Migrantes mexicanas en NY vencen intentos de desalojo

Narran sus experiencias en seminario “antisistémico” 

Por Patricia Chandomí, corresponsal 
 
Tuxtla Gutiérrez, 5 ene 12 (CIMAC).- Mujeres integrantes del Movimiento por Justicia del Barrio en Nueva York (NY), hicieron escuchar sus voces en el segundo seminario internacional de análisis y reflexión “Planeta Tierra: movimientos antisistémicos”, realizado en la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

A través de un video, las mujeres –entre ellas decenas de migrantes mexicanas dedicadas al empleo doméstico– dieron un mensaje de solidaridad y lucha a las y los asistentes al seminario, y narraron la historia de sus actividades.   
 
El Movimiento por Justicia del Barrio en NY fue fundado en diciembre de 2004 por 15 mujeres inmigrantes mexicanas, en su mayoría madres solteras, para protestar contra el magnate estadounidense Steve Kessner, quien las quería desalojar de cuatro edificios a fin de hacerlos más rentables y cobrar hasta 10 veces más de lo que recibía de las mexicanas.
 
Hoy ese movimiento suma más de 700 integrantes y ha ampliado su lucha en Estados Unidos contra el racismo, y a favor de los derechos de la diversidad sexual y de las personas marginadas.
 
El nivel de organización logrado por las mujeres contra los desalojos en NY abarca más de 60 edificios de esa urbe, por lo que se ha convertido en uno de los movimientos de inmigrantes más fuertes en el vecino del norte.
 
LUCHA POR LA SOBREVIVENCIA 
 
Juan Haro y Mikey Velarde, delegados del Movimiento por Justicia del Barrio, aclararon que las integrantes no pudieron viajar a México porque no tienen papeles para regresar a Estados Unidos.
 
Explicaron que la mayoría de las mujeres inmigrantes son trabajadoras del hogar, una tarea que tienen que empatar con otras actividades, como el cuidado de las hijas e hijos.
 
“Las mujeres son las más activas en la participación, liderazgo y organización, pero también viven dificultades, como el hecho de que sus esposos a veces les impidan participar en la lucha por la conquista de derechos como inmigrantes, pero ellas no se dejan intimidar, saben que si no lo hacen su futuro será peor”, señalaron Haro y Velarde.
 
“Su lucha no sólo tiene un impacto en sus vidas: sus hijos y sus hijas ven que ellas están luchando, ven a sus madres participando, protestando y las ven triunfar en sus luchas; el Movimiento logró que Kessner no nos desplazara del barrio”, destacaron los activistas.
 
“Ellas son mujeres que en sus países de origen nunca lucharon y hoy, pese a que la mayoría –más del 90 por ciento– no habla inglés, casi todas tienen un fuerte liderazgo y participación”, manifestaron.
 
En el video, las mujeres dijeron que el Movimiento por Justicia del Barrio en NY surgió por inspiración de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y actualmente forma parte de la Otra Campaña internacional.
 
12/PC/RMB/LGL

Las feministas están despertando y surgen cosas interesantes: Natalí

Por J. Leticia García Polo

Nos hace falta despertar más a las mujeres, hace falta que se apropien de su cuerpo, de sus decisiones en una palabra de su vida, son las ideas que Natalí Hernández Arias,  Coordinadora- Puebla de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, comparte con el ánimo de que muchas se sumen al movimiento feminista.

Es activista comprometida con sus causas, psicóloga de profesión,  en 2010 fue reconocida por el gobierno municipal de Puebla en el  Premio Municipal de la Juventud, en junio de este año fue la convocante en la ciudad de la Marcha de las Putas, es muy joven, se le ve llena de esperanza y acepta que ser feminista es complicado . Reconoce que el  movimiento está volviendo a salir a las calles porque estaba olvidado.

Es una mujer de su tiempo, comprometida con sus causas, tiene respuestas efectivas sobre los temas de las mujeres, es subversiva, intelectual y twitera difunde su pensamiento en las redes sociales, en las calles y ante los medios de comunicación.

Natalí habla claro y fuerte, reconoce que cada vez hay más tomando las calles y los espacios públicos para defender sus causas. Recuerda que en el año 2009, el congreso local de Puebla, aprobó una reforma para violentar los derechos reproductivos de las mujeres, esto fue cuando una mayoría priista frenó la  espenalización del aborto.

Considera que ese momento fue lo que motivo a las mujeres que sintieron la necesidad de recuperar terreno, salir y denunciar lo que estaba sucediendo y que a los ojos de muchos parece que no pasaba nada.

A partir de ahí, dice se empezó a recuperar el Movimiento Feminista Poblano, se sumaron las académicas,  se crearon colectivos y redes de mujeres, reconoce que falta mucho, pero como  que van despertando y eso es bueno.

¿Natalí  ya pasó el tiempo en que las feministas eran despreciadas o se les huía por  apestadas?

R. Sigue siendo muy difícil ser feminista. Hay una connotación negativa hacia el término, considero que es un trabajo de nosotras reivindicar qué es lo que hacemos y en dónde estamos.

Creo que en este momento las feministas están saliendo de las jóvenes que tienen muchas ganas de hacer cosas distintas, desde el arte haciendo performance  para decir cosas  y que reconocen a las feministas de siempre que vienen militando desde hace mucho tiempo en el Movimiento Feminista en Puebla. Es una suma de esfuerzos, aprendemos de ellas,  aprendemos ambas y juntas estamos haciendo cosas interesantes.

