La Historia de esos días

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La historia de esos días

1 de abril de 2011

Lucha de México contra el narcotráfico y la inseguridad genera la violación de derechos humanos, denunciaron organizaciones ante la CIDH



La desaparición forzada es un crimen cada vez más común en los estados del norte

CIMAC Noticias

Washington D. C., 28 de marzo del 2011. El exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Torreón (Coahuila) admite ante una periodista que cuando “agarra” a un miembro del cartel de los Zetas lo mata. La reportera le replica: “Nomás Dios debe decidir quién debe morir y quién debe vivir”. El funcionario responde: “Pues sí, pero hay que darle una ayudadita”. Con este testimonio grabado del general Carlos Bibiano Villa Castillo abrió la audiencia sobre seguridad ciudadana en México, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D. C., Estados Unidos.
La llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha mantenido México contra el crimen organizado durante los últimos años ha sido infructuosa y ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Esta fue la denuncia que organizaciones de la sociedad civil expresaron ante la CIDH.
El Estado mexicano ha implementado “operativos conjuntos” militarizados de seguridad, en los que interviene el Ejército, la Policía Federal y las policías locales en actividades de vigilancia, patrullaje e investigación, principalmente en los estados fronterizos del norte. La tasa de homicidios se ha incrementado exponencialmente en todas estas demarcaciones.
Mariclaire Acosta, miembro de los consejos directivos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de CEJIL, afirmó que la estrategia estatal no ha reducido el crimen ni la impunidad y, por el contrario, ha minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“El incremento de la violencia y las actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y -sobre todo- el asesinato, se dispara en donde está la presencia armada del Estado”, afirmó Acosta.
En este sentido, Stephanie Brewer, del Centro PRODH, agregó que la militarización de la seguridad amenaza las garantías ciudadanas pues “los agentes estatales se sienten en total libertad para violar los derechos humanos con impunidad”. Este es el motivo por el cual han aumentado las detenciones arbitrarias, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos.
La situación también compromete el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, como lo expresaron Diana Morales, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (de Ciudad Juárez), y Gabino Gómez, del Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. El hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de activistas se han incrementado en estas zonas en conflicto sin que el Estado pueda ofrecer una protección adecuada. Durante la audiencia se expusieron ejemplos dramáticos sucedidos en Chihuahua, los cuales evidencian una tendencia de recrudecimiento en el peligro que corren los defensores y defensoras.
Durante la audiencia, los comisionados de la CIDH expresaron un especial interés por el problema de la desaparición forzada en México. Según Carlos Zazueta, abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), en los estados del norte de México son frecuentes las desapariciones perpetradas incluso por los propios agentes del Estado. Ante las denuncias, Zazueta afirmó que las autoridades judiciales simulan pesquisas o simplemente no las hacen. Por ello, denunció el subregistro por el miedo a la denuncia, y expresó su preocupación por la inadecuada o faltante tipificación del delito de desaparición forzada, así como por la ausencia de un recurso adecuado para encontrar a personas desaparecidas.
Por su parte, la delegación del Estado mexicano justificó sin sustento la política de seguridad implementada durante la administración del Presidente Felipe Calderón. Entre otros, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, justificó la estrategia de seguridad y afirmó que, gracias a las acciones derivadas de ella, se ha logrado detener la expansión de la actividad criminal a otras zonas del país. No obstante, la representación mexicana no se refirió al tema del incremento en los crímenes de violencia en los estados del norte ni a los hechos concretos presentados por las organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones peticionarias concluyeron su exposición instando a la CIDH para que exhorte al Estado a asumir las recomendaciones planteadas en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (publicado en el 2009) como el camino a seguir para garantizar una seguridad real de la ciudadanía ante el problema de la violencia en México. Asimismo le solicitaron a la Comisión que realice una visita in situ para que compruebe la situación de los derechos humanos en México y que emita posteriormente recomendaciones precisas al Estado para solventar las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo.

En riesgo derechos humanos por guerra antinarco


La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico agrava la situación de los Derechos Humanos (DH) en México, toda vez que van en aumento las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, denunciaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las agrupaciones defensoras de los DH advirtieron que políticas de seguridad como los operativos militarizados recrudecen las amenazas contra activistas humanitarios en nuestro país.
En la audiencia temática “Seguridad ciudadana y Derechos Humanos en México”, que ayer se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, 18 organizaciones con sede en México y una internacional señalaron que Chihuahua –entidad que en 2010 registró 15 mil 273 homicidios– es un ejemplo claro de las violaciones a los DH que ocurren en todo el país.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Justicia Para Nuestras Hijas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras agrupaciones, acusaron que los estragos de la “guerra contra el narcotráfico” van en aumento.
La directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, Alejandra Nuño, explicó que durante la audiencia las organizaciones peticionarias se centraron en la violencia en general; sin embargo puntualizaron que los homicidios y amenazas contra defensoras en Ciudad Juárez siguen en la impunidad.
En los últimos 15 meses, tres defensoras de DH fueron asesinadas en la entidad fronteriza: Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010; Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del mismo año; y Susana Chávez, el 6 de enero de 2011. Otras tres defensoras se vieron obligadas a abandonar Chihuahua para salvaguardar su integridad.
Ante el hostigamiento y las constantes amenazas de muerte, las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz y María Luisa García, abandonaron su hogar a principios de este mes de marzo. La activista chihuahuense Cipriana Jurado está en espera de respuesta a su solicitud de asilo político en EU.
Alejandra Nuño destacó que la audiencia ante la CIDH sirvió para evidenciar la drástica situación que se vive en México, la impunidad y el fracaso de los operativos conjuntos contra el narcotráfico implementados desde 2006, toda vez que sólo aumentaron la tasa de homicidios, lo cual “es preocupante”, observó.
En su turno, la delegación mexicana defendió ante la CIDH la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.
La representación gubernamental estuvo integrada por Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Monte Alejandro Rubido García, subsecretario de Seguridad Pública, y Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los representantes del Estado mexicano aseguraron que las estrategias de seguridad van en el camino correcto ya que –argumentaron– existía la necesidad urgente de actuar rápido para contener la expansión de la actividad criminal. “La delincuencia y la violencia motivan una respuesta por parte del Estado”, aseguró Rubido García.
Zamora Castro aseguró que las políticas anticrimen respetan los DH y que la lucha contra el narco es integral porque además de los operativos conjuntos, también se han implementado “políticas de prevención del delito y reconstrucción del tejido social”.
Alejandra Nuño consideró que la respuesta de la delegación mexicana fue preocupante porque demostró una actitud “cerrada” en el tema de seguridad, lo que demuestra que la administración de Felipe Calderón no tiene la intención de evaluar el uso del Ejército o la voluntad de desaparecer la figura del arraigo.
La abogada destacó que estas líneas de acción están lejos de combatir a la delincuencia y al mismo tiempo garantizar los DH, por ello solicitaron al Estado mexicano que asuma los mandatos de la CIDH como guía para armonizar la legislación en materia de seguridad y justicia y superar las inconsistencias del actual marco normativo.
En la audiencia, Mariclaire Acosta, miembro del consejo directivo de Cejil, urgió al Estado mexicano a realizar los cambios estructurales necesarios para terminar con las detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y otras violaciones cometidas en el contexto de la guerra contra el narco.
Asimismo, solicitó a los representantes de la CIDH que visiten México, constaten la situación de los DH y pidan cuentas al Estado de cómo está cumpliendo con las recomendaciones que este organismo de la Organización de Estados Americanos hizo en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, presentado en nuestro país en 2010.

