La Historia de esos días

La Historia de esos días

La historia de esos días

16 de septiembre de 2011

Colima reglamenta causales para aborto legal





 Estaban estipuladas desde 1985 en Código Penal local     

Por Glenda Libier Madrigal, corresponsal  
 
Colima, 14 sep 11 (CIMAC/MUPAC).- En medio de la batalla de organizaciones civiles contra las reformas antiaborto en 17 estados de la República, y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió debatir dos acciones de inconstitucionalidad al respecto, las colimenses ya podrán interrumpir de manera legal sus embarazos tras la reglamentación de las cuatro causales vigentes en el Código penal local.
 
Tuvieron que pasar 26 años para que el Congreso de Colima reglamentara las cuatro causales bajo las cuales una mujer puede interrumpir su embarazo de manera legal en instituciones públicas de salud, durante los tres primeros meses de gestación.
 
Y es que desde la aprobación en 1985 del Código Penal vigente en la entidad no se habían reglamentado las causales estipuladas en esta normatividad.  
 
El pasado 31 de agosto el gobierno de Colima promulgó las reformas –aprobadas ese mismo día por el Congreso local– a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, y a la Ley de Salud estatales. 
 
Las cuatro causales para la interrupción legal del embarazo (ILE) se encontraban en suspenso desde 2009, luego de la reforma al artículo primero de la Constitución local que “protege la vida desde la concepción”.
 
Colima es una de las 17 entidades federativas que desde 2008 han reformado sus constituciones locales, “para proteger la vida desde la concepción” y en consecuencia penalizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.  
 
Las llamadas contrarreformas han desatado una ola de protestas y movilizaciones de organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos, por considerar que esas modificaciones legales atentan contra el derecho de las mexicanas a decidir sobre la maternidad, garantizado en acuerdos internacionales firmados por México. 
 
El pasado lunes el ministro de la SCJN Fernando Franco presentó dos proyectos de sentencia en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad presentadas en 2009 por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y por la minoría opositora en el Congreso de San Luis Potosí, en contra de las reformas a las constituciones locales que penalizan la ILE.
  
REFORMAS PROMULGADAS
 
Con las recientes reformas en Colima la ILE se podrá realizar cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, por la práctica de alguna técnica de reproducción asistida inadecuada, cuando la vida de la madre corra peligro, o cuando el producto presente malformaciones genéticas o congénitas.
 
En el caso de violación sexual o de alguna técnica de reproducción asistida indebida, el Ministerio Público deberá autorizar la interrupción del embarazo dentro de las primeras 48 horas, contadas a partir de que la mujer presente la solicitud.
 
Igualmente, las instituciones de salud pública en la entidad están obligadas a contar con médicos no objetores de conciencia que estén dispuestos a atender estos casos de aborto, toda vez que en la misma ley se protege a los médicos que son objetores de conciencia por cuestiones religiosas o creencias personales.
 
El decreto promulgado obliga al gobierno de Colima a promover y aplicar permanentemente y de manera intensiva, políticas y programas integrales tendentes a la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables.
 
Además señala que los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca el estado tendrán como propósito principal reducir el índice de embarazos no deseados, mediante la prevención, disminución del riesgo y propagación de infecciones de transmisión sexual, y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de género y de respeto a la diversidad sexual.
 
11/GLM/RMB/LGL

Migrantes guatemaltecas en México: explotadas, enfermas y discriminadas



Por falta de documentos son excluidas de programas sociales
 


Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México, DF, 14 sep 11 (CIMAC).- Además de las agresiones físicas y sexuales que enfrentan las migrantes en su paso por México rumbo a Estados Unidos, el Estado ejerce otro tipo de violencia contra las extranjeras que deciden residir en el país, al privarlas de servicios de salud, condiciones de trabajo dignas, y de mecanismos claros para su regulación migratoria.
 
Lo anterior lo informó Melissa Vértiz, coordinadora del área de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, quien añadió que existe una “invisibilización” tanto de las mujeres que llegan a México para quedarse de manera temporal o permanente, como de las “desventajas” que enfrentan en el país. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), en el país residen 262 mil 672 personas extranjeras; el 50 por ciento de esa población es del sexo femenino, según el Instituto para las Mujeres en la Migración. 
 
Estas mujeres son originarias en su mayoría de municipios de Guatemala fronterizos con México; algunas de ellas son llamadas “golondrinas” porque diario “vienen a trabajar y se regresan a su país cuando termina su jornada”. 
 
Las migrantes que se establecen en nuestro país no son atendidas por los servicios públicos de salud, ya que “además de que son discriminadas, deben pagar la consulta y no les dan los medicamentos, por eso muchas prefieren pagar un servicio privado de bajo costo”, explicó Vértiz.
 
Abundó que ellas tampoco tienen acceso a programas sociales como Oportunidades porque carecen de documentación de su estancia legal.
 
Al no regularizar su situación migratoria, estas mujeres no obtienen empleos en condiciones dignas, lamentó la activista. Precisó que actualmente la mayoría de las migrantes se ocupa en el trabajo del hogar o en el campo, donde se violentan sus Derechos Humanos (DH) y laborales.
 
El panorama de las migrantes en México no ha mejorado “al menos en la última década, debido a la falta de acciones efectivas y de voluntad real por parte del Estado”, señaló la integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. 
 
En 1999 diversas organizaciones mexicanas defensoras de los DH y de apoyo a las personas migrantes documentaron esa situación en el libro “Migración: México entre sus dos fronteras”, en el que señalan múltiples transgresiones a las garantías de las centroamericanas que hasta ahora se mantienen.  
 
