desarrollo de la entidad y del país.
La Bienal de arte en la Iberoamericana se realizará durante un mes y tiene la participación de múltiples disciplinas con artistas locales, nacionales y hasta internacionales para hacer reflexionar sobre la violencia de género y los daños colaterales que ésta tiene.
Nota tomada de Diario Puntual

Ddeser lanza campaña en náhuatl para difundir derechos reproductivos de mujeres


Por Javier Puga Martínez


La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) en Puebla inició una campaña por la reivindicación de la autonomía, la dignidad y los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su ejercicio de la sexualidad.
La campaña se inserta a propósito de la discusión que recientemente ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma a la ley sobre el aborto en el estado de Baja California.
Al respecto, Natali Hernández Arias, coordinadora de Ddser en Puebla, afirmó que en Puebla la interrupción del embarazo es legal a pesar de la reforma al artículo 26 fracción cuarta de la constitución local, en donde se expresa que este no es causa de sanción penal siempre y cuando no sea producto de una violación, cuando existan malformaciones genéticas o cuando existe un riesgo de muerte de la mujer, o bien, por un descuido del propio embarazo.
Así, la campaña “La ley te protege” se difundirá por toda la entidad con la finalidad de informar a las mujeres sobre las posibles causales no penales de aborto en Puebla, particularmente sobre el acceso al aborto en caso de una violación sexual.
Esta causal está especificada desde febrero de 2011, cuando se aprobó el nuevo Código de Procedimientos Penales para el estado de Puebla, comentó Hernández Arias, quien agregó que con esta campaña se buscará dotar de herramientas para su protección a las mujeres que son directamente denunciadas o expuestas a ser apresadas, si llegan a una institución de salud con una evidencia de aborto.
Las mujeres que se encuentran en mayor situación de desventaja, principalmente económica, son quienes viven en las zonas rurales e indígenas pues tampoco tienen acceso a una defensa legal que les permita afrontar un señalamiento criminal de interrupción del embarazo.
Natali Hernández Arias expuso que la campaña consistirá en la difusión de una serie de postales en las que se difunde especialmente la causal por violación sexual, misma que ya fue traducida al náhuatl “y pretende ser una forma de empoderar a las mujeres de las comunidades del estado de Puebla”.
Agregó que “este es un primer instrumento que lanzaremos para ir midiendo la respuesta al tema, aunque esperamos seguir fortaleciendo el trabajo y el acceso a los derechos de las mujeres con las compañeras de organizaciones de la Sierra Norte que son quienes directamente trabajan con esas poblaciones”, detalló.

28 de septiembre de 2011

Acusan que Felipe Calderón transgredió el Estado laico

Influyó con sus posturas ideológicas en voto de la SCJN 

Por Guadalupe Cruz Jaimes y Gladis Torres Ruiz
 

México, DF, 28 sep 11 (CIMAC).- Integrantes de organizaciones civiles por los derechos de las mujeres acusaron que Felipe Calderón violentó el Estado laico al incidir en la votación final de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que se desechó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que “protege la vida desde la concepción” en Baja California (BC).   
 
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), lamentó que las decisiones sobre los derechos de las mujeres sean tomadas con base en criterios religiosos, y advirtió que hubo una “influencia presidencial” en la votación de la Corte con el fin de colocar “una agenda moral conservadora para dañar la vida y la salud de las mujeres, sobre todo de las más pobres”.
 
El pasado lunes Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa para retirar la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México respecto del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Esa Convención prevé que la ley protegerá, en general, “el derecho a la vida a partir del momento de la concepción”. 
 
En el mismo tenor, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, publicó ayer en diarios de circulación nacional un desplegado en el que llamó a las y los ministros a desechar el proyecto de sentencia de Fernando Franco González para declarar inconstitucional la reforma en BC. 
 
La SCJN determinó hoy por siete votos contra cuatro desechar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de 2008 al artículo 7 de la Constitución de BC, presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado. 
 
Eran necesarios ocho votos para que el recurso de inconstitucionalidad procediera y se invalidara la modificación legal en BC.
 
La votación final se determinó por las posturas “a favor de la vida desde la concepción” de la ministra Margarita Luna Ramos y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue propuesto en dos ocasiones por Calderón para llegar a la Corte en 2009 y 2010. 
 
