Morelos castiga feminicidio hasta con 70 años de cárcel

Es el quinto estado del país en tipificar el delito

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 23 jun 11 (CIMAC).- El Congreso de Morelos aprobó hoy por unanimidad la tipificación del feminicidio en los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado, para que los asesinatos violentos de mujeres se reconozcan, se castiguen y disminuyan. 

Así lo señaló la abogada Patricia Bedolla, vicecoordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), quien informó a Cimacnoticias que además de las modificaciones a ambos códigos se adicionó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Morelos. 

La reforma, presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), reconoce el feminicidio como un delito autónomo que puede comprobarse a través de siete hipótesis por las que se considera que el asesinato fue por razones de género, indicó la también integrante de la coordinación ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

Así, el feminicidio en Morelos se puede acreditar bajo cualquiera de esas hipótesis, que consisten en que haya una relación de parentesco o relación de hecho (noviazgo, cónyuge, entre otras) entre el agresor y la víctima, o que exista una relación laboral o de cualquier otro tipo que implique confianza, superioridad o subordinación.  

También será posible probar este delito cuando la víctima presente señales de violencia sexual, lesiones previas o posteriores a su muerte, si su cuerpo fue arrojado a la vía pública, o si previo a su homicidio sufrió amenazas, acoso o fue incomunicada.  

El feminicidio, que desde ahora forma parte del catálogo de delitos graves, será sancionado con penas de 30 a 70 años de prisión, refirió Patricia Bedolla, quien celebró el contenido de la reforma ­ elaborada con el aporte de las organizaciones locales­ y la disposición del Congreso morelense.  

Morelos es la quinta entidad federativa que tipifica este delito. El martes pasado el Congreso de Tamaulipas aprobó la inclusión del feminicidio en sus códigos Penal y de Procedimientos Penales, modificación que también realizaron los estados de Guerrero, Estado de México y Guanajuato.  

La activista expresó su satisfacción porque las y los legisladores de los siete grupos parlamentarios de Morelos “no sólo se quedaron con la reforma a los códigos penales para sancionar el feminicidio, sino que mediante la reforma a la Ley de Acceso se generan políticas públicas de prevención”. 

La reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Morelos está dirigida a las atribuciones de la Procuraduría General de Justicia estatal y entre otros cambios se establece la necesidad de capacitar al personal de esa dependencia en Derechos Humanos (DH) desde un enfoque de género. 

También se incluyeron algunas de las disposiciones que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano en la sentencia de Campo Algodonero, por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como el registro público de delitos cometidos contra las mujeres. 

Entre las disposiciones que ahora están en la Ley General de Morelos están la elaboración de una página de internet donde se encuentren los datos de mujeres y niñas desaparecidas; la creación y aplicación de protocolos de investigación especializados con perspectiva de género para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, casos de feminicidio y de violencia sexual.  

Asimismo, la legislación incluyó que la Procuraduría local debe crear un banco de información genética de las mujeres y niñas desaparecidas y de sus familiares para que puedan ser identificadas. 

Con este avance desde el ámbito legislativo, la defensora de DH recalcó: “El trabajo del Congreso está hecho, ahora falta que el Ejecutivo aplique la normatividad. No queremos un elefante blanco”. 

Ahora, dijo, después de dar la lucha por la inclusión del delito en los códigos penales de la entidad, “vamos a estar vigilantes” de que las autoridades morelenses cumplan con los ordenamientos, que tienen como finalidad la disminución de los casos de feminicidio, que en lo que va de 2011 suman 22. 

De enero de 2009 a junio de 2010 se registraron 44 casos de feminicidio en el estado, según el OCNF, con base en información oficial. 

Patricia Bedolla concluyó que “aún queda camino por andar” para que cesen los casos de feminicidio y las víctimas tengan acceso a la justicia. Muestra de ello es que el 70 por ciento de los casos queda impune, y el restante 30 por ciento son casos juzgados que en su mayoría obtienen sentencias absolutorias. 

Sin mayoría el PAN en congreso de BCS para criminalizar aborto

Sepultan” legisladores iniciativa para “proteger la vida desde la fecundación”

 

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 22 jun 11 (CIMAC).- Tras dos intentos de legisladores panistas del congreso de Baja California Sur para que la iniciativa que criminaliza el aborto en esa entidad fuera aprobada, finalmente y por falta de mayoría, ésta fue desechada, con lo que la posibilidad de “proteger la vida desde la fecundación o concepción” “quedó sepultada”. 

En entrevista con Cimacnoticias, Mónica Jasis, co-directora de la asociación civil Centro de Mujeres, en La Paz, BCS, informó que ayer por la mañana el congreso local votó dicha iniciativa, la cual fue desechada porque las y los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI) se abstuvieron. La iniciativa obtuvo 11 votos a favor, de los cuales 9 fueron del PAN, uno de Convergencia y uno más del Partido Nueva Alianza (Panal).

Junto con el rechazo a esa iniciativa, presentada por grupos religiosos en febrero de 2010, también se desechó la propuesta presentada en octubre de 2009 por el partido Acción Nacional (PAN) en el mismo sentido: criminalizar a las mujeres que abortan, abundó Jasis. 

Mónica Jasis señaló que la iniciativa de “la derecha”, respaldada por representantes de las iglesias católica, cristiana y evangélica del estado, tenía el propósito de prohibir el aborto en cualquier circunstancia, incluso por violación sexual, ya que con la reforma a la constitución local se invalidan las causales no punibles de interrupción del embarazo, que establece el código penal del estado. 

El pasado 14 de junio se tenía contemplada en el orden del día la discusión y posible aprobación de la iniciativa, pero debido a la presión de las organizaciones sociales la quitaron.

Ayer sí se llevó a cabo la discusión y votación y finalmente se desechó. 

La activista destacó que el rechazo de la iniciativa es un logro del movimiento de mujeres en BCS y del país, quienes estuvieron “minuto a minuto” pugnando mediante diversas acciones para que la propuesta no pasara. 

De igual modo, reconoció que las bancadas del PRI y del PRD en el estado, acataron “acataron sus principios socialdemócratas y votaron en consecuencia”.

A la fecha suman 17 entidades que desde 2008 han modificado sus constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación”, impulsadas por panistas y priistas.

11/GCJ/LGL

Mueren 9 de 10 embarazadas por negligencia

Puebla, el décimo lugar a nivel nacional por muerte materna

En los primeros meses de 2011, se registran 19 muertes por causas directas al embarazo; el mayor número de féminas que mueren son las que están afiliadas al Seguro Popular.

2011-06-07•Reportaje Milenio Puebla

Por Guadalupe Gálvez

Foto: Andrés Lobato

Nueve de cada 10 mujeres embarazadas en Puebla mueren por negligencia de los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales o los policías que las reciben al llegar a las unidades médicas u hospitales públicos. Ya no es por pobreza o marginación, o porque sean analfabetas.

