Inés y Valentina dan 48 horas a PGR para que atraiga sus casos

Presentan solicitud formal ante la dependencia y Sedena
 
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 28 jul 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio un plazo de 48 horas para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) respondan si trasladarán al fuero civil los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

En conferencia de prensa, las dos indígenas tlapanecas víctimas de violación sexual a manos de soldados en 2002, en Guerrero, informaron que esta mañana acudieron a las oficinas de la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar un documento en el que solicitan que sus casos se investiguen en tribunales civiles y no en el fuero militar como ocurre actualmente.
 
Desde 2002, cuando ambas indígenas denunciaron la agresión, los casos pasaron del fuero civil al militar sin que hasta ahora se haya encontrado a los culpables, por lo que en su búsqueda de justicia y junto con Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Inés y Valentina acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual posteriormente llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambos organismos de la OEA.
 
En octubre de 2010, la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación a los Derechos Humanos (DH) de ambas indígenas, y lo sentenció a continuar las investigaciones en el ámbito civil y a reformar el Código de Justicia Militar con la finalidad de restringir el fuero militar.
 
En este contexto y tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 12 de julio con la que determinó que el fuero castrense debe restringirse en los casos de violaciones a DH donde se presuma la participación de militares, ambas indígenas exigieron que el fallo de los ministros se haga efectivo.
 
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, explicó que esperan una respuesta en 48 horas, sin embargo, aclaró que la respuesta puede tardar más tiempo. No obstante, el abogado dijo que a la luz de la resolución de la SCJN y de las sentencias de la CoIDH, PGR y la Sedena están obligadas a atraer y declinar, respectivamente, las investigaciones. 
 
Es así que se solicitó que las averiguaciones previas SC/179/2009/II-E, sobre los hechos ocurridos a Inés Fernández Ortega; y SC/180/2009/II-E, en el caso de Valentina Rosendo Cantú, se trasladen a tribunales civiles.
 
En caso de no obtener una respuesta, o de que ésta sea negativa, los abogados de ambas mujeres dijeron que podrían interponer un juicio de amparo ante un juez de distrito del estado de Guerrero, para impugnar la competencia de los tribunales castrenses en un asunto donde –aseguran– debe intervenir la jurisdicción civil.
 
Rosales Sierra también dio a conocer que en próximos días solicitarán a la SCJN que analice las sentencias de Inés y Valentina a través de un “expediente varios” como lo hizo con la sentencia de la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla Pacheco, con el fin de reiterar las restricciones al fuero militar.
 
Al respecto, Inés Fernández denunció que aunque en marzo de este año la Secretaría de Gobernación instaló mesas de trabajo para cumplir las sentencias, hasta el momento no se tienen resultados concretos. “Cómo es posible que llevo varios años (pidiendo justicia) y no han detenido a esas personas que abusaron de mí”, acusó.
 
Valentina Rosendo criticó que a casi un año de que se notificara la sentencia los avances en las investigaciones son nulos. “Ya no es la (búsqueda de la) verdad, es la obligación de cumplir lo que dice la sentencia. Nuestro caso estuvo casi nueve años en la justicia militar y no tiene por qué estar ahí”, remarcó. 
 
La solicitud que hoy hicieron Inés y Valentina también fue suscrita por la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones defensoras de los DH.
 
11/AG/RMB

Hallan cuerpo de reportera Yolanda Ordaz

Procurador liga asesinato con delincuencia organizada 

 

Por la Redacción

 

México, DF, 26 jul 11 (CIMAC).- A dos días de su desaparición, fue encontrado hoy el cuerpo de la reportera de la sección policiaca del diario Notiver Yolanda Ordaz de la Cruz, cuando se cumple poco más de un mes del asesinato de su jefe, el periodista Miguel Ángel López Velazco, quien firmaba como Milo Vela.

 

El cadáver fue hallado alrededor de las siete de la mañana

en la calle Habaneras del fraccionamiento Jardines de Virginia, en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, cerca de las instalaciones del diario Imagen del Golfo. 

 

Yolanda Ordaz de la Cruz fue vista por última vez el pasado domingo por la mañana cuando salía de su casa a trabajar cuando, de acuerdo con las versiones de testigos, fue “levantada” por sujetos armados que iban en una camioneta.

 

A partir de ese momento se dio parte a las autoridades sobre el secuestro de la reportera, cuyo cuerpo fue dejado esta mañana en la calle.

 

Al filo de las 11 de la mañana de hoy la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, a cargo de Reynaldo Escobar Pérez, dio una conferencia de prensa en la que dio a conocer que se iniciaron las investigaciones por el asesinato de la periodista con la averiguación número 711/2011/2VR.

 

El procurador dijo que el crimen organizado estaría tras la muerte de la periodista, toda vez que junto al cadáver se dejó un mensaje que decía: “los amigos también traicionan. Atentamente Carranza”.

 

"El gobierno de Veracruz condena y lamenta el crimen y ratifica su decisión de investigar las causas del mismo, pero es fundamental dejar en claro que este tipo de hechos deplorables, nada tiene que ver con el ejercicio de la profesión de periodista", abundó.

 

Reynaldo Escobar dijo que el asesinato de Yolanda Ordaz tendría que ver “con la relación que de manera, tal vez circunstancial, establecen algunos comunicadores con los cárteles de la delincuencia que las autoridades federales y estatales combaten todos los días y en todos los terrenos”.

 

El procurador explicó que “se investigan las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación sumamente vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar".

 

En su informe “La violencia en México y el derecho a la información 2010”, las organizaciones Cencos y Artículo 19 señalan que “las agresiones a mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que las amenazas van dirigidas en contra de sus familias y existe una clara intención de desacreditar el carácter moral de las periodistas”.

 

En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato en México de la reportera Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea, de Guerrero, y otras 18 amenazas o agresiones contra mujeres periodistas.

Junto con Hernández Galeana fue asesinado su esposo –también reportero– Juan Francisco Rodríguez Ríos. Ambos habían participado en encuentros de periodistas para exigir un alto a la ola de violencia contra informadores en el estado. Hasta ahora el crimen está impune.

 

11/RED

Combate a trata debe eliminar colusión autoridades-delincuencia

Elsa Conde propone informar a víctimas para que denuncien

 

Por Guadalupe Cruz Jaimes

 

México, DF, 26 jul 11 (CIMAC).- Después de dos décadas de denuncias ciudadanas que alertaban sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la zona de La Merced, diputadas federales y autoridades capitalinas emprendieron acciones contra este flagelo que sólo serán efectivas si se termina con la colusión de funcionarios y delincuentes, advirtió la ex legisladora Elsa Conde. 

 

En entrevista con Cimacnoticias, la ex diputada del Partido Social Demócrata, quien ha documentado la explotación sexual-comercial de mujeres en La Merced, refirió también que las medidas para sancionar el delito que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) deben reforzarse con campañas dirigidas a las víctimas con el fin de que reconozcan su condición de maltrato y denuncien.

 

Aunque el Gobierno del DF “tardó mucho” en hacer frente a la problemática, ahora lo hace de forma acertada con medidas de procuración de justicia para sancionar el delito. Aunque, aclaró, tales acciones “deben tener en cuenta que para ser efectivas tienen que combatir la complicidad de las autoridades con los tratantes”. 

 

La también activista mencionó que a la zona llegan las mujeres que son más vulnerables: “Son traídas con engaños de los estados más pobres, están en una situación muy precaria, de donde difícilmente pueden salir con sus propios recursos”.

