La Historia de esos días

La Historia de esos días

La historia de esos días

28 de mayo de 2011

Despenalizar el aborto en todo el país, exigen feministas a Secretario de Salud

Respeto a causales vigentes en legislación
 
Por Gladis Torres Ruiz 
 
México, DF, 27 may 11 (CIMAC).- El Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigió al Secretario de Salud (Ss), José Ángel Córdova Villalobos despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en todo el país, y respetar las causales vigentes en la legislación mexicana. 
En una manifestación frente a la Secretaría de Salud federal (Ss) para conmemorar el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en voz de Martha Juárez, integrante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, las activistas exigieron  que se despenalice el aborto hasta las 12 semanas de gestación en todo el país, ya que hasta el momento solamente en el Distrito Federal se ha despenalizado. 
Mientras, recordaron, 17 entidades federativas reformaron sus constituciones locales para proteger la vida “desde el momento de la concepción” criminalizando a las mujeres por el simple hecho de decidir sobre su cuerpo. 
Demandaron una política pública de salud, congruente con los derechos sexuales y reproductivos, respeto al derecho a decidir sobre la maternidad y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad. 
Respecto a las causales por las que el aborto se permite en la legislación mexicana, las activistas recordaron que en las 32 entidades se permite por violación, por peligro de muerte en 29; por aborto imprudencial y culposo en 30; por malformaciones genéticas o congénitas en 14; y cuando está en riesgo la salud de la mujer, en 11. 
Las activistas dijeron durante su discurso: “Señor Córdoba Villalobos y secretarios de salud de los estados: venimos a recordarles que ustedes son los responsables de que las políticas públicas y la legalidad se respete en las instancias de salud, son responsables por cada mujer que muere en la inseguridad de un aborto mal practicado y por cada mujer que termina presa cuando busca atención medica”. 
Agregaron que la Ss debe cumplir con el compromiso de garantizar a las mexicanas el derecho a la salud, en un marco de respeto, sensibilidad y con calidad; sin embargo advirtieron, nada de esto se logrará mientras no se cumpla con los programas, normas  y las políticas que hasta hoy sólo existen en el papel. 
Las manifestantes que realizaron un performance, reiteraron su exigencia, afirmando: “las mexicanas merecemos que el personal médico que nos atiende además de estar capacitado éste sensibilizado desde un enfoque de género en derechos reproductivos y atención contra la violencia”. 
En este sentido también exigieron el cumplimiento cabal en toda la República mexicana de la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (NOM-046); para que todas las mujeres víctimas de violación que resulten embrazadas, puedan acceder, si a sí lo desean, a la interrupción legal del embarazo. 
Afirmaron que tanto la Ss federal como las estatales tienen muchas deudas con las mujeres sobre todo con las más pobres y las que enfrentan condiciones de marginalidad como las indígenas y las jóvenes.
Las activistas integraron un Comité para entrar y dejar un documento con sus peticiones al Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, sin embargo no fueron recibidas. 
Anunciaron que publicarán sus demandas en los medios nacionales para que el Secretario se dé por enterado, toda vez que ningún funcionario de la institución que preside quiso recibirlas. 
El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres fue adoptado en la reunión de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica en mayo de 1987.  
El propósito: reafirmar el derecho a la salud integral como un derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo a través de todo su ciclo de vida. 
El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, está integrado por cerca de 170 mujeres de la política, la academia y feministas, junto con 35 organizaciones de 19 estados del país y 55 organizaciones del Distrito Federal. 
Sus demandas son libertad inmediata a las mujeres que se encuentran presas en diferentes estados de la república por abortar; despenalizar el aborto en todo el país y garantizar su acceso a todas las mujeres. Garantizar el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria y el respeto al Estado laico. 

11/GTR/LGL

Exigen erradicación del trabajo infantil en México



17 por ciento de niñas y niños laboran en el sector doméstico
 
Por la Redacción 
 

México, DF, 27 may 11 (CIMAC).- Es urgente que México implemente políticas públicas que permitan erradicar el trabajo infantil, toda vez que de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2009, el 47 por ciento de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en el país lo hacen para contribuir económicamente en el hogar. 
En un comunicado, la organización Incide Social y el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos señalaron que la crisis económica del país ha lanzado a niñas, niños y adolescentes al mercado laboral, y advirtieron que esto tendrá consecuencias terribles para la infancia, así como la perpetuación de la pobreza. 
La infancia en esta situación no goza plenamente de sus Derechos Humanos (DH) y sus oportunidades para desarrollarse se ven limitadas, generando deserción e inasistencia escolar, lo que afecta más a las niñas. 
Las organizaciones precisaron que el 17 por ciento de las y los menores de edad trabajadores lo hacen en el área doméstica y el 16 por ciento en el sector agropecuario. De este universo, el 95 por ciento no recibió ningún tipo de apoyo, mientras que cerca del 40 por ciento que sí estudia, recibió alguna beca, programa de gobierno o apoyo familiar. 
Consideraron urgente que el Estado mexicano homologue la legislación nacional con los instrumentos internacionales para erradicar el trabajo infantil en el país. Se deben desarrollar políticas públicas que erradiquen efectivamente este fenómeno y que eleven la edad mínima para poder trabajar de 14 a 16 años.  
Asimismo, se debe sancionar a las y los empleadores que violen los DH de este vulnerable grupo, ya que la infancia es la etapa en la que se desarrollan las capacidades de las personas. 
La organización Save the Children señala en su informe “Esclavos puertas adentro: Las peores formas de trabajo infantil doméstico”, que en lo que se refiere a trabajo infantil, la cuestión de género es especialmente evidente, ya que las niñas comienzan a trabajar a una edad más temprana, desarrollando las tareas del hogar como una extensión de su desarrollo como personas.  
En muchos países, “el trabajo doméstico es visto por los padres como una preparación para el matrimonio, por lo que esta actividad, al contrario que la mayoría de las demás formas de trabajo infantil se considera beneficiosa y una alternativa válida a la escolarización”.  
“Normalmente las y los menores de edad empleados en el servicio doméstico suelen provenir de familias pobres. Las edades varían entre los seis y 17 años y la mayoría son niñas”, dice Save the Children.  
Para el caso de México, las organizaciones afirmaron que en el país 30 por ciento de la población infantil que trabaja se encuentra entre los cinco y 13 años, lo que significa que no han cumplido la edad mínima para trabajar que señalan los instrumentos internacionales, la Constitución y la Ley Federal Trabajo.  
“Los datos claramente muestran la necesidad de mejorar las políticas y programas públicos para abolir el trabajo infantil en México”, advirtieron. 
Recordaron que el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata, ratificado por México en el 2000, establece que cada país deberá determinar a través de la legislación o autoridades competentes, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, las formas de trabajo que dañen la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas y los niños.  
A pesar de ello, en México el 36 por ciento de la población infantil a nivel nacional trabaja más de 35 horas a la semana. El 14 por ciento de 14 y 15 años se encuentra expuesto a actividades irregulares, mientras que cerca del 12 por ciento desempeña trabajos que se consideran peligrosos e insalubres.  
Además que de las y los niños que trabajan entre cinco y 13 años, el 3 por ciento se encuentra desempeñando labores irregulares y cerca de otro 3 por ciento desempeña trabajos peligrosos e insalubres.   


