El reconocimiento de la autoridad de las mujeres: Los derechos sexuales y el aborto

Por Consuelo Catalá  

Madrid, España.- La relación entre sexualidad y capacidad reproductiva es uno de los ejes sobre los que se configura el proyecto vital de una mujer. De ahí la revolución que supuso para la vida de las mujeres, los métodos anticonceptivos modernos y en concreto la píldora. Pero esa opción no es igual para cada mujer. Ni siquiera para una misma mujer es igual, a lo largo de su vida.

De ahí que en esa decisión, la libertad y el reconocimiento de la autoridad de las mujeres sean condiciones básicas para que éstas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En los países con democracias avanzadas, la importancia de incluir en las políticas públicas que desarrollan los Gobiernos, aspectos relativos al ámbito privado para resolver el desequilibrio entre mujeres y hombres, tiene que ver con facilitar a la ciudadanía su desarrollo como personas, de manera que la libertad y decisión en torno a sus derechos sexuales se realice en armonía con sus convicciones personales y su proyecto de vida, y en las mejores condiciones posibles.

Los Gobiernos en estos países están obligados a aceptar las decisiones de las mujeres que solicitan el aborto, como decisiones firmes y responsables, como palabra de mujer. Y a partir de ahí, acompañar a las mujeres en esa decisión, facilitándoles el acceso a la prestación, con los medios técnicos adecuados y en condiciones óptimas de atención, seguridad y salud.

Todo el camino recorrido en las políticas de igualdad durante el siglo XX y los avances a los que asistiremos durante el siglo XXI, deben ir en la dirección al reconocimiento de la autoridad de las mujeres. La redefinición del Nuevo contrato Social entre mujeres y hombres se plantea como algo urgente y necesario. Y si, en cualquier negociación, el reconocimiento mutuo de autoridad para poder llegar a consensos, es la base de la misma, en el Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres debe cumplirse con mayor razón. El reconocimiento de la autoridad de las mujeres es la condición sine qua non para que el Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres se firme democráticamente entre iguales.

Estamos hablando de los talentos, intereses y anhelos de más de la mitad de la población; que son las mujeres, incluyendo la capacidad que poseen, aún exclusiva e intransferible, de la reproducción de la especie. Es, en ese reconocimiento de la autoridad de las mujeres, donde tienen razón de ser y existir los instrumentos de representación de las mujeres (cuotas, paridad) en los lugares de decisión. Un reconocimiento que se concreta a su vez, en cada uno de los derechos básicos, como los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, el derecho al aborto. Desde el punto de vista democrático, en el siglo XXI no es sostenible que, se reconozca como prestigiosa la labor desarrollada alrededor de las nuevas tecnologías reproductivas, tanto en el ámbito médico como social, con el significante de la selección de embriones, la congelación y manipulación de óvulos y espermatozoides, etc., y en cambio, la decisión de la mujer en torno a interrumpir su embarazo o incluso a evitar que se produzca la fecundación del mismo, siga estando bajo sospecha y por tanto tutelado. En la actualidad, cualquier mejora en la cualidad democrática debe articulase en torno a cuatro círculos básicos de relación entre las personas y la sociedad en la que viven, con sus correspondientes pactos. El primer círculo tiene que ver con la conciencia individual y por tanto es el pacto que cada una de nosotras (os) hace con una misma. El segundo círculo es el que tiene que ver con el proyecto de vida. Es el pacto con el otro/ otra. El tercer círculo, corresponde a cómo se estructura la sociedad en su conjunto, es el pacto social, en la actualidad en proceso de redefinición de un Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres. Y el cuarto círculo corresponde a la implicación de la ciudadanía en las decisiones en torno al desarrollo concreto de nuestra sociedad, es el pacto entre ciudadanía y política. Todos ellos son recorridos por la vivencia de la sexualidad, incluyendo el parto y nacimiento de los hijos e hijas, como elemento básico de la felicidad de las personas.

Después de 22 años de despenalización parcial del aborto, la educación sexual en las escuelas sigue siendo la gran ausente, los dispositivos de planificación familiar tienen el soporte del voluntarismo militante del personal que los atiende. La educación en el autoconocimiento y autoestima como elemento indispensable para querernos y amar desde la dignidad de considerarnos personas, no aparece de manera integrada en la propia educación, de ahí que debamos abordar el derecho al aborto dentro de un marco más amplio, de una Ley integral de Salud sexual y reproductiva, en consonancia con los nuevos derechos de ciudadanía.

Después de 22 años de resolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones de salud y seguridad, a través principalmente de las clínicas privadas acreditadas, solo queda pasar de la normalización social que individualmente, a costa de su salud mental, han ejercicio cada una de las 100.000 mujeres que abortan en nuestro país anualmente, y llegar al consenso político, que restituya la autoridad a las mujeres.

El avance en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ha dado un salto cualitativo en la legislatura que ahora finaliza, de ahí mi confianza absoluta en la voluntad política del Presidente Zapatero para hacer realidad ese consenso en torno a los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.

Artículo de Opinión en “Público” el 27 de enero 2008, en @-mujeres.net

Enemistad y sororidad: Hacia una nueva cultura feminista

Por Marcela Lagarde 

El feminismo constituye una cultura que, en su globalidad, es crítica de un sujeto social -las mujeres-, a la sociedad y la cultura dominantes, pero es mucho más: es afirmación intelectual, teórica y jurídica de concepciones del mundo, modificaciones de hechos, relaciones e instituciones; es aprendizaje e invención de nuevos vínculos, afectos, lenguajes y normas; se plasma en una ética y se expresa en formas de comportamiento nuevas tanto de mujeres como de hombres. Como nueva cultura, el feminismo es también movimiento político público y privado que va de la intimidad a la plaza; movimiento que se organiza, por momentos con mayor éxito, para ganar pedazos de vida social y de voluntades a su causa, y para establecer vínculos y encontrar su sitio en otros espacios de la política.

En segundo término, es preciso reconocer en la cultura feminista la diversidad de feminismos que surgen de sus distintos momentos de elaboración de acción, de sus historias y de las particularidades de las mismas mujeres que han participado en y de esta cultura vital. Definen también a los feminismos, las sociedades en que ocurren, sus formas de organización, así como la cultura política prevaleciente entre quienes la enarbolan y quienes la combaten; por cierto, el feminismo se despliega en ambientes democráticos y contribuye a crearlos.

En efecto, hoy es posible reconocer ya una cultura feminista. Es posible también distinguir en ella diversos feminismos, constituidos por las formas específicas en que se organizan el conocimiento y la sabiduría, los lenguajes, los hechos y las experiencias políticas personales y colectivas protagonizadas por las mujeres.

Nuestro feminismo se caracteriza:

a) Por ser una crítica marxista a la historia, incluso a la que han elaborado los marxistas. Y lo es, en dos sentidos: uno antinaturalista que pone en el centro el devenir de la sociedad y la cultura como creaciones sociales y analiza el surgimiento de hombres y mujeres, como productos tardíos y sofisticados en el proceso histórico. Se caracteriza este feminismo marxista, por el esfuerzo en la rehechura de la historia por las mujeres, desde su propio sitio, y devela la estadía de las mujeres en la historia misma.

b) Por ser una crítica etnológica al androcentrismo, a partir de la cual, el feminismo deviene filosofía cuyo eje recoge la diferencia (genérica, erótica, étnica, nacional, lingüística, de edad, entre otras), integra al ser mujer, y permite el análisis de sociedades y culturas genéricamente constituidas.

c) Por incorporar una crítica psicoanalítica de la cultura que considera historia sólo a la racional, a la evidente: es una concepción que devela e incorpora dimensiones psíquicas de la experiencia -como las síntesis entre lo inconsciente, lo preconsciente y la conciencia, entre lo real, lo imaginario y lo simbólico-, a la concepción de la realidad y la considera determinante en la historia.

d) A la definición clásica de lo humano, de lo cultural, por el trabajo, hemos sumado otras actividades creativas: al valor otorgado a la racionalidad, incorporamos el valor de nuestra irracionalidad; a la visión esquemática y autoritaria de la política, enfrentamos una visión de la vida toda, como política; a la separación de cuerpo y mente incorporamos la integración de dimensiones diversas en cada sujeto, que involucran el cuerpo y la mente, los afectos, las actividades intelectuales y la sexualidad erótica y procreadora: construimos sujetos multidimensionales; a la afirmación del progreso de la humanidad respondemos con la idea de la inexistencia de la humanidad debido a la enajenación de los sujetos que nos antagoniza, y a la de progreso respondemos con la demostración de que es éticamente inadecuado y teóricamente inconsistente afirmar el progreso de una humanidad que no existe, entre otros hechos, debido a la opresión patriarcal de las mujeres y a las diversas opresiones con que se combina: las opresiones de etiología clasista, étnica, nacional, religiosa, de edad, así como la no sintetizada opresión de la violencia, y las que surgen de la inminencia de la destrucción de todos por unos cuantos, o de la salvación a cambio de la obediencia.

