La Historia de esos días

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La historia de esos días

20 de abril de 2012

La niña Antonia Fernández, la "presa política" más joven del mundo, denuncia su padre



Por Javier Puga Martínez*


Puebla, Pue.- La niña de 6 años de edad Concepción Antonia Fernández López “Cuco” se convirtió en la “presa política” más joven del mundo, señaló el presidente de la Alianza Fraternal Suprema Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, Antonio Fernández Sánchez, quien es el padre de la menor que actualmente se encuentra retenida en las instalaciones del Sistema DIF estatal de Puebla, por ordenes de la coordinadora de Ministerios Públicos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad, Leticia Villaraldo López.
Se trata de una medida del gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas para intimidar y detener a las organizaciones sociales que luchan por la defensa de los derechos humanos en Puebla, a fin de evitar que los abusos y la corrupción de esta administración sean conocidos por la opinión pública, señaló Fernández Sánchez en una entrevista que concedió a esta casa editorial.
Es un acto político y no judicial, pues hasta ahora la PGJ no ha podido demostrar que “Cuco” fue víctima de un supuesto maltrato familiar, razón por la cual se le envió al DIF, agregó el activista quien se dijo sorprendido de que “la clase de gobierno que tenemos en Puebla”, que es capaz de darle un trato así a una menor de edad y de torturar a niños para obtener confesiones.
Desde hace 15 días, la familia poblana Fernández López realiza una protesta frente a las puertas del Senado de la República. Busca que los legisladores intervengan en su caso y pidan al gobierno estatal la devolución de “Cuco” a sus padres, que laboran en esa asociación desde hace 20 años.
Hasta ahora la única que se ha interesado fue la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien logró contactar a un funcionario estatal, aunque no recibió una respuesta en concreto.
Este martes, la madre de “Cuco”, Antonia López Cruz, se cosió los labios y se crucificó para exigir la devolución de su hija, pero desde hace dos semanas también realiza una huelga de hambre y su estado de salud está cada vez más deteriorado.
Su imagen fue difundida este miércoles por la edición nacional de La Jornada, poniendo en evidencia a la administración de Moreno Valle.

“Por andar de mitotero con sus ideales”

La odisea de esta familia comenzó el 21 de febrero pasado, cuando los activistas acudieron al Hospital Universitario de Puebla, para que atendieran a la menor de 6 años de edad de una fractura en un brazo.
El nosocomio dio parte a las autoridades estatales, y los trabajadores de la Agencia Especializada del Ministerio Público para Delitos Sexuales y Víctimas de Violencia Familiar determinaron que “Cuco” padecía el “síndrome del niño maltratado”.
El Ministerio Público (MP) abrió la averiguación previa 495/2012/AESEX y a pesar de que tanto el padre y la propia menor explicaron que su lesión se debió a un juego con uno de los hermanos mayores, la coordinadora de Ministerios Públicos de la PGJ de Puebla, Leticia Villaraldo López, decidió retirar a la pareja de activistas la custodia de su hija.
Antonio Fernández Sánchez fue detenido inmediatamente ese mismo día, pero fue puesto en libertad en la madrugada. Al salir declaró que dentro de la PGJ fue golpeado, torturado y obligado a firmar una declaración en la que “reconocía” haber maltratado a sus propios hijos, aunque se resistió y no firmó el documento.
Los agentes ministeriales se dieron tiempo para ofrecerle una disculpa en estos términos: “usted disculpe, pero ese es el riesgo que tienen los defensores de los derechos humanos por andar de mitoteros con sus ideales”.
Sin embargo, el activista sostuvo que otro de su hijos, un menor de 9 años de edad, también fue detenido y golpeado por los policías estatales para que señalara a su padre de la lesión a “Cuco”, pero también de maltratarlo a él y sus hermanos.
El Sistema DIF estatal se ha deslindado totalmente del asunto señalando que sólo le compete a la Procuraduría General de Justicia aclararlo; este organismo sólo cumplió una petición de la autoridad ministerial, recalcó el director de Asistencia Jurídica, Gabriel Moreno Gavaldón, de acuerdo con una nota de la reportera Diana Jiménez, del portal e–consulta.
Incluso el propio Antonio Fernández deslindó de cualquier injerencia al DIF estatal, señalando que se trata de un asunto netamente político en el cual está involucrado el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, pues así se lo hizo ver la propia Leticia Villaraldo. Sólo Manzanilla puede autorizar la devolución de la menor y no Víctor Carrancá, titular de la PGJ, refirió.
“Estamos dispuestos a morir por defender a nuestra hija Cuco, pero también por denunciar las violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales y la dictadura y régimen represor del gobierno de Moreno Valle en Puebla”, remató Fernández Sánchez.

