Por Álvaro Ramírez Velasco
Propuesta análoga a la que ya opera en el DF, además plantea reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Salud
El Grupo Parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma, para despenalizar el aborto a nivel federal, siempre y cuando se realice en las primeras 12 semanas de gestación.
La nueva redacción que propone para el Artículo 330 del Código Penal federal, establece:
“La mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas de gestación. Las instituciones de salubridad públicas y privadas no podrán negarse a practicar el aborto dentro del término señalado, en caso contrario serán acreedoras a una multa de tres mil salarios mínimos vigentes”.
La propuesta, análoga a la que ya está vigente en el Distrito Federal, plantea también reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud, en materia de aborto legalizado, y fue llevado a tribuna por el diputado Nazario Norberto Sánchez.
Superado por la realidad
En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto se argumenta que México no está entre los Estados permiten el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, aunque la realidad social muestra que sí debería formar parte de ésta, porque la realidad ha superado a la ley.
Y ejemplifica: “cualquiera puede ver en los diarios los anuncios de establecimientos en los que se llevan a cabo abortos voluntarios y cualquiera sabe también que en muchos hospitales y clínicas del país se realiza la interrupción de embarazos como algo frecuente y normal”.
Explica que el hecho de que el aborto voluntario sea considerado formalmente un delito “ha encarecido los precios de su atención médica profesional y ha creado un mercado informal de servicios de aborto en lugares inadecuados y con personal de escasa capacidad”.
“A ello hay que agregar que muchas mujeres no pueden pagar siquiera los precios impuestos por quienes realizan abortos fuera de hospitales y clínicas. Esa situación provoca muchas muertes cada año y una cantidad mucho mayor de daños en la salud… Las víctimas son mujeres en situación de pobreza”.
La nueva redacción que propone para el Artículo 330 del Código Penal federal, establece:
“La mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas de gestación. Las instituciones de salubridad públicas y privadas no podrán negarse a practicar el aborto dentro del término señalado, en caso contrario serán acreedoras a una multa de tres mil salarios mínimos vigentes”.
La propuesta, análoga a la que ya está vigente en el Distrito Federal, plantea también reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud, en materia de aborto legalizado, y fue llevado a tribuna por el diputado Nazario Norberto Sánchez.
Superado por la realidad
En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto se argumenta que México no está entre los Estados permiten el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas del embarazo, aunque la realidad social muestra que sí debería formar parte de ésta, porque la realidad ha superado a la ley.
Y ejemplifica: “cualquiera puede ver en los diarios los anuncios de establecimientos en los que se llevan a cabo abortos voluntarios y cualquiera sabe también que en muchos hospitales y clínicas del país se realiza la interrupción de embarazos como algo frecuente y normal”.
Explica que el hecho de que el aborto voluntario sea considerado formalmente un delito “ha encarecido los precios de su atención médica profesional y ha creado un mercado informal de servicios de aborto en lugares inadecuados y con personal de escasa capacidad”.
“A ello hay que agregar que muchas mujeres no pueden pagar siquiera los precios impuestos por quienes realizan abortos fuera de hospitales y clínicas. Esa situación provoca muchas muertes cada año y una cantidad mucho mayor de daños en la salud… Las víctimas son mujeres en situación de pobreza”.
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