Esto lo dice Natalí con gran modestia, porque fue ella y  su convocatoria en las redes sociales  en junio pasado a la Marcha de las Putas, la que motivó a feministas que desde los partidos políticos y las legislaturas hicieron historia y la acompañaron en el Zócalo de Puebla, a la principal plaza para las   manifestaciones llegaron las exdiputadas Susana Wuotto del PRD, Carolina O’Farril  del Partido Convergencia (hoy conocido como MORENA), la Regidora del Cabildo Sandra Moltalvo del PRI, María Eugenia Ochoa ex candidata del PRD y académicas  como Elva Rivera Gómez, investigadora del tema de las mujeres, entre otras.

¿Y cómo has visto en los años recientes la presencia de las mujeres en política, se  percibe el compromiso con las de su género?

R.  Por supuesto que respaldamos la presencia de muchas mujeres en política, les damos seguimiento a lo que hacen, pero si debemos reconocer que nos hace falta mucha más representatividad porque la política también es un asunto de mujeres y de compromiso.

Hemos visto que no todas lo tienen. Ahí están las dichosas “juanitas” al referir el caso de las diputadas que llegaron con el voto a en la  Cámara de Diputados  y  luego renunciaron para dejar en el legislativo a sus compañeros de partido.

Hay otras mujeres que llegaron al poder en medio de este sistema corrupto que asfixia y presionadas terminan   reproduciendo patrones de conducta que en nada favorecen a las mujeres ¡por supuesto!

¿Entonces en dónde estamos?

Las mujeres creemos que significa un cambio desde debajo, de irnos construyendo autónomas, independientes y eso implica compromiso.

Es de reconocer que muchas han llegado y han hecho un gran papel en la política, pero muchas otras mujeres terminan olvidando lo que prometieron y a las propias mujeres.

Acusan a procuradora social de negar justicia a víctima de violencia

Como titular de Fevimtra, Sara Herrerías incurrió en negligencia
 
Por la Redacción 
 
México, DF, 12 oct 11 (CIMAC).- Como titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Sara Irene Herrerías –hoy procuradora social de Atención a Víctimas del Delito– se negó a investigar el caso de una agente de la Policía Federal (PF) agredida y amenazada de muerte por su ex pareja (un alto mando de la misma corporación), así como a brindarle medidas de protección.     
 
En un comunicado, el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), con sede en Cancún, Quintana Roo, y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), de Chihuahua, acusaron a la ahora procuradora social, Sara Irene Herrerías, de negarle protección a la suboficial de la PF en el estado de Querétaro Margarita González Carpio, luego de que en febrero y septiembre pasados fue agredida sexualmente y golpeada de manera brutal por Salvador Cruz Neri, coordinador de la PF en esa misma entidad.
 
Lydia Cacho y Lucha Castro, directoras del CIAM y del Cedehm, respectivamente, narraron que cuando Margarita González se comunicó vía telefónica con la entonces titular de Fevimtra, Sara Herrerías, la fiscal le dijo a la agente que si denunciaba la instancia declinaría la competencia al fuero común, ya que –según la funcionaria– Cruz Neri había cometido el delito “cuando no estaba en funciones”. 
 
“La ex titular de la Fevimtra y actual titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito se negó a brindarle medidas de protección (a Margarita González), a las cuales estaba obligada y corresponden a su responsabilidad y de carácter inexcusable”, de acuerdo con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el Código Penal federal, y la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH), sostuvieron las activistas.
 
Y es que la agredida le informó en su momento a la fiscal de la grave situación en la que se encuentra, toda vez que su integridad física corre peligro por las amenazas que empezó a sufrir por parte del mando policiaco luego de que decidió denunciarlo. 
 
LOS HECHOS
 
De acuerdo con la alerta emitida por las organizaciones civiles, González Carpio fue agredida sexualmente en febrero pasado por Salvador Cruz Neri. Luego el pasado 24 de septiembre, el agresor llegó al domicilio de la agente acompañado de su guardaespaldas y a bordo de un vehículo oficial, con el fin de “obligarla de nuevo a tener relaciones sexuales sin su consentimiento”. 
 
Ante la negativa de Margarita, el coordinador de la PF en Querétaro la golpeó “brutalmente con puñetazos y patadas hasta dejarla inconsciente, al mismo tiempo que la amenazaba con asesinarla”. El guardaespaldas intervino para calmar al mando federal.
 
CIAM y Cedehm aseguraron que existen tres certificados médicos y fotografías que acreditan la violencia, con fechas 25, 26 y 27 de septiembre pasado. El primer documento fue presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR), el segundo ante la Fevimtra, y el tercero ante la Procuraduría de Justicia de Querétaro.
 
Lydia Cacho y Lucha Castro detallaron que el Ministerio Público federal y el subdelegado de la PGR en Querétaro se negaron a recibir la denuncia “argumentando lazos de compañerismo con el agresor y la alta jerarquía del mismo”.
 
Según las activistas, Neri Cruz “sostiene su impunidad en presuntas relaciones de poder con gobernadores, así como encargados estatales de la PGR, procuradores de los estados y en especial señala contar con la protección del comisario Luis Cárdenas Palomino, quien es su jefe inmediato y actualmente es jefe de la División de Seguridad Regional de la PF”.
 
Las organizaciones defensoras de los DH afirmaron que la víctima, quien “permanece escondida”, pidió ayuda a la sociedad civil para denunciar el hecho a nivel nacional e internacional.  
 
