Calderón viola pactos internacionales al recortar fondos contra MM

Fundar advierte que recursos deben aumentar año con año 



Por Guadalupe Cruz Jaimes
 
México, DF, 14 oct 11 (CIMAC).- El recorte presupuestal al programa Reducción de muerte materna (MM), que se plantea en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2012, viola el artículo 1 constitucional porque reduce recursos públicos destinados a garantizar el respeto de los Derechos Humanos (DH), cuya asignación debe ser progresiva según acuerdos internacionales firmados por México. 
 
Daniela Díaz Echeverría, investigadora del área de Presupuestos y políticas públicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación, detalló a Cimacnoticias que a partir de la reforma constitucional de junio pasado, las autoridades están obligadas a cumplir con tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el cual establece que los presupuestos públicos para el respeto de los DH deben ser progresivos, es decir que aumenten cada año. 
 
Por lo anterior, la activista aseguró que el Ejecutivo federal trasgredió la Carta Magna al reducir el presupuesto para el combate de la MM, ya que el recurso es para proteger en específico el derecho a la salud de las mujeres. 
 
En el PPEF 2012, el Ejecutivo federal propone una asignación de 242.34 millones de pesos (mdp) para disminuir los fallecimientos vinculados al embarazo, parto o puerperio; este monto es 21.56 por ciento menor al que aprobó la Cámara de Diputados para 2011, es decir 308.94 mdp. 
 
Lina Berrio, directora de la organización Kinal Antzetik, informó a Cimacnoticias que se requiere una ampliación presupuestal de 150 mdp para que las acciones encaminadas a la reducción de la MM puedan ejecutarse. 
 
Durante el foro virtual Presupuesto público y mortalidad materna, organizado por CIMAC, Díaz Echeverría explicó que la disminución de recursos al programa de Reducción de MM “debilita la prestación real de la atención”, que en el caso de salud materna ya es endeble debido a que la estrategia Embarazo Saludable al no formar parte de los programas del Seguro Popular, carece de presupuesto etiquetado.  
 
En este sentido, dijo, es importante mantener una asignación progresiva de recursos al programa, el cual contempla acciones mínimas para avanzar en la disminución de la MM.
 
En 2010 se registraron mil cuatro fallecimientos maternos, en lo que va de este año han ocurrido 738 decesos y se prevé que 2011 cierre con mil 126 defunciones maternas, según datos de la Secretaría de Salud (Ss).
 
La inversión en MM debe ser prioritaria porque la problemática sigue siendo grave y afecta sobre todo a las mujeres en mayor desventaja, dijo Díaz. “Las mujeres que fallecen durante el embarazo, el parto y el puerperio son mujeres pobres que acceden a servicios de salud pobres, absolutamente deficientes”, abundó.
 
Muestra de ello es que según datos del Observatorio de Mortalidad Materna, de las mil 207 muertes maternas registradas en 2009, el 33.1 por ciento contaba con Seguro Popular (399 mujeres), citó la experta.
 
“Aunque esas mujeres estaban bajo un esquema de aseguramiento, y de tener derecho a una serie de acciones establecidas en el catálogo de Embarazo Saludable, el mero señalamiento de dicho catálogo en absoluto fue suficiente”, recalcó.
 
Hasta ahora los servicios públicos “responden a la demanda de la atención de partos, pero ello no significa que haya atención de calidad ni con capacidad resolutiva, es decir, que resuelva o atienda plenamente las necesidades en salud”. 
 
Para combatir la MM, el secretario de Salud, Salomón Chertorivski, anunció ayer que una de las acciones que impulsan el gobierno es la verificación que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en hospitales, con el fin de confirmar que cumplen con la normatividad. En lo que va del año se han verificado 227 hospitales, de los cuales 11 fueron suspendidos.
 
Al respecto, Daniela Díaz señaló que “toda supervisión es bienvenida”, pero es urgente atender “la deficiente situación de la infraestructura sanitaria” debido a que es mayor la demanda que la oferta de servicios de salud. 
 
Y es que el país sólo cuenta con 0.63 camas por cada mil habitantes sin seguridad social. La situación empeora en las regiones marginadas, donde apenas cuentan con 0.1 camas por el mismo número de habitantes. 
 