Como estas aproximaciones a la realidad las mujeres feminizamos, de hecho, las representaciones del mundo e intentamos modificar las formas de vida. Son creaciones colectivas hechas desde el lugar que las mujeres ocupamos en el mundo y hoy son realizadas principalmente por mujeres. Sin embargo, el feminismo es un espacio abierto y se enriquece con hechos que suceden en los lugares más alejados y en los recovecos de la vida social y la cultura: los avances civiles, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los alcances cada vez mayores de difusión de la palabra, de la voz, de la imagen, la emancipación de otros grupos, todo ello es riqueza de la que nos hacemos cargo.

El feminismo es una voz, es palabra diferente que nombra, enuncia, devela, analiza y duda, son nuevos valores y códigos éticos, y es hedonismo cuyas raíces tienden a la síntesis vital de lo físico, de lo afectivo, de lo intelectual y de lo erótico. El feminismo sintetiza la experiencia histórica de un género en la que cuerpo y mente, cuerpo y afectos, razón y afectos, no están separados: las mujeres somos nuestros cuerpos y nuestra subjetividad.

El feminismo es, en esencia, política en acto. Es una crítica filosófica e ideológica a la cultura política autoritaria y al poder como dominio, y reivindica en acto el poder como derecho a existir, como afirmación de los sujetos por sí mismo.

Como concepción del mundo inacabada y desigual de las mujeres, el feminismo es subjetivo porque expresa sujetos particulares incrédulas de la verdad, del dogma, de la perfección y de la objetividad. Es un conjunto de concepciones con distintos niveles de integración que siempre está por ampliarse; su condición es el cambio. El feminismo incide y surge de las formas diferentes de ser mujer, en cada mujer.

De esta manera, el feminismo se perfila como alternativa a la cultura política porque, en contradicción con las teorías de la revolución, es una de esas revoluciones que en su permanente construcción - desconstrucción no estalla, no irrumpe: ocurre cotidianamente y en su devenir transforma a mujeres y hombres, a las instituciones, a las normas, a las relaciones; enfrenta y desacraliza los fundamentos de tabúes, así como los ritos y los mitos que hacen su representación simbólica.

Desde su parcialidad, el feminismo anticipa la necesaria visión sobre la condición masculina que aún no emerge de los hombres, en tanto género que no puede reivindicarse más como estereotipo de lo humano.


Material publicado por @-mujeres.net

Desechan dictamen que protege la vida desde la concepción

Surte efecto presión de defensoras de derechos reproductivos
 

Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 8 sep 11 (CIMAC).- Ante la presión de organizaciones civiles y la división entre las fracciones parlamentarias, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados retiró el dictamen sobre reproducción asistida que pretende defender la vida desde el momento de la concepción.
Durante la reunión plenaria que ayer se realizó en San Lázaro, los diputados decidieron no votar el dictamen colectivo que incluye siete iniciativas para reformar la Ley General de Salud, pero acordaron elaborar un nuevo dictamen antes del próximo 15 de octubre.
Previo a la discusión del dictamen, el diputado priista y secretario de la mesa directiva de la Comisión de Salud, Rodrigo Reyna, pidió que se retirara el tema del orden del día toda vez que argumentó que no se dio la reflexión suficiente ni las condiciones para aprobarlo.
Al respecto, la diputada priista María Cristina Díaz Salazar, principal promotora de la iniciativa, lamentó que se bajara el dictamen pero apoyó la propuesta. Asimismo aclaró que es mejor tener un primer marco jurídico que no tener nada. 
“Es lamentable que sigan las opiniones encontradas de expertos o académicos que toman posiciones ideológicas o religiosas. Éste es un tema científico y de salud pública”, dijo la diputada.
También criticó a aquellos que no apoyaron la iniciativa, ya que afirmó que ésta podría ser la última oportunidad para regular la reproducción asistida. “A mi me da pena y me avergüenza que haya mezquindad para no acordar un piso mínimo”, lamentó.
Lo último que dijo antes de salir de la sala y abandonar la discusión fue que estaba de acuerdo en posponer el tema: “Vamos a retirar esta iniciativa, pero se retira el dictamen, no porque estemos cayendo en la provocación de aquellos, sino porque queremos poner sobre la mesa el tema”.
Cabe recordar que en la redacción del dictamen se habla de proteger “el interés superior del menor que está por nacer”, y de acuerdo con algunas organizaciones también contiene disposiciones contrarias al avance científico y tecnológico.
Ante estas advertencias, las diputadas del PRD Leticia Quezada, y Enoé Uranga (quien no es parte de la Comisión de Salud), y el diputado Heladio Verver pidieron que el tema se siga trabajando y se analice un nuevo dictamen que contenga las opiniones de expertos.
La legisladora Leticia Quezada recordó que el pasado 13 de julio, ella y otros legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado presentaron una iniciativa en la materia, por lo cual solicitó que se tome en cuenta a la hora de elaborar una nueva propuesta.
Las diputadas del PAN Trinidad Luna Ruiz y Oralia López Hernández coincidieron en que era necesario trabajar el tema, para establecer lineamientos que no permitan que se lucre con la reproducción asistida.
Finalmente, las fracciones parlamentarias acordaron aprobar una iniciativa en esta Legislatura y se comprometieron a presentar un plan de trabajo y una nueva iniciativa antes del 15 de octubre próximo.
 
11/AGM/RMB

Marchan el domingo contra impunidad en muerte de periodistas

Misivas para exigir justicia para Marcela Yarce y Rocío Trápaga 

Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 8 sep 11 (CIMAC).- Periodistas de diversos medios de comunicación convocaron a una movilización para exigir justicia en el asesinato de las reporteras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga. 
En conferencia de prensa, representantes del gremio periodístico condenaron los crímenes contra la libertad de expresión y exigieron al procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, que realice una investigación seria.
Con la consigna de que “el peor crimen es el silencio”, los periodistas anunciaron que a las 12 del día de este domingo partirá un contingente del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación con la finalidad de que todos expresen su indignación. 
También informaron que mañana entregarán una carta a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría capitalina (PGJDF), para demandar que el asesinato de Marcela Yarce y Rocío González no quede impune.
Según información de la revista Contralínea, medio donde trabajó Yarce Viveros, ambas comunicadoras fueron asesinadas entre la noche del 31 de agosto y la mañana del 1 de septiembre en la delegación Iztapalapa, lugar donde fueron encontradas.
Al respecto, el director de Contralínea, Miguel Badillo, lamentó que a ocho días de ocurridos los crímenes no se haya determinado cuál fue el móvil, por ello pidió a la PGJDF que no descarte ninguna línea de investigación.
“Demandamos a Miguel Ángel Mancera, procurador de Justicia del DF, que mientras la investigación no se concluya se abstenga de filtrar información que no ha sido corroborada y de emitir juicios de valor sobre la moral de las víctimas”, pidieron los organizadores de la marcha.
La periodista Judith Calderón exigió que se esclarezca el doble feminicidio, que ­dijo­ manda un mensaje de terror a las mujeres y que se suma a la cifra de periodistas muertos que de 2006 a la fecha asciende a 59.
Ante las alarmantes cifras, los comunicadores reprocharon la indiferencia de las autoridades capitalinas, del Ejecutivo federal y de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión.
En tanto, la periodista Anabel Hernández, quien también ha recibido amenazas de muerte, denunció que en México a nadie le importan las y los informadores y pidió la solidaridad del gremio y de la sociedad ante una cuestión que ­alertó­ podría empeorar.
Además recordó que no se debe dejar de lado que estos crímenes se cometieron en un contexto de constantes amenazas contra la revista Contralínea: “(Yarce Viveros) no sólo era una funcionaria administrativa. Era una reportera. Lo que ocurrió fue una infamia”.
Información de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que en México entre 2010 y 2011 dos reporteras han sido asesinadas. 
Estos casos son el de Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea en Guerrero, asesinada el 28 de junio de 2010; y el de Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera del diario Notiver de Veracruz, quien fue ultimada el 26 de julio pasado.
Entre las organizaciones y medios que se sumaron a la movilización del próximo domingo están la Fundación Manuel Buendía, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y sindicatos de diversos medios.

