"El feminismo no muerde": Marcela Lagarde

Por Dalia Acosta para IPS, La Habana, agosto 2010

Con poco más de un siglo de existencia, el feminismo perdura en América Latina y el mundo, pero su vida como ideología reivindicadora de las mujeres simula un efecto de olas encrespadas, con puntos elevados y vertiginosas caídas.

Así define la antropóloga y feminista mexicana Marcela Lagarde esa "crítica persistente de la modernidad", que a inicios del siglo XXI vive un momento inusual por la diversidad generacional de sus militantes, y su extensión, a través de los estudios de género, a otros espacios sociales, académicos y de producción científica.

"El feminismo no muerde", enfatiza Lagarde, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y una de las promotoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde el 2 de febrero del 2007, y de la introducción del delito de feminicidio en el Código Penal. Lagarde, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres conversó con IPS durante su visita a Cuba.
IPS: ¿Cuáles son las causas de la permanencia de los prejuicios hacia el feminismo, incluso entre los mismos movimientos de mujeres o en países como Cuba que promueven políticas a favor de la población femenina?
Marcela Lagarde: No ha habido una continuidad en la transmisión del papel del feminismo en la cultura moderna. Pareciera que hubiera etapas en las que se pierde la memoria histórica y luego hay que volver a recuperarla. Como el feminismo es una crítica de la sociedad patriarcal, ha sido percibido como peligroso por quienes están de acuerdo o asumen como inevitable la sociedad, cultura y poder patriarcales.
El feminismo hace la crítica del patriarcado como una construcción metapolítica que atraviesa sociedades y épocas, y propone alternativas concretas. El poder patriarcal es un poder monopolizado por los hombres. Se esgrimen también otros valores y alternativas que pueden ser percibidas como peligrosas, que muerden, porque están destinadas a eliminar la dominación de género.
Quienes no están de acuerdo hacen lo que siempre se hace en la lucha política: idealizar al enemigo, en este caso, las mujeres y feministas. Les plantean atributos y características peligrosas y muchas falsedades. Previamente, hay una cultura bastante misógina, sexista, machista. A esa misoginia social se suma la misoginia política que es el antifeminismo.
IPS: ¿Cómo define al antifeminismo? ¿Cuánto se ha extendido?
ML: Es la deslegitimación de lo que el feminismo ha aportado a la humanidad. Se trasmite ahora en mujeres y hombres, porque las mujeres en las sociedades patriarcales hemos sido educadas y socializadas para funcionar patriarcalmente. Algunas devenimos feministas, pero eso implica un conocimiento distinto para criticar nuestra propia cultura, identidades y condición de género, que tiene una enorme impronta patriarcal.
Toda esa ignorancia generalizada contribuye al antifeminismo. Desde el poder dominante, constantemente hay una política antifeminista extendida y extensiva. Repetimos prejuicios que nunca hemos corroborado, pero los tenemos como parte de nuestras ideologías y cultura en que vivimos.
El humor está cargado de misoginia y de misoginia política, con las comparaciones permanentes, que la gente repite, y es parte de la cultura de masas. No tenemos la fuerza cultural tampoco para contrarrestarlo a cada paso con un discurso propio.
IPS: ¿Qué ha significado para las mujeres contemporáneas la invisibilidad del feminismo?
ML: Determinados grupos de mujeres van naciendo o desarrollándose con avances ya logrados por el feminismo desde el siglo XVIII, pero no los ponderan ni valoran porque ya los tienen: educación, acceso al mundo laboral, empleo, ingreso o participación política.
Tuvimos que aprender, sobre el feminismo, investigando por nuestra cuenta para saber qué había pasado, porque no lo enseñaban en la escuela ni en las universidades. No se transmite de una generación a otra, como los conocimientos de ingeniería o ciencia de la física.
Este esquema muy androcéntrico provoca una ignorancia enorme por parte de mujeres y hombres sobre el feminismo y su contribución a la modernidad. Ahora ya estamos logrando que se incorpore este saber en las universidades, pero todavía no está en la educación primaria ni secundaria. En muchos países, no es hasta el posgrado que hay materias, seminarios, cátedras de género y feminismo.
IPS: ¿Y en la práctica? ¿Podría hablarse del feminismo como un cambio de vida y alianza entre mujeres?
ML: Ayuda a vencer la misoginia contra las otras mujeres y una misma, favorece el acercamiento e intercambio de ideas, sobre lo que cada una ha avanzado en su propia vida. Las mujeres feministas hemos aprendido mucho de otras mujeres por nuestro método de trabajo.
Además de lo académico, tenemos muchos espacios de encuentros íntimos entre mujeres, donde aprendemos unas de otras y nos apoyamos. Todo ese apoyo formidable nos empodera porque desarrolla una fortaleza interior y luego social muy importante: una fortaleza de afirmación de género que te autoriza y valora como mujer en un mundo que nos ataca todo el tiempo.

Texto tomado de Cuadernos Feministas

Boletín de Prensa de la Familia Morlett Espinosa

 

BOLETIN DE PRENSA 

México, D.F., a 27 de Agosto de 2011. 

El día de hoy el periódico Reforma publicó una noticia diciendo que la PGJDF “había localizado el cráneo de Adriana Morlett”. Queremos informarles que ésta es sólo una línea de investigación, que todavía estamos confirmando, lo que ha sido muy difícil, porque existen contradicciones en los peritajes y omisiones por las autoridades investigadoras, lo que nos ha obligado a designar al equipo de antropólogas forenses Argentinas como peritas para aclaren los peritajes, pero además tenemos otros líneas de investigación muy fuertes que ubican a Adri con vida. Por lo que la información publicada en ese periódico no es concluyente, se está confirmando, así como otras líneas de investigación.

Tememos que estén tratando de darle carpetazo a la búsqueda de Adri, y por eso se filtró esta información pendiente de confirmación, por lo que mucho agradeceríamos publicar esta información en su medio solicitando su ayuda para que siga la búsqueda de nuestra hija Adriana Morlett Espinoza, sigamos buscándola, hasta que aparezca o se confirme la información. 

Atentamente:

La Familia Morlett Espinosa 

Ariana Espinosa Ugalde Javier Morlett Macho 

Responsable de la Publicación: medios@catwlac.org 26-1414-88

Guía anticonceptiva para madres recientes

Por Andrea Arabia

Tras el parto, surgen muchas dudas relacionadas con la vida sexual. El cambio hormonal
que experimenta el cuerpo tras dar a luz trae consigo, entre otras consecuencias, un significativo descenso de la libido, al que hay su sumar falta de sueño, cansancio, estrés… Los especialistas aconsejan esperar hasta seis semanas después del nacimiento del bebé, la conocida “cuarentena”, para reiniciar los encuentros con la pareja y evitar así posibles infecciones. Es entonces cuando muchas mujeres se plantean qué método
anticonceptivo deben usar en esta nueva etapa de su vida.
La anticoncepción en este momento está condicionada, sobre todo, por el tipo de lactancia que se le da al niño. Dependiendo  de si es artifi cial, mixta o exclusivamente materna, la mujer debe elegir uno u otro sistema y, probablemente, la anticoncepción que utilizaba antes del embarazo no sea la más adecuada por todos los cambiossufridos. Asimismo, hay que tener en cuenta cuándo se quiere tener el siguiente hijo.
La doctora Carlota Ruesta, ginecóloga del Hospital Sanitas la Zarzuela de Madrid, nos ayuda a escoger el método que más nos conviene durante el posparto, siempre partiendo de la máxima de que la ausencia de regla no es sinónimo de infertilidad, aunque ésta todavía no haya bajado después del parto, es posible quedarse embarazada.

