Inés y Valentina dan 48 horas a PGR para que atraiga sus casos

Presentan solicitud formal ante la dependencia y Sedena
 
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 28 jul 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio un plazo de 48 horas para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) respondan si trasladarán al fuero civil los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En conferencia de prensa, las dos indígenas tlapanecas víctimas de violación sexual a manos de soldados en 2002, en Guerrero, informaron que esta mañana acudieron a las oficinas de la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar un documento en el que solicitan que sus casos se investiguen en tribunales civiles y no en el fuero militar como ocurre actualmente.
 
Desde 2002, cuando ambas indígenas denunciaron la agresión, los casos pasaron del fuero civil al militar sin que hasta ahora se haya encontrado a los culpables, por lo que en su búsqueda de justicia y junto con Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Inés y Valentina acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual posteriormente llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambos organismos de la OEA.
 
En octubre de 2010, la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación a los Derechos Humanos (DH) de ambas indígenas, y lo sentenció a continuar las investigaciones en el ámbito civil y a reformar el Código de Justicia Militar con la finalidad de restringir el fuero militar.
 
En este contexto y tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 12 de julio con la que determinó que el fuero castrense debe restringirse en los casos de violaciones a DH donde se presuma la participación de militares, ambas indígenas exigieron que el fallo de los ministros se haga efectivo.
 
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, explicó que esperan una respuesta en 48 horas, sin embargo, aclaró que la respuesta puede tardar más tiempo. No obstante, el abogado dijo que a la luz de la resolución de la SCJN y de las sentencias de la CoIDH, PGR y la Sedena están obligadas a atraer y declinar, respectivamente, las investigaciones. 
 
Es así que se solicitó que las averiguaciones previas SC/179/2009/II-E, sobre los hechos ocurridos a Inés Fernández Ortega; y SC/180/2009/II-E, en el caso de Valentina Rosendo Cantú, se trasladen a tribunales civiles.
 
En caso de no obtener una respuesta, o de que ésta sea negativa, los abogados de ambas mujeres dijeron que podrían interponer un juicio de amparo ante un juez de distrito del estado de Guerrero, para impugnar la competencia de los tribunales castrenses en un asunto donde –aseguran– debe intervenir la jurisdicción civil.
 
Rosales Sierra también dio a conocer que en próximos días solicitarán a la SCJN que analice las sentencias de Inés y Valentina a través de un “expediente varios” como lo hizo con la sentencia de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, con el fin de reiterar las restricciones al fuero militar.
 
Al respecto, Inés Fernández denunció que aunque en marzo de este año la Secretaría de Gobernación instaló mesas de trabajo para cumplir las sentencias, hasta el momento no se tienen resultados concretos. “Cómo es posible que llevo varios años (pidiendo justicia) y no han detenido a esas personas que abusaron de mí”, acusó.
 
Valentina Rosendo criticó que a casi un año de que se notificara la sentencia los avances en las investigaciones son nulos. “Ya no es la (búsqueda de la) verdad, es la obligación de cumplir lo que dice la sentencia. Nuestro caso estuvo casi nueve años en la justicia militar y no tiene por qué estar ahí”, remarcó. 
 
La solicitud que hoy hicieron Inés y Valentina también fue suscrita por la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones defensoras de los DH.
 
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Familiares, principales feminicidas en Argentina

Mayoría de víctimas tenía entre 19 y 50 años   
 
Por la Redacción 

México, DF, 28 jul 11 (CIMAC).- En lo que va del año 151 mujeres y niñas han sido asesinadas de manera dolosa en Argentina. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezan el ranking de violencia de género, informó el Observatorio de Feminicidio “Adriana Marisel Zambrano”. En un comunicado de prensa, la organización La Casa del Encuentro precisó que estos datos se desprenden del informe de Investigación de Feminicidio en Argentina, realizado por el Observatorio, y que abarca del 1 de enero al 30 de junio de 2011. En el informe se precisa que en Argentina el feminicidio ocurre en el círculo afectivo directo de la víctima o entre sus conocidos. De los 151 casos registrados, en 106 los agresores son familiares (esposos, parejas, novios, ex-esposos, ex-parejas, ex-novios, hermanos, padres, padrastros, hijos y otros parientes), y en 13 se trata de vecinos y conocidos.  Mientras que en 32 casos los feminicidas no tenían vínculo aparente con sus víctimas. Del total de asesinatos, 82 (más de la mitad) se perpetraron contra mujeres de entre 19 y 50 años de edad. En el caso de las menores de edad, en el reporte se detalla que cuatro tenían entre año y medio y cinco años. La Casa del Encuentro señaló que Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina por la cantidad de asesinatos de mujeres (260 en 2010 y 151 en los primeros seis meses de 2011), mientras que el país que lidera el número de crímenes en América Latina es México, segundo está Guatemala y tercero Costa Rica. Con 52 casos, la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de asesinatos de mujeres; le siguen Santa Fe, con 15; Córdoba, 12; Caba, 10; Misiones y Salta, con 8; Mendoza, 7; Chaco, 6; Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy, con 6; y Tucumán, 5. La Casa del Encuentro demandó políticas públicas y sanciones contra la violencia hacia las mujeres, toda vez que la Ley de Violencia de Género aprobada en 2010 está incompleta, ya que le faltan sanciones para los feminicidas, y se considera necesaria la incorporación del concepto de feminicidio al Código Penal, para que de esa forma se agraven las penas en los casos en que una mujer es asesinada por violencia de género. 

