Condena CEDAW a Perú por negar aborto legal a adolescente

Sufrió violación tumultuaria y estaba en riesgo su salud 
Por la Redacción
 
México, DF, 10 nov 11 (CIMAC).- El Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), condenó a Perú por violar los Derechos Humanos (DH) de una adolescente de 13 años, a quien le negó el aborto legal a pesar de que el embarazo se debió a una violación tumultuaria y ponía en riesgo su salud. 
 
El Comité de la CEDAW determinó que el Estado peruano debe eliminar las restricciones al aborto para que casos como el de L.C. (las iniciales son un seudónimo para proteger la identidad de la víctima) no se repitan, informó en un comunicado la organización regional Centro de Derechos Reproductivos.  
 
La decisión histórica del organismo de Naciones Unidas significa que Perú tendrá que revisar su legislación para establecer un mecanismo que asegure servicios de aborto legal en caso de que el embarazo sea producto de violación sexual, y cuando la salud o la vida de las mujeres estén en peligro.
 
En el país andino el aborto es legal en esas circunstancias, pero en los hechos no se cumple. Un claro ejemplo es el caso L.C., presentado ante el Comité de la CEDAW por las asociaciones Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
L.C., de apenas 13 años, fue violada en repetidas ocasiones por diferentes hombres de su barrio durante cuatro años. Cuando descubrió que estaba embarazada se lanzó desde el techo de una casa, pero falló en el intento de suicidio
 
Por la caída sufrió una lesión de columna que pudo haberse reparado con una cirugía, pero los médicos se negaron a intervenirla porque el procedimiento podía perjudicar su embarazo.
 
Posteriormente L.C. tuvo un aborto espontáneo y hasta entonces estuvieron dispuestos a operarla, pero el retraso perjudicó el resultado de la intervención y la adolescente quedó cuadripléjica. 
 
“El caso de esta joven ilustra las consecuencias terribles de que los gobiernos le nieguen a las mujeres el acceso a la gama completa de servicios de salud reproductiva, a los que tienen derecho. Vamos a seguir presionando a Perú para que salvaguarde los derechos reproductivos de las mujeres no sólo en el papel, sino en su vida diaria”, aseguró Nancy Northup, presidenta y directora Ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos. 
 
La decisión de la ONU en este caso “deja claro que en materia de Derechos Humanos los Estados tienen la responsabilidad de disipar la creencia tan perjudicial de que se le debe dar prevalencia a la vida del feto por encima de la salud de las mujeres”, indicó Mónica Arango, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. 
 
Abundó que “obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que pone en riesgo su salud física o mental es discriminación pura”.
 
Las especialistas en el tema coincidieron en que la determinación de la ONU aclara que negar el acceso a servicios médicos esenciales, incluyendo el aborto, es una violación a los DH de las mujeres. 
 
El Comité de la CEDAW estableció que Perú incurrió en violaciones al derecho a la salud sin discriminación, a la obligación de eliminar estereotipos de género y al derecho a acceder a reparaciones efectivas.
 
Además de la revisión de su ley en materia de aborto, el comité ordenó al Estado peruano que proporcione a L.C. medidas de reparación del daño que incluyan la indemnización adecuada y la rehabilitación correspondiente. 
 
La reciente determinación de las expertas de la CEDAW refuerza la emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra Perú en 2005, que tras analizar el caso de K.L., una adolescente de 17 años obligada a llevar a término la gestación de un feto con malformaciones que le impedirían sobrevivir al nacer, estableció que “negar el acceso a servicios de aborto legal viola los derechos humanos más básicos de las mujeres”. 
 
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Piden acciones contundentes contra MM en indígenas

Métodos anticonceptivos y atención de calidad 


Por Guadalupe Cruz Jaimes
 


México, DF, 9 nov 11 (CIMAC).- Para reducir la muerte materna (MM) en México, flagelo que se concentra en estados con más población rural e indígena, es necesario que el sector salud apueste a estrategias de prevención como el acceso a métodos de control natal y de promoción de servicios médicos “culturalmente cercanos” a la cosmovisión de estas comunidades.
 
Estas intervenciones resultan “más costo-efectivas” para el sistema de salud y reconocen el derecho de los pueblos a preservar sus prácticas en salud, afirmó Lina Rosa Berrio, directora de Kinal Antzetik, asociación dedicada a la formación de mujeres indígenas como promotoras de salud sexual y reproductiva en comunidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente.
 