En la investigación se denunciaba que la mitad de las migrantes empleadas del hogar que fueron entrevistadas –en su mayoría originarias de Guatemala y trabajadoras desde los 14 años de edad–, había sufrido maltrato por parte de sus empleadores. También tenían una sobrecarga de trabajo, recibían bajos salarios y poca comida. 
 
A las “pésimas condiciones laborales” se suma el rechazo social, ya que en la frontera sur del país ser “mujer, indígena, guatemalteca, indocumentada, analfabeta y trabajadora del servicio doméstico, son elementos que constituyen una identidad de discriminación”, se expuso en el libro. 
 
Las trabajadoras del campo o agrícolas tenían denuncias semejantes. Las organizaciones señalan que estas mujeres y sus familias conforman el “flujo migratorio tradicional en la frontera sur” que desde Guatemala migra cada año a México para trabajar en el cultivo de café y diversos frutos en 20 municipios de Chiapas.
 
Las jornaleras llegan de forma indocumentada o irregular, la mayoría tiene menos de 30 años de edad y la mitad son mujeres sin pareja (solteras, viudas o separadas). Su promedio de escolaridad es tercero de primaria, aunque el 50 por ciento declaró que no sabía leer ni escribir. 
 
Ellas son contratadas para sembrar, pero sus tareas se multiplican y tienen que hacer la limpieza del lugar, abono, corte, selección del café o de los frutos, e incluso cocinar para los trabajadores, todas las actividades por el mismo sueldo, el cual es menor al que reciben los hombres.  
 
Su jornada comienza a las 3 o 6 de la mañana y puede culminar a las 4 de la tarde o a las 11 de la noche. Las demandas constantes son el incumplimiento de sus contratos, la retención de sus pagos y de sus documentos. 
 
Según la investigación, apenas una tercera parte de las migrantes recibió ayuda por parte de sus empleadores cuando se enfermó y consistió en darles un medicamento sin la prescripción de un doctor.  
 
A decir de Melissa Vértiz las necesidades de las migrantes en México “son muy semejantes” a las que existían hace más de una década, ello nos habla del “olvido” en que las han dejado las autoridades mexicanas. 
 
11/GCJ/RMB/LGL

Exigen enfoque de género en reglamento de Ley de Migración


Por Guadalupe Cruz Jaimes


México DF, 15 sep 11 (CIMAC).- El reglamento de la Ley de Migración, que actualmente elabora la Secretaría de Gobernación (Segob), deberá establecer desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos (DH) los mecanismos para aplicar la legislación sin que se transgredan las garantías de las personas migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos y durante su estancia en México.

Los lineamientos para operar la ley tienen que aclarar, entre otros puntos, cuál será el modo en que las mujeres y hombres regulen su condición migratoria, por ejemplo, “cuál es el mecanismo para que tengan acceso a la visa de tránsito”, señaló Gretchen Kuhner, coordinadora del Programa Mujeres en Migración del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

También se debe exponer “con claridad” cómo ayudarán a las personas migrantes que sean víctimas de algún delito en el país, para regularizar su situación migratoria y garantizar la impartición de justicia.

De igual modo, debe explicarse la forma en que llevarán a cabo los operativos para identificar a personas migrantes, sin que haya detenciones arbitrarias que pongan en riesgo la vida de las y los migrantes.

Según organizaciones civiles, a México cada año ingresan alrededor de 400 mil personas migrantes que intentan cruzar el país rumbo a Estados Unidos, de las cuales las mujeres representan entre el 15 y 30 por ciento, señala el Imumi.

Además, el reglamento de la Ley de Migración debe garantizar desde un enfoque de género la protección de las migrantes que residen en el país.

En territorio nacional hay alrededor de 262 mil personas extranjeras, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM). El Imumi indica que la mitad de esa población está integrado por mujeres.

De acuerdo con el análisis del Imumi es preciso que la ley se aplique desde un enfoque de género y de DH, para disminuir la migración insegura en el país, que hoy es una constante.

En particular, detalló Kuhner, las acciones como las entrevistas y verificaciones realizadas por el INM y otras autoridades deben ser con respeto al derecho al debido proceso y con la capacitación adecuada que permita al personal identificar a “potenciales” víctimas de trata de personas, a solicitantes de asilo y a quienes por razones humanitarias no deberían ser repatriadas a su país de origen.  

La identificación de estas personas es fundamental para evitar que con la deportación sean víctimas del delito en sus lugares de origen. Por ello, de ser necesario, el INM debe realizar una segunda entrevista para confirmar que las migrantes no corran peligro, demandó la activista.

Durante las “visitas de verificación”, el personal también debe tener la capacidad de identificar la violencia ejercida contra las migrantes que residen en México, pues es común que “el cónyuge amenace a su pareja con la deportación si denuncia una situación de violencia familiar”.

Lo mismo ocurre con algunos empleadores, quienes suelen utilizar ese tipo de amenazas para “controlar a las trabajadoras migrantes”.   

Observaciones como estas fueron enviadas por el Imumi a la Segob la semana pasada, periodo en el que otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) enviaron sus comentarios a esa secretaría para la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, que se publicará el próximo 21 de noviembre.

Algunas OSC señalaron que la Segob no estableció “mecanismos claros” de colaboración con la sociedad civil para definir los lineamientos con los que operará la Ley.

Por su parte, la secretaría informó esta semana en un comunicado que recibió “insumos y propuestas” de representantes de la academia y OSC para la elaboración del reglamento, los cuales serán recibidos hasta el próximo 19 de septiembre.