Mueren porque se cree que el dar a luz es cualquier cosa, porque se tardan dos horas en hacerles una transfusión o las dejan en trabajo de parto hasta 4 horas en una sala de espera.

María del Socorro Cabrera Salgado es responsable estatal del Programa de Prevención de la Mortalidad Materna, área donde se ha desempañado durante los últimos 12 años.

Explica que las causas de muerte de embarazadas en Puebla son una situación grave, porque es culpa del mal sistema de atención a las féminas, malos hábitos o costumbres de los médicos y la falta de sanciones a quienes reinciden al ocasionar por falta de sensibilidad la muerte de una mujer en gestación.

“Siempre se pensó que la mujeres que mueren por un embarazo son personas que no cuidan su salud, que están en zonas rurales muy marginadas, analfabetas, multigestas, sin control prenatal. La realidad es que desde hace 3 o 4 años, en el estado ocurre lo que la Dirección de Equidad de Género conoce como cambios de paradigmas en la mortalidad materna. Este cambio significa que las señoras que mueren son alfabetas, de zonas urbanas o semiurbanas, que no son atendidas por parteras.”

Con estadísticas en la mano, Lidia Valdovinos Salas, coordinadora del Programa “Arranque Parejo en la Vida” agrega: "en el resto del país la primera causa de muerte en una mujer embarazada es la preclampsia, producida por presión arterial alta. En Puebla, durante el 2010 murieron sólo 8 por preclampsia, el resto por hemorragia producto de “mala calidad en la atención”.

Estas muertes ocurren en el hospital o en el hogar, porque fueron dadas de alta puesto que el médico no detectó la gravedad o el riesgo de la paciente.

Evitables 8 de 10 muertes

Cabrera Salgado insiste: “lo más grave y la que nos está pegando actualmente en Puebla es la demora en la atención médica. La señora llega a la Unidad de Salud y no hay calidad de atención, no hay oportunidad, y eso tiene que ver con la actitud del personal.

“El 92 por ciento de las defunciones ocurrieron por falta de calidad en la atención y entonces es muy grave porque al final esto es totalmente la responsabilidad de la institución (…) La mayoría ocurren en las unidades a cargo de la SSA, porque es la que atiende población abierta, y por lo tanto son más las mujeres que pierden la vida y que están afiliadas al Seguro Popular.”

La doctora cuenta que 8 de cada 10 muertes eran evitables. Añade, evitando dar nombres de hospitales, regiones o médicos, que la mayor cantidad de muertes maternas en Puebla son porque “a las mujeres no las reciben (en el hospital) o si las reciben las tienen en sala de espera 2 o 3 horas, cuando el manejo debe verse inmediato; o la recibe el trabajador social, la enfermera o el policía y la refieren a otro lugar y la señora anda peregrinando de unidad en unidad, y no se tardó ella sino que el sistema está mal. La señora llega y en lugar de darle una referencia o traslado adecuado... O sea, si llegas conmigo y no tengo médico mi deber es estabilizarte, canalizarte, darte una solución, conseguir un vehículo y no decir: ‘ay qué bueno que trae camioneta, vete ni te bajes’.”

Explica que estos casos ocurren por ejemplo en el Hospital General del Norte, “donde hay 50 paquetes de sangre en su stock y no le ponen uno solo a la señora porque en el proceso de cuando se solicitó la sangre se demoraron 2 horas en ir a ver quién se las iba a dar. Son cosas que no pueden ocurrir en un hospital”.

Las estadísticas

Según las estadísticas, Puebla es el décimo lugar en muertes maternas en el país, y entre enero de 2008 y mayo de 2010 ha registrado 216 casos, de los cuales 36 corresponden a madres de entre 12 a 20 años de edad.

En los primeros 5 meses de 2011, la SSA ya registró 19 casos de muertes maternas debido a causas directas con el embarazo. De estos fallecimiento, 11 de ellos fueron en hospitales de la SSA, 3 en el hogar, 2 en el Issstep y uno en el Issste.

Nueve de cada 10 muertes de mujeres embarazadas ocurridas en 2010, cuando se registraron 57 en total, fueron por negligencia; además, el 90 por ciento eran personas inscritas al Seguro Popular.

En 2010, 26 fallecimientos fueron en alguna instalación de la SSA; 14 en el hogar; 6 en instituciones privadas; 5 en el traslado al nosocomio; 3 en clínicas del IMSS-Oportunidades, uno en el IMSS ordinario y uno en el Hospital Universitario.

El IMSS-Oportunidades y el IMSS en el régimen ordinario registraron la disminución más importante en casos entre 2009, 2010 y lo que va de 2011.

El IMSS-Oportunidades, que atiende a población rural marginada, bajó a 50 por ciento el número de casos, mientras que el IMSS en su régimen ordinario los disminuyó más de 93 por ciento.

En el caso de la SSA estatal, los datos preliminares reflejan un estancamiento en el número de incidencia, pues mientras en 2008 hubo 26 casos, en 2009 hubo 21, pero en 2010 de nueva cuenta fueron 26. Si estas cifras se comparan con las de 2011, se concluye que la tendencia en ocurrencia de muertes es similar.

Alto a la protección sindical

María del Socorro Cabrera, responsable estatal de la Prevención de la Mortalidad Materna, se manifestó por ponerle un alto desde el gobierno estatal a la protección que el sindicato brinda a quienes ocasionan la muerte de madres gestantes por negligencia.

Para ello, propone sanciones ejemplares para médicos y enfermeras con malas prácticas, con la implicación penal de responsabilidades.

“Tenemos médicos que ya no nos extraña que se les mueran las pacientes porque es obvio que la calidad de atención es mala, pero el problema de fondo es que no hay una regulación.”

¿Cómo corregir está situación?, ¿cómo evitar que haya muertes durante embarazos por negligencia?

Hasta hace poco teníamos, y espero que éste no sea el caso porque las cosas están cambiando, un gobierno paternalista en salud. Se detectan nombres, se sabe de cosas que no deben ocurrir, omisiones, y desgraciadamente entre el sindicato y las autoridades decidimos no hacer nada y todos nos volvemos cómplices.

“En el comité en el que se analizan cada una de estas muertes, no se tiene un sentido de búsqueda de culpable, sino para saber qué pasó y qué puedo hacer para no repetirlo; es como darte cuenta dónde te tropezaste y quitas las piedra, pero lo que sucede realmente es que nos estamos volviendo cómplices, porque es una tras otra y otra tras otra.”

Por esta situación y para evitar prácticas del pasado, los casos de muerte materna se están pasando a la Cesamed, “que por desgracia sólo emite recomendaciones, y va a decir que al médico se le haga tal o cual cosa, pero desgraciadamente no hay sanciones”.

