La desaparición forzada es un crimen cada vez más común en los estados del norte
CIMAC Noticias
Washington D. C., 28 de marzo del 2011. El exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Torreón (Coahuila) admite ante una periodista que cuando “agarra” a un miembro del cartel de los Zetas lo mata. La reportera le replica: “Nomás Dios debe decidir quién debe morir y quién debe vivir”. El funcionario responde: “Pues sí, pero hay que darle una ayudadita”. Con este testimonio grabado del general Carlos Bibiano Villa Castillo abrió la audiencia sobre seguridad ciudadana en México, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D. C., Estados Unidos.
La llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha mantenido México contra el crimen organizado durante los últimos años ha sido infructuosa y ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Esta fue la denuncia que organizaciones de la sociedad civil expresaron ante la CIDH.
El Estado mexicano ha implementado “operativos conjuntos” militarizados de seguridad, en los que interviene el Ejército, la Policía Federal y las policías locales en actividades de vigilancia, patrullaje e investigación, principalmente en los estados fronterizos del norte. La tasa de homicidios se ha incrementado exponencialmente en todas estas demarcaciones.
Mariclaire Acosta, miembro de los consejos directivos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de CEJIL, afirmó que la estrategia estatal no ha reducido el crimen ni la impunidad y, por el contrario, ha minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“El incremento de la violencia y las actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y -sobre todo- el asesinato, se dispara en donde está la presencia armada del Estado”, afirmó Acosta.
En este sentido, Stephanie Brewer, del Centro PRODH, agregó que la militarización de la seguridad amenaza las garantías ciudadanas pues “los agentes estatales se sienten en total libertad para violar los derechos humanos con impunidad”. Este es el motivo por el cual han aumentado las detenciones arbitrarias, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos.
La situación también compromete el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, como lo expresaron Diana Morales, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (de Ciudad Juárez), y Gabino Gómez, del Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. El hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de activistas se han incrementado en estas zonas en conflicto sin que el Estado pueda ofrecer una protección adecuada. Durante la audiencia se expusieron ejemplos dramáticos sucedidos en Chihuahua, los cuales evidencian una tendencia de recrudecimiento en el peligro que corren los defensores y defensoras.
Durante la audiencia, los comisionados de la CIDH expresaron un especial interés por el problema de la desaparición forzada en México. Según Carlos Zazueta, abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), en los estados del norte de México son frecuentes las desapariciones perpetradas incluso por los propios agentes del Estado. Ante las denuncias, Zazueta afirmó que las autoridades judiciales simulan pesquisas o simplemente no las hacen. Por ello, denunció el subregistro por el miedo a la denuncia, y expresó su preocupación por la inadecuada o faltante tipificación del delito de desaparición forzada, así como por la ausencia de un recurso adecuado para encontrar a personas desaparecidas.
Por su parte, la delegación del Estado mexicano justificó sin sustento la política de seguridad implementada durante la administración del Presidente Felipe Calderón. Entre otros, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, justificó la estrategia de seguridad y afirmó que, gracias a las acciones derivadas de ella, se ha logrado detener la expansión de la actividad criminal a otras zonas del país. No obstante, la representación mexicana no se refirió al tema del incremento en los crímenes de violencia en los estados del norte ni a los hechos concretos presentados por las organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones peticionarias concluyeron su exposición instando a la CIDH para que exhorte al Estado a asumir las recomendaciones planteadas en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (publicado en el 2009) como el camino a seguir para garantizar una seguridad real de la ciudadanía ante el problema de la violencia en México. Asimismo le solicitaron a la Comisión que realice una visita in situ para que compruebe la situación de los derechos humanos en México y que emita posteriormente recomendaciones precisas al Estado para solventar las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo.
La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico agrava la situación de los Derechos Humanos (DH) en México, toda vez que van en aumento las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, denunciaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las agrupaciones defensoras de los DH advirtieron que políticas de seguridad como los operativos militarizados recrudecen las amenazas contra activistas humanitarios en nuestro país.
En la audiencia temática “Seguridad ciudadana y Derechos Humanos en México”, que ayer se realizó en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, 18 organizaciones con sede en México y una internacional señalaron que Chihuahua –entidad que en 2010 registró 15 mil 273 homicidios– es un ejemplo claro de las violaciones a los DH que ocurren en todo el país.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Justicia Para Nuestras Hijas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras agrupaciones, acusaron que los estragos de la “guerra contra el narcotráfico” van en aumento.
La directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, Alejandra Nuño, explicó que durante la audiencia las organizaciones peticionarias se centraron en la violencia en general; sin embargo puntualizaron que los homicidios y amenazas contra defensoras en Ciudad Juárez siguen en la impunidad.
En los últimos 15 meses, tres defensoras de DH fueron asesinadas en la entidad fronteriza: Josefina Reyes, el 3 de enero de 2010; Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del mismo año; y Susana Chávez, el 6 de enero de 2011. Otras tres defensoras se vieron obligadas a abandonar Chihuahua para salvaguardar su integridad.
Ante el hostigamiento y las constantes amenazas de muerte, las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz y María Luisa García, abandonaron su hogar a principios de este mes de marzo. La activista chihuahuense Cipriana Jurado está en espera de respuesta a su solicitud de asilo político en EU.
Alejandra Nuño destacó que la audiencia ante la CIDH sirvió para evidenciar la drástica situación que se vive en México, la impunidad y el fracaso de los operativos conjuntos contra el narcotráfico implementados desde 2006, toda vez que sólo aumentaron la tasa de homicidios, lo cual “es preocupante”, observó.
En su turno, la delegación mexicana defendió ante la CIDH la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.
La representación gubernamental estuvo integrada por Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Monte Alejandro Rubido García, subsecretario de Seguridad Pública, y Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los representantes del Estado mexicano aseguraron que las estrategias de seguridad van en el camino correcto ya que –argumentaron– existía la necesidad urgente de actuar rápido para contener la expansión de la actividad criminal. “La delincuencia y la violencia motivan una respuesta por parte del Estado”, aseguró Rubido García.
Zamora Castro aseguró que las políticas anticrimen respetan los DH y que la lucha contra el narco es integral porque además de los operativos conjuntos, también se han implementado “políticas de prevención del delito y reconstrucción del tejido social”.
Alejandra Nuño consideró que la respuesta de la delegación mexicana fue preocupante porque demostró una actitud “cerrada” en el tema de seguridad, lo que demuestra que la administración de Felipe Calderón no tiene la intención de evaluar el uso del Ejército o la voluntad de desaparecer la figura del arraigo.
La abogada destacó que estas líneas de acción están lejos de combatir a la delincuencia y al mismo tiempo garantizar los DH, por ello solicitaron al Estado mexicano que asuma los mandatos de la CIDH como guía para armonizar la legislación en materia de seguridad y justicia y superar las inconsistencias del actual marco normativo.
En la audiencia, Mariclaire Acosta, miembro del consejo directivo de Cejil, urgió al Estado mexicano a realizar los cambios estructurales necesarios para terminar con las detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y otras violaciones cometidas en el contexto de la guerra contra el narco.
Asimismo, solicitó a los representantes de la CIDH que visiten México, constaten la situación de los DH y pidan cuentas al Estado de cómo está cumpliendo con las recomendaciones que este organismo de la Organización de Estados Americanos hizo en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, presentado en nuestro país en 2010.
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