En Veracruz, predomina desinformación entre usuarias
Por Brisa Gómez, corresponsal
Xalapa, 9 ago 11 (CIMAC/AVC).- La Secretaría de Salud del estado de Veracruz ha incumplido con su obligación legal de castigar los malos tratos que comete personal médico contra mujeres que requieren atención durante el embarazo, parto o puerperio, señaló Emma María Reyes Rosas, coordinadora estatal del Comité Promotor por una Maternidad Segura.
La experta acusó que el gobierno estatal tampoco ha hecho su tarea para que la población, en particular las mujeres, conozca sus derechos sobre este tema y proceda a denunciar la llamada “violencia obstétrica”, estipulada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz.
Tal legislación fue promulgada el 28 de febrero del 2008 y define a la “violencia obstétrica” como la “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”.
Asimismo, la violencia de ese tipo se presenta al “omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical”.
Igualmente, cuando se obstaculiza el apego precoz del niño o niña
con su madre sin causa médica justificada, se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, y cuando se practica el parto por vía cesárea, “existiendo condiciones para el parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
Cabe destacar que la Ley de Violencia de Veracruz es la única en todo el país que estipula y castiga la “violencia obstétrica”.
En entrevista, Emma María Reyes invitó a la población a presentar sus quejas y denuncias ante la Comisión de Arbitraje Médico estatal (Codamed) o llamar al 01 800 26 26 2 para recibir atención sobre este tema.
Explicó que en Veracruz es común la falta de atención a las mujeres, la negativa de ingreso o de atención médica cuando llegan en estado de gravedad en el embarazo y “llegan prácticamente a morirse a los hospitales”, el desabasto de medicamentos e insumos para su atención, la falta de médicos y enfermeras en las clínicas y en hospitales, y los retrasos en la atención de la emergencia obstétrica.
Reyes Rosas recalcó que las dependencias públicas han hecho de lado su responsabilidad para difundir esta situación, lo que ha mantenido a las mujeres en la indefensión en cuanto se presentan las irregularidades y que pueden incluso llegar a costarles la vida, especialmente cuando se trata de conductas que llegan a presentarse en momentos de vulnerabilidad, como son el embarazo, parto o puerperio.
Expresó que incluso “los médicos y las autoridades no están preparados para enfrentar el abordaje de este tema, entonces hay mucho temor porque pueden ser sancionados y entonces eso refuerza una cultura del miedo que invisibiliza dónde quedó la responsabilidad”.
11/BG/RMB
La Historia de esos días
10 de agosto de 2011
El aborto en Puebla, atado a una legislación prejuiciosa
Actualmente la ley de protección a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural tipifica el aborto como delito.
“Es muy importante (la despenalización del aborto)”, reconoce Guillermo Aréchiga, pero “es un tema propio de sociedades más avanzadas”
Por Ernesto Aroche Aguilar
Seis de cada cien muertes maternas que se registraron en Puebla entre el 2002 y el 2008 llevan el sello de abortos mal practicados o insalubres. La cifra podría parecer menor pero no lo es. A nivel nacional, excluyendo el Distrito Federal, los datos que reporta el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) y laSecretaría de Salud, son muy similares, pero representan apenas una pincelada de un problema de salud pública sobre el que difícilmente se conocen con precisión las dimensiones.
Un estudio realizado por el Colegio de México, el Guttmacher Institute y la oficina en México del Population Council, presentado en el 2008, concluye que en nuestro país se realizan anualmente 33 abortos inducidos por cada mil mujeres, una tasa superior al promedio de 31 procedimientos que se reporta para toda América Latina.
Y si a nivel América Latina el indicador en México ya es alto, en el comparativo con los Estados Unidos (EU), donde el recurso médico es legal, la diferencia es profunda: apenas 19 por cada mil mujeres, es decir, 40 por ciento menos que en territorio mexicano.
Otra diferencia importante entre los dos países es la seguridad del procedimiento. En Estados Unidos, menos de 0.3 por ciento de las pacientes de aborto tienen complicaciones que requieren hospitalización. En claro contraste, 17 por ciento de las mujeres mexicanas que recurrieron a abortos en 2006 requirieron tratamiento por complicaciones en hospitales públicos.
El mismo estudio revela que a nivel regional, Puebla se ubica dentro de los estados con la tasa de incidencia más alta de todo el país: 36 abortos por cada mil mujeres, casi el doble que en el vecino país del norte.
El documento también da a conocer que el porcentaje de mujeres que previenen la posibilidad del embarazo utilizando métodos anticonceptivos en la región centro, donde se ubica a Puebla, es apenas del 67 por ciento, lejos del 81 por ciento que se registró en el Distrito Federal, en donde además desde abril de 2007 la interrupción legal del embarazo (ILE) es una realidad.
Pocas adolescentes
Cifras de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, actualizadas al 15 febrero de este año, revelan que apenas el siete por ciento de las 54 mil 48 mujeres que se han practicado procedimientos de aborto en la Ciudad de México son menores de edad, y si bien el grueso de las solicitantes se ubican entre los 18 y los 24 años de edad con un 47 por ciento, hay un 35 por ciento de mujeres entre los 25 y los 34 que también ha optado por el procedimiento.
Lejos de lo que pudiera pensarse, la posibilidad de interrumpir legalmente el embarazo es una opción por la que optan lo mismo mujeres solteras (53 por ciento) que aquellas que llevan una vida de pareja (38 por ciento).
Puebla, la persecución
Producto del cambio de legislación en el estado, al incluirse en el 2009 la protección a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y tipificando como delito el aborto, Alejandra Gómez Sánchez llegó a la cárcel.
La madrugada del 2 de agosto de 2009, la joven de 20 años de edad fue internada en el hospital de la Cruz Roja de Puebla, sangraba entre las piernas producto de la ingesta de pastillas para abortar. Horas después la mujer perdía el producto y su libertad.
Su caso saltó de inmediato a las páginas de los diarios y a los espacios mediáticos pues era la primera detenida luego de la reforma constitucional, pero vendrían más. Para febrero de 2010, de acuerdo con datos que fueron entregados por la PGJ a una solicitud de información, se elevaba ya a 30 el número de averiguaciones previas iniciadas y a nueve el número de consignadas, es decir de mujeres detenidas y en proceso de investigación.
Una siguiente solicitud, presentada por la representación en Puebla de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), disminuía a cuatro el número de averiguaciones previas consignadas ante un juez, pero revelaba que entre las mujeres denunciadas había incluso una menor de 12 años.
“La criminalización del estado a las mujeres que optan por el embarazo ha llegado a extremos ridículos –explica en entrevista Natalí Hernández Arias, integrante de Ddeser— resulta que hay una niña de 12 años procesada por aborto cuando es evidente que ahí hubo una violación, bajo cualquier circunstancia jurídica de este país que se le vea. Incluso si se pudiera probar que hubo relaciones consentidas eso es una violación”.
“Ahí, sostiene, incluso parece que se han olvidado de los derechos de los niños y las niñas, que sí están incluidos en esta agenda legislativa pero, más grave, qué hacen los ministerios públicos y el sector salud criminalizando a una niña de 12 años”.
Una situación que podrían estar viviendo muchas mujeres, pues de acuerdo con datos del Inegi citados por la defensora de los derechos sexuales y reproductivos, cerca del 53 por ciento de las mujeres sufre algún tipo de violación sexual entre los 15 y los 39 años.
¿Salud = MP?
Las modificaciones a la ley también trajeron una nueva obligación a los médicos: la denuncia de las mujeres que atienden por abortos mal practicados, una situación que a decir de Hernández Arias podría resultar contraria a la secrecía que deben mantener los galenos en su relación con el paciente.
Caso concreto fue la denuncia del entonces subdirector de la Cruz Roja, Leónidas Cuapio Montero quien reconoció ante los medios de comunicación que fue la institución quien informó a José Ávila García, responsable del área de homicidios de la PGJ, de la situación que enfrentaba Alejandra Gómez Sánchez.
Una situación que se ha repetido en otros casos y que no parte necesariamente de un análisis clínico del caso sino de la propia confesión de la mujer atendida, “en los casos en los que nos hemos acercado ha sido a partir de que las mujeres reconocen la situación después de un proceso de estrés de angustia, dolor y presión terminan reconociendo la situación, ahora, también ha habido casos en donde se encuentran residuos de los medicamentos que luego se utilizan, y eso ya es una evidencia de lo que pasó”.
El aborto, “un tema de sociedades avanzadas”
“Es muy importante –la despenalización del aborto–, pero es un tema propio de sociedades más avanzadas. En una sociedad como la nuestra, con el nivel educativo y la pobreza que tiene, creo que las prioridades son otras”, esa fue la justificación que ofreció el 21 de marzo pasado, unos minutos después de celebrar el natalicio de Benito Juárez, el actual presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Guillermo Aréchiga Santamaría, a la ausencia del tema en la agenda legislativa común.
Una postura que le ganó críticas y cuestionamientos no sólo por activistas y mujeres que han trabajado desde diferentes trincheras la posibilidad de despenalizar más allá de las cuatro causales que ya contempla la ley actualmente: violación, malformación del producto, riesgo para la salud de la madre y descuido grave del aborto, incluso de sus propios compañeros de legislatura.
Una legislación, por cierto, que aún está sin terminar pues aún no se ha incluido en marco normativo los mecanismos para que se apliquen tres de las cuatro causales no punibles de aborto, la única que hasta el momento quedó regulada es la de la violación, esto gracias a la propuesta de reforma al Código de Defensa Social y al Código de Procedimientos Penales que presentó la ex diputada priísta Rocío García Olmedo y que fue aprobada en el último día de trabajo de la legislatura pasada.
¿Y que dice la sociedad?
Aún cuando se trata de un tema polémico, la aceptación social prácticamente se duplicó en los últimos años aunque todavía es una minoría. Una encuesta realizada por La Jornada de Oriente revela que la aprobación ciudadana al tema del aborto pasó del 11.8 por ciento en el 2003 al 20.2 para el 2010.
