Al aventón, tipificación de feminicidio en Edomex

Limitada reforma para comprobar el delito



Por Guadalupe Cruz Jaimes


La reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales mexiquenses, aprobada por
el Congreso estatal el pasado 17 de marzo, define el delito en términos académicos y no jurídicos, que vuelven “casi imposible” la acreditación de este tipo de violencia contra las mujeres y en consecuencia la sanción a los responsables, señaló a Cimacnoticias David Peña, uno de los abogados que litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los tres casos de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.

La definición de feminicidio quedó como la “privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación; cuando ocurra con una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva, o de confianza laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile a la víctima, o cuando existan con antelación actos que constituyan 

actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido”.
Así, la tipificación “deja a la interpretación de los jueces si el asesinato fue por razones de género, es decir si hubo subordinación, exclusión… condiciones difíciles de probar, pues no se tiene el testimonio de la víctima”, señaló.

El abogado añadió que este tipo penal es “político, no jurídico, toda vez que tiene un efecto político: invisibilizar el feminicidio en el Estado de México para proteger a Enrique Peña Nieto”.
Argumentó que el Ministerio Público deberá probar que la muerte fue por razones de género y acreditar la “discriminación y explotación…”.
 Por la complejidad de esta tarea ­abundó David Peña­ “es posible preveer que en vez de indagar esas 'situaciones', lo califiquen como un homicidio más y no lo registren como feminicidio”.
 Esta circunstancia “facilita la disminución de las cifras del feminicidio, pues serán acreditados como homicidios”, lo cual, además de “limpiar” la imagen del gobierno del estado, derivará en la permanencia de la impunidad de los casos de violencia extrema contra las mexiquenses.
Durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, del 2005 a la fecha, 922 mujeres fueron asesinadas. En 523 de esos homicidios se desconoce quién es el asesino, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, a partir de información de la PGJEM.
Con la reciente tipificación de este delito, el panorama no mejorará pues incumple criterios internacionales que indican que la determinación debe basarse en los propios hechos, tales como “las lesiones, utilaciones y evidencia de violencia sexual”, opinó Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
 Sostuvo que de poco sirve que se le considere un delito grave y se establezcan sanciones de 40 a 70 años de prisión, si debido a la complejidad para determinar que fue feminicidio, los responsables reciben una sanción de homicidio doloso que reduce la pena a la mitad, señaló.
Pérez Garrido se pronunció porque el gobernador mexiquense vete la reforma con el fin de que se pueda adicionar.
Por la premura de su aprobación, que a decir de la abogada responde a una “urgencia política”,
resultó una “mala tipificación, que impedirá perseguir el delito”.
El Observatorio de Feminicidio advirtió que para acreditar el delito el MP tendrá que comprobar otros como violencia previa al homicidio o violación sexual.
Por ejemplo: para determinar como feminicidio el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja debe haber registro de violencia previa, “cuando el hecho de que la persona con quien mantenía una relación sentimental la haya asesinado, es suficiente para considerarse feminicidio, pues evidencia una relación desigual de género”, explicó la organización.
La abogada Ana Yeli Pérez señaló que en la tipificación debieron incluirse otras circunstancias que determinan si un asesinato puede considerarse feminicidio, como arrojar el cuerpo en la vía pública y cuando las mujeres son incomunicadas antes del homicidio.
El asesinato de Nadia Alejandra Muciño, registrado en el municipio mexiquense de Villa Nicolás Romero, en 2004, encuadra en la definición de feminicidio, pues fue asesinada por su pareja, hay antecedentes de violencia previa y de que estuvo incomunicada, no obstante, el caso sigue impune, como el 56.7 por ciento de los homicidios de mujeres en ese estado.
Según el testimonio de los hijos de Nadia, la mexiquense de 24 años de edad, fue asesinada por su esposo, Bernardo López Gutiérrez, y su cuñado Isidro.
El primero está prófugo desde el día del homicidio, mientras que el segundo acusado fue condenado a 42 años de prisión en febrero de 2010; él apeló la sentencia y cuatro meses después fue absuelto por falta de pruebas por el Tribunal Superior de Justicia del Edomex.
 El Edomex, Guerrero y Veracruz, han tipificado el delito en sus códigos penales, mientras que en el DF la iniciativa de reforma se discute en la ALDF.


 CONTEXTO

Iniciativa federal sobre feminicidio es integral: OSC

Contempla tipificación más clara que en Edomex
Por Guadalupe Cruz Jaimes

Cerca de 50 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en 19 estados del país, agrupadas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), impulsan la iniciativa de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, para tipificar de manera clara ese delito a nivel federal.
La iniciativa de la Comisión Especial, presentada ante el pleno el pasado 7 de marzo, define al feminicidio como un tipo penal autónomo que afecta la libertad, integridad física, seguridad y vida de mujeres y niñas.
Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, destacó que la propuesta de reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales a nivel federal contempla este concepto integral de feminicidio, con el fin de evitar lagunas legales y la intromisión de conceptos “discriminatorios” que culpabilizan a las mujeres de la violencia que padecen y que mantienen la impunidad.
 El proyecto de reforma ubica el feminicidio en un título y capítulo específico dentro de los códigos Penal y de Procedimientos Penales.
La tipificación de este delito detalla una conducta que afecta los bienes jurídicos de la libertad, integridad física, seguridad y la vida de mujeres y niñas, y no sólo la privación de la vida, lo cual permite evidenciar que el feminicidio se basa en la desigualdad de género, implícita en la violencia contra la población femenina.
De acuerdo con la iniciativa de la Comisión Especial, el feminicidio considera conductas que ya están tipificadas, como homicidio, privación de la libertad, lesiones, violencia familiar y sexual, pero que “si se juzgan en particular no evidencian ni sancionan la afectación del feminicidio”.
El proyecto de reforma presentado por la presidenta de esa comisión, la diputada Teresa Incháustegui (PRD), advierte que el feminicidio debe ser considerado como un delito que afecta diversos bienes jurídicos y no debe incorporarse sólo en los crímenes contra la vida.
De igual modo, al ser un tipo penal independiente no supedita la acreditación del feminicidio a otros delitos, por lo que en su redacción citan conductas y no delitos, contrario a la reforma que tipificó recientemente el feminicidio en el Estado de México, al hablar de violación y no de violencia sexual.
En la propuesta de reforma al Código Penal Federal se utilizó incomunicación y no privación ilegal de la libertad, lesiones denigrantes o infamantes antes o después de la privación de la vida y no tortura o tratos crueles, degradantes o inhumanos.

OTRAS REFORMAS NECESARIAS

Entre las modificaciones al Código de Procedimientos Penales está la incorporación de elementos mínimos que deberán contener las autopsias y el procedimiento que deberá realizarla autoridad para preservar los cuerpos no identificados.
De igual modo, señala la obligación de integrar en una base de datos la información genética de los cuerpos no identificados, en cumplimiento a la sentencia condenatoria que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano, por el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Además, adiciona como obligaciones del Ministerio Público que durante la averiguación previa sobre
violencia se brinde información a la víctima sobre los avances y que haya pleno acceso a los expedientes.
De igual modo, plantea que no se integrarán elementos de discriminación que pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima o que la responsabilicen de la violencia que sufrió por su forma de vestir, ocupación laboral o conducta sexual, como actualmente ocurre en la mayoría de los casos de feminicidio.