31 de marzo de 2011

Embarazo en adolescentes, concentrado en seis entidades

 Cuatro estados reformaron su constitución para penalizar aborto
Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 31 mar 11 (CIMAC).- En México la cifra de embarazo en adolescentes se concentra en seis entidades de la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; de éstas cuatro ya legislaron contra el derecho a decidir de las mujeres y penalizar el aborto.
En el reporte “Una Mirada General a la Infancia en México a lo Largo de su Frontera Norte”, se indica que las mujeres que habitan en los estados de la frontera norte son las que tienen mayores índices de embarazo en adolescentes. El 7 por ciento de las jóvenes entre 15 y 17 años de edad de esa región ha dado a luz a un bebé vivo, en contraste con el 6 por ciento a nivel nacional.
El documento realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el que se
analiza la situación de más de dos millones de niñas y niños que habitan en la frontera entre México y Estados Unidos, agrega que esta tendencia se hace mucho más amplia en Coahuila,  llegando a un máximo de 19 por ciento.
Precisa que en esta zona el 28 por ciento de mujeres jóvenes entre 18 y 19 años que vive en
municipalidades fronterizas, ha dado a luz a un bebé, comparado con 22 por ciento a nivel nacional.
Cabe recordar que en México, desde octubre de 2008, la alianza coyuntural del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyada por legisladoras y legisladores de otros partidos, ha logrado reformas constitucionales en 17 de los 31 estados del país; esas entidades actualmente protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación y criminalizan el aborto.
Entre ellas se encuentran: Baja California,  Sonora, Chihuahua, y Tamaulipas, entidades de la frontera norte en las cuales se penaliza a las mujeres que acceden o sufren un aborto.
El documento de la Red precisa que el embarazo adolescente, es particularmente grave en el municipio de Sáric, Sonora, donde dos de cada diez adolescentes son madres. A pesar de que la tendencia general es al descenso del porcentaje de adolescentes de 15 a 17 años con al menos un hijo nacido vivo, el porcentaje aumentó en más de treinta por ciento de los municipios fronterizos en el periodo 2000-2005.
De acuerdo al Primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Población 2008-2012, del Consejo Nacional de Población (Conapo), son las adolescentes de estratos socioeconómicos bajo, y medio bajo, las más vulnerables a presentar embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.
Lo anterior contrasta con la situación de las adolescentes de la frontera norte toda vez que el documento “Una Mirada General a la Infancia en México a lo Largo de su Frontera Norte”, también afirma que las niñas y niños de esa frontera viven en mejores condiciones que los del resto del país.
“Mientras que en México cuatro de cada diez niñas y niños no tiene agua dentro de su vivienda, en los municipios de la frontera este porcentaje representa a dos de cada diez”.
Diversos estudios muestran que el embarazo en la adolescencia es considerado un problema desde diferentes ópticas, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de mortalidad infantil.

Obligan a Ejecutivo a no recortar presupuesto de género

Cámara de Diputados aprueba reforma legislativa
Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 31 mar 11 (CIMAC).- En un logro histórico para las organizaciones feministas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 363 votos a favor, cero en contra y una abstención,  las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria para hacer irreductible el presupuesto etiquetado para el avance de las mexicanas.
Daniela Díaz Echeverría, integrante de Fundar,  Centro de Análisis e Investigación calificó como un logro este hecho pues durante las últimas tres Legislaturas (casi diez años) las mujeres cabildearon en la Cámara de Diputados la creación de un presupuesto etiquetado.
La especialista indicó que en 2001 comenzó la discusión acerca de la necesidad de tiquetar
recursos para disminuir las brechas entre mujeres y hombres, impulsada por las sociaciones que conforman la Coalición por la Salud de las Mujeres, así como la Comisión de Equidad de Género de la LX Legislatura y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Siete años después se incluyó el Anexo 10  “Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres” al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pero el apartado carecía de un monto fijo y dependía de la voluntad de las y los legisladores.
No obstante, gracias a la tenacidad de las organizaciones y el apoyo de diputadas y diputados los recursos asignados a ese anexo fueron en aumento, indicó Díaz Echeverría,
integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres.
Así, en 2008 se etiquetaron recursos para las mujeres por 7 mil 24.8 millones de pesos; en 2009, 8 mil 981.6 millones, y en 2010, 10 mil 920.7 millones de pesos. Para este año se
etiquetaron 14 mil 917 millones de pesos.
Ante la falta de normatividad que garantizara la permanencia de estos recursos y que su monto fuera irreductible, en octubre pasado la Coalición por la Salud de las Mujeres solicitó al Legislativo que el Anexo 10 se integrara en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En febrero pasado las organizaciones discutieron la pertinencia de dicha reforma con legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios. El resultado del encuentro fue la iniciativa de reforma a la Ley que presentó el diputado Luis Videgaray Caso, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el pasado 3 de marzo.
Dos semanas después, la Comisión de Presupuesto aprobó las modificaciones a siete anexos, entre ellos el destinado a la igualdad entre mujeres y hombres. Esta decisión fue respaldada hoy con más 363 votos por la Cámara baja.
A decir de Díaz Echeverría, la asignación de recursos planteada en la ley “es una herramienta eficaz para disminuir las brechas entre mujeres y hombres y avanzar en el cumplimiento de los derechos” de las mexicanas.
El decreto aprobado, que fue enviado al Senado para su análisis y eventual respaldo, modifica el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el Anexo 10 cuente con la misma proporción del gasto programable que el año inmediato anterior.
También establece mecanismos de rendición de cuentas mediante la adición del artículo 85 de la ley, que plantea la obligación del Ejecutivo federal de entregar informes trimestrales para reportar el gasto anual del presupuesto y los resultados obtenidos.
Al respecto, Martha Juárez, de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, consideró que colocar el Anexo 10 en la ley garantiza que los recursos destinados a erradicar la desigualdad no dependan del capricho de las y los legisladores, sino que sean irreductibles y fortalezcan la transparencia de su ejercicio.
Por ello, llamó al Senado para que apruebe con el mismo “consenso y rapidez” la reforma a la Ley,  la cual significa “un primer gran paso para avanzar hacia un presupuesto con perspectiva de género”, celebró.

Publican manual sobre derechos de comunidad lésbico-gay

Proyecto de OSC de Yucatán y la ONU

Por Carolina Velázquez, enviada

Mérida, 31 mar 11 (CIMAC).- En años recientes,  algunas reivindicaciones como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo generó un debate inédito en la sociedad yucateca.
A partir de esta demanda impulsada por la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI)  salió a la luz pública la reticencia de varios
sectores, la incomprensión de otros y el rechazo estatal.
Por ello, y a partir de la necesidad de hacer efectivos los Derechos Humanos (DH) en la
sociedad yucateca, 13 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) editaron con apoyo de la
Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU) el manual “Todas, todos,  diversas, diversos, iguales en derechos”.
El propósito de la publicación, dirigida a la población en general, es generar información desde la óptica de los DH, la no discriminación y el acceso a la justicia, que resalte la importancia de reconocer las diversidades y erradicar cualquier situación de discriminación.
Esto es, se explica en la introducción, un requisito básico para generar condiciones reales
de justicia y equidad en la sociedad yucateca.
Al tratar la salud sexual y reproductiva y la orientación sexual como un tema de DH, las
organizaciones firmantes señalan que su propósito es “que las personas comunes en su vida cotidiana tengan más herramientas para ejercer sus derechos y contribuir a que los de todas las personas también sean respetados”.
A partir del principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, como ejes transversales en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,  con la publicación las OSC y la Oficina del Alto Comisionado buscan así contribuir a eliminar la brecha entre el discurso de los DH y las adversidades que enfrenta en el mundo real la población LGBTTTI.
“Todas, todos, diversas, diversos, iguales en derechos” se puede usar como folleto informativo o como cuaderno de trabajo.
Al final, se propone un cuestionario interactivo que permite a quien lo lea hacer una revisión de los principales derechos sexuales y de diversidad sexual que establece el derecho internacional en DH. Dos son los objetivos del derecho a la no discriminación, señala.
En primer lugar evitar que persistan las condiciones de exclusión que históricamente han
sufrido colectivos, grupos sociales o pueblos por sus condiciones específicas, y lograr que se sitúen en igualdad de circunstancias ante el Estado y en su relación con las demás personas para ejercer plenamente sus derechos.
El cuaderno se publicó en el marco de la campaña  “Vive la diversidad, termina con la
discriminación” y para la Oficina del Alto Comisionado ayudará a la comprensión de la
discriminación vinculada a la orientación sexual o a la identidad de género y a participar en la erradicación de sus nocivas consecuencias.
Entre las organizaciones se encuentran Buenas Intenciones, Centro de la Diversidad Sexual,  Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales, Ciencia Social Alternativa,  Círculo Cultural por la Diversidad, Comisión de Pueblos Indios en IH/SIDA, Equipo Indignación,  Familias por la Diversidad Sexual, Foro Amaro,  Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH/SIDA, Mango malva, Oasis de San Juan de Dios, Red de Personas Afectadas por VIH y Yucatrans.