EN CASOS DE LACTANCIA MATERNA O MIXTA 
Si la madre da el pecho o lo combinación el biberón debe usar un método anticonceptivo que no interfi era con la lactancia. 

·         Los métodos de barrera como el preservativo,el diafragma o el preservativo femeninose pueden emplear con seguridad.Para la dra. Carlota Ruesta, en España elpreservativo es el método de protecciónmás utilizado para las primeras relacionestras dar a luz por su efi cacia y comodidad.En cambio, antes de utilizar el diafragma(una esfera de goma fl exible con los bordesrígidos que coloca en el cuello del útero)es aconsejable consultar a un ginecólogopara comprobar el tamaño, debido a lasposibles modifi caciones sufridas en el cuellodel útero tras el parto. Las tallas suelenoscilar entre los 50 y los 100 milímetros.

·         Métodos hormonales,solo la píldora de progesterona (laminipíldora) está indicada durante este periodo. Estos fármacos contienen progestina,más potente que la progesteronanatural, por lo que se pueden usar en dosismuy bajas. Al no contener estrógenosno alteran la lactancia e, incluso, podríanmejorarla. Debe tomarse diariamente ala misma hora sin suspenderse nunca yactúa a nivel del moco del cuello uterino,haciendo que sea muy espeso. Eso sí, comienzaa actuar de 10 a 15 días después desu primera toma.

·         El DIU de cobre es otro de los métodosrecomendados. El cobre espesa el mococervical, dificultando al espermatozoide moverse. Además, altera el pH del endometrio,impidiendo que el óvulo se implanteen el útero. “Es conveniente, tanto si hasido cesárea como parto natural, esperardos meses para colocarlo ya que el útero y el cérvix pueden estar agrandados”, explica la dra. Ruesta. El proceso de inserciónes sencillo y puede realizarse con o sinanestesia local, pero es aconsejable acudir al médico cuando ocurra la primera reglatras el parto (durante o después de la lactancia)para ver si está bien colocado.

·         Los implantes también son recomendablesen el periodo de lactancia (cápsulasque contienen progestágenos y que se implantanbajo la piel en la cara interna de laparte superior del brazo), pero no se suelenusar porque son laboriosos de colocary de quitar. Existen dos formas comercializadasen España, ambas sin estrógenos.Estas varían tanto en su forma como en la duración de su efectividad, que es de tresa cinco años. Se recomienda insertarlos decuatro a seis semanas después del parto.

·         El método MELA. Aunque la doctoraRuesta no lo recomienda porque no es100% fi able, muchas mujeres practican el método MELA (método de amenorrea de la lactancia basado en la infertilidad delposparto). Este método natural aprovechala propia lactancia como método anticonceptivo,ya que esta evita la ovulación. Implica seguir unas indicaciones estrictascomo son: que la madre no haya tenido ninguna regla, que la lactancia sea exclusivamente materna, que no pasen más de seis horas entre tomas y que no hayan transcurrido más de seis meses desde elnacimiento del niño.

LACTANCIA ARTIFICIAL

En este caso la madre debe tener muy presente que no está protegida frente a un nuevo embarazo, ni siquiera durante la cuarentena. Si se quiere evitar otra gestación, debe recurrir a un anticonceptivo desde la primera relación. Durante este periodo vale cualquier método, incluidos las píldoras anticoceptivas y el DIU.

·         Los métodos hormonales poseenuna cantidad reducida de hormonas que impiden la ovulación y modifi can el ciclo menstrual. La mayoría combinan estrógenoscon progestágenos y no están recomendados para las madres lactantes porquelos estrógenos disminuyen la cantidady la calidad de la leche. La píldora debetomarse pasada la cuarentena o entre lascuatro y seis semanas después de dar a luz. Es recomendable acudir al ginecólogo paraque realice un examen y una analítica.

·         El anillo vaginal (anillo transparente y fl exible que se inserta en la vagina y libera estrógeno y progesterona) pueden usarse en madres con lactancia artificial en las 4-6 semanas después del parto,preferiblemente comenzando con lamenstruación (si ya se ha reinstaurado).

·         Tanto para el DIU hormonal como para el de cobre, es necesario esperar dos meses para su inserción, mientras que los métodos químicos, como los espermicidas, no se usan hasta seis semanas después del parto porque pueden afectar a la herida que deja la placenta en el útero. 

LIGADURA DE TROMPAS
La ligadura de trompas es un método  cualquier momento del puerperio. En el caso de las cesáreas, algunas pacientes aprovechan y la solicitan durante el acto quirúrgico. En el caso del parto vaginal, puede hacerse desde el principio y de forma independiente de la lactancia, pero recordando que al ser un procedimiento quirúrgico precisa anestesia general y durante unas 6-8 horas debe desecharse esa leche. Existe un método de ligadura de trompas vía vaginal llamado ESSURE, que consiste en unos dispositivos metálicos que se colocan en las trompas vía histeroscopia y, por lo tanto, no es
necesario aplicar anestesia general.
Pueden colocarse independientemente de la lactancia, aunque como todos los métodos “anatómicos” es recomendable esperar 6-8 semanas después del embarazo.

DESPLEGADO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES 7 DE JUNIO Y LA ASOCIACIÓN SINALOENSE DE COMUNICADORAS

 Agosto 26, 2011.

C. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ.

GOBERNADOR DE SINALOA.

En Sinaloa los periodistas vivimos en la indefensión. En Sinaloa no hay Estado de Derecho. Las instituciones, que constitucionalmente deben garantizar la seguridad de los ciudadanos, están rebasadas. Son omisas.

No hay garantías, desde el Estado, para ejercer la libertad de expresión ni el Derecho a la Información, condiciones indispensables en todo régimen democrático.

Hoy, ejercer estas libertades se paga con la vida, o con el silencio. Una Prueba de ello, es la privación ilegal de la libertad y asesinato de

Humberto Millán Salazar

compañero entrañable, que en su ejercicio profesional, critico, mordaz, se caracterizaba por destapar las cloacas de la clase política.

Es la sociedad la que pierde, cuando se acalla una voz.

Elevamos nuestra enérgica condena por el clima de violencia e impunidad, que es el sello distintivo, que domina la vida pública en Sinaloa. El discurso oficial, de respeto a la libertad de expresión, se contradice con la estela de impunidad, que deja cada crimen.

El asesinato deHumberto Millán Salazar nos manda una señal devastadora para el ejercicio periodístico. Y constituye una advertencia, de la clase política, a la que el periodista cuestionó con su crítica aguda, de que en Sinaloa hay intocables.

Exigimos que su compromiso por esclarecer los hechos no sea una retórica hueca. Ya estamos hartos de la simulación institucional.

Pedimos que en la indagatoria se profundice en el trabajo periodístico de nuestro compañero y dé resultados inmediatos, que conduzcan a dar con los autores intelectuales y materiales del crimen.