Unas 110 mil indígenas oaxaqueñas “no existen” oficialmente

 
Carecen de acta de nacimiento y de derechos sociales 
Por Citlali López, corresponsal 
 
Oaxaca, 8 sep 11 (CIMAC).- Alrededor de 110 mil mujeres oaxaqueñas, entre niñas, adultas y adultas mayores “no existen” de manera oficial en el estado, toda vez que carecen de reconocimiento ante el Registro Civil estatal, informó la directora de esta dependencia, Aidé Reyes Soto.
Ante las instituciones de salud y educación, así como de los programas de ayuda social, estas mujeres entre los seis y 100 años de edad, son invisibles, advirtió la funcionaria.
Reyes Soto explicó que al comparar el número de nacimientos asentados en las estadísticas del Consejo Nacional de Población (Conapo) y el número de reconocimientos en el Registro Civil de Oaxaca, resultan unas 216 mil 686 personas que no cuentan con una identidad. “Están en el subregistro”, acotó. 
De ese total, apuntó, más de la mitad son mujeres: “Tienen un nombre y un apellido, una fecha de nacimiento y una ocupación, pero oficialmente no existen”. 
Las repercusiones son la falta de acceso a derechos básicos como la salud y la educación, heredar o hacer un testamento, y al momento de fallecer no contar con un acta de defunción.
“Hay gente que de verdad está sola y al momento de tener que hacer un trámite, querer acceder a un programa social, o inscribirse al Seguro Popular, no pueden accesar; ésa es la consecuencia de la falta de identidad”, detalló Reyes Soto.
El análisis realizado por el Registro Civil de Oaxaca revela que por regiones es en la Sierra Sur en donde se concentra el mayor número de subregistros, seguido por Cañada, Mixteca, Costa, Valles Centrales, Sierra Juárez, Papaloapan e Istmo. Son las zonas indígenas en donde hay más casos. Por género, son más las mujeres que están en el subregistro.
La directora del Registro Civil consideró que este último dato también refleja en gran medida la inequidad y discriminación hacia las mujeres, pues de acuerdo con el comportamiento de los registros extemporáneos, son principalmente ellas las que han vivido más tiempo sin identidad.
“Se consideraba que no era importante que las mujeres fueran a la escuela y por eso no era prioridad registrarlas y otorgarles derechos”, observó la funcionaria.
Reportó que de 2006 a 2010, el número de registros extemporáneos ha ido a la baja y en todos los años hay más mujeres mayores de seis años, sobre todo mujeres de la tercera edad, que acuden al Registro Civil.
En 2010 se realizaron 14 mil 288 registros extemporáneos, de los cuales 8 mil 602 correspondieron a mujeres y 5 mil 686 a hombres. 
Durante este año han sido registradas extemporáneamente tres mil 637 mujeres: 226 niñas, 214 jóvenes, mil 386 adultas y mil 811 de la tercera edad.
Reyes Soto indicó que el objetivo de los registros extemporáneos es dar certeza jurídica a las oaxaqueñas y oaxaqueños de seis a 100 años.
El programa de registros extemporáneos estará vigente todo el mes de septiembre y durante la primera semana de octubre de manera gratuita, de tal forma que las beneficiarias ahorrarán 985 pesos, que el costo del trámite. El acta de nacimiento se entrega a los tres meses, dijo la funcionaria.

Inequidad de género profundiza delito de trata: CATWLAC

Mañana arranca la Caravana del Sur 





Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México DF, 8 sep 11 (CIMAC).- La trata de personas, que afecta a seis de cada 10 mujeres migrantes en su paso por México hacia Estados Unidos, es un delito que crece “en medida que se profundizan las desigualdades económicas y de género”, afirmó Teresa Ulloa Ziaurriz, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
En entrevista con Cimacnoticias, la activista consideró que para frenar ese crimen el Estado mexicano debe garantizar la seguridad de las mujeres transmigrantes, es decir aquellas que vienen de otros países al nuestro con el fin de llegar al vecino del norte. 
Este viernes diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH) y víctimas de violencia, inician la llamada Caravana del Sur que recorrerá ocho estados de la República.  
La caravana sale de Cuernavaca, Morelos, y llegará a municipios de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Puebla, y algunas localidades fronterizas de Guatemala. La movilización ciudadana es para exigir el cese de la violencia contra las personas migrantes, la cual con frecuencia es ejercida por autoridades mexicanas coludidas con la delincuencia organizada. 
Según cálculos de organizaciones civiles, cada año ingresan a México 400 mil personas migrantes, la mayoría originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, por cada 10 hombres ingresan siete mujeres migrantes. 
En su camino por el país, las migrantes –además de estar expuestas al secuestro, extorsión y violencia física y sexual por parte del crimen organizado coludido con las autoridades– tienen mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas. 
De junio de 2005 a agosto de 2010, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México identificó 176 casos de trata de personas; su número aumentó a partir de 2007 y se agudizó en 2008 y 2009. 
La OIM señala que en ese tiempo asistió a víctimas de trata de personas de 13 nacionalidades, de las cuales el 63 por ciento era de Guatemala, el 14 por ciento de Honduras y cinco por ciento de México. El 18 por ciento restante era de El Salvador, Nicaragua, Sudamérica y países como Hungría, Congo, Belice y Japón. 
De los más de 170 casos, 143 eran mujeres y 33 hombres, de los cuales cerca del 40 por ciento tenía entre 13 y 17 años de edad. En la mayoría de los casos se trató de víctimas de trata laboral, seguida de la sexual, y por ambos fines. 
De acuerdo con Teresa Ulloa, la trata de personas es una grave problemática en México que aumenta “en medida de que se profundizan las desigualdades económicas y de género, así como por la falta de oportunidades en México y América Latina”. 
Para disminuir y eventualmente erradicar este delito, los gobiernos deben generar políticas públicas para fomentar el desarrollo local “para poder prevenir y no dejar a mujeres, niñas, niños y adolescentes a expensas de las redes de tratantes”. 
Además, México, como país de tránsito, debe generar condiciones de seguridad para las migrantes. A decir de la experta en el tema, todas las mujeres que viajan en situación irregular están en riesgo de ser víctimas de trata. Y recalcó que seis de cada 10 migrantes caen en “manos de la delincuencia organizada, las capturan para explotarlas sexualmente o esclavizarlas”.
El clima de violencia e impunidad que impera en el país posibilita que estos grupos, además de explotarlas sexual y laboralmente, “se las están llevando para capacitarlas como integrantes de la delincuencia, como ‘sicarias’, ‘halconas’ o ‘mulas’”.  