11/GTR/RMB/LGL

26 de mayo de 2011

El Estado mexicano en deuda con la salud de las mujeres


En el marco del 28 de mayo, Día internacional de acción por la salud de las mujeres, la Coalición por la Salud de las Mujeres afirma que el Estado mexicano tiene retos y una deuda con la salud de las mujeres, pues si bien existen avances aún hay mujeres que mueren por causas maternas prevenibles o se les viola su derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número de hijas e hijos que quieren tener.  
No obstante que el Programa Nacional de Salud 2007-2012, de la Secretaría de Salud, señala que la mortalidad materna (MM) es un problema evitable al existir los conocimientos médicos y culturales para su atención, en 2009 en nuestro país hubo mil 207 mujeres fallecidas por causas maternas, de las cuales 33.1 por ciento contaba con Seguro Popular, según el Observatorio de Mortalidad Materna. 
De estas 1 207 MM, 21.5 por ciento murió por enfermedades hipertensivas del embarazo y 33.1 por causas obstétricas indirectas, 88.9 por ciento contó con asistencia médica y en 96.9 por ciento de los casos el certificado lo otorgó un médico. 
Los estados con mayor número de MM son el Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Baja California, en conjunto estas entidades federativas suman 65.8 por ciento de las defunciones registradas por esta causa. 
Los que presentan una Razón de  Muerte Materna (RMM),  defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados, mayor a la nacional de 62.2 son: Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Baja California, San Luis Potosí, México, Querétaro. 
Es importante destacar que de 1990 a 2008 se registraron 24, 872 MM (25, 150 si contamos las muertes maternas tardías).  De éstas, aproximadamente, 13 por ciento tenían entre 15 y 19 años, lo que significa 3,300 MM de adolescentes, ubicado la MM en la cuarta causa más frecuente de muertes en adolescentes con 5.64 por ciento, sólo después de los accidentes de tránsito, suicidios y homicidios (INEGI 2009). Es de resaltar que todas son causas violentas. 
Datos de la Secretaría de Salud (SAHE 2009) revelan que en el grupo de 10 a 14 años de edad, una de cada 3 hospitalizaciones fue por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, casi 4,800 atenciones por parto único espontáneo y 1,326 por aborto. Para el grupo de 15 a 19 años, casi nueve de cada 10 hospitalizaciones en adolescentes, fue por razones ligadas a embarazo, parto, puerperio y aborto, casi 163 mil atenciones por parto y 28, 212 por aborto. 
Por otro lado, ONUSIDA estima que en 2009 sólo entre 3 y 9 por ciento de las mexicanas embarazadas con VIH accedieron al tratamiento antirretroviral que les permite prevenir la transmisión perinatal del virus. 
Pese a que en México alrededor de 28 por ciento de las personas con VIH son mujeres, la respuesta del Estado es que no las ha integrado, lo que revela una falta de perspectiva de género en las acciones de prevención y atención relacionadas con este virus y la necesidad de poner atención en crear ambientes propicios para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres libres de violencia de género. 
La Coalición pide que el Estado mexicano cumpla con los compromisos internacionales que establecen atención y calidad en la salud de las mujeres para que se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, se atienda la problemática de mortalidad materna y se aplique la perspectiva de género en las acciones de prevención y atención relacionadas con el VIH/SIDA. 
En 2010, por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación se estableció un programa presupuestario dirigido a la mortalidad materna (P018 Reducción de mortalidad materna), al que se le asignaron 259 millones 493 mil 301 pesos, recurso dirigido mayormente a capacitar en atención obstétrica de emergencia al personal de salud de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz, los cuales concentran 62 por ciento de la MM en el país.[1] 
Pese a la obligación gubernamental de rendir cuentas, a través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, no se ejercieron 66 millones 59 mil 890 pesos, es decir que únicamente se aplicaron 193 millones 433 mil 411 pesos sin que se explicara en qué, ni por qué se dejaron de ejercer esos recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados. 
Para 2011, la Secretaría de Salud ha proyectado que morirán mil 126 mujeres por MM y para este año nuevamente se etiquetó presupuesto para el programa presupuestario P018 Reducción de mortalidad materna, la cantidad: 298 millones 494 mil 664 pesos. 
Ante este panorama, la Coalición por la Salud de las Mujeres, integrada por nueve organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, exige al gobierno que atienda de fondo los problemas en salud de las mujeres y garantice sus derechos humanos.