Y añadió que tiene prevista una segunda “etapa de retroalimentación” con representantes de la academia y sociedad civil para analizar los argumentos que recién entregaron.

11/GCJ/RMB/LGL

15 de septiembre de 2011

Felipe Calderón escatima fondos para combatir violencia de género



Para 2012, menos recursos a cinco secretarías
Por Anayeli García Martínez

México, DF, 15 sep 11 (CIMAC).- El cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no es prioridad para la gestión de Felipe Calderón,toda vez que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de laFederación (PPEF) enviado a la Cámara de Diputados, plantea recortes para las dependencias encargadas de aplicar esa legislación.
El PPEF para el ejercicio fiscal 2012 que el Ejecutivo envió al Congreso contempla 15 mil 106 millones de pesos (mdp) para el Anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, un aumento de 22.7 por ciento con respecto a este año cuando se destinaron 14 mil 916.5 mdp. Sin embargo, el proyecto de Calderón reduce los recursos destinados a fomentar la igualdad y la equidad de género en áreas estratégicas para las mujeres. Así, se plantean disminuciones a las secretarías de Gobernación, Educación Pública, Salud, Desarrollo Social y de Seguridad Pública.
La propuesta que analiza la Cámara de Diputados también contempla que no se le destinen montos a la Secretaría de Gobernación (Segob) para la implementación de la LGAMVLV, promulgada en 2007 (ya en el actual sexenio) con el fin de coordinar 
a la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
En 2008 el PEF contempló dos programas presupuestales para cumplir con la ley: el del “Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género”, y el de “Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo federal con el Congreso”.
En ese año el Poder Legislativo aprobó a la Segob 15 mdp para el fondo de alerta de género, 20 mdp para conducir políticas acordes a la LGAMVLV, y 17.3 mdp a la Comisión para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.En 2009 los programas etiquetados para aplicar la ley de violencia de género desaparecieron del PEF.
LO QUE VIENE
De acuerdo con el PPEF, para 2012 la Segob sólo contará con 107.9 mdp para la planeación demográfica del país y para promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, es decir 49.2 mdp menos que este año cuando recibió 157.1 mdp.
De los 107.9 mdp que se planean otorgar a la Segob, 105.3 mdp (98 por ciento del total) serán para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de coordinar las acciones para disminuir la violencia de género.
De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), hasta el segundo trimestre de 2011 la Conavim reportó que realizaría una campaña de promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y la apertura de dos Centros de Justicia para las Mujeres en Chiapas y el DF.
Otra de las instancias encargadas de cumplir con la LGAMVLV es la Secretaría de Seguridad Pública(SSP), para la cual el PPEF etiqueta 16.5 mdp para el “Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la equidad y género”.
En 2010 la SSP recibió 26.5 mdp para el mismo fin, es decir, 10 millones de pesos más. La LGAMVLV establece que esta secretaría debe desarrollar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), el cual hasta septiembre de 2010 no estaba terminado.
Ya en 2008, la Cámara de Diputados había destinado 15.3 mdp a la SSP para elaborar el Banavim, pero en septiembre de 2010 los funcionarios de la dependencia dijeron a la Comisión de Equidad y Género que esta base de datos no estaba completa por lo cual no podían dar a conocer su contenido.
En una aparente contradicción, la SHyCP reportó recientemente a la Comisión de Equidad que el Banavim estaba operando y que hasta el cuarto trimestre (septiembre a diciembre) de 2010 se habían registrado un total de 14 mil 125 casos.

11/AGM/RMB/LGL

Aumentan feminicidio y represión policiaco-militar en Tabasco



OSC se suman al repudio a la guerra de Felipe Calderón  
Por Cecilia Vargas, corresponsal 
 
Villahermosa, 14 sep 11 (CIMAC).- En lo que va de 2011, la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico ha dejado en el estado de Tabasco cerca de 70 homicidios, decenas de allanamientos arbitrarios por grupos policiacos y militares, y un incremento en el asesinato de mujeres, denunciaron Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la entidad.  
En conferencia de prensa, integrantes del Frente Sindical Campesino Indígena Popular y Social, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, y la Fundación Impulsa Tu Desarrollo describieron el clima de hostigamiento y violencia que prevalece en el estado a tres días de que llegue la Caravana del Sur, organizada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.   
Las y los activistas advirtieron que hay una ola imparable de  secuestros, asesinatos y extorsiones que va en aumento por la “actitud cómplice, negligente o temerosa de las autoridades responsables de la seguridad pública y procuración de justicia  federal y local”.
El estudiante de la Universidad Popular de la Chontalpa Abraham Brito Torres, dijo que en Tabasco “también estamos hartos de tragedias y agravios”.
Acusó que el gobierno del estado ha legalizado “medidas represivas” al incluir en el Código Penal local el delito de “alarma social” con el fin de sancionar hasta con cárcel a quienes difundan por cualquier medio “mensajes que puedan afectar la paz social”.
Brito Torres dijo que las autoridades cometen “etnocidio” contra las comunidades indígenas de la entidad, toda vez que las obras que realiza la Comisión Nacional del Agua para aplicar el Plan Hídrico han provocado inundaciones de hasta dos metros de altura que afectan a cientos de familias en los municipios de Centro, Nacajuca y Centla.
De acuerdo con las personas afectadas, explicó el estudiante, tales obras son para evitar otra inundación en la capital del estado sin importar el destino de quienes viven de la tierra. Lo que se pretende es  “salvar Villahermosa hundiendo a esas comunidades”,criticó.
Abraham Brito detalló que este año las y los campesinos perdieron dos ciclos de cosecha y vieron morir a sus animales de traspatio y reses. Insistió que las autoridades “condenan a las comunidades a una vida infrahumana o a desplazarse de sus territorios para engrosar el ejército de reserva de los empresarios o del crimen organizado”.
Otro tema que formará parte del diálogo con las y los caravaneros es la situación de la población migrante centroamericana, la cual se ha convertido en presa fácil de las “mafias” del Instituto Nacional de Migración y de criminales solapados por autoridades de todos los niveles.
El arribo de la Caravana del Sur a la capital de Tabasco se prevé la tarde del próximo sábado 17 de septiembre. Las organizaciones civiles, de jóvenes, culturales y sindicatos independientes exigirán junto con las y los caravaneros el fin de la guerra de Felipe Calderón y de la militarización; y habrá pronunciamientos contra la Ley de Seguridad Nacional, el Plan Hídrico estatal, y por el respeto y solidaridad con las y los migrantes centroamericanos. 
 