¡JUSTICIA!

Preparan OSC solicitud de Alerta de Género en Chihuahua

Activistas critican rechazo prematuro de funcionaria estatal  


La AVG es un mecanismo derivado de la Ley General, de acuerdo con los artículos 33 y 34 del Reglamento de dicha ley las OSC, podrán solicitarla al Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de Secretaria del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, y esa instancia tendrá que revisarla y decidir en dos días hábiles la aceptación.



Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 25 ago 11 (CIMAC).- A pesar de la reciente negativa de la titular de Control Interno de la Fiscalía General de Chihuahua (FGE), Rosa María Sandoval, para demandar una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, organizaciones de mujeres ya preparan una solicitud formal ante el incremento de asesinatos de mujeres.
El pasado martes el procurador de Justicia de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, compareció ante la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados. Ahí reconoció el aumento de los asesinatos dolosos de mujeres en el estado, los cuales de 2006 a agosto de 2011 han dejando mil 105 víctimas. Tan sólo en el primer semestre de 2011 se registraron 222 casos de feminicidio, abundó el funcionario.
En rueda de prensa en Chihuahua, Rosa María Sandoval dijo que la cifra de 22 asesinatos de mujeres no ameritaba declarar una AVG en el estado. 
Durante la comparecencia del procurador, la presidenta de la Comisión Especial, Teresa Incháustegui, solicitó considerar la declaratoria en la entidad. 
La coordinadora nacional del Foro Nuevo Sol del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón, se sumó hoy a la solicitud de Incháustegui y llamó al gobernador de Chihuahua, César Duarte, a que decrete la AVG.
Afirmó que contra lo que piensa Rosa María Sandoval, el incremento en el número de homicidios contra mujeres que siguen sin resolverse amerita que el gobernador tome cartas en el asunto.
Para Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), es lamentable que antes de que se solicite la AVG “se esté negando”; y lo más lamentable es que se haga sin bases y conocimiento del proceso que se tiene que seguir para solicitar e implementar la misma.
El feminicidio en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua ha sido documentado por organizaciones civiles de la entidad desde 1993 a la fecha.
Ha sido motivo de diversas investigaciones y recomendaciones de organismos internacionales y fue fundamental para la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (Ley General), publicada el 1 de febrero de 2007. 
Chihuahua fue el primer estado en aprobar su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en enero de 2007, y ha sido pionero también al realizar juicios orales sobre feminicidio, bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El estado también cuenta con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), relativa al caso del Campo Algodonero de Ciudad Juárez en 2009, la cual hasta la fecha no ha sido cumplida de manera cabal, según las organizaciones de mujeres.
 
“LAMENTABLE NEGAR LA ALERTA PARA LA ENTIDAD”
 
A pesar de ello y del incremento de crímenes de mujeres cada año y de la exigencia de las agrupaciones, la AVG no se ha implementado y la tipificación del feminicidio en el estado tampoco se ha realizado.
Luz Estela Castro, quien es abogada especialista en violencia de género, señaló que el Cedehm se encuentra trabajando la propuesta para presentar la solicitud de AVG, ya que lo que se busca es ser muy precisas y que ésta no sea rechazada por “cuestiones legaloides o por usos políticos”, como sucedió en los casos de Oaxaca, Guanajuato y recientemente el Estado de México.
 
EL PROCESO 
 
La AVG es un mecanismo derivado de la Ley General, de acuerdo con los artículos 33 y 34 del Reglamento de dicha ley las OSC, podrán solicitarla al Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de Secretaria del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, y esa instancia tendrá que revisarla y decidir en dos días hábiles la aceptación.
Una vez aceptada, el Inmujeres convoca al Sistema a sesión extraordinaria para que se decida si procede la investigación. 
En el artículo 36 del reglamento de la Ley se indica que si el Sistema resuelve que procede la solicitud, también conformará un grupo interinstitucional y multidisciplinario para el estudio y análisis de la posible emisión de la AVG.
Asimismo, hará del conocimiento del Ejecutivo local, encabezado en este caso por el gobernador César Duarte, el contenido de la solicitud y le pedirá que entregue en un plazo de 15 días hábiles un informe sobre los asesinatos dolosos de mujeres en la entidad. 
De igual manera, en el artículo 37 del reglamento se indica que una vez efectuado el estudio se remitirá un informe al Sistema por conducto del Inmujeres. 
Una vez que termine la investigación se informará si se declara o no la AVG. En caso de que se concluya que sí se emitirá la Alerta, ésta será remitida a la Secretaría de Gobernación para que a su vez la emita y notifique al titular del Poder Ejecutivo local.
 
11/GTR/RMB/LGL

Procurador de Sonora quiere internet para investigar feminicidio

Exige a diputadas su “apoyo” para mayor presupuesto  
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 25 ago 11 (CIMAC).- El procurador general de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, afirmó que para acabar con los casos de feminicidio y las desapariciones de mujeres en su estado es necesario desarrollar tecnologías de punta.
Durante su comparecencia con la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, el procurador estatal explicó que para hacer frente al feminicidio la PGJE requiere un presupuesto que le permita contar con una infraestructura eficiente para esa tarea.
Al exponer la situación de Sonora en materia de violencia contra las mujeres, señaló que tienen muchas limitaciones por lo que pidió a las diputadas federales que los “apoyen” con un presupuesto para contar con las herramientas elementales y así desarrollar su trabajo.
Señaló que para investigar los casos de feminicidio se debe contar con Semefos bien equipados, con gente especializada, con conectividad web, y mejorar la funcionalidad de los centros integrales de procuración de justicia.
Agregó que se debe considerar que la Procuraduría tiene también otras “cargas” como la impartición de justicia para adolescentes, desarrollo del sistema de información para los centros de orientación, protección y atención a víctimas del delito, entre otros.
Si bien el procurador no precisó datos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha dado a conocer que de agosto de 2007 a 2011 se registraron 217 asesinatos de mujeres en Sonora.
De enero a agosto de 2011, el OCNF documentó 27 casos de feminicidio en el estado, lo que a decir de esta organización, es ejemplo del desprecio exacerbado hacia la vida de las mujeres, tanto por parte de los asesinos como de las autoridades.
Ante esta situación, el OCNF exigió en días recientes al Congreso estatal que tipifique el delito de feminicidio y etiquete presupuesto para la implementación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
Organizaciones locales de mujeres han exigido al gobierno de Sonora que implemente órdenes de protección sin dilación para las mujeres que denuncien que sus vidas corren peligro por la violencia de pareja, ex pareja o alguna otra amenaza de muerte.
Al respecto, Murrieta Gutiérrez dijo que el Ministerio Público cumple con las órdenes de protección y que tienen como prioridad la implementación de la “Alerta Amber” (para localizar a niñas y niños desaparecidos) con el objetivo de ser más eficientes.
Señaló que en el gobierno estatal se está consolidando el sistema de identidad en restos óseos por perfil genético y que están realizando una base de datos al respecto. Además agregó que también se debe hacer una identificación multi-biométrica.
La diputada presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, Teresa Incháustegui, dijo que se debe considerar información sobre el tipo y modalidad de los asesinatos: “Si sabemos cómo ocurre un fenómeno y cuándo ocurre, tendremos mucho más oportunidades de prevenirlo”.
La legisladora del PRD dijo que el feminicidio en la entidad podría ser mayor al registrado en Chihuahua o Sinaloa, toda vez que ­de acuerdo con información del Inegi­ en Sonora a las mujeres las estrangulan, ahorcan o ahogan.
Murrieta Gutiérrez contestó: “Tendríamos que ser un poquito más explícitos, no es tan sencillo llegar a esas conclusiones. Ni me estoy excepcionando de ninguna situación de que en mi estado a lo mejor si pudiera existir esa situación, pero deveras ­con toda buena fe se los digo­ no consideramos la liga tan determinante”.
Finalmente la diputada explicó que en el año 2000 los homicidios íntimos o de pareja (en los que la víctima fue encontrada en el hogar) constituían el mayor porcentaje, mientras que en los últimos años se ha incrementado el feminicidio en vía pública, predios o lugares despoblados.
Por ello dijo que se debe mejorar el análisis de cómo ocurren estos delitos para poder prevenirlos y erradicarlos; asimismo invitó a la PGJE a informar cuántas mujeres desaparecidas son localizadas y en qué condiciones las encuentran.
 