Por ello, CIAM y Cedehm demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que brinde medidas cautelares urgentes a Margarita González Carpio, y expida quejas contra Sara Irene Herrerías, la PGR y la Procuraduría de Justicia de Querétaro, por su inacción ante el intento de feminicidio. 
 
Cabe destacar que organizaciones de mujeres contra la violencia de género han acusado que desde su creación en 2008, la Fevimtra ha sido inoperante e ineficaz para investigar y sancionar las agresiones contra las mexicanas.  
 
11/RMB

Plantean combatir auge del feminicidio en cumbre AL-UE

Eurodiputadas alertan por recrudecimiento de la violencia
 
Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 5 oct 11 (CIMAC).- Ante la gravedad del feminicidio en México y América Central, eurodiputadas y eurodiputados buscarán incluir el tema en la agenda de la VII Cumbre entre América Latina (AL) y el Caribe y la Unión Europea (UE), la cual reunirá a 60 jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones, en Santiago de Chile en junio de 2012.
 
Durante la reunión del Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Subcomisión de Derechos Humanos (DH) del Parlamento Europeo (PE) sobre el feminicidio en la región, realizada ayer, la presidenta de la subcomisión de DH, Hélène Flautre, afirmó que este problema no es simplemente una cuestión más de DH. 
 
Cimacnoticias dio seguimiento de la sesión que se transmitió en el sitio web del PE.
 
En el encuentro, Flautre abundó que el feminicidio es un problema grave que después de darse a conocer hace más de 11 años en México se ha extendido por toda la región, por lo que es urgente apoyar la lucha contra estos crímenes y establecer lazos de colaboración contra el flagelo.
 
Ante representantes de las embajadas de El Salvador, México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y Cuba, así como integrantes de organizaciones civiles, la eurodiputada señaló que la presencia de los diplomáticos en la reunión de ayer subraya la gravedad de estos crímenes.
 
En su intervención, el eurodiputado español Raül Romeva i Rueda, del Grupo de los Verdes, refirió que a pesar de que el feminicidio es un problema global cada realidad tiene su especificidades y requiere de instrumentos propios.
 
Llamó a sus compañeras y compañeros del PE para que usen sus relaciones bilaterales, para discutir de manera conjunta las medidas de resolución y de qué manera se puede avanzar para que se implementen. “Si bien no podemos hacer las leyes de otros países, sí podemos hacer uso de nuestras relaciones”, apuntó.
 
Romeva i Rueda recordó que este es el cuarto año consecutivo que se realiza esta reunión: “La primera fue en 2006 con sólo dos diputados. Hoy dos comisiones del Parlamento tratan el tema, lo que significa que ha habido una evolución dentro del PE; sin embargo el problema persiste”, lamentó.
 
Durante la discusión realizada en Bruselas, Bélgica, las y los legisladores coincidieron en que el feminicidio persiste ante la nula aplicación de la ley, por lo que consideraron que es en la educación y la aplicación de las normas contra la violencia de género donde se tienen que centrar las prioridades y se tiene que poner mayor énfasis.
 
Tras escuchar a las y los representantes de ambas comisiones, así como expertas y expertos, la presidenta de la subcomisión de DH, Hélène Flautre, señaló que se debe poner atención a la asistencia a las víctimas y hablar de la impunidad y los responsables. Precisó que también las y los operadores del sistema judicial han negado el acceso a la justicia.
 
En su participación, Andrea Medina Rosas, abogada de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, destacó que a 20 años de que iniciaron las denuncias de esta violencia extrema aún falta mucho por hacer para erradicar el flagelo. 
 
En el caso de México, expuso, entre 1993 y 2001 se registraron 214 asesinatos de mujeres en Juárez; mientras que tan sólo en 2010 se registraron 304 crímenes.
 
“Es decir que todos los esfuerzos que hemos hecho en el marco legislativo, la construcción de medidas en el país y las que se han establecido por instancias internacionales y desde la sociedad civil, no han dado resultados efectivos para poder dar fin al feminicidio”, explicó.
 
Señaló que no sólo en esa ciudad mexicana han aumentado los casos, sino también en toda America Latina, a lo que se suma la reducción de la edad de las víctimas: Son más jóvenes y niñas las que son desaparecidas y luego asesinadas, denunció.
 
Cada vez hay más asesinatos con arma de fuego y que no están siendo juzgados, es decir, no hay acceso a la justicia, y también las defensoras de las victimas están teniendo mayores riesgos, abundó Medina Rosas.
 
“Nuestros gobiernos están incurriendo en simulaciones y lo que queremos es que desde el Parlamento (Europeo) se puedan aprovechar los mecanismos existentes para que esto se traduzca en la erradicación del feminicidio”, demandó la activista. 
 
“Es el momento de sumar esfuerzos entre las dos regiones”, afirmó quien litigó en el llamado caso Campo Algodonero (predio de Ciudad Juárez donde fueron asesinadas ocho mujeres en 2001) ante la Corte interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y por el que fue sentenciado el Estado mexicano en 2009.  
 
11/GTR/RMB

Recorte de 64 por ciento a montos para salud reproductiva

Calderón propone pasar de 1.4 mil mdp a sólo 497 mdp 
 

Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

México, DF, 5 oct 11 (CIMAC).- La Coalición por la Salud de las Mujeres, conformada por organizaciones de la sociedad civil, llamó a la Cámara de Diputados a que amplíe el presupuesto destinado a la Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, ya que el proyecto presupuestal del Ejecutivo federal reduce en 64.47 por ciento el recurso etiquetado para 2012. 
 