Pero además existe una mayor tolerancia a las decisiones de la mujer al respecto, el estudio demoscópico, realizado de acuerdo con la metodología respetando fechas de realización y tamaño proporcional de la muestra, revela que si bien en los primeros años de la década el 25 por ciento estaba de acuerdo con la decisión, para marzo de 2010 la cifra ya se había elevado al 44 por ciento.
Pero los matices revelan que en las condicionantes que la ley reconoce para la interrupción apenas hay cambios en la percepción social o incluso han dejado de ser considerados razones para ello, así el aborto en casos como la malformación física o mental del producto que en 2003 fue aprobado por el 75 por ciento de los encuestado, para 2010 la aprobación cayó al 67 por ciento.
La aprobación a la posibilidad de que el embarazo pusiera en peligro de muerte a la madre pasó en el mismo periodo del 83 al 74 por ciento. Y cuando el producto a abortar es provocado por una violación el nivel de aceptación se mantuvo prácticamente sin cambios pasando del 72 a 71 por ciento.
Cinco años de prisión si el aborto es fuera del matrimonio
El juicio moral del estado a las mujeres es tal que una agravante del aborto que eleva la pena carcelaria de uno a cinco años es el matrimonio. Si la mujer que decidiera practicarse un aborto o permitiera que otro más lo hiciera, “tuviera mala fama, o no hubiera ocultado su embarazo o este no fuera fruto del matrimonio” podría purgar una sentencia máxima de cinco años.
Sólo si las tres condicionantes anteriores se hubieran cumplido entonces la pena podría limitarse a un periodo de entre seis meses y un año (Artículo 342).
En tanto el médico, partera o responsable del aborto purgaría una condena de uno a tres años si el procedimiento se hiciera con el consentimiento de la mujer. Si no hubiese dicho consentimiento la pena pasaría a un periodo de tres a seis años, y si además se empleara “violencia física o moral, se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión” (articulo 340), en caso de tratarse de personal de salud además se les impedirá que ejerzan entre dos y cinco años su oficio o profesión.
Artículo 343
El aborto no es sancionable en los siguientes casos:
I. Cuando sea causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada;
II. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación;
III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asiste, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y
IV. Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según dictamen que previamente rendirán dos peritos médicos.
Presenta PRD iniciativa para despenalizar el aborto a nivel federal
Por Álvaro Ramírez Velasco
Propuesta análoga a la que ya opera en el DF, además plantea reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Salud
El Grupo Parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma, para despenalizar el aborto a nivel federal, siempre y cuando se realice en las primeras 12 semanas de gestación.
La nueva redacción que propone para el Artículo 330 del Código Penal federal, establece:
“La mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas de gestación. Las instituciones de salubridad públicas y privadas no podrán negarse a practicar el aborto dentro del término señalado, en caso contrario serán acreedoras a una multa de tres mil salarios mínimos vigentes”.
La propuesta, análoga a la que ya está vigente en el Distrito Federal, plantea también reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud, en materia de aborto legalizado, y fue llevado a tribuna por el diputado Nazario Norberto Sánchez.
Superado por la realidad
En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto se argumenta que México no está entre los Estados permiten el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, aunque la realidad social muestra que sí debería formar parte de ésta, porque la realidad ha superado a la ley.
Y ejemplifica: “cualquiera puede ver en los diarios los anuncios de establecimientos en los que se llevan a cabo abortos voluntarios y cualquiera sabe también que en muchos hospitales y clínicas del país se realiza la interrupción de embarazos como algo frecuente y normal”.
Explica que el hecho de que el aborto voluntario sea considerado formalmente un delito “ha encarecido los precios de su atención médica profesional y ha creado un mercado informal de servicios de aborto en lugares inadecuados y con personal de escasa capacidad”.
“A ello hay que agregar que muchas mujeres no pueden pagar siquiera los precios impuestos por quienes realizan abortos fuera de hospitales y clínicas. Esa situación provoca muchas muertes cada año y una cantidad mucho mayor de daños en la salud… Las víctimas son mujeres en situación de pobreza”.
La nueva redacción que propone para el Artículo 330 del Código Penal federal, establece:
“La mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas de gestación. Las instituciones de salubridad públicas y privadas no podrán negarse a practicar el aborto dentro del término señalado, en caso contrario serán acreedoras a una multa de tres mil salarios mínimos vigentes”.
La propuesta, análoga a la que ya está vigente en el Distrito Federal, plantea también reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud, en materia de aborto legalizado, y fue llevado a tribuna por el diputado Nazario Norberto Sánchez.
Superado por la realidad
En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto se argumenta que México no está entre los Estados permiten el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, aunque la realidad social muestra que sí debería formar parte de ésta, porque la realidad ha superado a la ley.
Y ejemplifica: “cualquiera puede ver en los diarios los anuncios de establecimientos en los que se llevan a cabo abortos voluntarios y cualquiera sabe también que en muchos hospitales y clínicas del país se realiza la interrupción de embarazos como algo frecuente y normal”.
Explica que el hecho de que el aborto voluntario sea considerado formalmente un delito “ha encarecido los precios de su atención médica profesional y ha creado un mercado informal de servicios de aborto en lugares inadecuados y con personal de escasa capacidad”.
“A ello hay que agregar que muchas mujeres no pueden pagar siquiera los precios impuestos por quienes realizan abortos fuera de hospitales y clínicas. Esa situación provoca muchas muertes cada año y una cantidad mucho mayor de daños en la salud… Las víctimas son mujeres en situación de pobreza”.
En 2011, mil 907 mujeres violentadas
La SSA atiende diariamente a 11 mujeres que son agredidas en su hogar por su pareja, patrones o extraños; algunas fallecen .
En 15 años, hasta once mujeres son atendidas diariamente en hospitales públicos, debido a lesiones ocasionadas por la violencia que viven en el hogar, a manos de sus parejas, patrones o por extraños.
En los primeros seis meses del año suman un mil 907 casos de violencia detectados por la Secretaría de Salud (SSA), cifra que significa que al mes se atienden a 317 féminas con simples moretones hasta llegar a luxaciones o fracturas.
Otras llegan, pero fallecen por registrar estallamiento de vísceras o fracturas cráneo-encefálicas generadas por alguna golpiza, por lesiones de arma punzo cortantes o de bala.
Estos homicidios provocados por la violencia de género no son registrados por la SSA sino por el Ministerio Publico que lo tipifica en el acta de defunción como homicidio careciéndose de la clasificación que permita identificar que se debió a causas de violencia doméstica.
De ahí que exista una cifra negra, que permita conocer la magnitud de la violencia de género en la entidad, y establecer con claridad cuántos casos de femicidio han ocurrido a la luz de médicos, Ministerios Públicos y familiares por desconocer del tema o no estar sensibilizados con la violencia contra las mujeres.
Michel Monterrubio Rivera, psicóloga del Hospital de la Mujer, reconoció que los prejuicios y la falta de sensibilidad de los médicos, así como de los agentes del Ministerio Público evitan que haya un verdadero combate a la violencia sexual y física que sufren las poblanas.
Lo más preocupante es que la justicia local aún no incluye en las actas de defunción que el tipo de fallecimiento fue por violencia o lesión por violencia de parte del hombre (pareja, novio, esposo, padre o padrastro).
A partir del pasado primero de febrero, con el cambio de administración gubernamental, se indicó que debido a ello se inició un agudo programa de sensibilización del personal de la SSA, tanto para denunciar como para prevenir la violencia que sufren las mujeres, que los médicos que en consulta detecten algún caso y las canalicen a especialistas o que hablen con las mujeres para alertarlas de la gravedad del problema que enfrentan.
Monterrubio Rivera reconoció que aunque se ha tenido aumento en la atención y asesoría de pacientes que sufren algún tiempo de violencia, las féminas se resisten a denunciar o terminar la relación.
“Son pocas las que denuncias. Es más no quieren hablar del tema en las terapias psicológicas. Pocas son las que llegan por iniciativa propia, de ahí la necesidad de dar apoyo para empoderarse y denunciar si es el caso”.
La funcionaria no pudo establecer el porcentaje de aquellas que denuncian luego de ser atendidas en los hospitales por la violencia sufrida. No obstante, en 2008 las autoridades de esta área informaron que se calcula que sólo 2 por ciento de la población violentada y atendida por la SSA promueve una denuncia penal.
En ese año, los casos de violencia sexual atendidos por la SSA sumaron en el primer semestre 957, siendo la población más afectada las féminas de entre 25 y 45 años de edad, detectándose un aumento en la incidencia en niñas y adolescentes.
“Desde el momento que se avisa al Ministerio Público se debe enviar a un agente de delitos sexuales para revisar a la paciente; entonces, a veces son tan cerrados que ellos ponen trabas o dudan de la versión de la víctima,suponen que la paciente miente y que en lugar de un abuso sexual la joven se fugó con el novio,” narró una estudiante de medicina adscrita al área del urgencia del Hospital General del Sur, que pidió anonimato.
Monterrubio Rivera abundó al respecto, “es una problemática que se da en general en la sociedad y que es consecuencia de la naturalización de la violencia porque se ve como algo común como si fuera lo que nos toca vivir de antemano a las mujeres. Eso es un impedimento importante, no sólo en el tema de los médico sino en general, porque se está acostumbrado incluso a invisibilizar la problemática”.
En el país se calcula que 7 de cada 10 mujeres son agredidas por su pareja; cada 24 horas, 7 mujeres son violentadas sexualmente; al año, 2 mil 159 féminas mueren a manos de su pareja, mientras que mil 439 son asesinadas por su novio.
La “Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)” realizada por Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) refiere que un promedio de 700 mil mujeres poblanas sufrieron violencia comunitaria.
Un total de 293 mil fueron agresiones por abuso sexual donde el 52 por ciento de las victimas estaban casadas o vivían en unión libre; mientras que 35 por ciento de las féminas violentadas eran solteras. En tanto 649 mil 800 padecieron o reportan intimidaciones.
