La Historia de esos días

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La historia de esos días

3 de junio de 2011

Proponen nueva iniciativa para tipificar feminicidio en DF

Se espera que dictamen esté listo para la próxima semana
 

Por Anayeli García Martínez


México, DF, 02 jun 11 (CIMAC).-A casi tres meses de que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, enviara a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para tipificar el feminicidio en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia capitalino, el Instituto de las Mujeres local y organizaciones civiles elaboraron un nuevo proyecto. 

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), Luz Estrada –organización que participó en las discusiones– dijo en entrevista que en la reunión que ayer sostuvieron los representantes de estos organismos, acordaron una nueva redacción que en esencia recoge los mismos principios que la anterior. 

El debate en torno al nuevo delito se centró en el supuesto de que el feminicidio lo comete sólo aquella persona que mantuvo una relación con la víctima, lo cual –señala Luz Estrada–, no es verdad.  

Cabe recordar que el 8 de marzo, el Jefe de Gobierno envió a la ALDF un proyecto para reformar el Código Penal capitalino, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tipificar el feminicidio como un nuevo delito, esto con el objetivo de prevenir la violencia de género. 

La propuesta de Marcelo Ebrard menciona que “comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer”  y entre éstas razones menciona cuando exista relación de parentesco, afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 
El nuevo proyecto respeta estos principios y precisa que el feminicidio se acreditará cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; cuando haya antecedentes de amenazas, acoso o lesiones; y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. 
De acuerdo con la coordinadora del OCNF, la nueva redacción tuvo ajustes, sin embargo, en esencia recoge varias de los puntos de la primera propuesta, lo que asegurará que sea un delito que se puede acreditar y que prevenga y visibilice la violencia contra las mujeres. Hasta el omento el dictamen no está listo pero se espera que este listo para este mes de junio.   
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrales, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, que el retraso en la esta iniciativa se debe a que las y los legisladores buscaron recoger todas las visiones sobre este tema para logar una reforma integral. 
La diputada perredista explicó que la ALDF sólo espera el acuerdo de las Comisiones de Equidad y Género y de Procuración y Administración de Justicia. Señaló que es probable que esta semana salga un dictamen que podría incluirse en los temas que se discutirán durante el periodo extraordinario de sesiones que se prevé inicie este 7 u 8 de junio. 
Cuestionada sobre las diferencias en torno a la tipificación del feminicidio, la asambleísta aseguró que el Partido de la Revolución Democrática, como fracción mayoritaria en este órgano legislativo, privilegiará los derechos de las mujeres y afirmó que pese a tener una postura concreta también escuchan las diferencias.  
“Estamos construyendo el consenso con otros partidos políticos. Estoy segura que este es un asunto que incluso va a salir por unanimidad. No veo quien no esté en la idea de salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres en la Ciudad”, afirmó.
11/AGM/LGL

30 de mayo de 2011

Ineficaces políticas públicas en salud reproductiva

Abasto de anticonceptivos y menos muertes maternas, los retos 
Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

