Mesecvi llevará el tema a la Asamblea General
Por la Redacción
México, DF, 29 mar 11 (CIMAC/Cerigua).- La aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico han acentuado la violencia contra las mujeres en
América Latina (AL), alertó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará) Mesecvi, instancia integrada por más de 30 países de la región.
Por ello, la instancia adelantó que los temas del feminicidio y la violencia contra las latinoamericanas serán llevados ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en junio próximo en El Salvador.
Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala, saludó la resolución del
Mesecvi –acordada en la reciente conferencia internacional celebrada en la ciudad de Antigua–, al considerar que Guatemala es el país del continente americano con los mayores índices de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Entre 2001 y 2009 fueron asesinadas 4 mil 611 mujeres, según datos del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional del Ministerio de Gobernación. El 97 por ciento de estos casos permanece en la impunidad.
Ana Calcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, dijo a Cerigua que en el marco de la presentación de esos temas ante la Asamblea General de la OEA, es importante destacar la presencia de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
En opinión de Calcedo, es necesario que los Estados asuman compromisos serios, ya que las funcionarias internacionales han logrado reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, pero los ministros de Gobernación en cada país se resisten a implementar acciones con enfoque de género, lamentó.
Los Estados deben fundamentalmente garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, así como el acceso a la justicia a todas aquéllas que han sido violentadas; no se trata sólo de presentar como grandes avances los talleres de capacitación y sensibilización, se requieren medidas efectivas para proteger a la población femenina, enfatizó la entrevistada.
Los gobiernos deben considerar otras posibilidades y aceptar que la escalada del feminicidio en AL desde principios del siglo XXI, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene que ver con la aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, añadió la feminista.
El nivel de ensañamiento que esos poderes tienen contra las mujeres y de incrustamiento en los propios aparatos de seguridad de los Estados, son panoramas inéditos que se deben considerar, atender y erradicar, concluyó Calcedo.
Por la Redacción
México, DF, 29 mar 11 (CIMAC/Cerigua).- La aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico han acentuado la violencia contra las mujeres en
América Latina (AL), alertó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará) Mesecvi, instancia integrada por más de 30 países de la región.
Por ello, la instancia adelantó que los temas del feminicidio y la violencia contra las latinoamericanas serán llevados ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en junio próximo en El Salvador.
Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala, saludó la resolución del
Mesecvi –acordada en la reciente conferencia internacional celebrada en la ciudad de Antigua–, al considerar que Guatemala es el país del continente americano con los mayores índices de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Entre 2001 y 2009 fueron asesinadas 4 mil 611 mujeres, según datos del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional del Ministerio de Gobernación. El 97 por ciento de estos casos permanece en la impunidad.
Ana Calcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, dijo a Cerigua que en el marco de la presentación de esos temas ante la Asamblea General de la OEA, es importante destacar la presencia de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
En opinión de Calcedo, es necesario que los Estados asuman compromisos serios, ya que las funcionarias internacionales han logrado reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, pero los ministros de Gobernación en cada país se resisten a implementar acciones con enfoque de género, lamentó.
Los Estados deben fundamentalmente garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, así como el acceso a la justicia a todas aquéllas que han sido violentadas; no se trata sólo de presentar como grandes avances los talleres de capacitación y sensibilización, se requieren medidas efectivas para proteger a la población femenina, enfatizó la entrevistada.
Los gobiernos deben considerar otras posibilidades y aceptar que la escalada del feminicidio en AL desde principios del siglo XXI, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene que ver con la aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, añadió la feminista.
El nivel de ensañamiento que esos poderes tienen contra las mujeres y de incrustamiento en los propios aparatos de seguridad de los Estados, son panoramas inéditos que se deben considerar, atender y erradicar, concluyó Calcedo.
Defensoras de DH están en total vulnerabilidad
Estados incrementan hostigamiento en su contra Por Anayeli García Martínez
México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Ante las más de dos mil denuncias de amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos de defensores de Derechos Humanos (DH) en América Latina (AL), 23 organizaciones de 11 países de la región demandaron a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) crear una oficina encargada de
proteger a las y los activistas y exigir a los Estados que implementen medidas efectivas de protección.
Durante la audiencia temática “Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, que hoy se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, representantes ciudadanos de México, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guatemala, entre otras naciones, denunciaron que AL está en una “situación de vulnerabilidad”.
Señalaron que los alarmantes niveles de inseguridad provocados por el crimen organizado,
agentes estatales, grupos paramilitares e incluso por empresas transnacionales, ponen en riesgo la vida e integridad de las y los defensores de DH, por lo cual es urgente que la CIDH, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU) atiendan de manera inmediata la situación.
Durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, las y los activistas hicieron hincapié en que los Estados han incrementado las actividades de inteligencia contra los defensores humanitarios, por lo cual urgieron al organismo a exigir a sus países que se reviertan estas políticas y que se investiguen las amenazas y actos de violencia.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordaron que la ONU documentó que el clima de inseguridad en el que trabajan las y los defensores ha alcanzado niveles alarmantes.
En México durante 2010 y lo que va de 2011, tres defensoras de DH fueron asesinadas en Chihuahua: Josefina Reyes el 3 de enero de 2010, Marisela Escobedo el 16 de diciembre del mismo año y Susana Chávez el 6 de enero de 2011. Mientras que las activistas Sara Salazar, Marisela Ortiz, María Luisa García y Cipriana Jurado abandonaron su lugar de residencia.
Las organizaciones denunciaron que esta situación responde a los persistentes ataques por parte de actores estatales o de personas que actúan con su respaldo o tolerancia. Señalaron que la presencia de grupos paramilitares, el crimen organizado y empresas explotadoras de los recursos naturales exacerba la vulnerabilidad de los activistas.
De acuerdo con el informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Margaret Sekaggya, se ha constatado que las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia, perjuicios y formas de exclusión y rechazo diferentes a las de sus colegas varones.
En su informe 2010, sobre las defensoras y los activistas dedicados a promover los derechos de las mujeres o las cuestiones de género, la relatora reveló que en AL los riesgos más comunes son las amenazas, incluidas amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos e intentos de homicidio.
Sekaggya ha precisado que por lo general los presuntos agresores son personas desconocidas o no identificadas y en ocasiones armadas que a menudo tienen vínculos con agentes no estatales, como grupos paramilitares.
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con la ONU, son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, líderes de grupos de mujeres y quienes trabajan por la restitución de tierras y los derechos sindicales.
Alerta a PE agresiones contra activistas en México
OSC y eurodiputados analizan “histórica” situación de violencia
Por la Redacción
México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Integrantes del Parlamento Europeo (PE) alertaron que México atraviesa por uno de los períodos más violentos de su historia, toda vez que la guerra contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón afecta a todo el país y ha dejado más de 30 mil muertos.
Las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller, del Grupo de los Verdes del PE, externaron que se analiza un posible acercamiento con funcionarios del gobierno de México, para abordar la implementación de un mecanismo de protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.
Lo anterior lo informaron organizaciones de DH de México que se reunieron hoy en Bruselas con integrantes del PE. Las y los activistas mexicanos expusieron los riesgos que enfrentan los defensores de DH en el país y, en especial, la situación que enfrentan periodistas y mujeres que defienden sus derechos.
En un boletín de prensa, los Centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, informaron que los parlamentarios europeos analizan una estrategia para que los activistas enfrenten la problemática de inseguridad en México.
Con el objetivo de analizar la actual situación de México, se organizaron dos mesas de trabajo. La primera dedicada a las amenazas contra activistas y la militarización, y la segunda a la obligación de la Unión Europea de hacer cumplir sus directrices para proteger a los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
Por parte de las organizaciones mexicanas Abel Barrera, director del Tlachinollan; Jaqueline Sáenz del Centro Prodh y Bárbara Italia Méndez, denunciante de tortura sexual por el caso Atenco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hablaron del contexto en el que trabajan los defensores.
Hicieron hincapié en que en los últimos años el Estado Mexicano ha acumulado diversas recomendaciones emitidas por organismos internacionales destinadas a implementar medidas efectivas para garantizar la integridad de las y los defensores de derechos humanos.
Destacaron que a pesar de las recomendaciones, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre 2006 y octubre del 2010, 165 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensores mexicanos, incluidos 10 homicidios.
Asimismo, se denunció que el Estado Mexicano finge tener un interés legítimo ante la comunidad internacional por los ataques y hostigamientos en contra de las defensoras y los defensores de DH, pero que en la realidad no es así ya que por el contrario se vive en una situación continua de riesgo.
Por su parte los parlamentarios europeos analizaron estrategias para implementar sus
compromisos con las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Cabe recordar que México se comprometió con la Unión Europea a respetar los DH en 2008 cuando la Comisión Europea suscribió un convenio de colaboración por un monto de 700 mil euros (aproximadamente 11 millones y medio de pesos) para proteger los DH y la prevenir la violencia de género.
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