11/AGM/RMB/LGL

Colima prohíbe estigmatizar a víctimas de feminicidio

Octava entidad en aprobar tipificación del delito 


Por Glenda Libier Madrigal, corresponsal 
 
Colima, 25 ago 11 (CIMAC/ MUPAC).- Activistas por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género destacaron que la tipificación del feminicidio, aprobada ayer de manera unánime por el Congreso del estado, contempla protocolos de investigación con enfoque de género, protege a las y los descendientes de las víctimas, y prohíbe que se estigmatice o responsabilice a las colimenses por las agresiones sufridas.       
 
La abogada de Católicas por el Derecho a Decidir, Yuriria Rodríguez Estrada, consideró que con esta tipificación la entidad “se pone a la cabeza” a nivel nacional, toda vez que incorpora aspectos que no contienen las reformas penales aprobadas en los otros siete estados donde el feminicidio ya es un delito.
 
De acuerdo con información del dictamen aprobado, Colima se encuentra entre las 10 entidades federativas del país con más casos de muertes de mujeres por violencia intrafamiliar.
 
El Congreso de Colima aprobó modificaciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado de Colima, así como a la  
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la entidad.
 
El feminicidio quedó tipificado en el artículo 191 Bis 5 del Código Penal estatal, el cual establece que comete ese delito “quien, por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer”. Se castigará con una pena de 35 hasta 60 años de prisión.
 
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS 
 
Al Código de Procedimientos Penales se le adicionaron las fracciones VIII, IX y X al artículo 20. Entre lo más destacado de la reforma se encuentra lo que estipula la fracción IX, la cual señala que se debe “evitar incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor”.
 
Además, de acuerdo con la fracción VIII del mismo artículo, las autoridades judiciales están obligadas a “proveer regularmente a las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes”.
 
Las reformas comprenden la elaboración de un banco de datos para integrarlo al sistema de información sobre los delitos cometidos en contra de mujeres; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas; y la capacitación de personal de la Procuraduría de Justicia local, para tratar los asuntos de violencia y feminicidio con perspectiva de género.
 
El artículo 158 Bis del Código de Procedimientos Penales establece medidas de protección para salvaguardar la seguridad e integridad física y psicológica cuando las víctimas u ofendidos de la violencia de género sean menores de edad. 
 
Entre las acciones de protección se encuentran: La separación inmediata del domicilio cuando la víctima u ofendido conviva con el destinatario de la medida; vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; protección policial; traslado de la víctima u ofendido y de sus descendientes a refugios o albergues temporales; y la inscripción a programas estatales de desarrollo personal, social, educativo y laboral.
 
CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DH
 
El artículo 339 Bis del Código de Procedimientos Penales obliga a los ministerios públicos a investigar como probables feminicidios las muertes de mujeres ingresadas a hospitales por una serie de lesiones como heridas, fracturas, quemaduras, golpes, estrangulamiento, ahogamiento por inmersión, entre otros crímenes. 
 
Entre las reformas y adiciones al artículo 61 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal, está la “eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres” 
 
Con la tipificación del feminicidio ahora los agentes del Ministerio Público, peritos y demás personal tendrán que especializarse en Derechos Humanos (DH) y perspectiva de género, con el fin de que conduzcan con diligencia las averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio. 
 
El dictamen aprobado por el Congreso se elaboró a partir de las propuestas presentadas por las coordinadoras de las bancadas del PRI y del PAN, Itzel Ríos de la Mora y Patricia Lugo Barriga, respectivamente.
 
Con Colima suman ocho las entidades del país que tipifican el feminicidio en sus legislaciones locales. Antes lo hicieron Guerrero, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Distrito Federal, Tamaulipas y Veracruz. 
 
11/GML/RMB

Diputado local denuncia por “injurias” a reportera de Nayarit

Arcelia García pide la intervención de Segob y PGR

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 25 ago 11 (CIMAC).- La reportera del periódico Realidades de Nayarit Arcelia García Ortega, denunció que en ese estado se censura a los medios de comunicación a través de figuras jurídicas como la injuria, la calumnia y la difamación, por lo que exigió garantías para el libre ejercicio periodístico.
Puso como ejemplo la demanda que el diputado local del PRI Omar Reynoso Gallegos interpuso en su contra luego de que la reportera publicó declaraciones de la diputada federal del PAN Ivideliza Reyes Hernández, quien acusó al legislador de malversación de fondos durante su cargo como secretario de Salud estatal.
Reynoso demandó a Arcelia García ante la agencia número 21 especializada en delitos contra el honor de la Procuraduría General de Justicia de Nayarit. 
Ante esta situación y con la finalidad de denunciar estos hechos, García Ortega envió una carta a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), al gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, y a la Comisión Especial de agravios a periodistas del Congreso local.
La reportera señaló en la misiva que la demanda penal en su contra  es una “intimidación a su labor periodística”, ejercicio garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana –los cuales protegen de manera explícita los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información–, y por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Arcelia García relató a Cimacnoticias que el pasado 21 de julio publicó una nota donde citó los dichos de la diputada Ivideliza Reyes, quien afirmó que el priista incurrió en un desvío por 30 millones de pesos. Luego de que se dio a conocer esta información, el legislador la demandó por “mentir”.
La reportera aclaró que en su trabajo escrito se limitó a reproducir un hecho de interés público, y a difundir las declaraciones de una legisladora federal sobre un tema que también fue consignado por diversos medios audiovisuales y escritos que cubrieron la nota. 
Aunque estas declaraciones fueron publicadas en otros medios, en la demanda presentada por Omar Reynoso sólo aparece el nombre de dos reporteras: Arcelia García y el de una informadora de Nayarit en Línea. Ambas están acusadas por el delito de injuria.
El artículo 294 del Código Penal de Nayarit estipula el delito de injuria y lo define como “toda expresión proferida o toda acción para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle alguna ofensa”. Es un delito que se sanciona con prisión de tres días a un año o multa de uno a 10 días de salario.
En la carta de denuncia, también dirigida al titular del Ejecutivo federal, la reportera lamenta que en Nayarit “un ex funcionario del gobierno, que es señalado como corrupto en el desempeño de sus responsabilidades, se siente ofendido cuando se le critica por el reclamo, no del periodista, sino de la sociedad”.
Es así que García Ortega, quien fue respaldada por el gremio periodístico local, exigió al gobernador Ney González que cumpla con su palabra y con su obligación de no perseguir ni coartar la labor informativa de las y los periodistas.