La Coalición por la Salud de las Mujeres
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; IPAS-México; K’inal Antzetik Guerrero y DF; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Mexfam; Salud Integral para la Mujer, SIPAM; Balance; y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).


25 de mayo de 2011

El costo de la impunidad

Por Lucía Lagunes Huerta*


México, DF, 24 may 11 (CIMAC).- A dos meses de que se cumplan los tres años de que CIMAC fuera allanada, nuevamente nuestras instalaciones son violentadas, tratando de hacer daño a quienes construimos todos los días un periodismo que da voz a las mujeres y niñas para exigir sus derechos, defiende la libertad de expresión y el trabajo de las defensoras de Derechos Humanos.
Hace casi tres años nos vimos envueltas en la estadística de agresiones contra medios de comunicación y defensoras de Derechos Humanos.
Iniciamos entonces la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1195/08-07, las primeras investigaciones se hicieron y luego nada, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) decidió tres meses después archivar el expediente y enviarlo al no ejercicio de la acción penal ante falta de un sospechoso y elementos para la investigación, todo ello sin informarnos.
Con esta decisión se mandó la agresión contra CIMAC a las estadísticas de la impunidad. Esta decisión dejó en la vulnerabilidad a nuestro medio. Se sabe que la impunidad tiene un costo, la puerta abierta para que vuelva a ocurrir otra agresión, el precio de la impunidad lo pagamos las víctimas.
Por eso nuevamente CIMAC está enfrentando una nueva agresión, pese a las exigencias internacionales y nacionales para aclarar los hechos, estos nunca fueron esclarecidos, hoy nuevamente exigimos que la PGJDF haga su trabajo y resuelva esta nueva agresión, la cual quedó registrada este lunes en la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/00948/11-05.
Ayer por la mañana nos dimos cuenta de la violencia contra nuestra instalaciones, nuevamente las chapas fueron botadas, la violencia fue tal que arrancaron de su marco una de las puertas, nuestros documentos tirados al piso, cajones, archiveros, bodegas, centro de documentación… todo fue revisado.
El cable del internet fue cortado, equipo de cómputo de la administración, de la redacción, de redes, de TVCimac  junto con su cámara fueron robados.
Nuevamente la indignación llena nuestra casa, somos un medio de comunicación nacido de una organización civil. Nuestro trabajo de 23 años ha dado seguimiento al feminicidio en Juárez  y en el país, hemos dado seguimiento a la violación de mujeres por parte de militares, la lucha feminista contra quienes penalizan el aborto e intentan derribar los avances ganados.
Todo con el esfuerzo cotidiano de quienes construimos CIMAC día a día, con las periodistas de los estados que nos acompañan a través de la Red Nacional, y las periodistas de otras partes del mundo a través de distintas Redes.
La impunidad implica un alto precio para quienes somos violentadas, por eso exigimos a la Procuraduría capitalina no cometer el mismo agravio que hace tres años, queremos saber quién violentó nuestra casa, quién nos quitó nuestras herramientas de trabajo y el móvil de esta agresión.
Queremos justicia efectiva y expedita. Ya basta de impunidad.

* Directora general de CIMAC A.C.


11/LL/RMB

22 de mayo de 2011

Centros de Justicia inician operaciones en 60 días

Avance contra feminicidio en Chihuahua: activistas

Por Gladis Torres Ruiz 
 

México, DF, 19 may 11 (CIMAC).- Los Centros de Justicia para Mujeres en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se prevé se concentren servicios de instancias de gobierno y civiles que atiendan de manera coordinada y en un mismo lugar a víctimas de violencia, estarán funcionando en su totalidad dentro de dos meses. 
En el estado de Chihuahua, el 2010 ha sido el año más violento para las mujeres en la entidad. Fueron asesinadas 446, 271 de ellas en Ciudad Juárez. Cada 29 horas una mujer fue ultimada en la entidad, según información de las organizaciones civiles Justicia para Nuestras Hijas y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. 
En entrevista con Cimacnoticias, Norma Ledesma Ortega, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, precisó que en el caso de Chihuahua el Centro de Justicia ­inaugurado el pasado 8 de marzo­ ya opera pero no en su totalidad, toda vez que se está capacitando a operadores de justicia en perspectiva de género. 
La activista consideró que en un mes el Centro estará funcionando por completo. Informó que se atenderán casos de trata de personas, delitos sexuales, violencia familiar, desapariciones y asesinatos dolosos de mujeres de la zona centro del estado. 
Precisó que hasta el momento se analizan 20 expedientes de mujeres desaparecidas y que a este lugar se trasladarán todos los casos de diferentes tipos de violencia de género de los que ya exista denuncia y se recibirán casos nuevos. 
Sobre el Centro de Justicia de Ciudad Juárez, Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, dijo que el inmueble que lo albergará estará terminado en agosto próximo y confió en que este mismo mes sea inaugurado, sin embargo ­reconoció­ no está claro cuándo podría empezar a operar.
Las organizaciones civiles de la entidad han solicitado que el personal del Centro de Justicia sea perfectamente capacitado para atender los casos con una mirada de protección de los Derechos Humanos (DH) de las víctimas.
Marrufo precisó que las agrupaciones han solicitado a la Secretaría de Gobierno de Chihuahua que el Centro lleve el nombre de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada en diciembre de 2010 cuando buscaba justicia para su hija (también victimada) y por que su caso, como el de la mayoría de las mujeres, sigue en la impunidad. 
“También planteamos que exista un mecanismo en el que participemos las organizaciones para verificar el buen funcionamiento del Centro de Justicia”, abundó.  
Respecto a la participación de las organizaciones en el Centro, la activista señaló que el modelo original prevé que la ciudadanía tenga un espacio en el lugar. “Estamos por definir las acciones y servicios que realizaremos dentro del lugar”, apuntó. 
Marrufo Nava recordó que la creación de estos Centros de Justicia responde a una exigencia que las organizaciones de mujeres del estado han realizando desde hace más de cuatro años. 
Para el estado de Chihuahua “la propuesta la realizamos de manera conjunta el Instituto de las Mujeres de Chihuahua y las organizaciones, por considerar que es lo mínimo que se puede hacer para prevenir este flagelo”.  
Para Juárez, la propuesta se hizo a María Sofía Castro Romero, ex titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaria de Gobernación (Segob). 
Es hasta ahora, dijo, que la nueva titular de la Conavim, Laura Carrera Lugo, aceptó la propuesta para retomar el modelo de casas que ha sido replicado en más de 60 ciudades de Estados Unidos, Canadá y el mundo entero.






