Restringir aborto, condena de muerte para latinoamericanas

Mujeres pobres recurren a métodos inseguros

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Organizaciones por los derechos de las mujeres en América Latina (AL) afirmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los Estados de la región “atentan contra la vida” de la población femenina, al no garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Durante la audiencia temática sobre los derechos reproductivos de las mujeres de AL y el Caribe, realizada ayer en la sede del organismo internacional en Washington, Estados Unidos, las agrupaciones advirtieron que la falta de marcos jurídicos y políticas sanitarias que permitan el aborto legal pone en riesgo la vida de las latinoamericanas, sobre todo de las más pobres.
Manifestaron su preocupación por la falta de marcos jurídicos adecuados que garanticen el derecho a las mujeres a la salud reproductiva: “En la región existen cinco países que tienen totalmente penalizado el aborto: Chile Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras”.
Como resultado de esta restricción absoluta niñas, jóvenes y adolescentes son obligadas a
continuar con embarazos producto de una violación, afectando severamente su salud física,  mental y emocional o a morir a causa de ello.
Agregaron que en otros países los códigos penales establecen algunas causales de excepción con diferentes grados de no punibilidad, sin embargo aún son muy restringidas ya que sólo contemplan los casos de violación sexual, peligro para la vida de la mujer o daños a su salud física. Entre estos países se encuentran Brasil, Bolivia Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina Uruguay, Haití y Perú.
En la región latinoamericana sólo Cuba, Puerto Rico y la capital de México permiten la interrupción del embarazo temprano.
Las organizaciones afirmaron ante la CIDH que la penalización del aborto ha generado que las mujeres recurran a la interrupción insegura teniendo grandes repercusiones para su vida, salud, entorno familiar y social.
Las más afectadas ante esta realidad son las niñas y mujeres pobres de bajo nivel educativo o que viven en zonas rurales.
“La penalización no inhibe su práctica (del aborto); la mayoría de las leyes han pretendido
resolver el problema del aborto mediante su prohibición lo cual se ha traducido en grandes
consecuencias económicas, sociales, de salud pública y de justicia social para las mujeres de estos países sin lograr la disminución de la alta tasa de abortos que existe en la región”.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del total de abortos que se
practican en condiciones inseguras en el mundo el 95.4 por ciento ocurren en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas.
En AL y el Caribe ocurren anualmente entre 3.9 y 4.2 millones de abortos inseguros. “Las cifras nos indican que la penalización ha generado que las mujeres recurran a la interrupción del embarazo inseguro”, advirtieron las agrupaciones.
En la audiencia temática de la CIDH participaron, en representación de 12 organizaciones de AL y el Caribe, Mariela Belski, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de Argentina; Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud y Coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre, de República Dominicana, y Margarita Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, de El Salvador.
También asistieron Marta María Blandón, de Ipas Nicaragua, y por México Vanessa Coria, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien en entrevista telefónica con Cimacnoticias calificó la audiencia como “exitosa”.
“Las y los comisionados se mostraron muy accesibles e interesados en plantear el tema como prioridad y mostraron su consternación sobre lo que significa la penalización del aborto. Se mostraron muy abiertos y complacidos con la información, lo que nos da buenas señales. Esperamos un pronunciamiento contundente”, abundó.
La mexicana subrayó la importancia de que por primera vez en la CIDH se escuche de primera mano las consecuencias de la penalización del aborto en la vida de las niñas y mujeres de la región, ya que esto abre la puerta para que se siga hablando del tema en un foro internacional que puede resolver casos, dar medidas cautelares y llevar a los Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Violencia del narco contra las mujeres, al banquillo de la OEA

Mesecvi llevará el tema a la Asamblea General

De la Redacción

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC/Cerigua).- La aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico han acentuado la violencia contra las mujeres en América Latina (AL), alertó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará) Mesecvi, instancia integrada por más de 30 países de la región.
Por ello, la instancia adelantó que los temas del feminicidio y la violencia contra las  latinoamericanas serán llevados ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en junio próximo en El Salvador.
Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala, saludó la resolución del
Mesecvi –acordada en la reciente conferencia internacional celebrada en la ciudad de Antigua–, al considerar que Guatemala es el país del continente americano con los mayores índices de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Entre 2001 y 2009 fueron asesinadas 4 mil 611 mujeres, según datos del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional del Ministerio de Gobernación. El 97 por ciento de estos casos permanece en la impunidad.
Ana Calcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, dijo a Cerigua que en el marco de la presentación de esos temas ante la Asamblea General de la OEA, es importante destacar la presencia de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
En opinión de Calcedo, es necesario que los Estados asuman compromisos serios, ya que las funcionarias internacionales han logrado reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, pero los ministros de Gobernación en cada país se resisten a implementar acciones con enfoque de género, lamentó.
Los Estados deben fundamentalmente garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, así como el acceso a la justicia a todas aquéllas que han sido violentadas; no se trata sólo de presentar como grandes avances los talleres de capacitación y sensibilización, se requieren medidas efectivas para proteger a la población femenina, enfatizó la entrevistada.
Los gobiernos deben considerar otras posibilidades y aceptar que la escalada del  feminicidio en AL desde principios del siglo XXI, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene que ver con la aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, añadió la feminista.
El nivel de ensañamiento que esos poderes tienen contra las mujeres y de incrustamiento en los propios aparatos de seguridad de los Estados, son panoramas inéditos que se deben considerar, atender y erradicar, concluyó Calcedo.

Defensoras de DH están en total vulnerabilidad

Estados incrementan hostigamiento en su contra

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Ante las más de dos mil denuncias de amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos de defensores de Derechos Humanos (DH) en América Latina (AL), 23 organizaciones de 11 países de la región demandaron a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) crear una oficina encargada de
proteger a las y los activistas y exigir a los Estados que implementen medidas efectivas de protección.
Durante la audiencia temática “Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, que hoy se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, representantes ciudadanos de México, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guatemala, entre otras naciones, denunciaron que AL está en una “situación de vulnerabilidad”.
Señalaron que los alarmantes niveles de inseguridad provocados por el crimen organizado,
agentes estatales, grupos paramilitares e incluso por empresas transnacionales, ponen en riesgo la vida e integridad de las y los defensores de DH, por lo cual es urgente que la CIDH, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU) atiendan de manera inmediata la situación.
Durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, las y los activistas hicieron hincapié en que los Estados han incrementado las actividades de inteligencia contra los defensores humanitarios, por lo cual urgieron al organismo a exigir a sus países que se reviertan estas políticas y que se investiguen las amenazas y actos de violencia.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordaron que la ONU documentó que el clima de inseguridad en el que trabajan las y los defensores ha alcanzado niveles alarmantes.
En México durante 2010 y lo que va de 2011, tres defensoras de DH fueron asesinadas en Chihuahua: Josefina Reyes el 3 de enero de 2010, Marisela Escobedo el 16 de diciembre del mismo año y Susana Chávez el 6 de enero de 2011. Mientras que las activistas Sara Salazar, Marisela Ortiz, María Luisa García y Cipriana Jurado abandonaron su lugar de residencia.
Las organizaciones denunciaron que esta situación responde a los persistentes ataques por parte de actores estatales o de personas que actúan con su respaldo o tolerancia. Señalaron que la presencia de grupos paramilitares, el crimen organizado y empresas explotadoras de los recursos naturales exacerba la vulnerabilidad de los activistas.
De acuerdo con el informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Margaret Sekaggya, se ha constatado que las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia, perjuicios y formas de exclusión y rechazo diferentes a las de sus colegas varones.
En su informe 2010, sobre las defensoras y los activistas dedicados a promover los derechos de las mujeres o las cuestiones de género, la relatora reveló que en AL los riesgos más comunes son las amenazas, incluidas amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos e intentos de homicidio.
Sekaggya ha precisado que por lo general los presuntos agresores son personas desconocidas o no identificadas y en ocasiones armadas que a menudo tienen vínculos con agentes no estatales, como grupos paramilitares.
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con la ONU, son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, líderes de grupos de mujeres y quienes trabajan por la restitución de tierras y los derechos sindicales.





 Alerta a PE agresiones contra activistas en México
 OSC y eurodiputados analizan “histórica” situación de violencia
Por la Redacción

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Integrantes del Parlamento Europeo (PE) alertaron que México atraviesa por uno de los períodos más violentos de su historia, toda vez que la guerra contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón afecta a todo el país y ha dejado más de 30 mil muertos.
Las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller, del Grupo de los Verdes del PE, externaron que se analiza un posible acercamiento con funcionarios del gobierno de México, para abordar la implementación de un mecanismo de protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.
Lo anterior lo informaron organizaciones de DH de México que se reunieron hoy en Bruselas con integrantes del PE. Las y los activistas mexicanos expusieron los riesgos que enfrentan los defensores de DH en el país y, en especial, la situación que enfrentan periodistas y mujeres que defienden sus derechos.
En un boletín de prensa, los Centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, informaron que los parlamentarios europeos analizan una estrategia  para que los activistas enfrenten la problemática de inseguridad en México.

Denuncian desapariciones forzadas en Saltillo

Denuncian desapariciones forzadas en Saltillo

Redactó Gabriela Mendoza Vázquez

México.- La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) le informó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI) sobre 12 casos documentados en los que participan agentes del estado en los hechos y 150 casos en donde no participan directamente, durante su visita por el estado.
El coordinador de Fuundec, Jorge Verástegui, dijo que es de suma importancia que los funcionarios encabezados por la sudafricana Jasminka Dzumhur, estén enterados de lo que sucede en el norte del país y las nuevas modalidades de desaparición.



Cada 24 horas, 10 mujeres agredidas en el hogar en Bolivia

Bolivia.- De acuerdo con el registro del Servicio Legal Integral Municipal (Slim) de la alcaldía de Cercado, en 2010 cada día unas 10 mujeres fueron víctimas de violencia doméstica, registrándose ese año 4 mil 944 denuncias por violencia de género, informó el portal Feminicidio.net.
El Slim dio a conocer que ha ido en aumento el número de denuncias por parte de las mujeres, ya que en seis años (2005), la ciudad pasó de contar con un promedio anual de mil 600 denuncias a más de 4 mil, lo que atribuye a que las mujeres rompan el silencio y la impunidad y hacen más visible sus problemas.


Convocan a investigar violencia contra mujeres en servicios de salud

México.- La Red Latinoamericana de académicas y académicos del Derecho (Red ALAS) y la Fundación Ford convocaron a maestras y maestros de derecho en Latinoamérica, a que presenten propuestas de investigación sobre violencia contra mujeres en contextos de acceso a servicios de salud, a fin de poderlos utilizar como material de enseñanza.
Las investigaciones pueden enfocarse en los temas de aborto, anticoncepción de emergencia, tratamiento de VIH/Sida, entre otros. Las postulaciones deberán ser enviadas a contacto@redalas.net y se recibirán hasta el 20 de mayo del 2011.