 

Por ello, añadió, ellas necesitan de las acciones de prevención y atención del delito por parte de las autoridades capitalinas y federales. 

 

Elsa Conde dijo que debe considerarse que La Merced es una “zona de paso”, ya que “las mujeres no necesariamente llegan y se quedan ahí sino que son trasladadas a Jalisco, Tijuana e incluso a Estados Unidos”. 

 

La ex diputada federal propuso como medida de prevención que se informe a las mujeres en los puntos de confluencia en la Ciudad de México. “Hay que instalar módulos en las terminales, en las llegadas de autobuses de rutas de traslado de estados pobres como Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, de donde sabemos que van las mujeres a La Merced”, apuntó.

 

Conde reiteró que, de acuerdo con sus investigaciones, “las redes de tratantes se construyen a partir de la complicidad con las autoridades, por eso es importante que los operativos se mantengan y no sean simulaciones que en el fondo no terminan con el problema”.  

 

De 2010 a la fecha en el Distrito Federal han sido rescatadas 120 mujeres y niñas víctimas de trata, de las cuales la mitad eran explotadas sexualmente en la zona de La Merced, ubicada en la delegación Venustiano Carranza, al centro-oriente de la capital del país. 

 

Algunas de las víctimas regresaron a sus lugares de origen (Oaxaca, Tlaxcala, Baja California, Chiapas y centros turísticos como Acapulco y Cancún), donde han comenzado a trabajar. Otras permanecen en albergues para víctimas menores de edad, informó en entrevista la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Esthela Damián Peralta.

 

La legisladora añadió que la problemática en la zona es preocupante y requiere de un esfuerzo coordinado de los diversos sectores: “Tenemos que trabajar haciendo conciencia entre comerciantes, víctimas, sociedad, y dar apoyo a las víctimas para que recuperen su vida”.

 

Damian propuso la creación de un albergue para que niñas y mujeres explotadas sexualmente estén a salvo de sus agresores y también adquieran las herramientas para insertarse social y laboralmente. Actualmente hay tres albergues de este tipo en el DF y ninguno en el resto del país.

 

La diputada perredista anunció ayer el lanzamiento de una campaña en La Merced, que consiste en repartir información “casa por casa” para que la comunidad pueda identificar los casos de trata y hacer una denuncia anónima. La campaña inició con 15 mil materiales informativos que se entregarán a las y los habitantes de este barrio. 

 

11/GCJ/RMB

Se “invisibilizan” agresiones a reporteras

Aumentan la violencia contra ellas y el desdén de autoridades

Por Anayeli García Martínez

El acoso, hostigamiento y amenazas contra informadoras son pan de cada día en todo el país, sin embargo, al ser denunciadas son consideradas “menos importantes” por las instancias de gobierno al grado que ni siquiera aparecen en los informes oficiales, acusan comunicadoras.

De acuerdo con defensoras de la libertad de expresión, la violencia contra las periodistas tiene un matiz distinto a la que se ejerce hacia los reporteros: a ellas se les acosa sexualmente, se les difama e incluso se les cuestiona su calidad moral como personas.

A lo anterior se suma la discriminación e impunidad que enfrentan al recurrir a las Procuradurías de Justicia o a las Comisiones de Derechos Humanos.

DISTINTO MODUS OPERANDI

“No necesita ser un carro bomba, un balazo, una aprehensión irregular o un agravio físico directo para afectar a las periodistas; las maneras de operar de los agresores cambian”, explica Jade Ramírez Cuevas, conductora y reportera de Radio Universidad de Guadalajara.

Ramírez Cuevas, quien ganó en 2009 el Premio Rey de España por un reportaje sobre la discriminación, desde el año pasado es hostigada por cubrir las movilizaciones contra la presa El Zapotillo, en Jalisco.

En abril de 2010 unos hombres que se identificaron como empleados federales comenzaron a amenazarla. Se metieron con su vida personal al relacionarla sentimentalmente con un defensor de Derechos Humanos, después la acosaron sexualmente y la amenazaron de muerte por sus investigaciones. 

Jade Ramírez advierte que sus agresores “cuidaron las formas de violentar para que el hecho se relacionara con cuestiones personales y no laborales”. Después, relata, el acoso fue a través de correos electrónicos y llamadas intimidatorias contra ella y su familia.

La periodista denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco pero las amenazas siguieron. En el colmo, cuando en abril de 2010 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) el tercer visitador Alfonso Barrón le dijo: “acostúmbrate”.

Jade sólo tuvo apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, instancias que dan seguimiento a su caso.

En su informe “La violencia en México y el derecho a la información 2010”, las organizaciones Cencos y Artículo 19 señalan que “las agresiones a mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que las amenazas van dirigidas en contra de sus familias y existe una clara intención de desacreditar el carácter moral de las periodistas”.

CIFRA NEGRA

Al clima de hostigamiento contra las periodistas, se añade que ningún reporte oficial tiene desagregado por sexo los casos de violencia contra las reporteras.

Por ejemplo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, reportó el inicio –de febrero a junio de 2010– de 35 averiguaciones previas o actas circunstanciadas por ese delito.

Hubo un aumento de denuncias ante la FEADLE respecto a las 29 de 2008 y las 16 de 2009. Sin embargo la Fiscalía no desagregó los casos por sexo y por tanto se dificulta saber el número de reporteras violentadas por ejercer su profesión.

Cencos y Artículo 19 reportaron que en 2010 hubo 129 agresiones contra informadores, de los cuales 29 fueron en perjuicio de mujeres periodistas. Ambas organizaciones civiles han denunciado que la FEADLE demuestra ineficacia para resolver los atentados a la libertad de expresión.  

REPORTERA ASESINADA

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa que en 2010 fue asesinada en México la reportera Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea, de Guerrero. Además otras 18 periodistas fueron agredidas o amenazadas.

Junto con Hernández Galeana fue asesinado su esposo –también reportero– Juan Francisco Rodríguez Ríos. Ambos habían participado en encuentros de periodistas para exigir un alto a la ola de violencia contra informadores en el estado. Hasta ahora el crimen sigue impune.

Un caso reciente de hostigamiento es el de Blanca Esther Buenfil Vanegas, directora editorial del portal Elcuartopoder.com.mx. Desde el pasado 8 de junio, ella denunció que en la web se difundieron correos que cuestionan su calidad moral y su vida personal, lo cual –acusó– ocurre a raíz de su postura crítica al gobierno de Quintana Roo.

En ocasiones anteriores, Buenfil recibió amenazas telefónicas contra la vida de sus hijos y en 2002 ya había sufrido una agresión física por parte de un sujeto desconocido, hecho que denunció ante la Procuraduría de Justicia estatal sin tener respuesta.

Verónica Galicia, directora de la radio comunitaria La Voladora, de Amecameca, Estado de México, advierte que la violencia ha permeado contra las y los trabajadores de todos los medios informativos.

Asegura que las mujeres son más vulnerables porque se les desdeña como periodistas y por la falta de protocolos de seguridad de los propios medios de comunicación, en especial los comunitarios y públicos.

Aborto, “tema electoral” de cara al 2012: Las Libres

Llama activista a reforzar lucha por su despenalización 
 
Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal 
 
México, DF, 21 jul 11 (CIMAC).- Un alto a la política de criminalización hacia mujeres pobres fue el logro de la campaña de la organización Las Libres, del estado de Guanajuato, la cual apoyó el proceso judicial para liberar a quienes fueron sentenciadas hasta con 50 años de prisión por abortar, en muchos casos de forma espontánea.
 