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Consternación en Puebla

Por Alma Leticia León/Corresponsal

Puebla, Puebla. CIMAC. Ayer por la noche trascendió extraoficialmente que resultados de las pruebas de ADN que hicieron las autoridades al cadáver de una mujer hallado el pasado 22 de julio en el kilómetro 12 de la Vía Atlixcáyotl, confirmaron que se trata de Thalía Martínez Ramírez, la joven estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), desaparecida desde el 14 de julio.

Aunque hasta anoche no había sido confirmada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), se supo que el cuerpo presentaba un par de golpes en la cabeza, aunque no se habían determinado las causas del deceso, según dio a conocer el periódico digital, e–consulta,

Los familiares de la joven fueron citados la noche de este miércoles, por lo que se espera que en las próximas horas la PGJ proporcione los pormenores del caso, así como las líneas de investigación que hay al respecto.

Los restos hallados el pasado viernes en el kilómetro 12 de la Vía Atlixcáyotl, en avanzado estado de descomposición y envuelto en bolsas, fueron mostrados a los familiares de Thalía. Las condiciones del cadáver dificultaron la identificación, pero, sin embargo, pudieron reconocer las ropas  y accesorios de la joven, aunque exigieron el cuerpo no pudieron llevárselo para las honras fúnebres, porque la Procuraduría General de Justicia determinó que la identidad se corroborará con pruebas de ADN.

Cabe recordar que Thalía Martínez salió de su casa el 14 de julio a las 7:15 horas aproximadamente, rumbo  a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP,  para presentar un examen. Desde entonces no se supo nada de ella.

La desaparición de Thalía Martínez Ramírez suscitó la movilización de sus parientes, amigos, compañeros y conocidos en una campaña para su búsqueda, que tuvo las redes sociales como una de sus principales instrumentos.

Hasta ahora las líneas de investigación sobre el caso no han sido reveladas por la Procuraduría General de Justicia.

Indígenas víctimas de militares exigen a PGR atraer su caso

Inés y Valentina demandan justicia por la vía civil 

Por Guadalupe Cruz Jaimes 

México DF, 27 jul 11 (CIMAC).- Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por militares, solicitarán mañana a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y a la Procuraduría General de la República (PGR), que sus casos sean juzgados por el fuero civil, en cumplimiento con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Lo anterior lo señaló a Cimacnoticias Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan -previo a la conferencia de prensa que darán mañana para anunciarlo oficialmente- quien informó que Inés Fernández y Valentina Rosendo junto con diversas organizaciones civiles solicitarán formalmente a la PGJM que traslade los casos al fuero civil, y en este sentido, demandarán a la PGR que los atraiga.  Barrera adelantó que lo que las víctimas y las organizaciones están pidiendo es que el Estado mexicano “se apegue a la sentencia de la CoIDH”, emitida por ese tribunal hace ocho meses. De igual modo, dijo, “apelamos a que cumpla el mandato de la SCJN”, el cual señala que las violaciones a los Derechos Humanos (DH) de la población cometidas por militares deberán juzgarse por el fuero civil.  La petición a las procuradurías, agregó, “es un esfuerzo más de la sociedad civil y de las víctimas para que el Estado mexicano cumpla con las sentencias de la CoIDH”, las cuales sostienen que Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por elementos del Ejército en 2002, y ordena que para hacerles justicia es preciso que sus casos sean trasladados del fuero militar al civil.  El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recalcó la importancia de que el Estado atienda también lo dicho por sus propias instituciones, como la SCJN, máximo tribunal que recién reconoció públicamente “la necesidad de que se restrinja el fuero militar; en razón de eso vamos a pedir que den cumplimiento a las sentencias de los casos de Inés y Valentina”. La solicitud formal dirigida a la PGJM y a la PGR será firmada por las víctimas y diversas organizaciones de DH nacionales y de Guerrero, las cuales esperan que la respuesta por parte de las procuradurías sea lo más pronto posible.  Abel Barrera abundó que apelan “al compromiso del Estado mexicano”. Subrayó que por un lado el Ejecutivo, encabezado por Felipe Calderón, debe trasladar esas sentencias al fuero civil. Y el Legislativo debe hacer las reformas necesarias para restringir el fuero militar. “Eso es a lo que le estamos apostando, y si no lo hacen todo será una falacia construida desde la demagogia gubernamental”, advirtió.  El defensor de DH dijo que el llamado al Ejecutivo y Legislativo “es que no se sigan generando legislaciones secundarias que apelan al fuero militar y a la impunidad, como la Ley de Seguridad Nacional”.  A decir del activista, la Ley de Seguridad Nacional, que actualmente discute la Cámara de Diputados, “pone en riesgo el apego del Estado mexicano a los principios dictados por la CoIDH, porque está orientada a proteger al Ejército con este privilegio de que no se investiguen los delitos cometidos por sus elementos en el fuero civil, para seguir actuando impunemente”. 

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Puebla, con los índices más altos en casos de muerte materna

 Por Kara Castillo

Durante la firma de la Carta Intención de Emergencias Obstétricas, el secretario de Salud del estado, Jorge Aguilar Chedraui, reveló que en el primer trimestre de 2011 aumentó en un 12.2 por ciento la muerte materna en la entidad, colocando a Puebla como a uno de los estados con los índices más altos en este problema de salud pública.