11/CV/RMB

Mexfam sale al quite ante mala atención en salud para las adolescentes



Lamenta incumplimiento de acuerdos interinstitucionales  
Por Brisa Gómez, corresponsal 
 
Xalapa, 14 sep 11 (CIMAC/AVC).- Los servicios de salud sexual y reproductiva en las clínicas en el estado de Veracruz no siempre son “amigables” con las y los adolescentes, por lo que desde la sociedad civil se han tenido que buscar alternativas para acercar a jóvenes a que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos de manera informada y segura, dijo la gerente local de la asociación civil Mexfam, Mayanit Martínez López.
Explicó que por ello desde la organización que representa se han formado acuerdos locales con las clínicas y centros de salud para permitir que las y los adolescentes reciban no sólo la información necesaria en cuanto a métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), sino también para que reciban los fármacos y preservativos necesarios.
Mayanit Martínez apuntó que actualmente hay un desabasto de métodos anticonceptivos, principalmente condones, no sólo en el estado sino incluso en el país, lo que mantiene en riesgo a la población en general, especialmente a las y los adolescentes que inician su vida sexual cada vez a edades más tempranas.
De acuerdo con la representante de Mexfam en Veracruz, se ha buscado formar grupos interinstitucionales de salud para que se atienda a la población adolescente en materia de salud sexual y reproductiva, y se les proporcione la información y los métodos anticonceptivos y preventivos de ITS sin distingos de filiación.
La activista de los derechos sexuales y reproductivos lamentó que a nivel estatal este tipo de acuerdos interinstitucionales no hayan sido atendidos, por lo que han tenido que trabajar únicamente de manera local entre las clínicas y hospitales, tanto del sector salud de Veracruz como del Seguro Social y del ISSSTE, Pemex y la Sedena.
Expresó que en México existen políticas públicas enfocadas para promover la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, especialmente desde la educación, sin embargo aún quedan pendientes importantes debido a que las y los jóvenes no siempre encuentran disponibilidad de información, ni en la escuela ni en los centros de salud y mucho menos los métodos que puedan serles útiles para tener una vida sexual responsable y segura.
Martínez señaló que ya dentro de los centros de salud existe la obligación del personal de atender de manera inmediata y sin discriminación a las y los adolescentes y jóvenes que acuden a solicitar este tipo de servicios, aunque admitió que no siempre se cumple con este tipo de cuestiones pues se les desatiende o se les llega incluso a negar la información condicionándolos a que regresen otro día o que acudan a consulta del médico familiar.
Este tipo de situaciones, dijo la gerente local de Mexfam, deja en una severa vulnerabilidad a la población joven, no sólo a enfrentar embarazos adolescentes no deseados, sino además a contraer alguna infección de transmisión sexual que puede llegar incluso a ser VIH.
La activista llamó a las autoridades a cumplir con sus responsabilidades y a la sociedad a mantenerse informada, pero sobretodo a facilitar la información a las y los jóvenes.
 
11/BG/RMB/LGL

Zona de Reflexión


 
Los recursos del IFE para la igualdad 
 
Por Lucía Lagunes Huerta*
 
Cuesta trabajo comprender las lógicas institucionales, sobre todo cuando se les mandata hacer una cosa y hacen otra; cuesta más trabajo cuando además del mandato se les dan los recursos económicos y por extrañas evaluaciones internas, difícilmente comprensibles para la ciudadanía, deciden usar ese dinero para otros fines.
Me explico: El año pasado la Cámara de Diputados destinó ocho millones de pesos (que representa el 0.7 por ciento del presupuesto global) para que el Instituto Federal Electoral (IFE) fomente la igualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, el instituto decidió destinar 4.5 millones de pesos para hacer un diagnóstico que le diga cuál es la problemática que limita los liderazgos femeninos al interior de los partidos.
Estos recursos públicos etiquetados para este año estaban destinados a incrementar la presencia de las mujeres dentro de los cargos de elección popular con miras a las elecciones del año 2012, en la cual se elegirán 583 cargos municipales, diputaciones y senadurías.
Se ha demostrado que pese a las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para aumentar la cuota de género al 60/40 (aprobadas en 2007 y que entraron en vigor en 2008), los partidos políticos siguen incumpliendo ese mandato.
No sólo eso, sino que dentro de esta modificación se estipuló la obligación de los partidos a destinar el dos por ciento de su presupuesto anual a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Diagnósticos se han hecho muchos sobre lo que ocurre dentro de los partidos políticos, para sabotear el derecho de las mujeres a la participación política. Uno de los resultados de estos diagnósticos es el incumplimiento de los preceptos legales y de la poca vigilancia y sanción que se da a los partidos políticos por su incumplimiento. 
Y para que los partidos dejen de violar la ley es necesario que la autoridad responsable de vigilar su cumplimiento, prevenga, investigue, sancione y repare las violaciones a los derechos políticos de las mexicanas.
Así pues que en lugar de hacer diagnósticos costosos, que sólo buscan ejercer el presupuesto para cumplir, sin apuntar a la esencia del mandato, el IFE tiene que fiscalizar y sancionar el incumplimiento de los partidos en el ejercicio del dos por ciento para promoción política de las mujeres.
¿O no recuerdan que los partidos usaron ese dinero para gorras, utensilios de limpieza, mandiles, etcétera, y no para la promoción de los liderazgos femeninos?
El IFE tiene que sancionar a los partidos que usan la cuota de género como mecanismo seguro para hacer llegar a sus candidatos masculinos a través de las suplencias.
La autoridad electoral debe garantizar el cumplimiento de la ley de cuotas a cabalidad; estos son pasos seguros para consolidar los liderazgos femeninos.
El IFE tiene por obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mexicanas, y respetar el derecho político al pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
Tal obligación implica evitar cualquier medida que obstaculice el ejercicio de ese derecho, ya sea por acción u omisión. No sancionar las violaciones a los derechos ni reparar el derecho violado de las ciudadanas, coloca al instituto en la omisión.
No se trata aquí de hacer como que cumplo, se trata de consolidar la democracia y respetar el Estado de Derecho. 
 

