La Historia de esos días

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La historia de esos días

19 de enero de 2012

Morelos promueve abstinencia sexual como política de Estado



Se niega información a las adolescentes para prevenir embarazos   

Por Adriana Mújica M., corresponsal 
 
Cuernavaca, 19 ene 12 (CIMAC).- En lo que parece ser su política oficial, el gobierno del estado de Morelos carece de estrategias para brindar servicios de anticoncepción a las adolescentes, y en su lugar promueve la abstinencia sexual entre esa población, acusó la  coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-México), Patricia Bedolla Zamora.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la también maestra en Derecho alertó que en Morelos el embarazo en adolescentes se ha incrementado en los años recientes, y que es consecuencia de la falta de políticas públicas de prevención.
 
“En Morelos no existen estrategias por parte del sector salud sobre anticoncepción para adolescentes y la poca información que llega a la población adolescente es a través de charlas que imparten algunas organizaciones sociales en las escuelas”, explicó.
 
Patricia Bedolla apuntó que incluso para esas agrupaciones civiles  
es difícil brindar información, toda vez que principalmente en escuelas públicas “hay una negativa a hablar de sexo, relaciones sexuales y sus consecuencias”.
 
Abundó: “Esto parece ser una política de Estado, ya que instancias como el DIF o el Instituto de la Juventud estatales promueven la abstinencia (sexual) para evitar enfermedades indeseables, pero no para evitar un embarazo porque persiste la mentalidad de que tener un hijo es una bendición”.
 
“MERO PALIATIVO”, BECAS PARA EMBARAZADAS
 
Bedolla Zamora criticó la política pública de otorgar becas para que las adolescentes embarazadas no abandonen sus estudios: “Son asistenciales y solamente un paliativo que no resuelve de fondo la situación de hacerse cargo de un hijo o hija por al menos los siguientes 18 años”.
 
Apuntó que ese tipo de apoyos empuja a las adolescentes a buscar un empleo mal pagado, o a caer, en la mayoría de los casos, en las filas del subempleo. 
 
“Por ello se hace urgente que en lugar de estas pseudo soluciones, el Estado despliegue políticas públicas de prevención tanto por la parte de salud pública como por el aspecto económico… Si la política pública es de becas, entonces deberían serlo hasta que las jóvenes terminen una carrera y, paralelamente, otorgarles becas de trabajo”, demandó la especialista.
 
“Las adolescentes embarazadas automáticamente dejan de ir a las escuelas y, en algunos casos, son encerradas en sus casas o responsabilizadas en sus hogares de una serie de tareas tanto para sí mismas como para su futura hija o hijo, o hasta para la familia con la que habita (sea la propia o la de su pareja responsable del embarazo)”, detalló. 
 
Patricia Bedolla relató que en sus investigaciones de campo en Morelos es notable el elevado el número de “niñas madres” que llegan a solicitar apoyos o información.
 
“En la mayoría de los casos sus parejas no les responden y no se responsabilizan de la situación, y en los pocos casos que sí lo hacen pues la problemática no mejora del todo, ya que se trata igualmente de adolescentes que deberán dejar sus estudios para pasar al mercado laboral en pésimas condiciones por sus bajos niveles educativos”, agregó. 
 
La activista lamentó que generalmente a las adolescentes embarazadas “se les relega al ámbito privado”.
 
La coordinadora de Cladem-México demandó que haya voluntad política de las autoridades para que se brinde educación sexual de calidad, y haya disponibilidad y entrega gratuita de métodos anticonceptivos para las adolescentes.
 
Defendió el derecho al aborto a fin de que un embarazo no deseado o no planeado no interrumpa sus oportunidades y proyectos de vida. 
 
Cabe recordar que Morelos forma parte de los 17 estados de la República que desde 2008 modificaron sus constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, por lo que las causales para un aborto legal se han visto limitadas.   
 