Durante el foro virtual “Mortalidad materna en mujeres indígenas”, organizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Berrio indicó que pese a los avances en la promoción de acciones comunitarias, éstas aún son insuficientes para garantizar la salud sexual y reproductiva de esta población.
 
Resultado de las deficiencias es que las entidades con mayor población rural e indígena poseen los indicadores más altos de MM, alertó la activista.
 
Mientras la razón de muerte materna (RMM) nacional es de 53.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, en Guerrero el indicador se duplica a 103.2 fallecimientos por el mismo número de nacimientos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Oaxaca y Chiapas afrontan una situación semejante: Ambos estados están por encima de la media, con una RMM de 82.7 y 80.6, respectivamente.
 
En México existen pendientes como la prestación de servicios médicos interculturales y de calidad, así como de la promoción y abasto de métodos anticonceptivos que permitan a las mujeres rurales e indígenas vivir una maternidad elegida y sin riesgos. 
 
Sin embargo, advirtió la directora de Kinal Antzetik, existen barreras que limitan o impiden que las mujeres rurales e indígenas puedan decidir sobre su cuerpo y fecundidad. En algunos casos, los obstáculos son culturales ya que persiste la noción de que deben “tener los hijos que Dios mande”.
 
A ello se suma, abundó, la falta de anticonceptivos disponibles en los centros de salud, aun cuando las mujeres estén interesadas en regular su fecundidad. 
 
Por ejemplo, hace dos semanas un centro de salud de Guerrero registró un incremento de embarazos ocasionado por el desabasto de métodos anticonceptivos durante cuatro meses, debido a la tardanza en la contratación de un nuevo proveedor. 
 
“Los anticonceptivos casi no se manejan con las mujeres; en Oportunidades (programa federal de transferencias económicas a personas que viven en alta marginación) te dan unas cuantas pláticas, pero muy básico, no se profundiza, no mencionan cuáles son las ventajas”, refirió durante el foro virtual Catalina Martínez, indígena triqui de Oaxaca e integrante de Kinal Antzetik. 
 
Entre las mujeres en general la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) es de 9.8 por ciento, mientras que en estados con alta población indígena y rural como Chiapas es de 22.5 por ciento, y en Oaxaca de 15.5. De 1997 a 2009 la NIA en Chiapas sólo se redujo 1.2 por ciento. 

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil es de 72.5, pero el indicador disminuye en Chiapas a 55 por ciento, Guerrero a 61.4 y en Oaxaca a 63.5.
 
Martínez detalló que en la zona triqui alta de Oaxaca a las mujeres les avergüenza preguntar cuáles son y cómo se utilizan los métodos de anticoncepción. “Las enfermeras tampoco saben cómo explicarles porque usan términos muy complejos”, añadió.
 
La situación se complica todavía más porque no hay traductoras y muchas de las habitantes “no entienden muy bien el español”.
 
En su turno, Berrio indicó que la incorporación de traductoras en los servicios de salud es una acción “bastante sencilla de realizar y de muy bajo costo, pero absolutamente efectiva e indispensable para garantizar que las mujeres puedan ser atendidas en su lengua o cuenten con alguien que les ayude a comprender” el diagnóstico e indicaciones médicas. 
 
Recalcó que la contratación de intérpretes indígenas con conocimiento en materia de salud sexual y reproductiva en el Seguro Popular para apoyar a las mujeres en los hospitales de segundo nivel de estas comunidades, “implicaría grandes avances en el tema del buen trato y la calidad”, sin representar “una inversión muy costosa”.
 
Además del déficit de interculturalidad, la calidad de los servicios es otra ausencia importante que impacta en la prevalencia de la MM en las zonas rurales. 
 
“Sí hay servicios de salud, pero no tienen equipo ni medicamento para atender los casos (complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio). Además los horarios de atención son muy cortos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y los fines de semana no hay nada”, observó Catalina Martínez.
 
La distancia entre las comunidades rurales e indígenas y los servicios especializados es otra dificultad para recibir atención médica de calidad. En la zona triqui alta de Oaxaca no existen. Los más cercanos están a cinco horas de distancia. “Por el tiempo de traslado, el costo de los alimentos y alojamiento, muchas veces ellas prefieren no atenderse”, lamentó.
 
Berrio recalcó la importancia de llevar a cabo acciones preventivas como la promoción del uso de anticonceptivos y de la atención prenatal en centros de salud de primer nivel cercanos a las comunidades, en su lengua o con intérpretes, para que ellas puedan prevenir complicaciones o atenderlas con antelación en espacios donde el personal respete sus usos y costumbres. 
 
