Guerra antinarco recrudece violencia contra defensores de DH

 Activistas piden intervención de la CIDH
Por Anayeli García Martínez

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico agrava la situación de los Derechos Humanos (DH) en México, toda vez que van en aumento las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, denunciaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las agrupaciones defensoras de los DH advirtieron que políticas de seguridad como los operativos militarizados recrudecen las amenazas contra activistas humanitarios en nuestro país.
En la audiencia temática “Seguridad ciudadana y Derechos Humanos en México”, que ayer se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, 18 organizaciones con sede en México y una internacional señalaron que Chihuahua –entidad que en 2010 registró 15 mil 273 homicidios– es un ejemplo claro de las violaciones a los DH que ocurren en todo el país.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Justicia Para Nuestras Hijas, la  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras agrupaciones, acusaron que los estragos de la “guerra contra el narcotráfico” van en aumento.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, Alejandra Nuño, explicó que durante la audiencia las organizaciones peticionarias se centraron en la violencia en general; sin embargo puntualizaron que los homicidios y amenazas contra defensoras en Ciudad Juárez siguen en la impunidad.
En los últimos 15 meses, tres defensoras de DH fueron asesinadas en la entidad fronteriza:  Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010; Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del mismo año; y Susana Chávez, el 6 de enero de 2011. Otras tres defensoras se vieron obligadas a abandonar Chihuahua para salvaguardar su integridad.
Ante el hostigamiento y las constantes amenazas de muerte, las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz y María Luisa García, abandonaron su hogar a principios de este mes de marzo. La activista chihuahuense Cipriana Jurado está en espera de respuesta a su solicitud de asilo político en EU.
Alejandra Nuño destacó que la audiencia ante la CIDH sirvió para evidenciar la drástica situación que se vive en México, la impunidad y el fracaso de los operativos conjuntos contra el narcotráfico implementados desde 2006, toda vez que sólo aumentaron la tasa de homicidios, lo cual “es preocupante”, observó.

“CERRAZÓN OFICIAL”
En su turno, la delegación mexicana defendió ante la CIDH la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. La representación gubernamental estuvo integrada por Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario  de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la  Secretaría de Gobernación; Monte Alejandro Rubido García, subsecretario de Seguridad Pública, y
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los representantes del Estado mexicano aseguraron que las estrategias de seguridad van en el camino correcto ya que –argumentaron– existía la necesidad urgente de actuar rápido para contener la expansión de la actividad criminal. “La delincuencia y la violencia motivan una respuesta por parte del Estado”, aseguró Rubido García.
Zamora Castro aseguró que las políticas anticrimen respetan los DH y que la lucha contra
el narco es integral porque además de los operativos conjuntos, también se han implementado “políticas de prevención del delito y reconstrucción del tejido social”.
Alejandra Nuño consideró que la respuesta de la delegación mexicana fue preocupante porque demostró una actitud “cerrada” en el tema de seguridad, lo que demuestra que la administración de Felipe Calderón no tiene la intención de evaluar el uso del Ejército o la voluntad de desaparecer la figura del arraigo.
La abogada destacó que estas líneas de acción están lejos de combatir a la delincuencia y al
mismo tiempo garantizar los DH, por ello solicitaron al Estado mexicano que asuma los
mandatos de la CIDH como guía para armonizar la legislación en materia de seguridad y justicia y superar las inconsistencias del actual marco normativo.
En la audiencia, Mariclaire Acosta, miembro del consejo directivo de Cejil, urgió al Estado
mexicano a realizar los cambios estructurales necesarios para terminar con las detenciones
arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y otras violaciones cometidas en el contexto de la guerra contra el narco.
Asimismo, solicitó a los representantes de la CIDH que visiten México, constaten la situación de los DH y pidan cuentas al Estado de cómo está cumpliendo con las recomendaciones que este organismo de la Organización de Estados Americanos hizo en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, presentado en nuestro país en 2010.