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En 10 años se dispara violencia contra defensoras y periodistas



“Simulación e impunidad”, respuesta de autoridades 

Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

México, DF, 19 ene 12 (CIMAC).- En la última década la violencia contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) se agravó exponencialmente, toda vez que mientras en 2001 sólo se registró el asesinato de la activista y abogada Digna Ochoa, de 2010 a 2011 fueron ultimados nueve activistas y cinco periodistas, crímenes que permanecen en la impunidad.
 
Lo anterior lo señaló a Cimacnoticias Andrea Medina Rosas, coordinadora del informe “Defensoras de Derechos Humanos en México: diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo”, al término de la presentación del documento.  
 
Medina Rosas indicó que el aumento de la violencia en contra de las defensoras ha sido paulatino y está claramente vinculado a la militarización de diversos territorios del país en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, como parte de su política de combate al crimen organizado. “Una política de seguridad sin Derechos Humanos”, acusó. 
 
La activista informó que en la última década, pero de manera más visible en lo que va del actual gobierno federal, la violencia contra las defensoras de DH “se agravó exponencialmente”. La respuesta de las autoridades ante el “alarmante” panorama es la simulación y la impunidad, aseguró Andrea Medina. 
 
“Le dan seguimiento a todos los casos, pero lo que perdura es la impunidad y la simulación; las autoridades aparentan que están haciendo algo, crean fiscalías o dicen que hay una línea de investigación, pero sabemos de manera directa que eso no está llevando a los resultados efectivos de conocer la verdad, tener justicia y reparar los daños”.
 
A la fecha, además de que no hay avances en la indagación de los homicidios de quienes con su labor contribuyen a eliminar las violaciones a los DH, las familias de las defensoras y periodistas asesinadas continúan en riesgo, incluso “muchas han tenido que desplazarse o salir de sus lugares de origen porque no se garantiza su seguridad”, advirtió. 
 
DIFERENCIAS DE GÉNERO
 
El informe sostiene que 96 por ciento de las defensoras de DH entrevistadas reportó haber vivido violencia o enfrentado algún obstáculo para realizar su trabajo. El 76 por ciento de ellas reconoció particularidades en las agresiones ligadas a su condición de género.
 
Las diferencias identificadas consisten en el tipo de violencia y la forma en la que son agredidas. Por ejemplo, el 40 por ciento mencionó que ha sufrido violencia sexual y 12 por ciento amenazas en contra de su familia, hijas e hijos.
 
Sin embargo, la violencia más frecuente contra las defensoras es la que atenta contra su vida, libertad e integridad. El 60 por ciento de estas mujeres ha sido víctima de este tipo de agresiones. 
 
Por ese tipo de violencia, entre 2010 y 2011 sólo en Chihuahua fueron asesinadas las defensoras Josefina Reyes, María Magdalena Reyes, Luisa Ornelas, Marisela Escobedo y Susana Chávez.
 
Cabe recordar que en ese estado a finales de 2011 se registró el atentado en contra de la activista Norma Andrade, quien sobrevivió y tuvo que abandonar Ciudad Juárez por la falta de seguridad. 
 
También en Chihuahua fue asesinada la periodista María Isabel Cordero, y a su caso se suman los de las comunicadoras Marcela Yarce y Rocío González, en el Distrito Federal; Elvira Hernández, en Guerrero, y Selene Hernández, en el Estado de México.
 
INFORMADORAS EN LA MIRA
 
Las periodistas también fueron “gravemente violentadas” en el mismo lapso, ya que de enero de 2010 a diciembre de 2011 71 comunicadoras sufrieron algún tipo de violencia; de ellas, siete fueron asesinadas, dijo Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de Redes de periodistas y libertad de expresión, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). 
 
Con base en documentación elaborada por CIMAC, Rangel Medina refirió que de los siete casos de feminicidio sólo dos han sido “esclarecidos” por las autoridades. La impunidad en la que permanece la violencia contra las periodistas incrementa la posibilidad de repetición y vulnerabilidad de estas mujeres, alertó. 
 