Ayer, se formalizó la coordinación entre las instituciones que conforman el Sector Salud en Puebla para la Atención de Emergencias Obstétricas como la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital para el Niño Poblano (HNP) y la Delegación de la Cruz Roja.

Para cumplir los objetivos de este proyecto, se implementará el intercambio de servicios entre el Sector Salud local para que una emergencia materna sea atienda por cualquiera de las dependencias sin que importe a qué institución esté afiliada la paciente.

Se conformará un equipo de respuesta inmediata para resolver cualquier tipo de eventualidad que se presente. También se llevará a cabo la certificación de parteras y se activará el observatorio de muerte materna, creando paralelamente un censo de mujeres embarazadas para darle mejor seguimiento y evaluación, contando así con mejores diagnósticos.  

Por promover derechos sexuales, joven indígena es acosada por edil de Cotzocón

 Por Patricia Biseño

Oaxaca, México. CIMAC - La joven Itandehui Reyes, de 18 años y estudiante de bachillerato, acusó a las autoridades del municipio mixe de San Juan Cotzocón de acosarla e impedir sus labores de difusión de los derechos sexuales y reproductivos entre la comunidad.

La integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser) dijo que ya fue incluso amenazada con ser expulsada de la localidad por promover el uso del condón, y “alterar” el comportamiento de mujeres y hombres jóvenes.

En entrevista con Cimacnoticias, Itandehui señaló que ha sido catalogada en la comunidad como una joven “sin principios morales”.

Agregó que el presidente municipal de San Juan Cotzocón, Eustaquio Mateos Albino, advierte que “los hombres son quienes mandan y ella no es nadie para repartir esa información (sobre derechos sexuales y reproductivos)”.

De acuerdo con la joven, el edil la amenazó con promover su expulsión de la comunidad si continuaba con sus labores de difusión. Por lo pronto, su mamá, hermanos y hermanas ya fueron “invitados” a irse del municipio.

HISTORIA DE ABUSO

A los 11 años, Itandehui fue violada por un vecino. “Me violaron y en vez de detener al delincuente, me acusaron de haberlo provocado porque, al parecer de la autoridad, mi falda escolar estaba muy corta. Abandoné la escuela y me hundí en la depresión”, recordó.

El ataque fue denunciado al síndico municipal, quien tiene la facultad de Ministerio Público en el ayuntamiento, pero desestimó las pruebas. El crimen quedó impune.  

Tiempo después, la joven fue invitada a participar en la radio comunitaria La Voz del Cerro Obscuro y a asistir al taller de la Ddser sobre derechos sexuales y reproductivos para adolescentes. Ahí se dio cuenta de que en su comunidad no se brinda información sobre planificación familiar, embarazo en adolescentes, violencia intrafamiliar y sexual, y aborto legal.

A su vez, es común que las adolescentes en la zona mixe de Oaxaca sean objeto de violencia emocional, física y sexual en la familia, la comunidad, la escuela y en la pareja, observó Itandehui Reyes.

“El pueblo –regido por el sistema de usos y costumbres– considera que yo tengo un interés especial en promover el uso de condón porque quiero que sus hijos e hijas tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero no es cierto”, relató la joven.

Itandehui continúa con el taller de sexualidad en el patio de su casa y espera llevarlo a la escuela de la comunidad a partir del próximo ciclo escolar que comienza en septiembre. La directora del plantel le prometió un salón y material didáctico para realizar las sesiones.

 Mientras esto ocurre, Reyes no descartó que las autoridades y algunos habitantes inconformes con su labor cumplan en breve su amenaza de expulsarla del pueblo.

Cabe recordar que en mayo pasado, en el mismo municipio,  Melchor Agripino Guzmán Cruz, maestro de la sección 22 del SNTE, ordenó linchar y encarcelar a la tesorera Evitelia Pacheco Ramírez, en rechazo a que ella y otras dos mujeres encabezaran el gobierno en la agencia municipal de Emiliano Zapata.

Plantean Alerta de Género en la zona de la montaña de Veracruz

Reportan 13 asesinatos de mujeres en lo que va del año 

Por Brisa Gómez, corresponsal 

Xalapa, 27 jul 11 (CIMAC/AVC).- La diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de Veracruz, Martha Lilia Chávez, urgió a que se investigue la ola de violencia contra las mujeres que abarca desde la sierra de Zongolica hasta la ciudad de Orizaba, y que ha dejado ya 13 víctimas en lo que va del año.  

La legisladora advirtió sobre los “elevados” índices de violencia contra las mujeres en la región de las Altas Montañas del estado, e incluso planteó la posibilidad de que se declare una Alerta de Violencia de Género (AVG) en esa zona.

Lilia Chávez explicó que la cifra de homicidios es a partir de un seguimiento en medios de comunicación. Dijo que en fechas recientes se reportaron los asesinatos de dos mujeres en condición de explotación sexual comercial, una de ellas embarazada. Ambas fueron ultimadas por sus "clientes".

Se debe hacer una investigación más pormenorizada sobre la desaparición de mujeres y los homicidios que pudieran ser violencia feminicida, demandó la legisladora.

Explicó que desde el pasado 17 de mayo pidió a las autoridades estatales que investigaran la violencia contra las mujeres en la región de la Alta Montaña, para que a partir de los resultados se procediera a solicitar a la Federación una AVG para esa zona. Hasta el momento, aclaró, aún no hay reportes al respecto.

La AVG es un mecanismo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tiene entre sus objetivos que en un territorio determinado se realicen un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que logren erradicar la violencia feminicida.