Verónica Cruz, directora de Las Libres, indicó que en 2010 todas las mujeres encarceladas por homicidio en grado de parentesco o aborto en Guanajuato quedaron libres, y este año su organización actualiza los datos de mujeres denunciadas por alguna de estas razones. 
 
Explicó que se ha logrado que las mujeres las busquen para pedirles asesoría y acompañamiento legal y han podido parar los asuntos en averiguación previa, por lo que no han llegado a un proceso de consignación, ni mucho menos a sentencia. 
 
“Esto significa que el problema no se resolvió de fondo, sino que va a continuar ya que el estado aunque le bajó un poco a su estrategia de fastidiar la vida de las mujeres, no significa que no lo esté haciendo”, explicó Cruz.
 
Las Libres continúan con la documentación de casos y su siguiente objetivo es trabajar por desaparecer el tipo penal de aborto, porque sólo discrimina y “jode” a las mujeres pobres. Por ello es que actualmente trabajan con las que quieran llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para derogar la penalización del aborto.
 
Verónica Cruz comentó que tras la liberación de las guanajuatenses, mujeres de otros estados que se encuentran en la misma situación han pedido ayuda.
 
La activista de Derechos Humanos dijo que esto les llevará a documentar y obtener un diagnóstico nacional del impacto de la criminalización de las mujeres de diversas regiones de México. 
 
Hasta ahora Las Libres han apoyado a mujeres acusadas o encarceladas en Querétaro y Guerrero. También trabajan en Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco e Hidalgo, formando equipos de investigación, documentación y defensa de temas relacionados con el aborto.
 
Cruz destacó la presión social en casos como el de una joven de Baja California que fue encarcelada a los 19 años de edad y sentenciada por abortar a 23 años de prisión, pero finalmente ante la ola de protestas fue liberada en mayo pasado tras pasar tres tras las rejas.
 
Igualmente, la activista resaltó que las acciones del Movimiento Amplio de Mujeres y del derecho a decidir impidieron que en Baja California Sur se aprobara una reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la fecundación, y  criminalizar así a quienes interrumpieran su embarazo.
 
En ese estado, abundó, se evidenció al PRI como el partido que ha inclinado la balanza para que en 17 entidades se penalice el aborto.
 
La dirigente de Las Libres consideró que “como nunca en México el tema del aborto será un tema electoral, a favor o en contra” de las mujeres. Apuntó que los partidos políticos están “midiéndole el agua” al asunto.
 
“Me parece que debemos elevarle el costo político a los partidos con este tema. A las mujeres les diría que no voten por las y los candidatos que violan nuestros derechos”, reflexionó.
 
11/SN/RMB

Se debe detener a los que financian a los cárteles: Obispo Vera

Ellos están libres, mientras el Ejército viola DH, acusa 
 
Por Sofía Noriega, corresponsal 
 
Saltillo, 20 jul 11 (CIMAC).- Los altos costos de la guerra militar en contra del narcotráfico, además de vulnerar los Derechos Humanos (DH) de la población, han dejado en evidencia el endeble esquema de justicia en México y la corrupción de las estructuras gubernamentales, opina Fray Raúl Vera López.
 
El obispo de la Diócesis de Saltillo, al cuestionar la militarización implementada en el último sexenio, destaca que miles de mujeres y hombres en este país esperan una respuesta del Estado mexicano para frenar los abusos no sólo del crimen organizado, sino de las fuerzas armadas que en su misión por contener la violencia han cometido todo tipo de arbitrariedades contra la población civil.
 
Raúl Vera opina que la militarización impulsada por Felipe Calderón resulta contraria a los resultados que debería de dar, porque no se está aplicando la justicia: “Están sepultando los expedientes, no están deteniendo, están matando al eslabón más débil, a la carne de cañón, a los narcomenudistas”.
 
Añade, que en lugar de abatir el crimen el gobierno lo ha hecho crecer con el Ejército en las calles, y se pregunta: “¿Cómo podemos forzar que esto cambie?”.
 
Para el prelado es necesario que los ciudadanos se organicen y enfrenten de manera muy seria lo que está sucediendo, como lo ha hecho Javier Sicilia a través del movimiento que encabeza.
 
Al contrario de lo que debería de ser, señala Vera, en los últimos seis años se ha multiplicado la presencia del narcotráfico en México, hay más cárteles, entonces no hay justificación para la guerra fallida en la que los perdedores son los ciudadanos de a pie.
 
“Más parece que Calderón está ayudando a un proceso de militarización para otros fines que no son la persecución del crimen, porque ni lo ha perseguido, al contrario las muertes se han incrementado con un gasto tremendo para el erario”.
 
En opinión del obispo Vera, Felipe Calderón está defraudando al país con la estrategia de llevar a los militares a combatir directamente en las calles, cuando los capos y los lavadores de dinero ni siquiera llegan a los Ministerios Públicos, no pisan la cárcel.
 
Vera considera que se debería de empezar por la procuración de justicia contra quienes lavan el dinero o desde la política están inmiscuidos con la mafia de las drogas. 
 
Las fuerzas armadas no están preparadas para actuar en medio de la sociedad civil y son notables los excesos de sus elementos, señala monseñor Vera. “En su gran mayoría, los miembros del Ejército son una leva, no son militares de carrera, son personas que se alistan en el Ejército y que inmediatamente los ponen en la tropa”.
 
Insiste en que el  abuso de los DH por parte del Ejército es una situación que puede evitarse en la medida en que se debilite la fuente de dinero para el narcotráfico. “Han matado familias enteras, hay cientos de desaparecidos y miles de mujeres viudas o en espera de tener noticias de sus hijos, esposos o hermanos”.
 
Indignado por la indiferencia de la clase política hacia los grandes flagelos del país, Vera no duda en alzar la voz a pesar de las críticas en su contra, que hace unos días llegaron al extremo de repudiar sus posturas a través de mantas anónimas en las que se pedía un obispo católico.
 
“Ya llevamos muchos efectos colaterales, muchos inocentes muertos, se ha multiplicado la violación de los Derechos Humanos, crece el peligro al que está expuesta la sociedad”, enfatiza.
 
“El juez tiene que ampliar las indagatorias y tiene que llegar a las causas de todos los delitos y tiene que descubrir las complicidades y este es el camino no sólo para detener a los criminales sino a quien los apoya financieramente”. El tema del lavado de dinero, dijo, está pendiente en la agenda de Calderón, porque el dinero es el alma del crimen organizado.
 
11/SN/RMB

Sin ayuda de partidos, mujeres buscan el “cambio social”

Crean movimiento de izquierda contra neoliberalismo 
Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 18 jul (CIMAC).- Indignadas ante los asesinatos, las desapariciones, el deterioro ambiental y las crisis económica y política, cerca de 900 mujeres crearon el Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional, con el cual buscan enfrentar la violencia social y reivindicar los derechos femeninos.
 
Convencidas de que la guerra que hoy vive México fue desatada por el neoliberalismo, la economía de mercado, el consumismo y el debilitamiento de los principios constitucionales, y ante la falta de partidos políticos comprometidos con la sociedad, mujeres de diversos estados del país se congregaron en este frente común
 
Tras reunirse en esta ciudad los días 16 y 17 de julio, decenas de  mujeres autodenominadas “de izquierda” sostuvieron que no hay partidos políticos sensibles a las necesidades y preocupaciones de las mujeres, y criticaron que tampoco hay un movimiento social que tome en cuenta sus experiencias y que las considere como agentes de cambio.
 