Daniela Díaz Echeverría, integrante de Fundar Centro de Análisis e Investigación, señaló a Cimacnoticias que para 2011 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de mil 401 millones de pesos (mdp), y este año el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2012 propone que se destinen sólo 497 mdp. 
 
Díaz consideró que éste es un “presupuesto regresivo porque no se designa para avanzar, sino para apenas sostener algunas acciones”.
 
De aprobarse el recorte a los fondos del programa Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud –contemplado en el Anexo 10 denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres–, se afectarían los programas de planificación familiar, la atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, advirtió la activista. 
 
En este escenario, la Coalición por la Salud de las Mujeres propone que al presupuesto destinado a este programa se aumenten 150 mdp para planificación familiar, y 50 mdp para la partida de salud sexual y reproductiva de adolescentes. 
 
Es preciso que se apruebe este incremento para que la Secretaría de Salud (Ss) federal y las secretarías estatales garanticen la oferta “amplia y oportuna” de métodos anticonceptivos para la población en general, y en particular para las mujeres que desean espaciar un siguiente embarazo, así como para las adolescentes que quieren postergar su maternidad. 
 
De igual modo, Daniela Díaz indicó que en el PPEF hubo un recorte de 21.56 por ciento al programa Reducción de la mortalidad materna, ya que para el ejercicio 2011 la Cámara de Diputados aprobó 308 mdp y para 2012 se proponen 242 mdp. 
 
La disminución en este rubro es “alarmante” porque con el presupuesto anterior atendieron 10 estados del país. Y ahora con menos recursos asignados pretenden abarcar las 32 entidades federativas, explicó la integrante de Fundar.    
 
La Coalición propone que al presupuesto estipulado en el PPEF 2012 se aumenten 115 mdp para que el programa se lleve a cabo en todo el país. 
 
Otro programa al que le redujeron presupuesto es el de Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS en mujeres; su disminución es de 32.61 por ciento. De aprobarse pasaría de 97 a 65 mdp. 
 
La propuesta de la Coalición es que se incrementen 4.2 mdp para capacitar a personal de salud y monitorear la identificación de víctimas de violencia antes y después de que ellas se realicen la prueba del virus. Además, ese recurso deberá asegurar que las mujeres seropositivas tengan acceso a métodos de control natal para evitar embarazos no deseados. 
 
Díaz refirió que es “imprescindible” que el gasto del Anexo 10 sea “progresivo e irreductible”, para incorporar nuevas estrategias que mejoren las condiciones de salud de mujeres y niñas. 
 
La activista llamó a la Cámara para que incremente los montos, ya que el recorte “debilita” el Anexo 10 y con ello el derecho a la salud de las mujeres, sobre todo las adolescentes y quienes están en situación de pobreza.
 
Además de la ampliación de recursos, Díaz mencionó que la Coalición considera que para avanzar en el respeto al derecho a la salud es preciso que la Ss mejore la evaluación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) –mejor conocido como Seguro Popular–, y cuyos resultados deben darse a conocer. 
 
Para mejorar la operación del SPSS, la experta apuntó que al menos el 20 por ciento de sus recursos debe asignarse a acciones de prevención, y para detectar “oportunamente” enfermedades contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
 
Destacó que los estados deben informar a la Ss sobre la aplicación de los recursos federales transferidos, mientras que las instituciones locales y la Federación deben hacer lo propio en sus páginas web. 
 
11/GCJ/RMB

Acusan que Felipe Calderón transgredió el Estado laico

Influyó con sus posturas ideológicas en voto de la SCJN 

Por Guadalupe Cruz Jaimes y Gladis Torres Ruiz
 

México, DF, 28 sep 11 (CIMAC).- Integrantes de organizaciones civiles por los derechos de las mujeres acusaron que Felipe Calderón violentó el Estado laico al incidir en la votación final de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que se desechó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que “protege la vida desde la concepción” en Baja California (BC).   
 
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), lamentó que las decisiones sobre los derechos de las mujeres sean tomadas con base en criterios religiosos, y advirtió que hubo una “influencia presidencial” en la votación de la Corte con el fin de colocar “una agenda moral conservadora para dañar la vida y la salud de las mujeres, sobre todo de las más pobres”.
 
El pasado lunes Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa para retirar la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México respecto del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Esa Convención prevé que la ley protegerá, en general, “el derecho a la vida a partir del momento de la concepción”. 
 
En el mismo tenor, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, publicó ayer en diarios de circulación nacional un desplegado en el que llamó a las y los ministros a desechar el proyecto de sentencia de Fernando Franco González para declarar inconstitucional la reforma en BC. 
 
La SCJN determinó hoy por siete votos contra cuatro desechar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de 2008 al artículo 7 de la Constitución de BC, presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado. 
 
Eran necesarios ocho votos para que el recurso de inconstitucionalidad procediera y se invalidara la modificación legal en BC.
 
La votación final se determinó por las posturas “a favor de la vida desde la concepción” de la ministra Margarita Luna Ramos y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue propuesto en dos ocasiones por Calderón para llegar a la Corte en 2009 y 2010. 
 