Puso de ejemplo que en este año se registraron los primeros dos casos de médicos sancionados, pese a no ser “repetidores” en ocasionar muertes maternas. “Fue una sanción administrativa, más de tipo económico, pero ellos siguen en su cargo.”

Porque no votó por él, alcalde auxiliar da salvaje golpiza a una mujer

Redacción Sicla purpura

Chiconcuautla, Pue.- “Si se muere tu mamá vamos a decir quien lo hizo, si no se muere pues no decimos. Al fin que todo se puede arreglar  con dinero”, le dijo el regidor de Gobernación del municipio de Chiconcuautla, Jaime Martínez a Irene Licona Rivera, luego de que su madre Margarita María Rivera fuera salvajemente golpeada por el presidente auxiliar de la Tlaxco, Bonifacio Jiménez, “porque no votó por él”.

Los violentos hechos se produjeron la madrugada del pasado lunes 23 de Mayo en la calle que va al kínder en esa comunidad de este municipio de la Sierra Norte de Puebla, considerado como de muy alta marginación, luego de que Margarita María saliera a buscar a su marido, Ernesto Licona Mora “porque estaba preocupada”.

La mujer, indígena hablante del náhuatl de 42 años, fue atacada por varios sujetos, pero sólo pudo reconocer a uno: “era el Boni, Bonifacio Jiménez. Él fue el que me dijo que como no vote por él, por eso te voy a madrear”.

Con unos diez puntos de sutura en la barba, un paliacate amarrado a la cabeza, los brazos y el torso llenos de moretones, Margarita María narra la agresión: “Yo iba caminando cuando me lo encontré y me empezó a reclamar, luego me dio patadas y manotazos en la cabeza, en el cuello. Luego con su mano me agarró del pescuezo y no sé con qué me cortó. Me tiró al suelo, ahí me dieron patadas por todos lados y ya no supe más”.

“Nunca he tenido problemas con él, tampoco mi marido. Sólo que como soy prima de Rosendo Rojas Pineda, el otro candidato a presidente, el Boni me decía que vote por Rosendo”, explica Margarita María con una voz apenas audible, en la que se deja ver su hastío, su cansancio por tener que enfrentar otra situación de violencia.

Como la mujer tardaba, llegaron sus familiares y la encontraron en la calle, tirada, sangrando. La llevaron a la clínica del IMSS de Tlaxco, a donde más tarde llegó Jaime Martínez, el regidor de Gobernación del ayuntamiento encabezado por el petista Noé Garrido Hernández, para sacarla de ahí y trasladarla al Hospital General de Huauchinango, donde estuvo internada tres días.

Antes de llegar al nosocomio, el concejal le aconsejó a Irene, la hija de Margarita María que “si los doctores preguntaban qué había pasado, había que decir que se había caído en el piso. Luego me dijo: ‘si tu mamá se muere, decimos quién fue el responsable, si no se muere no hay que decirlo. Al fin que todo se puede arreglar con dinero’”.

Pero los doctores no me creyeron, dice Irene; y asegura que pese a la gravedad de las lesiones que presentaba su madre y sus sospechas, los médicos tampoco hicieron del conocimiento del Ministerio Público el ingreso hospitalario de una mujer que presentaba heridas profundas y golpes en casi todo su cuerpo.

“Gracia a dios mi mamá no se murió, pero ahorita dice que le duelen todos sus huesos, dice que no puede respirar, la patearon en el pecho, todavía tiene moretones. Yo sólo quiero que se haga justicia, porque ahora que regrese al pueblo no sea que otro día le vuelva a pegar. A mi me dijeron que no hablara de esto, porque me podía ir mal. Pero la verdad no entiendo por qué a Bonifacio le dio tanto coraje con mi mamá, ella ni siquiera pudo votar, ni por él, ni por nadie: no tiene credencial de elector, no tiene papeles”, agrega Irene Licona Rivera.

Y en efecto, el viernes pasado cuando Margarita María pudo viajar a Huauchinango para presentar ante el Ministerio Público una denuncia en contra el presidente auxiliar de Tlaxco, Bonifacio Jiménez, su agresor, no pudo hacerlo, porque no cuenta con ninguna identificación.

Al fiscal no le bastaron las visibles muestras de la golpiza que le propinaron a la mujer para iniciar una investigación de los hechos, y ahora tendrá que volver a la oficina con una constancia que le tiene que expedir el presidente municipal de Chiconcuautla, Noé Garrido, quien respaldó la candidatura de Bonifacio, para ver si ahora sí, le hacen favor de darle acceso a la procuración de justicia.

En Puebla, gobierno y prensa sin Acción por la Salud de las Mujeres

 Por Alma Leticia León

El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres,instaurado en 1987 y que fue propuesto por las participantes del V Encuentro Internacional Mujer y Salud, celebrado ese año en San José, Costa Rica, en Puebla pasó sin pena ni gloria, más bien con pena, pues no fue recordado por ninguna autoridad del gobierno estatal de Puebla  y las conmemoraciones de organizaciones civiles, no fueron documentadas por la prensa.

En la víspera del 28 de mayo, la periodista y feminista Kara Castillo publicó:

Puebla, cuarto lugar nacional de muertes maternas: Ddeser

Puebla ocupa el 4 lugar nacional de muertes maternas, el sexto con mujeres enfermas a causa del cáncer cérvico uterino con 5 mil fallecimientos por año y es el estado donde el número de mujeres infectadas con VIH-sida rebasa la proporción nacional.

 Revelaron las directoras de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, (Ddeser), en la víspera del Día internacional de acción por la salud de la mujer, que se conmemora hoy 28 de mayo. “La salud de las mujeres en este estado está en el limbo”, acusaron.

La escandalosa situación de salud de las mujeres en el estado será denunciada en una campaña que inicia hoy en el estado por la organización no gubernamental Ddeser. Será con pequeños afiches y tarjetas adheribles (stikers) con la figura de una indignada Mafalda, que las cifras de la condición de las mujeres en Puebla serán reveladas. “Nosotras estábamos molestas, pero ahora estamos indignadas porque en Puebla el 9.5% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual. Porque en Puebla se registran 63 muertes maternas cada año y la mayoría de estos fallecimientos pudo evitarse de haber tenido un médico cerca. En promedio en el estado diariamente ocurren 5 interrupciones del embarazo por múltiples causas. Porque Puebla es el quinto estado con mayores fallecimientos por interrupciones de embarazos inducidos y clandestinos. Porque en Puebla existen 30 mujeres procesadas como delincuentes por interrumpir su embarazo.,,”

En el monitoreo diario que realiza el Sicla, esta nota fue la única que destacó las conmemoraciones del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

El acto que montó Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, (Ddeser), que llamó Ser madre no es juego de niñas, a pesar de que contó con una gran asistencia, no fue reporteado por ningún medio. Así como tampoco las acciones realizadas por algunos grupos feministas, como volanteo y mítines relámpagos efectuados en el zócalo capitalino.