11/AGM/RMB/LGL

Comercio sexual, sí. Trata, no.

En el reciente XIV Encuentro Nacional de Trabajadoras (es) Sexuales, las y los participantes reflexionaron sobre la preocupación que todo el trabajo sexual se considere como trata con fines de explotación sexual y que ello criminalice el trabajo sexual voluntario y victimice a las trabajadoras sexuales.

Es indudable que la trata y la explotación sexual son delitos que deben prevenirse y sancionarse por el Estado. La aprobación de la Ley Federal para Prevenir la Trata de Personas y la legislación estatal en esta materia representan un avance importante para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, como claramente señalaron las trabajadoras sexuales, una cosa es la trata con fines de explotación sexual y otra el comercio sexual voluntario. La distinción es necesaria.

La trata es absolutamente reprochable, pues se trata de una práctica que va en contra de la voluntad de las personas, muchas de las cuales son obligadas, mediante engaños o extorsiones, a comerciar sexualmente. En cuanto al comercio sexual voluntario es un tema que genera grandes revuelos y sobre el que no hay un consenso. Hay quienes dicen que todo comercio sexual debe abolirse porque es una forma de explotación y subordinación de las mujeres y que en realidad las mujeres que lo eligen lo hacen porque no tienen otra opción. Por otra parte, están quienes piensan que las mujeres pueden decidir libremente dedicarse a esta actividad y que debe ser regulada y considerada como cualquier trabajo.

La antropóloga Marta Lamas, quien ha estudiado el tema, comenta sobre la regulación en otras regionales del mundo que “en general, en la Comunidad Europea (CE) el trabajo sexual es legal, pues desde una perspectiva moderna cualquier intercambio sexual en que haya verdaderamente autodeterminación y responsabilidad (haya o no dinero de por medio) es ético. Además en estos países, las propias trabajadoras sexuales han reivindicado la libertad de elección de su trabajo en el marco de la defensa de sus derechos civiles. Formular el sexoservicio como un lugar elegido, no sólo desmiente nuestros estereotipos culturales - el de la pecadora y el de la víctima- sino que introduce el tema del contractualismo. En este esquema lo fundamental es que el trabajo sexual sea voluntario y no violentado (sea por tráfico o secuestro)”.

Muchas trabajadoras sexuales reivindican al comercio sexual como un trabajo al que se dedican por decisión y conveniencia, sin negar que existen situaciones de explotación y esclavitud que deben erradicarse. Critican el hecho que se las visualice “como víctimas, como esclavas sexuales; y si no aceptamos esa victimización nos califican como victimarias, como lenonas. Nos quitan el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y en qué queremos trabajar”.

Querer prohibir o querer abolir la prostitución para evitar la explotación es transitar un camino riesgoso. El comercio sexual no se acaba con su prohibición. Es fundamental proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y asegurar su adecuada regulación para proteger los derechos de las y los trabajadores sexuales y evitar situaciones de riesgo. Al mismo tiempo, es fundamental generar condiciones que aseguren que las personas tengan la libertad de dedicarse al trabajo que quieran y que no sean explotadas ni sujetas a condiciones de esclavitud.

Este es sin duda un tema que genera mucho debate y posiciones encontradas. Lo importante es no querer tapar el sol con un dedo, escuchar lo que las mismas trabajadoras sexuales tienen que decir al respecto y tratar de encontrar fórmulas donde las mujeres, su autonomía y derechos estén en el centro de la discusión.

Informaciòn obtenida del blog del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Sí, en México hay ciudadanas de primera y de segunda

Luz María, como muchas otras mujeres en el país, vivió en carne propia la discriminación en el acceso a servicios de salud reproductiva por su lugar de residencia. Si viviera en la Ciudad de México, el infierno por el que está pasando no habría existido. Pero vive en otro estado.

Fue en febrero de este año cuando Luz María (el nombre es ficticio por seguridad) se enteró de que estaba embarazada. Sólo llevaba seis meses de novia, ya tenía tres hijos y no quería tener un cuarto. Su entonces novio no estaba de acuerdo con la decisión y comenzó a chantajearla. Al parecer, es un hombre violento y no entendía sus motivos para interrumpir el embarazo.

Luz María estaba convencida de su decisión y a través del Fondo MARIA viajó al DF para interrumpir legalmente su embarazo. Este Fondo ayuda a mujeres de otros estados a que se cumplan su decisión en condiciones de legalidad y seguridad.

Con seis semanas de gestación, Luz María llegó a una de las clínicas de la Ciudad de México donde le practicaron el procedimiento sin ningún problema. Al día siguiente, volvió a su casa.

Cuando le contó a su novio que había abortado él se enojó mucho, la amenazó con decir lo que había hecho a su familia y al papá de sus hijos, pero también intentó convencerla de regresar con él. Estaba dispuesto a “perdonarla”. Sin embargo, los reproches se hicieron cada vez más frecuentes y a la violencia verbal se agregaron los jaloneos. Luz María terminó con él y tuvo que llamar a una patrulla para que lo alejaran de ella.

Como represalia, él la denunció por aborto ante el Ministerio Público de su estado. A pesar de que fue legal lo que hizo, porque interrumpió el embarazo en el DF, Luz María fue citada a declarar, sin un abogado defensor, sin que se le explicara de qué la acusaban y exigiéndole exámenes y revisiones ginecológicas a las que se negó. A pesar de que ella demostró que el aborto se había realizado en el DF, el expediente sigue abierto, lo que obviamente le genera una carga emocional y económica muy grande, aunado a la irresponsabilidad y gasto de recursos innecesarios por parte del aparato estatal, pues no existe el supuesto “delito”.

Luz María sufrió discriminación por haber tenido la “suerte” de vivir en en otro estado y no en la Ciudad de México. Primero tuvo que viajar al DF para poder interrumpir un embarazo, lo que donde vive está prohibido, y por si eso fuera poco, el Ministerio Público de su estado aceptó abrir un expediente por un delito que no existe.

En México, según el lugar donde resida, cada mujer podrá acceder o no a determinados servicios de salud, en este caso a la interrupción de un embarazo, y por ello será candidata a ser discriminada en su derecho a la protección de la salud reproductiva, su derecho a la intimidad, a la autodeterminación y a la vida.

Hoy en México hay discriminación por lugar de residencia y también por razones económicas: las mujeres con más dinero pueden viajar al DF o interrumpir sus embarazos en condiciones seguras en sus estados.

El 28 de agosto se cumplen tres años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucionales las reformas que despenalizaron el aborto en la Ciudad de México. Durante la discusión en la Corte, el Ministro Fernando Franco González afirmó que la despenalización del aborto salvaguarda “los derechos constitucionales que protegen la dignidad, la igualdad, la salud y, sobre todo, la intimidad de la mujer, que […] conlleva también su derecho de autodeterminación, para que no le sea impuesta una maternidad contra su voluntad, bajo amenaza de ser recluida en la cárcel”.

