Necesaria, reforma a aparato de justicia contra trata de personas: Ibero

La Jornada de Oriente
ARTURO ALFARO GALÁN
Investigadores y especialistas sobre la trata y tráfico de personas en América Latina condenaron “los hechos que violentan los derechos humanos, la migración forzada y el aumento de casos de trata en la región”, por lo que se comprometieron a integrar investigaciones y exigir la respuesta de las autoridades locales para el combate frontal a esta actividad delictiva.
Raquel Pastor, representante del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos de México, exhortó a los países latinoamericanos a reformar los sistemas de procuración y aplicación de justicia, para que la tipificación, persecución y calificación del delito de trata de personas estén centrados en la protección de la dignidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
El viernes pasado concluyó el Segundo Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas: Migración, Género y Derechos Humanos, que se realizó durante una semana en la Universidad Iberoamericana (Ibero), con la intención de debatir sobre las condiciones que imperan en las regiones de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia y México.
En el acto de clausura, Raquel Pastor solicitó que los gobiernos locales destinen presupuestos para la creación de fondos públicos que ayuden a la persecución de delitos y la atención a las victimas de trata. Incluso los integrantes del congreso solicitaron a los gobiernos de Paraguay y Chile aprobar leyes especiales e integrales contra este delito, pues son los únicos países de América Latina que aún no lo han hecho.
En el pronunciamiento del Segundo Congreso Internacional sobre Trata y Tráfico de Personas sobresale la demanda a las universidad públicas y privadas para el fomento en la investigación académica y científica sobre la trata, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, para exigir a los estados la generación de datos para las investigaciones y el diseño de metodologías adecuadas para la atención y prevención del delito.