Consultada por Cimacnoticias, María Consuelo Mejía criticó que los ministros de la SCJN permitan que sus creencias religiosas y el cabildeo de la ultraderecha influyan en su manera de impartir justicia. “Es un hecho preocupante en un Estado laico”, apuntó.
 
Sin embargo, la activista consideró que el voto de siete ministros significa que la mayoría de quienes integran la SCJN está a favor de los derechos de las mujeres.
 
Verónica Cruz, integrante de Las Libres, de Guanajuato, denunció que Felipe Calderón haya “polarizado” la discusión porque él es el más obligado a respetar la Constitución, “pero ganó su ideología e intención de imponer sus creencias”.
 
Al igual que María Consuelo Mejía, la activista –quien ha luchado por la libertad de mujeres presas por abortar en su estado– dijo que es favorable que una mayoría numérica de ministros se pronunciara por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que sólo una minoría avaló que se conserve la reforma en BC, donde también mujeres han sido encarceladas por interrumpir su embarazo.
 
María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia, consideró “muy desafortunada” la intervención de Calderón en la discusión de la Corte, y recalcó que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en las decisiones del Poder Judicial. 
 
Explicó que a pesar de que no se lograron los ocho votos necesarios para invalidar la reforma en BC, el debate que se dio en la SCJN fue “positivo”, porque se colocaron en la discusión los derechos reproductivos de las mujeres.
 
Romero destacó que la mayoría numérica de los ministros planteó argumentos progresistas para no dejar lagunas jurídicas, pero desafortunadamente no pudieron convencer al resto del pleno.
 
Señaló también como favorable que en ningún momento se planteó la  prohibición del aborto, y que además las causales no punibles siguen vigentes en BC y desde las organizaciones seguirán exigiendo que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud.       
 
También destacó que en la discusión se determinó que la protección al derecho a la vida no quedó por encima de los derechos de las mujeres, ya que se dijo que no puede haber derechos absolutos y por tanto “no peligra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”. 
 
INCERTIDUMBRE
 
Oriana López, directora del Fondo María, se mostró menos optimista al señalar que la determinación de la Corte deja a la libre interpretación la aplicación de los derechos de las mujeres, lo que significa el riesgo de que “los hombres conservadores en el poder” atenten contra esas conquistas. Añadió que para las habitantes de BC la votación implicará que sigan interrumpiendo sus embarazos de forma insegura.
 
La ex diputada federal Martha Tagle dijo que con la resolución de la SCJN lo que se queda es la “incertidumbre legal”, ya que hay una contradicción entre lo que dice el Código Penal de BC y la Constitución estatal al “proteger la vida desde el momento de la concepción”. 
 
Explicó que el personal medico no sabe si atender a una mujer que aborta por cualquier motivo o solamente en las causales permitidas por el Código Penal.
 
Tagle aseguró que “sin duda alguna” el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo inclinó la balanza a favor de la reforma en BC “visiblemente impulsado” por la postura de Felipe Calderón.
 
PROTESTAS
 
Como parte del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, cientos de mujeres de esta ciudad y del interior de la República marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo capitalino para exigir que se respete el derecho de las mexicanas a decidir sobre su cuerpo.
 
A su paso las activistas gritaban “¡Siete ministros son mayoría, cuatro ministros son porquería!”; “¡aborto legal derecho fundamental para salvar la vida y la salud de las mujeres!”, y “¡ni cárcel, ni muerte a mujeres por abortar!
 
Al llegar a la Plaza de la Constitución, Dafne Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, leyó un pronunciamiento a nombre del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en México.
 
Destacó que hoy siete ministros reconocieron la inconstitucionalidad de la reforma en BC y votaron a favor de los derechos de las mujeres. Además, añadió, los ministros advirtieron que criminalizar a las mujeres por abortar “es inmoral e inconstitucional”.
 
La activista llamó a Felipe Calderón para que deje de actuar como integrante de la ultraderecha y gobierne para que las mujeres decidan sobre el ejercicio de la maternidad libre y voluntaria.
 
Cuevas adelantó que a partir de hoy inicia una campaña de juicio político contra funcionarios públicos que atenten contra los derechos reproductivos de las mujeres.     
 
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SCJN desecha acción de inconstitucionalidad contra reforma en BC



Faltó un voto para tumbar “derecho a la vida desde la concepción” 



Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 28 sep 11 (CIMAC).- En el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó vigente la norma constitucional en Baja California (BC) que viola los derechos reproductivos de las mujeres al “proteger la vida desde el momento de la concepción”.
 