 

11/GTR/RMB/LGL

Encarcelan a director de internado en Chiapas que violó a 2 niñas

Decenas de menores de edad también serían víctimas: OSC  
Por Patricia Chandomí, corresponsal
 
Tuxtla Gutiérrez, 19 may 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles en Chiapas manifestaron su preocupación por la salud de las y los menores de edad del Centro de Integración Social número 30 “Xicoténcatl”, en San Cristóbal de Las Casas, tras la denuncia contra el director de ese internado público, Manuel Gutiérrez Gómez, acusado de la violación sexual de dos niñas. 
El pasado 13 de mayo, Gutiérrez Gómez fue detenido y está recluido en el Centro para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”.
Las familias de las menores de edad también interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, por lo que la dependencia ya inició una investigación del caso.  
Decenas de agrupaciones humanitarias del estado, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y Desarrollo Educativo Sueniños, advirtieron que de acuerdo con testimonios de niños y niñas del Centro desde “hace años” han sufrido abusos sexuales del director, el subdirector, Marcos Ruiz Gómez, y otros profesores del internado. 
Los organismos civiles informaron que las 170 niñas y niños del plantel han sido amenazados por autoridades escolares e incluso por miembros del Comité de Padres de Familia, para que “ya no denuncien o de lo contrario, se atengan a las consecuencias”.  
Por el momento, las y los niños del Centro están bajo la vigilancia del supervisor Manuel Gómez Sánchez. 
Las organizaciones de Derechos Humanos (DH) advirtieron que “lejos de coadyuvar a esclarecer los hechos”, el subdirector Marcos Ruiz Gómez y los demás docentes amenazan a las y los internos con expulsarlos del plantel, interrumpir sus estudios, retener sus certificados y agredirlos a ellos y a sus familiares. 
El Centro de Integración Social número 30 alberga a niños y niñas indígenas de 15 municipios del estado, incluyendo San Cristóbal de las Casas. Muchos de ellos son huérfanos.  
Los grupos civiles exigieron que con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes estatales para la Protección a Víctimas del Delito y para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se investiguen los hechos y se castigue a los responsables por acción y omisión sobre lo ocurrido en el Centro “Xicoténcatl”. 
Demandaron que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad personal de las niñas, niños alumnos de la escuela; exigieron la destitución de los directivos del plantel y la separación del personal docente de sus actividades mientras se investiga lo sucedido, como una medida para restablecer la seguridad y protección de los derechos de todas y todos los estudiantes de la escuela.  












































17 de mayo de 2011

La primera de la familia en no querer ser mamá

Laura decidió con su pareja no tener hijos 
Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 17 may 11 (CIMAC).- “Cuando me casé, sentía que era muy violento decir que no quería tener hijos, al principio mi esposo y yo decidimos que esperaríamos un tiempo. Y después acordamos que sería definitivo (no tenerlos). Fue una decisión difícil”, relata Laura, de 35 años de edad.   
“Los primeros dos o tres años de mi matrimonio sufrí mucha presión de mi familia y social: me decían que estaba a buen tiempo de embarazarme. Llegué a pensar que era inevitable, que en cualquier momento iba a estar con un bebé y eso me iba a privar de las cosas que me gustaban de mi vida”, confía la mujer, dedicada a la venta de automóviles.   
Originaria de Lerma, Estado de México, Laura argumenta: “lo que ha pasado conmigo es que no he tenido ganas de tener hijos, o por lo menos es lo que me explico a nivel consciente”.  
Ella y su pareja han hablado “poco” al respecto. “Cuando comenzamos a vivir juntos, nuestros empleos apenas nos permitían subsistir y decidimos esperar, luego comenzamos a subir de puesto y a tener más comodidades, pero surgieron otras aspiraciones. Hasta que me di cuenta de que nunca me iban a dar ganas”. 
Pasó el tiempo y tomaron la decisión de no tener hijos, la cual se reafirmó “al ver lo que se espera en un futuro para los niños. Entonces decidí que no, que no iba a tener hijos y él también”. 
Laura es la primera mujer de su familia que tomó esa decisión. Dice sentirse contenta con su determinación.  
Para ella, “la maternidad no me parece atractiva, creo que es una gran responsabilidad y al mismo tiempo una atadura”. 
Por su experiencia de vida, ya que como hija mayor cuidó de sus hermanas, “sé que la preocupación por la vida de otro ser humano no es algo con lo que cargas siempre”. Y esa situación “te limita, eliges un camino pensando en otras personas y no en ti”.  
Cuando Laura tenía 11 años de edad sus padres se separaron y ella y sus dos hermanas se quedaron con su madre. Desde entonces se hizo cargo de Fabiola y Alejandra, de cuatro y seis años de edad, pues su mamá comenzó a trabajar. 
“Las cuide hasta que ellas cumplieron 15 y 17 años, yo tenía 22”, pero “mientras estuve las ayudé en sus tareas, iba a las juntas de padres, les preparaba de comer, las llevaba a la escuela, jugaba con ellas, las regañaba, todo”.  
“Creo que esa experiencia me marcó; siento que viví una especie de maternidad temprana y forzada”, señala. 
Laura tiene gratos y duros recuerdos de la crianza de sus hermanas. “Estar a cargo de las niñas me permitió disfrutarlas mucho, pero también sufrí cosas que no me tocaban. Viví momentos de mucha angustia; recuerdo una vez que se me perdieron en un mercado y cuando la más chiquita se me cayó de las escaleras fue terrible, porque yo apenas tenía 14 ó 15 años de edad, era demasiado para mí”, relata.  
“Tal vez mi historia tenga que ver con que no se me antoje tener hijos y prefiera una vida distinta, no porque sea mejor o peor a la que viven las mamás, sino porque es la que yo quiero”, concluye.
11/GCJ/RMB/LGL