Luchando por los derechos humanos desde hace 20 años

Fernández Sánchez relató que la Alianza Fraternal Suprema Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos se fundó el 10 de noviembre de 1992 en la capital poblana, y desde entonces no se habían enfrentado a una represión tal como la que ahora padecen con Moreno Valle. “Ni siquiera en tiempos del gobernador Mario Marín fue así”.
Entre los casos que más recuerda a lo largo de este tiempo fue la lucha que enfrentó contra “uno de los policías más corruptos de la historia de Puebla”: Saúl Gamboa Condado, quien encarceló a 52 personas por tratar de obligarlas a vender drogas.
También recordó que enfrentó a Julio Zamittis, “un prestanombres de Mario Marín”, que encarcelaba a los dueños de las propiedades que le gustaban para apropiarse de ellas, además de que aseguró, prestaba dinero público y cobraba altos intereses por ello.
Abundó que esta organización surgió motivada por la defensa de los derechos de campesinos, de indígenas y de toda aquella persona que es maltratada por el hecho de presentar una denuncia y ser amenazado por la autoridad.
“Esta situación es política porque ellos la han querido manejar así. Las condiciones que ofrece Leticia Villaraldo para liberar a la menor no nos satisfacen, porque simplemente no un hay delito qué perseguir”, reclamó.
Agregó que las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos saben que el gobierno estatal de Puebla aplica una campaña de difamación, de delitos prefabricados y de criminalización a todos los activistas y luchadores sociales, no importando que se carezca de elementos jurídicos para detenerlos y para callarlos.
“Es un acto deleznable que se valgan de mentiras para convertirlo en algo judicial”, lamentó el activista quien agregó que la mecánica de la actual administración estatal es impedir la defensa de los derechos y las garantías individuales, pues eso acotaría la impunidad de los gobiernos panistas en Puebla.
Resulta “ilógico e inverosímil” que siendo defensor de estos derechos maltrate a mi propia familia como acusa la Procuraduría General de Justicia (PGJ), reviró.
“Queremos justicia. Exigimos que se retiren las ordenes de aprehensión que hay en nuestra contra y queremos el encarcelamiento de Leticia Villaraldo López, quien prefirió un hueso en la PGJ que actuar como una funcionaria con ética, con profesionalismo”, señaló. 

Mañana, reunión en la PGJ

Aunque la Procuraduría General de Justicia se reservó emitir un comentario o postura alguna sobre este caso, será este día a la una de la tarde cuando el titular de esta dependencia, Víctor Carrancá Bourguet, reciba a la familia Fernández López.
Aun cuando los Fernández López se encuentran en la ciudad de México protestando contra el gobierno de Puebla, algunos de sus integrantes se trasladarán a la capital poblana para acudir a este encuentro.

*Publicado por La Jornada de Oriente

Alto a las agresiones a nuestra compañera periodista Claudia García Polo



Mundo de Mujeres

Lamentamos la actitud abusiva y las expresiones agresivas que el candidato a Senador por el Partido Acción Nacional Javier Lozano Alarcón en Puebla, viene realizando desde hace unos días en contra de nuestra compañera periodista Claudia García Polo.
Sus compañeros de trabajo diario por más de 10 años y su familia sabemos que es una persona profesional, que realiza su trabajo con ética y responsabilidad, que jamás ha tenido ningún problema con todos los actores sociales, políticos, empresariales, religiosos, clubes de servicio, derechos humanos, laborales, juristas, universidades, de los gobiernos federal, estatal y municipal con los que ha tenido contacto por su trabajo reporteril.
Esta es la primera vez que un entrevistado reacciona de manera agresiva verbalmente y ha tratando de censurar los efectos de lo que dijo en una reunión pública y abierta ante la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (AMPEP) de ese hecho muchos periodistas y diversos medios de comunicación fueron testigos en Puebla.
Lamentamos que se dé este tipo de situaciones, en contra de una periodista poblana y nos preocupa más aún la actitud del candidato Javier Lozano Alarcón cuando es vocero del Partido Acción Nacional y debería respetar la libertad de expresión, porque así se construye la democracia.
Reprobamos la censura que viene de los grupos de poder, la censura ofende la inteligencia y la labor de las y los periodistas en cualquier parte del mundo, pero más reprobable aún es la autocesura periodística, esa ofende, denigra y lacera nuestra profesión.
Pedimos al candidato a Senador Lozano Alarcón, calme sus ansias de persecución a nuestra compañera Claudia García Polo, sería muy peligroso para su labor periodística dejar que esta situación continúe y no hacer los señalamientos a tiempo, este ambiente de agresiones verbales y escritas pone en riesgo el trabajo de la compañera y más aún su seguridad personal.
Esta actitud del Javier Lozano en nada abona al importante proceso histórico electoral que estamos viviendo, además va en contra de la democracia que estamos construyendo en Puebla y México.
Hacemos un llamado a todos los candidatos que están participando en este proceso electoral a respetar a las y los periodistas y a quienes laboramos en medios de comunicación. Además solicitamos al Senado de la República, dé seguimiento a este caso de agresión a nuestra compañera Claudia García. No olvidemos que en México ser periodista es considerada una de las profesiones más peligrosas.