Aunque siete ministros se pronunciaron contra la validez del artículo 7 de la Constitución de BC, los votos no fueron suficientes para lograr la mayoría calificada de ocho sufragios para declarar la inconstitucionalidad de esta norma, que pone el derecho a la vida del concebido por encima del derecho a decidir de las mujeres.
 
Después de tres días de polarización en el pleno y tras la presión política de Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala –quienes se pronunciaron a favor de la vida–, la SCJN desechó la acción de inconstitucionalidad 11/2009 que presentó la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de BC contra esa norma.
 
Y es que el pasado lunes Calderón envió al Senado una iniciativa para retirar la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México respecto del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Esa Convención prevé que la ley protegerá, en general, “el derecho a la vida a partir del momento de la concepción”. 
 
La votación final de hoy en la SCJN se determinó por las posturas de la ministra Margarita Luna Ramos y del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue propuesto en dos ocasiones por Felipe Calderón para llegar a la Corte en 2009 y 2010. Ambos coincidieron en que BC tenía la facultad para “proteger la vida desde la concepción”.
 
“LOS DERECHOS DEL CONCEBIDO”
 
Como ha sucedido desde 1990 cuando el movimiento feminista exigió el derecho a ejercer una maternidad voluntaria y demandó la despenalización del aborto, este 28 de septiembre un numeroso grupo de mexicanas se concentró frente a la sede de la SCJN para exhortar a los ministros a favorecer el derecho a decidir de las mujeres.
 
Sin embargo, mientras las activistas exigían el respeto a sus garantías, el ministro Pardo Rebolledo argumentó que BC no creó nuevos derechos sino que detalló uno que ya estaba en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el derecho a la vida, el cual no puede calificarse como inconstitucional.
 
Al asegurar que en la Carta Magna no hay excepciones al derecho a la vida, Pardo afirmó que estaba a favor de los derechos de las mujeres. “Soy el primero en que se respeten y se protejan de igual manera… Pero en la Constitución federal tampoco se establece expresamente ninguna excepción al derecho a la vida”.
 
Con esta posición el ministro se sumó a su pares Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos, quien aseguró que su voto era congruente con el argumento que sostuvo en 2008 cuando apoyó que en el Distrito Federal se despenalizara el aborto hasta las 12 semanas de gestación. 
 
La ministra Luna Ramos además abundó que nunca ha estado a favor de la despenalización del aborto, y que tampoco respalda el castigo que se impone a las mujeres que toman esa decisión. “Mi voto se basa en favor de la libre configuración normativa que tienen las legislaturas locales para regular situaciones como ésta”, aseguró.
 
POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES 
 
El 23 de octubre de 2008, con una mayoría de 21 votos a favor y tres en contra, el Congreso de BC aprobó reformar el artículo 7 de su Constitución con lo que se “tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley”.
 
Además de BC, otros 16 estados reformaron su Constitución local en el mismo sentido, y en algunos casos con una alta aprobación que fue más allá de una votación calificada; sin embargo, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que las mayorías deben respetar los Derechos Humanos. 
Con este argumentó criticó la legislación de ese estado que vulnera a las mujeres. “Sobre todo porque siempre son las que al final pierden en estos casos: las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos, las que no tienen cultura, lo que es no solamente profundamente injusto sino abiertamente discriminatorio, y por tanto, inconstitucional”.
 
Al razonar su voto a favor de las mujeres explicó que una norma de esta naturaleza pone en juego dos derechos trascendentales: el derecho a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos previsto en el artículo 4 de la Constitución federal, y la dignidad humana contemplada en el artículo 1 de la Carta Magna y de forma implícita en varios artículos constitucionales.
 
Explicó que la dignidad de las mujeres implica que el derecho a evitar un embarazo a través de uso de métodos anticonceptivos, el derecho a no ser penalizadas por la comisión del delito de aborto en determinadas circunstancias, y el derecho a que se les otorgue un período en el que puedan decidir libremente si desean o no continuar con el embarazo.
 
“AQUÍ TODOS ESTAMOS POR LA VIDA”
 
A pesar de que la mayoría de los 11 ministros calificaron de inconstitucional que los estados de la República legislen para  determinar en qué momento comienza la vida, cuando ni la ciencia lo ha determinado, no se alcanzaron los votos necesarios para invalidar esta norma.
 