Las mujeres, congregadas en el Deportivo Villa Olímpica al sur de esta ciudad, coincidieron en que la militarización, la ola de asesinatos, la injusticia en los casos de feminicidio, las legislaciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos, el deterioro ambiental, la criminalización de las y los defensores de Derechos Humanos (DH) y el desempleo, son señales de la “emergencia nacional”. 
 
Ante esta situación y después de escuchar los testimonios de madres, viudas, hermanas, trabajadoras, víctimas de violencia de género y defensoras ambientales y de DH, las participantes del “Encuentro de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional”, crearon un movimiento propio –con el mismo nombre– para dar voz a sus exigencias.
 
Para ellas, en su mayoría jóvenes que aprendieron la ideología de izquierda de sus madres, abuelas y hermanas, hace falta una agenda política incluyente y un cambio radical de las actuales políticas implementadas por el gobierno federal. Por ello, pidieron crear un frente, una red o una organización que promueva el cambio. 
 
En opinión de Mariana, una joven de 14 años que radica en el DF, escuchar los testimonios de Grettel, sobreviviente de feminicidio, y de Olga Reyes Salazar, a quien le asesinaron a seis miembros de su familia, le dio tristeza y coraje pero también la motivaron a apoyar la iniciativa del encuentro y conocer lo que está viviendo el país.
 
“No sé nada de esto y para eso vine, para aprender de los casos de mujeres que han pasado por cosas trágicas. Me interesa participar ayudando a la gente, todos juntos y sin violencia”, añadió.
 
Durante el primer día de actividades, hubo mesas de trabajo en las que se propuso abandonar las posiciones partidistas, impulsar los DH de las mujeres y abonar sus experiencias a favor de la democracia. 
 
Pese a que hubo mujeres militantes, la gran mayoría coincidió en que la izquierda de los partidos es vacía e insensible a la población.
 
“Estar en este encuentro es estar en contra de lo que creemos que no está bien, es estar en contra de algunas cosas que el gobierno propone. Es hacer valer nuestras ideas. No hay partido político con el que me identifique”, aseguró Karla, una joven de 19 años que llegó desde Durango para adentrarse en los temas de género y de democracia.
 
“Hemos visto todo en papelitos, pero estamos  esperando el cambio que retome la posición y los puntos de izquierda”, dijo Adelina, capitalina de 26 años. Por su parte Ana, de 21 años y quien día a día ve la violencia en su natal Chihuahua, lamentó que aún hoy siga el sometimiento de las mujeres.
 
Al finalizar el encuentro, las participantes concluyeron que las mujeres allí reunidas estaban indignadas, pero –advirtieron– “no hemos perdido la esperanza. Estamos llenas de dolor y rabia pero dispuestas a luchar por cambiar este sistema y las estructuras sobre las que funciona. Contamos con el pensamiento crítico y las estrategias claras para darle rumbo a nuestra lucha”.
 
Además denunciaron que las mujeres adultas no tienen valor en la sociedad, ni condiciones saludables de vida, mientras que las jóvenes no cuentan con condiciones de desarrollo y autonomía, y las niñas no tienen espacios de crecimiento adecuados, lo que exige un cambio que pueda abonar a una mejor sociedad
 
En la “declaratoria política” del evento, las participantes exigieron la aparición inmediata y con vida de las personas desaparecidas, alto a la impunidad y corrupción, y llamaron a los representantes populares de izquierda a asumir de manera congruente su actuación en la defensa de la agenda de género.
 
La declaratoria, que en lo general fue aprobada por las participantes y que dio lugar a amplios debates, también es un pronunciamiento en contra del neoliberalismo, de la privatización del territorio y recursos naturales; y es una defensa de la soberanía nacional, del Estado laico y del derecho a decidir libremente sobre sus vidas y cuerpos.
 
Particularmente, las mujeres de izquierda se pronunciaron en contra del proyecto de Ley de Seguridad Nacional y la reforma laboral, porque consideraron que constituye un retroceso para la ciudadanía en su conjunto.
 
11/AGM/RMB

“Usted tiene muy bonitos pechos, ¿se los puedo tocar?”, sexismo y periodismo

Lydia Cacho, Sanjuana Martínez y Katia D'Artigues hablan sobre el tema

Guillermo Montalvo Fuentes

Foto: Guillermo Montalvo Fuentes

México DF, julio 18 de 2011.

“Mi esparcimiento son las mujeres, y mujer que me gusta, mujer que se lo digo... ¡Usted me gusta¡ Tiene muy bonitos pechos. ¿Se los puedo tocar?”, así recordó la periodista Sanjuana Martínez la proposición que le hizo el general retirado Carlos Bibiano Villa, durante la entrevista que le realizó hace unos meses en Torreón, Coahuila; una anécdota con la que ejemplificó el sexismo y machismo al que se enfrentan las mujeres que, como ella, ejercen el periodismo.

 

Aunque finalmente respondió a la pregunta con una indignada negativa, Martínez subrayó que este tipo de hechos son muy comunes dentro del ámbito periodístico, no sólo por parte de los hombres, incluidos los jefes o compañeros de redacción, sino también por parte de las mismas mujeres.

 

Para la autora de libros como “La cara oculta del Vaticano”, el sexismo se hace presente desde el momento en que se les asigna a las periodistas la fuente o sección de trabajo, que por lo regular, afirma, es la de sociales, espectáculos o cultura.

 

“Las mujeres tienen que opinar pero de chismorreo, de cosas frívolas, cuidado quieras hablar de política o de temas que requieran de análisis complejos, porque entonces ya no se te permite. Recuerdo que en mis inicios una de las fuentes que quería cubrir era “guerra”, y la respuesta que recibí fue 'no, porque eres mujer'.

 

Al respecto, la periodista Lydia Cacho señaló que, a diferencia de los hombres, ellas tienen que sustraerse de su “ser mujer” para sobrevivir en este medio, además de que investigar como reportera es más difícil que hacerlo como reportero.

 

“Recuerdo que al estar en Camboya, como parte de una investigación sobre trata de niñas y adolescentes que hice para uno de mil libros, la única opción que tuve para entrar a los sitios donde las tenían, fue hacerme pasar por bailarina o trabajadora sexual, lo que implicó un mayor riesgo; en cambio un hombre, como cliente, pudo haber pasado sin problema”.

 

De acuerdo con Cacho, otra de las ideas sexistas que acompañan a las mujeres en su paso por la labor periodística es la que consiste en suponer que no piensan por sí mismas, sino que reciben ayuda de los hombres, novios, amigos, o padrinos, quienes las llevan al lugar en el que están.

 

“Se piensa que la mente brillante detrás de una mujer es un hombre, en cambio, la mente estúpida detrás de un hombre es la de una mujer”, explicó la periodista.

 

Por su parte, la columnista Katia D'Artigues señaló que una mujer siempre está bajo sospecha en los medios de comunicación, pues se supone que con alguien “se acostó” cada que alcanza un logro profesional.

 

Sin embargo, para erradicar no sólo este, sino cualquier tipo de discriminación, la periodista se dijo convencida del papel que juegan los medios de comunicación.