 Procesan a salvadoreña por abortar
 Problema de salud le provoca “parto prematuro”

De la Redacción

México DF, 29 mar 11 (CIMAC).- La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, de El Salvador, denunció el caso de una mujer que fue acusada de homicidio agravado, luego de sufrir un “parto prematuro” debido a un padecimiento frecuente en ese país conocido como “placenta abructa”.
En comunicado de prensa, Agrupación Ciudadana detalló que la “placenta abructa” es un
padecimiento que provoca el desprendimiento prematuro del feto junto con la placenta y cordón umbilical, y cuando las mujeres lo sufren tienen que esconderse, pues de lo contrario, son acusadas de homicidio agravado, cuya pena mínima son 30 años de prisión.
Por ello, la organización asumió la defensa de la salvadoreña, cuyo proceso penal inició en julio pasado, en Teotepeque, El Salvador.
Luego de celebrar una audiencia con el juez Primero de Instrucción en Santa Tecla, en la que la defensa demostró que la acusada sufrió de “placenta abructa”, esta autoridad declaró el sobreseimiento provisional del caso, resolución con la que la mujer quedó en libertad provisional.
Sin embargo, hace un mes, la Fiscalía apeló la resolución y la Cámara Cuarta Sección del Centro revocó su libertad provisional y ordenó llevarla a juicio, “sin tener en cuenta la prueba pericial y escuchar los argumentos de la defensa”.
Este hecho, muestra que la problemática se agrava por la falta de investigación de la Fiscalía y la negligencia de Medicina Legal, cuyos análisis son deficientes para determinar la causa de muerte del producto.
Agregó que en al menos cinco casos, documentados por la Agrupación Ciudadana, Medicina Legal “ha dado resultados apresurados” y sin sustento, que la Fiscalía y Tribunales salvadoreños asumieron como “verdades absolutas para condenar a las mujeres”.
Por ejemplo, en 2001 una mujer fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado y ocho años después el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reconoció que la acusada sufrió de “placenta abructa”.
La organización manifestó que estos casos son resultado de una legislación restrictiva en
materia de aborto, por la cual, las mujeres que sufren de “partos prematuros” por dicho
padecimiento, “pasan del hospital a la cárcel”.
El Salvador es uno de los tres países latinoamericanos, donde el aborto se admite por
“estado de necesidad”, por lo que queda a consideración de las autoridades y es muy difícil
de obtener, señala el informe “Leyes del aborto en el mundo”, elaborado por la asociación
mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida.

Ante la penalización del aborto en países como El Salvador y en 17 de los 32 estados de México, el año pasado se lanzó la Campaña Regional “Por una Maternidad Libre y Voluntaria”, cuyo objetivo es generar una corriente de opinión a favor de una maternidad libre y voluntaria, mediante el quehacer periodístico en Mesoamérica.

En la Campaña, impulsada por Comunicación e
Información de la Mujer, AC (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas y la Red Latinoamericana de Periodistas, participan personas de las 17 entidades federativas, donde a partir de 2008 se prohibió el aborto en sus leyes locales, y cuatro países centroamericanos: El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Violencia del narco contra las mujeres, al banquillo de la OEA

Mesecvi llevará el tema a la Asamblea General

Por la Redacción

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC/Cerigua).- La aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico han acentuado la violencia contra las mujeres en
América Latina (AL), alertó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará) Mesecvi, instancia integrada por más de 30 países de la región.
Por ello, la instancia adelantó que los temas del feminicidio y la violencia contra las  latinoamericanas serán llevados ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en junio próximo en El Salvador.
Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer de Guatemala, saludó la resolución del
Mesecvi –acordada en la reciente conferencia internacional celebrada en la ciudad de Antigua–, al considerar que Guatemala es el país del continente americano con los mayores índices de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Entre 2001 y 2009 fueron asesinadas 4 mil 611 mujeres, según datos del Centro de Coordinación de Información Interinstitucional del Ministerio de Gobernación. El 97 por ciento de estos casos permanece en la impunidad.
Ana Calcedo, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción, dijo a Cerigua que en el marco de la presentación de esos temas ante la Asamblea General de la OEA, es importante destacar la presencia de los grupos del crimen organizado y del narcotráfico.
En opinión de Calcedo, es necesario que los Estados asuman compromisos serios, ya que las funcionarias internacionales han logrado reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, pero los ministros de Gobernación en cada país se resisten a implementar acciones con enfoque de género, lamentó.
Los Estados deben fundamentalmente garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, así como el acceso a la justicia a todas aquéllas que han sido violentadas; no se trata sólo de presentar como grandes avances los talleres de capacitación y sensibilización, se requieren medidas efectivas para proteger a la población femenina, enfatizó la entrevistada.
Los gobiernos deben considerar otras posibilidades y aceptar que la escalada del  feminicidio en AL desde principios del siglo XXI, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene que ver con la aparición y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, añadió la feminista.
El nivel de ensañamiento que esos poderes tienen contra las mujeres y de incrustamiento en los propios aparatos de seguridad de los Estados, son panoramas inéditos que se deben considerar, atender y erradicar, concluyó Calcedo.

Defensoras de DH están en total vulnerabilidad

Estados incrementan hostigamiento en su contra
Por Anayeli García Martínez

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Ante las más de dos mil denuncias de amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos de defensores de Derechos Humanos (DH) en América Latina (AL), 23 organizaciones de 11 países de la región demandaron a la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) crear una oficina encargada de
proteger a las y los activistas y exigir a los Estados que implementen medidas efectivas de protección.
Durante la audiencia temática “Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, que hoy se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, representantes ciudadanos de México, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guatemala, entre otras naciones, denunciaron que AL está en una “situación de vulnerabilidad”.
Señalaron que los alarmantes niveles de inseguridad provocados por el crimen organizado,
agentes estatales, grupos paramilitares e incluso por empresas transnacionales, ponen en riesgo la vida e integridad de las y los defensores de DH, por lo cual es urgente que la CIDH, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU) atiendan de manera inmediata la situación.
Durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, las y los activistas hicieron hincapié en que los Estados han incrementado las actividades de inteligencia contra los defensores humanitarios, por lo cual urgieron al organismo a exigir a sus países que se reviertan estas políticas y que se investiguen las amenazas y actos de violencia.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordaron que la ONU documentó que el clima de inseguridad en el que trabajan las y los defensores ha alcanzado niveles alarmantes.
En México durante 2010 y lo que va de 2011, tres defensoras de DH fueron asesinadas en Chihuahua: Josefina Reyes el 3 de enero de 2010, Marisela Escobedo el 16 de diciembre del mismo año y Susana Chávez el 6 de enero de 2011. Mientras que las activistas Sara Salazar, Marisela Ortiz, María Luisa García y Cipriana Jurado abandonaron su lugar de residencia.
Las organizaciones denunciaron que esta situación responde a los persistentes ataques por parte de actores estatales o de personas que actúan con su respaldo o tolerancia. Señalaron que la presencia de grupos paramilitares, el crimen organizado y empresas explotadoras de los recursos naturales exacerba la vulnerabilidad de los activistas.
De acuerdo con el informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Margaret Sekaggya, se ha constatado que las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia, perjuicios y formas de exclusión y rechazo diferentes a las de sus colegas varones.
En su informe 2010, sobre las defensoras y los activistas dedicados a promover los derechos de las mujeres o las cuestiones de género, la relatora reveló que en AL los riesgos más comunes son las amenazas, incluidas amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos e intentos de homicidio.
Sekaggya ha precisado que por lo general los presuntos agresores son personas desconocidas o no identificadas y en ocasiones armadas que a menudo tienen vínculos con agentes no estatales, como grupos paramilitares.
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con la ONU, son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, líderes de grupos de mujeres y quienes trabajan por la restitución de tierras y los derechos sindicales.

Alerta a PE agresiones contra activistas en México
 OSC y eurodiputados analizan “histórica” situación de violencia
Por la Redacción

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Integrantes del Parlamento Europeo (PE) alertaron que México atraviesa por uno de los períodos más violentos de su historia, toda vez que la guerra contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón afecta a todo el país y ha dejado más de 30 mil muertos.
Las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller, del Grupo de los Verdes del PE, externaron que se analiza un posible acercamiento con funcionarios del gobierno de México, para abordar la implementación de un mecanismo de protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.
Lo anterior lo informaron organizaciones de DH de México que se reunieron hoy en Bruselas con integrantes del PE. Las y los activistas mexicanos expusieron los riesgos que enfrentan los defensores de DH en el país y, en especial, la situación que enfrentan periodistas y mujeres que defienden sus derechos.
En un boletín de prensa, los Centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, informaron que los parlamentarios europeos analizan una estrategia  para que los activistas enfrenten la problemática de inseguridad en México.

