Sí, en México hay ciudadanas de primera y de segunda

Luz María, como muchas otras mujeres en el país, vivió en carne propia la discriminación en el acceso a servicios de salud reproductiva por su lugar de residencia. Si viviera en la Ciudad de México, el infierno por el que está pasando no habría existido. Pero vive en otro estado.

Fue en febrero de este año cuando Luz María (el nombre es ficticio por seguridad) se enteró de que estaba embarazada. Sólo llevaba seis meses de novia, ya tenía tres hijos y no quería tener un cuarto. Su entonces novio no estaba de acuerdo con la decisión y comenzó a chantajearla. Al parecer, es un hombre violento y no entendía sus motivos para interrumpir el embarazo.

Luz María estaba convencida de su decisión y a través del Fondo MARIA viajó al DF para interrumpir legalmente su embarazo. Este Fondo ayuda a mujeres de otros estados a que se cumplan su decisión en condiciones de legalidad y seguridad.

Con seis semanas de gestación, Luz María llegó a una de las clínicas de la Ciudad de México donde le practicaron el procedimiento sin ningún problema. Al día siguiente, volvió a su casa.

Cuando le contó a su novio que había abortado él se enojó mucho, la amenazó con decir lo que había hecho a su familia y al papá de sus hijos, pero también intentó convencerla de regresar con él. Estaba dispuesto a “perdonarla”. Sin embargo, los reproches se hicieron cada vez más frecuentes y a la violencia verbal se agregaron los jaloneos. Luz María terminó con él y tuvo que llamar a una patrulla para que lo alejaran de ella.

Como represalia, él la denunció por aborto ante el Ministerio Público de su estado. A pesar de que fue legal lo que hizo, porque interrumpió el embarazo en el DF, Luz María fue citada a declarar, sin un abogado defensor, sin que se le explicara de qué la acusaban y exigiéndole exámenes y revisiones ginecológicas a las que se negó. A pesar de que ella demostró que el aborto se había realizado en el DF, el expediente sigue abierto, lo que obviamente le genera una carga emocional y económica muy grande, aunado a la irresponsabilidad y gasto de recursos innecesarios por parte del aparato estatal, pues no existe el supuesto “delito”.

Luz María sufrió discriminación por haber tenido la “suerte” de vivir en en otro estado y no en la Ciudad de México. Primero tuvo que viajar al DF para poder interrumpir un embarazo, lo que donde vive está prohibido, y por si eso fuera poco, el Ministerio Público de su estado aceptó abrir un expediente por un delito que no existe.

En México, según el lugar donde resida, cada mujer podrá acceder o no a determinados servicios de salud, en este caso a la interrupción de un embarazo, y por ello será candidata a ser discriminada en su derecho a la protección de la salud reproductiva, su derecho a la intimidad, a la autodeterminación y a la vida.

Hoy en México hay discriminación por lugar de residencia y también por razones económicas: las mujeres con más dinero pueden viajar al DF o interrumpir sus embarazos en condiciones seguras en sus estados.

El 28 de agosto se cumplen tres años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucionales las reformas que despenalizaron el aborto en la Ciudad de México. Durante la discusión en la Corte, el Ministro Fernando Franco González afirmó que la despenalización del aborto salvaguarda “los derechos constitucionales que protegen la dignidad, la igualdad, la salud y, sobre todo, la intimidad de la mujer, que […] conlleva también su derecho de autodeterminación, para que no le sea impuesta una maternidad contra su voluntad, bajo amenaza de ser recluida en la cárcel”.

La Suprema Corte, en un acto sin precedentes, reafirmó el derecho que tienen las mujeres a una maternidad libre y voluntaria. Ojalá esto se hiciera realidad en todo el país, para que dejemos de tener ciudadanas de primera y de segunda.