 

“¿Por qué no es nota de primera plana el acoso sexual en contra de una mujer? ¿Por qué no es nota de primera plana la discriminación hacia las parejas del mismo sexo que no tienen los mismos derechos, como cualquier otra pareja, ante las instituciones de seguridad social? Sencillo, porque los medios de comunicación no nos tomamos en serio la defensa de los derechos humanos”.

 

A pesar de esto, las periodistas reconocieron que son precisamente las mujeres quienes más trabajan los llamados “temas escabrosos”, tales como delincuencia organizada, redes de prostitución infantil o pederastia clerical, algo que las mantiene constantemente “al borde del precipicio”.

 

“Estar en el precipicio es el lugar que hemos elegido. Cuando trabajamos temas terribles como los que hemos trabajado hay días buenos y días malos, en los que llegas a pensar ¿'de qué sirve todo lo que estoy haciendo?', pero finalmente te respondes “sí sirve”, porque es el camino que hemos elegido, para mejorar este país, para que sea más democrático, tolerante, donde se respete los derechos humanos de todas y todos y donde podamos vivir en paz”.

 

La conferencia en la que participaron las periodistas llevó por nombre “Así o más liosas”, moderada por “la cabaretera” Ana Francis Mor, y tuvo lugar en el Centro Nacional de las Artes, como parte del Noveno Festival Internacional de Cabaret “Sobrebebiendo el Sexenio”.

El círculo de la violencia de género en Suchitlán

Incesto y agresiones, pan de cada día contra las mujeres

Por Glenda Libier Madrigal, corresponsal 
 
Colima, 8 jul 11 (CIMAC/MUPAC).- En la localidad indígena de Suchitlán, municipio de Comala, las mujeres padecen un “círculo vicioso” de violencia muy difícil de romper.
 
De acuerdo con psicólogas del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima, las mujeres de Suchitlán “viven tristes por la violencia que ejercen sus maridos o parejas sobre de ellas, ya sea física, psicológica o sexual, o todas juntas”.
 
Desde febrero pasado el CECA implementó en esta comunidad el Programa de Atención Integral para la Salud (PAIS), coordinado por las psicólogas Nayeli Vallín y Corintia Farías, quienes han detectado que la depresión es una constante en las mujeres que han acudido al Centro de Salud local para pedir apoyo psicológico.
 
Las mujeres de esta localidad  –aseguran las psicólogas– “no tienen una motivación para vivir y sienten que la violencia que ejercen los hombres sobre ellas es su modo de vida”. 
 
En poco más de tres meses, tras la implementación del programa, se han ofrecido 97 consultas, 62 de ellas a mujeres de entre 8 y 60 años de edad. El común denominador de las indígenas atendidas, casadas o que viven en unión libre, es “la tristeza exteriorizada a través del llanto fácil, depresión, ansiedad, falta de motivación, baja autoestima, trastornos del sueño y pensamientos suicidas”.
 
VIVIR EN EL DOLOR
 
Jovita tiene 55 años de edad y es una de las mujeres que reciben atención psicológica en la clínica de Suchitlán. Su vida ha estado marcada por la violencia. Primero en el seno familiar, después con sus diferentes parejas (alcohólicas y violentas) desde que a los 14 años escapó de su casa.  
 
Hasta  hace un par de años, Jovita conoció en Suchitlán a un hombre que no toma alcohol ni es violento; sin embargo, solicitó atención psicológica porque –dice– es una mujer “triste, deprimida y llena de culpas”. 
 
Asevera que le resulta difícil adaptarse a la vida con un hombre del que sólo recibe atenciones y buen trato. Asegura que no extraña los golpes pero confía: “Lo que pasa es que no creo merecerme esto. Es como falta de costumbre”.
 
Los médicos que atienden el centro de salud de esta localidad detectaron que a las mujeres algo les pasaba. “Ellas acudían a solicitar atención médica pretextando dolores físicos que no tenían razón de ser. Era como buscar ayuda médica para aliviar un dolor físico que ellas mismas se creaban o se imaginaban, cuando en realidad sus problemas son de tipo emocional”, explica Corintia Farías.
 
“Algunas mujeres que llegan a pedir atención psicológica lo hacen con el pretexto de sus hijos. Es decir, acuden con sus menores para que les atiendan a ellos por cuestiones de conducta, pero prácticamente en todos los casos las madres de éstos son las que más atención psicológica necesitan y conforme avanzan las consultas, ellas se convierten en pacientes”, agrega la psicóloga. 
 
De las mujeres atendidas por Corintia Farías y Nayeli Vallín, algunas sólo terminaron la primaria y otras son analfabetas: se casaron siendo aún adolescentes y tienen cuatro o cinco hijos. 
 
Además de ser amas de casa, muchas estas mujeres realizan trabajos en el campo, son empleadas domésticas o cocineras en restaurantes cercanos a donde viven; pero todas han sido víctimas de violencia física y psicológica y hay quienes también experimentaron agresiones sexuales por parte de sus esposos o parejas.
 
INCESTO, ALGO “NATURAL”
 
En Suchitlán el incesto es una realidad que llama la atención por el aumento de enfermedades mentales y patológicas que se presentan, señalan las psicólogas del CECA. 
 
Niñas de 13 o 14 años resultan embarazadas y tienen hijos de sus padres o hermanos, aún con el conocimiento de las madres y de familias enteras que prefieren callar antes que denunciar el delito ante las autoridades. El incesto, dicen las especialistas, también lo asumen las mujeres como algo “natural”.
 
Aclaran, sin embargo, que el incesto no es el único motivo por el cual se siguen embarazando las adolescentes. También persisten los embarazos no deseados durante el noviazgo que deriva en deserción escolar y la persistencia del bajo nivel académico o el analfabetismo en las mujeres, lo que a su vez conlleva a vivir con parejas violentas y repetir el patrón de sus madres y abuelas.
 
Las psicólogas aún no pueden emitir un resultado sobre las terapias, debido a que todas las mujeres que se han acercado siguen en tratamiento. Es decir, ninguna ha sido dada de alta.Por Glenda Libier Madrigal, corresponsal 
 
Colima, 8 jul 11 (CIMAC/MUPAC).- En la localidad indígena de Suchitlán, municipio de Comala, las mujeres padecen un “círculo vicioso” de violencia muy difícil de romper.
 
De acuerdo con psicólogas del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Colima, las mujeres de Suchitlán “viven tristes por la violencia que ejercen sus maridos o parejas sobre de ellas, ya sea física, psicológica o sexual, o todas juntas”.
 
Desde febrero pasado el CECA implementó en esta comunidad el Programa de Atención Integral para la Salud (PAIS), coordinado por las psicólogas Nayeli Vallín y Corintia Farías, quienes han detectado que la depresión es una constante en las mujeres que han acudido al Centro de Salud local para pedir apoyo psicológico.
 
Las mujeres de esta localidad  –aseguran las psicólogas– “no tienen una motivación para vivir y sienten que la violencia que ejercen los hombres sobre ellas es su modo de vida”. 
 
En poco más de tres meses, tras la implementación del programa, se han ofrecido 97 consultas, 62 de ellas a mujeres de entre 8 y 60 años de edad. El común denominador de las indígenas atendidas, casadas o que viven en unión libre, es “la tristeza exteriorizada a través del llanto fácil, depresión, ansiedad, falta de motivación, baja autoestima, trastornos del sueño y pensamientos suicidas”.
 
