Prejuicios y carencias en servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres, denuncian

28.6 por ciento de las usuarias obligadas a utilizar DIU. “No atienden si no estás menstruando”: activista

Por Leonardo Bastida Aguilar

México DF, agosto 29 de 2011.- Actitudes llenas de prejuicios morales, falta de personal capacitado, información errónea, poca privacidad, negación de servicios, y burocratización excesiva, son parte de los factores que impiden a las mujeres acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en los centros de salud del país, determinó el estudio Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos. Análisis desde la sociedad civil 2007-2010. 

Elaborado por la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, el informe recopiló datos sobre 10 entidades federativas (Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Puebla y Zacatecas) durante cuatro años en materia de acceso a la anticoncepción de emergencia y anticonceptivos en general. 

Cifras del informe indican que 95 por ciento de las mujeres que acuden a los servicios de planificación familiar y de salud sexual y reproductiva desean prevenir un embarazo, 33 por ciento indicaron haber recibido un método no deseado, 28. 6 por ciento señalaron haber sido forzadas a utilizar el dispositivo intrauterino (DIU), y 15 por ciento se sintió presionada para elegir algún método en particular. 

Al respecto, Sofía Román Montes, coordinadora del estudio, en conjunto con Leticia Cuevas Rosette, señaló que hay muchos rezagos en la materia, algunos fundamentales, como el hecho que 40 por ciento de la información dada a usuarias y “usuarias simuladas” -activistas de la entidad que acudieron a los servicios en calidad de usuarias para evaluar el trato de los médicos- por personal de servicios de salud sexual y reproductiva en los distintos centros de salud consultados fuera errónea. 

Además, explicó Román Morales, a todas las mujeres que concurren a estos servicios, les dan pocas opciones de métodos anticonceptivos, la mayoría de ellas el DIU o condones masculinos. En el caso de las pastillas de anticoncepción de emergencia, “hay demasiados prejuicios en torno a ellas por parte de los médicos, al grado de negarlas”, refirió. 

Añadió que en materia presupuestal, “pasan cosas raras” debido a que en el año 2009 en el estado de Guerrero se asignaron 20 millones al rubro, y al año siguiente disminuyó a 4 millones. Caso similar ocurrió en Puebla, donde el mismo año se asignaron 77 millones de presupuesto, y al año posterior sólo se otorgaron 8 millones. Para la investigadora, la respuesta más clara es que ese fue año electoral, y por tanto, el dinero no llegó a su destino. 

Por su parte, María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, señaló que es necesario hacer una revisión a los presupuestos asignados a la salud sexual y reproductiva debido a que “los números son un enigma”. 

Johana Román, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de Morelos, explicó que durante su participación como “usuaria simulada”, pudo percibir las irregularidades en los servicios de salud de su entidad, entre ellas, la exigencia a las mujeres de tener que estar en su período menstrual para brindarles métodos anticonceptivos, ya que “sólo así se sabe que no están embarazadas”. 

Otros elementos que halló fue que los médicos y enfermeras le sugerían consultar todas las decisiones con su esposo, la obligatoriedad de abrir un expediente médico para que se le pudieran otorgar condones, el cobro de la consulta y respuestas como que “a las muchachitas no se les daban pastillas porque abusaban de ellas o porque sólo eran para niñas loquitas”. 

Por último, la organización civil emitió una serie de recomendaciones, entre las que destacan conformar en cada unidad de salud un área específica de planificación familiar, garantizar la atención a las usuarias, ampliar los horarios de atención, no imponer métodos anticonceptivos, asegurar un mayor acceso a métodos de largo plazo, garantizar la gratuidad de los servicios, capacitar al personal de salud en consejería sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos, ofrecer una mayor variedad de métodos, asegurar la privacidad y confidencialidad de las consultas e incrementar el acceso y el abasto a la pastilla de anticoncepción de emergencia.