Por Patricia Briseño, corresponsal
Oaxaca, (CIMAC).- Organizaciones civiles, feministas, y académicas, condenaron la violencia de género y discriminación contra tres mujeres dirigentes de la agencia de Emiliano Zapata, municipio de San Juan Cotzocón, luego de que el profesor Melchor Guzmán Cruz ordenó a los habitantes de esa comunidad desnudar y encarcelar a la tesorera Evitelia Pacheco Ramírez.
En entrevistas por separado, defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, que cumpla con los compromisos internacionales a favor de la población femenina y que informe sobre la política de Estado que impulsará para detener la ola de violencia feminicida que en seis meses de su gobierno ha dejado ya 26 víctimas.
Asimismo hicieron un llamado enérgico a las autoridades comunitarias, a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y a las dependencias públicas, para que rechacen la discriminación y la violencia hacia las mujeres por razones de género y de manera comprometida favorezcan e impulsen la participación política y comunitaria de las oaxaqueñas como un derecho humano fundamental.
Exigieron justicia y una investigación inmediata y exhaustiva del homicidio de Alma Daysi Martínez, de 14 años de edad, desaparecida y asesinada en el municipio conurbado de Santa Cruz Xoxoctolán, el fin de semana pasado, cuyo cuerpo fue localizado la tarde del martes 10 de mayo en esa misma jurisdicción cercana a esta ciudad.
La fundadora de Consorcio Parlamentario por la Equidad de Género, capitulo Oaxaca, Ana María Hernández, cuestionó a Cué Monteagudo “no puede ser omiso ni ignorar las demandas ciudadanas de justicia, a no ser que quiera pasar a la historia como un gobierno cómplice” y demandó mecanismos claros de vigilancia institucional comunitaria y social para que hechos como los antes citados no se repitan.
En tanto, María Eugenia Mata, académica y ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE) se pronunció por revisar las leyes y promover políticas públicas a favor de las mujeres así como trabajar en la aplicación de la justicia, para todo ello, sostuvo, es indispensable el trabajo conjunto del poder legislativo, del Ejecutivo y de la comunidad y la familia.
Margarita Daltón Palomo, doctora y directora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) subrayó que estos hechos ocurren en poblaciones indígenas y no indígenas, porque la violencia de género se encuentra en cualquier parte.
La académica, demandó un gobierno justo, comprometido, que dé certeza en la impartición de la justicia para las mujeres y garantice sus derechos humanos y marque una política de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia.
A través de un comunicado, la red de mujeres mixes, la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, la Coordinadora de Mujeres Indígenas de Oaxaca y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, exigieron al estado y a sus instituciones, garantizar el derecho a la participación plena de las mujeres indígenas en la vida política, económica social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
11/PB/LGL
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