Demandan paridad de género en cargos de poder

Arranca Congreso sobre Liderazgo Femenino

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 31 mar 11 (CIMAC).- Legisladoras e integrantes de organismos electorales se 
comprometieron a cerrar filas para fomentar la participación política de las mujeres y alcanzar la democracia paritaria.
Durante la inauguración del Congreso Internacional Participación Política y Liderazgo  Femenino, que se lleva a cabo del 31 de marzo al 1 de abril, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrales, y la  consejera del Instituto Federal Electoral (IFE)  María Macarita Elizondo subrayaron la importancia de que las mujeres estén en los espacios de toma de decisión.
En el encuentro -que reunió a consejeras electorales, magistradas, alcaldesas, gobernadores, legisladoras y secretarios de 13 países del mundo-, Barrales dijo que “le hace bien a la sociedad” que haya más mujeres en la política y en los órganos legislativos y electorales.
Recalcó que se debe fomentar la participación política de las mujeres para fortalecer la democracia y llegar a la paridad entre los sexos en los cargos de poder.
Observó que de lograrse la democracia paritaria las mujeres tendrían mejores condiciones de vida respecto a situaciones como la maternidad, el combate al cáncer de mama y la erradicación de la violencia.
Barrales destacó que este congreso internacional es una forma de cerrar filas y abrir espacios donde se puedan escuchar las propuestas en los esfuerzos de otras mujeres, con el propósito de fomentar su participación en la política.
En su turno, María Macarita Elizondo afirmó que  “las mujeres existimos y estamos presentes”,  aunque advirtió que existe una disparidad en la democracia, ya que aún hay resistencias por parte de algunos sectores que se niegan a reconocer los liderazgos femeninos.
De acuerdo con datos oficiales, en México sólo hay una gobernadora, una consejera electoral en el IFE y en el Poder Judicial de la Federación sólo dos de cada 10 jueces son mujeres, mientras que en la ALDF sólo hay 18 diputadas de un total de 66 legisladores.
Por su parte, María del Carmen Alanís Figueroa,  magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), señaló que debemos reconstruir las relaciones de género para lograr la participación activa de toda la sociedad y el fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Destacó que la cultura, las instituciones y normas aún privilegian las oportunidades para los hombres y niegan los derechos a las mujeres. Por ello, hizo un llamado a fortalecer una política que estimule la participación democrática.
Durante el congreso, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, dirigió un 
mensaje en video en el que afirmó que las mujeres de America Latina sí están interesadas en la política y en los procesos electorales, toda vez que son espacios donde tienen mucho qué aportar y qué decir.
Gustavo Anzaldo Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito federal  (IEDF), y Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF),  coincidieron en que la paridad de género es un pendiente, por lo que se comprometieron a construir relaciones igualitarias entre mujeres y hombres en la política.
Actualmente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)estipula la cuota de al menos 40 por ciento de representación para las mujeres en los cargos de elección popular a nivel federal (Cámara de Diputados y Senado).

30 de marzo de 2011

Dan más de 13 años de cárcel a Succar Kuri

Se confirma red de pederastia denunciada por Lydia Cacho
Por Anayeli García Martínez

México, DF, 30 mar 11 (CIMAC).- A más de 10 años de que la periodista Lydia Cacho Ribero pusiera 
al descubierto una red de pornografía infantil dirigida por Jean Succar Kuri en su libro “Los demonios del Edén”, el empresario fue sentenciado hoy a 13 años, un mes y 15 días de prisión por los delitos de pornografía y corrupción de menores.
En entrevista con Cimacnoticias, el abogado Xavier Olea Peláez, quien defiende a tres de las víctimas, afirmó que esta tarde el juez federal Alfonso Gabriel García Lanz del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo notificó la sentencia, la cual –dijo– es una de las más altas que se han dictado.
Agregó que Succar Kuri deberá pagar una multa de 85 mil pesos y una indemnización de 350 mil pesos 
a cada una de las víctimas. En opinión del abogado “el proceso jurídico, si bien fue largo, se llevó conforme a derecho, cumplió con todos los requisitos de la ley y el actuar del juez y del personal de juzgado fue el adecuado”.
Explicó que este fallo fue por dos delitos integrados en un solo procedimiento pero recordó que aún hay una causa del fuero común que está en trámite por los delitos de violación, violación equiparada y abuso sexual. Mientras que la Procuraduría General de la República tiene abierta otra indagatoria por lavado de dinero.
El abogado también precisó que Succar Kuri no tiene derecho al beneficio que otorga la ley de reducción de penas porque fue acusado de delitos sexuales y contra menores de edad, los cuales son considerados como “graves”, por ello tendrá que cumplir hasta el último día de su sentencia, aclaró.
El empresario fue arrestado en 2004. Primero estuvo detenido en Chandler, Arizona, Estados Unidos, y luego de años de litigio fue extraditado a México donde enfrentó el proceso penal que hoy concluyó.
Cabe mencionar que también se le acusó de urdir, junto con el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, la detención de Lydia Cacho, quien evidenció en “Los demonios del Edén” el reclutamiento y abuso sexual de niñas por parte de Succar Kuri.
Según los argumentos de las víctimas, todas procedentes de familias marginales, el inculpado se hacía llamar por las niñas "Tío Johny", las invitaba a una de sus lujosas villas en la zona hotelera de la ciudad de Cancún y allí abusaba de ellas.

SUCCAR KURI Y LYDIA CACHO

La periodista Lydia Cacho fue detenida por policías poblanos en diciembre de 2005 a las puertas de las oficinas en el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), en Cancún, Quintana Roo, bajo los cargos de difamación por su investigación publicada en “Los demonios del Edén”, donde denunció una red de pornografía.
Tras los hechos, Lydia Cacho interpuso tres demandas: contra el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín; la procuradora estatal Blanca Alicia Villeda y otros funcionarios, por tráfico de influencias, abuso de autoridad y diferentes formas de tortura.
Denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), a la presunta red de explotación sexual infantil destapada en su libro.
En 2007 Edith Encalada Cetina, una de las principales víctimas de Succar Kuri, demandó a Lydia Cacho por haber utilizado su testimonio públicamente en “Los demonios del Edén” y pidió la cantidad de 100 mil pesos para “resarcir” el daño moral, es decir, lo que entonces correspondía al 20 por ciento de las regalías del libro.
El 21 de agosto de 2009 la jueza del Juzgado 17 de lo civil en el DF, Rosario Mancera le notificó a Lydia Cacho que había ganado el juicio civil en su contra.
Entre las pruebas aportadas por la defensa de la periodista ante el Juzgado 17 de lo civil en el juicio que ganó después de dos años, estuvo un video de una entrevista que el conductor de televisión Óscar Cadena hizo a Edith Encalada dos años antes de que se publicara el libro, donde ella relata los abusos sexuales que sufrió por parte de Succar Kuri.
Con la sentencia que hoy dictó el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo se acredita la responsabilidad en los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores que la periodista documentó en 2005 contra Succar Kuri.