El INEGI establece que la violencia comunitaria se refiere a situaciones de violencia que las mujeres de 15 y más años han padecido a lo largo de su vida como ofensas, abuso, extorsión u otras agresiones de carácter sexual en espacios públicos (calles, centros de recreación o diversión) por extraños (en su casa o en la de otras personas).
Reportaje de Milenio Puebla
9 de agosto de 2011
¡Atásquense, pederastas!
EL POZO DE LOS DESEOS REPRIMIDOS
Por Álvaro Cueva*
“El gran show de los peques” no es un programa de televisión, es una amenaza social y lo que me da miedo no es que exista sino la enorme recepción que tiene por parte del público y los anunciantes.
Esto significa que eso es lo que queremos, lo que nos gusta, lo que somos. ¿A usted no le da vergüenza? A mí, sí. Mucha.
Por si usted no tiene ni la más remota idea de lo que le estoy escribiendo, ¿qué es “El gran show de los peques”?
El nuevo programa de los domingos por la noche de XEW-TV, el que está en el lugar que alguna vez ocupó “Siempre en domingo”, el más importante, el mejor.
Es el primer derivado de “Pequeños gigantes”, una emisión donde los finalistas de aquel festival infantil están recibiendo la oportunidad de desarrollar su talento cantando, bailando, actuando y haciendo reportajes.
No me pregunte cuál es la relación entre cantar, bailar, actuar y hacer periodismo pero para los responsables de esta monstruosidad son lo mismo.
¿Por qué le digo que esto es una amenaza social si se supone que es algo más o menos como lo que ya se había hecho antes con “Chiquilladas”?
Porque aquí, a diferencia de “Chiquilladas”, se exhibe a los niños como animales de feria, porque se les obliga a decir y a hacer cosas que no entienden, y porque se abusa de su situación de pobreza, ignorancia e inocencia para hacer un espectáculo perverso.
¿A usted no se le hace perverso preguntarle a un niño de edad pre-escolar, en público, qué es una próstata, para provocar que la gente se ría?
¿A usted no se le hace sucio que un niñito se quite la camisa en un “show” de televisión para hacer movimientos cachondos y que la conductora, en lugar de pedirle que se le ponga, le diga: “¡Quítatela!”?
¿Qué va a ser de esos pequeños cuando sean adultos? ¿Qué van a sentir cuando se den cuenta de que los pusieron a hablar de “meadas”, “bubis” y “menopausias”?
¿Esto es lo que queremos hacer con nuestros menores de edad?
Ahora, no nos confundamos, “El gran show de los peques” no es como “Chiquilladas”.
Allá los niños cantaban temas infantiles y hacían unos sketches totalmente blancos que iban de los personajes de los cuentos de hadas a parodias de ciertas caricaturas y programas de televisión, pero siempre con una supervisión extrema.
¿O qué, alguna vez escuchó usted a Anahí, cuando tenía cinco años, aventarse un albur? ¿Usted se acuerda de Pituka y Petaca moviéndose como edecanes de burdel? ¿A usted le tocó escuchar a Lucerito cantando temas para adultos?
Columna tomada de Milenio Diario
8 de agosto de 2011
Lydia Cacho Plan b
La nueva ley militar
Por Lydia Cacho
Hace cuarenta años, cuando yo era niña, mi abuelo, un militar serio y respetable nos esperaba los domingos a comer en su hogar, sentado en un sillón de piel. Allí el patriarca de la familia paterna estiraba la mano para que su prole la besara al llegar. En su habitación colgaba un crucifijo con un inmenso rosario, enfrente, el sable de sus tiempos dorados en el Ejército mexicano.
Era un buen hombre. Conservador, patriota, religioso, sexista, honrado, racista, educado, obsesionado con el autocontrol y las formas; un frugal maestro de la disciplina reticente al desorden y a las expresiones de libertad. Era un patriarca que amaba a su familia. Pero era un antidemócrata perfecto. Los breves momentos en que permitía que nos dirigiéramos a él, respondían no a su interés sobre nuestra opinión, sino a la necesidad de cubrir esa cuota que todo patriarca que se precie de serlo debe otorgar a quienes, en su territorio, creen tener derecho a disentir y opinar. Pero la única costumbre que logramos cambiar fue darle el beso en la mejilla y no en la mano.
Los militares que han asesorado la creación de la Ley de Seguridad Nacional son hombres preparados, cultivados en el arte de la política, conocedores en ingeniería constitucional. No son demócratas y aunque hablan de “política de los Derechos Humanos”, consideran que el orden y el control deben anteponerse al ejercicio de esos derechos. Ellos, al lado del presidente Felipe Calderón, han propuesto una ley que les permita imponer el orden en el país como un cuarto poder (no olvidemos que ya hay 25 militares a cargo de cuerpos policíacos en el país). Buscan legalizar su incursión en la seguridad nacional de tal forma que queden por encima de autoridades civiles que consideran inútiles, corruptas y poco disciplinadas.
Ciertamente en casa muchos de ellos son padres tiernos, esposos cumplidores y abuelos conmovidos por los primeros pasos de sus nietos, pero son esencialmente antidemócratas. Conservadores patriotas que han convencido a Calderón de que el país se saldrá de “su” control si no se aprueba esta nueva Ley, que no solo se contrapone con la nueva Ley federal para la protección de los derechos humanos, además contradice a la Suprema Corte, le permite al Ejército hacer espionaje telefónico y cibernético y mantener un control legalizado de los cuerpos policíacos y autoridades civiles. Además contraviene las sentencias y recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Quienes han vivido bajo regímenes militares en Latinoamérica y han documentado cómo se construyen las dictaduras saben que no hay secretos. Ciertamente el fortalecimiento de los ejércitos lo impulsan y protegen pequeñas élites de militares, empresarios y políticos (de varios partidos) cuyo poder real y duradero radica en ser parte de la estructura del sistema que, sea como sea, les considerará necesarios para mantener la economía y cierta estabilidad legislativa en el país. Pero ¿para que querría Calderón entregarle al PRI a un país donde el ejército tenga la fuerza de un suprapoder?
Y sí, los patriarcas le dieron su cuota de escucha a Sicilia y a sus hombres. Y sí, Calderón y Manlio Fabio Beltrones le dejaron que les besara en la mejilla y les abrazara; eso es lo de menos, son sólo formas que ratifican la filosofía pacifista de un individuo, pero no tienen impacto alguno en este proceso político. Lo cierto es que no hay diálogo real porque esencialmente ni este movimiento, ni los que llevan décadas protegiendo la democracia e impulsando los derechos humanos, son considerados interlocutores reales para los patriarcas de México, esos que mientras nos escondíamos de las balas, dejaron entrar al ejército cuyos líderes se preguntan ¿y si estos inútiles no saben gobernar, por qué no lo intentamos nosotros de una vez por todas?
Habremos de cuidar en no satanizar al Ejército, ellos no proponen un golpe militar violento, sino la institucionalización estratégica de su incursión como poder activo equiparable al poder judicial. Una fuente militar cercana me confió que algunos de los más sólidos y respetables personajes de la Sedena están plenamente convencidos de que ésta es su misión. La puerta está abierta en San Lázaro, por eso frente a ella habremos de estar quienes creemos que esta Ley de Seguridad Nacional resulta verdaderamente peligrosa y no es la respuesta contra el crimen, sino contra las libertades democráticas.
www.lydiacacho.net
Por Lydia Cacho
Hace cuarenta años, cuando yo era niña, mi abuelo, un militar serio y respetable nos esperaba los domingos a comer en su hogar, sentado en un sillón de piel. Allí el patriarca de la familia paterna estiraba la mano para que su prole la besara al llegar. En su habitación colgaba un crucifijo con un inmenso rosario, enfrente, el sable de sus tiempos dorados en el Ejército mexicano.
Era un buen hombre. Conservador, patriota, religioso, sexista, honrado, racista, educado, obsesionado con el autocontrol y las formas; un frugal maestro de la disciplina reticente al desorden y a las expresiones de libertad. Era un patriarca que amaba a su familia. Pero era un antidemócrata perfecto. Los breves momentos en que permitía que nos dirigiéramos a él, respondían no a su interés sobre nuestra opinión, sino a la necesidad de cubrir esa cuota que todo patriarca que se precie de serlo debe otorgar a quienes, en su territorio, creen tener derecho a disentir y opinar. Pero la única costumbre que logramos cambiar fue darle el beso en la mejilla y no en la mano.
Los militares que han asesorado la creación de la Ley de Seguridad Nacional son hombres preparados, cultivados en el arte de la política, conocedores en ingeniería constitucional. No son demócratas y aunque hablan de “política de los Derechos Humanos”, consideran que el orden y el control deben anteponerse al ejercicio de esos derechos. Ellos, al lado del presidente Felipe Calderón, han propuesto una ley que les permita imponer el orden en el país como un cuarto poder (no olvidemos que ya hay 25 militares a cargo de cuerpos policíacos en el país). Buscan legalizar su incursión en la seguridad nacional de tal forma que queden por encima de autoridades civiles que consideran inútiles, corruptas y poco disciplinadas.
Ciertamente en casa muchos de ellos son padres tiernos, esposos cumplidores y abuelos conmovidos por los primeros pasos de sus nietos, pero son esencialmente antidemócratas. Conservadores patriotas que han convencido a Calderón de que el país se saldrá de “su” control si no se aprueba esta nueva Ley, que no solo se contrapone con la nueva Ley federal para la protección de los derechos humanos, además contradice a la Suprema Corte, le permite al Ejército hacer espionaje telefónico y cibernético y mantener un control legalizado de los cuerpos policíacos y autoridades civiles. Además contraviene las sentencias y recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Quienes han vivido bajo regímenes militares en Latinoamérica y han documentado cómo se construyen las dictaduras saben que no hay secretos. Ciertamente el fortalecimiento de los ejércitos lo impulsan y protegen pequeñas élites de militares, empresarios y políticos (de varios partidos) cuyo poder real y duradero radica en ser parte de la estructura del sistema que, sea como sea, les considerará necesarios para mantener la economía y cierta estabilidad legislativa en el país. Pero ¿para que querría Calderón entregarle al PRI a un país donde el ejército tenga la fuerza de un suprapoder?