Quedó en claro que el  28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, no tiene ningún significado en la agenda del gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas, y por lo tanto, tampoco existe en la prensa poblana la que sólo  se dedica a repicar los actos gubernamentales.

La nota de Kara Castillo, publicada por  Puntual  informa sobre  la escandalosa situación de salud de las mujeres en el estado que será denunciada en una campaña que inicia hoy en el estado por la organización no gubernamental Ddeser. Será con pequeños afiches y tarjetas adheribles (stikers) con la figura de una indignada Mafalda, que las cifras de la condición de las mujeres en Puebla serán reveladas. “Nosotras estábamos molestas, pero ahora estamos indignadas porque en Puebla el 9.5% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual. Porque en Puebla se registran 63 muertes maternas cada año y la mayoría de estos fallecimientos pudo evitarse de haber tenido un médico cerca. En promedio en el estado diariamente ocurren 5 interrupciones del embarazo por múltiples causas. Porque Puebla es el quinto estado con mayores fallecimientos por interrupciones de embarazos inducidos y clandestinos. Porque en Puebla existen 30 mujeres procesadas como delincuentes por interrumpir su embarazo.”

Para Natali Hernández, representante de la Ddeser en Puebla, la grave crisis de salud que viven las mujeres en el estado no está siendo atendida por autoridades. “Existe una omisión en los servicios de salud del estado, sólo hay que ver las cifras”, denunció

Reveló que no existen políticas públicas a la altura de la problemática que vive el estado y que esta deficiencia no ha alcanzado la propuesta de ningún candidato que contiende en esta carrera electoral.

…, las activistas con documentos de la Secretaría de Salud develaron que en el primer trimestre en Puebla hubo 10 muertes maternas en los municipios de Ahuazotepec, Jalpan, Puebla, Quimixtán, Tepotzintla, Xiutetelco y Zacapoaxtla. Estas defunciones fueron de jóvenes de 10 a 39 años.

Para la organización, es evidente que la mortalidad materna constituye un grave problema de salud pública, que revela algunas de las más profundas inequidades y es el reflejo del estado de salud de las mujeres en edad reproductiva, así como de acceso a los servicios de salud y calidad de la atención que reciben, incluido el acceso a la anticoncepción, que conlleva defunciones y daños a la salud totalmente evitables mediante un adecuado control y atención.

Explicaron que algunos de los principales obstáculos para el reconocimiento los derechos de las mujeres y que tienen consecuencias nocivas, en especial para sus derechos sexuales y reproductivos, son la histórica oposición de la jerarquía de la Iglesia católica, el impacto de la pobreza y los efectos de la violencia contra las mujeres en su salud integral.

Acusaron que la pobreza también podría ser un detonante, según el Informe 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que provee importantes antecedentes sobre los efectos de la crisis económica mundial y sus costos humanos en las mujeres.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, cada año 536 mil mujeres fallecen como resultado de complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio. Un 99 por ciento de estas muertes ocurre en países en desarrollo, donde hay más probabilidades de que las mujeres vivan en condiciones de pobreza.

La mortalidad materna en este contexto se considera uno los indicadores de salud que ponen en evidencia una de las mayores brechas entre ricos y pobres, tanto entre países como dentro de ellos.

Resulta revelador que las regiones desarrolladas se registran nueve muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, en comparación con 450 en las regiones en desarrollo. En América Latina y el Caribe, países como Haití, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y Bolivia, entre otros, presentan también un alto número de muertes maternas.

Complicaciones obstétricas tales como las hemorragias posparto, las infecciones, la eclampsia, el parto prolongado o la obstrucción del parto, y el aborto en condiciones de riesgo son causa de la mayoría de las muertes maternas.

Sin embargo, la mayoría de estos casos podría evitarse con servicios de salud reproductiva de buena calidad, con atención prenatal y postnatal, atención del parto por personal de salud calificado y acceso a servicios obstétricos de emergencia, todo lo cual sin duda es crítico en contextos con menores recursos.

Puebla, cuarto lugar nacional de muertes maternas: Ddeser

Autor: 

Por  Kara Castillo

Puebla ocupa el 4 lugar nacional de muertes maternas, el sexto con mujeres enfermas a causa del cáncer cérvico uterino con 5 mil fallecimientos por año y es el estado donde el número de mujeres infectadas con VIH-sida rebasa la proporción naciona

Revelaron las directoras de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, (Ddeser), en la víspera del Día internacional de acción por la salud de la mujer, que se conmemoró el pasado 28 de mayo. “La salud de las mujeres en este estado está en el limbo”, acusaron.

La escandalosa situación de salud de las mujeres en el estado es denunciada en una campaña que inició ese día  en el estado por la organización no gubernamental Ddeser. Será con pequeños afiches y tarjetas adheribles (stikers) con la figura de una indignada Mafalda, que las cifras de la condición de las mujeres en Puebla serán reveladas. “Nosotras estábamos molestas, pero ahora estamos indignadas porque en Puebla el 9.5% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual. Porque en Puebla se registran 63 muertes maternas cada año y la mayoría de estos fallecimientos pudo evitarse de haber tenido un médico cerca. En promedio en el estado diariamente ocurren 5 interrupciones del embarazo por múltiples causas. Porque Puebla es el quinto estado con mayores fallecimientos por interrupciones de embarazos inducidos y clandestinos. Porque en Puebla existen 30 mujeres procesadas como delincuentes por interrumpir su embarazo.”
Para Natali Hernández, representante de la Ddeser en Puebla, la grave crisis de salud que viven las mujeres en el estado no está siendo atendida por autoridades. “Existe una omisión en los servicios de salud del estado, sólo hay que ver las cifras”, denunció
Reveló que no existen políticas públicas a la altura de la problemática que vive el estado y que esta deficiencia no ha alcanzado la propuesta de ningún candidato que contiende en esta carrera electoral.
En rueda de prensa, celebrada la mañana de ayer, las activistas con documentos de la Secretaría de Salud develaron que en el primer trimestre en Puebla hubo 10 muertes maternas en los municipios de Ahuazotepec, Jalpan, Puebla, Quimixtán, Tepotzintla, Xiutetelco y Zacapoaxtla. Estas defunciones fueron de jóvenes de 10 a 39 años.
Para la organización, es evidente que la mortalidad materna constituye un grave problema de salud pública, que revela algunas de las más profundas inequidades y es el reflejo del estado de salud de las mujeres en edad reproductiva, así como de acceso a los servicios de salud y calidad de la atención que reciben, incluido el acceso a la anticoncepción, que conlleva defunciones y daños a la salud totalmente evitables mediante un adecuado control y atención.
Explicaron que algunos de los principales obstáculos para el reconocimiento los derechos de las mujeres y que tienen consecuencias nocivas, en especial para sus derechos sexuales y reproductivos, son la histórica oposición de la jerarquía de la Iglesia católica, el impacto de la pobreza y los efectos de la violencia contra las mujeres en su salud integral.
Acusaron que la pobreza también podría ser un detonante, según el Informe 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que provee importantes antecedentes sobre los efectos de la crisis económica mundial y sus costos humanos en las mujeres.
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, cada año 536 mil mujeres fallecen como resultado de complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio. Un 99 por ciento de estas muertes ocurre en países en desarrollo, donde hay más probabilidades de que las mujeres vivan en condiciones de pobreza.
La mortalidad materna en este contexto se considera uno los indicadores de salud que ponen en evidencia una de las mayores brechas entre ricos y pobres, tanto entre países como dentro de ellos.
Resulta revelador que las regiones desarrolladas se registran nueve muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, en comparación con 450 en las regiones en desarrollo. En América Latina y el Caribe, países como Haití, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y Bolivia, entre otros, presentan también un alto número de muertes maternas.
Complicaciones obstétricas tales como las hemorragias posparto, las infecciones, la eclampsia, el parto prolongado o la obstrucción del parto, y el aborto en condiciones de riesgo son causa de la mayoría de las muertes maternas.
Sin embargo, la mayoría de estos casos podría evitarse con servicios de salud reproductiva de buena calidad, con atención prenatal y postnatal, atención del parto por personal de salud calificado y acceso a servicios obstétricos de emergencia, todo lo cual sin duda es crítico en contextos con menores recursos.