La Suprema Corte, en un acto sin precedentes, reafirmó el derecho que tienen las mujeres a una maternidad libre y voluntaria. Ojalá esto se hiciera realidad en todo el país, para que dejemos de tener ciudadanas de primera y de segunda.

Desaparecidas en Juárez “se fueron por su voluntad”

Procurador de Chihuahua destaca “avances” de su gestión

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 23 ago 11 (CIMAC).- En lo que pareció una subestimación de la violencia de género en Chihuahua, el procurador de Justicia de la entidad, Carlos Manuel Salas, dijo que en muchos de los casos las mujeres desaparecen “porque se van por su propia voluntad”.“No avisan. Por ejemplo, se fueron a Tijuana, a Sonora o a otro lugar. Seguimos el rastreo a través de teléfonos, de antenas y demás…y las hemos ido encontrando”, expuso al comparecer ante la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados.Explicó que no toda la violencia contra las mujeres está relacionada con el feminicidio y trata de personas, “pero —aclaró— no hay que desacreditar este tipo de circunstancias”.

Al comparecer ante la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Salas, afirmó que hay avances en las investigaciones sobre feminicidio de Campo Algodonero y desapariciones de mujeres, sin embargo, reconoció el aumento de estos delitos.

El funcionario explicó que en los últimos dos años con el Estado mexicano ha cambiado su forma de ver este fenómeno, que de 2006 a agosto de 2011 ha cobrado la vida de mil 105 mujeres.

Estos datos los dio a conocer durante la reunión que esta mañana sostuvo en San Lázaro con diputadas federales. El encuentro tuvo como objetivo conocer los avances en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere al asesinato de tres mujeres en ese estado, caso mejor conocido como Campo Algodonero.

A casi dos años de que la CoIDH emitiera esta sentencia (16 de noviembre de 2009), Salas reconoció que se ha registrado un aumento de homicidios dolosos de mujeres toda vez que en lo que va de 2011 se registraron 222 casos de feminicidio.

Pese a estas cifras dijo que las estrategias para hacer frente a este fenómeno y a las desapariciones de mujeres han tenido éxito, no obstante evitó detallar los avances y se limitó a presentar un video de 15 minutos para explicar este tema.

 En el video se hace un recuento de las recomendaciones de la CoIDH sobre sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, la creación de una base de datos genéticos y la estandarización de protocolos de investigación, entre otros puntos.

En el mismo material audiovisual no se profundizó en los avances, por lo que representantes de organizaciones civiles que estuvieron en el encuentro cuestionaron al procurador.

Ante las preguntas, Salas señaló que los Centros de Justicia, las Unidades de Investigaciones Especializadas, el fideicomiso para niños huérfanos y los cursos de capacitación eran parte de los puntos que se estaban cumpliendo.

Respaldado por el Fiscal Especial, Armando García, al agente del Ministerio Público asignado a continuar con las investigaciones de Campo Algodonero, Rodrigo Caballero, la titular del Instituto estatal de las Mujeres, Emma Saldaña, Salas criticó a aquellos que “estigmatizan” al estado fronterizo.

La presidenta de la Comisión Especial, Teresa Incháustegui, dijo que es impactante el alto número de homicidios, por lo que invitó a considerar la Alerta de Género en el estado; en tanto la diputada Carentina Saénz preguntó qué estaba pasando con las desapariciones de mujeres.

 Al evadir las preguntas, Salas señaló que Chihuahua es más que feminicidio y lamentó que no se hable de las mujeres y hombres trabajadores, de su industria y de las exportaciones que generan.

Después de más de dos horas de exposición y cuestionado por Cimacnoticias, el procurador mencionó que las desapariciones de mujeres son lamentables y las atribuyó al crimen organizado. Al mismo tiempo dijo que “hemos tenido éxito en la mayoría de los casos de personas reportadas como desaparecidas. De 100 casos hemos tenido éxito en 85”.

11/AG/RMB

Causas obstétricas, 30% de internaciones de niñas de entre 10 y 14 años: Ipas México

Por Ariane Díaz

De todas las hospitalizaciones de niñas de 10 a 14 años, 30 por ciento fue por causas obstétricas (embarazo, parto y aborto), mientras el porcentaje del total de internaciones de adolescentes mujeres de 15 a 19 años por la misma causa fue de 88 por ciento, según un análisis de Ipas México (con base en datos oficiales de la Secretaría de Salud para 2009).

Lo anterior demuestra la enorme vulnerabilidad de ese sector poblacional y la deuda del Estado mexicano con la salud y los derechos reproductivos de sus adolescentes y jóvenes, consideró la doctora Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, en su participación en el foro sobre políticas públicas para la salud materna, organizado por el Observatorio de Mortalidad Materna en México y Web 2.0.

Recordó que de todas las muertes en mujeres adolescentes, el 5.6 por ciento fue por causas maternas, lo que representa la cuarta causa de muerte en adolescentes mujeres, después de los accidentes de tránsito, suicidios y homicidios, y antes de cualquier enfermedad o patología, como cánceres, por ejemplo.

La especialista señaló que más que una falta de políticas públicas hay un problema en su operación, toda vez queposturas ideológicas interfieren profundamente, no sólo a nivel federal sino en los estados también, donde los gobiernos conservadores tienen amplio margen para incidir en el uso de presupuesto, en el abasto y distribución de insumos y en el énfasis que ponen o no a los programas de salud reproductiva.

Schiavon apuntó como estrategias fundamentales para la salud maternaaquellas basadas en evidencia y que las organizaciones internacionales sabemos que funcionan, como es la prevención (anticoncepción en adolescentes y anticoncepción después de un parto o aborto), la atención de emergencia obstétrica en hospitales resolutivos y traslados oportunos.

Además consideró primordial que no exista ningún rechazo, pues hay mujeres que pasan de hospital a hospital para morirse al final de un peregrinaje trágicoy la despenalización del aborto o por lo menos la atención digna y oportuna al aborto incompleto.

Consideró que hay retos en la formación y capacitación continua del personal de salud, como enfermeras obstétricas y parteras, que podrían incorporarse a la atención de la maternidad.

En el caso de embarazos en niñas menores de 14 años de edad, la especialista consideró que debería ser tamizado forzosamente para descartar violencia y abuso sexual.

Señaló que a pesar de que no hay una recolección sistemática de esa información, deberíamos investigar de quién se embarazan las adolescentes, si de sus coetáneos o de personas mayores, incluyendo familiares.

Si se trata de abuso, dijo, el caso debería ser manejado de acuerdo a la NOM 046 y debería sistemáticamente informarles de su derecho a la interrupción legal de ese embarazo.

Periódico La Jornada.  Domingo 21 de agosto de 2011, p. 34

Piden a Segob reinstalar mesas sobre caso Inés y Valentina

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 22 ago 11 (CIMAC).- Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas violadas sexualmente por militares en 2002, solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que reanude los trabajos sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que a petición de ambas indígenas, el pasado 17 de agosto enviaron una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Felipe Zamora, para hacer esta solicitud.

La petición se dio luego de que el 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) informó que las investigaciones sobre la tortura sexual de la que Inés y Valentina fueron víctimas hace nueve años, fue remitida a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con el abogado, después de que la PGJM declinó las investigaciones están a la espera de que la Subprocuraduría de Control Regional de Procesos y Amparo de la PGR, con sede en el estado de Guerrero, inicie o complete la averiguación previa para que en breve ésta se consigne a un juez.