Y sí, los patriarcas le dieron su cuota de escucha a Sicilia y a sus hombres. Y sí, Calderón y Manlio Fabio Beltrones le dejaron que les besara en la mejilla y les abrazara; eso es lo de menos, son sólo formas que ratifican la filosofía pacifista de un individuo, pero no tienen impacto alguno en este proceso político. Lo cierto es que no hay diálogo real porque esencialmente ni este movimiento, ni los que llevan décadas protegiendo la democracia e impulsando los derechos humanos, son considerados interlocutores reales para los patriarcas de México, esos que mientras nos escondíamos de las balas, dejaron entrar al ejército cuyos líderes se preguntan ¿y si estos inútiles no saben gobernar, por qué no lo intentamos nosotros de una vez por todas?
Habremos de cuidar en no satanizar al Ejército, ellos no proponen un golpe militar violento, sino la institucionalización estratégica de su incursión como poder activo equiparable al poder judicial. Una fuente militar cercana me confió que algunos de los más sólidos y respetables personajes de la Sedena están plenamente convencidos de que ésta es su misión. La puerta está abierta en San Lázaro, por eso frente a ella habremos de estar quienes creemos que esta Ley de Seguridad Nacional resulta verdaderamente peligrosa y no es la respuesta contra el crimen, sino contra las libertades democráticas.
www.lydiacacho.net
Firma Estado mexicano acuerdo de solución amistosa por caso de feminicidio
Se compromete con CIDH a esclarecer asesinato de Paloma Escobar
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 8 ago 11 (CIMAC).- El Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma, cometido en 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se comprometió, entre otras cosas, a esclarecer su asesinato y reparar el daño a su familia.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Norma Ledezma, madre de Paloma, informó que el pasado 3 de agosto las y los peticionarios ante la CIDH -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil)- firmaron este acuerdo con representantes del Gobierno del estado de Chihuahua y del Gobierno Federal.
La también directora- fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que el acuerdo se da luego de varios meses de negociación.
Recordó que el año pasado después de que la CIDH emitió las recomendaciones al gobierno de la entidad por el caso de Paloma, se llevó a cabo el proceso de cambio de gobierno, por lo que fue en diciembre cuando iniciaron las pláticas con el gobierno encabezado por César Horacio Duarte Jáquez.
Finalmente el miércoles pasado se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal y estatal se ven obligados a ejecutar (sin plazos) las distintas medidas de reparación, la cuales incluyen las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma, así como identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, una disculpa pública de parte de autoridades federales y estatales y un monumento en honor a la memoria de Paloma.
También establece la implementación de políticas publicas a favor de los derechos humanos (DH) de las mujeres de la entidad, como incluir en las universidades las materias de perspectiva de género y DH, la promoción de campañas de difusión para respetar y garantizar los DH y capacitar al personal que se encarga de investigar los casos de feminicidio entre otras, detalló Norma Ledezma.
La activista señaló que en caso de que el Estado incumpla con las recomendaciones signadas, la CIDH determinaría si el caso se remite a la Corte. Recordó que en la Comisión aun quedan dos casos pendientes, el de Silvia Arce, que desapareció en 1998 en Chihuahua y el de Minerva Teresa Torres Avendaño desaparecida en 2002.
“Tenemos estos dos casos en espera, los cuales estamos reactivando, el resultado del caso de Paloma nos alienta y nos da señales de que vamos por muy buen camino”.
EL LARGO CAMINO A LA JUSTICIA
Paloma era estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez, desapareció el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta el 29 de marzo del mismo año en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama, a unos 800 metros de la carretera. A partir del hallazgo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos.
Mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización, afirmó Justicia para Nuestras Hijas, organización fundada por la madre de Paloma.
Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2003, los peticionarios denunciaron ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado mexicano por irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma
Alegaron que la falta de investigación en el caso formaba parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez.
Denunciaron el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma, por lo que lo responsabilizaron de su muerte.
Ante tales cuestionamientos el Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el caso y afirmó que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada“.
La CIDH aceptó el caso el 14 de diciembre de 2006 y el 2 de agosto de 2010, aprobó un informe de fondo y efectuó sus recomendaciones al Estado mexicano de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De no cumplir el acuerdo signado el 3 de agosto de 2011, el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos convirtiéndose en el segundo que llega al máximo tribunal de justicia de la región por el tema de feminicidio.
11/GTR/LGL
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 8 ago 11 (CIMAC).- El Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma, cometido en 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se comprometió, entre otras cosas, a esclarecer su asesinato y reparar el daño a su familia.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Norma Ledezma, madre de Paloma, informó que el pasado 3 de agosto las y los peticionarios ante la CIDH -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil)- firmaron este acuerdo con representantes del Gobierno del estado de Chihuahua y del Gobierno Federal.
La también directora- fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que el acuerdo se da luego de varios meses de negociación.
Recordó que el año pasado después de que la CIDH emitió las recomendaciones al gobierno de la entidad por el caso de Paloma, se llevó a cabo el proceso de cambio de gobierno, por lo que fue en diciembre cuando iniciaron las pláticas con el gobierno encabezado por César Horacio Duarte Jáquez.
Finalmente el miércoles pasado se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal y estatal se ven obligados a ejecutar (sin plazos) las distintas medidas de reparación, la cuales incluyen las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma, así como identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, una disculpa pública de parte de autoridades federales y estatales y un monumento en honor a la memoria de Paloma.
También establece la implementación de políticas publicas a favor de los derechos humanos (DH) de las mujeres de la entidad, como incluir en las universidades las materias de perspectiva de género y DH, la promoción de campañas de difusión para respetar y garantizar los DH y capacitar al personal que se encarga de investigar los casos de feminicidio entre otras, detalló Norma Ledezma.
La activista señaló que en caso de que el Estado incumpla con las recomendaciones signadas, la CIDH determinaría si el caso se remite a la Corte. Recordó que en la Comisión aun quedan dos casos pendientes, el de Silvia Arce, que desapareció en 1998 en Chihuahua y el de Minerva Teresa Torres Avendaño desaparecida en 2002.
“Tenemos estos dos casos en espera, los cuales estamos reactivando, el resultado del caso de Paloma nos alienta y nos da señales de que vamos por muy buen camino”.
EL LARGO CAMINO A LA JUSTICIA
Paloma era estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez, desapareció el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta el 29 de marzo del mismo año en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama, a unos 800 metros de la carretera. A partir del hallazgo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos.
Mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización, afirmó Justicia para Nuestras Hijas, organización fundada por la madre de Paloma.
Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2003, los peticionarios denunciaron ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado mexicano por irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma
Alegaron que la falta de investigación en el caso formaba parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez.
Denunciaron el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma, por lo que lo responsabilizaron de su muerte.
Ante tales cuestionamientos el Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el caso y afirmó que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada“.
La CIDH aceptó el caso el 14 de diciembre de 2006 y el 2 de agosto de 2010, aprobó un informe de fondo y efectuó sus recomendaciones al Estado mexicano de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De no cumplir el acuerdo signado el 3 de agosto de 2011, el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos convirtiéndose en el segundo que llega al máximo tribunal de justicia de la región por el tema de feminicidio.
11/GTR/LGL
Mujeres migrantes en tránsito mas propensas a ser violentadas
Viajan de formas más riesgosas que los hombres
Por la Redacción
México DF, 5 ago 11 (CIMAC).- La mayoría de las mujeres migrantes que transitan por México rumbo a Estados Unidos lo hace de forma todavía más clandestina que los hombres, en lugar de subir al tren se transportan con traficantes que les consiguen documentos falsos para viajar en autobús, situación que las coloca en un “alto” riesgo de sufrir violencia.
Lo anterior, lo expone Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa Mujeres en Migración del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en el artículo “La violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México”, publicado en la revista Dfensor, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En el texto, Kuhner señala que las mujeres representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito a través de México. En 2010 el 14.2 por ciento de todas las detenciones en las estaciones migratorias correspondió a mujeres y en los últimos años el 23 por ciento de las personas detenidas en estas estaciones eran niñas.
En 2005 el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó 247 mil detenciones. Sin embargo, en los últimos cinco años se abrieron nuevas rutas para las personas migrantes indocumentadas, por lo que el número de detenciones se redujo a 69 mil 903 detenciones en 2010.
Alrededor del 95 por ciento de las migrantes son originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor medida de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana y Cuba.
La proporción de mujeres en los flujos migratorios que transitan por México es menor que las migrantes que radican en Estados Unidos, donde ellas representan el 50 por ciento de la población migrante, ello se debe a que las mujeres que llegan al país de destino suelen quedarse, muchas veces por razones ligadas a la maternidad.
Otro factor vinculado con el menor registro de migrantes en tránsito, tiene que ver con que las mujeres en tránsito viajan de formas todavía más clandestinas que los hombres.
La mayoría de las migrantes viajan con traficantes que les proporcionan identidades falsas para que puedan trasladarse en autobuses o por carretera con conductores de camión.
Se calcula que más de 65 por ciento de las mujeres migrantes contratan un traficante para viajar por México rumbo a Estados Unidos, estas formas de trasladarse las vuelven más vulnerables de sufrir violencia.
El hecho de que las mujeres en tránsito sufran “altos grados de violencia” puede tener un impacto importante en su salud mental, afectando su capacidad de desarrollar su vida laboral y social cuando llegue al país de destino.
Esta situación es preocupante debido a que las mujeres migran para buscar un trabajo que les permita mantenerse a sí mismas y a sus familias.