Lilia Chávez agregó que la zona de la Alta Montaña y la parte urbana de Orizaba han ocurrido otros asesinatos de mujeres. No descartó que la cifra de homicidios pudiera elevarse y que el Ministerio Público pudiera tener conocimiento de los mismos.

Por otra parte, se prevé que este jueves el Congreso de Veracruz  apruebe el dictamen de la iniciativa para tipificar el feminicidio en el estado.

11/BG/RMB

Hallan cuerpo de reportera Yolanda Ordaz

Procurador liga asesinato con delincuencia organizada 

 

Por la Redacción

 

México, DF, 26 jul 11 (CIMAC).- A dos días de su desaparición, fue encontrado hoy el cuerpo de la reportera de la sección policiaca del diario Notiver Yolanda Ordaz de la Cruz, cuando se cumple poco más de un mes del asesinato de su jefe, el periodista Miguel Ángel López Velazco, quien firmaba como Milo Vela.

 

El cadáver fue hallado alrededor de las siete de la mañana

en la calle Habaneras del fraccionamiento Jardines de Virginia, en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, cerca de las instalaciones del diario Imagen del Golfo. 

 

Yolanda Ordaz de la Cruz fue vista por última vez el pasado domingo por la mañana cuando salía de su casa a trabajar cuando, de acuerdo con las versiones de testigos, fue “levantada” por sujetos armados que iban en una camioneta.

 

A partir de ese momento se dio parte a las autoridades sobre el secuestro de la reportera, cuyo cuerpo fue dejado esta mañana en la calle.

 

Al filo de las 11 de la mañana de hoy la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, a cargo de Reynaldo Escobar Pérez, dio una conferencia de prensa en la que dio a conocer que se iniciaron las investigaciones por el asesinato de la periodista con la averiguación número 711/2011/2VR.

 

El procurador dijo que el crimen organizado estaría tras la muerte de la periodista, toda vez que junto al cadáver se dejó un mensaje que decía: “los amigos también traicionan. Atentamente Carranza”.

 

"El gobierno de Veracruz condena y lamenta el crimen y ratifica su decisión de investigar las causas del mismo, pero es fundamental dejar en claro que este tipo de hechos deplorables, nada tiene que ver con el ejercicio de la profesión de periodista", abundó.

 

Reynaldo Escobar dijo que el asesinato de Yolanda Ordaz tendría que ver “con la relación que de manera, tal vez circunstancial, establecen algunos comunicadores con los cárteles de la delincuencia que las autoridades federales y estatales combaten todos los días y en todos los terrenos”.

 

El procurador explicó que “se investigan las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación sumamente vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar".

 

En su informe “La violencia en México y el derecho a la información 2010”, las organizaciones Cencos y Artículo 19 señalan que “las agresiones a mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que las amenazas van dirigidas en contra de sus familias y existe una clara intención de desacreditar el carácter moral de las periodistas”.

 

En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato en México de la reportera Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea, de Guerrero, y otras 18 amenazas o agresiones contra mujeres periodistas.

Junto con Hernández Galeana fue asesinado su esposo –también reportero– Juan Francisco Rodríguez Ríos. Ambos habían participado en encuentros de periodistas para exigir un alto a la ola de violencia contra informadores en el estado. Hasta ahora el crimen está impune.

 

11/RED

Combate a trata debe eliminar colusión autoridades-delincuencia

Elsa Conde propone informar a víctimas para que denuncien

 

Por Guadalupe Cruz Jaimes

 

México, DF, 26 jul 11 (CIMAC).- Después de dos décadas de denuncias ciudadanas que alertaban sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la zona de La Merced, diputadas federales y autoridades capitalinas emprendieron acciones contra este flagelo que sólo serán efectivas si se termina con la colusión de funcionarios y delincuentes, advirtió la ex legisladora Elsa Conde. 

 

En entrevista con Cimacnoticias, la ex diputada del Partido Social Demócrata, quien ha documentado la explotación sexual-comercial de mujeres en La Merced, refirió también que las medidas para sancionar el delito que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) deben reforzarse con campañas dirigidas a las víctimas con el fin de que reconozcan su condición de maltrato y denuncien.

 

Aunque el Gobierno del DF “tardó mucho” en hacer frente a la problemática, ahora lo hace de forma acertada con medidas de procuración de justicia para sancionar el delito. Aunque, aclaró, tales acciones “deben tener en cuenta que para ser efectivas tienen que combatir la complicidad de las autoridades con los tratantes”. 

 

La también activista mencionó que a la zona llegan las mujeres que son más vulnerables: “Son traídas con engaños de los estados más pobres, están en una situación muy precaria, de donde difícilmente pueden salir con sus propios recursos”.

 

Por ello, añadió, ellas necesitan de las acciones de prevención y atención del delito por parte de las autoridades capitalinas y federales. 

 

Elsa Conde dijo que debe considerarse que La Merced es una “zona de paso”, ya que “las mujeres no necesariamente llegan y se quedan ahí sino que son trasladadas a Jalisco, Tijuana e incluso a Estados Unidos”. 

 

La ex diputada federal propuso como medida de prevención que se informe a las mujeres en los puntos de confluencia en la Ciudad de México. “Hay que instalar módulos en las terminales, en las llegadas de autobuses de rutas de traslado de estados pobres como Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, de donde sabemos que van las mujeres a La Merced”, apuntó.