Con el objetivo de analizar la actual situación de México, se organizaron dos mesas de trabajo. La primera dedicada a las amenazas contra activistas y la militarización, y la segunda a la obligación de la Unión Europea de hacer cumplir sus directrices para proteger a los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
Por parte de las organizaciones mexicanas Abel Barrera, director del Tlachinollan; Jaqueline Sáenz del Centro Prodh y Bárbara Italia Méndez, denunciante de tortura sexual por el caso Atenco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hablaron del contexto en el que trabajan los defensores.
Hicieron hincapié en que en los últimos años el Estado Mexicano ha acumulado diversas  recomendaciones emitidas por organismos internacionales destinadas a implementar medidas efectivas para garantizar la integridad de las y los defensores de derechos humanos.
Destacaron que a pesar de las recomendaciones, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre 2006 y octubre del 2010, 165 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensores mexicanos, incluidos 10 homicidios.
Asimismo, se denunció que el Estado Mexicano finge tener un interés legítimo ante la comunidad internacional por los ataques y hostigamientos en contra de las defensoras y los defensores de DH, pero que en la realidad no es así ya que por el contrario se vive en una situación continua de riesgo.
Por su parte los parlamentarios europeos analizaron estrategias para implementar sus
compromisos con las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Cabe recordar que México se comprometió con la Unión Europea a respetar los DH en 2008 cuando la Comisión Europea suscribió un convenio de colaboración por un monto de 700 mil euros (aproximadamente 11 millones y medio de pesos) para proteger los DH y la prevenir la violencia de género.

Hospitales del DF, sin recursos para atender violencia sexual

Con sólo un millón de pesos, Clínica Condesa hace milagros

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 29 mar 11 (CIMAC).- La violencia sexual aumenta cinco veces el riesgo de que las mujeres contraigan Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que para evitar el contagio deben recibir tratamiento durante las 72 horas posteriores a la agresión, señaló Ubaldo Ramos, director de la Clínica de Especialidades Condesa.
En entrevista, el médico experto en VIH informó que de 2008 a la fecha, la Clínica de  Especialidades ha atendido a mil 400 víctimas de violencia sexual, de las cuales sólo 40 por ciento recibió tratamiento para evitar ITS, toda vez que el resto de las pacientes acudió después de los tres días de la agresión sexual.
A las personas que rebasaron el tiempo límite para la atención preventiva se les practicaron
pruebas de detección de ITS, incluyendo VIH, y según su diagnóstico recibieron tratamiento. En todos los casos, la Clínica dio seguimiento por un año.Tales acciones forman parte del programa Atención en Violencia Sexual que desde diciembre de 2008
opera la Clínica de Especialidades junto con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
La PGJDF canaliza a las víctimas de violencia sexual a la Clínica Condesa para prevenir ITS, así como embarazos no deseados, luego de que denunciaron ante el Ministerio Público.
A decir de Ubaldo Ramos, la operación del programa ha dado “buenos resultados” ya que el 95 por ciento de las más de mil personas que llegaron a la unidad médica por violencia sexual, fueron canalizadas por la Procuraduría capitalina.
El 97 por ciento de las víctimas de violencia sexual atendidas en la Clínica estaba integrado por mujeres de entre 14 y 16 años de edad. La mayoría de ellas vivía en Iztapalapa, aunque hubo casos de todas las delegaciones del Distrito Federal.
El 80 por ciento de estas agresiones ocurrió en la vía pública, por uno o más desconocidos, detalló Ubaldo Ramos.
De acuerdo con el especialista, el riesgo de que las mujeres contraigan VIH durante una violación aumenta cinco veces en comparación con una práctica sexual desprotegida, debido “a los desgarres y fisuras vaginales frecuentes en la agresión”.
“Las víctimas de violencia sexual tienen mayor riesgo de contagio porque son receptoras de las secreciones del agresor, además, las mujeres son más vulnerables si tienen alguna infección vaginal”, abundó.
Para evitar la transmisión de ITS, incluido el VIH, el personal de la Clínica Condesa evalúa el riesgo al que estuvo expuesta la víctima para prescribir un método preventivo(profilaxis)
conforme lo indica la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
La Clínica también ofrece el método de anticoncepción de emergencia cuando las víctimas  demandan la atención dentro de las 72 horas posteriores a la agresión.
Cuando las víctimas rebasan el tiempo límite se les realizan pruebas de embarazo y ultrasonido. Las mujeres que están dentro de las 12 semanas de gestación son canalizadas para tener acceso a la ILE en los servicios de salud del DF.
De 2008 a la fecha, sólo cinco mujeres de las más de mil 400 víctimas de violencia tuvieron acceso a la ILE, debido a que “llegaron otros casos de embarazo, pero ya no pudimos hacer nada, porque rebasaban las 12 semanas de gestación”, explicó Ramos.
Al respecto la NOM-046 señala que las instituciones públicas de salud “deberán prestar  servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad a solicitud de su padre o su madre”.
Ramos mencionó que la Clínica de Especialidades fue elegida para atender a las víctimas de violencia sexual en el DF, toda vez que el resto de las unidades médicas en la capital no cuentan con recursos para este fin, a pesar de que la NOM-046 plantea que quienes sufran violencia sexual pueden acudir a “las instituciones prestadoras de servicios de atención médica”.
De acuerdo con información de la Asamblea Legislativa del DF, se le asignó un millón de
pesos a la Clínica de Especialidades para operar el programa Atención en Violencia Sexual durante 2011, cantidad “suficiente” para atender a esta población, concluyó Ubaldo Ramos.

Guerra antinarco recrudece violencia contra defensores de DH

 Activistas piden intervención de la CIDH
Por Anayeli García Martínez

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico agrava la situación de los Derechos Humanos (DH) en México, toda vez que van en aumento las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, denunciaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las agrupaciones defensoras de los DH advirtieron que políticas de seguridad como los operativos militarizados recrudecen las amenazas contra activistas humanitarios en nuestro país.
En la audiencia temática “Seguridad ciudadana y Derechos Humanos en México”, que ayer se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, 18 organizaciones con sede en México y una internacional señalaron que Chihuahua –entidad que en 2010 registró 15 mil 273 homicidios– es un ejemplo claro de las violaciones a los DH que ocurren en todo el país.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Justicia Para Nuestras Hijas, la  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras agrupaciones, acusaron que los estragos de la “guerra contra el narcotráfico” van en aumento.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, Alejandra Nuño, explicó que durante la audiencia las organizaciones peticionarias se centraron en la violencia en general; sin embargo puntualizaron que los homicidios y amenazas contra defensoras en Ciudad Juárez siguen en la impunidad.
En los últimos 15 meses, tres defensoras de DH fueron asesinadas en la entidad fronteriza:  Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010; Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del mismo año; y Susana Chávez, el 6 de enero de 2011. Otras tres defensoras se vieron obligadas a abandonar Chihuahua para salvaguardar su integridad.
Ante el hostigamiento y las constantes amenazas de muerte, las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz y María Luisa García, abandonaron su hogar a principios de este mes de marzo. La activista chihuahuense Cipriana Jurado está en espera de respuesta a su solicitud de asilo político en EU.
Alejandra Nuño destacó que la audiencia ante la CIDH sirvió para evidenciar la drástica situación que se vive en México, la impunidad y el fracaso de los operativos conjuntos contra el narcotráfico implementados desde 2006, toda vez que sólo aumentaron la tasa de homicidios, lo cual “es preocupante”, observó.

“CERRAZÓN OFICIAL”
En su turno, la delegación mexicana defendió ante la CIDH la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. La representación gubernamental estuvo integrada por Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario  de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la  Secretaría de Gobernación; Monte Alejandro Rubido García, subsecretario de Seguridad Pública, y
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los representantes del Estado mexicano aseguraron que las estrategias de seguridad van en el camino correcto ya que –argumentaron– existía la necesidad urgente de actuar rápido para contener la expansión de la actividad criminal. “La delincuencia y la violencia motivan una respuesta por parte del Estado”, aseguró Rubido García.
Zamora Castro aseguró que las políticas anticrimen respetan los DH y que la lucha contra
el narco es integral porque además de los operativos conjuntos, también se han implementado “políticas de prevención del delito y reconstrucción del tejido social”.
Alejandra Nuño consideró que la respuesta de la delegación mexicana fue preocupante porque demostró una actitud “cerrada” en el tema de seguridad, lo que demuestra que la administración de Felipe Calderón no tiene la intención de evaluar el uso del Ejército o la voluntad de desaparecer la figura del arraigo.
La abogada destacó que estas líneas de acción están lejos de combatir a la delincuencia y al
mismo tiempo garantizar los DH, por ello solicitaron al Estado mexicano que asuma los
mandatos de la CIDH como guía para armonizar la legislación en materia de seguridad y justicia y superar las inconsistencias del actual marco normativo.
En la audiencia, Mariclaire Acosta, miembro del consejo directivo de Cejil, urgió al Estado
mexicano a realizar los cambios estructurales necesarios para terminar con las detenciones
arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y otras violaciones cometidas en el contexto de la guerra contra el narco.
Asimismo, solicitó a los representantes de la CIDH que visiten México, constaten la situación de los DH y pidan cuentas al Estado de cómo está cumpliendo con las recomendaciones que este organismo de la Organización de Estados Americanos hizo en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, presentado en nuestro país en 2010.