Al respecto, el ministro Fernando Franco González –al defender su proyecto de sentencia– afirmó que lo único que cuenta es la convicción jurídica constitucional que cada uno de sus colegas tenía. “Creo que este pleno ha dado de nueva cuenta un ejemplo de lo que debe ser un debate respetuoso, inclusive frente a posiciones polarizadas”, destacó.
 
Además concedió con algunas de las posturas que ya se habían presentado al señalar que “todos estamos por la vida, eso no está puesto a discusión, lo que está puesto a discusión es una cuestión constitucional”, y explicó que lo que se puso en entredicho en el proyecto fue la competencia de una entidad federativa para determinar cuándo comienza la vida.
 
El ministro Franco González dejó en claro que si se lee el artículo 7 de la Constitución de BC se puede observar que no hay posibilidad alguna de que una mujer pueda interrumpir su embarazo porque se da una protección completa al producto concebido.
 
Es así que al finalizar la discusión se obtuvo una votación de siete votos por la inconstitucionalidad y cuatro por la validez de la norma, por lo que no se alcanzaron los ocho votos para una mayoría calificada y se desestimó el proyecto, con lo que la reforma en BC seguirá vigente. 
 
Aún falta que mañana el pleno de la SCJN analice la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados del Congreso de San Luis Potosí contra el artículo 16 de su Constitución, el cual “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
11/AGM/RMB

Veracruz y Tabasco, rebasados en el combate al feminicidio





Procuradores reconocen falta de recursos y personal 
Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México, DF, 28 sep 11 (CIMAC).- Mientras el procurador de Justicia de Veracruz, Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, dijo que la dependencia es incapaz de investigar los casos de feminicidio en la entidad por falta de personal y recursos, y la alta incidencia delictiva, su par de Tabasco, Gregorio Romero Tequextle, reconoció su desconocimiento jurídico sobre el tema.
 
Ambos procuradores se reunieron con la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, encabezada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Teresa Incháustegui, con el fin de brindar datos estadísticos y resultados de sus acciones contra la violencia feminicida en sus estados.
 
Reynaldo Escobar expuso que la atención de los casos de ese flagelo en Veracruz es una tarea limitada por la insuficiencia de personal, recursos y por la alta incidencia delictiva que rebasa la capacidad de las autoridades.
 
Puso como ejemplo de lo anterior que de los 728 casos de feminicidio registrados en la entidad de 2000 a 2010, sólo 85 recibieron una sentencia condenatoria.
 
En tanto, el procurador de Justicia de Tabasco, Gregorio Romero, informó que en su estado de 2007 a julio de 2011 se registraron 85 casos de ese delito.
 
Ante la diputada Teresa Incháustegui, el funcionario reconoció que nunca ha estudiado el tema de la violencia feminicida, pero se comprometió a trabajar de manera conjunta con la Comisión Especial de Feminicidio y entregarle información pormenorizada de la problemática en su entidad. 
 
Antes, el procurador veracruzano Reynaldo Escobar reconoció el rezago de la dependencia, y refirió que se debe a que la capacidad de respuesta de las autoridades es rebasada por la alta incidencia criminal el estado. A ello, agregó, se suma la falta de personal ocasionada por la “movilidad” de funcionaras y funcionarios de sus cargos por estar involucrados en casos de supuesta corrupción.
 
La carencia de presupuesto es otra limitante para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), lamentó el funcionario, quien detalló que la entidad es de las que tienen menos recursos para perseguir al crimen.
 
CIFRAS DE LA VIOLENCIA
 
Escobar Pérez reveló que durante la última década se reportaron cinco mil 231 mujeres y niñas desaparecidas en el estado, de las cuales sólo 808 fueron encontradas.
 
Al ser cuestionado sobre si las mujeres fueron halladas con vida, el procurador respondió que no contaba con la información, aunque de igual modo se comprometió a entregarla a la brevedad a las diputadas de la Comisión Especial.
 
Según el funcionario, el número de desapariciones de mujeres aumentó de 268 (de las cuales sólo aparecieron 10) en 2000, a 747 en 2010 (de las cuales aparecieron 113).
 
Explicó que entre las principales líneas de investigación en los casos de homicidio doloso de mujeres están el crimen “pasional” (a pesar de que esta causa no está contemplada en los códigos Penal y de Procedimientos Penales); la violencia sexual, venganza y asesinatos derivados de otros delitos como secuestro.    
 