17 de abril de 2012

Familia de desaparecida pide nuevo peritaje a forenses argentinas





No confía en que restos sean de la joven Idaly Juache
 

Por Gladis Torres  Ruiz  
 

México, DF, 17 abr 12 (CIMAC).- Ante la negligencia de la Fiscalía General de Chihuahua para identificar cuerpos y osamentas de mujeres desaparecidas y asesinadas, la madre de Idaly Juache Laguna demandará un peritaje externo a los restos óseos encontrados en el Valle de Juárez, los cuales presuntamente pertenecen a la joven que desapareció el 23 de febrero de 2010.
 
Entre diciembre de 2011, enero y febrero de 2012, en el Valle de Juárez, municipio de Praxedis G. Guerrero, fueron localizados varios restos óseos de mujeres, los cuales según la Fiscalía pertenecen a menores de edad reportadas como desaparecidas en 2009 y 2010.
 
Hasta el momento suman ya 12 restos con perfil genético (paso previo a que sean cotejados con las muestras de ADN de sus familiares), de los cuales seis ya fueron identificados, y de éstos, dos de ellos pertenecen a hijas de integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez.
 
Se trata de los restos de Jessica Leticia Peña García, desaparecida el 1 de junio de 2010, y de Andrea Guerrero Venzor, desaparecida el 19 de agosto de 2010 (ambas tenían 15 años de edad). Idaly Juache Laguna es hija de Norma Laguna, integrante y fundadora del Comité de Madres, y sus restos se encuentran entre los ya identificados, de acuerdo con las autoridades.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres ­organización que acompaña jurídicamente al Comité­, precisó que a la fecha los restos identificados de cuatro de ellas ya fueron entregados a sus familias a finales de febrero e inicios de marzo pasado.
 
Son los de Jessica Leticia Peña García, Andrea Guerrero Venzor, Lizbeth Avilés García (17 años) ­desaparecida el 22 de abril de 2009­, y Deisy Ramírez Muñoz (16 años), desaparecida el 26 de julio de 2010.
 
Espinosa agregó que el pasado domingo la Fiscalía les reportó que identificaron los restos de Jazmín Taylen Celis Murillo, de 17 años, desaparecida el 9 de marzo de 2010, e Idaly Juache, de 19 años, desaparecida el 23 de febrero de 2010.
 
La Fiscalía explicó que entre los otros seis restos con perfil genético, los correspondientes a una joven ya fueron cotejados con muestras de familiares, pero no coincidieron con el ADN, por lo que su perfil será enviado a la CNDH para comparar su información genética con la de familiares de personas desaparecidas en el país. 
 
Las otras cinco osamentas no se han podido cotejar con las muestras genéticas. Cecilia Espinosa agregó que a estos restos óseos se suman cuatro más que son pequeños fragmentos a los cuales todavía se les realiza la valoración de antropología forense y genética. 
 
Se determinará si corresponden a algunas de las osamentas ya entregadas o perfiladas genéticamente, o si son restos óseos de otras personas.
 
La activista señaló que el número de 12 víctimas podría aumentar, toda vez que este fin de semana fueron localizados en la misma zona otros tres restos correspondientes a dos hombres y una mujer.
 
DESCONFIANZA EN LA AUTORIDAD
 
Respecto al caso de Idaly, Espinosa señaló que la familia Juache Laguna no confía en la información de la Fiscalía por lo que no ha aceptado la entrega de los restos.
 
Lo único que la familia tiene para asegurar que es su hija es el perfil genético, ya que no hay prendas, ni nada físico que pueda asegurarlo, por lo que solicitarán una segunda opinión forense. 
 
Cecilia Espinosa dijo que se está contactando al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para ver si realiza este nuevo peritaje genético o si recomienda a otros expertos. 
 