Acusan inacción judicial por sustracción de menor de edad

Madre exige se indague el paradero de su hijo
Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 28 mar 11 (CIMAC).- Norma Violeta Ramírez Monfil, madre de Emiliano Díaz Ramírez, de dos años y medio de edad y quien fue raptado por su padre, Sergio Díaz Ramírez, hace 15 días, denunció la ineficacia y falta de colaboración de la Procuraduría de Justicia de Jalisco para detener a los presuntos responsables de la sustracción del niño.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Ramírez Monfil, originaria de Chilpancingo  Guerrero, precisó que el domingo 13 de marzo de 2011, cerca de las 8 de la noche, Sergio Díaz Ramírez le arrebató con violencia y alevosía al menor de edad luego de que ella -cansada de los maltratos de su pareja- le anunció la separación.
Agregó que teme por la seguridad de su hijo, toda vez que Díaz Ramírez es una persona violenta, usa drogas, está desempleado y por consiguiente jamás proporcionó gastos para los alimentos.
Por ello y por la seguridad física y emocional de su hijo, el pasado mes de febrero ella decidió separarse del hombre con el que vivía en concubinato, recibiendo amenazas por parte de éste.
Norma Violeta Ramírez relató que hace 15 días su ex pareja le arrebató a Emiliano de los brazos cuando regresaban de un paseo, por lo que procedió a levantar una denuncia ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Chilpancingo, Guerrero, sin embargo hasta el momento no hay avances en la investigación, denunció.
El caso quedó asentado en la averiguación previa BRA/SC/05/0493/2011 por el delito de “sustracción de menores”.
Norma Violeta agregó que el pasado 17 de marzo sus familiares ubicaron el paradero de Emiliano en Guadalajara, Jalisco, donde Sergio Díaz Ramírez tiene a dos parientes: Alejandro Díaz Ramírez y Bertha Ramírez, hermano y tía, respectivamente.
“Solicité a la Procuraduría de Justicia de Guerrero se enviara un oficio de colaboración a  la Procuraduría de Jalisco para la localización y presentación de estas dos personas”, pero las  autoridades jaliscienses no procedieron, aseguró.
Ramírez Monfil contó que el pasado 18 de marzo viajó con su hermana a Guadalajara para llevar la  solicitud de colaboración a la Procuraduría de Jalisco. “Sin embargo nos trataron súper mal; nos dijeron que no procedía y que ellos no podían detener al papá ni a los familiares ni obligarlos a declarar  porque no es un delito, toda vez que él es el  padre del niño”, narró Norma Violeta.
Contó que de nada sirvieron las llamadas a la Procuraduría de Jalisco por parte de la subprocuradora Jurídica y de Atención a Víctimas  del Delito de Guerrero, Dominga Chávez Pineda, encargada del caso en Chilpancingo.
A las autoridades de Jalisco tampoco les importó que Norma y su hermana se quedaran desde la 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada del día siguiente en las oficinas de la Procuraduría de Jalisco, en espera de una respuesta.
Fue hasta el 23 de marzo que las autoridades jaliscienses ubicaron el domicilio del hermano del denunciado y lo presentaron a declarar. Alejandro Díaz Ramírez dijo desconocer el paradero de su hermano.
En una tarjeta informativa dada a conocer a los medios de comunicación, la madre de Emiliano afirmó que las autoridades judiciales de Jalisco reiteran que no hay delito alguno que perseguir ya que la custodia del menor de edad la tienen ambos padres.
No obstante, Norma Violeta y sus familiares exigieron a la Procuraduría de Jalisco que  indague el paradero de Emiliano y saber las condiciones en las que se encuentra.

México, en el “subdesarrollo” en leyes sobre aborto

Legislación es cada vez más restrictiva: GIRE
De la Redacción

México, DF, 28 mar 11 (CIMAC).- A contracorriente de la tendencia mundial entre los países en desarrollo para ampliar las causales de la interrupción legal del embarazo (ILE) y
despenalizar el aborto, en México la legislación restringe cada vez más los derechos de las  mujeres a decidir sobre la maternidad.

En su estudio, “Leyes del aborto en el mundo”, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reporta que 22 países con índice de desarrollo medio y alto modificaron sus leyes, para ampliar las causales que permiten el aborto, y en siete de ellos esta práctica se despenalizó con el fin de procurar la salud reproductiva de las mujeres.

En contraste, advierte GIRE, en México 17 estados (más de la mitad) han penalizado la ILE en los últimos tres años.

En la investigación, GIRE indica los rezagos y avances en derechos sexuales y reproductivos en países desarrollados y subdesarrollados.

La organización civil insiste en que mientras la tendencia de los países es hacia la  “liberalización” del aborto, en México la legislación es restrictiva, y la ILE sólo está
permitida en algunas circunstancias y en general se carece de mecanismos que permitan el ejercicio de este derecho.

Detalla que de 2008 a la fecha, 17 entidades federativas cambiaron sus leyes locales con la
finalidad de penalizar el aborto, por lo que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos varía de un estado a otro.

GIRE refiere que a partir de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo,
realizada en 1994 en El Cairo, donde 170 países se comprometieron a procurar la salud
reproductiva de las mujeres, 22 naciones aumentaron las causales que permiten el aborto, y
entre ellas está la admisión de la ILE cuando sea a voluntad de las mujeres.

De los más de 20 países que cambiaron sus legislaciones, siete despenalizaron el

aborto dentro del primer trimestre de gestación.

A estas naciones se suman 12 países que tras la Conferencia de El Cairo mejoraron sus mecanismos de acceso al aborto legal. Y sólo tres países hicieron cambios restrictivos.

GIRE enlista a Chile, El Salvador y Nicaragua, como los países donde el aborto está totalmente prohibido, incluso si el embarazo es producto de una violación sexual o si pone en riesgo la vida de la mujer.

La situación de estas naciones latinoamericanas –lamenta GIRE– refleja “el fuerte poder cultural y político que ejerce la jerarquía conservadora
de la Iglesia católica” en la región.

En contraste, en 56 naciones el aborto es legal sin restricciones hasta las 12 semanas de gestación, entre ellas Cuba, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, Francia, Grecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Armenia, China, Nepal, Turquía, Sudáfrica y Túnez.

Los países que permiten el aborto para salvar la vida de la mujer son 65 de los cinco continentes, entre los que se encuentran México, Brasil, Venezuela, Irlanda, Mónaco, Indonesia, Filipinas, Afganistán, Kenia y Nigeria.

Mientras que el aborto es permitido en 35 países cuando está en riesgo la salud física de las
mujeres, por ejemplo en Argentina, Perú y Uruguay.

La interrupción del aborto es legal en 23 países para preservar la salud física y la vida de la mujer.

En tanto, el aborto está permitido en 14 países por razones económicas, además de preservar la vida de las mujeres.

De acuerdo con el estudio de GIRE, las legislaciones que restringen el aborto varían de
forma importante según el nivel de desarrollo de los países.

En 84 por ciento de los países desarrollados la interrupción del embarazo es legal cuando éste es producto de una violación sexual, mientras que sólo 37 por ciento de los países en desarrollo admite el aborto por esta causal.

Otro ejemplo es que el aborto por voluntad de la mujer es permitido en 67 por ciento de los países desarrollados, mientras que esta circunstancia se repite sólo en 15 por ciento de las naciones subdesarrolladas.

En su análisis, GIRE concluye que la legislación en aborto es “significativamente más restrictiva en países en desarrollo, lo cual evidencia y profundiza la inequidad social y aumenta los riesgos de morbilidad y mortalidad para las mujeres en edad reproductiva”.

En el mundo cada año se registran 210 millones de embarazos, de los cuales 80 millones terminan en aborto y de éstos más de la mitad son inducidos, de acuerdo con Belkis Aracena, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En un comunicado, el INSP refiere que del total de abortos inducidos, alrededor de 20 millones se practicaron en condiciones inseguras, casi todos en países en desarrollo.

Lydia Cacho Plan b

Los Generales de la muerte

Por Lydia Cacho

“Halconas (las vigías del narco) hay como unas cuatro en cada red. Son mujeres pobres, gordas, todas jodidas, pero también se mueren. Con ellas no batallo, simplemente les pongo un hilo en la cabeza y se ahogan. No deben vivir”.

Esta es una de las declaraciones grabadas del general Carlos Bibiano Villa, ex secretario de 
Seguridad Pública de Torreón, recién nombrado para el mismo puesto en Quintana Roo. No es el único militar que cree en la pena de muerte y en el asesinato como método de justicia, casi todos la suscriben.

En la mayoría de las 32 entidades federativas los gobernadores, ineptos, han aceptado que la Sedena imponga directivos policiacos.

El argumento para que los militares asuman tareas de seguridad pública es que las policías locales fueron cooptadas por los cárteles de la droga y operan a su favor, y que son ellos los únicos que pueden sacar al país de esta violencia.

