Dejan sin voto a activistas que den seguimiento a feminicidio

Sólo podrán opinar sobre protocolo de investigación en DF  


Por Gabriela Mendoza Vázquez 
 
México, DF, 26 oct 11 (CIMAC).- Activistas contra la violencia hacia las mujeres tendrán derecho a voz, pero no a voto, en el recién creado Comité Técnico de Análisis y Evaluación que dará seguimiento a las investigaciones judiciales de los casos de feminicidio en el Distrito Federal. 
 
Así se asienta en el “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio”, publicado ayer por la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), y en el que se establecen los lineamientos para la “oportuna, adecuada, eficiente y eficaz actuación del personal ministerial, policial y pericial en la investigación” de casos de feminicidio. 
 
El Comité estará integrado por personal de la PGJDF, el Instituto de las Mujeres capitalino, y sólo por tres representantes de organizaciones de la sociedad civil “con experiencia en Derechos Humanos, perspectiva de género o violencia contra las mujeres, los cuales tendrán únicamente derecho a voz”.
 
La instancia de vigilancia del protocolo cobra relevancia, toda vez que realizará un diagnostico semestral para detectar las “buenas prácticas” o acciones que hayan permitido que las investigaciones de un caso produzcan buenos resultados.
 
Las activistas que se integren al Comité podrán opinar, pero no votar sobre “los obstáculos, defectos, errores u omisiones en la aplicación del protocolo”.
 
El mecanismo de seguimiento sesionará dos veces al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria “las veces que resulten necesarias”, de acuerdo con el protocolo para investigar casos de feminicidio en el DF.
 
El Comité también se reunirá y elaborará un diagnostico previo a la programación del ejercicio presupuestal 2012, para hacer las peticiones de recursos correspondientes. 
 
CIUDAD VIOLENTA
 
Según datos de la PGJDF, en 2010 fueron asesinadas 107 mujeres en la capital del país. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierte que el año pasado se registraron 203 casos de feminicidio, casi el doble de lo reportado por la procuraduría. 
 
Ante esa situación, el Gobierno del Distrito Federal envío el pasado 8 de marzo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para reformar el Código Penal y tipificar el feminicidio.
 
La ALDF aprobó las reformas el pasado 29 de junio, por lo que se incorporó al catálogo del Código Penal para el DF el delito de feminicidio, previsto en el artículo 148 Bis. Se estipuló así que comete feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.
 
Las penas aprobadas para castigar ese crimen van de 20 a 50 años de prisión, y de 30 a 70 años si entre la víctima y el agresor existió una relación afectiva, laboral, de parentesco o de otra índole. 
 
Se adicionó el artículo 105 Bis del Código de Procedimientos Penales local, para que sea obligatorio que el delito se investigue pericial, ministerial y policialmente.
 
Las reformas se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 26 de julio.
 
MEDIDAS
 
El protocolo publicado consta de una guía técnica de investigación del feminicidio “con respeto a los Derechos Humanos y con perspectiva de género”. 
 
Se plantea que la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJDF implemente un sistema de alerta para que al iniciarse una averiguación previa, la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio doloso reciba un aviso de esa indagatoria.
 
Se estipulan también áreas responsables de la aplicación del protocolo, y se establece que las víctimas indirectas, personas ofendidas y testigos del delito de feminicidio serán atendidas y protegidas por el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento (ADEVI), el cual proporcionará atención psicológica, médica, jurídica y social. 
 
En la elaboración del protocolo participaron la PGJDF, el Tribunal Superior de Justicia capitalino, el Inmujeres-DF, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y el OCNF.    
 
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