VIVIR EN EL DOLOR
 
Jovita tiene 55 años de edad y es una de las mujeres que reciben atención psicológica en la clínica de Suchitlán. Su vida ha estado marcada por la violencia. Primero en el seno familiar, después con sus diferentes parejas (alcohólicas y violentas) desde que a los 14 años escapó de su casa.  
 
Hasta  hace un par de años, Jovita conoció en Suchitlán a un hombre que no toma alcohol ni es violento; sin embargo, solicitó atención psicológica porque –dice– es una mujer “triste, deprimida y llena de culpas”. 
 
Asevera que le resulta difícil adaptarse a la vida con un hombre del que sólo recibe atenciones y buen trato. Asegura que no extraña los golpes pero confía: “Lo que pasa es que no creo merecerme esto. Es como falta de costumbre”.
 
Los médicos que atienden el centro de salud de esta localidad detectaron que a las mujeres algo les pasaba. “Ellas acudían a solicitar atención médica pretextando dolores físicos que no tenían razón de ser. Era como buscar ayuda médica para aliviar un dolor físico que ellas mismas se creaban o se imaginaban, cuando en realidad sus problemas son de tipo emocional”, explica Corintia Farías.
 
“Algunas mujeres que llegan a pedir atención psicológica lo hacen con el pretexto de sus hijos. Es decir, acuden con sus menores para que les atiendan a ellos por cuestiones de conducta, pero prácticamente en todos los casos las madres de éstos son las que más atención psicológica necesitan y conforme avanzan las consultas, ellas se convierten en pacientes”, agrega la psicóloga. 
 
De las mujeres atendidas por Corintia Farías y Nayeli Vallín, algunas sólo terminaron la primaria y otras son analfabetas: se casaron siendo aún adolescentes y tienen cuatro o cinco hijos. 
 
Además de ser amas de casa, muchas estas mujeres realizan trabajos en el campo, son empleadas domésticas o cocineras en restaurantes cercanos a donde viven; pero todas han sido víctimas de violencia física y psicológica y hay quienes también experimentaron agresiones sexuales por parte de sus esposos o parejas.
 
INCESTO, ALGO “NATURAL”
 
En Suchitlán el incesto es una realidad que llama la atención por el aumento de enfermedades mentales y patológicas que se presentan, señalan las psicólogas del CECA. 
 
Niñas de 13 o 14 años resultan embarazadas y tienen hijos de sus padres o hermanos, aún con el conocimiento de las madres y de familias enteras que prefieren callar antes que denunciar el delito ante las autoridades. El incesto, dicen las especialistas, también lo asumen las mujeres como algo “natural”.
 
Aclaran, sin embargo, que el incesto no es el único motivo por el cual se siguen embarazando las adolescentes. También persisten los embarazos no deseados durante el noviazgo que deriva en deserción escolar y la persistencia del bajo nivel académico o el analfabetismo en las mujeres, lo que a su vez conlleva a vivir con parejas violentas y repetir el patrón de sus madres y abuelas.
 
Las psicólogas aún no pueden emitir un resultado sobre las terapias, debido a que todas las mujeres que se han acercado siguen en tratamiento. Es decir, ninguna ha sido dada de alta.

Negligencia de autoridades, tras muerte cerebral de niña agredida

 Policías y médicos no reportaron intento de violación en Oaxaca   


 Por Patricia Briseño, corresponsal 

Oaxaca, 7 jul 11 (CIMAC).- Luego del asalto y agresiones físicas de las que fue víctima hace 11 días por parte de dos sujetos, en el municipio mixteco de Santiago Juxtlahuaca, la niña Florencia González Legaría, de 14 años de edad, fue declarada con muerte cerebral, en un caso más de presunta negligencia por parte de autoridades judiciales y de los servicios de salud, tanto públicos como privados.   

La fiscal para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ileana Hernández Gómez, dijo que ninguna institución médica donde fue atendida la víctima dio parte al Ministerio Público (MP), como es su obligación por ley. 

La noche del 25 de junio, Florencia iba acompañada por una amiga cuando fue asaltada en la calle luego de salir de un baile popular en Juxtlahuaca. La niña fue agredida con una navaja y golpeada con saña por un par de jóvenes, quienes pretendieron violarla. Florencia forcejeó y logró escapar. Se escondió en una bodega de frutas; ahí permaneció varias horas mientras de sus manos y cabeza salía sangre y su ojo izquierdo empezaba a inflamarse como consecuencia de los golpes.

 Una patrulla localizó a la niña y la entregó a una hermana, quien la llevó a la clínica IMSS Oportunidades. Ahí le aplicaron un suero y dos horas más tarde la dieron de alta. “No amerita ningún otro estudio, está bien”, informó el personal médico a la familia. 

Pero Florencia siguió mal. El pasado 28 de junio, sus familiares optaron por llevarla con un médico particular; éste la inyectó y tampoco detectó nada ni dio parte al MP. Cuatro días después, la niña perdió el sentido. Fue internada de nuevo en el hospital de la población, pero ante su grave estado de de salud, fue trasladada en ambulancia al Hospital de la Niñez, en el municipio conurbado de Santa María Coyotepec, al sur de la capital del estado. 

La fiscal Ileana Hernández señaló que ni los hospitales públicos ni el consultorio particular que atendieron a Florencia González realizaron un parte médico de los hechos y por tanto no se consignó alguna acta ante el MP.   Agregó que las instituciones de salud, pública y privada, “faltaron a su deber ético, profesional y legal de denunciar el ataque a la niña ante el MP”. Hernández no descartó que se finquen responsabilidades conforme se desahogue la investigación que ya se inició. Consideró igual de grave la omisión de los policías que encontraron a Florencia tras la agresión, quienes al parecer no la reportaron en la bitácora del 25 de junio.

Por separado, el director del Hospital de la Niñez, Ernesto Garzón Sánchez, declaró que la solicitud de intervención del MP no era de su competencia sino de otra área de la institución. La familia González Legaría demandó justicia para Florencia, y acusaron que la niña pudo haber tenido otro destino si la atención médica no hubiera sido errónea por parte del personal de la clínica Oportunidades de Juxtlahuaca. 

El pasado 2 de julio, la menor de edad entró en coma profundo. Garzón Sánchez explicó que a consecuencia de los golpes provocados por sus agresores la niña presentó edema cerebral grave por traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, la familia fue notificada de la muerte cerebral de Florencia.  Hasta el cierre de esta edición, la niña permanecía con respiración artificial en el área de cuidados intensivos del Hospital de la Niñez, en Santa María Coyotepec.

Nuevas amenazas de muerte contra Lydia Cacho

La periodista Ángeles Mariscal, también es amenazada
 Redacción 

México, DF, 29 jun 11 (CIMAC).- En México, la impunidad ha propiciado que las amenazas de muerte contra periodistas y defensoras de Derechos Humanos sean una constante; en lo que va de este año 14 mujeres periodistas han sido agredidas y ningún caso ha sido resuelto, según reporta Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), a través de su programa de Libertad de Expresión y Derechos humanos.
 
Según el informe 2010 sobre el estado de la libertad de expresión en México, del Centro de Periodismo y Ética pública (CEPET), en el país cada dos días una comunicadora o comunicador fue agredido. En ese año se registraron 139 víctimas de las cuales al menos 18 (13 por ciento) fueron mujeres.
 
En diversos foros, periodistas han advertido del peligro que representa ejercer la labor periodística en el país, pero sobre todo del que representa la impunidad ya que si no se castiga a los responsables de las agresiones y amenazas, “el mensaje es que pueden volver a hacerlo y no les va a pasar nada”.
 
