Por Anayeli García Martínez
México, DF, 28 jul 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio un plazo de 48 horas para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) respondan si trasladarán al fuero civil los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
En conferencia de prensa, las dos indígenas tlapanecas víctimas de violación sexual a manos de soldados en 2002, en Guerrero, informaron que esta mañana acudieron a las oficinas de la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar un documento en el que solicitan que sus casos se investiguen en tribunales civiles y no en el fuero militar como ocurre actualmente.
Desde 2002, cuando ambas indígenas denunciaron la agresión, los casos pasaron del fuero civil al militar sin que hasta ahora se haya encontrado a los culpables, por lo que en su búsqueda de justicia y junto con Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Inés y Valentina acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual posteriormente llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambos organismos de la OEA.
En octubre de 2010, la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación a los Derechos Humanos (DH) de ambas indígenas, y lo sentenció a continuar las investigaciones en el ámbito civil y a reformar el Código de Justicia Militar con la finalidad de restringir el fuero militar.
En este contexto y tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 12 de julio con la que determinó que el fuero castrense debe restringirse en los casos de violaciones a DH donde se presuma la participación de militares, ambas indígenas exigieron que el fallo de los ministros se haga efectivo.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, explicó que esperan una respuesta en 48 horas, sin embargo, aclaró que la respuesta puede tardar más tiempo. No obstante, el abogado dijo que a la luz de la resolución de la SCJN y de las sentencias de la CoIDH, PGR y la Sedena están obligadas a atraer y declinar, respectivamente, las investigaciones.
Es así que se solicitó que las averiguaciones previas SC/179/2009/II-E, sobre los hechos ocurridos a Inés Fernández Ortega; y SC/180/2009/II-E, en el caso de Valentina Rosendo Cantú, se trasladen a tribunales civiles.
En caso de no obtener una respuesta, o de que ésta sea negativa, los abogados de ambas mujeres dijeron que podrían interponer un juicio de amparo ante un juez de distrito del estado de Guerrero, para impugnar la competencia de los tribunales castrenses en un asunto donde –aseguran– debe intervenir la jurisdicción civil.
Rosales Sierra también dio a conocer que en próximos días solicitarán a la SCJN que analice las sentencias de Inés y Valentina a través de un “expediente varios” como lo hizo con la sentencia de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, con el fin de reiterar las restricciones al fuero militar.
Al respecto, Inés Fernández denunció que aunque en marzo de este año la Secretaría de Gobernación instaló mesas de trabajo para cumplir las sentencias, hasta el momento no se tienen resultados concretos. “Cómo es posible que llevo varios años (pidiendo justicia) y no han detenido a esas personas que abusaron de mí”, acusó.
Valentina Rosendo criticó que a casi un año de que se notificara la sentencia los avances en las investigaciones son nulos. “Ya no es la (búsqueda de la) verdad, es la obligación de cumplir lo que dice la sentencia. Nuestro caso estuvo casi nueve años en la justicia militar y no tiene por qué estar ahí”, remarcó.
La solicitud que hoy hicieron Inés y Valentina también fue suscrita por la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones defensoras de los DH.
11/AG/RMB
Desde 2002, cuando ambas indígenas denunciaron la agresión, los casos pasaron del fuero civil al militar sin que hasta ahora se haya encontrado a los culpables, por lo que en su búsqueda de justicia y junto con Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Inés y Valentina acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual posteriormente llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambos organismos de la OEA.
En octubre de 2010, la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación a los Derechos Humanos (DH) de ambas indígenas, y lo sentenció a continuar las investigaciones en el ámbito civil y a reformar el Código de Justicia Militar con la finalidad de restringir el fuero militar.
En este contexto y tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 12 de julio con la que determinó que el fuero castrense debe restringirse en los casos de violaciones a DH donde se presuma la participación de militares, ambas indígenas exigieron que el fallo de los ministros se haga efectivo.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, explicó que esperan una respuesta en 48 horas, sin embargo, aclaró que la respuesta puede tardar más tiempo. No obstante, el abogado dijo que a la luz de la resolución de la SCJN y de las sentencias de la CoIDH, PGR y la Sedena están obligadas a atraer y declinar, respectivamente, las investigaciones.
Es así que se solicitó que las averiguaciones previas SC/179/2009/II-E, sobre los hechos ocurridos a Inés Fernández Ortega; y SC/180/2009/II-E, en el caso de Valentina Rosendo Cantú, se trasladen a tribunales civiles.
En caso de no obtener una respuesta, o de que ésta sea negativa, los abogados de ambas mujeres dijeron que podrían interponer un juicio de amparo ante un juez de distrito del estado de Guerrero, para impugnar la competencia de los tribunales castrenses en un asunto donde –aseguran– debe intervenir la jurisdicción civil.
Rosales Sierra también dio a conocer que en próximos días solicitarán a la SCJN que analice las sentencias de Inés y Valentina a través de un “expediente varios” como lo hizo con la sentencia de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, con el fin de reiterar las restricciones al fuero militar.
Al respecto, Inés Fernández denunció que aunque en marzo de este año la Secretaría de Gobernación instaló mesas de trabajo para cumplir las sentencias, hasta el momento no se tienen resultados concretos. “Cómo es posible que llevo varios años (pidiendo justicia) y no han detenido a esas personas que abusaron de mí”, acusó.
Valentina Rosendo criticó que a casi un año de que se notificara la sentencia los avances en las investigaciones son nulos. “Ya no es la (búsqueda de la) verdad, es la obligación de cumplir lo que dice la sentencia. Nuestro caso estuvo casi nueve años en la justicia militar y no tiene por qué estar ahí”, remarcó.
La solicitud que hoy hicieron Inés y Valentina también fue suscrita por la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones defensoras de los DH.
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