Reynaldo Escobar abundó que de 2000 a 2010, la PGJEV tiene registradas de 728 indagatorias por homicidio doloso de mujeres, de las cuales 368 han sido consignadas; 229 están en reserva (porque no hubo elementos suficientes para continuar con la averiguación); 57 casos fueron considerados de incompetencia para la Procuraduría, sólo 85 recibieron una sentencia condenatoria y cinco, una sentencia absolutoria.
 
El 26 por ciento de las víctimas tenía entre 15 y 29 años de edad; el 29 por ciento corresponde a solteras, y en 234 casos se desconoce su estado civil. En 248 casos las víctimas se ocupaban en labores del hogar, 86 eran empleadas y en 195 no se especifica su ocupación.
 
La diputada Teresa Incháustegui consideró que en Veracruz la problemática del feminicidio es crítica, y advirtió que de no atenderse este estado tiene la amenaza de convertirse en “la Ciudad Juárez del sureste mexicano”. 
 
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27 de septiembre de 2011

Lydia Cacho Plan b


Ellas no están en venta


Por Lydia Cacho

México, DF, 26 sep 11 (CIMAC).- Hace tiempo entrevisté a un médico que hizo su fortuna haciendo cirugías estéticas para el cártel de Cali. Famoso entre los narcos por su eficiencia para poner implantes de senos a más de tres mil jovencitas “novias” de sus clientes. Para él como para miles de hombres en el mundo, estas jóvenes cooptadas por la delincuencia organizada eran casi objetos desechables.

Los entrevistados durante mis investigaciones sobre trata de mujeres en Latinoamérica esgrimían como argumento central la justificación de la violencia sexual que comienza en el hogar y que se reproduce socialmente.

Cantidad de adultos consideran que si una niña ya fue abusada por algún familiar o violada por un extraño se convierte en un objeto “usado”, y pasa a formar parte de los miles de víctimas potenciales de otras formas de explotación que, sin protección y atención especializada, sin recursos emocionales y culturales para entender los procesos de normalización de los abusos y el control de abusadores con poder (desde criminal hasta político o simplemente económico), quedan abandonadas por la sociedad.

Aunque no todas las víctimas de trata vivieron abusos infantiles, el mecanismo de justificación sexista aplica a todos los casos, más cuando los enganchadores son novios violentos.

Y es que uno de los subproductos que generó la narcoguerra en Colombia fue la normalización de la explotación sexual de mujeres de entre 12 y 21 años.

Mientras el gobierno se obsesionaba con un discurso monotemático sobre las toneladas de cocaína, los trailers cargados de armas y el número de capos detenidos, la sociedad, abrumada por la violencia sistémica, por las extorsiones y las muertes de periodistas, jueces y empresarios, se resguardaba en sus hogares o buscaba estrategias culturales para alejar a las y los jóvenes de las adicciones.

Mientras tanto los cuadros medios de la delincuencia organizada entretejieron un poderoso discurso sobre el glamour de la prostitución de jóvenes. Bailarinas, novias de narcos, actrices de pornografía adolescente, modelos de calendarios nudistas. Chicas contratadas como modelos forzadas luego a ser mulas para transportar drogas y edecanes para conciertos organizados por los narcomenudistas, quienes promovían las drogas sintéticas y el crack.

Y por supuesto el mercado de bares de table dance incrementó en más de un 300 por ciento, acompañados de la promoción de prostitución en casas de juego clandestinas.

Si algo podemos hacer en México es aprender las lecciones que la guerra en Colombia dejó al mundo. Evidenciar la violencia, la corrupción y la debilidad del Estado es sin duda una obligación de los medios.

Tomar medidas para crear una cultura de Derechos Humanos en el ámbito familiar, empresarial y político es tarea de toda la sociedad. Al final del día es lo único que permitirá reconstruir el tejido social luego de que las balas callen y el negocio de la guerra dejé sus dividendos a políticos y mafias mexicanas y norteamericanas.

Hace un mes formé parte de una red que rescató a AR, una adolescente de Tamaulipas que fue embaucada a través de Facebook por una red de tratantes norteños.

Encontrarla no fue tan difícil: la fortaleza de la madre se convirtió en motor de inspiración; el rescate fue complejo por la protección de los jóvenes tratantes que aunque no pertenecen a ningún cártel, han sabido construir una red criminal similar a la de la novela “Sin tetas no hay paraíso”.