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En auge, trata de niñas en la Riviera Maya: CIAM

Anuncian marcha contra explotación sexual de menores 
 
Por Andrea Franco, corresponsal 
 
Cancún, 9 nov 11 (CIMAC).- Al amparo de narcotraficantes, policías y dueños de bares, la explotación sexual infantil y la trata de menores de edad van en ascenso en esta zona turística y playas aledañas en el estado de Quintana Roo (QR), denunció el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM).
 
La presidenta del CIAM-Cancún, Lydia Cacho Ribeiro, informó que su organización ha documentado 17 casos de menores de edad, que fueron víctimas de una red de tratantes de personas en la Riviera Maya.
 
Explicó que esas niñas y niños vivían originalmente en situación de calle y fueron captadas por tratantes que las “engancharon” en el turismo sexual, y las ofrecieron principalmente a turistas canadienses, italianos y estadounidenses.
 
Cacho precisó que el CIAM –organización que da asesoría psicológica, emocional, jurídica y alberga a mujeres víctimas de violencia– supo de los 17 casos como parte de la campaña “Yo no estoy en venta”, iniciada en mayo pasado para prevenir y combatir el delito de trata entre adolescentes y jóvenes.
 
La también periodista adelantó que se realizará una marcha el próximo sábado en la zona turística de esta localidad, para advertirle a los turistas y a la industria que “Cancún es un paraíso, pero no para el turismo sexual y que la niñez en Quintana Roo no está en venta”.
 
Lydia Cacho brindó datos sobre el perfil de los tratantes de personas que operan en Cancún y Playa del Carmen –municipios de Benito Juárez y Solidaridad, respectivamente–, donde estas mafias que explotan comercialmente a menores de edad son protegidas por cárteles de la droga como Los Zetas y Los Pelones.
 
La activista precisó que las víctimas oscilan entre los 13 y 16 años de edad, y que provienen de diferentes estados de la República Mexicana. Asimismo, apuntó, su común denominador es que la violencia doméstica que sufrieron en el hogar las hizo huir y encontrar refugio en las calles.
 
“ENGANCHE” Y CONSUMO
 
Cacho agregó que al vivir en las calles, las y los niños son presa fácil de “valedores” –como identifican a los tratantes–, quienes en principio les ofrecen protección y comida, luego drogas, y tras establecer un vínculo emocional las obligan a sostener relaciones sexuales, un fenómeno conocido como “sexo recompensado”.
 
Posteriormente estos “valedores” las explotan sexualmente o las entregan a tratantes profesionales.
 
En estos casos, las 17 víctimas de trata fueron adentradas al turismo sexual en el que los consumidores provienen en su mayoría de Canadá, Italia y Estados Unidos.
 
“Esta modalidad de víctimas de trata, que se encuentran en situación de calle, está cobrando importancia en Cancún y la Riviera Maya. Hemos sabido por testimonios de las propias víctimas que mantienen relaciones sexuales con policías, comerciantes, taxistas y chavos de la calle, a cambio de comida, protección, favores o drogas, y no exclusivamente por dinero”, señaló Cacho. 
 
Los “valedores” operan principalmente en la Quinta Avenida, localizada en Playa del Carmen, y en playas aledañas a la zona. En Cancún, delinquen en el Parque de las Palapas y en los bares de la avenida López Portillo.
 
El CIAM dividió en tres tipos a las víctimas de trata detectadas en QR. Unas son menores de edad y adolescentes que viven con sus familias y son explotadas por amigos de la escuela y propietarios de bares entre personas de niveles socioeconómicos altos. 
 
Otras víctimas son reportadas como desaparecidas o que huyeron de sus casas y terminan dentro de una red local o internacional de trata. También hay menores de edad traídas al estado por tratantes que manejan las rutas de tráfico de migrantes indocumentados provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Paraguay.
 
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Víctimas de Atenco confían en que la CIDH les brinde justicia

Bárbara Italia llama a no hacer uso político del caso   




Por Anayeli García Martínez
 


México, DF, 9 nov 11 (CIMAC).- “Es un respiro, una bocanada de aire fresco en un momento tan difícil en el tema de Derechos Humanos y acceso a la justicia para las mujeres en el país, una luz que vemos con cierta calma”, dijo Bárbara Italia Méndez, una de las 11 denunciantes de tortura sexual en Atenco, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a la revisión del caso.
 