Cumple Justicia para Nuestras Hijas 9 años de lucha

 “Violencia en Juárez va en aumento”: Irene Miramontes
Por Anayeli García Martínez

México, DF, 30 mar 11 (CIMAC).- Con limitaciones y tristeza pero con la esperanza de obtener justicia para Paloma Angélica Escobar Ledezma, las 104 mujeres asesinadas en los últimos tres meses y las cientos de desaparecidas desde 2002, la organización civil Justicia para Nuestras Hijas cumplió nueve años de trabajo.
En medio de la delincuencia común que se agravó con las pugnas de los cárteles del narcotráfico y el cerco militar, esta asociación surgió en 2002 como una herramienta de las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua y Ciudad Juárez que buscaban la verdad, la justicia y el cese de la impunidad.
 En entrevista con Cimacnoticias, Irene Miramontes, directora de Desarrollo de Justicia para Nuestras Hijas, señaló que aunque la organización se creo para luchar contra el feminicidio, hoy ven con indignación que la violencia va en aumento. Ellas comenzaron coadyuvando en seis casos y hasta el momento llevan 52 casos.
Norma Ledezma junto con otras mujeres fundó esta organización luego de que su hija Paloma Angélica 
Escobar Ledezma de 16 años desapareció el 2 de marzo de 2002 en Ciudad Juárez cuando salió de su 
casa para ir a sus clases de computación. Nunca regresó porque días después, el 29 de marzo del mismo año, fue encontrada muerta.
 A partir del hallazgo del cuerpo se inició la nvestigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos. De acuerdo la asociación, mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización.
 Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2006, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que lo aceptó el 14 de diciembre de 2006. Actualmente el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Al conmemorar el noveno aniversario de la organización, Norma Ledezma expresó: “Nunca pensé que el asesino de Paloma estaría cobijado y protegido por la impunidad. Y es por esa impunidad de la que en el estado de Chihuahua se goza que aún no hemos encontrado el asesino de Paloma ni de tantas otras mujeres”.
Por su parte, Irene Miramontes señaló que pese a los altos índices de violencia y asesinatos dolosos de mujeres, siguen trabajando por el cese de estos crímenes. Ofrecen apoyo legal y psicológico, pero además investigan, acompañan a los agentes ministeriales en las diligencias de investigación y en el análisis de los expedientes.
El resultado de su ardua labor son cuatro sentencias condenatorias, una de ellas por feminicidio, y el hallazgo con vida de 15 mujeres sobrevivientes de feminicidio y trata de personas. El más reciente éxito fue la creación de la Unidad Especializada en Feminicidio y Delitos de Género.
El gobierno de Chihuahua y Norma Ledezma ayer anunciaron la creación de esta unidad –que en un futuro podría convertirse en Fiscalía a solicitud del gobernador César Duarte–, la cual buscará dar seguimiento a delitos de este tipo en la zona centro de la entidad, donde Justicia para Nuestras Hijas tiene 20 casos registrados.

29 de marzo de 2011

Al aventón, tipificación de feminicidio en Edomex


Limitada reforma para comprobar el delito



Por Guadalupe Cruz Jaimes


La reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales mexiquenses, aprobada por
el Congreso estatal el pasado 17 de marzo, define el delito en términos académicos y no jurídicos, que vuelven “casi imposible” la acreditación de este tipo de violencia contra las mujeres y en consecuencia la sanción a los responsables, señaló a Cimacnoticias David Peña, uno de los abogados que litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los tres casos de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
La definición de feminicidio quedó como la “privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación; cuando ocurra con una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, o de confianza laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile a la víctima, o cuando existan con antelación actos que constituyan 
actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido”.
Así, la tipificación “deja a la interpretación de los jueces si el asesinato fue por razones de género, es decir si hubo subordinación, exclusión… condiciones difíciles de probar, pues no se tiene el testimonio de la víctima”, señaló.

El abogado añadió que este tipo penal es “político, no jurídico, toda vez que tiene un efecto político: invisibilizar el feminicidio en el Estado de México para proteger a Enrique Peña Nieto”.
Argumentó que el Ministerio Público deberá probar que la muerte fue por razones de género y acreditar la “discriminación y explotación…”.
 Por la complejidad de esta tarea ­abundó David Peña­ “es posible preveer que en vez de indagar esas 'situaciones', lo califiquen como un homicidio más y no lo registren como feminicidio”.
 Esta circunstancia “facilita la disminución de las cifras del feminicidio, pues serán acreditados como homicidios”, lo cual, además de “limpiar” la imagen del gobierno del estado, derivará en la permanencia de la impunidad de los casos de violencia extrema contra las mexiquenses.
Durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, del 2005 a la fecha, 922 mujeres fueron asesinadas. En 523 de esos homicidios se desconoce quién es el asesino, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, a partir de información de la PGJEM.
Con la reciente tipificación de este delito, el panorama no mejorará pues incumple criterios internacionales que indican que la determinación debe basarse en los propios hechos, tales como “las lesiones, utilaciones y evidencia de violencia sexual”, opinó Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
 Sostuvo que de poco sirve que se le considere un delito grave y se establezcan sanciones de 40 a 70 años de prisión, si debido a la complejidad para determinar que fue feminicidio, los responsables reciben una sanción de homicidio doloso que reduce la pena a la mitad, señaló.
Pérez Garrido se pronunció porque el gobernador mexiquense vete la reforma con el fin de que se pueda adicionar.
Por la premura de su aprobación, que a decir de la abogada responde a una “urgencia política”,
resultó una “mala tipificación, que impedirá perseguir el delito”.
El Observatorio de Feminicidio advirtió que para acreditar el delito el MP tendrá que comprobar otros como violencia previa al homicidio o violación sexual.
Por ejemplo: para determinar como feminicidio el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja debe haber registro de violencia previa, “cuando el hecho de que la persona con quien mantenía una relación sentimental la haya asesinado, es suficiente para considerarse feminicidio, pues evidencia una relación desigual de género”, explicó la organización.
La abogada Ana Yeli Pérez señaló que en la tipificación debieron incluirse otras circunstancias que determinan si un asesinato puede considerarse feminicidio, como arrojar el cuerpo en la vía pública y cuando las mujeres son incomunicadas antes del homicidio.
El asesinato de Nadia Alejandra Muciño, registrado en el municipio mexiquense de Villa Nicolás Romero, en 2004, encuadra en la definición de feminicidio, pues fue asesinada por su pareja, hay antecedentes de violencia previa y de que estuvo incomunicada, no obstante, el caso sigue impune, como el 56.7 por ciento de los homicidios de mujeres en ese estado.
Según el testimonio de los hijos de Nadia, la mexiquense de 24 años de edad, fue asesinada por su esposo, Bernardo López Gutiérrez, y su cuñado Isidro.
El primero está prófugo desde el día del homicidio, mientras que el segundo acusado fue condenado a 42 años de prisión en febrero de 2010; él apeló la sentencia y cuatro meses después fue absuelto por falta de pruebas por el Tribunal Superior de Justicia del Edomex.
 El Edomex, Guerrero y Veracruz, han tipificado el delito en sus códigos penales, mientras que en el DF la iniciativa de reforma se discute en la ALDF.