Ningún pacto hasta que se proteja a las mujeres: OSC

Rechazan diálogo con gobiernos federal y de Chihuahua
 
Por Gladis Torres Ruiz 
 

México, DF, 17 may 11 (CIMAC).- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Ciudad Juárez insistieron que en la firma del Pacto por la Paz, programada para el próximo 10 de junio en la localidad fronteriza, no deben participar los gobiernos federal y estatal, ya que no se puede acordar nada con los que no protegen la vida de las y los ciudadanos.
“Nos oponemos a todo diálogo con el gobierno en Ciudad Juárez, en Morelos, o en cualquier punto del país, en tanto no existan garantías para el mismo, y los militares continúen en las calles”, dijeron en un comunicado el Centro de Pastoral Obrera y el Frente Plural Ciudadano, el cual aglutina a diversas agrupaciones civiles de esa ciudad, entre ellas Nuestras Hijas de Regreso a Casa. 
Les pedimos escuchar, comprender y acoger el clamor y la realidad de una ciudad que ha vivido la injusticia sistemática del feminicidio, la desaparición de mujeres y una justicia aún pendiente, advirtieron. 
Las OSC afirmaron: “nuestra experiencia propia y la historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta”. 
Citaron como ejemplo el caso de Chiapas y los acuerdos de San Andrés que aun pactados fueron incumplidos. Agregaron que la misma suerte ha seguido la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CoIDH) por el feminicidio en Campo Algodonero, la cual, a pesar de su peso moral y la obligación de México como parte de la comunidad internacional, no se ha cumplido. 
A ello se suma el reciente y  rotundo fracaso de los 100 puntos y 100 días del programa federal “Todos Somos Juárez”, y agregaron que a pesar del Operativo Conjunto Chihuahua y la Operación Coordinada Chihuahua los asesinatos continúan y quedan impunes.  
En entrevista con Cimacnoticias, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), consideró que el Pacto que surgió de la Marcha Nacional por la Justicia con Paz y Dignidad –que culminó el pasado 8 de mayo con un mitin en la Ciudad de México– debe realizarse sólo entre la sociedad civil. 
“No podemos hacer más pactos con el gobierno, el Presidente ya vino a firmar el Plan Juárez en 2010. ¿Para qué vamos a firmar otro cuando no se ha cumplido? No es lo conveniente. No tiene sentido”, afirmó la activista. Y agregó que es el gobierno quien debe dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía.  
Con todo, las OSC se solidarizaron con la iniciativa del poeta y columnista Javier Sicilia, ya que su dolor personal dio dimensión social y nacional de los asesinatos de todos y todas las hijas, madres, padres, hermanas, hermanas, amigas y amigos, quienes son víctimas de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. 
Las organizaciones agradecieron que la comunidad nacional vuelva su rostro a Juárez y que la firma de un pacto se realice en su ciudad, toda vez que coinciden en los seis puntos que propone el pacto, entre ellos, verdad y justicia, poner fin a la estrategia de guerra, combatir la corrupción y la impunidad, atención de emergencia a la juventud, y acciones efectivas de recuperación del tejido social. 
Expresaron su rechazo rotundo a la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que establecería legamente la militarización del país. Apuntaron que la desmilitarización del país es una exigencia que no tiene margen de negociación, toda vez que de eso depende el alto a la sangre que se derrama a diario en cada calle y ciudad del país. 
Finalmente invitaron a la ciudadanía a unirse, dialogar y reforzar el gran Movimiento Ciudadano Nacional, para “seguir exigiendo justicia con paz, dignidad, trabajo, y un alto a la sangre, con la exigencia de  la acción inmediata de un gobierno que trabaje para las y los gobernados y si no puede, que renuncie”. 
11/GTR/RMB/LGL

13 de mayo de 2011

Cero tolerancia a violencia contra mujeres exigen feministas a gobernador oaxaqueño