Twitter @lagunes28
 
*Directora general de CIMAC A.C. 
 
11/LL/RMB/LGL

13 de septiembre de 2011

Se agudiza violencia y periodistas siguen desprotegidas



No se indagan crímenes y faltan medidas de protección, acusan    
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 12 sep 11 (CIMAC).- Los asesinatos y desapariciones de periodistas dejaron de ser un tema invisible a partir de 2005 sin que hasta el momento se tengan protocolos de seguridad, ni mecanismos de protección.
Comunicadores aseguran que durante la última década de gobiernos federales del Partido Acción Nacional (PAN), los actos contra la libertad de expresión prácticamente se volvieron cotidianos en un país donde la violencia se recrudece día con día.
La tarde de este domingo 11 de septiembre el gremio periodístico salió a las calles para denunciar el clima de violencia y exigir justicia para las reporteras Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga. 
“El peor crimen es el silencio” fue la frase de esta marcha. En la movilización de agosto de 2010 el lema “Los Queremos Vivos” acompañó a las y los comunicadores, en una muestra de repudio a la impunidad y los asesinatos de periodistas.
En 2005 Reporteros Sin Fronteras colocó a México como el país más peligroso del continente americano para ejercer el periodismo. Desde entonces, la violencia contra reporteros, fotógrafos, editores, columnistas y demás trabajadoras y trabajadores de los medios ha ido en aumento.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 66 periodistas fueron asesinados de 2000 a 2010 y sólo de 2005 a 2010 se han registrado 18 ataques en instalaciones de medios de comunicación y 12 reporteros más han sido desaparecidos.
Para organizaciones civiles con trabajo en libertad de expresión la cifra es de 80 periodistas asesinados durante los últimos 11 años. Los periodistas critican que si antes tenían que lidiar con la censura y las intimidaciones, hoy tienen que resguardar su vida.
Aunque las cifras varían según la organización que registre los casos, lo cierto es que cada año su suman más nombres a las estadísticas, mientras que las autoridades federales y estatales evaden su obligación de otorgar garantías de seguridad o establecer un marco legal a favor de las y los trabajadores de la información.
El integrante del Club de Periodistas, Jorge Santa Cruz, advierte que el tema no es nuevo. La violencia contra el gremio periodístico data de hace muchas décadas, no es sólo de estos 10 años de gobiernos del PAN, explica.
Para este comunicador, durante los gobiernos priistas los presidentes municipales, gobernadores y “caciques” también han sido enemigos de la libertad de expresión, sin embargo ahora la violencia se ha disparado.
Además afirma que las y los reporteros que están en la Ciudad de México viven en “una especie de paraíso”, mientras que los colegas que están en Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Baja California, Durango o Sinaloa, padecen pésimas condiciones de trabajo.
De acuerdo con datos de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), de 2006 a 2010 se han presentado 35 quejas por agresiones contra periodistas del DF, la forma de violencia más común son los allanamientos a instalaciones de medios de comunicación, agresiones físicas y verbales, demandas judiciales y la asignación discrecional de la publicidad oficial. 
El clima de hostilidad en el país fue constatado por los relatores especiales para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Frank La Rue, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes vinieron a México en agosto del 2010. 
Los relatores alertaron que México continúa siendo el más peligroso para el ejercicio periodístico, pese a que esta alerta viene de años atrás, sin que el gobierno federal tome acciones para revertir la situación. 
Botero y La Rue señalaron que en México hay una impunidad generalizada en los casos de asesinatos contra periodistas y otros actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones.
La periodista de Reporte Índigo, Anabel Hernández, critica la indiferencia de las autoridades: “A nadie le importan los periodistas, si no nos defendemos nosotros, quién. Lo que vemos es que cada vez que aumenta la violencia y la corrupción también aumenta la violencia contra los periodistas”. 
Si bien son pocos los informes con perspectiva de género, el programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha registrado y documentado 27 eventos de violencia cometida contra mujeres periodistas en México en lo que va de 2011.
De acuerdo con la investigación de CIMAC, el feminicidio de Rocío González Trápaga y Ana María Marcela Yarce, y la ejecución de Yolanda Ordaz de la Cruz, dan cuenta de los procesos violentos que las informadoras enfrentan hoy en día en México.