VIOLENCIA EXTREMA HACIA LAS POBLANAS

Por Vicky López Olvera

El Observatorio de Violencia Social y Género de la Universidad Iberoamericana Puebla, reveló que el porcentaje sobre violencia en Puebla supera al promedio nacional, y que nuestro estado ocupa el primer lugar en el rubro de violencia sexual que sufren las mujeres por sus exparejas en el ámbito privado, una muestra clara de la descomposición social que vivimos en nuestro estado, es el macabro hallazgo del cadáver de una niña de 13 años que fue descubierto dentro de una bolsa de plástico, en el interior de un tambo de 200 litros, localizado en la azotea de un edificio de la Unidad Habitacional, Loma Bella, la mañana del pasado 26 de mayo, joven que fue asesinada por su novio, otro menor de edad.

Considero que algo muy grave, aunado a esta terrible situación es la impunidad, pues según los datos dados a conocer, ocho de cada diez casos de violencia no son denunciados. De acuerdo a esta información, el motivo principal por el que ellas justifican no denunciar, es debido a que consideran que el maltrato de que son objeto no tiene importancia, o expresan que el hombre tiene derecho a reprenderlas, este erróneo argumento muestra el escaso conocimiento de las mujeres sobre sus propios derechos humanos, y pone en evidencia un grave caso de carencia de autoestima por parte de este género.

 Sobre los tipos de violencia que más incidencia tienen son la violencia extrema en espacios comunitarios, la violencia en el ámbito escolar, la discriminación y el acoso laboral, graves problemas extendidos en Puebla y en todos los casos la entidad ocupa uno de los primeros diez lugares en el país y su porcentaje supera el promedio nacional.

En cuanto a la violencia sexual sufrida por las mujeres del estado de Puebla, el Observatorio de Violencia Sexual y Genero dio a conocer que se supera en 9.6 puntos porcentuales al promedio nacional, además informó que más de 50 por ciento de las víctimas declararon no haber podido llegar a un acuerdo económico después de la separación, a esta situación se suma otro tipo de violencia, que es la económica, la cual repercute directamente en los hijos. Estos sucesos ponen en evidencia la crisis de valores humanos que estamos viviendo actualmente, -tema que precisamente aborde la semana pasada-, y lo más gravé de esto, es el tipo de aprendizaje que están recibiendo los menores de edad, mismo que están repitiendo dentro de su familia y en la escuela.

 Ante estos hechos surge una pregunta ¿Qué clase de sociedad tendremos en unos cuantos años?, creo que no es necesario esperar mucho tiempo para ver ya, las graves consecuencias de una cultura violenta, de hecho ya estamos viendo los estragos de la misma con el bulling, los feminicidios y la trata de personas. Lo importante a considerar, es frenar este hecho, es implementar todo tipo de estrategias para revertir este daño en el tejido social, como por ejemplo redoblar esfuerzos en las escuelas haciendo campañas sobre la importancia practicar valores como el respeto y la tolerancia, aspectos fundamentales para una armónica convivencia social.

La respuesta a la pregunta sobre ¿Cómo podemos frenar la violencia?, tiene varias aristas, una de ellas es que es un grave problema que debe ser atendido por parte de las instituciones públicas, sinceramente yo observo graves carencias sobre la implementación de programas que prevengan la violencia de género, y no noto que en el presente, se realicen conferencias, pláticas o foros sobre prevenir la violencia hacia las mujeres, en los cuales como primer punto se deberían dar a conocer las terribles cifras que tenemos en Puebla y como segunda acción sería indispensable implementar acciones conjuntas interinstitucionales, pues de acuerdo al Observatorio, una debilidad observada es que existe desorganización de las dependencias estatales en el manejo de estadísticas, ya que las áreas de seguridad pública y judiciales manejan diferente información, además de que no hay voluntad para hacer convenios.

Proponen nueva iniciativa para tipificar feminicidio en DF

Se espera que dictamen esté listo para la próxima semana
 

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 02 jun 11 (CIMAC).-A casi tres meses de que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, enviara a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para tipificar el feminicidio en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia capitalino, el Instituto de las Mujeres local y organizaciones civiles elaboraron un nuevo proyecto. 

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), Luz Estrada –organización que participó en las discusiones– dijo en entrevista que en la reunión que ayer sostuvieron los representantes de estos organismos, acordaron una nueva redacción que en esencia recoge los mismos principios que la anterior. 

El debate en torno al nuevo delito se centró en el supuesto de que el feminicidio lo comete sólo aquella persona que mantuvo una relación con la víctima, lo cual –señala Luz Estrada–, no es verdad.  

Cabe recordar que el 8 de marzo, el Jefe de Gobierno envió a la ALDF un proyecto para reformar el Código Penal capitalino, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tipificar el feminicidio como un nuevo delito, esto con el objetivo de prevenir la violencia de género. 

La propuesta de Marcelo Ebrard menciona que “comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer”  y entre éstas razones menciona cuando exista relación de parentesco, afinidad, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 

El nuevo proyecto respeta estos principios y precisa que el feminicidio se acreditará cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; cuando haya antecedentes de amenazas, acoso o lesiones; y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. 