 Condenan hechos de San Juan Cotzocón 
Por Patricia Briseño, corresponsal
 

Oaxaca,  (CIMAC).- Organizaciones civiles, feministas, y académicas, condenaron la violencia de género y discriminación contra tres mujeres dirigentes de la agencia de Emiliano Zapata, municipio de San Juan Cotzocón, luego de que el profesor Melchor Guzmán Cruz ordenó a los habitantes de esa comunidad desnudar y encarcelar a la tesorera Evitelia Pacheco Ramírez.
En entrevistas por separado, defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, que cumpla con los compromisos internacionales a favor de la población femenina y que informe sobre la política de Estado que impulsará para detener la ola de violencia feminicida que en seis meses de su gobierno ha dejado ya 26 víctimas. 
Asimismo hicieron un llamado enérgico a las autoridades comunitarias, a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y a las dependencias públicas, para que rechacen la discriminación y la violencia  hacia las mujeres por razones de género y de manera comprometida favorezcan e impulsen  la participación política y comunitaria de las oaxaqueñas como un derecho humano fundamental.
Exigieron justicia y una investigación inmediata y exhaustiva del homicidio de Alma Daysi Martínez, de 14 años de edad, desaparecida y asesinada en el municipio conurbado de Santa Cruz Xoxoctolán, el fin de semana pasado, cuyo cuerpo fue localizado la tarde del martes 10 de mayo en esa misma jurisdicción cercana a esta ciudad.
La fundadora de Consorcio Parlamentario por la Equidad de Género, capitulo Oaxaca, Ana María Hernández,  cuestionó a Cué Monteagudo  “no puede ser omiso ni ignorar las demandas ciudadanas de justicia, a no ser que quiera pasar a la historia como un gobierno cómplice” y demandó mecanismos claros de vigilancia institucional comunitaria y social para que hechos como los antes citados no se repitan.
En tanto, María Eugenia Mata, académica y ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE) se pronunció por revisar las leyes y promover políticas públicas a favor de las mujeres así como trabajar en la aplicación de la justicia, para todo ello, sostuvo, es indispensable el trabajo conjunto del poder legislativo, del Ejecutivo y de la comunidad y la familia.
Margarita Daltón Palomo, doctora y directora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) subrayó que estos hechos ocurren en poblaciones indígenas y no indígenas, porque la violencia de género se encuentra en cualquier parte.
La académica, demandó un gobierno justo, comprometido, que dé certeza en la impartición de la justicia para las mujeres y garantice sus derechos humanos y marque una política de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia.
A través de un comunicado, la red de mujeres mixes,  la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, la Coordinadora de Mujeres Indígenas de Oaxaca y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, exigieron al estado y a sus instituciones, garantizar el derecho a la participación plena de las mujeres indígenas en la vida política, económica social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
11/PB/LGL

Se deben garantizar anticonceptivos para las adolescentes

Insuficientes políticas para evitar embarazos: UNFPA

Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 13 may 11 (CIMAC).- Hasta ahora han sido insuficientes los esfuerzos de las autoridades del país para que las adolescentes elijan cuándo ser madres y el número de hijas e hijos que desean tener, muestra de ello es que son el grupo de edad con la menor reducción en la tasa de fecundidad, señaló Javier Domínguez, oficial del Programa de Salud Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), México.
El especialista indicó a Cimacnoticias que este hecho está asociado con que sólo una de cada 10 mujeres de 15 a 19 años de edad utiliza algún método anticonceptivo cuando inicia su vida sexual, debido a que no tienen oportunidad de acceder a ellos. 
Hace dos décadas, 81.4 por cada 100 mil adolescentes tenía al menos un hijo, en 2008 esta tasa disminuyó a 69.5 por el mismo número de mujeres de 15 a 19 años de edad. 
Domínguez señaló que un número importante de embarazos en adolescentes no era deseado, ni planeado, pero la medición no es confiable debido a que las mujeres son entrevistadas cuando están en los servicios de salud y decidieron continuar con el embarazo. 
Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, el experto refirió que 90 por ciento de las adolescentes mexicanas no utiliza ningún método anticonceptivo, “no porque busquen un embarazo sino porque no tienen acceso a esos métodos”.
Ese dato contrasta con el nivel de conocimiento de dichos métodos, que entre la población adolescente es de 97 por ciento. 
La cobertura de métodos anticonceptivos en esta población es un reto para el país, cuyos esfuerzos en la materia “hasta ahora son insuficientes” para garantizar a las jóvenes el ejercicio de sus derechos reproductivos establecidos en la legislación. 
Las adolescentes son consideradas la población más desprotegida en el ejercicio a estos derechos. Ejemplo de ello es que mientras el 12 por ciento de las mujeres en edad reproductiva que no querían embarazarse no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos, la proporción de adolescentes embarazadas es tres veces más alta. 
La situación se recrudece para las adolescentes que residen en zonas rurales o comunidades indígenas, donde el desconocimiento y desabasto de anticonceptivos es “todavía mayor”, debido a que tienen menor instrucción escolar y deficientes o nulos servicios de salud. 
Ante esta realidad, que imposibilita a las adolescentes a ejercer el derecho constitucional a elegir cuándo y cuántos hijos quieres tener, “México tiene retos muy importantes, como la creación de esquemas que incluyan mecanismos de acceso a métodos anticonceptivos más adecuados para las mujeres más pobres, con menor nivel de educación, y residencia en áreas indígenas rurales”.
De igual modo debe generar programas de educación de la sexualidad a edades más tempranas, que doten a las y los adolescentes de “conocimientos, habilidades y destrezas, que les permitan ejercer sus derechos”.
La atención de esta problemática es una “asignatura pendiente” del país y para solucionarla el Estado “debe seguir invirtiendo recursos, buscando estrategias que permitan llegar a las poblaciones más desprotegidas, así como facilitar acceso a servicios para que ejerzan decisiones reproductivas, pues conocen sobre los métodos pero no tienen a donde acceder para recibirlos”.

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Premian valor periodístico de directora de revista Zeta