Consultada por Cimacnoticias, María Consuelo Mejía criticó que los ministros de la SCJN permitan que sus creencias religiosas y el cabildeo de la ultraderecha influyan en su manera de impartir justicia. “Es un hecho preocupante en un Estado laico”, apuntó.
 
Sin embargo, la activista consideró que el voto de siete ministros significa que la mayoría de quienes integran la SCJN está a favor de los derechos de las mujeres.
 
Verónica Cruz, integrante de Las Libres, de Guanajuato, denunció que Felipe Calderón haya “polarizado” la discusión porque él es el más obligado a respetar la Constitución, “pero ganó su ideología e intención de imponer sus creencias”.
 
Al igual que María Consuelo Mejía, la activista –quien ha luchado por la libertad de mujeres presas por abortar en su estado– dijo que es favorable que una mayoría numérica de ministros se pronunciara por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que sólo una minoría avaló que se conserve la reforma en BC, donde también mujeres han sido encarceladas por interrumpir su embarazo.
 
María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia, consideró “muy desafortunada” la intervención de Calderón en la discusión de la Corte, y recalcó que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en las decisiones del Poder Judicial. 
 
Explicó que a pesar de que no se lograron los ocho votos necesarios para invalidar la reforma en BC, el debate que se dio en la SCJN fue “positivo”, porque se colocaron en la discusión los derechos reproductivos de las mujeres.
 
Romero destacó que la mayoría numérica de los ministros planteó argumentos progresistas para no dejar lagunas jurídicas, pero desafortunadamente no pudieron convencer al resto del pleno.
 
Señaló también como favorable que en ningún momento se planteó la  prohibición del aborto, y que además las causales no punibles siguen vigentes en BC y desde las organizaciones seguirán exigiendo que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud.       
 
También destacó que en la discusión se determinó que la protección al derecho a la vida no quedó por encima de los derechos de las mujeres, ya que se dijo que no puede haber derechos absolutos y por tanto “no peligra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”. 
 
INCERTIDUMBRE
 
Oriana López, directora del Fondo María, se mostró menos optimista al señalar que la determinación de la Corte deja a la libre interpretación la aplicación de los derechos de las mujeres, lo que significa el riesgo de que “los hombres conservadores en el poder” atenten contra esas conquistas. Añadió que para las habitantes de BC la votación implicará que sigan interrumpiendo sus embarazos de forma insegura.
 
La ex diputada federal Martha Tagle dijo que con la resolución de la SCJN lo que se queda es la “incertidumbre legal”, ya que hay una contradicción entre lo que dice el Código Penal de BC y la Constitución estatal al “proteger la vida desde el momento de la concepción”. 
 
Explicó que el personal medico no sabe si atender a una mujer que aborta por cualquier motivo o solamente en las causales permitidas por el Código Penal.
 
Tagle aseguró que “sin duda alguna” el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo inclinó la balanza a favor de la reforma en BC “visiblemente impulsado” por la postura de Felipe Calderón.
 
PROTESTAS
 
Como parte del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, cientos de mujeres de esta ciudad y del interior de la República marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo capitalino para exigir que se respete el derecho de las mexicanas a decidir sobre su cuerpo.
 
A su paso las activistas gritaban “¡Siete ministros son mayoría, cuatro ministros son porquería!”; “¡aborto legal derecho fundamental para salvar la vida y la salud de las mujeres!”, y “¡ni cárcel, ni muerte a mujeres por abortar!
 
Al llegar a la Plaza de la Constitución, Dafne Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, leyó un pronunciamiento a nombre del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en México.
 
Destacó que hoy siete ministros reconocieron la inconstitucionalidad de la reforma en BC y votaron a favor de los derechos de las mujeres. Además, añadió, los ministros advirtieron que criminalizar a las mujeres por abortar “es inmoral e inconstitucional”.
 
La activista llamó a Felipe Calderón para que deje de actuar como integrante de la ultraderecha y gobierne para que las mujeres decidan sobre el ejercicio de la maternidad libre y voluntaria.
 
Cuevas adelantó que a partir de hoy inicia una campaña de juicio político contra funcionarios públicos que atenten contra los derechos reproductivos de las mujeres.     
 
11/GC/GTR/RMB

En hecho inédito, magistrado favorece a sobreviviente de feminicidio

Cedehm gana juicio de apelación en Chihuahua  

Por Gladis Torres Ruiz
 
México, DF, 22 ago 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua logró que por primera vez un magistrado bajo el nuevo sistema penal acusatorio en la entidad, reclasificará el delito de violencia familiar por el de  tentativa de homicidio (feminicidio), lo que es un “gran avance” en materia de los derechos de las víctimas y en el acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia de género.
 
En entrevista telefónica, Luz Estela Castro, directora del Cedehm, dijo que este hecho tiene transcendencia a nivel nacional, ya que es la primera vez que un magistrado se pronuncia por los derechos de la víctima, fundamentando su resolución en el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
El pasado 12 de agosto, el magistrado Rodolfo Moreno Pérez falló a favor de Martha Olivia en un juicio de apelación en el que la víctima de violencia (defendida por el Cedehm) solicitó la reclasificación del delito para evitar la impunidad en su caso.
 
El magistrado concluyó que “la juzgadora de origen estaba obligada a aplicar los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres”. Moreno Pérez también fundamentó su fallo en los artículos 1,2, 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), y en la Ley estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Luz Estela Castro, abogada penalista especialista en sistema acusatorio (vigente en Chihuahua), reiteró que el caso de Martha Olivia es inédito ya que sienta un precedente al contemplar no sólo los derechos de los probables responsables, sino que también garantiza los derechos de las víctimas.
 