Otro problema, refirió, es que el primer nivel de atención médica (como los centros de salud) está subutilizado, “prácticamente ni atiende partos normales, ni tiene la capacidad de estabilizar emergencias obstétricas”. Por eso, concluyó, los hospitales (segundo nivel de atención) “están saturados de atención de partos, independientemente de si son de alto riesgo o no”.  
 
11/GCJ/RMB

Recorte de 64 por ciento a montos para salud reproductiva

Calderón propone pasar de 1.4 mil mdp a sólo 497 mdp 
 

Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

México, DF, 5 oct 11 (CIMAC).- La Coalición por la Salud de las Mujeres, conformada por organizaciones de la sociedad civil, llamó a la Cámara de Diputados a que amplíe el presupuesto destinado a la Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, ya que el proyecto presupuestal del Ejecutivo federal reduce en 64.47 por ciento el recurso etiquetado para 2012. 
 
Daniela Díaz Echeverría, integrante de Fundar Centro de Análisis e Investigación, señaló a Cimacnoticias que para 2011 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de mil 401 millones de pesos (mdp), y este año el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2012 propone que se destinen sólo 497 mdp. 
 
Díaz consideró que éste es un “presupuesto regresivo porque no se designa para avanzar, sino para apenas sostener algunas acciones”.
 
De aprobarse el recorte a los fondos del programa Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud –contemplado en el Anexo 10 denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres–, se afectarían los programas de planificación familiar, la atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, advirtió la activista. 
 
En este escenario, la Coalición por la Salud de las Mujeres propone que al presupuesto destinado a este programa se aumenten 150 mdp para planificación familiar, y 50 mdp para la partida de salud sexual y reproductiva de adolescentes. 
 
Es preciso que se apruebe este incremento para que la Secretaría de Salud (Ss) federal y las secretarías estatales garanticen la oferta “amplia y oportuna” de métodos anticonceptivos para la población en general, y en particular para las mujeres que desean espaciar un siguiente embarazo, así como para las adolescentes que quieren postergar su maternidad. 
 
De igual modo, Daniela Díaz indicó que en el PPEF hubo un recorte de 21.56 por ciento al programa Reducción de la mortalidad materna, ya que para el ejercicio 2011 la Cámara de Diputados aprobó 308 mdp y para 2012 se proponen 242 mdp. 
 
La disminución en este rubro es “alarmante” porque con el presupuesto anterior atendieron 10 estados del país. Y ahora con menos recursos asignados pretenden abarcar las 32 entidades federativas, explicó la integrante de Fundar.    
 
La Coalición propone que al presupuesto estipulado en el PPEF 2012 se aumenten 115 mdp para que el programa se lleve a cabo en todo el país. 
 
Otro programa al que le redujeron presupuesto es el de Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS en mujeres; su disminución es de 32.61 por ciento. De aprobarse pasaría de 97 a 65 mdp. 
 
La propuesta de la Coalición es que se incrementen 4.2 mdp para capacitar a personal de salud y monitorear la identificación de víctimas de violencia antes y después de que ellas se realicen la prueba del virus. Además, ese recurso deberá asegurar que las mujeres seropositivas tengan acceso a métodos de control natal para evitar embarazos no deseados. 
 
Díaz refirió que es “imprescindible” que el gasto del Anexo 10 sea “progresivo e irreductible”, para incorporar nuevas estrategias que mejoren las condiciones de salud de mujeres y niñas. 
 
La activista llamó a la Cámara para que incremente los montos, ya que el recorte “debilita” el Anexo 10 y con ello el derecho a la salud de las mujeres, sobre todo las adolescentes y quienes están en situación de pobreza.
 
Además de la ampliación de recursos, Díaz mencionó que la Coalición considera que para avanzar en el respeto al derecho a la salud es preciso que la Ss mejore la evaluación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) –mejor conocido como Seguro Popular–, y cuyos resultados deben darse a conocer. 
 
Para mejorar la operación del SPSS, la experta apuntó que al menos el 20 por ciento de sus recursos debe asignarse a acciones de prevención, y para detectar “oportunamente” enfermedades contenidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
 
Destacó que los estados deben informar a la Ss sobre la aplicación de los recursos federales transferidos, mientras que las instituciones locales y la Federación deben hacer lo propio en sus páginas web. 
 
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