Pero tal vez una en mil adolescentes mexicanas cooptadas por tratantes tiene la suerte de ser rescatada y protegida. Nadie absolutamente le habló a AR de trata de personas, ni de los peligros y los métodos utilizados por los enganchadores en redes sociales, fiestas y escuelas. Lo cierto es que si hubiera tenido herramientas, las posibilidades de caer en la trampa inicial habrían sido mínimas.

Ciertamente hay muchas cosas que no están en nuestras manos en cuanto a la terrible situación que se vive en México, pero la prevención sí lo está. Si usted lee noticias sobre el incremento de la trata de mujeres y cree que no puede hacer nada, se equivoca; darles herramientas a las niñas y jóvenes que le rodean es factible, posible, efectivo y puede evitar la glamorización de la prostitución adolescente como en Colombia.

Un ejemplo de opciones prácticas puede encontrarse en el sitio www.yonoestoyenventa.org en el que se ofrecen herramientas para hablar con las niñas y adolescentes sobre estos temas.

www.lydiacacho.net

Twitter: @lydiacachosi


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Más de 400 mil embarazos en adolescentes son no deseados



La mayoría termina en abortos inseguros: CeNSIA 
Por Gladis Torres Ruiz 
 

México, DF, 26 sep 11 (CIMAC).- Hoy como cada año en México se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes sin que el panorama desde 2005 haya variado: altas tasas de menores de edad embarazadas, rezago en el acceso de anticonceptivos y una elevada demanda insatisfecha de métodos de control natal entre esa población.
 
Información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), dependiente de la Secretaría de Salud (Ss), señala que entre el 30 y 60 por ciento de los embarazos en adolescentes no son deseados, por lo que la mayoría termina en abortos inducidos, complicación que representa la cuarta causa de muerte en las mujeres mexicanas.
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, elaborada por la Ss, en ese año hubo 695 mil 100 embarazos en adolescentes. La tasa de embarazos en niñas y adolescentes para ese año fue de 79 por cada mil mujeres.
 
Con base en la cifra total de embarazos en adolescentes registrada en 2006 se infiere que hasta más de 400 mil son no deseados, según lo estimado por el CeNSIA.  
 
Autoridades sanitarias nacionales e internacionales advierten que el embarazo en la adolescencia implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como embarazo adolescente o temprano aquél que ocurre entre los 15 y 19 años de edad. 
 
GRAVE PROBLEMA
 
Las cifras muestran la gravedad del problema en México: de las adolescentes que se embarazan, 80 por ciento abandona sus estudios; 33 por ciento ejerce su maternidad sin ningún apoyo del padre, y 50 por ciento recurre al aborto exponiendo su vida al asistir a lugares inseguros.
 
Según el programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), las madres adolescentes enfrentan un riesgo superior de perder la vida debido al embarazo y el parto, y sus hijas e hijos tienen niveles más altos de morbilidad y mortalidad.
 
De acuerdo con el Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012, del Consejo Nacional de Población (Conapo), son las adolescentes de estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, las más vulnerables a presentar embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual (ITS). A pesar de ello, esta población sigue sin acceder a métodos de anticoncepción y servicios de salud amigables. 
 
El Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) señala que el derecho a la salud se garantiza con el acceso a información, educación y servicios de calidad para ejercer la sexualidad libre de riesgos de embarazos no planeados, ITS, violencia o cáncer cérvico uterino. 
 
La organización documenta que sólo una de cada 10 adolescentes solteras y sexualmente activas en México usa métodos anticonceptivos. 
 
En el artículo “35 años de planificación familiar en México”, el cual forma parte del informe La Situación Demográfica de México 2009, elaborado por el Conapo, se afirma que una de cada tres mexicanas se embaraza por primera vez antes de cumplir los 20 años, y en siete estados el embarazo en adolescentes ocurre con mayor frecuencia por la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y la desinformación.
 
Para la especialista en derechos sexuales y reproductivos y directora de Ipas-México, Raffaela Schiavon, para disminuir el embarazo en adolescentes son necesarias políticas públicas muy claras y un frente común de todas las secretarías de Estado involucradas, así como terminar con los componentes ideológicos que impiden que las y los adolescentes accedan a los servicios de salud. 
 
Conapo indica que en 35 años, el embarazo en adolescentes disminuyó tan sólo 2 por ciento, lo que demuestra un “estancamiento” en el uso de métodos anticonceptivos.
 