11/AGM/RMB/LGL
 

Ss de Veracruz niega anticonceptivos a las adolescentes



Prevalecen desabasto y mala atención en clínicas 

Por Brisa Gómez, corresponsal 
 
Xalapa, 12 sep 11 (CIMAC/AVC).- Para las adolescentes acceder a métodos anticonceptivos en los centros de salud de esta capital del estado de Veracruz, es prácticamente imposible no sólo por la inexistencia de condones, pastillas o dispositivos intrauterinos, sino por las trabas que personal sanitario impone a quienes, siendo menores de edad, acuden a solicitar información.
“Mar”, una adolescente de 17 años, acudió a solicitar desde condones hasta pastillas anticonceptivas regulares y anticonceptivas de emergencia a diferentes centros de salud, como parte de una investigación de Cimacnoticias para verificar la disponibilidad o la falta de métodos de control natal.
“Mar” solicitó condones y pastillas anticonceptivas en los turnos matutino y vespertino del Centro de Salud Gastón Melo, en el centro de esta ciudad. 
Durante el turno matutino, el personal de la clínica hizo que “Mar” recorriera distintas instancias para al final tener una respuesta negativa a su petición.
A la joven primero la mandaron a la farmacia, luego al módulo de información, después a trabajo social y finalmente al área de promoción de la salud, donde el personal le dijo que no le podían dar “ningún tipo de método anticonceptivo” –incluyendo condones– en tanto no fuera atendida, previa cita, por el área de consulta familiar.
Pero “Mar” insistió en su solicitud de preservativos. La respuesta fue la misma: No se le darían los condones hasta que fuera revisada por personal médico y determinara si procedía la entrega. 
En el centro de salud Arroyo Blanco a la adolescente tampoco se le brindó el servicio. En el área de promoción de la salud sólo estaban platicando una doctora y una enfermera, quienes le dijeron a “Mar” que esperara.
Luego de 10 minutos, y al ver que la joven no era atendida, un empleado de la clínica preguntó en la farmacia del centro de salud si había anticonceptivos. Tras la respuesta negativa, el trabajador de la salud le dijo a “Mar” que tendría que regresar otro día para ver si los métodos de control natal ya habían sido surtidos.
A su solicitud de pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE) en otras clínicas, las respuestas fueron “no hay” o “sólo con la autorización” del médico familiar.
Mujeres adultas que acudieron a solicitar la PAE al centro de salud Gastón Melo obtuvieron como respuesta: “Sólo con la orden del Ministerio Público”. 
De acuerdo con información solicitada a la Secretaría de Salud (Ss) estatal, a través de Infomex, los recursos públicos para la compra de métodos anticonceptivos han disminuido en los últimos dos años.
En 2009 el presupuesto fue de 5 millones 277 mil pesos para la compra de levonogestrel micronizado con dispositivo, noretisterona solución inyectable, y levonogestrel y etilniestradol en grajeas.
Para 2010 la inversión para anticonceptivos representó sólo 6 por ciento de lo destinado un año antes: 317 mil 202 pesos.
La Ss de Veracruz no reportó lo invertido en 2011 para ese rubro, bajo el argumento de que la información “no ha sido capturada” porque el año está en curso. 
Patricia Ponce y Nicté Lakshmi Aguilar, integrantes del Grupo Multisectorial VIH, alertan sobre la inexistencia de preservativos en todo el estado, al grado de que –afirman– ni siquiera se han proporcionado a pacientes de VIH y mucho menos a la población en general, incluyendo a las adolescentes. 
Ante esta situación, el secretario de Salud estatal, Pablo Anaya Rivera, ha negado el desabasto de anticonceptivos en los centros de salud y hospitales públicos. 
Cimacnoticias preguntó al respecto en las farmacias de las clínicas y el propio personal sanitario reconoce que “desde hace meses” no hay condones ni pastillas anticonceptivas.
 