11/GCJ/LGL
Por la Redacción
México DF, 5 ago 11 (CIMAC).- La mayoría de las mujeres migrantes que transitan por México rumbo a Estados Unidos lo hace de forma todavía más clandestina que los hombres, en lugar de subir al tren se transportan con traficantes que les consiguen documentos falsos para viajar en autobús, situación que las coloca en un “alto” riesgo de sufrir violencia.
Lo anterior, lo expone Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa Mujeres en Migración del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en el artículo “La violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México”, publicado en la revista Dfensor, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En el texto, Kuhner señala que las mujeres representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito a través de México. En 2010 el 14.2 por ciento de todas las detenciones en las estaciones migratorias correspondió a mujeres y en los últimos años el 23 por ciento de las personas detenidas en estas estaciones eran niñas.
En 2005 el Instituto Nacional de Migración (INM) realizó 247 mil detenciones. Sin embargo, en los últimos cinco años se abrieron nuevas rutas para las personas migrantes indocumentadas, por lo que el número de detenciones se redujo a 69 mil 903 detenciones en 2010.
Alrededor del 95 por ciento de las migrantes son originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor medida de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana y Cuba.
La proporción de mujeres en los flujos migratorios que transitan por México es menor que las migrantes que radican en Estados Unidos, donde ellas representan el 50 por ciento de la población migrante, ello se debe a que las mujeres que llegan al país de destino suelen quedarse, muchas veces por razones ligadas a la maternidad.
Otro factor vinculado con el menor registro de migrantes en tránsito, tiene que ver con que las mujeres en tránsito viajan de formas todavía más clandestinas que los hombres.
La mayoría de las migrantes viajan con traficantes que les proporcionan identidades falsas para que puedan trasladarse en autobuses o por carretera con conductores de camión.
Se calcula que más de 65 por ciento de las mujeres migrantes contratan un traficante para viajar por México rumbo a Estados Unidos, estas formas de trasladarse las vuelven más vulnerables de sufrir violencia.
El hecho de que las mujeres en tránsito sufran “altos grados de violencia” puede tener un impacto importante en su salud mental, afectando su capacidad de desarrollar su vida laboral y social cuando llegue al país de destino.
Esta situación es preocupante debido a que las mujeres migran para buscar un trabajo que les permita mantenerse a sí mismas y a sus familias.
11/GCJ/LGL
Crimen de Natalia Gaitán: 14 años de prisión para el padrastro de su novia
Daniel Torres fue encontrado culpable por la Cámara Séptima del Crimen de la ciudad de Córdoba. La Comunidad Homosexual Argentina dijo que a la víctima "la mataron por lesbiana"
Torres estaba acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma por el crimen de Natalia Gaitán el año pasado.
Los camaristas lo hallaron culpable de matar a la joven de un escopetazo, al parecer, porque mantenía una relación amorosa con su hijastra adolescente. Es por ello que lo condenaron a 14 años de prisión, tal y como había pedido la Fiscalía. La querella, por su parte, había reclamado 18 años por tratarse de un crimen motivado por la identidad sexual de la víctima.
Para los jueces Víctor Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz, se trató de un crimen común, sin connotaciones de género por la elección sexual de ambas mujeres.
El fiscal Fernando Amoedo había dictaminado que se trató de un hecho de violencia de género y solicitó una condena de 14 años de prisión.
Pero la abogada querellante, Natalia Milisenda, reclamó 18 años de cárcel para el imputado, que a su criterio asesinó a Gaitán porque mantenía una relación lésbica con su hijastra, Dayana, según difundió la agencia de noticias DyN.
El hecho ocurrió a la tarde del 6 de marzo de 2010, frente a la casa de Torres y Dayana, ubicada en el barrio Parque Liceo 2ª Sección de la ciudad de Córdoba.
A las puertas de esa vivienda discutían a gritos "Pepa" y su amiga íntima Gabriela Cepeda con la mujer de Torres y su hija, Dayana, hasta que el hombre salió con una escopeta que le había prestado un vecino tiempo atrás y disparó a Gaitán.
A raíz de las heridas sufridas, la mujer falleció un día después en un hospital local.
Este caso fue tomado como ícono por las organizaciones que luchan por los derechos de gays, lesbianas y transexuales. Para la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), se trató de un "crimen de odio", y a Gaitán la mataron "por ser lesbiana".
"Participar de todo esto fue una tortura psicológica. Vine para cumplir con la Justicia", dijo la madre de la víctima tras la sentencia.
2 de agosto de 2011
Se debe garantizar el derecho a la lactancia materna: OPS
Ayuda a la salud de madres y recién nacidos
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- En México, durante las primeras 72 horas de vida de las y los recién nacidos, más del 56.8 por ciento de las madres deja de alimentarlos exclusivamente con leche materna, ello se debe a que muchas de las mujeres desconocen el valor nutrimental del lácteo y la forma en la que se les debe dar para su mayor aprovechamiento.
La mitad de las madres que abandonaron la lactancia materna de forma exclusiva lo hizo porque en el hospital comenzó a darle leche industrializada. Así durante el primer mes, sólo 40 por ciento de las mujeres daba lactancia materna exclusiva. Y a los seis meses la proporción se reduce a 10 por ciento, informó Gabriel Cortés Gallo, director del Programa del Seguro Médico para una Nueva Generación.
En conferencia para presentar el programa “Madres sanas para la lactancia materna”, como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra del 1 al 7 de agosto, Cortés Gallo añadió que para promover la lactancia materna es necesario “empoderar a las mujeres para que ellas tomen esta decisión”.
La lactancia materna exclusiva no ha aumentado; para revertir esa situación crearon el modelo “Yo quiero, yo puedo darte pecho, acostarte boca arriba y jugar contigo”, que consiste en dar talleres a prestadores de servicios y usuarias del sector salud, el cual de 2010 a la fecha se ha llevado a cabo en 16 entidades federativas, indicó Cortés.
Malí Ayala, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), refirió que sumado a la educación en la materia es preciso que se creen políticas públicas que les permitan a las mujeres tener tiempo para amamantar a sus hijas e hijos.
De acuerdo con la OPS, el riesgo de morir de las y los menores de un año alimentados con leche industrializada, es de tres a cinco veces mayor que quienes consumen sólo leche materna.
La leche materna exclusiva durante los primeros seis meses reduce en los bebés el riesgo de padecer desnutrición, diarreas e infecciones respiratorias, al ser la forma más eficaz para otorgar una alimentación completa, aseguró Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006, el 20 por ciento de las mujeres embarazadas de nuestro país padecen desnutrición crónica, al igual que un millón de niñas y niños que sufren el mismo mal.
La encuesta destaca que en las zonas rurales de México este problema se eleva, ya que en ese año 23 por ciento de las y los menores de cinco años padecía anemia.
Además del beneficio nutrimental para las niñas y niños, la lactancia materna tiene un impacto positivo en la salud de las mujeres, ya que disminuye el riesgo de hemorragia pos parto y reduce la posibilidad de sufrir osteoporosis, cáncer de mama y de ovario.
Al tiempo, la lactancia materna exclusiva representa un ahorro para la economía familiar, ya que el gasto en fórmulas, biberón, agua, esterilizadores y calentador puede ser de hasta cinco mil pesos mensuales, señaló Hernández. Maki Esther Ortiz, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, señaló que se desarrolla un proyecto de creación de dos bancos de leche materna heteróloga (recolección de leche para los bebés que la necesitan y cuyas madres no pueden proporcionársela).
Aún no se tienen definidas las entidades federativas que serán sede de estos centros pero pudieran ser el Instituto Nacional de Perinatología o en alguno de los estados de Zacatecas, Tabasco o San Luis Potosí.
Cabe mencionar que Tabasco es uno de los 24 estados del país donde creció el número de personas en pobreza alimentaria de forma más crítica, según el informe 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es un proyecto conjunto con el gobierno de Brasil, que aún está proceso de conocimiento del programa y su reglamentación y todavía no se tiene fecha prevista para concretarlo. Esta iniciativa deberá acompañarse de campañas que promuevan la donación de leche materna.
En la región existe una red de bancos de leche humana, de la que forman parte Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos.
11/GCJ/RMB
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- En México, durante las primeras 72 horas de vida de las y los recién nacidos, más del 56.8 por ciento de las madres deja de alimentarlos exclusivamente con leche materna, ello se debe a que muchas de las mujeres desconocen el valor nutrimental del lácteo y la forma en la que se les debe dar para su mayor aprovechamiento.
La mitad de las madres que abandonaron la lactancia materna de forma exclusiva lo hizo porque en el hospital comenzó a darle leche industrializada. Así durante el primer mes, sólo 40 por ciento de las mujeres daba lactancia materna exclusiva. Y a los seis meses la proporción se reduce a 10 por ciento, informó Gabriel Cortés Gallo, director del Programa del Seguro Médico para una Nueva Generación.
En conferencia para presentar el programa “Madres sanas para la lactancia materna”, como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra del 1 al 7 de agosto, Cortés Gallo añadió que para promover la lactancia materna es necesario “empoderar a las mujeres para que ellas tomen esta decisión”.
La lactancia materna exclusiva no ha aumentado; para revertir esa situación crearon el modelo “Yo quiero, yo puedo darte pecho, acostarte boca arriba y jugar contigo”, que consiste en dar talleres a prestadores de servicios y usuarias del sector salud, el cual de 2010 a la fecha se ha llevado a cabo en 16 entidades federativas, indicó Cortés.
Malí Ayala, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), refirió que sumado a la educación en la materia es preciso que se creen políticas públicas que les permitan a las mujeres tener tiempo para amamantar a sus hijas e hijos.
De acuerdo con la OPS, el riesgo de morir de las y los menores de un año alimentados con leche industrializada, es de tres a cinco veces mayor que quienes consumen sólo leche materna.