“Estamos ante un caso en el que en los hechos el Ministerio Público (MP) sólo dictó auto de formal prisión por los delitos de amenazas y violencia familiar y minimizo la violencia feminicida”, explicó.
 
Las abogadas y la víctima advertimos a la MP Bertha Alicia González García que no se trataba sólo de violencia familiar, “si no una tentativa de feminicidio, un delito completamente diferente a lo que el MP acreditó”, detalló Castro.
 
EL CASO 
 
El 25 de marzo de 2011, Martha Olivia –una mujer víctima de violencia familiar– acompañada de un actuario y de una activista del Cedehm, acudió al domicilio de su ex pareja para notificarle sobre las medida cautelares que le brindó una juez tras padecer violencia intrafamiliar.
 
Juan Manuel López Espinoza reaccionó violentamente, tomó a su pequeña hija como rehén, y jaloneó del cabello a Martha Olivia para posteriormente golpearla, tirarla al suelo y patearla en el estómago. Luego, al meterla en un vehículo intentó estrangularla.  
 
Con un rifle, el agresor amenazó a la integrante del Cedehm y le ordenó que se fuera. La activista se alejó unos metros y aprovechó para llamar a la policía.
 
López Espinoza fue capturado, pero la MP Bertha Alicia González García minimizó la violencia feminicida y, en contra de la petición de la víctima y las abogadas coadyuvantes, solicitó el auto de formal prisión sólo por los delitos de amenazas y violencia familiar. 
 
LOGRO JUDICIAL 
 
El Cedehm, primera organización feminista en México en litigar en el sistema penal de Chihuahua desde 2007, precisó en un comunicado que uno de los avances en el sistema acusatorio vigente en el estado es la participación activa de la víctima, y el derecho a nombrar abogadas o abogados que la representen (acusadoras coadyuvantes).
 
El Cedehm solicitó a la juez de Garantías Sandra Zulema Palma que a partir de los hechos y pruebas se solicitara la vinculación a proceso por el delito de tentativa de homicidio. Palma se negó con el argumento de que la investigación del delito corresponde únicamente al MP.
 
Ante ello, las abogadas apelaron la resolución de la juez ante un tribunal superior. Así, el pasado 12 de agosto se realizó la audiencia oral, en la que el magistrado Rodolfo Moreno basó su resolución en los tratados internacionales a favor de los derechos de las mujeres.
 
Luz Estela Castro precisó que en el sistema judicial tradicional en México “el MP es el que se queda con el monopolio de la acción penal y es el que dice cómo, cuándo, a qué hora y por qué delito (se acusa), sin embargo con el sistema (acusatorio) la víctima o la acusadora coadyuvante llega y dice no solamente son esos delitos, hay más”.
 
Desde 2007, en Chihuahua opera un sistema penal “acusatorio” en el que las partes en conflicto (fiscalía y defensa) se enfrentan en igualdad ante un juez. El MP y la víctima también pueden intervenir en el juicio.
 
11/GTR/RMB/LGL

Alejandro Solalinde, Estela Ángeles y Sara Lovera recibirán la medalla “Emilio Krieger”

17 agosto 2011

El Consejo de la Asociación Nacional de Abogados Demócraticos (ANAD) decidió entregar este año la medalla “Emilio Krieger” al sacerdote Alejandro Solalinde por su defensa indeclinable con los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país, a la abogada defensora de indígenas raramuris Estela Ángeles Mondragón por su compromiso y dignificación de la abogacía que ejerce y a la periodista Sara Lovera por visibilizar la problemática que enfrentan las mujeres en nuestro país. Así también se acordó entregar un reconocimiento especial al licenciado Jesús Campos Linas por sus 60 años de ejercicio profesional  y compromiso con los trabajadores en México.

El evento se realizará el día 19 de septiembre de 2011 a las 17 horas en la Comisión de Derechos Humanos ubicada en Avenida Universidad 1449 junto al metro Viveros, ciudad de México.

¡Asistamos y reconozcamos la lucha de quienes abren caminos por los demás!

¡A 20 años!