 
 IWMF reconoce su cobertura de la violencia 
 
Por la  Redacción
 

México, DF, 13 may 11 (CIMAC).- La Fundación Femenil Internacional de Medios (IWMF, por sus siglas en inglés) otorgó el reconocimiento Valor Periodístico 2011 a la mexicana Adela Navarro Bello, directora general y editorialista del semanario Zeta, por su destacado desempeño en la cobertura informativa de la violencia, corrupción y descontento social en el país.  
Por cumplir con su labor informativa, pese a las amenazas y presiones políticas, esta semana la IWMF también galardonó a las periodistas Parisa Hafezi, encargada de la agencia Reuters en Irán, y a Chiranuch Premchaiporn, directora del periódico en línea Prachatai en Tailandia.  
Liza Gross, directora ejecutiva de la Fundación Femenil, destacó en un comunicado el valor de las periodistas premiadas pues “soportan las pruebas más increíbles para arrojar luz sobre los acontecimientos vitales para las naciones en las que viven”. 
Ellas, abundó, son ejemplo del “papel crucial de la prensa en la sociedad”. Su valentía en el ejercicio periodístico se reconocerá de forma oficial en octubre próximo en Los Ángeles y Nueva York, Estados Unidos.  
La comunicadora mexicana Adela Navarro Bello es un ejemplo de dicho compromiso social. Ella es directora general y columnista de la revista noticiosa Zeta, en Tijuana, Baja California, publicación que reporta la escalada de violencia y la corrupción en esa ciudad fronteriza vinculada al narcotráfico desde 1981.  
Debido a la cobertura periodística de temas, Navarro Bello, de 42 años de edad, ha recibido múltiples amenazas por ejercer su derecho a la libertad de expresión en el país, señaló Liza Gross. 
De acuerdo con el informe “La violencia en México y el Derecho a la Información”, elaborado por Artículo 19 y Cencos, durante 2010 se registraron 155 agresiones contra la libertad de expresión, de éstas 129 fueron en perjuicio de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y en 29 de los casos las víctimas fueron mujeres.  
La violencia contra mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que son amenazas dirigidas en contra de sus familias, o bien, que tienen la clara intención de desacreditar su carácter moral, detallan las organizaciones. 
El año pasado se registraron 12 asesinatos de periodistas, este hecho colocó al país como el más riesgoso de América Latina para desempeñar esta labor, por lo que sólo está detrás de Pakistán, con 15 reporteros muertos a causa de su trabajo, recién informó el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) en su informe Anual Mundial sobre Libertad de Prensa. 
El número de homicidios de periodistas en la región se concentró en México y Honduras, en este último murieron 10 periodistas por motivos ligados a su profesión, cuyos casos han quedado “en total impunidad”, advierte el IPI en el documento.  
Con 31 asesinatos, América Latina representó un tercio de los 92 periodistas que debido a su labor murieron en el mundo durante 2010. La región sólo fue superada por Asia, que registró 35 homicidios o muertes de profesionales de la comunicación, ocasionadas por accidentes ocurridos mientras laboraban. 
 
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Mujeres inician huelga de hambre en Guadalajara


Exigen se les permita vender de nuevo en las calles  
Por Cirenia Celestino Ortega
 
Guadalajara, 13 may 11 (CIMAC).- Siete mujeres comerciantes de la zona del Banquetón en esta ciudad iniciaron una huelga de hambre frente al Palacio Municipal en demanda de que se les permita regresar a sus espacios de trabajo. 
Yolanda Alarcón Ramírez (40 años), Rosalba Meza Díaz (48), María del Rosario Cantú (50), Margarita Domínguez Flores (57), Rosalba Álvarez González (52), Yolanda Rodríguez Venegas (37) y Juan Inés Torres (30), son las manifestantes que esperan ser recibidas por el alcalde Aristóteles Sandoval.  
El pasado mes de abril el gobierno municipal desalojó a las y los comerciantes de la zona del Banquetón por las obras de remodelación en la ciudad jalisciense con motivo de los Juegos Panamericanos a realizarse en octubre próximo.  
Desde el 2 de mayo Mujeres en Resistencia, organización adherida al Frente de Resistencia de Comerciantes del estado de Jalisco (FRCEJ), se ha manifestado contra el desalojo. 
La agrupación acusó al secretario del ayuntamiento, Roberto López Lara, de incumplir acuerdos para resolver el problema y de permitir sólo a las integrantes de la organización priista Mujeres Creativas seguir trabajando. 
Thesabe Medina, líder de Mujeres en Resistencia, aseguró que las autoridades quieren mostrar una Guadalajara que no existe aunque esto signifique dejar sin sustento a cientos de familias que se sostienen de la venta en las calles.  
“Somos gente trabajadora y honesta”, dijo Rosalba Álvarez, quien llevaba más de 40 años en la venta ambulante de artículos religiosos en el Banquetón y fue desalojada.  
Thesabe Medina señaló que la huelga de hambre también es en apoyo a las comerciantes chiapanecas que radican en Guadalajara y a quienes se les había prometido un corredor de venta exclusivo para la población indígena.  
Medina advirtió que no levantarán la huelga de hambre hasta que no se les permita regresar al área del Banquetón (entre avenida Javier Mina y calzada Independencia en Guadalajara).