La CIDH admitió el pasado viernes la petición “512-08 Mariana Selvas Gómez y otros, México”, referente a la tortura sexual contra 11 mujeres perpetrada por policías federales y estatales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006. 
 
“Es tan evidente la falta de acceso a la justicia en México, los graves atropellos que sufren las mujeres en este país, que todas las piezas se pudieron conectar para que la Comisión finalmente admitiera el caso. Es verdad que la notificación formal (al Estado mexicano) no está, pero al verlo en su boletín damos por buena esta información”, explicó Bárbara Italia a Cimacnoticias.  
 
Ella es una de las 11 mujeres peticionarias ante la CIDH, que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron detenidas y violadas sexualmente durante operativos policiacos en Texcoco y San Salvador Atenco. Desde entonces ha buscado justicia, sin embargo ante la impunidad en las instancias mexicanas se vio obligada a recurrir al sistema interamericano de Derechos Humanos.
 
En abril de 2008 las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual, acompañadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), presentaron ante la CIDH una petición para que conociera su caso.
 
“Nosotras estábamos esperando que en este periodo de sesiones, o en el próximo, tuviéramos la suerte de que lo admitieran; bueno ‘tener la suerte’ es trivial porque en realidad se ha involucrado mucha gente en la difusión del caso y en buena parte eso nos ayudó a avanzar rápido en la Comisión”, apuntó Méndez.
 
La CIDH informó que analizará el caso de las mujeres de Atenco y a decir de Bárbara Italia, tres años de espera se fueron rápido. “Estamos contentas con respecto a los tiempos y con mucha perspectiva de lo que viene en el litigio contra el Estado mexicano”, observó.
 
La joven está conciente de que este proceso podría durar años, pero consideró que el caso es una brecha en el tema de justicia, tal y como lo demuestran las sentencias por los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, e incluso la sentencia por feminicidio de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
 
“El tema de justicia tiene que ver con el Estado. Nosotras nos dimos cuenta en carne propia de todo el juego sucio que tiene el Estado y el uso faccioso de la ley en contra de nosotras”, criticó Bárbara Italia al recordar que a cinco años de los hechos ninguno de los policías responsables ha sido sancionado.
 
También recordó que durante el proceso penal ante la Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra las Mujeres (ahora Fevimtra), fueron víctimas de vejaciones y revictimización, y al final –en julio de 2009– esta instancia declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). 
 
“QUE NADIE SE MONTE EN ESTA DENUNCIA”
 
Una vez que la investigación pasó a la PGJEM, la defensa legal de las mujeres aportó pruebas fehacientes de la tortura sexual y los nombres de 34 policías como probables responsables, sin embargo las autoridades mexiquenses no presentaron avances en las indagaciones y no consignaron a nadie.
 
Pero ahora el tema de preocupación es otro, advirtió: “Que los políticos se quieran montar en este asunto. Justamente con la coyuntura electoral me parece que es una situación de riesgo. Que quede claro: no caminamos de la mano de ningún partido y tampoco vamos a permitir que nadie se monte en esta denuncia”.
 
Y reiteró: “Son las organizaciones sociales las que han acompañado la denuncia: el Centro Prodh, Cejil, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), incluso la cobertura de Amnistía Internacional, muchos grupos solidarios del zapatismo y finalmente La Otra Campaña, de la que somos parte varias de las denunciantes”.
 
Para Barbara Italia, la coyuntura política es innegable y aunque afirmó que el entonces gobernador y ahora precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, está en el ojo del huracán, en la represión de Atenco estuvieron coludidos todos los partidos.
 
“Él es uno de los principales responsables del operativo, pero hubo copartícipes; el gobierno federal fue parte activa a través de la Policía Federal Preventiva y el presidente municipal de Texcoco, de afiliación perredista. En ese momento se pusieron de acuerdo todos los partidos y le dieron un espaldarazo al gobierno del estado”, remarcó. 
 
Ahora el tema es del Estado mexicano, aclaró Méndez: “Ya no hablamos de personas, sino de la responsabilidad que tiene el Estado ante estos hechos, y seguiremos actuando en consecuencia. Nosotras no estamos vislumbrando una salida amistosa y esperamos llegar a las últimas consecuencias”.
 
Con esa convicción, Barbara Italia no pierde la esperanza porque sabe que pueden obtener una resolución favorable por parte de la CIDH, e incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Sabemos que esto es largo, pero tenemos la convicción, la fuerza y la solidaridad de muchas personas que nos acompañan”, confió.
 
