Por Consuelo Catalá
Madrid, España.- La relación entre sexualidad y capacidad reproductiva es uno de los ejes sobre los que se configura el proyecto vital de una mujer. De ahí la revolución que supuso para la vida de las mujeres, los métodos anticonceptivos modernos y en concreto la píldora. Pero esa opción no es igual para cada mujer. Ni siquiera para una misma mujer es igual, a lo largo de su vida.
De ahí que en esa decisión, la libertad y el reconocimiento de la autoridad de las mujeres sean condiciones básicas para que éstas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En los países con democracias avanzadas, la importancia de incluir en las políticas públicas que desarrollan los Gobiernos, aspectos relativos al ámbito privado para resolver el desequilibrio entre mujeres y hombres, tiene que ver con facilitar a la ciudadanía su desarrollo como personas, de manera que la libertad y decisión en torno a sus derechos sexuales se realice en armonía con sus convicciones personales y su proyecto de vida, y en las mejores condiciones posibles.
Los Gobiernos en estos países están obligados a aceptar las decisiones de las mujeres que solicitan el aborto, como decisiones firmes y responsables, como palabra de mujer. Y a partir de ahí, acompañar a las mujeres en esa decisión, facilitándoles el acceso a la prestación, con los medios técnicos adecuados y en condiciones óptimas de atención, seguridad y salud.
Todo el camino recorrido en las políticas de igualdad durante el siglo XX y los avances a los que asistiremos durante el siglo XXI, deben ir en la dirección al reconocimiento de la autoridad de las mujeres. La redefinición del Nuevo contrato Social entre mujeres y hombres se plantea como algo urgente y necesario. Y si, en cualquier negociación, el reconocimiento mutuo de autoridad para poder llegar a consensos, es la base de la misma, en el Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres debe cumplirse con mayor razón. El reconocimiento de la autoridad de las mujeres es la condición sine qua non para que el Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres se firme democráticamente entre iguales.
Estamos hablando de los talentos, intereses y anhelos de más de la mitad de la población; que son las mujeres, incluyendo la capacidad que poseen, aún exclusiva e intransferible, de la reproducción de la especie. Es, en ese reconocimiento de la autoridad de las mujeres, donde tienen razón de ser y existir los instrumentos de representación de las mujeres (cuotas, paridad) en los lugares de decisión. Un reconocimiento que se concreta a su vez, en cada uno de los derechos básicos, como los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, el derecho al aborto. Desde el punto de vista democrático, en el siglo XXI no es sostenible que, se reconozca como prestigiosa la labor desarrollada alrededor de las nuevas tecnologías reproductivas, tanto en el ámbito médico como social, con el significante de la selección de embriones, la congelación y manipulación de óvulos y espermatozoides, etc., y en cambio, la decisión de la mujer en torno a interrumpir su embarazo o incluso a evitar que se produzca la fecundación del mismo, siga estando bajo sospecha y por tanto tutelado. En la actualidad, cualquier mejora en la cualidad democrática debe articulase en torno a cuatro círculos básicos de relación entre las personas y la sociedad en la que viven, con sus correspondientes pactos. El primer círculo tiene que ver con la conciencia individual y por tanto es el pacto que cada una de nosotras (os) hace con una misma. El segundo círculo es el que tiene que ver con el proyecto de vida. Es el pacto con el otro/ otra. El tercer círculo, corresponde a cómo se estructura la sociedad en su conjunto, es el pacto social, en la actualidad en proceso de redefinición de un Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres. Y el cuarto círculo corresponde a la implicación de la ciudadanía en las decisiones en torno al desarrollo concreto de nuestra sociedad, es el pacto entre ciudadanía y política. Todos ellos son recorridos por la vivencia de la sexualidad, incluyendo el parto y nacimiento de los hijos e hijas, como elemento básico de la felicidad de las personas.
Después de 22 años de despenalización parcial del aborto, la educación sexual en las escuelas sigue siendo la gran ausente, los dispositivos de planificación familiar tienen el soporte del voluntarismo militante del personal que los atiende. La educación en el autoconocimiento y autoestima como elemento indispensable para querernos y amar desde la dignidad de considerarnos personas, no aparece de manera integrada en la propia educación, de ahí que debamos abordar el derecho al aborto dentro de un marco más amplio, de una Ley integral de Salud sexual y reproductiva, en consonancia con los nuevos derechos de ciudadanía.
Después de 22 años de resolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones de salud y seguridad, a través principalmente de las clínicas privadas acreditadas, solo queda pasar de la normalización social que individualmente, a costa de su salud mental, han ejercicio cada una de las 100.000 mujeres que abortan en nuestro país anualmente, y llegar al consenso político, que restituya la autoridad a las mujeres.
El avance en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ha dado un salto cualitativo en la legislatura que ahora finaliza, de ahí mi confianza absoluta en la voluntad política del Presidente Zapatero para hacer realidad ese consenso en torno a los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.
Artículo de Opinión en “Público” el 27 de enero 2008, en @-mujeres.net
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