La leche materna exclusiva durante los primeros seis meses reduce en los bebés el riesgo de padecer desnutrición, diarreas e infecciones respiratorias, al ser la forma más eficaz para otorgar una alimentación completa, aseguró Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006, el 20 por ciento de las mujeres embarazadas de nuestro país padecen desnutrición crónica, al igual que un millón de niñas y niños que sufren el mismo mal.
La encuesta destaca que en las zonas rurales de México este problema se eleva, ya que en ese año 23 por ciento de las y los menores de cinco años padecía anemia.
Además del beneficio nutrimental para las niñas y niños, la lactancia materna tiene un impacto positivo en la salud de las mujeres, ya que disminuye el riesgo de hemorragia pos parto y reduce la posibilidad de sufrir osteoporosis, cáncer de mama y de ovario.
Al tiempo, la lactancia materna exclusiva representa un ahorro para la economía familiar, ya que el gasto en fórmulas, biberón, agua, esterilizadores y calentador puede ser de hasta cinco mil pesos mensuales, señaló Hernández. Maki Esther Ortiz, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, señaló que se desarrolla un proyecto de creación de dos bancos de leche materna heteróloga (recolección de leche para los bebés que la necesitan y cuyas madres no pueden proporcionársela).
Aún no se tienen definidas las entidades federativas que serán sede de estos centros pero pudieran ser el Instituto Nacional de Perinatología o en alguno de los estados de Zacatecas, Tabasco o San Luis Potosí.
Cabe mencionar que Tabasco es uno de los 24 estados del país donde creció el número de personas en pobreza alimentaria de forma más crítica, según el informe 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es un proyecto conjunto con el gobierno de Brasil, que aún está proceso de conocimiento del programa y su reglamentación y todavía no se tiene fecha prevista para concretarlo. Esta iniciativa deberá acompañarse de campañas que promuevan la donación de leche materna.
En la región existe una red de bancos de leche humana, de la que forman parte Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos.
11/GCJ/RMB
Falta voluntad de Estados para cooperar con CPI
Cumple 9 años de investigar crímenes de lesa humanidad
Por la Redacción
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- A nueve años de su creación, la Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido en un tribunal que prioriza la participación de las víctimas y que considera sus necesidades como un factor fundamental para garantizar justicia, la verdad y la reparación del daño.
En el número de julio de la revista “Defensor” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), abogados especialistas en justicia internacional destacan la importancia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que México ratificó en 2005.
De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Debate y ciberactivista pro Derechos Humanos (DH) de Amnistía Internacional, sección España, Almudena Pérez Vizán, en el camino de la lucha contra la impunidad las víctimas han sido las grandes olvidadas y la CPI ha sido pionera en priorizar sus derechos.
La especialista asegura que las víctimas eran las grandes sacrificadas en el plano de la justicia internacional debido a que los Estados tradicionalmente eran los únicos sujetos que cometían los crímenes y la condición de víctima se atribuía a la humanidad como un todo.
El Estatuto de Roma, que entró en vigor en julio de 2002 y que estableció la creación de la CPI, colocó a las víctimas en una nueva posición procesal ya que dejaron de ser meras espectadoras y ahora intervienen como sujetos en los procesos que realiza este tribunal, afirma Pérez Vizán.
La abogada explica que el reconocimiento de dicho estatus fue resultado de la creciente importancia del papel de las víctimas en la normatividad internacional sobre DH y el derecho internacional humanitario, y además reflejó el reconocimiento del derecho de las víctimas a una defensa judicial efectiva y a obtener reparaciones.
En este sentido el Estatuto de Roma prioriza tres ámbitos clave: la participación de las víctimas en el procedimiento; la protección de víctimas y testigos, y la reparación. No obstante, si bien es cierto que supone un avance en el reconocimiento de derechos a las víctimas, éstos sólo se enuncian.
La normatividad de la CPI establece como principio general el deber de tener en cuenta “las necesidades de todas las víctimas y testigos”, y en particular “de los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad y las víctimas de violencia sexual o de género”.
No obstante, Pérez Vizán sostiene que el principal problema sigue siendo que la CPI se ha convertido en un tribunal para enjuiciar sólo a los criminales de una determinada región del planeta.
Este tribunal que tiene jurisdicción en 91 países de la ONU, entre ellos México, investiga y sanciona crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tratos crueles, inhumanos o degradantes como violaciones o esclavitud.
INCONSISTENCIAS
Según el Estatuto de Roma, la jurisdicción de la CPI es complementaria porque puede investigar y enjuiciar a los perpetradores de los delitos si lo solicita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sólo si los tribunales nacionales carecen de la capacidad o la disposición para hacerlo por sí mismos.
A nueve años de su creación, este tribunal internacional permanente e independiente ha abierto 261 investigaciones de casos relacionados con delitos presuntamente cometidos en seis Estados africanos: Libia, Kenia, Sudán (Darfur), Uganda, República Democrática del Congo y la República Central Africana.
Sin embargo, hasta el momento en ninguno se ha dictado condena, advierte la abogada especialista en derecho internacional Graciela Zamudio, quien considera que es notoria la falta de voluntad política de los Estados para cooperar con las investigaciones de la CPI.
Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2000 México firmó el Estatuto de Roma, mismo que ratificó el 28 de octubre de 2005. No obstante al artículo 21 constitucional señala que “el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Otro obstáculo para la CPI, asegura Zamudio Campos es que interviene tanto en procesos de paz como de justicia, por lo que este tribunal debe diseñar estrategias de persecución penal que castiguen los crímenes sin poner en peligro los procesos de negociación de paz en los conflictos en activo o recientemente concluidos.
11/AGM/RMB
Por la Redacción
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- A nueve años de su creación, la Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido en un tribunal que prioriza la participación de las víctimas y que considera sus necesidades como un factor fundamental para garantizar justicia, la verdad y la reparación del daño.
En el número de julio de la revista “Defensor” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), abogados especialistas en justicia internacional destacan la importancia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que México ratificó en 2005.
De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Debate y ciberactivista pro Derechos Humanos (DH) de Amnistía Internacional, sección España, Almudena Pérez Vizán, en el camino de la lucha contra la impunidad las víctimas han sido las grandes olvidadas y la CPI ha sido pionera en priorizar sus derechos.
La especialista asegura que las víctimas eran las grandes sacrificadas en el plano de la justicia internacional debido a que los Estados tradicionalmente eran los únicos sujetos que cometían los crímenes y la condición de víctima se atribuía a la humanidad como un todo.
El Estatuto de Roma, que entró en vigor en julio de 2002 y que estableció la creación de la CPI, colocó a las víctimas en una nueva posición procesal ya que dejaron de ser meras espectadoras y ahora intervienen como sujetos en los procesos que realiza este tribunal, afirma Pérez Vizán.
La abogada explica que el reconocimiento de dicho estatus fue resultado de la creciente importancia del papel de las víctimas en la normatividad internacional sobre DH y el derecho internacional humanitario, y además reflejó el reconocimiento del derecho de las víctimas a una defensa judicial efectiva y a obtener reparaciones.
En este sentido el Estatuto de Roma prioriza tres ámbitos clave: la participación de las víctimas en el procedimiento; la protección de víctimas y testigos, y la reparación. No obstante, si bien es cierto que supone un avance en el reconocimiento de derechos a las víctimas, éstos sólo se enuncian.
La normatividad de la CPI establece como principio general el deber de tener en cuenta “las necesidades de todas las víctimas y testigos”, y en particular “de los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad y las víctimas de violencia sexual o de género”.
No obstante, Pérez Vizán sostiene que el principal problema sigue siendo que la CPI se ha convertido en un tribunal para enjuiciar sólo a los criminales de una determinada región del planeta.
Este tribunal que tiene jurisdicción en 91 países de la ONU, entre ellos México, investiga y sanciona crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tratos crueles, inhumanos o degradantes como violaciones o esclavitud.
INCONSISTENCIAS
Según el Estatuto de Roma, la jurisdicción de la CPI es complementaria porque puede investigar y enjuiciar a los perpetradores de los delitos si lo solicita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sólo si los tribunales nacionales carecen de la capacidad o la disposición para hacerlo por sí mismos.
A nueve años de su creación, este tribunal internacional permanente e independiente ha abierto 261 investigaciones de casos relacionados con delitos presuntamente cometidos en seis Estados africanos: Libia, Kenia, Sudán (Darfur), Uganda, República Democrática del Congo y la República Central Africana.
Sin embargo, hasta el momento en ninguno se ha dictado condena, advierte la abogada especialista en derecho internacional Graciela Zamudio, quien considera que es notoria la falta de voluntad política de los Estados para cooperar con las investigaciones de la CPI.
Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2000 México firmó el Estatuto de Roma, mismo que ratificó el 28 de octubre de 2005. No obstante al artículo 21 constitucional señala que “el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
Otro obstáculo para la CPI, asegura Zamudio Campos es que interviene tanto en procesos de paz como de justicia, por lo que este tribunal debe diseñar estrategias de persecución penal que castiguen los crímenes sin poner en peligro los procesos de negociación de paz en los conflictos en activo o recientemente concluidos.
11/AGM/RMB
Necesario, formar a mujeres en mediación de conflictos
Una vía a favor de la paz con visión de DH: Serapaz
Por Rosy Zertuche Paz, corresponsal
Ciudad Victoria, 2 ago 11 (CIMAC/RedTamaulipas).- La situación de violencia y la transgresión de los Derechos Humanos (DH) que se viven en el país están dando empuje a la mediación como un nuevo modelo de seguridad desde una visión humanitaria con enfoque de género, dijo Dolores González, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
En entrevista durante la clausura del Cuarto Encuentro Nacional de la Red de Mujeres Periodistas realizado en esta ciudad, la activista –quien actualmente participa en la mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal por la presentación de sus desaparecidos–, señaló que hay personas con la facilidad para propiciar formas de diálogo, formatos, tiempos y agendas, con el fin de lograr la paz.
“Hay profesionales del tema de mediación, básicamente es un nuevo modelo de seguridad desde un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género”, abundó.