10 de mayo de 2011

Urgen a la Cámara a que apruebe Ley de Guarderías



Evitará tragedias como la de la ABC
Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal 
Hermosillo, 9 may 11 (CIMAC).- A casi dos años del incendio de la guardería ABC, en el que murieron 49 menores de edad, el abogado del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, Lorenzo Ramos Félix, celebró la aprobación en el Senado de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el pasado 29 de abril.   
El abogado dijo que la llamada “Ley 5 de junio” va mucho más allá de la norma técnica, al abordar las obligaciones jurídicas que adquieren las guarderías al tener bajo su cuidado y educación a niñas y niños de hasta cinco años de edad.  
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio es una asociación civil conformada por madres y padres de niñas y niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, y otros que quedaron con lesiones y secuelas al sobrevivir al siniestro. 
Ramos Félix explicó que la nueva legislación llena un vacío jurídico en lo que se refiere a la operación y funcionamiento de las estancias infantiles en todo el país. 
La ley norma tanto a las guarderías que opera directamente el gobierno, como las del IMSS, las de los estados, el DF y las estancias federales, así como las particulares subrogadas.  
Actualmente las guarderías se autoregulan, es decir, cada una de ellas se rige por sus propias reglas, como pueden ser las de la Ciudad de México, que operan con normas del GDF, pero no atienden a una ley general. 
Las guarderías subrogadas están en una peor situación, como se demostró con la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apuntó Ramos Félix, quien precisó que esas estancias infantiles estaban funcionando al amparo de normas oficiales, es decir, normas técnicas que expiden las distintas dependencias del Ejecutivo federal y que sólo señalan criterios de operación y no sanciones.  
El abogado dijo que en el caso de la guardería ABC no había sanciones previstas, ni medidas de prevención de accidentes. 
“El hecho de que estemos hablando de una Ley de estancias infantiles, estamos poniendo la base jurídica a partir de la cual se pueda realizar el cumplimiento forzoso, no de normas oficiales, sino de normas jurídicas que prevean cómo deben operar y qué hacer si no cumplen”, abundó. 
“Que no quede al libre albedrío de los dueños de las estancias infantiles como ocurrió en ABC; si quitan o no quitan un techo que ostensiblemente es peligroso; si instalan o no instalan equipos de detección de humo o contra incendios. Ésas son reglas clarísimas que la ley debe contener para evitar este tipo de tragedias. La Ley no es tanto para sancionar, sino para prevenir”.  
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, está ahora en manos de la Cámara de diputados para su eventual aprobación en un periodo extraordinario de sesiones. 
“Vamos a pugnar porque se incluya en la orden del día la discusión y aprobación de la minuta que mandó el Senado, para que una vez que se apruebe se mande publicar y surta efectos legales”, subrayó Lorenzo Ramos Félix. 
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Inicia campaña para promover paternidad responsable





Padres deben cumplir con pensión alimenticia digna 

Por Dora de la Cruz García, corresponsal 
Reynosa, 9 may 11 (CIMAC).- “No más hijos huérfanos de papás vivos” es el lema de la campaña de sensibilización por una paternidad responsable, que promueve la denuncia por una pensión alimenticia digna para niñas y niños. 
Nohemí Muñoz Velásquez, presidenta de Paternidad Responsable A.C., informó que esta campaña consiste en la distribución de calcomanías entre los conductores de vehículos en la frontera con Estados Unidos, con el fin de sensibilizar a los padres que tienen en completo abandono a sus hijas e hijos para que cumplan con su esponsabilidad económica y familiar. 
Otro de los objetivos de la campaña es demandar que se incluyan los ingresos adicionales de los trabajadores por concepto de prestaciones en las empresas, ya que se ha detectado una simulación de sueldos durante los procesos de denuncia por pensión alimenticia, con el objetivo de disminuir la aportación económica a las y los hijos. 
Muñoz Velásquez dijo que también es importante promover el método de mediación que ofrecen dependencias gubernamentales para resolver el conflicto, y así evitar difíciles y costosos juicios de pensión alimenticia, además de que ayuda a disminuir los daños psicológicos de los menores que se encuentran en esta situación de separación. 
Como parte de la campaña, la Procuradora del DIF del estado de Tamaulipas, Norma de la Cruz Villamán, miembros de Paternidad Responsable y estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) pegaron más de 300 calcomanías.
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Postergar la maternidad, decisión de vida





Es una tarea sin vacaciones o recesos”  
Por Guadalupe Cruz Jaimes 
 

México, DF, 9 may 11 (CIMAC).- “A pesar de que de manera constante mi entorno me decía que debía ser madre, no fue por esa presión que decidí serlo; yo, como pocas mujeres, decidí por mí misma mi maternidad”, comenta Sofía, quien tomó esa determinación a los 37 años de edad.  
Para la originaria del Distrito Federal, “las mujeres debemos decidir y desear ser madres porque es una tarea de 24 horas, los 365 días del año, no hay vacaciones o recesos”, aunque ello implique renunciar a lo que hacíamos antes de ser madres. 
“Si uno no lo desea tendría mucha frustración y estaría muy iracunda sintiendo que me han robado todo lo que era y tenía”, pero esa no es su situación, asevera. 
Sofía decidió postergar su maternidad porque su prioridad era desarrollarse como profesionista y formar una pareja estable antes de planear un hijo. 
A pesar de que desde los 25 años de edad estuvo unida, “quise ser madre una vez que encontrara un hombre con el cual compartir un embarazo”, 12 años después. 
La postergación de la maternidad tiene ventajas, considera Sofía, “una es más creativa y hace más eficientes los tiempos para destinar a la criaza de nuestras hijas e hijos el mayor tiempo posible”. 
Y es que como madres trabajadoras “más allá de compartir la crianza de sus hijas e hijos, nos sentimos partidas y en ambos espacios nos sentimos cortas de tiempo y capacidades”. 
Pese a los inconvenientes, Sofía expresa que vive la maternidad plenamente: “no cambiaría ningún premio por una mañana o tarde con mi hijo, la satisfacción más grande en este momento es ver sano a mi hijo, su sonrisa por las mañanas, ver cómo va creciendo y aprendiendo cada día, más y más cosas, como se comunica con nosotros, el afecto inmesurado que siento por él y él corresponde”. 
Para la madre de Santiago, de apenas 11 meses de edad, los retos que enfrenta como madre “son muchos, por ejemplo enseñarle a no usar la violencia como forma de relacionarse, ser afectuoso”, así como “ser mesurada en las cosas materiales que le doy, aprender a su lado y encontrar el mejor camino para que crezca y sea un buen ser humano”. 
En el ejercicio de su maternidad ha sido fundamental el apoyo de su esposo, para que su hijo pueda tener dos personas que le acompañen en su desarrollo. 
Sofía espera que su padre “sea un buen modelo afectuoso y tierno de ser hombre y no violento”, de modo, que para su hijo “su madre y su padre sean el sitio seguro a dónde volver”.
 Confió en que como madre pueda “darle a otro ser humano las mejores cosas que he logrado cultivar a lo largo de mi vida, con la intención de que tenga mejores oportunidades y sea más feliz”.