De acuerdo con la coordinadora del OCNF, la nueva redacción tuvo ajustes, sin embargo, en esencia recoge varias de los puntos de la primera propuesta, lo que asegurará que sea un delito que se puede acreditar y que prevenga y visibilice la violencia contra las mujeres. Hasta el omento el dictamen no está listo pero se espera que este listo para este mes de junio.   

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrales, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, que el retraso en la esta iniciativa se debe a que las y los legisladores buscaron recoger todas las visiones sobre este tema para logar una reforma integral. 

La diputada perredista explicó que la ALDF sólo espera el acuerdo de las Comisiones de Equidad y Género y de Procuración y Administración de Justicia. Señaló que es probable que esta semana salga un dictamen que podría incluirse en los temas que se discutirán durante el periodo extraordinario de sesiones que se prevé inicie este 7 u 8 de junio. 

Cuestionada sobre las diferencias en torno a la tipificación del feminicidio, la asambleísta aseguró que el Partido de la Revolución Democrática, como fracción mayoritaria en este órgano legislativo, privilegiará los derechos de las mujeres y afirmó que pese a tener una postura concreta también escuchan las diferencias.  

“Estamos construyendo el consenso con otros partidos políticos. Estoy segura que este es un asunto que incluso va a salir por unanimidad. No veo quien no esté en la idea de salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres en la Ciudad”, afirmó.

11/AGM/LGL

Ineficaces políticas públicas en salud reproductiva

Abasto de anticonceptivos y menos muertes maternas, los retos 
Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

En los gobiernos federales del PAN se han generado políticas públicas para atender la salud de las mexicanas que son ineficaces porque carecen presupuesto y no rinden cuentas, además de que por la ideología “conservadora” de Acción Nacional “se anteponen las creencias religiosas a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres”, denuncian especialistas.  

En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres –que se conmemora desde 1987 para exigir a los gobiernos políticas públicas garantes de la salud de la población femenina–, Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, sostiene que en el país persisten “grandes retos” en la materia, como destinar recursos a cada iniciativa y vigilar su adecuada aplicación. 

Daniela Díaz, responsable del proyecto de mortalidad materna y presupuesto público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierte que el desinterés de la gestión panista en salud sexual y reproductiva se refleja en la reducción de 43.1 por ciento en el presupuesto para Planificación Familiar (PF) de la Secretaría de Salud (Ss), entre 2003 y 2008.  

En el mismo periodo el IMSS redujo 23.1 por ciento los recursos otorgados a PF, abundó. 

En 2008, el presupuesto que destinaron la Ss y los servicios estatales para salud reproductiva (salud materna-perinatal, cáncer de mama, cervicouterino y planificación familiar) fue de 6 millones 154 mil 359 pesos, mientras que en ese año el IMSS asignó 15 millones 663 mil 151. 

El recorte de recursos en PF se traduce en la falta de acceso a métodos anticonceptivos, problemática que afecta sobre todo a las mujeres menores de 20 años de edad, señala Javier Domínguez, oficial en México del Programa de Salud Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 9 de cada 10 adolescentes no utiliza anticonceptivos al inicio de su vida sexual, “no porque busquen un embarazo sino porque no tienen acceso a esos métodos”. 

La demanda insatisfecha de anticonceptivos (DIA) afecta tres veces más a las adolescentes, ya que el promedio nacional de mujeres que no desean embarazarse y no usan anticonceptivos es de 12 por ciento, mientras que para las mexicanas de 15 a 19 años la tasa es de 36 por ciento. Los datos indican que el acceso a la anticoncepción es una “asignatura pendiente”, apunta Domínguez.  

Según la Enadid 2009, de cada mil nacidos vivos 70 fueron paridos por mujeres menores de 20 años de edad. Se calcula que el 50 por ciento de esos embarazos no fueron planeados. 

La morbimortalidad materna es otro indicador preocupante, ya que según Ipas México, en 2009 88.4 por ciento de las hospitalizaciones de adolescentes fueron por padecimientos ligados al embarazo, parto, posparto y aborto. Se registraron cerca de 163 mil atenciones por parto y 28 mil 212 por aborto, agrega.   

De las 24 mil 872 muertes maternas (MM) reportadas en los últimos 20 años, 3 mil 300 correspondieron a adolescentes. Raffaela Schiavon alerta: “Los números nos gritan que hay una deuda con las mujeres sobre todo con las más jóvenes y pobres”. 

Lina Rosa Berrios, directora de Kinal Antzetik, refirió que las indígenas son quienes enfrentan mayor rezago en salud sexual y reproductiva. Muestra de ello es que en 2009 Guerrero, Oaxaca y Chiapas rebasaron el promedio nacional de MM, que era de 62.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, según el Observatorio de MM, conformado por grupos civiles. 

Para 2010, la tasa nacional de MM disminuyó a 49.5 casos por cada 100 mil nacimientos, reporta la Ss. 

Berrios observa que la MM no se reduce porque las políticas no se concretan: “En los hechos no hay embarazo saludable, ni atención a emergencias obstétricas. Tampoco se llevan a cabo la profesionalización de parteras y la contratación de enfermeras obstetras, quedaron en el papel”.  

Eugenia López, directora de Red Balance, explica que el desabasto de anticonceptivos, como condones masculino y femenino, ha aumentado los casos de VIH entre las mexicanas. Dice que mientras que en los años 80 por cada 16 hombres con el virus había una mujer con el padecimiento, ahora por cada cuatro hombres con la enfermedad hay una mujer en esa condición.  

ONUSIDA estima que en México hay 200 mil personas seropositivas, de las cuales 57 mil son mujeres. López resalta que las políticas públicas para prevenir, atender y dar tratamiento a la población con VIH carecen de enfoque de género. 

Observa que las acciones contra la pandemia sólo tienen en cuenta a las embarazadas para evitar que transmitan el virus al producto, aunque sólo 7 por ciento de ellas tuvo acceso a tratamiento antirretroviral en 2010, subraya.  

Ante este panorama, las organizaciones civiles exigen al gobierno que atienda de fondo los problemas en salud de las mexicanas y garantice sus DH; entre ellos el derecho a decidir de forma libre e informada el número de hijas e hijos que quieren tener.   

11/GCJ/RMB

Demandan OSC a PGJDF investigar allanamiento a CIMAC

Medidas de seguridad y reabrir investigación de hace tres años
 
Por la Redacción 
 

México, DF, 30 may 11 (CIMAC).- A una semana de que el equipo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) descubriera el allanamiento a sus instalaciones, un centenar de organizaciones feministas y de derechos humanos demandaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito federal (PGJDF), realizar una investigación efectiva, diligente e imparcial, para sancionar a los responsables y reabrir la investigación de hace tres años.

