Mujeres indígenas: sexualidad y violencia

Por Cirenia Celestino Ortega*

En 2010, según el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM), 992 mujeres murieron en México en el ejercicio de su maternidad, es decir, en torno a su embarazo, parto, puerperio o aborto, una de cada 5 era adolescente, 14 por ciento era hablante de una lengua indígena, y 9 de cada 10 recibieron asistencia médica, es decir, no murieron en manos de una partera.  

Las condiciones de pobreza y las oportunidades de vida limitadas están estrechamente relacionadas con tener un embarazo a temprana edad, perpetúan la inequidad de género y la desventaja social para las mujeres.

Para el caso de Puebla, el OMM reportó 58 muertes maternas en 2010, de las cuales 9 eran adolescentes y otras 9 hablantes de una lengua indígena, reflejo de la violación al principio de la no discriminación, la universalidad y la equidad, porque afecta a quienes sufren pobreza, no tienen acceso a escolaridad ni a servicios de seguridad social, y viven en zonas rurales, marginadas y aisladas.

Puebla ocupa el quinto lugar entre las entidades federativas con mayor población (5 millones 779 mil 829 habitantes, de las cuales 52 por ciento son mujeres), y con mayor índice de analfabetismo, donde una de cada 10 personas de 15 años en adelante no sabe leer ni escribir (Inegi, 2010).

En 2009, 40 de cada 100 adolescentes poblanas usó algún método anticonceptivo, 3.8 por ciento inició su vida sexual antes de cumplir 15 años. En este mismo año se registraron 122 mil 200 nacimientos, de los cuales 73 por ciento fueron de madres adolescentes (Campaña Por una Maternidad Libre y Voluntaria, CIMAC, México, 2010).

La salud constituye un campo aceptado para la participación pública de las mujeres, ha permitido una tradición de conocimiento y la aparición de oficios vinculados a estos saberes: parteras y sobadoras, como actividades de especialización.

La partería constituye uno de los nichos de reconocimiento para las mujeres al interior de sus familias y comunidades, acompañan a la embarazada durante el proceso, incorporan prácticas locales de salud, comparten una misma cosmovisión, y crean un ambiente de confianza y seguridad para la gestante.

Las traductoras, por su parte, garantizan que las mujeres puedan ser atendidas en su lengua y cuenten con alguien que les ayude a comprender el sentido que ciertos eventos y procesos tienen para las mujeres.

Cuetzalan presenta un trabajo importante en la organización de mujeres: agrupaciones de parteras, médicas, promotoras de salud y/o defensoras de Derechos Humanos de otras mujeres.

Las mujeres organizadas enfrentan las múltiples formas de explotación y opresión. Las indígenas de Cuetzalan empoderadas, promueven su auto-sustentabilidad, la formación de promotoras de salud, la profesionalización de las parteras, y la atención integral a las mujeres en su vida sexual y reproductiva.

La Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud 2001-2006 señala que México cuenta con mil 121 hospitales públicos, 628 de éstos atienden a la población no asegurada, esto significa 1.1 hospitales por cada 100 mil habitantes para la población sin seguridad social.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre entidades federativas: el Distrito Federal cuenta con tres médicos por cada mil habitantes, mientras que Puebla, Chiapas y Estado de México, con menos de uno, y Cuetzalan con uno para la atención de toda la población, 47 mil 433 habitantes.

La especificidad lingüística representa para las indígenas una barrera frente a las instituciones. En Puebla conviven cuatro lenguas indígenas, principalmente náhuatl, con 76.3 por ciento; el resto entre totonaca, popoloca y mazateco, de las cuales al menos 14 por ciento no habla español.

La salud sexual y la salud reproductiva fueron adoptadas como prioridad en la atención de la salud con la creación del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva 1995-2000, hoy Programa de Acción: Salud Reproductiva en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, en el que se reconoce el derecho al disfrute de una vida sexual, reproductiva y post-reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos.

El Estado mexicano firmó y ratificó instrumentos internacionales que otorgan legitimidad a los derechos sexuales y reproductivos, como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994); la Declaración de Valencia (1997); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979); las cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México 1975, Copenhage 1980, Nairobi 1985 y Beijing 1995), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem Do Pará (1990).

Todos esos tratados marcan la normatividad de los Derechos Humanos de las mujeres como sujetas de reconocimiento, goce, ejercicio, protección y respeto de su vida, su integridad física, psíquica y moral, su libertad, salud y sexualidad, reconocido también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2006).

Pese a los altos índices de embarazo en adolescentes y de muerte materna, de la vasta legislación nacional y las recomendaciones internacionales, el 12 de marzo de 2009 el Congreso poblano aprobó la reforma al artículo 26 de la Constitución estatal para proteger la vida desde la concepción, criminalizando así a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo aunque a nivel federal la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, obliga a promover la salud sexual y reproductiva, y a ofrecer la interrupción legal del embarazo y efectuarla si la mujer así lo decide de manera informada.

A pesar de su importancia en la realización integral de las mujeres, persisten indicadores de retroceso en la materia, como la ausencia de sensibilización, prestación de servicios y la misma legislación que garantice la decisión y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con pertinencia cultural para las indígenas.

 *Investigadora de la Coordinación de Redes de Periodistas de CIMAC.

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