Esta situación la conoce muy bien la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, quien fue amenazada de muerte nuevamente el pasado 14 de junio a través de su correo electrónico y de llamadas telefónicas que hacen referencia a su trabajo periodístico. 
 
Por ello la organización internacional Artículo 19 hizo un llamado al Estado mexicano para que cumpla cabal y efectivamente con la implementación de las medidas cautelares otorgadas en 2009 por la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) para proteger a la periodista, así como para que investigue las recientes amenazas de manera puntual y que se lleve a juicio y condena ha  los responsables.
 
Cabe recordar que la CIDH pidió las medidas para la periodista debido al hostigamiento y amenazas de las que fue objeto por parte de hombres armados desde 2005. Desde entonces, dice artículo 19, las agresiones no han cesado y se ha podido constatar que las medidas dictadas por la CIDH no han sido cumplidas ni en un 50 por ciento.
 
En 2005 Cacho Ribeiro  publicó el libro “Los Demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil”, en donde reveló la existencia de una red de explotación sexual y pornografía infantil que operaba bajo la protección de políticos y empresarios. Por ello fue hostigada, detenida, torturada y amenazada.  
 
Otra periodista amenazada en semanas anteriores, fue Ángeles Mariscal, quien fue retenida mientras cubría la audiencia pública del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. 
 
En lo que va de este año se han registrado al menos cuatro agresiones a periodistas en la entidad, quienes ya interpusieron su denuncia, sin embargo continúan las amenazas.
 
Ángeles Mariscal y su esposo, Isaín Mandujano, han sido víctimas de hostigamiento y amenazas desde hace cuatro años, ahora éstas se han traducido en campañas de desprestigio en redes sociales, sin que hasta el momento las autoridades competentes les hayan garantizado la seguridad ni a su familia, y el derecho a la libertad de expresión.
 
En el informe 2010, el CEPET señala que si bien la violencia generalizada en el país impacta en el trabajo de las y los periodistas, la delincuencia organizada no es el único agresor, en 33 de los 139 casos registrados, el Ejército, policías municipales, estatales, federales, jefes policíacos y escoltas personales de autoridades, fueron señalados por ejercer algún tipo de violencia contra las y los periodistas.
 
11/GTR/LGL 

¿Qué está pasando en Chiapas en torno a los periodistas Ángeles Mariscal e Isaín Mandujano?

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Junio del 2011

Desde hace más de 15 años Ángeles Mariscal quien durante 16 años fue corresponsal de La Jornada en Chiapas (ahora ya no lo es) y yo con 13 años en la corresponsalía de la Agencia y Revista Proceso, hemos hecho un periodismo crítico, un periodismo al servicio de los grupos más vulnerables, dando voz a campesinos, indígenas, mujeres agraviadas, obreros, activistas de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y todo aquellos grupos que rara vez tienen voz en los medios controlados por el gobierno en turno de Chiapas.

Por esa línea editorial, a lo largo de estos más de 15 años en el periodismo chiapaneco siempre hemos recibido de las instituciones gubernamentales y sus funcionarios la exclusión y marginación en cuanto al acceso a la información, portazos en las narices cuando pretendemos solicitar una entrevista, intentos de sobornos, amenazas, linchamientos mediáticos, pero nunca la situación estuvo tan grave en torno a nuestra persona y labor como lo ha estado en los cuatro años y medio de la administración actual del gobernador Juan Sabines Guerrero.

Los gobiernos que han pasado estos años que tenemos de ejercicio en el periodismo chiapaneco nos han estigmatizado como voceros de sus enemigos políticos en turno como una forma fácil de pretender descalificar nuestra labor.

En una primera etapa de agravios se nos niega información pública, se nos niega la versión oficial cuando ocurren incidentes en la cual debamos constatar todas las visiones de un hecho, nos cierran las puertas en reuniones o eventos que deberían ser públicos, se nos niegan entrevistas, nos excluyen de conferencias en las que sólo aceptan a medios sujetos a la línea impuesta por el gobierno de Chiapas, todo esto que contradice la Ley de Derechos para el Ejercicio Periodístico que el propio Sabines Guerrero creó en agosto del 2007 y que sus propios subordinados desacatan.

A la par de esa dinámica, desde el 2007 se ha echado mano de personeros del gobierno de Chiapas, para arremeter contra nosotros y se nos ha emprendido una campaña mediática, tanto en la radio pública gubernamental como en medios impresos y medios digitales, como webs, blog y redes sociales.

Han habido momentos que se han incrementado estos ataques y aunque han bajado de nivel, nunca ha desaparecido. Siempre permanente, siempre en la mira, siempre monitoreados por los servidores públicos intolerantes a la crítica para luego arremeter en la menor oportunidad.

Sin lograr su objetivo, bajo engaños pretendieron “videoemboscarme” a mediados del 2007 en situaciones que podrían comprometerme con mi empresa y mi pareja.

Mis textos en la revista Proceso, pero sobre todo mis notas informativas que me suben a diario en la web de la revista causan tal incomodidad que en muchas ocasiones eran motivos de llamadas telefónicas en las que pretendían reclamarme hasta que como vieron que estas no daban los resultados esperados dejaron de hacerlas.

En reuniones con el entonces subsecretario de gobierno del estado ahora coordinador de asesores del gobernador, Nemesio Ponce Sánchez, después con el titular del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, Jaime Culebro Guillén y luego con el gobernador Juan Sabines Guerrero, en ese orden de aparición en el 2009 y principios del 2010, hubo todo tipo de ofrecimiento hacia mi persona desde la amistad hasta apoyos para crear mi propio medio, espacio en la radio y televisión oficial y otras ofertas que agradecí amablemente con el argumento que lo único que esperaba de ellos era respeto y tolerancia.

No conforme con la exclusión, se originó la embestida con amigos muy cercanos, que han apoyado mi misión en la realización de cursos y talleres sobre periodismo digital en Chiapas. El activista del software libre Héctor Bautista fue detenido por la PGJE de Chiapas en noviembre tras una supuesta denuncia anónima, le pretendieron sembrar miles y miles de imágenes de pornográficas, todo por ser prestador de servicio de hosting de mi amigo Antony Flores con su web infochiapas.com donde se dijo que Chiapas tenía la mayor deuda pública en 16 años.

Tras 40 días preso, gracias al apoyo de las redes sociales y de cientos de activistas, blogueros, tuiteros, feizbukeros y compañeros periodistas como Fátima Monterrosa y Denise Maerker, por fin logramos la libertad de Bautista cuando más fuerza tomaba el movimiento de protesta. Bautista salió libre y ahora está ajeno a todo tras la pesadilla que vivió por el abuso del poder.

La embestida no sólo fueron contra Bautista y Flores, también se arremetió en contra de otro amigo comunicador del que prefiero omitir su nombre por temor a más represalias, a quien con el impulso del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, también le abrieron una averiguación previa por una campaña de denuncia de baches para que la autoridad pusiera manos a la obra en su reparación misma que se gestó y tuvo fuerza en las redes sociales, pero las autoridades municipales la entendieron como una campaña para ridiculizarlos, si bien no fue a prisión fue presionado para borrar toda evidencia de esa campaña y silenciado.