En una carta pública, las organizaciones de todo el país, repudiaron el allanamiento ocurrido el pasado 20 de mayo. Exigieron a las autoridades retomar las investigaciones sobre los ataques de hace tres años y garantizar que éstos no queden en la impunidad, así como implementar las medidas de seguridad requeridas para las integrantes de CIMAC y el resguardo de su oficina. 

CIMAC se destaca por hacer periodismo con enfoque de género, denunciar violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres y niñas y defender la libertad de expresión y el trabajo de las defensoras de Derechos Humanos, así como por hacer investigación en la trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes, explican las organizaciones. 

No podemos descartar que estos ataques a sus instalaciones estén relacionados con el trabajo que realiza, por lo que es de suma importancia que la PGJDF realice una investigación a fondo de los hechos plasmados en la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/00948/11-05, priorizando el vínculo del trabajo que CIMAC realiza en la defensa y promoción de los derechos humanos y las agresiones sufridas, advierten las organizaciones. 

Asimismo, “vemos con preocupación que la falta de una investigación diligente por parte de las autoridades responsables por el allanamiento ocurrido hace tres años y denunciados ante la autoridad, se haya convertido en un incentivo para los perpetradores, lo que permite que estos hechos continúen ocurriendo. Recordamos que la impunidad implica un mayor riesgo para las defensoras de derechos humanos que son violentadas e inhibe su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos”. 

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Cuadernos Feministas, Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Fray Juan de Larios, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez AC, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC, Red Feminista Sonorense, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Victoria Díez AC, Justicia para nuestras Hijas, Las Libres AC, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC. 

También firman la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Serapaz, HIJOS, Asociadas por lo Justo, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo AWID, Código DH, Colectivo Feminista Socialista Rosas Chillantes, Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans AC, Alternativas Pacíficas, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CLADEM-México, Lesbianas en Patlatonalli, Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño.

11/R/LGL

Despenalizar el aborto en todo el país, exigen feministas a Secretario de Salud

Respeto a causales vigentes en legislación

 

Por Gladis Torres Ruiz 

 

México, DF, 27 may 11 (CIMAC).- El Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigió al Secretario de Salud (Ss), José Ángel Córdova Villalobos despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en todo el país, y respetar las causales vigentes en la legislación mexicana. 

En una manifestación frente a la Secretaría de Salud federal (Ss) para conmemorar el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en voz de Martha Juárez, integrante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, las activistas exigieron  que se despenalice el aborto hasta las 12 semanas de gestación en todo el país, ya que hasta el momento solamente en el Distrito Federal se ha despenalizado. 

Mientras, recordaron, 17 entidades federativas reformaron sus constituciones locales para proteger la vida “desde el momento de la concepción” criminalizando a las mujeres por el simple hecho de decidir sobre su cuerpo. 

Demandaron una política pública de salud, congruente con los derechos sexuales y reproductivos, respeto al derecho a decidir sobre la maternidad y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. 

Respecto a las causales por las que el aborto se permite en la legislación mexicana, las activistas recordaron que en las 32 entidades se permite por violación, por peligro de muerte en 29; por aborto imprudencial y culposo en 30; por malformaciones genéticas o congénitas en 14; y cuando está en riesgo la salud de la mujer, en 11. 

Las activistas dijeron durante su discurso: “Señor Córdoba Villalobos y secretarios de salud de los estados: venimos a recordarles que ustedes son los responsables de que las políticas públicas y la legalidad se respete en las instancias de salud, son responsables por cada mujer que muere en la inseguridad de un aborto mal practicado y por cada mujer que termina presa cuando busca atención medica”. 

Agregaron que la Ss debe cumplir con el compromiso de garantizar a las mexicanas el derecho a la salud, en un marco de respeto, sensibilidad y con calidad; sin embargo advirtieron, nada de esto se logrará mientras no se cumpla con los programas, normas  y las políticas que hasta hoy sólo existen en el papel. 

Las manifestantes que realizaron un performance, reiteraron su exigencia, afirmando: “las mexicanas merecemos que el personal médico que nos atiende además de estar capacitado éste sensibilizado desde un enfoque de género en derechos reproductivos y atención contra la violencia”. 

En este sentido también exigieron el cumplimiento cabal en toda la República mexicana de la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (NOM-046); para que todas las mujeres víctimas de violación que resulten embrazadas, puedan acceder, si a sí lo desean, a la interrupción legal del embarazo. 

Afirmaron que tanto la Ss federal como las estatales tienen muchas deudas con las mujeres sobre todo con las más pobres y las que enfrentan condiciones de marginalidad como las indígenas y las jóvenes.

Las activistas integraron un Comité para entrar y dejar un documento con sus peticiones al Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, sin embargo no fueron recibidas. 

Anunciaron que publicarán sus demandas en los medios nacionales para que el Secretario se dé por enterado, toda vez que ningún funcionario de la institución que preside quiso recibirlas. 

El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres fue adoptado en la reunión de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica en mayo de 1987.  

El propósito: reafirmar el derecho a la salud integral como un derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo a través de todo su ciclo de vida. 

El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, está integrado por cerca de 170 mujeres de la política, la academia y feministas, junto con 35 organizaciones de 19 estados del país y 55 organizaciones del Distrito Federal. 

Sus demandas son libertad inmediata a las mujeres que se encuentran presas en diferentes estados de la república por abortar; despenalizar el aborto en todo el país y garantizar su acceso a todas las mujeres. Garantizar el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria y el respeto al Estado laico. 

11/GTR/LGL

Exigen erradicación del trabajo infantil en México

17 por ciento de niñas y niños laboran en el sector doméstico
 
Por la Redacción 
 

México, DF, 27 may 11 (CIMAC).- Es urgente que México implemente políticas públicas que permitan erradicar el trabajo infantil, toda vez que de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2009, el 47 por ciento de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en el país lo hacen para contribuir económicamente en el hogar. 

En un comunicado, la organización Incide Social y el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos señalaron que la crisis económica del país ha lanzado a niñas, niños y adolescentes al mercado laboral, y advirtieron que esto tendrá consecuencias terribles para la infancia, así como la perpetuación de la pobreza. 

La infancia en esta situación no goza plenamente de sus Derechos Humanos (DH) y sus oportunidades para desarrollarse se ven limitadas, generando deserción e inasistencia escolar, lo que afecta más a las niñas. 

Las organizaciones precisaron que el 17 por ciento de las y los menores de edad trabajadores lo hacen en el área doméstica y el 16 por ciento en el sector agropecuario. De este universo, el 95 por ciento no recibió ningún tipo de apoyo, mientras que cerca del 40 por ciento que sí estudia, recibió alguna beca, programa de gobierno o apoyo familiar. 