Dolores González observó que en la mediación política de conflictos sociales hay en México poca participación de las mujeres, sin embargo –aclaró– es fácil encontrar su presencia en los problemas comunitarios donde el papel mediador femenino es “sobresaliente y muy respetado”.
“Casi es un papel natural, aunque al subir en la estructura (del poder) es más difícil encontrarlas; y sí podríamos decir que las mujeres tienen una sensibilidad distinta para la mediación; es un ejercicio que hacen constantemente hacia el interior de sus colectividades”, indicó la directora de Serapaz.
Destacó que ante la ola de violencia del crimen organizado y la militarización del país, la sociedad civil “afortunadamente se ha decidido por una estrategia no violenta, más bien constructiva de acuerdos”.
Sin embargo, Dolores González advirtió que no basta con tener un acuerdo formal por la paz sino que se debe reconstruir el tejido social que está muy deteriorado, lo cual tomará todavía varios años.
Serapaz surgió en 1995 en el proceso de mediación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. En ese entonces, González era coordinadora de asesores.
Quien también participó en 2006 en el diálogo entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el gobierno federal, dijo que a diferencia de México hay países como Noruega que tienen una especialidad en la mediación.
En América Latina, Colombia es el que tiene un enorme desarrollo teórico y político de los procesos de mediación y negociación, apuntó.
Dolores González señaló que en México hay un trabajo incipiente en materia educativa para la niñez sobre la mediación. Recordó que hay una propuesta pedagógica basada en la mediación escolar que procura que las y los estudiantes comprendan desde edad temprana el proceso de diálogo y negociación para resolver sus conflictos.
Indicó que hay varios espacios informales de educación para la mediación: la escuela de paz que ofrece Serapaz; el diplomado para la Paz dirigido a personal directivo del Instituto Politécnico Nacional; el diplomado de la Escuela Nacional de Derecho, y la Maestría sobre Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
11/RZ/RMB/LGL
Por Rosy Zertuche Paz, corresponsal
Ciudad Victoria, 2 ago 11 (CIMAC/RedTamaulipas).- La situación de violencia y la transgresión de los Derechos Humanos (DH) que se viven en el país están dando empuje a la mediación como un nuevo modelo de seguridad desde una visión humanitaria con enfoque de género, dijo Dolores González, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
En entrevista durante la clausura del Cuarto Encuentro Nacional de la Red de Mujeres Periodistas realizado en esta ciudad, la activista –quien actualmente participa en la mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal por la presentación de sus desaparecidos–, señaló que hay personas con la facilidad para propiciar formas de diálogo, formatos, tiempos y agendas, con el fin de lograr la paz.
“Hay profesionales del tema de mediación, básicamente es un nuevo modelo de seguridad desde un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género”, abundó.
Dolores González observó que en la mediación política de conflictos sociales hay en México poca participación de las mujeres, sin embargo –aclaró– es fácil encontrar su presencia en los problemas comunitarios donde el papel mediador femenino es “sobresaliente y muy respetado”.
“Casi es un papel natural, aunque al subir en la estructura (del poder) es más difícil encontrarlas; y sí podríamos decir que las mujeres tienen una sensibilidad distinta para la mediación; es un ejercicio que hacen constantemente hacia el interior de sus colectividades”, indicó la directora de Serapaz.
Destacó que ante la ola de violencia del crimen organizado y la militarización del país, la sociedad civil “afortunadamente se ha decidido por una estrategia no violenta, más bien constructiva de acuerdos”.
Sin embargo, Dolores González advirtió que no basta con tener un acuerdo formal por la paz sino que se debe reconstruir el tejido social que está muy deteriorado, lo cual tomará todavía varios años.
Serapaz surgió en 1995 en el proceso de mediación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. En ese entonces, González era coordinadora de asesores.
Quien también participó en 2006 en el diálogo entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el gobierno federal, dijo que a diferencia de México hay países como Noruega que tienen una especialidad en la mediación.
En América Latina, Colombia es el que tiene un enorme desarrollo teórico y político de los procesos de mediación y negociación, apuntó.
Dolores González señaló que en México hay un trabajo incipiente en materia educativa para la niñez sobre la mediación. Recordó que hay una propuesta pedagógica basada en la mediación escolar que procura que las y los estudiantes comprendan desde edad temprana el proceso de diálogo y negociación para resolver sus conflictos.
Indicó que hay varios espacios informales de educación para la mediación: la escuela de paz que ofrece Serapaz; el diplomado para la Paz dirigido a personal directivo del Instituto Politécnico Nacional; el diplomado de la Escuela Nacional de Derecho, y la Maestría sobre Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
11/RZ/RMB/LGL
Depresión en embarazadas contribuye a muerte materna: OMS
Embarazos no deseados, pobreza y violencia, entre los factores
Por la Redacción
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- Las mujeres embarazadas que padecen depresión tienen 40 por ciento más posibilidades de tener hijas e hijos con menos peso y estatura que las que cuentan con una buena salud mental, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el estudio “Atender 136 millones de partos anuales”, las mujeres tienen entre dos y tres veces más probabilidades que los hombres de padecer depresión y ansiedad, siendo las embarazadas y las madres que cuidan de lactantes o niñas y niños pequeños las más vulnerables.
La probabilidad de que mujeres embarazadas en depresión tengan hijas e hijos con menor peso y altura se dispara hasta en 57 por ciento en los países en desarrollo, precisó el organismo de Naciones Unidas.
Abundó que las altas tasas de madres deprimidas que registran las naciones pobres contribuyen en grado considerable a la morbimortalidad materna.
El llamado “parasuicidio” (pensamientos de muerte y lesiones autoinfligidas) se da hasta en el 20 por ciento de las madres del mundo en desarrollo, lo que se asocia al hecho de verse atrapadas en situaciones como embarazos no deseados (sobre todo en solteras jóvenes), desplazamientos forzosos como refugiadas o una pobreza sin remedio.
“El suicidio es la principal causa de mortalidad materna en países tan diversos como el Reino Unido y Vietnam”, detalló la OMS.
La depresión materna tiene graves consecuencias no sólo en la madre sino también en su descendencia, que padecerá problemas físicas y psicológicos, en especial las y los hijos de madres que se encuentran en situación de desventaja social.
Así, estas niñas y niños “tienen un peso significativamente más bajo al nacer, el doble de probabilidades de pesar menos de lo normal a los seis meses y el triple de medir menos de lo normal a los seis meses”.
A largo plazo esas niñas y niños tienen mayores tasas de comportamiento antisocial, hiperactividad, trastornos de la atención, y padecen con más frecuencia problemas emocionales.
La investigación se centró en los casos de 14 mil madres y sus hijas e hijos pequeños (la mayoría menores de dos años) en 11 países en desarrollo en Asia, África y Sudamérica, y explica que la depresión materna está vinculada con menos cuidados y periodos más cortos de lactancia, lo que tiene un efecto directo en el desarrollo de la infancia.
¿QUÉ DEPRIME A LAS MADRES?
La OMS enumeró que entre los factores que contribuyen a la depresión materna durante el embarazo y después del parto están un embarazo no deseado, la violencia en la pareja o intrafamiliar, no contar con ayuda en las crisis, pobreza y la adversidad social.A lo anterior se suma la falta de apoyo práctico y emocional por parte de la madre o la suegra; un apoyo social insuficiente, es decir, no estar vinculada a un grupo de personas afines, y tener pocas relaciones de confianza.
El organismo advirtió que la depresión puede tratarse a un costo asequible en los países en desarrollo con apoyo social, terapia de grupo o visitas a sus hogares. Agregó que hay estrategias terapéuticas eficaces contra la depresión, tanto psicológicas como farmacológicas, pero en los países en desarrollo apenas el 5 por ciento de las mujeres accede a ellas.
La OMS consideró de suma importancia que los programas de salud materna, neonatal e infantil reconozcan la importancia de estos problemas y ofrezcan apoyo y formación a los agentes de salud para que identifiquen, evalúen y traten a las madres con depresión.
Según la investigación, el diagnóstico y tratamiento temprano, así como la prevención de la depresión no sólo beneficiaría a las mujeres sino que podría ayudar al crecimiento de niñas y niños.
11/GTR/RMB/LGL
Por la Redacción
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- Las mujeres embarazadas que padecen depresión tienen 40 por ciento más posibilidades de tener hijas e hijos con menos peso y estatura que las que cuentan con una buena salud mental, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el estudio “Atender 136 millones de partos anuales”, las mujeres tienen entre dos y tres veces más probabilidades que los hombres de padecer depresión y ansiedad, siendo las embarazadas y las madres que cuidan de lactantes o niñas y niños pequeños las más vulnerables.
La probabilidad de que mujeres embarazadas en depresión tengan hijas e hijos con menor peso y altura se dispara hasta en 57 por ciento en los países en desarrollo, precisó el organismo de Naciones Unidas.
Abundó que las altas tasas de madres deprimidas que registran las naciones pobres contribuyen en grado considerable a la morbimortalidad materna.
El llamado “parasuicidio” (pensamientos de muerte y lesiones autoinfligidas) se da hasta en el 20 por ciento de las madres del mundo en desarrollo, lo que se asocia al hecho de verse atrapadas en situaciones como embarazos no deseados (sobre todo en solteras jóvenes), desplazamientos forzosos como refugiadas o una pobreza sin remedio.
“El suicidio es la principal causa de mortalidad materna en países tan diversos como el Reino Unido y Vietnam”, detalló la OMS.
La depresión materna tiene graves consecuencias no sólo en la madre sino también en su descendencia, que padecerá problemas físicas y psicológicos, en especial las y los hijos de madres que se encuentran en situación de desventaja social.
Así, estas niñas y niños “tienen un peso significativamente más bajo al nacer, el doble de probabilidades de pesar menos de lo normal a los seis meses y el triple de medir menos de lo normal a los seis meses”.