Se argumenta que ante una situación excepcional se deben tomar medidas excepcionales (a pesar de que éstas incluyan violar la Constitución) y aunque metan al país en una lógica bélica y no de prevención del delito.

Quienes creen en la mano dura como solución dicen preferir sacrificar libertades y derechos para sentirse más seguros, pero ¿en verdad mejoró la seguridad?

En 2009, el general Urbano Pérez Bañuelos llegó de Tamaulipas para dirigir la policía de Cancún. Durante su mandato se triplicó el secuestro, aumentó cuatro veces el robo a mano armada y las extorsiones se duplicaron. Se negó a colaborar con el MP y la Policía Judicial por desconfianza.

Bañuelos mantuvo bajo detención ilegal a defensoras de Derechos Humanos. Se hizo famoso por su desprecio a periodistas y se negó a rendir cuentas.

En 2010 la SIEDO le hizo una auditoría por la desaparición de 21 millones de pesos destinados a renovar la policía local, y desapareció del puesto. Al poco tiempo la Sedena envió en su lugar al general Alejandro Cárdenas. Los resultados no fueron mejores: las arrendadoras de autos tuvieron un aumento en las denuncias de turistas extorsionados por la policía turística a cargo de militares.

Todos ellos coinciden en una cosa: están aquí para combatir a la delincuencia organizada, es decir al 20 por ciento de los delitos ¿y la prevención y seguridad pública del fuero común? No parece importarles.

En Tijuana el teniente coronel Julian Leyzaola dijo: “¿Para qué ando atendiendo a esos 
malandrines (delincuentes comunes)? A esos, a coscorrones los disciplino, pero a aquéllos (los capos) no, a aquéllos sí tengo que enfrentarme con ellos, por eso la gran diferencia”.

Con Leyzaola en Tijuana, enviado ahora a Ciudad Juárez, hubo un incremento de 90 por ciento de asaltos en las calles y se normalizó el arraigo con propósito de tortura.

Lo cierto es que el 88 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común; sin embargo los militares aseguran que su tarea es, en voz de Leyzaola, “aplicar los códigos de honor contra quienes deben morir”.

En Tijuana torturó a 25 policías que fueron exonerados por falta de pruebas. A seis inocentes les puso bolsas de plástico en la cabeza y aplicó toques eléctricos en los pies porque “sospechaba” que eran malandros.

Recientemente se organizó una marcha en Cancún para exigir a Roberto Borge, el gobernador electo, que no acepte a Bibiano Villa; los organizadores recibieron una visita en su hogar de militares encapuchados, amenazándolos de muerte, y apareció un “narcomensaje” contra Villa que a todas luces parece un montaje para justificar su presencia.

Ha llegado el momento de cuestionar el control de las policías civiles por parte de los militares, sin despreciar la valía del Ejército en otras tareas. La gran mayoría de éstos aplican técnicas de guerra contra la delincuencia y no creen en los procedimientos de justicia establecidos por la ley, ni en los Derechos Humanos.

Con sus métodos alejan al país de la posibilidad de renovar y mejorar el sistema de justicia 
penal. Y peor aún, al concentrarse en los capos de la droga, dejan a las y los ciudadanos a 
merced de la delincuencia común y la impunidad: a las pruebas me remito.

www.lydiacacho.net Twitter: @lydiacachosi

* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

Profesor acusado de abuso sexual es nombrado coordinador de Seguridad Pública

Por Heriberto Hernández

HUAUCHINANGO, PUEBLA.- “Autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Puebla pretenden revocar el cese del profesor Rasen Tenorio Vargas, en el bachillerato Miguel Hidalgo, con el que se dio por terminada la relación laboral por una observación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debido a una denuncia por abuso sexual presentada por una alumna de la escuela”, según declaraciones de Araceli Cruz García, madre de la joven agraviada.

Es un caso que lleva varios meses. Araceli Cruz García es la madre de la alumna afectada por el presunto abuso sexual de parte del profesor de educación física Rasen Tenorio Vargas.

Araceli Cruz habló del caso: dijo que al haberse separado de su marido, su hija - entonces de 16 años de edad-, se vio muy afectada psicológicamente. El profesor Rasen Tenorio Vargas (casado) se acercó a ella y le ofreció apoyo moral, le pidió que lo dejara estar cerca de ella para ayudarla hasta que se concretó una relación íntima entre ambos.

La madre se dio cuenta que su hija cambió emocionalmente para mal, se mostraba temerosa, insegura, poco quería salir de su casa, por lo que se dio a la tarea de investigar lo que pasaba y encontró en el celular de la alumna, mensajes del profesor y fotografías.

Al intentar hablar con ella, la hija se negó en principio, luego le dijo que el profesor le aseguró que su madre no la quería, pues la pretendía separar de él.

Araceli Cruz presentó una denuncia penal en contra de Rasen Tenorio Vargas por agresión sexual, porque su hija la acompañó al ministerio público y, en ese lugar, con el apoyo psicológico de la Procuraduría, declaró que en un salón del Bachillerato Miguel Hidalgo, fue víctima de una violación. “Yo le dije al maestro que ya no quería andar con él, me metió a un salón de clases, me quemó, golpeó y me violó. Me dijo que si yo acepté andar con él, ahora tenía que seguir o de lo contrario me mataría a mí y a mi mamá”, le confió la agredida a la psicóloga de PGJ, Sarahí Hernández Verdugo.

La relación entre la alumna y el profesor inició en el 2009, cuando la joven contaba con 16 años y él con 38 años de edad, cuando se dieron las supuestas agresiones fue a la mitad de 2010, por los meses de junio o julio cuando se terminó la relación.

La averiguación que se abrió fue por estupro y no por violación, aunque la madre de familia acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de donde salió la observación y vino el cese de la relación laboral entre la Secretaría de Educación Pública y Rasen Tenorio Vargas, antes se le levantó un acta administrativa con fecha 20 de septiembre y después el 6 de octubre se dio paso al cese de contrato, los hechos quedaron asentados en el expediente de la Secretaría de Educación Pública:  SEP-8.21-DAC/2603/10.

La CDHPuebla recomendó a la madre continuar con la averiguación previa 606/2010/Huauchinango, hasta las últimas consecuencias.

Araceli Cruz García levantó de igual forma un acta de hechos -ante la agencia del ministerio público-, por amenazas en su contra de parte del profesor cesado, por lo que pudiera sucederle.

Otro dato es que de los acontecimientos tuvo conocimiento el director de la escuela, Osvaldo Anduaga, pero nunca tomó cartas en el asunto.  La madre de familia hizo el reporte ante el director y contestó que él no tenía conocimiento de los hechos, aunque en el poder de Araceli Cruz García está una grabación de audio en donde la profesora Rita Carrillo, quien se desempeña en el mismo centro de trabajo, en donde le dice a la alumna afectada que el director tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero nunca quiso intervenir en el caso.

RASEN ESTÁ EN SEGURIDAD MUNICIPAL

En la actualidad, y por terceras personas, le llegaron nuevas amenazas de muerte a Araceli Cruz García de parte de Rasen Tenorio Vargas, quien se desempeña como Coordinador de Seguridad Pública en la gestión de Omar Martínez Amador.

A decir de Araceli Cruz, Rasen Tenorio se siente con poder “para hacer cosas en mi perjuicio, además de que él mismo anda contando que regresará a dar clases al bachillerato, con el apoyo de autoridades de la SEP”.  

Invertir en las adolescentes, es apostar al desarrollo: Unicef

Pide a gobiernos más presupuesto en educación y salud
Por Patricia Carmona Hernández

México, DF, 24 mar 11 (AMNDI/CIMAC).- El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) urgió a los países del mundo a invertir más presupuesto para el desarrollo de la población adolescente, toda vez que de esa manera se contribuye a que en el futuro viva en condiciones de mayor equidad.
 En el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2011 “Adolescencia: la edad de la oportunidad”, Unicef reportó que en 2009 había 1.2 mil millones de adolescentes de 10 a 19 años de edad, es decir, 18 por ciento de la población mundial. En América Latina, la población adolescente representa 19 por ciento del total de habitantes.
 La inversión en la adolescencia “es la manera más efectiva de consolidar los avances históricos logrados en la primera y mediana infancia desde 1990, además es una década crucial, donde la inequidad pasa a la siguiente generación cuando las adolescentes en condición de pobreza son madres”.
 De acuerdo con datos de Unicef, México invierte únicamente 25 por ciento de su presupuesto en educación y tan sólo cinco por ciento para la salud de la población en general. 
 El organismo de la ONU advirtió que el gasto en la adolescencia es más bajo que para otros segmentos de la infancia “sobre todo en el contexto de crisis económica que ha reducido la inversión social, además de los factores políticos, culturales y sociales que resultan en menos atención y políticas públicas para esta población”.
 Unicef indicó que las adolescentes, en particular, requieren de mayor atención de los gobiernos toda vez que influyen más en el desarrollo de los pueblos. “Ellas tienen la capacidad de impactar positivamente su entorno en el presente, así como en el futuro”, observó.
 María Eitel, presidenta de la Fundación Nike y colaboradora en el reporte de Unicef, señaló: “Un año más de educación primaria para las niñas aumenta sus salarios entre 10 y 20 por ciento; estudios en 2003 mostraron que cuando las adolescentes generan ingresos, 90 por ciento de estos se reinvierten en sus familias en comparación con el 40 por ciento en el caso de los varones”.
 Abundó que cuando una niña continúa en la escuela y recibe atención médica adecuada, evita ser cooptada por redes de explotación, contraer infecciones de transmisión sexual, casarse prematuramente y a su vez disminuye la probabilidad de que se convierta en una madre adolescente.
 Eitel reconoció que a pesar de los avances, queda mucho por hacer: “Necesitamos mostrar el valor que tienen las niñas y las adolescentes y convencer a gobiernos, comunidades, corporaciones y familias que invertir en ellas es un esfuerzo inteligente”.