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Admite CIDH caso de tortura sexual en Atenco

Al banquillo Enrique Peña Nieto por ordenar represión 



Por Anayeli García Martínez
 

México, DF, 8 nov 11 (CIMAC).- Después de tres años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de tortura sexual de 11 mujeres violadas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. 
 
En un comunicado, la CIDH informó que admitió el caso, con lo que se abre la posibilidad de que eventualmente pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y se condene al Estado mexicano por la tortura ejercida por policías federales y estatales contra estas mujeres.
 
Al concluir su 143 periodo ordinario de sesiones que se llevó a cabo del 19 de octubre al 4 de noviembre de este año, la CIDH anunció que aprobó el informe de admisibilidad “512-08-Mariana Selvas Gómez y otras, México”.
 
Las denunciantes son Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torre y Suhelen Gabriela.
 
Las 11 mujeres fueron víctimas de violencia sexual física y verbal por parte de los agentes que las custodiaban en el interior de los vehículos donde eran trasladadas hacia el penal de Santiaguito, en el Estado de México, luego de ser detenidas por “participar” en los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco.
 
Ellas fueron parte de las 47 mujeres detenidas en los operativos ordenados por el ahora precandidato del PRI a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, quien en una aparente represión pretendía desalojar a un grupo de floricultores en San Salvador Atenco.
 
En ese momento más de tres mil policías dejaron un saldo de 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de abuso sexual.
 
De las 47 mujeres detenidas, se acreditó que 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR). 
 
En el proceso, y ante la falta de resultados sólo 11 continúan en la búsqueda de justicia, pero ante la dilación en las investigaciones en abril de 2008 las 11 denunciantes solicitaron a la CIDH admitir su caso, el cual finalmente fue aceptado aunque todavía se espera una notificación oficial al Estado mexicano por parte de la instancia interamericana.
 
La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño –quien acompaña a las víctimas–, explicó que aún no hay una notificación formal al Estado mexicano y será hasta que ésta se presente cuando empiecen a correr los tiempos para que las autoridades y la defensa de las 11 mujeres envíen sus argumentos a la CIDH. 
 
Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –quien también litiga el caso–, explicó que la admisibilidad es un avance sustancial en el largo recorrido nacional e internacional que han realizado las denunciantes de tortura sexual. 
 
Recordó que desde 2008, cuando se presentó el caso ante la CIDH, el Estado mexicano ha desdeñado el tema; ejemplo de ello es el retraso en la entrega de los informes requeridos por la CIDH y el silencio que ha guardado desde octubre de 2010 cuando tenía que entregar un reporte que a la fecha no ha presentado.
 
En el quinto aniversario de los hechos violentos, en mayo de 2011, las 11 mujeres anunciaron que continuarían con la lucha, a la vez que criticaron el actuar de la Fiscalía Especial de Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) –dependiente de la PGR–, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
 
Aunque en mayo de 2007 la PGR practicó el Protocolo de Estambul para acreditar la existencia de tortura, la Fevimtra se declaró incompetente para investigar el caso. En tanto la PGJEM no ha realizado las diligencias necesarias para encontrar a los responsables.
 
Finalmente, a cinco años de los hechos y a tres de que se presentó la petición ante la CIDH, es probable que se reconozca que las 11 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y que el Estado mexicano y las autoridades mexiquenses, incurrieron en graves violaciones a los Derechos Humanos. 
 
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Cambiar concepto “violencia familiar” por “tortura doméstica”

Experta penalista reclama al Estado castigar este crimen  



Por Patricia Chandomí, corresponsal
 
Tuxtla Gutiérrez, 8 nov 11 (CIMAC).- La violencia de género o intrafamiliar debe ser considerada como “tortura doméstica”, toda vez que es un daño físico y psicológico infringido por los varones para triturar la autoestima de las mujeres, propuso la abogada argentina Claudia Hasanbegovic. 
 
Al impartir el diplomado “Género, Justicia y Derecho”, organizado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la abogada prosecretaria de la Corte Suprema de Justicia de Argentina explicó que en la “tortura doméstica” existe una responsabilidad de los Estados para erradicar de fondo el maltrato hacia las mujeres.
 
“La violencia masculina contra las mujeres suele estar cargada de elementos de tortura como el aislamiento, los insultos y el castigo corporal severo que puede desembocar en un feminicidio”, advirtió la especialista en el tema.
 