Asamblea elige a indígena feminista como alcaldesa en Oaxaca

Sofía Robles, integrante de Ddeser, dirigirá Tlahuitoltepec  

Por Patricia Briseño, corresponsal 
 
Oaxaca, 8 sep 11 (CIMAC).- La defensora de los derechos de las mujeres indígenas Sofía Robles Hernández, fue electa en asamblea comunitaria presidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec, en la zona mixe, por el periodo 2012-2013.
La integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), de 50 años de edad y madre de tres hijos, fue propuesta por los habitantes de esa comunidad durante el proceso de nombramientos de cargos para servir en el ayuntamiento y en autoridades comunales celebrado el pasado fin de semana. “No lo esperaba, fue una sorpresa”, comentó.
Definió al cargo de primera concejal como un servicio a la comunidad; un voto de confianza de los hombres y las mujeres indígenas mixes; un trabajo responsable y de tiempo completo”, subrayó.
La también integrante de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca y fundadora del departamento de Género y Mujeres de la organización civil Servicios del Pueblo Mixe (Ser), será la primera mujer que ocupe el cargo de edil en esta municipalidad de más de 10 mil habitantes.
A su vez, la asamblea nombró a otras tres mujeres que ocuparán las regidurías de Educación y Salud, y a la suplente de la presidenta municipal electa.
Sofía Robles es originaria de San Francisco Cajonos, en la Sierra Norte de Oaxaca, pero hace 25 años se sumó al trabajo comunitario de Tlahuitoltepec, de donde era originario y la llevó a vivir su extinto esposo. 
Dijo que en ese tiempo aprendió la lengua mixe, conoció los principios de la cosmogonía del pueblo Ayuuk Jä’Äy, asentado en la parte oriental de la Sierra Norte, y se involucró en los comités (comisiones auxiliares) asignados en asamblea.
La también defensora de los territorios se integró al Grupo de Mujeres Tlahuitoltepecanas para trabajar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres mixes, mediante un proceso organizativo propio capaz de impulsar la adopción del principio de equidad de género en los distintos ámbitos e instituciones de la comunidad.
Robles Hernández tiene formación comunitaria y universitaria, cursó la carrera de Planeación para el Desarrollo Rural en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), una institución educativa y de promoción del desarrollo con sede en Zautla, en la Sierra Norte de Puebla.
La feminista con trabajo en comunidades indígenas oaxaqueñas reconoció a Santa María Tlahuitoltepec como una población de avanzada debido a que desde hace muchos años ha reconocido la participación de la mujer en distintos ámbitos, incluyendo la administración municipal.
En otros momentos, mencionó, la asamblea comunitaria ha elegido a mujeres para ocupar la cartera de la tesorera, secretaria municipal y regidurías. 
La activista ha sido parte del Congreso Nacional Indígena, y es una de las promotoras de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca como un órgano autónomo de cohesión entre las mujeres de distintas etnias para trabajar por una agenda común.
Robles Hernández busca contribuir a alcanzar relaciones de género equitativas en distintos ámbitos comunitarios, y vincularlos con otros procesos organizativos para mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres ayuuk.
De acuerdo con la asamblea de Santa María Tlahuitoltepec, donde participaron unas 700 personas, el ayuntamiento electo tomará protesta el 1 de enero de 2012 cuando inicie el año de gestión.

En su punto más álgido, agresiones a mujeres migrantes: Imumi

Colusión de autoridades y el crimen aumenta violaciones 
Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México DF, 8 sep 11 (CIMAC).- En 10 años se agudizó la violencia contra las mujeres migrantes que cruzan México rumbo a Estados Unidos, ya que a las agresiones físicas y sexuales cometidas por autoridades se sumaron los secuestros y extorsiones de la delincuencia organizada coludida con los gobiernos locales. 
“Cuando hay tanta impunidad y poco control de los gobiernos estatales y municipales, empeora el problema de transgresión a los derechos de las personas migrantes”, dijo a Cimacnoticias Gretchen Kuhner, integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). 
Kuhner sostiene que la violencia contra las mujeres en tránsito, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente, empeoró hace poco más de 10 años, aunque el punto más crítico lo alcanzó durante la actual administración.
La agudización de la problemática se debió a varios factores, señaló. El primero es el cambio de ruta de las y los migrantes a consecuencia del daño que ocasionó en 2005 el huracán Stan a las vías de ferrocarril entre las ciudades de Tapachula y Arriaga, en Chiapas. 
La ruta que desde entonces siguen los obliga a pasar por Tabasco y Veracruz, estados con importante presencia del crimen organizado.
La problemática se vuelve más compleja porque los gobiernos estatales y municipales están coludidos con los delincuentes para secuestrar y extorsionar a las mujeres y hombres migrantes. 
“Antes la violencia física y sexual contra las mujeres en tránsito era ejercida por autoridades, civiles y traficantes. Ahora además de seguir expuestas a esas agresiones, son víctimas de secuestro, extorsión o son asesinadas”, explicó la investigadora.
Puso como ejemplo el asesinato de 14 mujeres y 58 hombres migrantes en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de septiembre de 2009 a febrero de 2010 se registraron más de 10 mil secuestros de migrantes en el país; esta cifra rebasó los 9 mil 780 registrados en el mismo semestre de 2008 a 2009. 
La CNDH advierte que mil 600 migrantes son víctimas de secuestro cada mes. No obstante, el gobierno federal puso en duda esta estadística y señaló, a principios de 2010 ante la CIDH, que en 2009 sólo recibió 15 denuncias de secuestros de migrantes.
Cuando las migrantes son secuestradas, sufren agresiones sexuales como parte de la tortura a la que son sometidas para que proporcionen a los plagiarios los datos de sus familiares en EU. 
En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz en diversas ocasiones. 
El próximo viernes diferentes asociaciones defensoras de Derechos Humanos caminarán junto a víctimas de violencia del crimen organizado o del Estado, integrados en la Caravana de la Paz o Caravana del Sur, para conmemorar la masacre de migrantes cometida en Tamaulipas hace un año. 
Además de la movilización, el lunes pasado las organizaciones entregaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) “comentarios generales” acerca de cuál debe ser el contenido del reglamento de la Ley de Migración.
“Hasta ahora no contamos con ningún compromiso por parte de la autoridad de que los tomará a consideración”, observó Kuhner.
De acuerdo con la integrante del Imumi, las organizaciones todavía no han tenido oportunidad de reunirse con las autoridades de la Segob para discutir sus observaciones, las cuales fueron hechas sin conocer el “borrador” del reglamento pues a pesar de que lo solicitaron no se los proporcionaron. 
El reglamento, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación el próximo 21 de noviembre, es la parte operativa de la Ley de Migración por lo que “es importante que se acoten temas como la realización de operativos, con base en protocolos y el respeto a los Derechos Humanos de las y los migrantes”.
El documento también debe establecer los mecanismos y procedimientos que se deben llevar a cabo para que las personas en su tránsito por México tengan acceso a servicios de salud y a la visa de tránsito que menciona la Ley de Migración, aprobada por la Cámara de Diputados en mayo pasado. 
A la par de la definición del reglamento, es urgente que se busque una “solución política” para que quienes transiten por el país lo hagan de forma segura y con acceso a servicios, como la salud, imprescindible sobre todo en el caso de mujeres que son agredidas física y sexualmente. 

Puebla, octavo lugar por muerte materno-infantil

Según el reporte estadístico del Quinto Informe de Labores del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la entidad existe una prevalencia de mortalidad para ambos sectores, por lo que las cifras de 2010 se perfilan a tener poca variación al cierre del 2011.


Por  Guadalupe Gálvez

A nivel nacional, Puebla es el octavo estado con el mayor número de casos de muertes maternas y el cuarto en fallecimiento de menores de 5 años por causas ligadas a la desnutrición.

Según el reporte estadístico del Quinto Informe de Labores del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la entidad existe una prevalencia de mortalidad para ambos sectores, por lo que las cifras de 2010 se perfilan a tener poca variación al cierre del 2011.

En el caso de mortalidad materna, el gobierno federal reportó que al cierre del año pasado ocurrieron 58.8 fallecimientos de mujeres por complicaciones antes, durante o después del parto por cada 100 mil nacimientos vivos.

En el mismo, Oaxaca y Guerrero registraron tasas de 88 y 87 por cada 100 mil nacimientos, siendo las dos más altas del país.

En el caso de Puebla, la tasa de mortalidad materna en el 2010 fue superior a la media nacional (51.3 por ciento); para el cierre de 2011, las estimaciones establecen que la mortalidad materna se reducirá en casi 9 puntos.

En cuanto mortalidad infantil, el informe destaca que la entidad registró el año pasado 12.5 fallecimientos por cada 100 mil menores de 5 años debido a desnutrición. Para 2011 se pronostica una leve reducción a 12.3 muertes.

El documento destaca que la meta sectorial es reducir 20 por ciento la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano, de septiembre de 2010 a mayo de 2011, la tasa de desnutrición disminuyó, pasando de 58 a 56 casos de desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años.

Sobre la mortalidad materna en estos municipios de bajo índice de desarrollo humano se mantiene prácticamente constante, pasando de 138.5 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos en 2009 a 138.6 en 2010.

La mortalidad infantil en los municipios de menor índice de desarrollo humano ha descendido en los últimos años. En 2006 se registraron 34.8 defunciones por cada mil nacidos vivos; para finales de 2011 se estima que esta cifra será de 28.8 descesos. Lo anterior representa una disminución de 6 muertes infantiles respecto a 2006 y de tres en relación a la cifra del año anterior (32.3 defunciones).

Para 2011, según estimaciones del CONAPO, las defunciones en menores de 5 años disminuirán 3.8 por ciento con respecto a 2010, al pasar de 32 mil 334 a 31 mil 100 muertes.