A raíz que de que entendieron la fuerza de las redes sociales, servidores públicos del gobierno de Chiapas tomaron por asalto esta herramienta en la que evidentemente estaban siendo rebasados. Se dieron a la tarea de contratar personal especializado en ello y empezaron a crear cuentas falsas o anónimas de blogs, webs, twitter, facebook, videos en Youtube, desde donde continuaron su embestida mediática.

Uno siempre da por hecho de que las líneas telefónicas están intervenidas, pero a través de cuentas de twitter me hacían constatar detalles de charlas y conversaciones de un día anterior había hecho sólo por esa vía. De forma extraoficial me dijeron que el equipo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGJE era utilizada para el espionaje de políticos, empresarios y periodistas.

Algunas de las cuentas en twitter son @El_ObservadorV @Sneutron @noti_chiapas @rumaldochis @donchoma2010 entre otras más. Ofensas vulgares y obcenidades reflejan la ira a nuestra labor como Blogs como http://chiapascentral.blogspot.com, http://gabtcama.blogspot.com o http://realchiapas.blogspot.com/ son tan solo algunos que ha tan pronto como son descubiertos desaparecen.

Por otras webs que usaron como trincheras interpusimos una denuncia penal en agosto del 2010 pero nunca procedió la PGJE se declaró “incompetente” al carecer de policía cibernética situación que contrasta cuando sí procedieron contra Bautista, Flores y otros al igual que otro tuitero chiapaneco a quien acusaron de varios delitos, lo intimidaron y huyo de Chiapas por temor a su vida y su seguridad, por hacer de las webs, blogs y redes sociales críticas al gobierno de Chiapas y algunos servidores públicos.

Al tener en nuestras manos las averiguaciones previas iniciadas en contra de mis amigos he podido constatar un denominador común, a los mismos servidores públicos empeñados en pretender defender la imagen del gobierno de Sabines, argumentando que somos “desestabilizadores”, “incitadores a la violencia” que podríamos crear un “caos social” y estatus de “animadversión” contra el gobierno de Sabines.

A través de amigos de los muchos que trabajan dentro del aparato de gobierno en Chiapas, nos dijeron que se contrató a un grupo de jóvenes expertos en sistemas computacionales, cuya misión “es desmentir y atacar por cuestiones políticas”, al exgobernador antecesor de Sabines, a periodistas como el que esto escribe y organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, “a través de las redes sociales de internet”, los trajeron a Chiapas “bajo un contrato de confidencialidad y previa amenaza de graves consecuencias si alguno de sus integrantes público su trabajo.

Los hombres dedicados a la tarea de difamar y calumniar formaron “dos equipos de impacto, son dos equipos por que se cuidan que ningún integrante del otro equipo copie, distribuya o transmita archivos privados”, se vigilan mutuamente.

“Las actividades que se llevan acabo en este momento son a través de las redes sociales, blogs, correos electrónicos masivos y espionaje a celulares y Smartphones. Pensando en tu privacidad te recomiendo no utilices tu Blackberry para escribir o hablar sobre cuestiones no públicas, así mismo te recomiendo no utilices computadoras prestadas, que de preferencia utilices Windows 7 Ultimate con antivirus Kaspersky y navegador Mozilla Firefox, que acostumbres apagar tu equipo cuando no está en uso y evites usar tu Ubuntu pues si no tienes amplios conocimientos de redes se las pondrás más fácil por que en dos meses va a venir un hacker que traen de India y con las recomendaciones que te doy será difícil que logren penetrar en tus equipos”, nos reveló otra fuente vía anónima que mostró admiración a mi trabajo como periodista e indignado por los ataques hacia mi persona.

En su afán por pretender buscar algo que nos incrimine han puesto de cabeza oficinas de comunicación social buscando supuestos documentos que prueben que cobré en el gobierno pasado o bien que cobró en instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas. Ante la impotencia han elucubrado falsificarlos.

El Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas presionó al diario donde Ángeles Mariscal trabajó 16 años y en este 2011 ya no le renovaron su contrato, afortunadamente fue liquidada conforme a derecho.

Cuando Mariscal pretendía trabajar como docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, de pronto le cancelaron el contrato y le cerraron las puertas definitivamente, nada que tuviera que ver con ella o conmigo debería tener presencia en mi Alma Mater.

Ella siempre bajo el hostigamiento de servidores públicos del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas fue agredida por custodios y personal de los juzgados en el penal de El Amate el pasado 8 de junio cuando cubría una audiencia judicial. El jueves 23 de junio interpuso su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y su denuncia penal en la Fiscalía para Periodistas de la PGJE de Chiapas.

Por mi parte, Isaín Mandujano, ese mismo día interpuse también una denuncia penal por una nota periodística pagada en medios impresos locales el domingo 19 donde se pone en grave riesgo mi integridad y la de mi familia al poner en boca de una exconsul de Honduras declaraciones que nunca hizo, en el sentido que echaría Los Zetas a los servidores públicos que provocaron su salida de Chiapas y de paso contra el periodista que estos escribe. Nada más falso. La inserción pagada tenía toda la manufactura del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas.

Como respuesta a nuestras demandas penales, ese mismo jueves por la tarde la PGJE emitió una misiva en la que refiere una investigación “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.

El pasado sábado 18 en la noche o domingo 19 en la madrugada, fue agredido el señor Fausto Jacobo Elnecavé Luttman en un exclusivo bar de la ciudad, al que jamás he frecuentado en mi vida. Varias versiones me llegaron del incidente del que no presté atención, no lo expongo acá para no abonar a la confusión de las investigaciones aunque pretendan pervertirlas de oficio en la PGJE.

El citado comunicador social institucional ha sido antes titular del Instituto de Comunicación Social, asesor del gobernador en materia de medios, es actualmente titular del noticiero de la tarde en la radio y al televisión del gobierno de Chiapas. El vocero pues en los medios electrónicos. Además de oficialmente fungir como jefe de comunicación social de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Pretenden involucrarme en la citada agresión al comunicador institucional, dejando entrever que podría haber sido el autor intelectual, pues señala la PGJE que quienes lo agredieron actuaron a mi nombre. Esto es lo que yo considero la más burda y nueva acción para amedrentarme al no tener hasta ahora ningún otro elemento para hacer que mi labor sea censurada. Me deslinde de ataque alguno.

Como he conocido y documentado personalmente de como en Chiapas se abusa del poder, de la fuerza pública, como se doblan los jueces de consigna y como se retuercen las leyes en Chiapas, considero que no existen las condiciones para hacer un periodismo donde se garantice mi seguridad y principalmente la de mi familia expuesta a riesgos altos de agresiones.

Hasta ahora, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde ya tenemos abierta una queja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha estado dando seguimiento puntual a los agravios desde diciembre pasado, es lo que no fortalece. Esto, aunado también, al gran apoyo de muchos ciudadanos, activistas, colegas periodistas, organizaciones y demás personas que conocen nuestra labor.

Mis blogs y mi presencia en las redes sociales incomodan a los defensores de la “buena imagen” del gobierno de Chiapas. Por lo que no descartamos que pretendan implicarnos en otras denuncias o falsas acusaciones. Sabemos que en Chiapas todo conspira desde el aparato público en contra de lo que ellos consideran atenta contra sus intereses.

No reclamos más que respeto y tolerancia. Eso es todo. No más. Responsabilizo a las autoridades locales de todo agravio contra mi persona o cualquier miembro de mi familia, así como mis amigos cercanos que también viven con la advertencia de represión en lo laboral-

Angeles Mariscal Pioquinto

Isaín Mandujano Camacho.