 

Conde reiteró que, de acuerdo con sus investigaciones, “las redes de tratantes se construyen a partir de la complicidad con las autoridades, por eso es importante que los operativos se mantengan y no sean simulaciones que en el fondo no terminan con el problema”.  

 

De 2010 a la fecha en el Distrito Federal han sido rescatadas 120 mujeres y niñas víctimas de trata, de las cuales la mitad eran explotadas sexualmente en la zona de La Merced, ubicada en la delegación Venustiano Carranza, al centro-oriente de la capital del país. 

 

Algunas de las víctimas regresaron a sus lugares de origen (Oaxaca, Tlaxcala, Baja California, Chiapas y centros turísticos como Acapulco y Cancún), donde han comenzado a trabajar. Otras permanecen en albergues para víctimas menores de edad, informó en entrevista la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Esthela Damián Peralta.

 

La legisladora añadió que la problemática en la zona es preocupante y requiere de un esfuerzo coordinado de los diversos sectores: “Tenemos que trabajar haciendo conciencia entre comerciantes, víctimas, sociedad, y dar apoyo a las víctimas para que recuperen su vida”.

 

Damian propuso la creación de un albergue para que niñas y mujeres explotadas sexualmente estén a salvo de sus agresores y también adquieran las herramientas para insertarse social y laboralmente. Actualmente hay tres albergues de este tipo en el DF y ninguno en el resto del país.

 

La diputada perredista anunció ayer el lanzamiento de una campaña en La Merced, que consiste en repartir información “casa por casa” para que la comunidad pueda identificar los casos de trata y hacer una denuncia anónima. La campaña inició con 15 mil materiales informativos que se entregarán a las y los habitantes de este barrio. 

 

11/GCJ/RMB

Se “invisibilizan” agresiones a reporteras

Aumentan la violencia contra ellas y el desdén de autoridades

Por Anayeli García Martínez

El acoso, hostigamiento y amenazas contra informadoras son pan de cada día en todo el país, sin embargo, al ser denunciadas son consideradas “menos importantes” por las instancias de gobierno al grado que ni siquiera aparecen en los informes oficiales, acusan comunicadoras.

De acuerdo con defensoras de la libertad de expresión, la violencia contra las periodistas tiene un matiz distinto a la que se ejerce hacia los reporteros: a ellas se les acosa sexualmente, se les difama e incluso se les cuestiona su calidad moral como personas.

A lo anterior se suma la discriminación e impunidad que enfrentan al recurrir a las Procuradurías de Justicia o a las Comisiones de Derechos Humanos.

DISTINTO MODUS OPERANDI

“No necesita ser un carro bomba, un balazo, una aprehensión irregular o un agravio físico directo para afectar a las periodistas; las maneras de operar de los agresores cambian”, explica Jade Ramírez Cuevas, conductora y reportera de Radio Universidad de Guadalajara.

Ramírez Cuevas, quien ganó en 2009 el Premio Rey de España por un reportaje sobre la discriminación, desde el año pasado es hostigada por cubrir las movilizaciones contra la presa El Zapotillo, en Jalisco.

En abril de 2010 unos hombres que se identificaron como empleados federales comenzaron a amenazarla. Se metieron con su vida personal al relacionarla sentimentalmente con un defensor de Derechos Humanos, después la acosaron sexualmente y la amenazaron de muerte por sus investigaciones. 

Jade Ramírez advierte que sus agresores “cuidaron las formas de violentar para que el hecho se relacionara con cuestiones personales y no laborales”. Después, relata, el acoso fue a través de correos electrónicos y llamadas intimidatorias contra ella y su familia.

La periodista denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco pero las amenazas siguieron. En el colmo, cuando en abril de 2010 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) el tercer visitador Alfonso Barrón le dijo: “acostúmbrate”.

Jade sólo tuvo apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, instancias que dan seguimiento a su caso.

En su informe “La violencia en México y el derecho a la información 2010”, las organizaciones Cencos y Artículo 19 señalan que “las agresiones a mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que las amenazas van dirigidas en contra de sus familias y existe una clara intención de desacreditar el carácter moral de las periodistas”.

CIFRA NEGRA

Al clima de hostigamiento contra las periodistas, se añade que ningún reporte oficial tiene desagregado por sexo los casos de violencia contra las reporteras.

Por ejemplo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, reportó el inicio –de febrero a junio de 2010– de 35 averiguaciones previas o actas circunstanciadas por ese delito.

Hubo un aumento de denuncias ante la FEADLE respecto a las 29 de 2008 y las 16 de 2009. Sin embargo la Fiscalía no desagregó los casos por sexo y por tanto se dificulta saber el número de reporteras violentadas por ejercer su profesión.

Cencos y Artículo 19 reportaron que en 2010 hubo 129 agresiones contra informadores, de los cuales 29 fueron en perjuicio de mujeres periodistas. Ambas organizaciones civiles han denunciado que la FEADLE demuestra ineficacia para resolver los atentados a la libertad de expresión.  

REPORTERA ASESINADA

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa que en 2010 fue asesinada en México la reportera Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea, de Guerrero. Además otras 18 periodistas fueron agredidas o amenazadas.

Junto con Hernández Galeana fue asesinado su esposo –también reportero– Juan Francisco Rodríguez Ríos. Ambos habían participado en encuentros de periodistas para exigir un alto a la ola de violencia contra informadores en el estado. Hasta ahora el crimen sigue impune.