Milenio Puebla 

Asesinato de Andrea Rodríguez se perfila hacia la impunidad

Autoridades condenan crimen pero desamparan a la familia   
Por Glenda Libier Madrigal, corresponsal 
 
Colima, 5 sep 11 (CIMAC/MUPAC).- Mientras los diputados locales del estado de Colima aprobaban la tipificación del feminicidio en la entidad, el pasado 23 de agosto, Andrea Rodríguez García, adolescente de 16 años, llevaba tres días desaparecida.
El cuerpo desnudo de la joven fue encontrado el 25 de agosto. El cadáver estaba atorado en las compuertas de un canal en la popular colonia Torres Quintero, en esta ciudad capital del estado. La causa oficial de su muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento y, según las autoridades, los restos estaban en estado de descomposición porque el fallecimiento había ocurrido cinco días antes.
La integrante de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4°), en Colima, Adriana Ruiz Visfocri, explicó que en el caso de que la Procuraduría estatal de Justicia diera con el o los asesinos de Andrea, la flamante reforma legal para tipificar el feminicidio no aplicaría, toda vez que apenas se aprobó y no ha sido promulgada por el Ejecutivo estatal. 
Los diputados locales aprobaron reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado para tipificar ese delito. Definieron que comete feminicidio quien “por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer”, y estipularon una pena de 35 a 60 años de prisión.
El caso de Andrea, abundó Ruiz Viscrofi, tendrá que ser juzgado como homicidio, y si se trata de un solo autor, éste podría alcanzar una pena de entre sólo 15 y 25 años de prisión; y en caso de que fueran varios los que intervinieron en la comisión del delito, el castigo sería de entre 8 y 12 años para cada uno.
 
INDIGNACIÓN 
 
La desaparición y asesinato de Andrea Rodríguez movilizó a la sociedad civil colimense. Estudiantes de la Universidad de Colima marcharon el pasado 27 de agosto para exigir justicia y un alto a la violencia de género en el estado. Están previstas más protestas en próximo días. En tanto, en las redes sociales circulan todo tipo de manifestaciones en repudio al crimen.
El rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo López, condenó el asesinato y demandó su esclarecimiento. 
El gobernador Mario Anguiano Moreno lamentó el hecho e instruyó a la procuradora de Justicia local, Yolanda Verduzco Guzmán, para que investigue con celeridad, atienda a los padres de la menor y se castigue a los responsables.
De acuerdo con el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, del 2003 a la fecha un total de 37 mujeres han sido asesinadas en Colima, ocho de ellas en lo que va del 2011.
Según el dictamen que tipifica el feminicidio en la entidad, Colima es una de los 10 estados del país con más casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
LA JUSTICIA LOS DEJÓ SOLOS 
 
Andrea Rodríguez García cursaba el tercer semestre en el Bachillerato 2 de la Universidad de Colima, y pertenecía al equipo de atletismo Las Loras, perteneciente a la misma casa de estudios. Practicaba futbol, disciplina en la que ganó un trofeo como mejor goleadora cuando cursaba la secundaria estatal Número Uno.
 
La tarde del pasado sábado 20 de agosto, ella salió de su casa, en la colonia Torres Quintero, para ir a la cancha deportiva del lugar a ver un partido de futbol en el que jugaría un amigo suyo. La joven jamás llegó a su destino ni regresó a su casa. 
Carmen García Rodríguez y Andrés Rodríguez Ceballos, padres de Andrea, están dolidos, indignados, confundidos por lo que pasó. “No se vale lo que le hicieron, era una niña que apenas empezaba a vivir y que no se metía con nadie”, dijo Carmen entre lágrimas. “Nos arrancaron un pedazo… nos apagaron”, añadió.
“Nosotros la buscamos desde el mismo sábado”, dice Andrés, de 36 años de edad y de oficio chofer de una empresa expendedora de botanas y golosinas. La búsqueda contó con el respaldo de amigos, familiares, vecinos, maestros del Bachillerato donde estudiaba su hija, y sus entrenadores de atletismo y futbol. 
El trabajo no fue sencillo, pues en la colonia Torres Quintero abundan los lotes baldíos, la maleza y el abandono de las áreas públicas. 
“Peinamos toda la zona, en la noche y en la madrugada” del mismo día en que desapareció, agregó el padre y aclaró que al cumplirse las 24 horas de la desaparición de su hija interpusieron la denuncia correspondiente ante la Procuraduría estatal. Sin embargo, apuntó Andrés Rodríguez, nunca vieron una sola patrulla que inspeccionara la zona y eso los hizo sentirse “solos”.
Con apoyo de familiares, hicieron pública la desaparición de Andrea en los medios de comunicación locales, colocaron carteles con su foto y datos en diferentes partes de la ciudad, y los compañeros de escuela de su hija pedían informes sobre su paradero a través de las redes sociales.
“Nosotros no podíamos quedarnos en la casa. Recorrimos lugares con toda la familia y amigos. Buscamos direcciones, teléfonos, personas”, señaló Carmen, quien asegura que durante los días que Andrea estuvo en calidad de desaparecida siempre tuvo la esperanza de encontrarla viva.
“El día que encontraron su cuerpo yo fui a la tienda, y vi movimiento de patrullas y policías. En la tienda me dijeron que habían encontrado un cuerpo en el canal, y yo les dije que a mí no me anduvieran contando esas cosas”. 
Horas después se enteró que se trataba de su hija. La pareja se encargó de identificar y reclamar el cuerpo. A la identificación del cadáver sólo entró Carmen, que lo acordó así con su marido como una forma de respeto al pudor de su hija. La reconoció por un lunar que Andrea tenía en la espalda, que es igual a uno que tiene Andrés. 
Carmen tiene 36 años y es intendente en una tienda departamental de esta capital. Recuerda los 15 años de su hija el año anterior. “Se la pasó muy contenta. Ella no quería fiesta, quería una moto, pero como su papá le dijo que no porque era peligroso, y luego una amiga de ella que tenía una moto murió en un accidente que tuvo yendo a Comala, pues se le olvidó lo de la moto y aceptó que se le hiciera su fiesta”, relató. “Era muy bonita mi hija”, agregó conmovida.
Hasta el fin de semana anterior en que se realizó la entrevista, los padres de la menor de edad no contaban con mayor información de las pesquisas ni habían tenido contacto con alguna autoridad que no fuera el Ministerio Público. 
Tampoco tienen sospechas sobre quién pudo haber atacado a su hija. “Lo que exigimos es que se haga justicia y se dé con el asesino o los asesinos, sea quien sea”, reclamaron.
 
11/GLM/RMB

Más pendientes que resultados a favor de las mujeres

Con Calderón, retrocesos en seguridad, DH, salud y empleo 
Por Anayeli García Martínez, Gladis Torres Ruiz y Guadalupe Cruz Jaimes
      