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

Necesario, formar a mujeres en mediación de conflictos

Una vía a favor de la paz con visión de DH: Serapaz
 
Por Rosy Zertuche Paz, corresponsal
 Ciudad Victoria, 2 ago 11 (CIMAC/RedTamaulipas).- La situación de violencia y la transgresión de los Derechos Humanos (DH) que se viven en el país están dando empuje a la mediación como un nuevo modelo de seguridad desde una visión humanitaria con enfoque de género, dijo Dolores González, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
En entrevista durante la clausura del Cuarto Encuentro Nacional de la Red de Mujeres Periodistas realizado en esta ciudad, la activista –quien actualmente participa en la mediación entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal por la presentación de sus desaparecidos–, señaló que hay personas con la facilidad para propiciar formas de diálogo, formatos, tiempos y agendas, con el fin de lograr la paz. 
“Hay profesionales del tema de mediación, básicamente es un nuevo modelo de seguridad desde un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género”, abundó.
Dolores González observó que en la mediación política de conflictos sociales hay en México poca participación de las mujeres, sin embargo –aclaró– es fácil encontrar su presencia en los problemas comunitarios donde el papel mediador femenino es “sobresaliente y muy respetado”.
“Casi es un papel natural, aunque al subir en la estructura (del poder) es más difícil encontrarlas; y sí podríamos decir que las mujeres tienen una sensibilidad distinta para la mediación; es un ejercicio que hacen constantemente hacia el interior de sus colectividades”, indicó la directora de Serapaz. 
Destacó que ante la ola de violencia del crimen organizado y la militarización del país, la sociedad civil “afortunadamente se ha decidido por una estrategia no violenta, más bien constructiva de acuerdos”.
Sin embargo, Dolores González advirtió que no basta con tener un acuerdo formal por la paz sino que se debe reconstruir el tejido social que está muy deteriorado, lo cual tomará todavía varios años.
Serapaz surgió en 1995 en el proceso de mediación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. En ese entonces, González era coordinadora de asesores.
Quien también participó en 2006 en el diálogo entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el gobierno federal, dijo que a diferencia de México hay países como Noruega que tienen una especialidad en la mediación.
En América Latina, Colombia es el que tiene un enorme desarrollo teórico y político de los procesos de mediación y negociación, apuntó.
Dolores González señaló que en México hay un trabajo incipiente en materia educativa para la niñez sobre la mediación. Recordó que hay una propuesta pedagógica basada en la mediación escolar que procura que las y los estudiantes comprendan desde edad temprana el proceso de diálogo y negociación para resolver sus conflictos.
 
Indicó que hay varios espacios informales de educación para la mediación: la escuela de paz que ofrece Serapaz; el diplomado para la Paz dirigido a personal directivo del Instituto Politécnico Nacional; el diplomado de la Escuela Nacional de Derecho, y la Maestría sobre Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
 
11/RZ/RMB/LGL

Monta AI vivienda precaria frente a cancillería

“Así viven millones de mexicanas pobres”, acusa
 
Por la Redacción 
 
México, DF, 2 ago 11 (CIMAC).- Por segunda ocasión en menos de una semana, Amnistía Internacional (AI) exigió al Estado mexicano tomar medidas efectivas contra la pobreza y firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
 
Con una protesta hoy frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), AI recordó que el Estado mexicano ha sido uno de los principales impulsores del Protocolo, sin embargo desde hace más de dos años que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lo adoptó y lo puso a disposición de los Estados para su firma, México aún no lo ha hecho.
 
AI llamó a la SRE a concluir el actual proceso de análisis del Protocolo y facilitar el proceso de firma de este instrumento contra la pobreza.
 
El Protocolo establece un mecanismo internacional para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se les niegan recursos efectivos en el ámbito nacional para reclamar la protección de estas garantías puedan reclamar justicia en el ámbito internacional. 
 
Sólo ocho países de América Latina lo han firmado: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. AI considera que el hecho de que México se esté quedando atrás compromete seriamente la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza. 
 
Lo anterior a raíz de los resultados divulgados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre medición de la pobreza 2010, los cuales arrojaron que el número de pobres pasó de 48.8 a 52 millones, la mayoría mujeres si tomamos en cuenta que representan más de la mitad de la población.
 
En México, de los 112 millones 336 mil 538 mexicanos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Censo de Población y Vivienda 2010, hay 57 millones 481 mil 307 mujeres.
 
Esta mañana activistas de AI protestaron frente a la SRE y construyeron una vivienda precaria de dimensiones reales, a fin de mostrar las condiciones a las que deben enfrentarse las personas que viven en la pobreza.
 
“En viviendas como esta, sin acceso a agua potable, saneamiento, luz u otros servicios básicos y en condiciones insalubres, sobreviven millones de personas sin que existan herramientas que les permitan exigir el respeto a estos derechos”, afirmó el organismo internacional en un comunicado.
 
Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de AI en México, afirmó que es necesario que México adopte los mecanismos que existen a nivel internacional que permitirían a estas personas exigir su derecho a condiciones de vida dignas, por lo que el Estado mexicano debe sumarse al Protocolo.
 
11/GTR/RMB

Inés y Valentina dan 48 horas a PGR para que atraiga sus casos

Presentan solicitud formal ante la dependencia y Sedena
 
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 28 jul 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio un plazo de 48 horas para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) respondan si trasladarán al fuero civil los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En conferencia de prensa, las dos indígenas tlapanecas víctimas de violación sexual a manos de soldados en 2002, en Guerrero, informaron que esta mañana acudieron a las oficinas de la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar un documento en el que solicitan que sus casos se investiguen en tribunales civiles y no en el fuero militar como ocurre actualmente.
 
Desde 2002, cuando ambas indígenas denunciaron la agresión, los casos pasaron del fuero civil al militar sin que hasta ahora se haya encontrado a los culpables, por lo que en su búsqueda de justicia y junto con Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Inés y Valentina acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual posteriormente llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambos organismos de la OEA.
 
En octubre de 2010, la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación a los Derechos Humanos (DH) de ambas indígenas, y lo sentenció a continuar las investigaciones en el ámbito civil y a reformar el Código de Justicia Militar con la finalidad de restringir el fuero militar.
 
En este contexto y tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 12 de julio con la que determinó que el fuero castrense debe restringirse en los casos de violaciones a DH donde se presuma la participación de militares, ambas indígenas exigieron que el fallo de los ministros se haga efectivo.
 
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, explicó que esperan una respuesta en 48 horas, sin embargo, aclaró que la respuesta puede tardar más tiempo. No obstante, el abogado dijo que a la luz de la resolución de la SCJN y de las sentencias de la CoIDH, PGR y la Sedena están obligadas a atraer y declinar, respectivamente, las investigaciones. 
 