Un caso reciente de hostigamiento es el de Blanca Esther Buenfil Vanegas, directora editorial del portal Elcuartopoder.com.mx. Desde el pasado 8 de junio, ella denunció que en la web se difundieron correos que cuestionan su calidad moral y su vida personal, lo cual –acusó– ocurre a raíz de su postura crítica al gobierno de Quintana Roo.

En ocasiones anteriores, Buenfil recibió amenazas telefónicas contra la vida de sus hijos y en 2002 ya había sufrido una agresión física por parte de un sujeto desconocido, hecho que denunció ante la Procuraduría de Justicia estatal sin tener respuesta.

Verónica Galicia, directora de la radio comunitaria La Voladora, de Amecameca, Estado de México, advierte que la violencia ha permeado contra las y los trabajadores de todos los medios informativos.

Asegura que las mujeres son más vulnerables porque se les desdeña como periodistas y por la falta de protocolos de seguridad de los propios medios de comunicación, en especial los comunitarios y públicos.

Thalía, sin un motivo para escapar de casa

En todas las fotos que se han conocido de ella, la constante es su sonrisa: labios delgados y dientes grandes; sus compañeros la describen como risueña, estudiante de nueve y diez, muy tranquila.

Thalía Martínez Ramírez se enfundó un pantalón azul de mezclilla, a juego con sus zapatos del mismo color, se abrigó con un saco blanco, tomó su mochila y salió de su casa rumbo a la facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). El reloj marcaba, minutos más minutos menos, las 7:45 horas; el calendario el 14 de julio. Desde entonces nadie la ha vuelto a ver.

Ocho días después, tarde del viernes pasado –22 de julio–, fue descubierto el cuerpo de una mujer en el interior de una bolsa negra en kilómetro 11+400 de la Vía Atlixcáyotl, en el Mirador de Ocoyucan, lo que desató los rumores sobre si se trataba o no de la estudiante desaparecida.

El alto grado descomposición del cadáver impidió que la familia de la joven desaparecida pudiera reconocer el cuerpo, y mediante un comunicado la Procuraduría General de Justicia (PGJ) anunció que será a través de pruebas de ADN como se llevará a cabo la identificación del mismo, aunque se trata de un proceso que podría llevar al menos dos semanas.

Sobre el tema, el procurador del estado, Víctor Carrancá, anunció ayer que buscarán algún otro método que pueda acelerar el procedimiento, sin que aclarara que otros procedimientos se pudieran utilizar.

En tanto, un mensaje ambiguo y escueto que dejó en su muro de Facebook Patricia Durán, directora de la escuela de Comunicación, quién la noche del viernes acompañó a los padres de la joven al Servicio Médico Forense, volvió a disparar las alertas sobre la identidad del cuerpo hallado en el municipio de San Pedro Cholula: “Se confirmo el rumor de ayer”.

Dos horas después, y tras ser cuestionada sobre el significado de ese críptico mensaje, la académica explicó: “El rumor de ayer fue sobre que los familiares de Thalía fueron a diligencias en la noche en al Semefo.

Eso era el rumor de ayer. Hoy son otros. En fin rezar y esperar es lo único que podemos hacer”.

Una sonrisa congelada

En todas las fotos que se han conocido de Thalía la constante es su sonrisa. Labios delgados y dientes grandes. Así la describen también sus compañeros: una chica risueña, estudiante de nueves y dieces, muy tranquila. “No, se le conocían motivos para escapar de su casa”, cuentan a Milenio alumnos que prefieren no ser identificados.

Al hablar del tema algunos alumnos de la escuela miran hacia Diego Alonso, novio de Thalía e hijo de Margarita Alonso responsable de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales donde se sigue el caso, a quien describen como un joven celoso y compulsivo, aunque fue Diego junto con una de las compañeras de Thalía los primeros en comenzar a buscarla usando primero las redes sociales.

(Con información
de Ángeles García)

Feminicidios, realidad

Nada Personal

Pablo Ruiz Meza*

El periodista Carlos Gómez fue de los primeros reporteros en hacer pública la desaparición de Thalía Ramírez Martínez, la estudiante de la Facultad de Comunicación de la BUAP.

Una semana después la PGJE informó del hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer –no precisó el promedio de la edad– y de inmediato versiones periodísticas insinuaron que se trataba de la estudiante de Comunicación reportada por su familia como desaparecida.

Independientemente del resultado de los estudios de ADN para determinar identidad genética, aunque todo indica que se trata de Thalía, no puede limitarse a un hecho más de violencia.

En junio pasado, agentes del Ministerio Público adscrito a Tepeaca, realizaron el levantamiento de cadáver de una mujer en un predio de acceso al municipio de Acatzingo, hallada sin sus prendas de vestir.

Antes, en marzo, dos mujeres, al parecer empleadas de algún giro negro de Tehuacán o Ciudad Serdán, habrían sido presuntamente asesinadas en territorio poblano y tiradas en un paraje de la población de Acultzingo, en el estado de Veracruz, de acuerdo con reportes periodísticos.

Otras mujeres más, este año, han sido halladas muertas por hechos de violencia en otros municipios como Tepeaca, Tecamachalco y la ciudad capital.

No se trata de hechos aislados, en la entidad poblana crece silencioso el fantasma de los feminicidios, y las autoridades respectivas locales han preferido enterrar las cifras y los expedientes de las víctimas, en las tumbas de las muertas.

Al primer semestre del 2011 la cifra oficial y extraoficial –aun no revelada– confirmará una creciente espiral de asesinatos y desapariciones de mujeres poblanas.