En el análisis “Evolución de la maternidad adolescente en México 1974-2009”, publicado en el informe Situación Demográfica de México 1910-2010, Conapo señala que en 1974 el 17 por ciento de los nacimientos en el país correspondía a madres adolescentes; en la década de los 80 la proporción creció tres puntos porcentuales, y en 2009 bajó a 15 por ciento.
 
El Día de la Prevención del Embarazo Adolescente fue instaurado por primera vez en México en 2005 con el objetivo de informar, orientar y educar a las y los adolescentes sobre la prevención de embarazos no planificados y las ITS, incluyendo VIH-Sida.
 
11/GTR/RMB

 

Ministro Aguirre defiende “derecho a la vida desde la concepción”





Comienza debate sobre contrarreformas en BC y SLP 



Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 26 sep 11 (CIMAC).- Al iniciar la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la posible invalidez de la reforma constitucional de Baja California (BC), que “protege la vida desde el momento de la concepción”, sólo el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano se pronunció a favor de una norma contraria al derecho a decidir de las mujeres.
 
Esta mañana la SCJN comenzó el análisis de la acción de inconstitucionalidad 11/2009 que interpuso la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de BC, para demandar la invalidez del artículo 7 de la Constitución local.
 
Tal artículo estipula que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”.
 
Al finalizar la sesión, las y los ministros acordaron que debido a la complejidad e importancia del tema mañana se establecerá un método para que todos puedan expresar su posicionamiento y determinar si la norma impugnada viola o no la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.
 
La Corte analiza el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas, cuyo fin es declarar la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Constitución de BC. 
 
Al hacer un primer análisis sobre este proyecto, el ministro Aguirre Anguiano se pronunció en contra porque –aseguró– en el texto propuesto pareciera que la Constitución de BC no protege los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, lo cual, no puede ser pretexto para especular que la vida no surge desde el momento de la concepción.
 
Además señaló que el proyecto no se refiere a la reforma constitucional en materia de DH ni a tratados internacionales como la Convención Americana (o Pacto de San José), la cual establece que el derecho a la vida no podrá restringirse ni suspenderse, incluso en supuesto de emergencia o excepción del Estado mexicano. 
 
Cabe mencionar que en su proyecto el ministro González Salas sostiene que la Constitución federal y los instrumentos internacionales no contemplan como “individuo” (sujeto de derechos y obligaciones, además de dotado de capacidad jurídica) al producto en gestación, por lo que tampoco lo puede hacer una Constitución estatal.
 
El artículo 29 de la Carta Magna establece que en los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de ciertas garantías, entre éstas el derecho a la vida, sin embargo no se precisa cuándo comienza la vida, por ello el ministro Aguirre Anguiano cuestionó que la Constitución tenga que “llegar a las precisiones”.
 
Como ejemplo preguntó que si se habla del derecho a la salud, en la Constitución no se tiene que detallar si se trata del derecho a la salud de un diabético o una persona con leucemia o cáncer, al hacer esta afirmación criticó que con respecto al derecho a la vida se trate de convertir a la Constitución en un “recetario de cocina”.
 
Mientras defendía la constitucionalidad del “derecho a la vida desde el momento de la concepción”, Aguirre Anguiano se refirió al concepto de persona o ser humano y criticó que la SCJN pretenda avalar que el feto no es sujeto de derechos constitucionales y considerarlo sólo un bien jurídico protegido. 
 
“Esto me recuerda que los esclavos fueron denominados y tenidos como ‘cosa’ en la antigüedad… También en el proyecto se dice que son una cosa (el no nacido)”, enfatizó. Asimismo señaló que declarar inconstitucional el artículo 7 de la Constitución de BC significaría que “si no naces eres cosa”.
 
Finalmente el ministro se refirió a la reciente reforma constitucional que entró en vigor el pasado 11 de junio con la que se estableció en el artículo 1 de la Constitución federal que todas las autoridades, en sus ámbitos de competencia, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los DH.
 
Aguirre consideró que estas garantías son para todos, incluidos los no alumbrados. Indicó que “las criaturas que estén en el seno materno” deben gozar de derechos interdependientes, indivisibles, y de progresividad, con lo cual aseguró que los estados pueden ir más allá de sus facultades para garantizar derechos como el de la vida.
 
Cabe recordar que desde 2008, luego de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, 17 entidades del país aprobaron legislaciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación”, como lo hizo BC.
 
