Lydia Cacho Plan b

 La nueva ley militar
 
Por Lydia Cacho
 
Hace cuarenta años, cuando yo era niña, mi abuelo, un militar serio y respetable nos esperaba  los domingos a comer en su hogar, sentado en un sillón de piel. Allí el patriarca de la familia paterna estiraba la mano para que su prole la besara al llegar. En su habitación colgaba un crucifijo con un inmenso rosario, enfrente, el sable de sus tiempos dorados en el Ejército mexicano.
Era un buen hombre. Conservador, patriota, religioso, sexista, honrado, racista, educado, obsesionado con el autocontrol y las formas; un frugal maestro de la disciplina  reticente al desorden y a las expresiones de libertad. Era un patriarca que amaba a su familia. Pero era un antidemócrata perfecto. Los breves momentos en que permitía que nos dirigiéramos a él, respondían no a su interés sobre nuestra opinión, sino a la necesidad de cubrir esa cuota que todo patriarca que se precie de serlo debe otorgar a quienes, en su territorio, creen tener derecho a  disentir y opinar. Pero la  única costumbre que logramos cambiar fue darle el beso en la mejilla y no en la mano. 
Los militares que han asesorado la creación de la Ley de Seguridad Nacional son hombres preparados, cultivados en el arte de la política, conocedores en ingeniería constitucional. No son demócratas y aunque hablan de “política de los Derechos Humanos”, consideran que el orden y el control deben anteponerse al ejercicio de esos derechos. Ellos, al lado del presidente Felipe Calderón, han propuesto una ley que les permita imponer el orden en el país como un cuarto poder (no olvidemos que ya hay 25 militares a cargo de cuerpos policíacos en el país). Buscan legalizar su incursión en la seguridad nacional de tal forma que queden por encima de autoridades civiles que consideran inútiles, corruptas y poco disciplinadas.
Ciertamente  en casa muchos de ellos son padres tiernos, esposos cumplidores y abuelos conmovidos por los primeros pasos de sus nietos, pero son esencialmente antidemócratas. Conservadores patriotas que han convencido a Calderón de que el país se saldrá de “su” control si no se aprueba esta nueva Ley, que no solo se contrapone con la nueva Ley federal para la protección de los derechos humanos, además contradice a la Suprema Corte, le permite al Ejército hacer espionaje telefónico y cibernético y mantener un control legalizado de los cuerpos policíacos y autoridades civiles. Además contraviene las sentencias  y recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano está obligado a  cumplir.
Quienes han vivido bajo regímenes militares en Latinoamérica  y han documentado cómo se construyen las dictaduras saben que no hay secretos. Ciertamente el fortalecimiento de los ejércitos lo impulsan y protegen pequeñas élites de militares, empresarios y políticos (de varios partidos) cuyo poder real y duradero radica en ser parte de la estructura del sistema que, sea como sea, les considerará necesarios para mantener la economía y cierta estabilidad legislativa en el país. Pero ¿para que querría Calderón entregarle al PRI a un país donde el ejército tenga la fuerza de un suprapoder? 
Y sí, los patriarcas le dieron su cuota de escucha a Sicilia y a sus hombres. Y sí, Calderón y Manlio Fabio Beltrones le dejaron que les besara en la mejilla y les abrazara; eso es lo de menos, son sólo formas que ratifican la filosofía pacifista de un individuo, pero no tienen impacto alguno en este proceso político. Lo cierto es que no hay diálogo real porque esencialmente ni este movimiento, ni los que llevan décadas protegiendo la democracia e impulsando los derechos humanos, son considerados interlocutores reales para los patriarcas de México, esos que mientras nos escondíamos de las balas, dejaron entrar al ejército cuyos líderes se preguntan ¿y si estos inútiles no saben gobernar, por qué no lo intentamos nosotros de una vez por todas?
Habremos de cuidar en no satanizar al Ejército, ellos no proponen un golpe militar violento, sino la institucionalización  estratégica de su incursión como poder activo equiparable al poder judicial. Una fuente militar cercana me confió que algunos de los más sólidos y respetables personajes de la Sedena están plenamente convencidos de que ésta es su misión. La puerta está abierta en San Lázaro, por eso frente a ella  habremos de estar quienes creemos que esta Ley de Seguridad Nacional resulta verdaderamente peligrosa y no es la respuesta contra el crimen, sino contra las libertades democráticas. 
 
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