El reporte está disponible en idioma inglés en el sitio web de Unicef.  

Yucatecas sin opción a una maternidad libre y voluntaria

La entidad dejó de ser vanguardista con reformas que criminalizan aborto

Por Carolina Velázquez, enviada

Mérida, Yuc, 25 mar 11 (CIMAC).- En 2009, Yucatán tuvo una razón de muerte materna (RMM) de 44.9 con 15 defunciones, 26.7 por ciento de las mujeres que fallecieron eran menores de 19 años, 33.3 por ciento murió por hemorragia del embarazo, parto o puerperio y 46.7 por ciento por causas obstétricas indirectas.
La RMM es un indicador que proporciona el número de muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos en un mismo período, cuando una mujer se encuentra embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo y debido a cualquier causa relacionada con, o agravada por, el embarazo mismo o su atención (con
exclusión de las muertes accidentales o incidentales) en un año determinado.
Como lo reportó la agencia Cimac noticias en su momento, en la región sur-sureste –donde se encuentra Yucatán­ 66.6 por ciento de las adolescentes de 12 años o más con vida sexual, han estado embarazadas.
Según el Observatorio de Muerte Materna (OMM), en México la media nacional en 2009 de RMM fue de 62.2, con mil 207 muertes, y Yucatán ocupó el lugar 25 por esta causa de las 32 entidades federativas de la República Mexicana.
Hasta el 15 de julio de 2009, esta entidad federativa fue vanguardista y emblemática en el  tema de derechos de las mujeres, ya que fue aquí donde en 1916 --un año antes de que se promulgara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-- se realizó el Primer Congreso Feminista, en el evento se promovió la organización de las mujeres yucatecas y del país para defender sus derechos políticos y sociales.
Como parte de la estrategia para “proteger la vida” desde el momento de la concepción fecundación y criminalizar el aborto, el Congreso del estado aprobó en esta fecha la  reforma al Art. 1º de la Constitución estatal.
Con la modificación, el artículo dice que “el Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado”.
La reforma se aprobó con 24 votos a favor y uno en contra, la promovió la Red Pro de Yucatán representada por Ivette Laviada Arce, mediante el documento Iniciativa Popular para reformar la Constitución Política y el Código Civil del estado de Yucatán en favor del matrimonio y la familia.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bertha Eugenia Pérez Medina --única legisladora que votó en contra de las reformas-- declaró a la prensa que la Comisión de Equidad y Género guardó silencio y votó a favor de la ley; que se organizaron foros de última hora, y se esperó hasta el último día para votar los temas.
La reforma adicionó dos párrafos al Art. 392 del Código Penal, a fin de “proteger la vida desde el momento de la concepción” y faculta al juez para sustituir la sanción estipulada a una mujer que se procure un aborto por un “tratamiento médico integral”, el cual será provisto por las instituciones de salud del estado y tendrá como objetivo “la atención de las consecuencias generadas por el aborto y el de reafirmar los valores humanos por la maternidad procurando el fortalecimiento de la familia”.
No obstante lo anterior, el Código Penal permite la interrupción legal del embarazo en algunas causales, de acuerdo a la última actualización hecha el 7 de agosto de 2009.
El Art. 393 señala que la interrupción legal del embarazo se permite cuando: sea resultado de una violación; provocado accidentalmente (o por "conducta culposa"); de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.
También por causas económicas graves y justificadas y siempre que la mujer embarazada
tenga ya cuando menos tres hijos.
Otra causal es por alteraciones genéticas, y con el consentimiento de la madre y del padre en su caso, y a juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.
Después de que el Congreso aprobó la reforma, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidieron a la Gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco que revisará, antes de publicar el decreto de la reforma en el Diario Oficial de la entidad, un documento en donde las OSC plasmarían sus opiniones en contra de la reforma.
Aunque la mandataria se comprometió con la ciudadanía yucateca a analizar las modificaciones al Art. 1º de la Constitución estatal, estas fueron publicadas sin que el texto original tuviera algún cambio. Como respuesta a la violación del derecho de las mujeres yucatecas a tener una maternidad libre y voluntaria, 76 mujeres solicitaron amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los amparos de las mujeres de Campeche, Guanajuato, Sonora y Yucatán están en trámite en los Juzgados de Distrito (primera instancia), competentes a la justicia federal y a los de cada entidad.
El tema se analizó en los trabajos del taller con periodistas “Por una maternidad libre y
voluntaria”, que inició hoy en esta ciudad con la participación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y termina mañana sábado, forma parte de la campaña con el mismo nombre que desde 2011 se promueve en 18 entidades federativas de la República Mexicana y cuatro países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador).



AI denuncia torturas contra 18 mujeres en Egipto

Soldados las forzaron a “pruebas de virginidad”

Por la Redacción

México, DF, 25 mar 11 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de Egipto que castigue a los responsables de torturar y realizar “pruebas de virginidad” a 18 mujeres que fueron detenidas en la plaza Tahrir, en El Cairo, el pasado 9 de marzo.
En un comunicado de prensa, AI refirió que durante la operación del Ejército egipcio para
expulsar a los manifestantes de la plaza al menos 18 mujeres fueron puestas bajo custodia militar.

De acuerdo con testimonios de las mujeres retenidas, ellas fueron llevadas inicialmente a
un anexo del Museo de El Cairo, donde las esposaron, las golpearon con palos y mangueras, les aplicaron descargas eléctricas y fueron sometidas a registros corporales sin ropa, siendo fotografiadas por soldados.
Luego fueron obligadas a “pruebas de virginidad” bajo la amenaza de que las que no fueran vírgenes serían acusadas de prostitución.
“Obligar a las mujeres a someterse a ‘pruebas de virginidad’ es absolutamente inaceptable. Su finalidad es degradar a las mujeres por el hecho de serlo”, y es una forma de tortura cuando se realiza por la fuerza o bajo coacción, manifestó AI.
Incluso, advirtió la organización humanitaria, “las mujeres y las niñas deben poder expresar sus opiniones sobre el futuro de Egipto y manifestarse contra el gobierno sin ser detenidas, torturadas o sometidas a un trato profundamente degradante y discriminatorio”.
La periodista Rasha Azeb, quien fue una de las detenidas en la plaza, manifestó a AI que ella fue esposada, golpeada e insultada y que fue testigo de cómo torturaban a otras detenidas con descargas eléctricas en el museo.
Azeb quedó en libertad varias horas después, junto con otros cuatro hombres que también eran periodistas, pero las otras 17 mujeres fueron trasladadas a la prisión militar de Heikstep.
Las 17 mujeres comparecieron ante un tribunal militar el 11 de marzo y quedaron en libertad dos días después. Varias de ellas fueron condenadas a penas condicionales de un año de prisión.
AI demandó al gobierno egipcio a que respete y no castigue a las mujeres que participen en los movimientos de cambio de su país, y a las que denuncien abusos sean protegidas para que no sufran represalias.
Asimismo pidió que a los responsables de actos de tortura, malos tratos y de “pruebas de
virginidad” comparezcan ante las autoridades competentes para que no exista impunidad en los casos.
Por último, AI se opuso a que se juzgue a civiles en tribunales militares egipcios, ya que
–explicó– estos realizan juicios injustos, que restringen severamente el derecho de apelación.

