Plan b Lydia Cacho

La conspiración de la locura 
Por Lydia Cacho*
 
Hace años recibí la llamada de una abogada que defendía gratuitamente a una mujer cuyo esposo intentó asesinarla a golpes. 
 
En el hospital del Seguro Social de Cancún encontré a la joven mujer amarrada a la cama, dopada. Intentaba hablar para pedirle a su madre que la sacara del hospital. El siquiatra en jefe, al recibir a la señora en estado de shock, decidió de inmediato diagnosticarla como paciente siquiátrica con “esquizofrenia y delirios”.
 
El médico no practicó los tests necesarios para el diagnóstico, ni validó los dichos de la paciente, ni respetó la Norma Oficial de Salud. Lo decidió a simple vista. Cuando el maltratador llegó al hospital, el siquiatra ordenó que se sedara a la paciente y autorizó que el esposo la visitara porque “mientras un juez no ordenara lo contrario, el marido tenía derecho sobre ella”.
 
Durante años la comunidad de Derechos Humanos de Cancún ha denunciado la ausencia de ética de un siquiatra, apodado “Avilés, el doctor esquizofrenia” por sus víctimas ex pacientes.
 
Hace unos meses este médico (asesor del DIF) decidió convertirse en testigo de un maltratador a cuya mujer él atendía. Después de años de vivir una relación de violencia psicológica, una mujer costarricense decidió pedir el divorcio del hombre adicto a la cocaína, sin trabajo y con un historial laboral de violencia. El esposo, convencido de ser su propietario, la mantenía amenazada y sin papeles.
 
La jueza responsable del caso validó las declaraciones del médico sin el menor cuestionamiento sobre la violación a los derechos de la paciente. 
 
Mientras tanto la comunidad terapéutica, como en casi todos los estados de la República, desunida y poco participativa, critica en los cafés las prácticas ilegales y perversas del siquiatra en cuestión, pero argumenta que no pueden quejarse ante el comité ético porque justamente Avilés fue presidente y aún lo controla.
 
Hay un historial en los juzgados de acusaciones de locura de las víctimas de violencia por parte de los victimarios y peritos.
 
A principios de su carrera, Sigmund Freud atendió a una gran cantidad de mujeres que reportaban abusos sexuales infantiles  perpetrados por sus padres. Fue así que publicó su teoría del incesto en 1896. Luego, ante la indignación de los científicos, en 1933 se retractó y aseguró que el incesto es sólo fantasía femenina. Entonces fue aplaudido por el patriarcado que le dio poder. 
 
Encarrerado, el doctor Sigmund popularizó la teoría del complejo de Edipo, lo cual propiciaría que hoy se termine incriminando a las víctimas (jueces y especialistas en salud mental siguen reivindicando a los pedófilos y tachando de fantasiosos y propiciadoras a niños, niñas y mujeres abusadas).
 
Sus teorías han permitido el encubrimiento doloso de la explotación sexual y de la violencia contra las mujeres durante siglos.
 
De allí que muchos  jueces y juezas, a pesar de las leyes sobre violencia de género y las claras teorías modernas sobre las dinámicas del poder en la violencia en el hogar, se alían a siquiatras y sicoterapeutas que se centran en lo intrasíquico y no toman en cuenta aspectos de poder y de género y raza, ni la socialización diferenciada por sexo; ajustando los juicios de divorcio y custodia a estereotipos culturales decimonónicos.
 
Ellas no dicen “me pega porque me quiere”, los jueces sentencian: “te maltrata porque estás loca”, “te viola porque lo provocas”.
 
Cualquier persona sometida a violencia sistemática, particularmente perpetrada por un ser querido, presenta variabilidad emocional; no es que esté loca, sino que vive en una situación desequilibrante. 
 
Si algo tienen en común los modelos tradicionales de psicoterapia y de justicia penal y familiar, es que dejan del lado los factores sociales. Sin capacitación en perspectiva de género, muchos jueces, ante el avasallante número de denuncias por violencia de pareja, de incesto o pederastia, se recargan en siquiatras y psicoanalistas que no hacen sino reproducir un añejo modelo sexista que revictimiza a las víctimas y empodera a los agresores.
 
Sumado a ello, la corrupción en el ámbito médico debe ser revisada; cualquier ciudadana o ciudadano debería tener a su alcance herramientas reales para defenderse de un médico que no solamente maltrata a sus pacientes y viola sus derechos, sino que, abusando del poder, se colude con miembros del Poder Judicial y con ello pone en peligro la vida y bienestar de sus pacientes.
 
La teoría de salud mental con orientación género-sensitiva hace énfasis en que, más allá de las técnicas, lo importante es su filosofía no sexista. Todo perito para casos de violencia de género y abuso sexual debe tener esa capacitación en México; ya es hora de exigirlo. 
 
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* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá. 
 
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