Además de estas formas de violencia, las agresiones contra defensoras y periodistas se caracterizan por la difamación, desprestigio y procesos judiciales en su contra. 
 
El informe “Defensoras de Derechos Humanos en México: diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo”, arrojó que el 55 por ciento de los responsables de la violencia en contra de las activistas son las autoridades, grupos conservadores ligados a la Iglesia católica y paramilitares. 
 
Andrea Medina señaló que la responsabilidad del Estado en las agresiones está presente de manera directa e indirecta, ya que cuando no agrede al iniciar procesos judiciales, por citar un ejemplo, se vuelve cómplice de otros grupos que atentan contra las defensoras al no impartir justicia, ni reparar el daño. 
 
El documento, elaborado por las organizaciones Asociadas por lo Justo, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, se difundirá en distintos estados de la República con el propósito de hacer visible la situación de las defensoras y promover la importancia de su trabajo. 
 
11/GCJ/RMB/LGL

Revisará SCJN sentencia de Corte Interamericana sobre caso Valentina Rosendo



Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia a cargo de expediente varios
 
Por la Redacción
 
México DF, 19 ene 12 (CIMAC).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó a Inés Fernández y Valentina Rosendo que abrirá un expediente varios, para analizar los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por la trasgresión a los derechos de las indígenas guerrerenses violadas sexualmente por militares en 2002. 
 
En comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que el estudio del caso clasificado con el número 1396/2011 fue turnado al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.  
 
La apertura del expediente, solicitada por Inés Fernández y Valentina Rosendo en noviembre pasado, permitirá que el pleno de la SCJN analice las obligaciones que deberá asumir el Poder Judicial de la Federación, derivadas de las sentencias condenatorias de la CoIDH, emitidas en agosto de 2010. 
 
Además, el análisis que realizará el máximo tribunal de justicia del país, posibilitará la discusión de los parámetros establecidos en las sentencias de la Corte Interamericana para juzgar delitos vinculados con la violencia de género, especialmente las agresiones sexuales. 
 
De acuerdo con Tlachinollan, el análisis “resulta de primera importancia” para el avance en la garantía de los derechos humanos de las mexicanas y para impulsar el acceso a la justicia de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo. 
 
En febrero y marzo de 2002, Valentina Rosendo e Inés Fernández fueron violadas por militares en la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec y en Barranca Tecuani, en Ayutla de los Libres, Guerrero, respectivamente. 
 
Ambos casos llegaron a la CoIDH, luego de que la Comisión Interamericana de DH considerara que el Estado mexicano fue responsable de los hechos, en particular de la falta de investigación adecuada de las alegaciones de tortura y a la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los DH.
 
Por ello, en octubre de 2010, la CoIDH condenó al Estado mexicano por violar la integridad personal y las garantías judiciales de una debida investigación de las indígenas tlapanecas, y reconoció que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército mexicano en 2002.
 
La CoIDH estableció en la sentencia seis parámetros con los que debe cumplir el Estado mexicano para la investigación y el juzgamiento de los hechos, los cuales consisten en que se realice en el fuero civil en un plazo razonable con la debida diligencia, y con la participación de ambas mujeres sin generar revictimización. Todo el proceso debe realizarse desde un enfoque de género y etnicidad, y en condiciones de seguridad, recordó el Centro de Derechos Humanos.
 
Actualmente, los casos de las indígenas me’phaa están en la Fiscalía Especial para los Delitos de  Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas (Fevimtra) a cargo de la fiscal Angélica Herrera Rivero, instancia que deberá consignar los expedientes ante la Justicia Federal en un plazo razonable. 
 
Ante la trascendencia de la resolución de Ortiz Mayagoitia en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, Tlachinollan y otras organizaciones de derechos humanos nacionales hacen un llamado para que el estudio “se realice con estricto apego a los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos, con la adecuada perspectiva de género y etnicidad”, para que en el país las víctimas de violencia tengan “efectivo acceso a la justicia”.
 
12/GCJ/LGL