11/BG/RMB

Lydia Cacho Plan b*



Construir la paz  
Por Lydia Cacho
 
Una persona en el público se dirige al Dalai Lama en México. Le dice que sufrió un secuestro y mandó matar a uno de sus secuestradores: “¿Qué hago con eso?”. 
La mirada dulce de este extraordinario pacifista arrebató el aliento de sus escuchas; el líder espiritual responde dos cosas fundamentales: arrebatar la vida no tiene sentido alguno, y  aquellas personas que han sufrido violencia sólo pueden sanar al trabajar con otras a superar su dolor y miedo. 
El líder tibetano, premio Nobel de la paz, llega a México en un momento clave cuando quienes saben y quienes pretenden saber, suben a los escenarios para debatir si lo que México necesita para resolver sus problemas es más policía y Ejército, o pena de muerte y más cárceles, o más educación y un sistema de justicia penal adecuado. 
Este hombre cargado de dulzura, con un sentido del humor extraordinario y una vasta cultura, responde que él no promueve el budismo ni recomienda que la gente se cambie de religión. En su charla en el estadio del Cruz Azul, salió con su gorra futbolera; en el Teatro Metropólitan y en Monterrey conmovió a gente de todas las edades.
Tenzin Gyatso, conocido como el Dalai Lama, trajo aire fresco a la discusión de fondo sobre los problemas de violencia en el país. 
Un recordatorio de lo que a pesar de ser obvio, no parece hacerle sentido a una buena parte de la población: que los seres humanos estamos interconectados, que todas las formas de violencia que ejercemos así como las que recibimos, fortalecen patrones de energía enferma, generan ecos que magnifican la ira, el resentimiento, la sed de venganza, que rompen toda posibilidad de diálogo. 
Después de escucharlo, de ver la reacción en la gente que le escuchó, me quedó claro que en México todas y todos hemos participado en la creación de una nube de oscuridad que nos impide dar pasos certeros, que nos ciega para salir de este ciclo de violencia que se incrementa mientras más la nombramos; la violencia en los hogares, contra la infancia, la de la guerra, la violencia de los políticos que generan confusión intencionalmente.
¿A quién beneficia la generación de tanto odio? Desde el odio de las balas hasta el verbal de un tuit que insulta a quienes disienten nos distraen de la verdadera tarea. 
La violencia tiene el poder de aislarnos. El Dalai Lama lo sabe, por eso nos cuenta que El Tíbet, cercado entre los Himalayas quedó aislado del mundo y cuando China decidió invadirlo lo sabía, por ello cometió el genocidio de 1.2 millones de personas sin que nadie los detuviera.
Para eliminar a los tibetanos y su fe en la paz, el gobierno chino destruyó más de seis mil 200 monasterios. Fue así que el Dalai, con más de 100 mil personas se refugió en la India. 
Su reflexión sobre cómo el aislamiento nos pone en mayor peligro pareció engarzar a la perfección con la imagen en los medios de soldados armados y calles vacías en diferentes rincones de México. 
Miles de personas han abandonado sus hogares por miedo, se han sentido solas ante el peligro, han callado los ataques y las amenazas. 
Jóvenes deportistas de Monterrey cancelan sus juegos en Texas porque los zetas les advierten que si no pagan 30 mil dólares no les dejarán cruzar la frontera, y se sienten solos, aislados, en lugar de que todas las familias salieran en caravanas a acompañarles a jugar, quedaron aisladas, consumidas por el miedo, la frustración y el enojo. 
La sabiduría del Dalai nos recuerda que hay otros caminos para la libertad y ciertamente los que hemos elegido, desde los medios, la política y la sociedad, no nos llevarán a la paz.
Y lo suyo no es un discurso simplista, justo resulta complejo por la dificultad para asimilar a profundidad las implicaciones de desarrollar el verdadero pacifismo. No hay forma de buscar la paz sino ejerciéndola, no hay manera de generar y reproducir procesos de pacificación que erradiquen las emociones violentas, si no es con la congruencia.
No se pierda la exposición “Tíbet: Recuerdos de la patria perdida”, en el magnífico Museo de la memoria y la tolerancia en Plaza Juárez, en el Centro Histórico del DF.
www.lydiacacho.net/Twitter @lydiacachosi
 



* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá. 
 
11/LC/RMB


México reprueba compromisos de cumbre de El Cairo



A 17 años, no hay servicios de SSyR de calidad  
 

Por Guadalupe Cruz, Chantal Martínez y Brisa Gómez 
 
A 17 años de que México firmó el llamado Consenso de El Cairo, que obliga a los gobiernos a garantizar el abasto de métodos anticonceptivos y brindar servicios de salud sexual y reproductiva con respeto a los Derechos Humanos (DH), en nuestro país prevalecen los embarazos en adolescentes, la mala atención del personal sanitario, la alta incidencia de infecciones de transmisión sexual en las jóvenes, y la penalización del aborto en 17 estados.
“Desafortunadamente México ha fallado”, lamenta la directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, María Eugenia Romero. Advierte que a tres años de que se cumpla el plazo para cumplir a cabalidad los compromisos signados, “persisten las deficiencias en la atención de la salud sexual y reproductiva, que afectan sobre todo a las adolescentes, jóvenes e indígenas”.
Este 13 de septiembre se cumplen 17 años de que México, junto con más de 180 países suscribieron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, Egipto. El programa estipula que los servicios de salud deben brindar una amplia gama de métodos anticonceptivos, dar información acerca de su uso y un trato con respeto a los DH.
Romero, también presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población del Conapo, aclara que a pesar de que el Estado mexicano ha establecido normas, programas, presupuestos y ha integrado en su discurso los derechos de las mujeres, las mexicanas carecen de servicios sanitarios que garanticen su bienestar. 
En México, cada minuto nacen tres niñas y niños, uno de los cuales fue parido por una joven menor de 20 años de edad. En Tamaulipas, por ejemplo, cada año se registran 14 mil embarazos en adolescentes de 12 a 17 años, según cifras del Inegi.
En el país, la posibilidad de tener el primer hijo en la adolescencia es del 32 por ciento, y el riesgo de morir en una mujer embarazada de entre 10 y 18 años se incrementa de dos a cinco veces, según datos de la Secretaría de Salud (Ss).
Además el número de mujeres con VIH en México va en ascenso y  Tamaulipas también es un emblema de esa realidad, hasta hace unos años por cada tres hombres con la infección había una mujer, ahora hay dos hombres por cada dos mujeres seropositivas.  
A nivel nacional la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) es de 10 por ciento, pero para las jóvenes aumenta a 18 por ciento y para las adolescentes se dispara a 25 por ciento, señala la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009. 
De acuerdo con la Enadid, en 12 años (1997-2009) la cobertura de métodos anticonceptivos para las jóvenes disminuyó uno por ciento, de 45 por ciento a 44.7. El promedio nacional de uso de estos métodos es de 71 por ciento, pero para las mujeres indígenas apenas alcanza 52.4 por ciento.
En 10 años, la prevalencia anticonceptiva (uso de métodos de control natal) pasó de 68.5 a 71 por ciento, es decir, un aumento de apenas 2.4 por ciento, lo que nos habla de un “evidente estancamiento del programa”, observa Romero. 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia realizó entre 2007 y 2010 una investigación para fiscalizar el acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos. 
En ese estudio se asienta que en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y el DF las usuarias enfrentan obstáculos para regular su fecundidad. En Chiapas sólo 31 por ciento de las usuarias entrevistadas recibió un método anticonceptivo en la unidad de salud en 2010. 
Equidad de Género detectó que en más de la mitad de los estados hay “actitudes prejuiciosas” o desaprobación del personal de salud ante la solicitud de las usuarias de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE). 
Respecto al abasto de esa píldora, estipulado en la Norma Oficial Mexicana (NOM-005) de Planificación Familiar (PF), sólo 50 por ciento de los servicios contaba con el anticonceptivo y no se otorga porque el personal considera que las usuarias “se acostumbran y cada mes van a ir a pedirla”. 
El horario de atención también es una barrera que las usuarias deben sortear para atender su salud sexual y reproductiva. “En algunas clínicas ofrecen sólo cinco fichas al día y las entregan a las 6 de la mañana. Hay mujeres que tienen que ir dos o tres veces para conseguir una ficha”, detalla la activista.
México incumple con el acuerdo de El Cairo de garantizar servicios de salud confidenciales para las adolescentes. Según la indagación de Equidad de Género, a las menores de edad se les pide ir acompañadas de una persona adulta. 
Cada año en la Ss se otorgan 76 millones de consultas relativas a la atención de la salud sexual y reproductiva, de las cuales 16 por ciento son para adolescentes, sólo una de cada seis.
Respecto al presupuesto destinado a planificación familiar, para 2011 se etiquetaron 170 millones de pesos; de 2003 a 2007 ese gasto disminuyó en 2.4 por ciento cada año.
En Veracruz, por ejemplo, la Ss estatal destinó en 2009 5 millones 277 mil pesos para ese rubro, pero en 2010 redujo de manera brutal el monto a 317 mil 202 pesos.
Al crítico escenario, dice Romero, se suma la penalización del aborto en 17 estados del país, circunstancia que ha generado “confusión” entre el personal de salud, el cual se niega a atender a mujeres con padecimientos vinculados al aborto inseguro, cuando “es una responsabilidad que debe atender”. 