Una vez que los casos estén en manos de un juez, éste deberá dictar las órdenes de aprehensión correspondientes. Es de precisar que en 2009 las indígenas reconocieron, a través de un álbum fotográfico, a cuatro de sus agresores; cada una señaló a dos soldados.

Rosales Sierra indicó que hasta el momento se puede inferir que hay elementos suficientes para señalar a los culpables; sin embargo los representantes legales de Inés y Valentina no cuentan con toda la información porque los expedientes se mantuvieron en el Ministerio Público Militar.

En este contexto y con el objetivo de acelerar el cumplimiento de las sentencias, a través de las cuales la CoIDH responsabilizó al Estado mexicano por violar la integridad de ambas mujeres tlapanecas, Tlachinollan solicitó a la Segob que convoque a la brevedad a la reinstalación de las mesas de trabajo.

El pasado 15 de marzo, Felipe Zamora, junto con otros funcionarios públicos, se comprometió a cumplir con las disposiciones del tribunal internacional, que entre otras medidas de reparación señaló que el fuero militar no era competente para investigar violaciones a Derechos Humanos de civiles, por lo que determinó que ambos casos se investigaran en el fuero civil.

En la misiva que firmó el director de Tlachinollan, Abel Barrera, se señala que de conformidad con las sentencias emitidas por la CoIDH la mesa de trabajo relativa al eje de Justicia, la investigación penal deberá conducirse eficazmente para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas por la ley.

El documento precisa que, al tenor de las directrices que con precisión estableció la CoIDH, la investigación debe ser conducida en el fuero civil sin revictimizar a Inés y Valentina; incorporando una perspectiva de género y etnia de ambas mujeres, que permita su plena participación y sin exponerlas a nuevos riesgos.

En la misiva también se solicitó una copia de los expedientes y una reunión en la que participen solamente autoridades civiles del ámbito federal y que, en lo concerniente a la PGR, acuda la representación de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

El abogado de Tlachinollan mencionó que hasta ahora el cumplimiento de las sentencias ha sido lento, por lo que exhortó a la Segob y a la PGR a cumplir con sus obligaciones en la materia y garantizar que las investigaciones no queden en la impunidad. 

11/AGM/RMB/LGL

Asesinada la bloguera india que denunció el acoso policial y la corrupción

Por David Ballota

Reporteros sin Fronteras ha  denunciado el asesinato de la bloguera y activista de los derechos civilesShehla Masood. La bloguera iba a participar en una acción de apoyo a  Anna Hazare, conocido como el “nuevo Gandhi” que promueve un levantamiento pacífico contra la corrupción políticaque lastra el progreso social y económico de su país.

La combativa ciudadana, Shehla Masood, de 39 años, resultó muerta de un disparo que le alcanzó en el cuello mientras se disponía a arrancar su coche para llegar al acto en apoyo de Anna Hazare. Sus agresores no han sido identificados.

RSF ha instado a las autoridades indias a hacer una investigación imparcial e independiente para encontrar a los asesinos de Shehla Masood y ha pedido protección para los activistas críticos que se manifiestan en las calles o en la red, así como absoluto respeto al derecho a la información.

El padre de la bloguera ha sido menos diplomático y ha señalado a los que para él son los principales sospechosos. El líder político del principal partido conservador de la India, un jefe de la policía y dos personas más a las que por ahora prefiere no identificar aunque la policía conoce sus nombres.

Pero el padre de Shehla también han señalado con el dedo a la empresa multinacional  Río Tinto. La bloguera investigaba, según su padre, algún asunto nada claro (su padre dice “un juego sucio”) relacionado con la corrupción política y las actividades de esta empresa que explota algunas de las minas de diamantes más “productivas” del país.

La bloguera asesinada había presentado numerosas solicitudes para tener acceso a información gubernamental invocando el derecho a la información. Parte de los documentos que requirió estaban relacionados con las actividades de multinacionales en la India (concesiones gubernamentales, licencias, recalificaciones, permisos…).

El año pasado la activista había denunciado a las autoridades indias “que temía por su vida” y trasladó esta inquietud al jefe de la Policía. Nunca se inició una investigación. Tampoco cuando denunció, poco después, “acoso policial”.

Ahora la policía ha abierto una investigación... sobre su asesinato. En su memoria se han creado varias páginas en Facebook como Shehla Masood, a tribute, R.I.P. Shehla Masood y Punish Shehla Masood’s Killers.

En hecho inédito, magistrado favorece a sobreviviente de feminicidio

Cedehm gana juicio de apelación en Chihuahua  

Por Gladis Torres Ruiz
 
México, DF, 22 ago 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua logró que por primera vez un magistrado bajo el nuevo sistema penal acusatorio en la entidad, reclasificará el delito de violencia familiar por el de  tentativa de homicidio (feminicidio), lo que es un “gran avance” en materia de los derechos de las víctimas y en el acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia de género.
 
En entrevista telefónica, Luz Estela Castro, directora del Cedehm, dijo que este hecho tiene transcendencia a nivel nacional, ya que es la primera vez que un magistrado se pronuncia por los derechos de la víctima, fundamentando su resolución en el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
El pasado 12 de agosto, el magistrado Rodolfo Moreno Pérez falló a favor de Martha Olivia en un juicio de apelación en el que la víctima de violencia (defendida por el Cedehm) solicitó la reclasificación del delito para evitar la impunidad en su caso.
 
El magistrado concluyó que “la juzgadora de origen estaba obligada a aplicar los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres”. Moreno Pérez también fundamentó su fallo en los artículos 1,2, 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), y en la Ley estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Luz Estela Castro, abogada penalista especialista en sistema acusatorio (vigente en Chihuahua), reiteró que el caso de Martha Olivia es inédito ya que sienta un precedente al contemplar no sólo los derechos de los probables responsables, sino que también garantiza los derechos de las víctimas.
 
“Estamos ante un caso en el que en los hechos el Ministerio Público (MP) sólo dictó auto de formal prisión por los delitos de amenazas y violencia familiar y minimizo la violencia feminicida”, explicó.
 
Las abogadas y la víctima advertimos a la MP Bertha Alicia González García que no se trataba sólo de violencia familiar, “si no una tentativa de feminicidio, un delito completamente diferente a lo que el MP acreditó”, detalló Castro.
 
EL CASO 
 
El 25 de marzo de 2011, Martha Olivia –una mujer víctima de violencia familiar– acompañada de un actuario y de una activista del Cedehm, acudió al domicilio de su ex pareja para notificarle sobre las medida cautelares que le brindó una juez tras padecer violencia intrafamiliar.
 
Juan Manuel López Espinoza reaccionó violentamente, tomó a su pequeña hija como rehén, y jaloneó del cabello a Martha Olivia para posteriormente golpearla, tirarla al suelo y patearla en el estómago. Luego, al meterla en un vehículo intentó estrangularla.  
 
Con un rifle, el agresor amenazó a la integrante del Cedehm y le ordenó que se fuera. La activista se alejó unos metros y aprovechó para llamar a la policía.
 