Es así que hasta el momento la SCJN analiza dos casos de esta naturaleza: el de BC y el de San Luis Potosí (SLP), este último se prevé se analice en subsecuentes sesiones.
 
La acción de inconstitucionalidad interpuesta por diputados de San Luis Potosí fue para solicitar la invalidez del artículo 16 de su Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción”. El debate en la SCJN continuará mañana para que el resto de los ministros externen su posición.
 
11/AGM/RMB

 

Ss de Oaxaca se pronuncia por despenalizar el aborto



Reconoce fallas en prevención de embarazos no deseados 
Por Citlalli López, corresponsal 
 
Oaxaca, 26 sep 11 (CIMAC).- “El aborto es un tema de salud pública y justicia social, no de religión”, señaló el subsecretario de la Secretaría de Salud de Oaxaca (Ss), Maurilio Mayoral, al afirmar que es necesaria la despenalización del aborto para asegurar el respeto a los derechos de todas las mujeres.
 
El funcionario indicó que lo ideal sería que las mujeres no tuvieran que recurrir a la interrupción del embarazo, pero reconoció que en este tema hay responsabilidad en el propio gobierno por no cumplir con su tarea de prevención de embarazos no deseados a través de la facilitación de métodos anticonceptivos, así como garantizar la seguridad de las mujeres para evitar que sean víctimas de violencia sexual.
 
Indicó que el presupuesto contemplado para la compra de anticonceptivos fue insuficiente porque no hubo una buena planeación el año pasado.
 
“Las mujeres no abortan con alegría en sus corazones, pero cuando lo deciden y no hay otra opción deben poder hacerlo con garantías plenas”, sostuvo. 
 
Según datos oficiales, a dos años de que se aprobó la reforma constitucional en Oaxaca que “protege la vida desde la concepción”, se estima que por cada aborto realizado en la Ss estatal cuatro se llevaron a cabo en forma insegura.
 
En 2009 se practicaron de manera legal 950 abortos y en 2010, 650 interrupciones legales del embarazo, es decir que de manera insegura durante estos dos años se realizaron unos 6 mil 400 abortos, de los cuales un mínimo porcentaje se hizo en una clínica con condiciones salubres y el resto poniendo en extremo riesgo la vida de las mujeres.
 
Tomando en cuenta estas cifras, se puede establecer que únicamente en 2010, aún con una ley restrictiva, en promedio en Oaxaca diariamente se realizaron 1.7 abortos legales y 7.1 inseguros.
 
Aunque no hay datos certeros, la propia Ss estatal estima un crecimiento en el número de muertes a causa de abortos inseguros.
 
Oaxaca, al igual que el Estado de México, Distrito Federal, Puebla y Chiapas, es de las entidades con el mayor número de muertes por aborto, incluso el aborto se ha convertido en la cuarta causa de muerte entre las adolescentes y jóvenes, después de los accidentes, suicidios, homicidios y leucemias, señaló Adrián Delgado Lara, asesor en Sistema de Salud de Ipas-México.
 
Al conmemorarse este 28 de septiembre el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Alexis González Hernández, también integrante de Ipas, manifestó que  las leyes restrictivas sólo obligan a las mujeres a recurrir a métodos inseguros o mal aplicados que ponen en riesgo su salud.
 
“Todas las mujeres deberían tener acceso a las opciones seguras en caso de embarazo no deseado, y el sistema de salud debería de ofrecer esos servicios sin importar las razones que tienen las mujeres para prevenir los embarazos; si bien hablamos de prevención de los embarazos no deseados lo que dicen las evidencias es que no a todas las mujeres les llega la prevención o que no todos los métodos son 100 por ciento seguros”, declaró.
 
Indicó que en contextos restrictivos como en el caso de Oaxaca, el Misoprostol se ha convertido en una opción a la que recurren las mujeres para realizarse un aborto, sin embargo, la falta de información sobre su utilización puede afectar gravemente la salud de las mujeres.
 
González Hernández destacó también que aunque el medicamento es vendido sin restricciones, no todas las mujeres pueden acceder a su uso debido al alto costo.
 
“Se tiene que poner en la esfera pública la necesidad y la exigencia de que las leyes no sean restrictivas, por el contrario que despenalicen el aborto porque su penalización no evita que las mujeres aborten, ni contribuye a la disminución de la muerte materna y lo que hace es que las mujeres recurran a otros medios; porque una mujer que no quiere un embarazo lo va a interrumpir con ley, sin ley y a pesar de la ley”
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