Consideraron urgente que el Estado mexicano homologue la legislación nacional con los instrumentos internacionales para erradicar el trabajo infantil en el país. Se deben desarrollar políticas públicas que erradiquen efectivamente este fenómeno y que eleven la edad mínima para poder trabajar de 14 a 16 años.  

Asimismo, se debe sancionar a las y los empleadores que violen los DH de este vulnerable grupo, ya que la infancia es la etapa en la que se desarrollan las capacidades de las personas. 

La organización Save the Children señala en su informe “Esclavos puertas adentro: Las peores formas de trabajo infantil doméstico”, que en lo que se refiere a trabajo infantil, la cuestión de género es especialmente evidente, ya que las niñas comienzan a trabajar a una edad más temprana, desarrollando las tareas del hogar como una extensión de su desarrollo como personas.  

En muchos países, “el trabajo doméstico es visto por los padres como una preparación para el matrimonio, por lo que esta actividad, al contrario que la mayoría de las demás formas de trabajo infantil se considera beneficiosa y una alternativa válida a la escolarización”.  

“Normalmente las y los menores de edad empleados en el servicio doméstico suelen provenir de familias pobres. Las edades varían entre los seis y 17 años y la mayoría son niñas”, dice Save the Children.  

Para el caso de México, las organizaciones afirmaron que en el país 30 por ciento de la población infantil que trabaja se encuentra entre los cinco y 13 años, lo que significa que no han cumplido la edad mínima para trabajar que señalan los instrumentos internacionales, la Constitución y la Ley Federal Trabajo.  

“Los datos claramente muestran la necesidad de mejorar las políticas y programas públicos para abolir el trabajo infantil en México”, advirtieron. 

Recordaron que el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata, ratificado por México en el 2000, establece que cada país deberá determinar a través de la legislación o autoridades competentes, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, las formas de trabajo que dañen la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas y los niños.  

A pesar de ello, en México el 36 por ciento de la población infantil a nivel nacional trabaja más de 35 horas a la semana. El 14 por ciento de 14 y 15 años se encuentra expuesto a actividades irregulares, mientras que cerca del 12 por ciento desempeña trabajos que se consideran peligrosos e insalubres.  

Además que de las y los niños que trabajan entre cinco y 13 años, el 3 por ciento se encuentra desempeñando labores irregulares y cerca de otro 3 por ciento desempeña trabajos peligrosos e insalubres.   

11/GTR/RMB/LGL

El Estado mexicano en deuda con la salud de las mujeres

En el marco del 28 de mayo, Día internacional de acción por la salud de las mujeres, la Coalición por la Salud de las Mujeres afirma que el Estado mexicano tiene retos y una deuda con la salud de las mujeres, pues si bien existen avances aún hay mujeres que mueren por causas maternas prevenibles o se les viola su derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número de hijas e hijos que quieren tener.  

No obstante que el Programa Nacional de Salud 2007-2012, de la Secretaría de Salud, señala que la mortalidad materna (MM) es un problema evitable al existir los conocimientos médicos y culturales para su atención, en 2009 en nuestro país hubo mil 207 mujeres fallecidas por causas maternas, de las cuales 33.1 por ciento contaba con Seguro Popular, según el Observatorio de Mortalidad Materna. 

De estas 1 207 MM, 21.5 por ciento murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y 33.1 por causas obstétricas indirectas, 88.9 por ciento contó con asistencia médica y en 96.9 por ciento de los casos el certificado lo otorgó un médico. 

Los estados con mayor número de MM son el Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Baja California, en conjunto estas entidades federativas suman 65.8 por ciento de las defunciones registradas por esta causa. 

Los que presentan una Razón de  Muerte Materna (RMM),  defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados, mayor a la nacional de 62.2 son: Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Baja California, San Luis Potosí, México, Querétaro. 

Es importante destacar que de 1990 a 2008 se registraron 24, 872 MM (25, 150 si contamos las muertes maternas tardías).  De éstas, aproximadamente, 13 por ciento tenían entre 15 y 19 años, lo que significa 3,300 MM de adolescentes, ubicado la MM en la cuarta causa más frecuente de muertes en adolescentes con 5.64 por ciento, sólo después de los accidentes de tránsito, suicidios y homicidios (INEGI 2009). Es de resaltar que todas son causas violentas. 

Datos de la Secretaría de Salud (SAHE 2009) revelan que en el grupo de 10 a 14 años de edad, una de cada 3 hospitalizaciones fue por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, casi 4,800 atenciones por parto único espontáneo y 1,326 por aborto. Para el grupo de 15 a 19 años, casi nueve de cada 10 hospitalizaciones en adolescentes, fue por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, casi 163 mil atenciones por parto y 28, 212 por aborto. 

Por otro lado, ONUSIDA estima que en 2009 sólo entre 3 y 9 por ciento de las mexicanas embarazadas con VIH accedieron al tratamiento antirretroviral que les permite prevenir la transmisión perinatal del virus. 

Pese a que en México alrededor de 28 por ciento de las personas con VIH son mujeres, la respuesta del Estado es que no las ha integrado, lo que revela una falta de perspectiva de género en las acciones de prevención y atención relacionadas con este virus y la necesidad de poner atención en crear ambientes propicios para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres libres de violencia de género. 

La Coalición pide que el Estado mexicano cumpla con los compromisos internacionales que establecen atención y calidad en la salud de las mujeres para que se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, se atienda la problemática de mortalidad materna y se aplique la perspectiva de género en las acciones de prevención y atención relacionadas con el VIH/SIDA. 

En 2010, por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación se estableció un programa presupuestario dirigido a la mortalidad materna (P018 Reducción de mortalidad materna), al que se le asignaron 259 millones 493 mil 301 pesos, recurso dirigido mayormente a capacitar en atención obstétrica de emergencia al personal de salud de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz, los cuales concentran 62 por ciento de la MM en el país.[1] 

Pese a la obligación gubernamental de rendir cuentas, a través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, no se ejercieron 66 millones 59 mil 890 pesos, es decir que únicamente se aplicaron 193 millones 433 mil 411 pesos sin que se explicara en qué, ni por qué se dejaron de ejercer esos recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados. 

Para 2011, la Secretaría de Salud ha proyectado que morirán mil 126 mujeres por MM y para este año nuevamente se etiquetó presupuesto para el programa presupuestario P018 Reducción de mortalidad materna, la cantidad: 298 millones 494 mil 664 pesos. 

Ante este panorama, la Coalición por la Salud de las Mujeres, integrada por nueve organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, exige al gobierno que atienda de fondo los problemas en salud de las mujeres y garantice sus derechos humanos.

La Coalición por la Salud de las Mujeres

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; IPAS-México; K’inal Antzetik Guerrero y DF; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Mexfam; Salud Integral para la Mujer, SIPAM; Balance; y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).