López Espinoza fue capturado, pero la MP Bertha Alicia González García minimizó la violencia feminicida y, en contra de la petición de la víctima y las abogadas coadyuvantes, solicitó el auto de formal prisión sólo por los delitos de amenazas y violencia familiar. 
 
LOGRO JUDICIAL 
 
El Cedehm, primera organización feminista en México en litigar en el sistema penal de Chihuahua desde 2007, precisó en un comunicado que uno de los avances en el sistema acusatorio vigente en el estado es la participación activa de la víctima, y el derecho a nombrar abogadas o abogados que la representen (acusadoras coadyuvantes).
 
El Cedehm solicitó a la juez de Garantías Sandra Zulema Palma que a partir de los hechos y pruebas se solicitara la vinculación a proceso por el delito de tentativa de homicidio. Palma se negó con el argumento de que la investigación del delito corresponde únicamente al MP.
 
Ante ello, las abogadas apelaron la resolución de la juez ante un tribunal superior. Así, el pasado 12 de agosto se realizó la audiencia oral, en la que el magistrado Rodolfo Moreno basó su resolución en los tratados internacionales a favor de los derechos de las mujeres.
 
Luz Estela Castro precisó que en el sistema judicial tradicional en México “el MP es el que se queda con el monopolio de la acción penal y es el que dice cómo, cuándo, a qué hora y por qué delito (se acusa), sin embargo con el sistema (acusatorio) la víctima o la acusadora coadyuvante llega y dice no solamente son esos delitos, hay más”.
 
Desde 2007, en Chihuahua opera un sistema penal “acusatorio” en el que las partes en conflicto (fiscalía y defensa) se enfrentan en igualdad ante un juez. El MP y la víctima también pueden intervenir en el juicio.
 
11/GTR/RMB/LGL

Ss de Tamaulipas “oculta” información sobre salud reproductiva

Ineficaz política pública para prevenir embarazo en adolescentes  
Por Chantal Martínez Díaz, corresponsal 
 
Ciudad Victoria, 22 ago 11 (CIMAC).- En tan sólo seis años, un total de 85 mil 50 adolescentes de 12 a 17 años de edad en Tamaulipas han quedado embarazadas por la necesidad insatisfecha de anticonceptivos en el sistema de salud estatal, así como por la falta de educación sexual.
 
Según las estadísticas de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el embarazo en adolescentes entre 2004 y 2009 en la entidad creció 2.6 puntos porcentuales, ya que de 16.3 pasó a 18.9 por ciento.
 
Es decir, del promedio de 75 mil nacimientos al año, cerca de 14 mil 175 son de madres adolescentes de entre 12 y 17 años.
 
La vocera del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Leslie Carus Lárraga, dijo que al cierre del 2010 se atendieron a ocho mil adolescentes embarazadas, y en lo que va de este año se han registrado y atendido solamente mil.
 
OPACIDAD
 
Cimacnoticias pudo corroborar la opacidad en el manejo de la información en materia de salud sexual y reproductiva en el estado, luego de que la Secretaría de Salud de Tamaulipas, el Instituto estatal de Transparencia y Acceso a la Información, y la Unidad de Información Pública de la Ss local, se negaron a dar a conocer las estadísticas de embarazo en adolescentes.
 
El director de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Eleno Medina Vázquez, reconoció esa falta de transparencia y puso como ejemplo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “no lleva un control con cifras, fechas ni datos del número de alumnas que quedan embarazadas”.
 
Las asociaciones civiles Tamaulipas Diversidad Vihda Trans y el Centro de Prevención y Apoyo en VIH (Cepavih) coincidieron con el DIF Tamaulipas y la SET, en el sentido de que el embarazo en adolescentes se debe a que la entidad carece de políticas públicas adecuadas para prevenirlo.
 
Medina Vázquez criticó que en Tamaulipas las orientadoras dividan los grupos por género, para dar las pláticas de sexualidad en las escuelas secundarias. 
 
“Con los hombres se utiliza un lenguaje más directo que con las mujeres, a quienes se les enfoca más en la higiene personal de los genitales que de los riesgos de practicar relaciones sexuales sin protección, que las expone a un embarazo y a las infecciones de trasmisión sexual”, observó el funcionario.
 
“PARÁMETROS MORALISTAS”
 
Renata Martínez y Aimeé Blanco Elizalde, representantes de Cepavih, acusaron que “la orientación que reciben las y los adolescentes condena de entrada el goce de la actividad sexual, se maneja con parámetros moralistas cobijados por las asociaciones de padres de familia, la Iglesia y la irresponsabilidad del Estado”.
 
“Los padres están cegados o ignoran el tipo de prácticas sexuales que llevan a cabo las y los adolescentes en los baños de las escuelas desde el quinto y sexto año de primaria… muchas veces las jovencitas se han acercado (a nosotras) para pedir orientación de cómo tener prácticas sexuales orales y anales con el pretexto de proteger el himen y mantener su virginidad”, apuntó Renata Martínez.
 
La vocera del DIF estatal, Leslie Carus, advirtió que las políticas públicas en torno al embarazo en adolescentes siguen siendo asistencialistas, pues a las jóvenes sólo se les otorgan becas alimentarias cada mes.
 
Aclaró que en Tamaulipas hay un proyecto denominado “¡Haz conciencia!”, mediante el cual año con año se proporcionan “bebés virtuales” a 30 mil niñas de 12 a 17 años de edad para que vivan la experiencia de “cuidar a un supuesto hijo”. También existe el programa Atención a Madres Adolescentes (AMA).
 
MÍNIMO APOYO ESTATAL 
 
Rosalinda Banda, titular del Registro Civil estatal, dijo que al año acuden a las oficialías regionales un promedio de siete mil jóvenes de entre 13 y 16, para registrar a sus hijos con su apellido, lo que significa que no tienen el reconocimiento de la pareja, ni apoyo económico o moral.
 
Aunado al estigma, las adolescentes también tienen que abandonar los estudios ante la falta de recursos económicos. La SET cuenta con una Unidad Ejecutiva a través de la cual las madres adolescentes reciben becas económicas para seguir estudiando.
 
Sin embargo, de acuerdo con el departamento de Comunicación Educativa de esa dependencia, sólo 144 adolescentes son beneficiadas con el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), que de julio a diciembre de 2010 destinó 200 mil 850 pesos para becas, y de enero a abril de este año ha destinado únicamente 149 mil 500 pesos.
 
La beca Promajoven es de 278 pesos al mes para cada una de las beneficiarias en los 43 municipios de Tamaulipas.
 
SALUD SEXUAL EN RIESGO
 
Según datos del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece), en 2009 en Tamaulipas la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) entre las adolescentes se traduce en una alta incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS).
 
De acuerdo con el Cenavece, la candidiasis urogenital (que se transmite vía sexo oral) fue la principal causa de infección entre los jóvenes de 15 a 24 años, afectando principalmente a las mujeres con 96.8 por ciento de casos, contra 3.2 por ciento entre los varones.
 
La segunda causa de infección sexual entre las y los jóvenes es la tricomoniasis urogenital (94.3 por ciento en mujeres, y 5.7 por ciento en los hombres). 
 
En tanto, el virus del papiloma humano (VPH) afecta principalmente a las mujeres, cuya incidencia de 91.9 frente a 8.1 por ciento de los hombres.
 
11/CM/RMB