En los gobiernos federales del PAN se han generado políticas públicas para atender la salud de las mexicanas que son ineficaces porque carecen presupuesto y no rinden cuentas, además de que por la ideología “conservadora” de Acción Nacional “se anteponen las creencias religiosas a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres”, denuncian especialistas.  
En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres –que se conmemora desde 1987 para exigir a los gobiernos políticas públicas garantes de la salud de la población femenina–, Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, sostiene que en el país persisten “grandes retos” en la materia, como destinar recursos a cada iniciativa y vigilar su adecuada aplicación. 
Daniela Díaz, responsable del proyecto de mortalidad materna y presupuesto público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierte que el desinterés de la gestión panista en salud sexual y reproductiva se refleja en la reducción de 43.1 por ciento en el presupuesto para Planificación Familiar (PF) de la Secretaría de Salud (Ss), entre 2003 y 2008.  
En el mismo periodo el IMSS redujo 23.1 por ciento los recursos otorgados a PF, abundó. 
En 2008, el presupuesto que destinaron la Ss y los servicios estatales para salud reproductiva (salud materna-perinatal, cáncer de mama, cervicouterino y planificación familiar) fue de 6 millones 154 mil 359 pesos, mientras que en ese año el IMSS asignó 15 millones 663 mil 151. 
El recorte de recursos en PF se traduce en la falta de acceso a métodos anticonceptivos, problemática que afecta sobre todo a las mujeres menores de 20 años de edad, señala Javier Domínguez, oficial en México del Programa de Salud Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 9 de cada 10 adolescentes no utiliza anticonceptivos al inicio de su vida sexual, “no porque busquen un embarazo sino porque no tienen acceso a esos métodos”. 
La demanda insatisfecha de anticonceptivos (DIA) afecta tres veces más a las adolescentes, ya que el promedio nacional de mujeres que no desean embarazarse y no usan anticonceptivos es de 12 por ciento, mientras que para las mexicanas de 15 a 19 años la tasa es de 36 por ciento. Los datos indican que el acceso a la anticoncepción es una “asignatura pendiente”, apunta Domínguez.  
Según la Enadid 2009, de cada mil nacidos vivos 70 fueron paridos por mujeres menores de 20 años de edad. Se calcula que el 50 por ciento de esos embarazos no fueron planeados. 
La morbimortalidad materna es otro indicador preocupante, ya que según Ipas México, en 2009 88.4 por ciento de las hospitalizaciones de adolescentes fueron por padecimientos ligados al embarazo, parto, posparto y aborto. Se registraron cerca de 163 mil atenciones por parto y 28 mil 212 por aborto, agrega.   
De las 24 mil 872 muertes maternas (MM) reportadas en los últimos 20 años, 3 mil 300 correspondieron a adolescentes. Raffaela Schiavon alerta: “Los números nos gritan que hay una deuda con las mujeres sobre todo con las más jóvenes y pobres”. 
Lina Rosa Berrios, directora de Kinal Antzetik, refirió que las indígenas son quienes enfrentan mayor rezago en salud sexual y reproductiva. Muestra de ello es que en 2009 Guerrero, Oaxaca y Chiapas rebasaron el promedio nacional de MM, que era de 62.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, según el Observatorio de MM, conformado por grupos civiles. 
Para 2010, la tasa nacional de MM disminuyó a 49.5 casos por cada 100 mil nacimientos, reporta la Ss. 
Berrios observa que la MM no se reduce porque las políticas no se concretan: “En los hechos no hay embarazo saludable, ni atención a emergencias obstétricas. Tampoco se llevan a cabo la profesionalización de parteras y la contratación de enfermeras obstetras, quedaron en el papel”.  
Eugenia López, directora de Red Balance, explica que el desabasto de anticonceptivos, como condones masculino y femenino, ha aumentado los casos de VIH entre las mexicanas. Dice que mientras que en los años 80 por cada 16 hombres con el virus había una mujer con el padecimiento, ahora por cada cuatro hombres con la enfermedad hay una mujer en esa condición.  
ONUSIDA estima que en México hay 200 mil personas seropositivas, de las cuales 57 mil son mujeres. López resalta que las políticas públicas para prevenir, atender y dar tratamiento a la población con VIH carecen de enfoque de género. 
Observa que las acciones contra la pandemia sólo tienen en cuenta a las embarazadas para evitar que transmitan el virus al producto, aunque sólo 7 por ciento de ellas tuvo acceso a tratamiento antirretroviral en 2010, subraya.  
Ante este panorama, las organizaciones civiles exigen al gobierno que atienda de fondo los problemas en salud de las mexicanas y garantice sus DH; entre ellos el derecho a decidir de forma libre e informada el número de hijas e hijos que quieren tener.   


11/GCJ/RMB

Demandan OSC a PGJDF investigar allanamiento a CIMAC

Medidas de seguridad y reabrir investigación de hace tres años
 
Por la Redacción 
 

México, DF, 30 may 11 (CIMAC).- A una semana de que el equipo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) descubriera el allanamiento a sus instalaciones, un centenar de organizaciones feministas y de derechos humanos demandaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito federal (PGJDF), realizar una investigación efectiva, diligente e imparcial, para sancionar a los responsables y reabrir la investigación de hace tres años.
En una carta pública, las organizaciones de todo el país, repudiaron el allanamiento ocurrido el pasado 20 de mayo. Exigieron a las autoridades retomar las investigaciones sobre los ataques de hace tres años y garantizar que éstos no queden en la impunidad, así como implementar las medidas de seguridad requeridas para las integrantes de CIMAC y el resguardo de su oficina. 
CIMAC se destaca por hacer periodismo con enfoque de género, denunciar violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres y niñas y defender la libertad de expresión y el trabajo de las defensoras de Derechos Humanos, así como por hacer investigación en la trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes, explican las organizaciones. 
No podemos descartar que estos ataques a sus instalaciones estén relacionados con el trabajo que realiza, por lo que es de suma importancia que la PGJDF realice una investigación a fondo de los hechos plasmados en la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/00948/11-05, priorizando el vínculo del trabajo que CIMAC realiza en la defensa y promoción de los derechos humanos y las agresiones sufridas, advierten las organizaciones. 
Asimismo, “vemos con preocupación que la falta de una investigación diligente por parte de las autoridades responsables por el allanamiento ocurrido hace tres años y denunciados ante la autoridad, se haya convertido en un incentivo para los perpetradores, lo que permite que estos hechos continúen ocurriendo. Recordamos que la impunidad implica un mayor riesgo para las defensoras de derechos humanos que son violentadas e inhibe su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos”. 
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Cuadernos Feministas, Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Fray Juan de Larios, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez AC, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC, Red Feminista Sonorense, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Victoria Díez AC, Justicia para nuestras Hijas, Las Libres AC, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC. 
También firman la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Serapaz, HIJOS, Asociadas por lo Justo, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo AWID, Código DH, Colectivo Feminista Socialista Rosas Chillantes, Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans AC, Alternativas Pacíficas, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CLADEM-México, Lesbianas en Patlatonalli, Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño.

11/R/LGL