11/GCJ/RMB
 
CONTEXTO
 
Abasto de anticonceptivos y atención integral a mujeres con VIH, grandes pendientes



Falta voluntad política del Estado mexicano: Equidad de Género 
 
Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
A tres años de que México rinda cuentas sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consenso de El Cairo, los avances son mínimos debido a que en materia de salud sexual y reproductiva nuestro país no ha logrado pasar “de las palabras a la acción”. 
A decir de María Eugenia Romero, directora de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, los retos que el Estado mexicano enfrenta –como el abasto de métodos anticonceptivos y la atención integral de mujeres con VIH-sida– pueden alcanzarse si existe voluntad política y un programa integral y sólido en el que participen los diversos sectores involucrados. 
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, celebrada en El Cairo, Egipto, el 13 de septiembre de 1994, es trascendental porque centró las problemáticas de población y desarrollo en la salud de las mujeres, el fomento de su autonomía y el respeto a sus derechos. 
En la CIPD, donde participaron mujeres organizadas de diferentes países del mundo, por primera vez la salud reproductiva y sexual y los derechos reproductivos de las mujeres fueron eje de un acuerdo internacional de población. 
Entre los avances en México, tras la firma del Consenso de El Cairo, está la creación del Programa Nacional de Salud Reproductiva, la Norma Oficial Mexicana (NOM-005) de Planificación Familiar, y la NOM-046 para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Otro de los logros es la inclusión del Anexo 10 “Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres” al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), destaca María Eugenia Romero, quien indicó que estos avances a nivel federal se deben a la presión de la sociedad civil organizada. 
La activista aclara que los programas, normas y presupuestos aún no se traducen en mejoras en la calidad de vida de las mexicanas, sobre todo en su salud sexual y reproductiva. 
El atraso sostenido de México en el cumplimiento del Consenso de El Cairo se caracteriza por la falta de anticonceptivos, entre ellos los métodos de barrera para las mujeres (condón femenino), el cual debía ser prioritario para las más de 180 naciones que signaron los acuerdos. 
A 17 años de la firma de ese compromiso, este año México adquirirá alrededor de 400 mil condones femeninos, los cuales se distribuirán por primera vez de manera masiva en las unidades de la Secretaría de Salud (Ss). 
La importancia del preservativo femenino se debe a que es el único método para que las mujeres se protejan de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
En este sentido, otro pendiente es la inclusión de las mexicanas en los programas de prevención y tratamiento de ITS y VIH, ya que hasta ahora sólo están integradas para evitar la transmisión del virus de mujeres embarazadas a sus hijas e hijos (vía perinatal). 
El Programa de Acción de la CIPD obliga a los Estados firmantes a que debe aumentar el número de vasectomías y de métodos anticonceptivos utilizados por hombres, con el propósito de que se responsabilicen de su fecundidad. En México esa meta no se ha cumplido. 
Mientras el uso de los métodos de anticoncepción definitivos para mujeres, como la oclusión tubaria bilateral aumentó siete veces en las últimas tres décadas, el número de hombres que se hicieron la vasectomía sólo se duplicó. 
El consenso internacional también establece que México y las demás naciones firmantes deben respetar los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva. 
Éste es un reto a cumplir en 2014 –año que se puso como plazo para que los países cumplan con los acuerdos de El Cairo–, que de acuerdo con María Eugenia Romero se puede conseguir si se capacita con visión de género y de derechos humanos al personal de salud. 

11/GCJ/RMB