La abogada de la Red Mesa de Mujeres ­una de las organizaciones que documenta casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Chihuahua­ señaló que los antecedentes de negligencia mostrados por la Fiscalía en las investigaciones y búsqueda de mujeres desaparecidas generan desconfianza en las familias.
 
Indicó que el proceso para hacer el análisis externo será largo, ya que se tienen que realizar una serie de trámites jurídicos con la Fiscalía y acordar quién realizará el nuevo peritaje genético.  
 
El 23 de febrero de 2010, Idaly Juache Laguna desapareció del estacionamiento del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez. Su madre, Norma Laguna, vive buscándola los días en que la profunda depresión que la aqueja se lo permite.
 
Espinosa informó que la señora Laguna se encuentra en una situación muy delicada de salud física y emocional, por lo que la familia ha pedido que se mantenga un respeto a su dolor. 
 
“Físicamente está muy desgastada, ya que su salud se ha visto mermada en los años de búsqueda de su hija; el Comité le está proporcionando atención medica y psicológica”.
 
Norma Laguna es integrante y fundadora del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez. En noviembre de 2010 relató a Cimacnoticias cómo cambió su vida y la de toda su familia luego de la desaparición de Idaly. “Cuando fuimos a denunciar nos dijeron que probablemente ella decidió huir de casa, pero yo sé que no es así”, recordó.
 
“Hasta hoy no sé nada de ella, y me preocupa no sólo donde está, sino cómo está, ya que cuando desapareció tenía cuatro meses de haber sido operada de un tumor que le quitaron de un seno, y tenía que volver a operarse porque le quedaron dos tumores más”, relató.

12/GTR/RMB

DF, campo minado para las mujeres políticas





Enfrentan “grillas” y hasta acoso para ser candidatas  


Por Anayeli García Martínez
 

México, DF, 17 abr 12 (CIMAC).- En esta capital las militantes de los partidos tienen que enfrentar la simulación en el cumplimiento de las cuotas de género, las pugnas de las corrientes internas, el acoso para que renuncien a sus aspiraciones políticas, y la falta de candidaturas cuando se trata de coaliciones electorales.
 
Natividad Cárdenas Morales, presidenta del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder y especialista en participación política de las mujeres, acusó que las coaliciones partidistas reducen el número de mujeres que podrían competir por un cargo de elección popular.
 
Lo anterior toda vez que cuando los partidos van en coalición en la mayoría de las ocasiones deciden postular a un candidato o candidata que competirá representando dos o más institutos políticos, es decir se reduce el número de oportunidades. 
 
En este proceso electoral en el DF –donde se renovarán la Jefatura de Gobierno, la Asamblea Legislativa y las 16 jefaturas delegacionales–, el PAN y el Partido Nueva Alianza (Panal) decidieron ir solos en sus candidaturas, pero los otros cinco institutos políticos se unieron en dos coaliciones: Movimiento Progresista y Compromiso por México.
 
La coalición Movimiento Progresista está conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano; mientras que Compromiso por México está integrada por el Partido Revolucionario Institucional  (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
 
De acuerdo con Cárdenas Morales, quien realiza un estudio sobre el cumplimiento de la cuota de género en senadurías y diputaciones federales, en el caso de las candidaturas a diputaciones locales los institutos también simulan cumplir las cuotas.
 
En consonancia con el órgano electoral federal el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) determinó que los partidos deben postular al menos 40 por ciento de candidaturas del mismo sexo para las 66 curules de asambleístas.
 
Si bien este fue un avance, Cárdenas Morales sostuvo que a nivel local los líderes de los partidos políticos también postularon a sus familiares, o bien, colocaron a las mujeres en distritos donde no han ganado durante las últimas tres elecciones.
 
Además explicó que cuando se integran coaliciones cambian los requisitos para contender por un puesto de elección, y en muchas ocasiones los partidos tienen que hacer acuerdos entre ellos para cumplir con la cuota de género.
 
Señaló que actualmente en el DF se utilizan las cuotas de género para “anular” las candidaturas de varones con quienes hay conflicto, y lejos de poner candidatas con experiencia, las acosan para que renuncien y poner en su lugar a mujeres sin trayectoria.
 
Criticó además que en la Ciudad de México no se vean nuevos perfiles femeninos con preparación política, pues hasta el momento los nombres de las actuales candidatas, si bien tienen historia y peso, “son los mismos de siempre”.
 
Puso como ejemplo de lo anterior a Alejandra Barrales (PRD), Araceli García Rico (PRI) y Rosi Orozco (PAN), candidatas de mayoría relativa al Senado por el DF.