Al menos 676 mujeres desaparecieron entre 2000 y 2010, de las cuales 64.2 por ciento tenía entre 10 y 24 años de edad al momento de su extravío, denunció la comisión especial de la Cámara de Diputados para el seguimiento de feminicidios.

Con base en cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas, de la Secretaría de Seguridad Pública, la comisión legislativa remarcó que la juventud de las mujeres desaparecidas contrasta con la edad de los varones perdidos en ese mismo lapso: entre 29 y 40 años.

De no corresponder a Tahlía el cuerpo sin vida hallado a un lado de la Atlixcáyotl, la sola existencia del cadáver, confirma la hipótesis de los feminicidios en Puebla.

*Director de Milenio Puebla

Aborto, “tema electoral” de cara al 2012: Las Libres

Llama activista a reforzar lucha por su despenalización 
 
Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal 
 
México, DF, 21 jul 11 (CIMAC).- Un alto a la política de criminalización hacia mujeres pobres fue el logro de la campaña de la organización Las Libres, del estado de Guanajuato, la cual apoyó el proceso judicial para liberar a quienes fueron sentenciadas hasta con 50 años de prisión por abortar, en muchos casos de forma espontánea.
 
Verónica Cruz, directora de Las Libres, indicó que en 2010 todas las mujeres encarceladas por homicidio en grado de parentesco o aborto en Guanajuato quedaron libres, y este año su organización actualiza los datos de mujeres denunciadas por alguna de estas razones. 
 
Explicó que se ha logrado que las mujeres las busquen para pedirles asesoría y acompañamiento legal y han podido parar los asuntos en averiguación previa, por lo que no han llegado a un proceso de consignación, ni mucho menos a sentencia. 
 
“Esto significa que el problema no se resolvió de fondo, sino que va a continuar ya que el estado aunque le bajó un poco a su estrategia de fastidiar la vida de las mujeres, no significa que no lo esté haciendo”, explicó Cruz.
 
Las Libres continúan con la documentación de casos y su siguiente objetivo es trabajar por desaparecer el tipo penal de aborto, porque sólo discrimina y “jode” a las mujeres pobres. Por ello es que actualmente trabajan con las que quieran llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para derogar la penalización del aborto.
 
Verónica Cruz comentó que tras la liberación de las guanajuatenses, mujeres de otros estados que se encuentran en la misma situación han pedido ayuda.
 
La activista de Derechos Humanos dijo que esto les llevará a documentar y obtener un diagnóstico nacional del impacto de la criminalización de las mujeres de diversas regiones de México. 
 
Hasta ahora Las Libres han apoyado a mujeres acusadas o encarceladas en Querétaro y Guerrero. También trabajan en Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco e Hidalgo, formando equipos de investigación, documentación y defensa de temas relacionados con el aborto.
 
Cruz destacó la presión social en casos como el de una joven de Baja California que fue encarcelada a los 19 años de edad y sentenciada por abortar a 23 años de prisión, pero finalmente ante la ola de protestas fue liberada en mayo pasado tras pasar tres tras las rejas.
 
Igualmente, la activista resaltó que las acciones del Movimiento Amplio de Mujeres y del derecho a decidir impidieron que en Baja California Sur se aprobara una reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la fecundación, y  criminalizar así a quienes interrumpieran su embarazo.
 
En ese estado, abundó, se evidenció al PRI como el partido que ha inclinado la balanza para que en 17 entidades se penalice el aborto.
 
La dirigente de Las Libres consideró que “como nunca en México el tema del aborto será un tema electoral, a favor o en contra” de las mujeres. Apuntó que los partidos políticos están “midiéndole el agua” al asunto.
 
“Me parece que debemos elevarle el costo político a los partidos con este tema. A las mujeres les diría que no voten por las y los candidatos que violan nuestros derechos”, reflexionó.
 
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Urgen a Fevimtra proteger a Grettel no sólo en Yucatán

 Mañana, reunión de la joven con gobernadora Ivonne Ortega 
 
Por Gladis Torres Ruiz  
 
México, DF, 21 jul 11 (CIMAC).- El PRD presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) que amplíe las medidas cautelares de protección en cualquier parte del país para la sobreviviente de feminicidio Grettel R., ante alguna eventual agresión de su ex pareja Germán Alyn Ortega Hernández.   
 
En el punto de acuerdo que se turnó ayer a la Tercera Comisión de la Permanente también se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que supervise la implementación de esas medidas cautelares, y que ordene urgentemente acciones precautorias a favor de Grettel y su familia ante el hostigamiento y amenazas que sufren por parte de su agresor, quien salió de prisión el pasado 11 de junio.
 
De igual manera, se pide al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dicte todas las medidas administrativas necesarias y coadyuve con el gobierno de Yucatán para erradicar la violencia, hostigamiento y amenazas en contra de la licenciada en Derecho, así como para garantizar su integridad física y psicológica.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Grettel señaló que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia de Yucatán, a través de Fevimtra, le brindó medidas de protección que consisten en estar acompañada de dos guardias que la protegen las 24 horas, aunque sólo en aquella entidad.
 
Cabe recordar que la sobreviviente de feminicidio ha viajado de manera frecuente a la capital del país en su búsqueda de justicia.
 