Llega a la CIDH tema de acceso a la interrupción legal del embarazo

 En audiencia OSC denunciarán criminalización de aborto

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 25 mar 11 (CIMAC).- Por primera vez, organizaciones civiles de 11 países de América Latina hablarán en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en la región, así como de la criminalización y encarcelamiento de las mujeres que viven un aborto.
En entrevista con Cimacnoticias, Vanessa Coria,  abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), informó que la audiencia se realizará en el marco del 141 periodo de sesiones de la CIDH en Washington el 28 de marzo.
En su opinión, esta reunión tiene relevancia histórica pues “si bien en la Comisión se ha hablado de derechos reproductivos, las audiencias no han estado enfocadas en el tema de acceso a la interrupción legal del embarazo”.
La abogada enfatizó “queremos hacerle saber a la Comisión la importancia que tiene el tema para la región y para la vida de las mujeres en las Américas y cómo este organismo internacional tiene que responder frente a estos retos que se le presentan como una realidad de varios países.
Dijo que los casos de mujeres criminalizadas no solo suceden en México, hay casos documentados en El Salvador con características sumamente similares, también en Brasil y en Honduras donde el aborto está totalmente penalizado.
Al señalar estas similitudes y patrones en la región podemos decirle a la Comisión que el tema es relevante y que debe de poner ojo en los Estados para que generen políticas públicas adecuadas para las mujeres, sostuvo Coria.
Respecto a México informó, se presentarán los casos de mujeres que han vivido abortos
espontáneos, que han sido criminalizadas y se encuentran encarceladas en varios estados de la república acusadas por “homicidio en razón de parentesco”.
Si bien la audiencia no es específica para estos casos, al tratarse de la salud reproductiva se tendrá que mencionar, ya que ésta es una de las consecuencias de la penalización que existe del aborto en el país, enfatizó Coria.
En comunicado de prensa, GIRE detalló que en la audiencia también se informará sobre la violación del secreto profesional de los médicos para que denuncien a las mujeres que abortan, aún cuando los abortos son espontáneos, lo cual deriva en un alto incremento de la criminalización de las mujeres por hechos relacionados con su salud reproductiva.
En algunos países - como México- esto significa la pérdida del derecho constitucional de  presunción de inocencia para las mujeres, trasladándolas del hospital a la cárcel, afirmó la organización.
Vanessa Coria agregó que se mostrará cómo en los estados de la República mexicana que tienen restricciones para el acceso a la interrupción del embarazo, las mujeres están viviendo las
mismas consecuencias en su salud reproductiva que las de otros países de la región con restricciones similares.
Se hablará de los retrocesos legislativos en la materia, como la penalización absoluta del aborto (incluyendo el aborto terapéutico), o las reformas en 17 entidades federativas, que dan personalidad jurídica al no nacido por encima de los derechos de las mujeres.

“Lo que le estamos solicitando es que hagan un pronunciamiento al respecto, que los Estados adopten las medidas internas que permitan el derecho a la salud reproductiva de las mujeres”, enfatizó Vanessa Coria.
Las organizaciones que solicitaron la audiencia a la CIDH son: la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico de El Salvador; la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina; el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras; el Centro de Documentación y Estudios de Paraguay; el Centro
de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Perú.
Por República Dominicana, La Colectiva Mujer y Salud, de Costa Rica la Colectiva por el Derecho a Decidir; la Comissão de Cidadania e Reprodução de Brasil; el Grupo de Información en Reproducción Elegida, de México; la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia; Mujer y Salud de Uruguay; Ipas Centroamérica; así como la Campaña 28 de Septiembre como red regional.
Seis representantes de este grupo expondrán a los integrantes de la CIDH sobre los contenidos  de ese informe, al tiempo que abordarán los retrocesos que ha vivido la región en este tema.

11/GTR/LGL

Gobernador de Jalisco atenta contra derechos reproductivos

Presenta iniciativa para anular autonomía de las mujeres

Por Alicia Yolanda Reyes, corresponsal

Guadalajara, 25 mar 11 (CIMAC).- El gobernador　del estado de Jalisco, Emilio González Márquez,　pretende anular la libertad de las mujeres para　decidir sobre sus derechos reproductivos, toda　vez que las ata a la autorización de su pareja　para decidir el número de hijos y sobre el uso de　métodos anticonceptivos o de esterilización.
La iniciativa de reformas a los códigos Civil y　Penal del estado –presentada ante el Congreso　local el pasado 17 de marzo– ya desató una ola de　críticas por parte de legisladores de oposición,　académicas y organizaciones por los derechos de las mujeres.
De acuerdo con el proyecto, las jaliscienses　estarían obligadas a solicitar autorización de su　 cónyuge cuando quieran someterse a un proceso de　esterilización. La propuesta también castiga a　los médicos que sin tener la autorización de la　pareja realicen el procedimiento quirúrgico.
El Ejecutivo estatal agrega un párrafo al　artículo 273 del Código Civil del estado,　relativo a los derechos y obligaciones que nacen　del matrimonio, para establecer que "los cónyuges　
tienen derecho a decidir conjuntamente de manera　informada y responsable el número y espaciamiento de los hijos".
A decir de feministas, las mujeres serían las　principales afectadas con esa determinación, toda　vez que de acuerdo con datos del IMSS y la　Secretaría de Salud, por cada hombre que se hace　la vasectomía, 15 mujeres se esterilizan. En　tanto, la Fundación Mexicana para la　 Planificación Familiar reporta que la proporción　es de 30 mujeres que se esterilizan por un varón que recurre a la vasectomía.
El código vigente señala en ese mismo artículo　 que "los cónyuges deben contribuir cada uno por　su parte a los fines del matrimonio".
La iniciativa de González Márquez añade al Código　Penal el delito de "esterilidad provocada" que se　perseguiría por querella imponiendo pena de uno a　seis años de prisión y de 40 a 120 jornadas de　trabajo a favor de la comunidad, más la　reparación del daño, a quien sin el　consentimiento expreso "de quien tenga　legitimación para otorgarlo, conforme a las　disposiciones legales aplicables (es decir el　 Código Civil), practique procedimientos　
quirúrgicos que provoquen en la persona esterilidad".
De acuerdo con expertos y feministas, con esa　 modificación al Código Civil la decisión para dar　por terminada la vida reproductiva ya no sería　individual, sino que se tendría que obtener la　firma de la pareja, tal y como sucedía en los　años 80 cuando con el programa de planificación　familiar las mujeres que optaran por la　salpingoplasia (ligadura de trompas), deberían　tener la autorización del marido, de lo　contrario, el médico se negaba a realizar el procedimiento.
El gobernador Emilio González Márquez propone　también eliminar del Código Penal estatal las　penas de cárcel para aquellos padres que por　obligación deban pasar pensión a sus hijos y dejen de hacerlo.
En cambio, el mandatario estatal estipula sólo　una sanción de 50 a 200 jornadas de trabajo a　favor de la comunidad, suspensión o pérdida de la tutela.
Actualmente el Código Penal señala que se le　impondrá pena de seis meses a cuatro años de　prisión y multa de 100 a 400 días, suspensión o　pérdida de la tutela a los padres que incumplan con la pensión alimenticia.
PROPUESTA DEL IJM

El secretario general de Gobierno, Fernando　Guzmán Pérez, reconoció en días recientes que la　iniciativa fue a propuesta de la presidenta del　Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM),　 Carmen Lucía Pérez, quien ha señalado que el　proyecto de reforma "se malinterpretó".
Cabe recordar que la funcionaria estatal ha　estado en el ojo del huracán luego de que al　 asumir el cargo cambió al Consejo Ciudadano del　IJM, integrado por feministas, universitarias y　activistas, por uno conformado por mujeres　ligadas a la organización ultraderechista El Yunque, y hasta por un sacerdote.

INCONFORMIDAD

El diputado local del PRD Raúl Vargas López　denunció el proyecto de reformas del gobernador　como "una idea de la edad media".
El legislador puntualizó que es inconstitucional　pretender condicionar el derecho reproductivo a　la pareja cuando es algo individual.
En tanto, la doctora Griselda Uribe Vázquez, jefa　del Programa Interdisciplinario de Estudios de　Género del Centro Universitario de Ciencias　Económico Administrativas de la Universidad　Guadalajara, señaló que se trata de una　iniciativa de carácter punitivo hacia los　derechos sexuales de mujeres y hombres.

"Premian" con cargo en SNTE a maestro golpeador de mujer policía
La agredió cuando ella estaba atada de manos

Por Patricia Briseño, corresponsal

Oaxaca, 25 mar 11 (CIMAC).- Sigfrido Tapia　Olmedo, subdirector de la Secundaria Técnica　Número Uno, señalado por sus alumnos como el　responsable de golpear a una mujer policía　Federal y al secretario de Seguridad Pública,　Marco Tulio López Escamilla, fue nombrado　secretario General del Comité Ejecutivo　Delegacional de la Sección 22 del Sindicato　Nacional de Trabajadores de la Educación, en esa escuela pública.
El cargo sindical se lo otorgaron sus compañeros　de la Técnica Uno en asamblea delegacional　celebrada esta semana, avalada por un　representante del Comité Ejecutivo Seccional de la gremial.
El profesor, ex preso por homicidio en el Penal　Central del Estado, lanzó un puñetazo al ojo de　una policía desarmada y que había sido atada de　manos por los sindicalistas durante el　enfrentamiento entre un sector del magisterio y　las fuerzas federales el pasado 15 de febrero en el zócalo de Oaxaca.
Conviene mencionar que esta es la tercera vez que　la Sección 22 ha defendido al directivo de la　Secundaria Técnica, ubicada en el Boulevard　Eduardo Vasconcelos, la primera fue en la　asamblea estatal del 19 de febrero pasado, y la　segunda, el 8 de marzo durante la conmemoración　del Día Internacional de la Mujer, cuando Tapia　Olmedo participó en la marcha conmemorativa al　 frente de cientos de profesoras sindicalistas que　rechazaban todas las formas de violencia de género, la prostitución y reflexionen acerca del tema.