 CONTEXTO

Iniciativa federal sobre feminicidio es integral: OSC
Contempla tipificación más clara que en Edomex
Por Guadalupe Cruz Jaimes

Cerca de 50 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en 19 estados del país, agrupadas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), impulsan la iniciativa de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, para tipificar de manera clara ese delito a nivel federal.
La iniciativa de la Comisión Especial, presentada ante el pleno el pasado 7 de marzo, define al feminicidio como un tipo penal autónomo que afecta la libertad, integridad física, seguridad y vida de mujeres y niñas.
Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, destacó que la propuesta de reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales a nivel federal contempla este concepto integral de feminicidio, con el fin de evitar lagunas legales y la intromisión de conceptos “discriminatorios” que culpabilizan a las mujeres de la violencia que padecen y que mantienen la impunidad.
 El proyecto de reforma ubica el feminicidio en un título y capítulo específico dentro de los códigos Penal y de Procedimientos Penales.
La tipificación de este delito detalla una conducta que afecta los bienes jurídicos de la libertad, integridad física, seguridad y la vida de mujeres y niñas, y no sólo la privación de la vida, lo cual permite evidenciar que el feminicidio se basa en la desigualdad de género, implícita en la violencia contra la población femenina.
De acuerdo con la iniciativa de la Comisión Especial, el feminicidio considera conductas que ya están tipificadas, como homicidio, privación de la libertad, lesiones, violencia familiar y sexual, pero que “si se juzgan en particular no evidencian ni sancionan la afectación del feminicidio”.
El proyecto de reforma presentado por la presidenta de esa comisión, la diputada Teresa Incháustegui (PRD), advierte que el feminicidio debe ser considerado como un delito que afecta diversos bienes jurídicos y no debe incorporarse sólo en los crímenes contra la vida.
De igual modo, al ser un tipo penal independiente no supedita la acreditación del feminicidio a otros delitos, por lo que en su redacción citan conductas y no delitos, contrario a la reforma que tipificó recientemente el feminicidio en el Estado de México, al hablar de violación y no de violencia sexual.
En la propuesta de reforma al Código Penal Federal se utilizó incomunicación y no privación ilegal de la libertad, lesiones denigrantes o infamantes antes o después de la privación de la vida y no tortura o tratos crueles, degradantes o inhumanos.

OTRAS REFORMAS NECESARIAS

Entre las modificaciones al Código de Procedimientos Penales está la incorporación de elementos mínimos que deberán contener las autopsias y el procedimiento que deberá realizarla autoridad para preservar los cuerpos no identificados.
De igual modo, señala la obligación de integrar en una base de datos la información genética de los cuerpos no identificados, en cumplimiento a la sentencia condenatoria que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano, por el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Además, adiciona como obligaciones del Ministerio Público que durante la averiguación previa sobre
violencia se brinde información a la víctima sobre los avances y que haya pleno acceso a los expedientes.
De igual modo, plantea que no se integrarán elementos de discriminación que pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima o que la responsabilicen de la violencia que sufrió por su forma de vestir, ocupación laboral o conducta sexual, como actualmente ocurre en la mayoría de los casos de feminicidio.

Restringir aborto, condena de muerte para latinoamericanas


Mujeres pobres recurren a métodos inseguros

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Organizaciones por los derechos de las mujeres en América Latina (AL) afirmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los Estados de la región “atentan contra la vida” de la población femenina, al no garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Durante la audiencia temática sobre los derechos reproductivos de las mujeres de AL y el Caribe, realizada ayer en la sede del organismo internacional en Washington, Estados Unidos, las agrupaciones advirtieron que la falta de marcos jurídicos y políticas sanitarias que permitan el aborto legal pone en riesgo la vida de las latinoamericanas, sobre todo de las más pobres.
Manifestaron su preocupación por la falta de marcos jurídicos adecuados que garanticen el derecho a las mujeres a la salud reproductiva: “En la región existen cinco países que tienen totalmente penalizado el aborto: Chile Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras”.
Como resultado de esta restricción absoluta niñas, jóvenes y adolescentes son obligadas a
continuar con embarazos producto de una violación, afectando severamente su salud física,  mental y emocional o a morir a causa de ello.
Agregaron que en otros países los códigos penales establecen algunas causales de excepción con diferentes grados de no punibilidad, sin embargo aún son muy restringidas ya que sólo contemplan los casos de violación sexual, peligro para la vida de la mujer o daños a su salud física. Entre estos países se encuentran Brasil, Bolivia Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina Uruguay, Haití y Perú.
En la región latinoamericana sólo Cuba, Puerto Rico y la capital de México permiten la interrupción del embarazo temprano.
Las organizaciones afirmaron ante la CIDH que la penalización del aborto ha generado que las mujeres recurran a la interrupción insegura teniendo grandes repercusiones para su vida, salud, entorno familiar y social.
Las más afectadas ante esta realidad son las niñas y mujeres pobres de bajo nivel educativo o que viven en zonas rurales.
“La penalización no inhibe su práctica (del aborto); la mayoría de las leyes han pretendido
resolver el problema del aborto mediante su prohibición lo cual se ha traducido en grandes
consecuencias económicas, sociales, de salud pública y de justicia social para las mujeres de estos países sin lograr la disminución de la alta tasa de abortos que existe en la región”.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del total de abortos que se
practican en condiciones inseguras en el mundo el 95.4 por ciento ocurren en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas.
En AL y el Caribe ocurren anualmente entre 3.9 y 4.2 millones de abortos inseguros. “Las cifras nos indican que la penalización ha generado que las mujeres recurran a la interrupción del embarazo inseguro”, advirtieron las agrupaciones.
En la audiencia temática de la CIDH participaron, en representación de 12 organizaciones de AL y el Caribe, Mariela Belski, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de Argentina; Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud y Coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre, de República Dominicana, y Margarita Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, de El Salvador.
También asistieron Marta María Blandón, de Ipas Nicaragua, y por México Vanessa Coria, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien en entrevista telefónica con Cimacnoticias calificó la audiencia como “exitosa”.
“Las y los comisionados se mostraron muy accesibles e interesados en plantear el tema como prioridad y mostraron su consternación sobre lo que significa la penalización del aborto. Se mostraron muy abiertos y complacidos con la información, lo que nos da buenas señales. Esperamos un pronunciamiento contundente”, abundó.
La mexicana subrayó la importancia de que por primera vez en la CIDH se escuche de primera mano las consecuencias de la penalización del aborto en la vida de las niñas y mujeres de la región, ya que esto abre la puerta para que se siga hablando del tema en un foro internacional que puede resolver casos, dar medidas cautelares y llevar a los Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Violencia del narco contra las mujeres, al banquillo de la OEA


Mesecvi llevará el tema a la Asamblea General

De la Redacción

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC/Cerigua).- La aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico han acentuado la violencia contra las mujeres en América Latina (AL), alertó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará) Mesecvi, instancia integrada por más de 30 países de la región.
Por ello, la instancia adelantó que los temas del feminicidio y la violencia contra las  latinoamericanas serán llevados ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en junio próximo en El Salvador.
Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala, saludó la resolución del
Mesecvi –acordada en la reciente conferencia internacional celebrada en la ciudad de Antigua–, al considerar que Guatemala es el país del continente americano con los mayores índices de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Entre 2001 y 2009 fueron asesinadas 4 mil 611 mujeres, según datos del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional del Ministerio de Gobernación. El 97 por ciento de estos casos permanece en la impunidad.
Ana Calcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, dijo a Cerigua que en el marco de la presentación de esos temas ante la Asamblea General de la OEA, es importante destacar la presencia de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
En opinión de Calcedo, es necesario que los Estados asuman compromisos serios, ya que las funcionarias internacionales han logrado reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, pero los ministros de Gobernación en cada país se resisten a implementar acciones con enfoque de género, lamentó.
Los Estados deben fundamentalmente garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, así como el acceso a la justicia a todas aquéllas que han sido violentadas; no se trata sólo de presentar como grandes avances los talleres de capacitación y sensibilización, se requieren medidas efectivas para proteger a la población femenina, enfatizó la entrevistada.
Los gobiernos deben considerar otras posibilidades y aceptar que la escalada del  feminicidio en AL desde principios del siglo XXI, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene que ver con la aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, añadió la feminista.
El nivel de ensañamiento que esos poderes tienen contra las mujeres y de incrustamiento en los propios aparatos de seguridad de los Estados, son panoramas inéditos que se deben considerar, atender y erradicar, concluyó Calcedo.