Es así que se solicitó que las averiguaciones previas SC/179/2009/II-E, sobre los hechos ocurridos a Inés Fernández Ortega; y SC/180/2009/II-E, en el caso de Valentina Rosendo Cantú, se trasladen a tribunales civiles.
 
En caso de no obtener una respuesta, o de que ésta sea negativa, los abogados de ambas mujeres dijeron que podrían interponer un juicio de amparo ante un juez de distrito del estado de Guerrero, para impugnar la competencia de los tribunales castrenses en un asunto donde –aseguran– debe intervenir la jurisdicción civil.
 
Rosales Sierra también dio a conocer que en próximos días solicitarán a la SCJN que analice las sentencias de Inés y Valentina a través de un “expediente varios” como lo hizo con la sentencia de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, con el fin de reiterar las restricciones al fuero militar.
 
Al respecto, Inés Fernández denunció que aunque en marzo de este año la Secretaría de Gobernación instaló mesas de trabajo para cumplir las sentencias, hasta el momento no se tienen resultados concretos. “Cómo es posible que llevo varios años (pidiendo justicia) y no han detenido a esas personas que abusaron de mí”, acusó.
 
Valentina Rosendo criticó que a casi un año de que se notificara la sentencia los avances en las investigaciones son nulos. “Ya no es la (búsqueda de la) verdad, es la obligación de cumplir lo que dice la sentencia. Nuestro caso estuvo casi nueve años en la justicia militar y no tiene por qué estar ahí”, remarcó. 
 
La solicitud que hoy hicieron Inés y Valentina también fue suscrita por la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones defensoras de los DH.
 
11/AG/RMB

Ningún pacto hasta que se proteja a las mujeres: OSC

Rechazan diálogo con gobiernos federal y de Chihuahua
 
Por Gladis Torres Ruiz 
 

México, DF, 17 may 11 (CIMAC).- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Ciudad Juárez insistieron que en la firma del Pacto por la Paz, programada para el próximo 10 de junio en la localidad fronteriza, no deben participar los gobiernos federal y estatal, ya que no se puede acordar nada con los que no protegen la vida de las y los ciudadanos.

“Nos oponemos a todo diálogo con el gobierno en Ciudad Juárez, en Morelos, o en cualquier punto del país, en tanto no existan garantías para el mismo, y los militares continúen en las calles”, dijeron en un comunicado el Centro de Pastoral Obrera y el Frente Plural Ciudadano, el cual aglutina a diversas agrupaciones civiles de esa ciudad, entre ellas Nuestras Hijas de Regreso a Casa. 

Les pedimos escuchar, comprender y acoger el clamor y la realidad de una ciudad que ha vivido la injusticia sistemática del feminicidio, la desaparición de mujeres y una justicia aún pendiente, advirtieron. 

Las OSC afirmaron: “nuestra experiencia propia y la historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta”. 

Citaron como ejemplo el caso de Chiapas y los acuerdos de San Andrés que aun pactados fueron incumplidos. Agregaron que la misma suerte ha seguido la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CoIDH) por el feminicidio en Campo Algodonero, la cual, a pesar de su peso moral y la obligación de México como parte de la comunidad internacional, no se ha cumplido. 

A ello se suma el reciente y  rotundo fracaso de los 100 puntos y 100 días del programa federal “Todos Somos Juárez”, y agregaron que a pesar del Operativo Conjunto Chihuahua y la Operación Coordinada Chihuahua los asesinatos continúan y quedan impunes.  

En entrevista con Cimacnoticias, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), consideró que el Pacto que surgió de la Marcha Nacional por la Justicia con Paz y Dignidad –que culminó el pasado 8 de mayo con un mitin en la Ciudad de México– debe realizarse sólo entre la sociedad civil. 

“No podemos hacer más pactos con el gobierno, el Presidente ya vino a firmar el Plan Juárez en 2010. ¿Para qué vamos a firmar otro cuando no se ha cumplido? No es lo conveniente. No tiene sentido”, afirmó la activista. Y agregó que es el gobierno quien debe dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía.  

Con todo, las OSC se solidarizaron con la iniciativa del poeta y columnista Javier Sicilia, ya que su dolor personal dio dimensión social y nacional de los asesinatos de todos y todas las hijas, madres, padres, hermanas, hermanas, amigas y amigos, quienes son víctimas de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. 

Las organizaciones agradecieron que la comunidad nacional vuelva su rostro a Juárez y que la firma de un pacto se realice en su ciudad, toda vez que coinciden en los seis puntos que propone el pacto, entre ellos, verdad y justicia, poner fin a la estrategia de guerra, combatir la corrupción y la impunidad, atención de emergencia a la juventud, y acciones efectivas de recuperación del tejido social. 

Expresaron su rechazo rotundo a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que establecería legamente la militarización del país. Apuntaron que la desmilitarización del país es una exigencia que no tiene margen de negociación, toda vez que de eso depende el alto a la sangre que se derrama a diario en cada calle y ciudad del país. 

Finalmente invitaron a la ciudadanía a unirse, dialogar y reforzar el gran Movimiento Ciudadano Nacional, para “seguir exigiendo justicia con paz, dignidad, trabajo, y un alto a la sangre, con la exigencia de  la acción inmediata de un gobierno que trabaje para las y los gobernados y si no puede, que renuncie”. 

11/GTR/RMB/LGL