En cinco años de administración, Felipe Calderón tiene más deudas que compromisos cumplidos en beneficio de las mujeres. 
A decir de investigadores, organizaciones civiles, sindicalistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), el Ejecutivo privilegió el combate al crimen organizado y relegó tareas de desarrollo social, empleo y protección a las garantías femeninas.  
El doctor en Ciencia Política José Enrique González Ruiz advierte que el calderonismo estableció “un Estado de hecho y no de Derecho”, que en cinco años de gobierno ha recrudecido las violaciones a los DH de mujeres, niñas, indígenas, periodistas y de los propios defensores y defensoras de esos derechos.  
Con Calderón al frente del Ejecutivo federal, el Estado mexicano ha sido condenado en cinco ocasiones por incurrir en graves violaciones a los DH. Entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se encuentran la de tres casos de feminicidio en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez; y por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo a manos de militares.
En 2010, organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida y la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado mexicano simula cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia.
Sobre la sentencia referente al caso Campo Algodonero, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Justicia para Nuestras Hijas no se han cansado de reiterar el incumplimiento de las autoridades respecto al castigo a los responsables del feminicidio y la reparación del daño.   
Desde el 2006 las mexicanas están más expuestas a la violencia. Según datos de la Sedena, retomadas por el Banco de Datos del Feminicidio de Isis Internacional, de diciembre de 2006 a octubre de 2009 han sido asesinadas tres mil 726 mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registra que de enero de 2009 a junio de 2010, se han perpetrado mil 728 homicidios dolosos de mujeres en sólo 18 estados de ese total, 890 casos fueron definidos como feminicidio.
La UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional han observado que el gasto público para seguridad y procuración de justicia casi se ha duplicado desde 2007. Precisan que en ese año se destinaron para ese rubro 66 mil 31 millones de pesos (mdp), mientras que para 2011 se aprobaron 115 mil 825 mdp. 
En cuanto al presupuesto destinado para el combate a la violencia de género, éste se duplicó entre 2010 y 2011, al pasar de 65 mdp a 110 mdp. Lo paradójico es que la cifra aprobada para este rubro en 2011 representa sólo el 10 por ciento del gasto total para el combate a la criminalidad. 
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, considera que en cinco años de administración de Felipe Calderón, hay un incremento sustancial de muertes violentas de mujeres, lo que atribuye a que en este sexenio no se ha entrado de fondo en el combate de este flagelo.
Calderón ha publicitado como uno de sus “grandes logros” el aumento de la afiliación al Seguro Popular (SP), pero en los hechos la atención es deficiente y no garantiza el derecho a la salud de las mexicanas, apuntan expertas.  
Hasta el pasado mes de junio el SP afilió a 46 millones de personas, 24 millones son mujeres (54.2 por ciento), reporta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia rectora de este programa de atención.
Briseida Lavielle, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, considera que a pesar del aumento en la afiliación, tras la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en 2009 la Secretaría de Salud (Ss) disminuyó hasta en 40 por ciento el recurso destinado a la atención de cada mujer usuaria de este servicio. 
“El Presidente del empleo” también le ha incumplido a las trabajadoras, aseguran sindicalistas y economistas. Y es que el 63 por ciento de los 16.9 millones de mujeres ocupadas en empleos formales carecen de servicios de salud a pesar de su actividad económica, refiere Beatriz Luján, coordinadora del Frente Auténtico del Trabajo. 
La experta explica que la falta de servicios de salud para las trabajadoras está vinculada directamente con la pérdida del derecho a la seguridad social. 
Los bajos salarios también son una constante para las mujeres: En 2010 el 46 por ciento de los 16.9 millones de empleadas ganaba entre uno y dos salarios mínimos (de 57 a 114 pesos diarios), los cuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas como la alimentación. 
A esa circunstancia se añade la brecha salarial entre mujeres y hombres, ya que en promedio ellos reciben 30 por ciento más que las mexicanas por el mismo trabajo, aun cuando ellas tienen mayor preparación, según el Inegi.  
El escenario de las mujeres en el mundo del trabajo empeora cuando están en la informalidad. En 2007 había 1.9 millones de mexicanas ocupadas en micronegocios, y en 2011 el número creció a 7.6 millones. “Hay una informalidad laboral desbordada” que se traduce en trabajadoras sin derechos, alerta la economista especializada en género Carmen Ponce.
 
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Lydia Cacho Plan b*

Detrás de cada familia…
 
Por Lydia Cacho
 
¿Alguna vez se ha preguntado cómo viven las trabajadoras del hogar de las y los legisladores y políticos mexicanos? Yo sí, y me llama la atención cómo desde quienes legislan por las prerrogativas de las y los trabajadores, hasta las familias de clase media que se quejan de lo mal que está el país, simplemente invisibilizan los derechos plenos de quienes limpian, cocinan, lavan y cuidan a niñas y niños. 
Esas mujeres que hacen posible que millones de personas ejerzan su profesión, salgan de paseo y vacaciones, son por un lado indispensables y por otro uno de los grupos sociales más opacos y minusvalorados en México.
Su nombre es Matilde. Llegó a trabajar a nuestra casa cuando yo tenía unos nueve años. Venía desde un rancho en Hidalgo y su madre y padre eran campesinos trabajadores en Pachuca. Por las mañanas iba a la escuela, por las tardes limpiaba la casa y nos cuidaba; sábado y domingo visitaba a sus padres. 
Yo estaba entrando en preparatoria cuando fuimos a la UNAM a acompañar a Matilde a su graduación como química. Nunca antes la vi tan feliz y segura de sí misma. La misma joven que limpiaba la casa aparece en la fotografía tomada del brazo de su novio con su diploma universitario en mano. Ésa es una escena que debería ser absolutamente natural en México, pero no lo es.
Resulta sorprendente que aún millones de personas crean que esclavizar a las trabajadoras del hogar, sean o no indígenas, es no sólo normal sino incluso motivo de beneplácito y presunción. Consideran que “rescatar de la pobreza” a una joven les autoriza a arrebatarle el derecho a estudiar, a tener vida social y familiar. 
Basta pensar en los millones de madres y padres que pueden trabajar fuera del hogar gracias a una empleada de confianza que hace de nana, cocinera, enfermera, telefonista y agente de limpieza. 
Cuántas familias mexicanas en sus anécdotas incluyen siempre a una mujer que les cantaba en la cocina, que les caminaba hacia la escuela, que cocinaba los platos favoritos de la infancia cuya remembranza aromática les hace pensar en el calor de hogar y una familia gozosa. 
Ellas mismas han transformado su profesión poco a poco. Candy limpia un departamento en Cancún, lleva consigo el teléfono celular. Por las tardes estudia computación e inglés y recientemente abrió una cuenta bancaria para poder, a los 25 años, comprarse su primer pequeño auto a crédito. 
Para ella ser trabajadora del hogar es un privilegio; le gusta la limpieza, lo hace muy bien y se sabe merecedora de un buen sueldo, considera de gran importancia la confianza de sus clientas y la honra con un pacto de respeto y profesionalismo. 
Candy nació en un pueblo de Yucatán y su infancia no le deparaba un destino muy promisorio. Ella, como Matilde y muchas otras trabajadoras del hogar, aseguran que no son “chachas” ni “sirvientas” sino trabajadoras o asistentes.
Marcelina Bautista es una visionaria, líder de trabajadoras del hogar domésticas, quien conformó una asociación civil denominada CACEH AC (marce_baumx@yahoo.com.mx). Ella lleva más de 10 años haciendo un increíble esfuerzo para que sean dignificados los derechos de las trabajadoras del hogar.
No lo hace desde la grilla inútil, sino desde la experiencia y el profesionalismo; reconoce la importancia de este oficio y la necesidad de replantear cómo lo vivimos y valoramos en nuestro país. 
Marcelina es una fuerza de la naturaleza que ha elaborado un programa de capacitación y asesoría legal para ellas. Gracias a su esfuerzo miles de personas han aprendido a dejar atrás el racismo, el sexismo y la sumisión que subyacen en el trabajo del hogar y le han dado el matiz imprescindible de un trabajo formal y digno que amerita no sólo reconocimiento moral, sino laboral que incluya jubilación y seguridad social. 
Para Marcelina al país se le transforma desde el hogar, con los pactos de congruencia que se hacen en el ámbito personal. Ella plantea que debemos ser capaces de entender que profesionalizar a las trabajadoras del hogar llevará a un pacto social de igualdad, pero también será un factor vital para erradicar el racismo y la explotación laboral. 
Por eso ella ha sido una actora vital para que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulse el Convenio 189 por los derechos de las trabajadoras del hogar y que el gobierno mexicano lo ratifique. 
Pero más allá de lograr un tratado formal, lo que Marcelina nos propone a todas y todos los mexicanos es mirar desde una nueva perspectiva a estas mujeres cuya fuerza laboral es un impulso vital para el país y debe ser reconocida, valorada y protegida.
 
www.lydiacacho.net @lydiacachosi
 
* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá. 
 