Defensoras de DH están en total vulnerabilidad

Estados incrementan hostigamiento en su contra

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Ante las más de dos mil denuncias de amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos de defensores de Derechos Humanos (DH) en América Latina (AL), 23 organizaciones de 11 países de la región demandaron a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) crear una oficina encargada de
proteger a las y los activistas y exigir a los Estados que implementen medidas efectivas de protección.
Durante la audiencia temática “Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, que hoy se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, representantes ciudadanos de México, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guatemala, entre otras naciones, denunciaron que AL está en una “situación de vulnerabilidad”.
Señalaron que los alarmantes niveles de inseguridad provocados por el crimen organizado,
agentes estatales, grupos paramilitares e incluso por empresas transnacionales, ponen en riesgo la vida e integridad de las y los defensores de DH, por lo cual es urgente que la CIDH, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU) atiendan de manera inmediata la situación.
Durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, las y los activistas hicieron hincapié en que los Estados han incrementado las actividades de inteligencia contra los defensores humanitarios, por lo cual urgieron al organismo a exigir a sus países que se reviertan estas políticas y que se investiguen las amenazas y actos de violencia.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordaron que la ONU documentó que el clima de inseguridad en el que trabajan las y los defensores ha alcanzado niveles alarmantes.
En México durante 2010 y lo que va de 2011, tres defensoras de DH fueron asesinadas en Chihuahua: Josefina Reyes el 3 de enero de 2010, Marisela Escobedo el 16 de diciembre del mismo año y Susana Chávez el 6 de enero de 2011. Mientras que las activistas Sara Salazar, Marisela Ortiz, María Luisa García y Cipriana Jurado abandonaron su lugar de residencia.
Las organizaciones denunciaron que esta situación responde a los persistentes ataques por parte de actores estatales o de personas que actúan con su respaldo o tolerancia. Señalaron que la presencia de grupos paramilitares, el crimen organizado y empresas explotadoras de los recursos naturales exacerba la vulnerabilidad de los activistas.
De acuerdo con el informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Margaret Sekaggya, se ha constatado que las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia, perjuicios y formas de exclusión y rechazo diferentes a las de sus colegas varones.
En su informe 2010, sobre las defensoras y los activistas dedicados a promover los derechos de las mujeres o las cuestiones de género, la relatora reveló que en AL los riesgos más comunes son las amenazas, incluidas amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos e intentos de homicidio.
Sekaggya ha precisado que por lo general los presuntos agresores son personas desconocidas o no identificadas y en ocasiones armadas que a menudo tienen vínculos con agentes no estatales, como grupos paramilitares.
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con la ONU, son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, líderes de grupos de mujeres y quienes trabajan por la restitución de tierras y los derechos sindicales.





 Alerta a PE agresiones contra activistas en México
 OSC y eurodiputados analizan “histórica” situación de violencia
Por la Redacción

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Integrantes del Parlamento Europeo (PE) alertaron que México atraviesa por uno de los períodos más violentos de su historia, toda vez que la guerra contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón afecta a todo el país y ha dejado más de 30 mil muertos.
Las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller, del Grupo de los Verdes del PE, externaron que se analiza un posible acercamiento con funcionarios del gobierno de México, para abordar la implementación de un mecanismo de protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.
Lo anterior lo informaron organizaciones de DH de México que se reunieron hoy en Bruselas con integrantes del PE. Las y los activistas mexicanos expusieron los riesgos que enfrentan los defensores de DH en el país y, en especial, la situación que enfrentan periodistas y mujeres que defienden sus derechos.
En un boletín de prensa, los Centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, informaron que los parlamentarios europeos analizan una estrategia  para que los activistas enfrenten la problemática de inseguridad en México.


Denuncian desapariciones forzadas en Saltillo


Denuncian desapariciones forzadas en Saltillo

Redactó Gabriela Mendoza Vázquez

México.- La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) le informó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI) sobre 12 casos documentados en los que participan agentes del estado en los hechos y 150 casos en donde no participan directamente, durante su visita por el estado.
El coordinador de Fuundec, Jorge Verástegui, dijo que es de suma importancia que los funcionarios encabezados por la sudafricana Jasminka Dzumhur, estén enterados de lo que sucede en el norte del país y las nuevas modalidades de desaparición.



Cada 24 horas, 10 mujeres agredidas en el hogar en Bolivia

Bolivia.- De acuerdo con el registro del Servicio Legal Integral Municipal (Slim) de la alcaldía de Cercado, en 2010 cada día unas 10 mujeres fueron víctimas de violencia doméstica, registrándose ese año 4 mil 944 denuncias por violencia de género, informó el portal Feminicidio.net.
El Slim dio a conocer que ha ido en aumento el número de denuncias por parte de las mujeres, ya que en seis años (2005), la ciudad pasó de contar con un promedio anual de mil 600 denuncias a más de 4 mil, lo que atribuye a que las mujeres rompan el silencio y la impunidad y hacen más visible sus problemas.


Convocan a investigar violencia contra mujeres en servicios de salud

México.- La Red Latinoamericana de académicas y académicos del Derecho (Red ALAS) y la Fundación Ford convocaron a maestras y maestros de derecho en Latinoamérica, a que presenten propuestas de investigación sobre violencia contra mujeres en contextos de acceso a servicios de salud, a fin de poderlos utilizar como material de enseñanza.
Las investigaciones pueden enfocarse en los temas de aborto, anticoncepción de emergencia, tratamiento de VIH/Sida, entre otros. Las postulaciones deberán ser enviadas a contacto@redalas.net y se recibirán hasta el 20 de mayo del 2011.


 Procesan a salvadoreña por abortar
 Problema de salud le provoca “parto prematuro”

De la Redacción

México DF, 29 mar 11 (CIMAC).- La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, de El Salvador, denunció el caso de una mujer que fue acusada de homicidio agravado, luego de sufrir un “parto prematuro” debido a un padecimiento frecuente en ese país conocido como “placenta abructa”.
En comunicado de prensa, Agrupación Ciudadana detalló que la “placenta abructa” es un
padecimiento que provoca el desprendimiento prematuro del feto junto con la placenta y cordón umbilical, y cuando las mujeres lo sufren tienen que esconderse, pues de lo contrario, son acusadas de homicidio agravado, cuya pena mínima son 30 años de prisión.
Por ello, la organización asumió la defensa de la salvadoreña, cuyo proceso penal inició en julio pasado, en Teotepeque, El Salvador.
Luego de celebrar una audiencia con el juez Primero de Instrucción en Santa Tecla, en la que la defensa demostró que la acusada sufrió de “placenta abructa”, esta autoridad declaró el sobreseimiento provisional del caso, resolución con la que la mujer quedó en libertad provisional.
Sin embargo, hace un mes, la Fiscalía apeló la resolución y la Cámara Cuarta Sección del Centro revocó su libertad provisional y ordenó llevarla a juicio, “sin tener en cuenta la prueba pericial y escuchar los argumentos de la defensa”.
Este hecho, muestra que la problemática se agrava por la falta de investigación de la Fiscalía y la negligencia de Medicina Legal, cuyos análisis son deficientes para determinar la causa de muerte del producto.
Agregó que en al menos cinco casos, documentados por la Agrupación Ciudadana, Medicina Legal “ha dado resultados apresurados” y sin sustento, que la Fiscalía y Tribunales salvadoreños asumieron como “verdades absolutas para condenar a las mujeres”.
Por ejemplo, en 2001 una mujer fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado y ocho años después el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reconoció que la acusada sufrió de “placenta abructa”.
La organización manifestó que estos casos son resultado de una legislación restrictiva en
materia de aborto, por la cual, las mujeres que sufren de “partos prematuros” por dicho
padecimiento, “pasan del hospital a la cárcel”.
El Salvador es uno de los tres países latinoamericanos, donde el aborto se admite por
“estado de necesidad”, por lo que queda a consideración de las autoridades y es muy difícil
de obtener, señala el informe “Leyes del aborto en el mundo”, elaborado por la asociación
mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida.

