Más pendientes que resultados a favor de las mujeres

Con Calderón, retrocesos en seguridad, DH, salud y empleo 
Por Anayeli García Martínez, Gladis Torres Ruiz y Guadalupe Cruz Jaimes
      
En cinco años de administración, Felipe Calderón tiene más deudas que compromisos cumplidos en beneficio de las mujeres. 
A decir de investigadores, organizaciones civiles, sindicalistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), el Ejecutivo privilegió el combate al crimen organizado y relegó tareas de desarrollo social, empleo y protección a las garantías femeninas.  
El doctor en Ciencia Política José Enrique González Ruiz advierte que el calderonismo estableció “un Estado de hecho y no de Derecho”, que en cinco años de gobierno ha recrudecido las violaciones a los DH de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de esos derechos.  
Con Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. Entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se encuentran la de tres casos de feminicidio en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez; y por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares.
En 2010, organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida y la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia.
Sobre la sentencia referente al caso Campo Algodonero, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables del feminicidio y la reparación del daño.   
Desde el 2006 las mexicanas están más expuestas a la violencia. Según datos de la Sedena, retomadas por el Banco de Datos del Feminicidio de Isis Internacional, de diciembre de 2006 a octubre de 2009 han sido asesinadas tres mil 726 mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registra que de enero de 2009 a junio de 2010, se han perpetrado mil 728 homicidios dolosos de mujeres en sólo 18 estados de ese total, 890 casos fueron definidos como feminicidio.
La UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional han observado que el gasto público para seguridad y procuración de justicia casi se ha duplicado desde 2007. Precisan que en ese año se destinaron para ese rubro 66 mil 31 millones de pesos (mdp), mientras que para 2011 se aprobaron 115 mil 825 mdp. 
En cuanto al presupuesto destinado para el combate a la violencia de género, éste se duplicó entre 2010 y 2011, al pasar de 65 mdp a 110 mdp. Lo paradójico es que la cifra aprobada para este rubro en 2011 representa sólo el 10 por ciento del gasto total para el combate a la criminalidad. 
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, considera que en cinco años de administración de Felipe Calderón, hay un incremento sustancial de muertes violentas de mujeres, lo que atribuye a que en este sexenio no se ha entrado de fondo en el combate de este flagelo.
Calderón ha publicitado como uno de sus “grandes logros” el aumento de la afiliación al Seguro Popular (SP), pero en los hechos la atención es deficiente y no garantiza el derecho a la salud de las mexicanas, apuntan expertas.  
Hasta el pasado mes de junio el SP afilió a 46 millones de personas, 24 millones son mujeres (54.2 por ciento), reporta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia rectora de este programa de atención.
Briseida Lavielle, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, considera que a pesar del aumento en la afiliación, tras la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2009 la Secretaría de Salud (Ss) disminuyó hasta en 40 por ciento el recurso destinado a la atención de cada mujer usuaria de este servicio. 
“El Presidente del empleo” también le ha incumplido a las trabajadoras, aseguran sindicalistas y economistas. Y es que el 63 por ciento de los 16.9 millones de mujeres ocupadas en empleos formales carecen de servicios de salud a pesar de su actividad económica, refiere Beatriz Luján, coordinadora del Frente Auténtico del Trabajo. 
La experta explica que la falta de servicios de salud para las trabajadoras está vinculada directamente con la pérdida del derecho a la seguridad social. 
Los bajos salarios también son una constante para las mujeres: En 2010 el 46 por ciento de los 16.9 millones de empleadas ganaba entre uno y dos salarios mínimos (de 57 a 114 pesos diarios), los cuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas como la alimentación. 
A esa circunstancia se añade la brecha salarial entre mujeres y hombres, ya que en promedio ellos reciben 30 por ciento más que las mexicanas por el mismo trabajo, aun cuando ellas tienen mayor preparación, según el Inegi.  
El escenario de las mujeres en el mundo del trabajo empeora cuando están en la informalidad. En 2007 había 1.9 millones de mexicanas ocupadas en micronegocios, y en 2011 el número creció a 7.6 millones. “Hay una informalidad laboral desbordada” que se traduce en trabajadoras sin derechos, alerta la economista especializada en género Carmen Ponce.
 
11/AGM/GTR/GCJ/RMB