11/LC/RMB

Acusan eurodiputadas irresolución de caso Bety Cariño

 
Por Patricia Briseño, corresponsal
 
Oaxaca, 5 sep 11 (CIMAC).- Las diputadas del Parlamento Europeo (PE) Satu Hassi y Franziska Keller manifestaron su decepción por los mínimos avances en la investigación de los asesinatos de la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Jiry Jaakkola, durante una emboscada el 27 de abril de 2010 cerca de San Juan Copala, en la región mixteca. 
En rueda de prensa, las eurodiputadas advirtieron que no están complacidas de que a casi año y medio del doble homicidio el crimen no ha sido esclarecido y tampoco hay ningún detenido.
La diputada representante del Grupo de los Verdes de Finlandia, Satu Hassi, acusó que las evidencias no fueron resguardadas y analizadas en forma correcta en su momento, por lo que los responsables escaparon de la justicia.
Agregó que este asesinato y la impunidad que lo envuelve no es un caso aislado de lo que actualmente se vive en el resto de México.
Las legisladoras lamentaron que no se haya concretado el regreso de las mujeres triquis desplazadas de Copala, adheridas al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (Mult-I), quienes desde hace un año pernoctan en el corredor del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico de esta capital estatal.
Las eurodiputadas reconocieron que la detención de Rufino Juárez, dirigente de la Unión de Bienestar de Social de la Región Triqui (Ubisort) es un avance para la pacificación de la zona, asolada por paramilitares al parecer ligados a esa organización.
Gabrielle Küppers, asesora del Grupo de los Verdes, reconoció que delincuentes europeos trafican armas a grupos paramilitares de México, entre ellos los que existen en la región triqui de Oaxaca, y recomendó al Estado mexicano el desarme y desmantelamiento de esas bandas.
Creemos que la impunidad tiene muchas dimensiones y es importante, no sólo en Oaxaca, sino en todo el mundo desmantelar a todos los grupos paramilitares, y el primer paso es el desarme, porque donde hay armas hay crímenes y matanzas, subrayó.
Por ello destacaron la disposición del gobierno actual para llegar al fondo y a la verdad de los hechos donde fueron asesinados ambos activistas a manos de paramilitares.
La integrante del Parlamento Europeo afirmó que a diferencia del pasado, el gobierno de Gabino Cué brinda más apertura al caso, pero lo más importante es que detenga y castigue a los responsables de Bety Cariño, en ese entonces directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus); y a Jiry Jaakkola, observador de origen finlandés.
Satu Hassi recordó que en 2010 Ulises Ruiz, gobernador en turno, se negó a recibirlas por lo que sólo fue posible entrevistarse con los sobrevivientes de la caravana humanitaria.
Las legisladoras del PE dijeron que no hay un emplazamiento al gobierno mexicano para que resuelva y castigue el asesinato de ambos activistas.
A pregunta expresa informó que los resultados de esta segunda visita se la entregarán a sus colegas y al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
“Que se alcance la justicia; que se sepa quiénes son los responsables y que afronten lo que corresponda”, demandaron las eurodiputadas.
Küppers manifestó que otro tema urgente de resolver en México es la violencia en contra de las mujeres y el feminicidio.
Las diputadas del PE se reunieron este fin de semana con el gobernador Gabino Cué, los titulares de la Procuraduría y Seguridad Pública estatales, la comisionada de de los Derechos Humanos del Ejecutivo local e integrantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, además de mujeres y hombres desplazados de la comunidad de San Juan Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, región de la mixteca.

ONU condena asesinato de periodistas en DF

El Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank LaRue, pidió una investigación ágil para dar con los responsables de la muerte de Marcela Yarce y Rocío González

Redacción | El Universal

El relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, manifestó su consternación ante el asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González.

Los cuerpos de ambas periodistas se encontraron sin vida el 1 de septiembre en un paraje de Iztapalapa.

"Sobre este hecho, al igual que sobre hechos de violencia contra otros periodistas, el Relator recomienda a los Estados Unidos Mexicanos que se tomen las medidas necesarias para garantizar una investigación independiente y ágil que permita determinar los hechos y dar con el paradero de los responsables", comunicó el Relator.

"A los familiares de las víctimas de este asesinato, así como, a todos los periodistas de Méico el Relator expresa su más profundo pésame y la determinacin de acompaarlos en estos momentos de dolor y de lucha por la seguridad y la justicia", continúa su comunicado.

La Rue visitó México en agosto y recuerda en su comunicado que se entrevistó varias veces con Marcela Yarce "por el acoso y hostigamiento legal que han sufrido con el propósito de obligarlos a detener sus investigaciones".

"Estos hechos se mencionan en el informe de la Visita presentado al Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en junio del presente año".

"En dicho informe se hace ver que Contralnea ha sufrido una disminucin de la publicidad oficial, ha enfrentado demandas judiciales arbitrarias como hostigamiento judicial, y cuya tramitación podrán llevarla a la quiebra".

La Rue recuerda además el asesinato de Estos Alberto Millán, sucedido la semana pasada en Culiacán, Sinaloa.

128 niñas desaparecidas en Chihuahua desde 2008

A partir del despliegue de la Operación ConjuntaChihuahua, las desapariciones de mujeres y niñas se incrementaron en 400 por ciento respecto de los últimos 14 años en esa entidad.

Por Flor Goche

En lo que va de 2011, ya suman 92 las mujeres desaparecidas, en su mayoría menores de edad. Para la diputada Teresa Incháustegui y organizaciones no gubernamentales el hecho evidencia el fracaso del operativo. La PGR considera todo lo contrario: “La sociedad está adquiriendo más conciencia de la denuncia”, ya que hace cinco años la desaparición era un “asunto de vecindad: no tenía mayor impacto”

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Chihuahua, en 2008, año en que entró en vigor la Operación Conjunta Chihuahua –con el despliegue de 2 mil 500 efectivos federales, entre éstos 2 mil 26 militares en labores seguridad pública–, se registraron 30 reportes de extravío y/o ausencia de mujeres y niñas. Desde entonces, las desapariciones de mujeres han venido en aumento. Entre 1994 y 2007 desaparecían en promedio cuatro mujeres cada año. A partir de 2008 se presentan alrededor de 52 casos anualmente.

Según el Reporte de extravío y/o ausencia de mujeres, elaborado por la Fiscalía General de Chihuahua, de2008 a agosto de 2011, las mujeres y niñas desaparecidas suman 210: 30, en 2008; 34, en 2009; 54, en 2010; y 92, en 2011. Sólo 13 (el 6 por ciento) han sido localizadas. Conjuntamente, de 1993 a la fecha, en la entidad ninguna persona ha sido consignada por haber desaparecido a una mujer o a una niña, afirman Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, abogados de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

En lo que va de 2011 –en el que la cifra de mujeres desaparecidas es la mayor de los últimos 17 años–, han desparecido en Chihuahua alrededor de tres mujeres por semana, en su mayoría menores de edad.

Similar a lo que ocurre a nivel federal, durante este sexenio el número de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua supera el de las administraciones pasadas. En este caso, 457 por ciento. Mientras que en los mandatos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox los reportes de extravío y/o ausencia en el estado suman 47 (20 y 27 por ciento, respectivamente), el número de mujeres y niñas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón llega ya a 215.

Al ser cuestionado con respecto del incremento de desapariciones de mujeres y niñas, específicamente a partir del inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, Carlos Manuel Salas, titular de la Fiscalía General de Chihuahua, declina responder a Contralínea. A las preguntas de la reportera, formuladas luego de su comparecencia ante la Comisión Especial para atender los feminicidios en la Cámara de Diputados federal, el pasado 23 de agosto, sólo responde que Carlos González, vocero de dicha fiscalía, es el autorizado para hablar del tema. Por su parte, González reconoce que los cientos de casos de desapariciones de mujeres y niñas en la entidad “son reales, son concretas y son desapariciones en las que se está trabajando”. También se disculpa por “no poder decir más”.

Teresa del Carmen Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados, manifiesta: “Yo no quisiera dar una conclusión que imputara, por este hecho [el incremento de las desapariciones a partir dela Operación Conjunta Chihuahua], responsabilidad a estos operativos. Pero lo que sí se puede decir, sin temor a equivocarme, es que estos operativos no han servido para proveer seguridad ni para reducir el trasiego de personas, de drogas, de armas, de dinerosucio”. Además, continúa la legisladora integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, “hay evidencias, quejas, de no pocas familias que han denunciado abusos por parte de la policía federal y de los militares”.

El fenómeno de las desapariciones de mujeres en el estado se transformó luego de la puesta en marcha del programa de Operación Conjunta Chihuahua, aseguran Salas Ramírez y Peña Rodríguez, integrantes también de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Con la presencia de policías federales y militares en la calles de esta entidad, las desapariciones de mujeres, lejos de disminuir, se incrementaron en 400 por ciento.

José Antonio Pérez Bravo, coordinador general técnico de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), prefiere no “suponer la existencia de mayores hechos de esa naturaleza. Lo que observamos es que la sociedad está adquiriendo más conciencia de la denuncia”. Hace cinco años una desaparición era como “asunto de vecindad: no tenía mayor impacto”. Ahora, aunque “no sabemos bien a bien cómo está el fenómeno social en toda la República”, las desapariciones ya son atendidas por el gobierno que realiza acciones públicas de prevención”.