Ante la penalización del aborto en países como El Salvador y en 17 de los 32 estados de México, el año pasado se lanzó la Campaña Regional “Por una Maternidad Libre y Voluntaria”, cuyo objetivo es generar una corriente de opinión a favor de una maternidad libre y voluntaria, mediante el quehacer periodístico en Mesoamérica.

En la Campaña, impulsada por Comunicación e
Información de la Mujer, AC (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas y la Red Latinoamericana de Periodistas, participan personas de las 17 entidades federativas, donde a partir de 2008 se prohibió el aborto en sus leyes locales, y cuatro países centroamericanos: El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Violencia del narco contra las mujeres, al banquillo de la OEA


Mesecvi llevará el tema a la Asamblea General

Por la Redacción

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC/Cerigua).- La aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico han acentuado la violencia contra las mujeres en
América Latina (AL), alertó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará) Mesecvi, instancia integrada por más de 30 países de la región.
Por ello, la instancia adelantó que los temas del feminicidio y la violencia contra las  latinoamericanas serán llevados ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en junio próximo en El Salvador.
Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala, saludó la resolución del
Mesecvi –acordada en la reciente conferencia internacional celebrada en la ciudad de Antigua–, al considerar que Guatemala es el país del continente americano con los mayores índices de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Entre 2001 y 2009 fueron asesinadas 4 mil 611 mujeres, según datos del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional del Ministerio de Gobernación. El 97 por ciento de estos casos permanece en la impunidad.
Ana Calcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, dijo a Cerigua que en el marco de la presentación de esos temas ante la Asamblea General de la OEA, es importante destacar la presencia de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
En opinión de Calcedo, es necesario que los Estados asuman compromisos serios, ya que las funcionarias internacionales han logrado reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, pero los ministros de Gobernación en cada país se resisten a implementar acciones con enfoque de género, lamentó.
Los Estados deben fundamentalmente garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, así como el acceso a la justicia a todas aquéllas que han sido violentadas; no se trata sólo de presentar como grandes avances los talleres de capacitación y sensibilización, se requieren medidas efectivas para proteger a la población femenina, enfatizó la entrevistada.
Los gobiernos deben considerar otras posibilidades y aceptar que la escalada del  feminicidio en AL desde principios del siglo XXI, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene que ver con la aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, añadió la feminista.
El nivel de ensañamiento que esos poderes tienen contra las mujeres y de incrustamiento en los propios aparatos de seguridad de los Estados, son panoramas inéditos que se deben considerar, atender y erradicar, concluyó Calcedo.


Defensoras de DH están en total vulnerabilidad
Estados incrementan hostigamiento en su contra
Por Anayeli García Martínez

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Ante las más de dos mil denuncias de amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos de defensores de Derechos Humanos (DH) en América Latina (AL), 23 organizaciones de 11 países de la región demandaron a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) crear una oficina encargada de
proteger a las y los activistas y exigir a los Estados que implementen medidas efectivas de protección.
Durante la audiencia temática “Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, que hoy se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, representantes ciudadanos de México, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guatemala, entre otras naciones, denunciaron que AL está en una “situación de vulnerabilidad”.
Señalaron que los alarmantes niveles de inseguridad provocados por el crimen organizado,
agentes estatales, grupos paramilitares e incluso por empresas transnacionales, ponen en riesgo la vida e integridad de las y los defensores de DH, por lo cual es urgente que la CIDH, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU) atiendan de manera inmediata la situación.
Durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, las y los activistas hicieron hincapié en que los Estados han incrementado las actividades de inteligencia contra los defensores humanitarios, por lo cual urgieron al organismo a exigir a sus países que se reviertan estas políticas y que se investiguen las amenazas y actos de violencia.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordaron que la ONU documentó que el clima de inseguridad en el que trabajan las y los defensores ha alcanzado niveles alarmantes.
En México durante 2010 y lo que va de 2011, tres defensoras de DH fueron asesinadas en Chihuahua: Josefina Reyes el 3 de enero de 2010, Marisela Escobedo el 16 de diciembre del mismo año y Susana Chávez el 6 de enero de 2011. Mientras que las activistas Sara Salazar, Marisela Ortiz, María Luisa García y Cipriana Jurado abandonaron su lugar de residencia.
Las organizaciones denunciaron que esta situación responde a los persistentes ataques por parte de actores estatales o de personas que actúan con su respaldo o tolerancia. Señalaron que la presencia de grupos paramilitares, el crimen organizado y empresas explotadoras de los recursos naturales exacerba la vulnerabilidad de los activistas.
De acuerdo con el informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Margaret Sekaggya, se ha constatado que las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia, perjuicios y formas de exclusión y rechazo diferentes a las de sus colegas varones.
En su informe 2010, sobre las defensoras y los activistas dedicados a promover los derechos de las mujeres o las cuestiones de género, la relatora reveló que en AL los riesgos más comunes son las amenazas, incluidas amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos e intentos de homicidio.
Sekaggya ha precisado que por lo general los presuntos agresores son personas desconocidas o no identificadas y en ocasiones armadas que a menudo tienen vínculos con agentes no estatales, como grupos paramilitares.
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con la ONU, son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, líderes de grupos de mujeres y quienes trabajan por la restitución de tierras y los derechos sindicales.

Alerta a PE agresiones contra activistas en México
 OSC y eurodiputados analizan “histórica” situación de violencia
Por la Redacción

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Integrantes del Parlamento Europeo (PE) alertaron que México atraviesa por uno de los períodos más violentos de su historia, toda vez que la guerra contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón afecta a todo el país y ha dejado más de 30 mil muertos.
Las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller, del Grupo de los Verdes del PE, externaron que se analiza un posible acercamiento con funcionarios del gobierno de México, para abordar la implementación de un mecanismo de protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.
Lo anterior lo informaron organizaciones de DH de México que se reunieron hoy en Bruselas con integrantes del PE. Las y los activistas mexicanos expusieron los riesgos que enfrentan los defensores de DH en el país y, en especial, la situación que enfrentan periodistas y mujeres que defienden sus derechos.
En un boletín de prensa, los Centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, informaron que los parlamentarios europeos analizan una estrategia  para que los activistas enfrenten la problemática de inseguridad en México.

Con el objetivo de analizar la actual situación de México, se organizaron dos mesas de trabajo. La primera dedicada a las amenazas contra activistas y la militarización, y la segunda a la obligación de la Unión Europea de hacer cumplir sus directrices para proteger a los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
Por parte de las organizaciones mexicanas Abel Barrera, director del Tlachinollan; Jaqueline Sáenz del Centro Prodh y Bárbara Italia Méndez, denunciante de tortura sexual por el caso Atenco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hablaron del contexto en el que trabajan los defensores.
Hicieron hincapié en que en los últimos años el Estado Mexicano ha acumulado diversas  recomendaciones emitidas por organismos internacionales destinadas a implementar medidas efectivas para garantizar la integridad de las y los defensores de derechos humanos.
Destacaron que a pesar de las recomendaciones, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre 2006 y octubre del 2010, 165 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensores mexicanos, incluidos 10 homicidios.
Asimismo, se denunció que el Estado Mexicano finge tener un interés legítimo ante la comunidad internacional por los ataques y hostigamientos en contra de las defensoras y los defensores de DH, pero que en la realidad no es así ya que por el contrario se vive en una situación continua de riesgo.
Por su parte los parlamentarios europeos analizaron estrategias para implementar sus
compromisos con las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Cabe recordar que México se comprometió con la Unión Europea a respetar los DH en 2008 cuando la Comisión Europea suscribió un convenio de colaboración por un monto de 700 mil euros (aproximadamente 11 millones y medio de pesos) para proteger los DH y la prevenir la violencia de género.