A largo plazo esas niñas y niños tienen mayores tasas de comportamiento antisocial, hiperactividad, trastornos de la atención, y padecen con más frecuencia problemas emocionales.
La investigación se centró en los casos de 14 mil madres y sus hijas e hijos pequeños (la mayoría menores de dos años) en 11 países en desarrollo en Asia, África y Sudamérica, y explica que la depresión materna está vinculada con menos cuidados y periodos más cortos de lactancia, lo que tiene un efecto directo en el desarrollo de la infancia.
¿QUÉ DEPRIME A LAS MADRES?
La OMS enumeró que entre los factores que contribuyen a la depresión materna durante el embarazo y después del parto están un embarazo no deseado, la violencia en la pareja o intrafamiliar, no contar con ayuda en las crisis, pobreza y la adversidad social.A lo anterior se suma la falta de apoyo práctico y emocional por parte de la madre o la suegra; un apoyo social insuficiente, es decir, no estar vinculada a un grupo de personas afines, y tener pocas relaciones de confianza.
El organismo advirtió que la depresión puede tratarse a un costo asequible en los países en desarrollo con apoyo social, terapia de grupo o visitas a sus hogares. Agregó que hay estrategias terapéuticas eficaces contra la depresión, tanto psicológicas como farmacológicas, pero en los países en desarrollo apenas el 5 por ciento de las mujeres accede a ellas.
La OMS consideró de suma importancia que los programas de salud materna, neonatal e infantil reconozcan la importancia de estos problemas y ofrezcan apoyo y formación a los agentes de salud para que identifiquen, evalúen y traten a las madres con depresión.
Según la investigación, el diagnóstico y tratamiento temprano, así como la prevención de la depresión no sólo beneficiaría a las mujeres sino que podría ayudar al crecimiento de niñas y niños.
11/GTR/RMB/LGL
Monta AI vivienda precaria frente a cancillería
“Así viven millones de mexicanas pobres”, acusa
Por la Redacción
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- Por segunda ocasión en menos de una semana, Amnistía Internacional (AI) exigió al Estado mexicano tomar medidas efectivas contra la pobreza y firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Con una protesta hoy frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), AI recordó que el Estado mexicano ha sido uno de los principales impulsores del Protocolo, sin embargo desde hace más de dos años que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lo adoptó y lo puso a disposición de los Estados para su firma, México aún no lo ha hecho.
AI llamó a la SRE a concluir el actual proceso de análisis del Protocolo y facilitar el proceso de firma de este instrumento contra la pobreza.
El Protocolo establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estas garantías puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.
Sólo ocho países de América Latina lo han firmado: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. AI considera que el hecho de que México se esté quedando atrás compromete seriamente la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza.
Lo anterior a raíz de los resultados divulgados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre medición de la pobreza 2010, los cuales arrojaron que el número de pobres pasó de 48.8 a 52 millones, la mayoría mujeres si tomamos en cuenta que representan más de la mitad de la población.
En México, de los 112 millones 336 mil 538 mexicanos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Censo de Población y Vivienda 2010, hay 57 millones 481 mil 307 mujeres.
Esta mañana activistas de AI protestaron frente a la SRE y construyeron una vivienda precaria de dimensiones reales, a fin de mostrar las condiciones a las que deben enfrentarse las personas que viven en la pobreza.
“En viviendas como esta, sin acceso a agua potable, saneamiento, luz u otros servicios básicos y en condiciones insalubres, sobreviven millones de personas sin que existan herramientas que les permitan exigir el respeto a estos derechos”, afirmó el organismo internacional en un comunicado.
Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de AI en México, afirmó que es necesario que México adopte los mecanismos que existen a nivel internacional que permitirían a estas personas exigir su derecho a condiciones de vida dignas, por lo que el Estado mexicano debe sumarse al Protocolo.
11/GTR/RMB
Por la Redacción
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- Por segunda ocasión en menos de una semana, Amnistía Internacional (AI) exigió al Estado mexicano tomar medidas efectivas contra la pobreza y firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Con una protesta hoy frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), AI recordó que el Estado mexicano ha sido uno de los principales impulsores del Protocolo, sin embargo desde hace más de dos años que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lo adoptó y lo puso a disposición de los Estados para su firma, México aún no lo ha hecho.
AI llamó a la SRE a concluir el actual proceso de análisis del Protocolo y facilitar el proceso de firma de este instrumento contra la pobreza.
El Protocolo establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estas garantías puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.
Sólo ocho países de América Latina lo han firmado: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. AI considera que el hecho de que México se esté quedando atrás compromete seriamente la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza.
Lo anterior a raíz de los resultados divulgados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre medición de la pobreza 2010, los cuales arrojaron que el número de pobres pasó de 48.8 a 52 millones, la mayoría mujeres si tomamos en cuenta que representan más de la mitad de la población.
En México, de los 112 millones 336 mil 538 mexicanos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Censo de Población y Vivienda 2010, hay 57 millones 481 mil 307 mujeres.
Esta mañana activistas de AI protestaron frente a la SRE y construyeron una vivienda precaria de dimensiones reales, a fin de mostrar las condiciones a las que deben enfrentarse las personas que viven en la pobreza.
“En viviendas como esta, sin acceso a agua potable, saneamiento, luz u otros servicios básicos y en condiciones insalubres, sobreviven millones de personas sin que existan herramientas que les permitan exigir el respeto a estos derechos”, afirmó el organismo internacional en un comunicado.
Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de AI en México, afirmó que es necesario que México adopte los mecanismos que existen a nivel internacional que permitirían a estas personas exigir su derecho a condiciones de vida dignas, por lo que el Estado mexicano debe sumarse al Protocolo.
11/GTR/RMB
Proponen que fórmulas de candidaturas sean del mismo sexo
Iniciativa para evitar que varones suplan a diputadas electas
Por Sofía Noriega, corresponsal
Saltillo, 2 ago 11 (CIMAC).- La diputada federal del PRD Mary Telma Guajardo Villarreal confió en que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre, se apruebe una iniciativa para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) con el fin de evitar que las mujeres que dejen su curul sean sustituidas por varones.
La legisladora por Coahuila explicó que la propuesta que presentó el mes pasado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se refiere a la garantía de género en materia electoral, e incorpora tres propuestas: reglas de paridad de género y alternancia entre los sexos en las listas plurinominales, así como la modificación de composición de las fórmulas de candidatos.
Cabe recordar que en febrero de 2010 al menos 13 diputadas federales pidieron licencia en el cargo y su lugar fue ocupado por sus esposos, hermanos, parientes y padrinos políticos, quienes ocupaban las suplencias.
Por ello, Guajardo Villarreal propuso la obligatoriedad en el Cofipe para que los partidos postulen fórmulas del mismo género, y segundo que se presenten alternadamente fórmulas de hombres y de mujeres en las listas de representación proporcional.
A su vez, para evitar que los varones suplan a las candidatas, si una fórmula de mujeres renuncia deberá ser sustituida por una del mismo sexo.
La legisladora detalló que las candidaturas a diputados y senadores a elegirse por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, se registrarán por fórmulas con un propietario y un suplente del mismo género.
Igualmente, de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, al menos el 40 por ciento debe ser de un mismo sexo, “procurando llegar a la paridad”, abundó.
Cabe recordar que en 2009 Mary Telma Guajardo interpuso como candidata a diputada federal un recurso de defensa ante la Comisión Nacional de Garantías del PRD, por considerar que la forma en que se realizó la lista de representación proporcional era violatoria de sus derechos político-electorales.
El PRD rechazó el recurso y Guajardo acudió entonces al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual falló a su favor y ordenó a ese partido modificar su lista plurinominal para ubicarla en el lugar número tres.
La iniciativa de la perredista fue turnada a la Comisión de Gobernación para ser dictaminada y posteriormente pasaría al pleno de la Cámara para su eventual aprobación.
11/SN/RMB
Por Sofía Noriega, corresponsal
Saltillo, 2 ago 11 (CIMAC).- La diputada federal del PRD Mary Telma Guajardo Villarreal confió en que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre, se apruebe una iniciativa para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) con el fin de evitar que las mujeres que dejen su curul sean sustituidas por varones.
La legisladora por Coahuila explicó que la propuesta que presentó el mes pasado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se refiere a la garantía de género en materia electoral, e incorpora tres propuestas: reglas de paridad de género y alternancia entre los sexos en las listas plurinominales, así como la modificación de composición de las fórmulas de candidatos.
Cabe recordar que en febrero de 2010 al menos 13 diputadas federales pidieron licencia en el cargo y su lugar fue ocupado por sus esposos, hermanos, parientes y padrinos políticos, quienes ocupaban las suplencias.
Por ello, Guajardo Villarreal propuso la obligatoriedad en el Cofipe para que los partidos postulen fórmulas del mismo género, y segundo que se presenten alternadamente fórmulas de hombres y de mujeres en las listas de representación proporcional.
A su vez, para evitar que los varones suplan a las candidatas, si una fórmula de mujeres renuncia deberá ser sustituida por una del mismo sexo.
La legisladora detalló que las candidaturas a diputados y senadores a elegirse por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, se registrarán por fórmulas con un propietario y un suplente del mismo género.
Igualmente, de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, al menos el 40 por ciento debe ser de un mismo sexo, “procurando llegar a la paridad”, abundó.
Cabe recordar que en 2009 Mary Telma Guajardo interpuso como candidata a diputada federal un recurso de defensa ante la Comisión Nacional de Garantías del PRD, por considerar que la forma en que se realizó la lista de representación proporcional era violatoria de sus derechos político-electorales.
El PRD rechazó el recurso y Guajardo acudió entonces al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual falló a su favor y ordenó a ese partido modificar su lista plurinominal para ubicarla en el lugar número tres.
La iniciativa de la perredista fue turnada a la Comisión de Gobernación para ser dictaminada y posteriormente pasaría al pleno de la Cámara para su eventual aprobación.
11/SN/RMB
Suscribirse a:
Entradas (Atom)