Para Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, las cifras de la Fiscalía General de Chihuahua no reflejan necesariamente un incremento en el número de mujeres y niñas desparecidas.

Cuando se supo que “el 60 por ciento de las mujeres habíamos vivido en alguna etapa de nuestra vida violencia, se indicó que había aumentado ésta”. No obstante, no se considera que antes de la Encuestanacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, que arroja estos resultados, no existían registros.

Lo mismo sucede con el caso de mujeres desaparecidas: a partir de noviembre de 2009, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras (“Campo Algodonero”) contra México, las autoridades mexicanas están “obligadas” a elaborar un registro de mujeres desaparecidas, expone García Gaytán. “¿Quién dice que en 1994 sólo desapareció una mujer?”, increpa la funcionaria, “nadie las registraba”.

Para Emma Saldaña Lovera, presidenta del Instituto Chihuahuense de la Mujer, lo más preocupante es la relación de éstas desapariciones con la delincuencia organizada. Entre las acciones que el gobierno estatal impulsa para combatir las desapariciones de mujeres y niñas, se encuentra la campaña “Las desapariciones en Juárez tiene que desaparecer”. A finales de septiembre se pondrá en marcha y tendrá un costo al erario de alrededor de 1 millón y medio de pesos, refiere Saldaña Lovera.

Desapariciones, vinculadas con trata de personas y feminicidios

El registro de la Fiscalía General de Chihuahua indica que en la zona Norte de Chihuahua es donde desaparecen más mujeres y niñas (128 reportes). Mientras, en la zona centro, Sur y Occidente se han registrado 87 reportes de extravío y/o ausencia durante este sexenio.

Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, quienes desde hace más de una década dan acompañamiento jurídico a familiares de desaparecidas en Chihuahua, señalan que recientemente han aumentando los casos de desapariciones en el centro de la ciudad. Una red de tratantes opera en esta zona, aseguran. Sus víctimas son principalmente niñas de entre 13 y 18 años, de escasos recursos, que salen a buscar trabajo y que son llevadas en contra de su voluntad, por desconocidos.

En enero de 2011, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa presentaron, ante la Unidad de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General de Chihuahua, la única denuncia que existe en la entidad por trata de personas.

Un mes después, Malú García Andrade, directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa tuvo que abandonar su ciudad, por las amenazas que recibía. La noche del 16 de febrero pasado, un grupo de personas, que no han sido identificadas, incendiaron su casa, el único patrimonio de la activista.

Ahora que García Andrade regresó a Chihuahua, las intimidaciones no han cesado, indican Salas Ramírez y Peña Rodríguez. Por eso, aunque conocen al menos un caso de trata de personas en el que estarían involucrados altos funcionarios de Ciudad Juárez, los abogados prefieren no dar más detalles. No obstante, afirman que en Chihuahua hay “tolerancia” e incluso “complicidad” de las autoridades con los delincuentes.

Las desapariciones de mujeres y niñas están vinculadas también con el fenómeno del feminicidio. Desde hace un par de años, para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el hecho es innegable. “Muchas de las víctimas de feminicidioantes fueron privadas de su libertad”, asegura María dela Luz Estrada Martínez, coordinadora ejecutiva de la alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres.

Por eso, los abogados de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y el OCNF exigen a las autoridades mexicanas que todos los casos de desaparición de mujeres sean atendidos como si se trataran de delitos. Puesto que la desaparición no implica por sí misma un delito, los reportes administrativos de extravío y/o ausencia que recibe la autoridad no se atienden de inmediato. Además, los encargados de los ministerios públicos tienden a suponer que la desaparecida “escapó con el novio”, lo que también resta eficacia a la búsqueda, crucial durante las 48 horas que siguen a la desaparición.

En palabras de Estrada Martínez: “La autoridad desdeña, minimiza, desvaloriza el hecho mismo”.

Reconoce que, a partir de la sentencia del caso Campo Algodonero –relativa a la “desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001–, las autoridades de Chihuahua se han visto “forzadas a generar mecanismos reales”; pero “los avances han sido mínimos”, asegura la también integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.

El micrositio de internet en el que la Fiscalía Generalde Chihuahua da a conocer la lista de mujeres desaparecidas desde 1993, no cumple con los estándares de la sentencia de la Corte Interamericanade Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de ser una “página electrónica” que permita “que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos”.

Además, el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda urgente de mujeres y menores desaparecidas, resulta ineficaz todavía, aunque que se aplica dos veces por mes y que en enero de 2010 se conformó un equipo encargado de rediseñarlo. Al respecto, el fallo de la CIDH establece la adecuación de dicho protocolo o, en su defecto, la creación de “un nuevo dispositivo análogo” que permita “implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna” y “eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que reste efectividad a la búsqueda”.

La creación de un banco nacional con la información genética de las mujeres desparecidas, de sus familiares y de los cuerpos sin vida de cualquier mujer o niña no identificada (como lo señala el resolutivo 10 de la sentencia del organismo internacional), “se encuentra en marcha”, según palabras de Carlos Manuel Salas, fiscal general de Chihuahua, pronunciadas durante su comparecencia ante diputados federales el 23 de agosto pasado.

Para tal fin, trabajan en conjunto la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación (a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y la Fiscalía Especialpara los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, bajo la coordinación de la PGR.

No obstante, hasta 2010, sólo 10 entidades (Chihuahua, Morelos, Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Durango y Baja California Sur) contaban con un banco de información genética.

A partir de 2004, con la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense a Chihuahua, hay avances. Sin embargo, hasta la fecha existen 70 cuerpos de mujeres no identificados y que no corresponden a las mujeres desaparecidas recientemente.

La dificultad ahora es contactar a los familiares de las mujeres y niñas que desaparecieron hace tiempo, para cotejar su ADN con el de las 70 osamentas encontradas, explica Salas Ramírez.

Texto de Revista Contralínea.

Día mundial de la salud sexual

Por Fernando Allier

Segùn la Organizaciòn Panamericana de la Salud(OPS) la salud sexual es un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionada con la sexualidad y el dìa de hoy 4 de septiembre se celebra por segunda vez el DIA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL, esta vez dedicada a los adolescentes, esta salud sexual se pone en evidencia en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales, que conducen al bienestar personal y social, enriqueciendo la vida individual y social.

De esto nos habla la Dra. Josefina Lira Plascencia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autonoma de Guadalajara , Jalisco, especializada en Ginecologìa y Obstetricia y en Medicina Perinatal en represantaciòn de WAS (Asociaciòn Mundial para la Salud Sexual, por sus siglas en Inglès) que en este Dìa Mundial d ela salud Sexual, explica tiene cmo tema los Derechos y Responsabilidades Compartidas, que esta segunda edición poene énfasis en El Derecho a la Toma de Decisiones Reproductivas, Libres y Responsables, es dcir tener o no tener hijos.

Señala la Dra. Lira que según el Consejo Nacional de Poblaciòn (CONAPO) el 65% de los adolescentes de este país utilizan algún método anticonceptivo, sin embargo “ el asunto que debemos de hacer notar- señala – es que no nada màs lo utilicen sino que sepan utilizarlo bien” y a esto agrega que en reciente estudio, que las chicas que acudieron a abortar voluntariamente , el 90% “SI Sabían de los mètodos anticonceptivos…” pero que no fueron asesoradas correctamnente y en esto los médicos tienen cierta responsabilidad, pues hay muchos que “tienen recelo reservas e hacer las recomendaciones pertinentes a las adolescentes…”

Sin embargo la Secretarìa de Salud ha hecho esfuerzos en dar a conocer y orientar a los y las adolescentes acerca de los métodos anticonceptivos y promover la actitud responsable acerca de la sexualidad para evitar los innumerables problemas que se pueden tener por tener hijos a muy temprana edad: “… Las mujeres que màs mueren a la hora de dar a luz, son adolescentes, en Amèrica Latina” señala la Dra Lira Plascencia además de ser frecuentes las infecciones, los niños que nacen con bajo peso y la obesidad.

Sin embargo también señaló que el maltrato y la violencia intrafamiliar tiene que ver con el apresuramiento de los embarazos en las adolescentes , pues tienen la tendencia a la actividad sexual a màss temprana edad. 

Mucha mayor información se puede obtener en http://diamundialsaludsexual.org/ para saber màs acerca de este delicado problema de salud social en nuestro país.