Hospitales del DF, sin recursos para atender violencia sexual


Con sólo un millón de pesos, Clínica Condesa hace milagros

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 29 mar 11 (CIMAC).- La violencia sexual aumenta cinco veces el riesgo de que las mujeres contraigan Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que para evitar el contagio deben recibir tratamiento durante las 72 horas posteriores a la agresión, señaló Ubaldo Ramos, director de la Clínica de Especialidades Condesa.
En entrevista, el médico experto en VIH informó que de 2008 a la fecha, la Clínica de  Especialidades ha atendido a mil 400 víctimas de violencia sexual, de las cuales sólo 40 por ciento recibió tratamiento para evitar ITS, toda vez que el resto de las pacientes acudió después de los tres días de la agresión sexual.
A las personas que rebasaron el tiempo límite para la atención preventiva se les practicaron
pruebas de detección de ITS, incluyendo VIH, y según su diagnóstico recibieron tratamiento. En todos los casos, la Clínica dio seguimiento por un año.Tales acciones forman parte del programa Atención en Violencia Sexual que desde diciembre de 2008
opera la Clínica de Especialidades junto con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
La PGJDF canaliza a las víctimas de violencia sexual a la Clínica Condesa para prevenir ITS, así como embarazos no deseados, luego de que denunciaron ante el Ministerio Público.
A decir de Ubaldo Ramos, la operación del programa ha dado “buenos resultados” ya que el 95 por ciento de las más de mil personas que llegaron a la unidad médica por violencia sexual, fueron canalizadas por la Procuraduría capitalina.
El 97 por ciento de las víctimas de violencia sexual atendidas en la Clínica estaba integrado por mujeres de entre 14 y 16 años de edad. La mayoría de ellas vivía en Iztapalapa, aunque hubo casos de todas las delegaciones del Distrito Federal.
El 80 por ciento de estas agresiones ocurrió en la vía pública, por uno o más desconocidos, detalló Ubaldo Ramos.
De acuerdo con el especialista, el riesgo de que las mujeres contraigan VIH durante una violación aumenta cinco veces en comparación con una práctica sexual desprotegida, debido “a los desgarres y fisuras vaginales frecuentes en la agresión”.
“Las víctimas de violencia sexual tienen mayor riesgo de contagio porque son receptoras de las secreciones del agresor, además, las mujeres son más vulnerables si tienen alguna infección vaginal”, abundó.
Para evitar la transmisión de ITS, incluido el VIH, el personal de la Clínica Condesa evalúa el riesgo al que estuvo expuesta la víctima para prescribir un método preventivo(profilaxis)
conforme lo indica la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
La Clínica también ofrece el método de anticoncepción de emergencia cuando las víctimas  demandan la atención dentro de las 72 horas posteriores a la agresión.
Cuando las víctimas rebasan el tiempo límite se les realizan pruebas de embarazo y ultrasonido. Las mujeres que están dentro de las 12 semanas de gestación son canalizadas para tener acceso a la ILE en los servicios de salud del DF.
De 2008 a la fecha, sólo cinco mujeres de las más de mil 400 víctimas de violencia tuvieron acceso a la ILE, debido a que “llegaron otros casos de embarazo, pero ya no pudimos hacer nada, porque rebasaban las 12 semanas de gestación”, explicó Ramos.
Al respecto la NOM-046 señala que las instituciones públicas de salud “deberán prestar  servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad a solicitud de su padre o su madre”.
Ramos mencionó que la Clínica de Especialidades fue elegida para atender a las víctimas de violencia sexual en el DF, toda vez que el resto de las unidades médicas en la capital no cuentan con recursos para este fin, a pesar de que la NOM-046 plantea que quienes sufran violencia sexual pueden acudir a “las instituciones prestadoras de servicios de atención médica”.
De acuerdo con información de la Asamblea Legislativa del DF, se le asignó un millón de
pesos a la Clínica de Especialidades para operar el programa Atención en Violencia Sexual durante 2011, cantidad “suficiente” para atender a esta población, concluyó Ubaldo Ramos.

Guerra antinarco recrudece violencia contra defensores de DH


 Activistas piden intervención de la CIDH
Por Anayeli García Martínez

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico agrava la situación de los Derechos Humanos (DH) en México, toda vez que van en aumento las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, denunciaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las agrupaciones defensoras de los DH advirtieron que políticas de seguridad como los operativos militarizados recrudecen las amenazas contra activistas humanitarios en nuestro país.
En la audiencia temática “Seguridad ciudadana y Derechos Humanos en México”, que ayer se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, 18 organizaciones con sede en México y una internacional señalaron que Chihuahua –entidad que en 2010 registró 15 mil 273 homicidios– es un ejemplo claro de las violaciones a los DH que ocurren en todo el país.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Justicia Para Nuestras Hijas, la  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras agrupaciones, acusaron que los estragos de la “guerra contra el narcotráfico” van en aumento.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, Alejandra Nuño, explicó que durante la audiencia las organizaciones peticionarias se centraron en la violencia en general; sin embargo puntualizaron que los homicidios y amenazas contra defensoras en Ciudad Juárez siguen en la impunidad.
En los últimos 15 meses, tres defensoras de DH fueron asesinadas en la entidad fronteriza:  Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010; Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del mismo año; y Susana Chávez, el 6 de enero de 2011. Otras tres defensoras se vieron obligadas a abandonar Chihuahua para salvaguardar su integridad.
Ante el hostigamiento y las constantes amenazas de muerte, las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz y María Luisa García, abandonaron su hogar a principios de este mes de marzo. La activista chihuahuense Cipriana Jurado está en espera de respuesta a su solicitud de asilo político en EU.
Alejandra Nuño destacó que la audiencia ante la CIDH sirvió para evidenciar la drástica situación que se vive en México, la impunidad y el fracaso de los operativos conjuntos contra el narcotráfico implementados desde 2006, toda vez que sólo aumentaron la tasa de homicidios, lo cual “es preocupante”, observó.

“CERRAZÓN OFICIAL”
En su turno, la delegación mexicana defendió ante la CIDH la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. La representación gubernamental estuvo integrada por Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario  de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la  Secretaría de Gobernación; Monte Alejandro Rubido García, subsecretario de Seguridad Pública, y
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los representantes del Estado mexicano aseguraron que las estrategias de seguridad van en el camino correcto ya que –argumentaron– existía la necesidad urgente de actuar rápido para contener la expansión de la actividad criminal. “La delincuencia y la violencia motivan una respuesta por parte del Estado”, aseguró Rubido García.
Zamora Castro aseguró que las políticas anticrimen respetan los DH y que la lucha contra
el narco es integral porque además de los operativos conjuntos, también se han implementado “políticas de prevención del delito y reconstrucción del tejido social”.
Alejandra Nuño consideró que la respuesta de la delegación mexicana fue preocupante porque demostró una actitud “cerrada” en el tema de seguridad, lo que demuestra que la administración de Felipe Calderón no tiene la intención de evaluar el uso del Ejército o la voluntad de desaparecer la figura del arraigo.
La abogada destacó que estas líneas de acción están lejos de combatir a la delincuencia y al
mismo tiempo garantizar los DH, por ello solicitaron al Estado mexicano que asuma los
mandatos de la CIDH como guía para armonizar la legislación en materia de seguridad y justicia y superar las inconsistencias del actual marco normativo.
En la audiencia, Mariclaire Acosta, miembro del consejo directivo de Cejil, urgió al Estado
mexicano a realizar los cambios estructurales necesarios para terminar con las detenciones
arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y otras violaciones cometidas en el contexto de la guerra contra el narco.
Asimismo, solicitó a los representantes de la CIDH que visiten México, constaten la situación de los DH y pidan cuentas al Estado de cómo está cumpliendo con las recomendaciones que este organismo de la Organización de Estados Americanos hizo en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, presentado en nuestro país en 2010.