Grettel dijo que mañana por la tarde está prevista una reunión con la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, así como con legisladoras y legisladores federales, para informar a la mandataria sobre su caso y solicitar su intervención para que se le proteja de manera efectiva y se castiguen las anomalías administrativas que permitieron que su agresor esté libre.  
 
CRIMEN IMPUNE 
 
La madrugada del 16 de septiembre de 2009, Germán Alyn Ortega Hernández intentó matar a Grettel en la sala de su casa hiriéndola de muerte con un cuchillo en el cuello, la cara, los brazos y el estómago, por lo que fue detenido y enviado a prisión por tentativa de homicidio calificado.
 
No obstante, la juez segundo de lo penal Ileana Domínguez Zapata  reclasificó el delito por el de lesiones, y el 29 de abril de 2010 impuso una pena de un año y 8 meses con 25 días contra Germán Alyn, quien quedó libre el pasado 11 de junio al cumplir su tiempo en prisión. 
 
Grettel teme por su integridad y la de su familia, ya que ha sido acosada vía Twitter por Germán, mientras que las autoridades yucatecas sólo le han brindado protección dentro del estado.
 
En el punto de acuerdo, los senadores del Partido de la Revolución Democrática señalaron que la violencia contra las mujeres en el país ha ido en franco aumento y de la mano de la impunidad para perseguir y castigar los delitos de violencia de género.
 
“Todas ellas murieron porque quedaron aisladas y desprotegidas. Las víctimas vivieron total indefensión frente a sus agresores. Muchos de estos crímenes quedaron impunes”, advirtieron.
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) reporta que 67 de cada 100 mexicanas han padecido algún incidente de violencia por parte de algún pariente, pareja o de otras personas en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar.
 
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Se debe detener a los que financian a los cárteles: Obispo Vera

Ellos están libres, mientras el Ejército viola DH, acusa 
 
Por Sofía Noriega, corresponsal 
 
Saltillo, 20 jul 11 (CIMAC).- Los altos costos de la guerra militar en contra del narcotráfico, además de vulnerar los Derechos Humanos (DH) de la población, han dejado en evidencia el endeble esquema de justicia en México y la corrupción de las estructuras gubernamentales, opina Fray Raúl Vera López.
 
El obispo de la Diócesis de Saltillo, al cuestionar la militarización implementada en el último sexenio, destaca que miles de mujeres y hombres en este país esperan una respuesta del Estado mexicano para frenar los abusos no sólo del crimen organizado, sino de las fuerzas armadas que en su misión por contener la violencia han cometido todo tipo de arbitrariedades contra la población civil.
 
Raúl Vera opina que la militarización impulsada por Felipe Calderón resulta contraria a los resultados que debería de dar, porque no se está aplicando la justicia: “Están sepultando los expedientes, no están deteniendo, están matando al eslabón más débil, a la carne de cañón, a los narcomenudistas”.
 
Añade, que en lugar de abatir el crimen el gobierno lo ha hecho crecer con el Ejército en las calles, y se pregunta: “¿Cómo podemos forzar que esto cambie?”.
 
Para el prelado es necesario que los ciudadanos se organicen y enfrenten de manera muy seria lo que está sucediendo, como lo ha hecho Javier Sicilia a través del movimiento que encabeza.
 
Al contrario de lo que debería de ser, señala Vera, en los últimos seis años se ha multiplicado la presencia del narcotráfico en México, hay más cárteles, entonces no hay justificación para la guerra fallida en la que los perdedores son los ciudadanos de a pie.
 
“Más parece que Calderón está ayudando a un proceso de militarización para otros fines que no son la persecución del crimen, porque ni lo ha perseguido, al contrario las muertes se han incrementado con un gasto tremendo para el erario”.
 
En opinión del obispo Vera, Felipe Calderón está defraudando al país con la estrategia de llevar a los militares a combatir directamente en las calles, cuando los capos y los lavadores de dinero ni siquiera llegan a los Ministerios Públicos, no pisan la cárcel.
 
Vera considera que se debería de empezar por la procuración de justicia contra quienes lavan el dinero o desde la política están inmiscuidos con la mafia de las drogas. 
 
Las fuerzas armadas no están preparadas para actuar en medio de la sociedad civil y son notables los excesos de sus elementos, señala monseñor Vera. “En su gran mayoría, los miembros del Ejército son una leva, no son militares de carrera, son personas que se alistan en el Ejército y que inmediatamente los ponen en la tropa”.
 
Insiste en que el  abuso de los DH por parte del Ejército es una situación que puede evitarse en la medida en que se debilite la fuente de dinero para el narcotráfico. “Han matado familias enteras, hay cientos de desaparecidos y miles de mujeres viudas o en espera de tener noticias de sus hijos, esposos o hermanos”.
 
Indignado por la indiferencia de la clase política hacia los grandes flagelos del país, Vera no duda en alzar la voz a pesar de las críticas en su contra, que hace unos días llegaron al extremo de repudiar sus posturas a través de mantas anónimas en las que se pedía un obispo católico.
 
“Ya llevamos muchos efectos colaterales, muchos inocentes muertos, se ha multiplicado la violación de los Derechos Humanos, crece el peligro al que está expuesta la sociedad”, enfatiza.
 
“El juez tiene que ampliar las indagatorias y tiene que llegar a las causas de todos los delitos y tiene que descubrir las complicidades y este es el camino no sólo para detener a los criminales sino a quien los apoya financieramente”. El tema del lavado de dinero, dijo, está pendiente en la agenda de Calderón, porque el dinero es el alma del crimen organizado.
 
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