Hasanbegovic abundó que la tortura tiene por objeto el sometimiento y el quebrantamiento de la autoestima y la resistencia moral de las víctimas a través del daño físico y psicológico.
 
“La tortura busca una confesión o información, aunque también puede derivarse de un acto de venganza por un hecho cometido por la víctima o por una tercera persona, o simplemente puede darse como un acto de poder y placer”, detalló.
 
La abogada feminista expuso que al oír los términos “violencia doméstica”, “violencia familiar” o “violencia contra las mujeres”, la gente en general puede considerar el fenómeno como algo sin relevancia o minimizarlo como un “problema privado”.
 
Insistió en que el Estado tiene una responsabilidad insoslayable en la erradicación de la violencia masculina contras las mujeres.
 
En ese sentido, Claudia Hasanbegovic sostuvo que la palabra “tortura” motiva la desaprobación general y el respeto por las víctimas, “tan necesaria para curar las heridas sufridas”.
 
Abundó que la diferencia en la respuesta pública ante estas dos formas de violación a los Derechos Humanos (tortura doméstica y violencia de género) puede hallarse en la división de las esferas de lo “público” y lo “privado”, lo “doméstico” y lo “político”, el mundo “femenino” y el mundo “masculino”.
 
Respecto a la “responsabilidad del Estado” en casos de tortura, la experta indicó que también hay un fracaso de los gobiernos ante la comunidad internacional al no impedir el sufrimiento de las mujeres y de sus hijas e hijos por el daño infligido por sus parejas íntimas.
 
“Los Estados tienen la obligación, nacional e internacional de proteger a sus ciudadanas mujeres, y a toda mujer que habite sus territorios, de garantizarles el goce y disfrute de su vida, de su integridad psico-física y sexual tanto en la esfera pública como privada, y tienen también la obligación de investigar los delitos contra ellas y castigar a los delincuentes”, demandó Hasanbegovic. 
 
Añadió: “El fracaso constante en proteger a las mujeres de la violencia masculina en el hogar constituye una responsabilidad del Estado”.
 
La especialista observó que la mayoría de las naciones tiene a hombres ocupando altos cargos en instituciones estatales como el Poder Judicial y la policía, encargadas de investigar y castigar los delitos.
 
“En la mayoría de los países estas instituciones fracasan en su cometido cuando se trata de los agresores ‘particulares’ de mujeres ‘particulares’; y un ejemplo de ello es el incremento de las cifras del feminicidio a nivel mundial”, concluyó. 
 
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Empresa contratada por el DIF despide a mujer por estar embarazada

 Call center la había reclutado para asesoría psicológica 
 

Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal 
 

Hermosillo, 8 nov 11 (CIMAC).- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) violó los derechos laborales de una mujer al despedirla de un programa de atención telefónica para casos de violencia de género, por el simple hecho de estar embarazada.
 
Azucena Jiménez Gutiérrez, madre de una niña de cuatro años y con un embarazo de cuatro meses, fue despedida en su segundo día de labores y acusó al DIF nacional de transgredir su derecho a ser madre y a decidir sobre su salud reproductiva.
 
La joven de 25 años de edad contó a Cimacnoticias su “experiencia traumática” con la empresa encargada por el DIF para aplicar el programa de ayuda telefónica: el call center Anexa Teleservices, ubicado en esta ciudad. 
 
El reclutamiento del personal para esa labor corrió a cargo de ROAN, administración y reclutamiento de personal S.A. de C.V. 
 
VIOLENCIA LABORAL
 
Azucena nunca se imaginó que su condición biológica fuera su principal enemigo para conseguir trabajo. Psicóloga de profesión y con experiencia en atención de casos de violencia contra las mujeres, fue despedida en su segundo día de trabajo “porque a alguien se le pasó decirme que no contratan a mujeres embarazadas”, narró.
 
Y es que el DIF nacional inició un proyecto para implementar una línea telefónica de atención ciudadana para casos de violencia de género, el cual se implementará en fase piloto durante noviembre y diciembre de este año.
 
En la prueba piloto el call center sólo recibiría llamadas del DF por medio de una línea 01-800. El periodo de prueba sería evaluado a fin de año, para decidir si continúa o no la línea de emergencia.
 
Anexa Teleservices tiene una planta de mil 200 empleados y cuenta con varias instituciones entre sus clientes, entre ellos el DIF nacional. Para el proyecto de la instancia gubernamental se solicitó a una psicóloga clínica, profesión de Azucena Jiménez. 
 
Como parte de Anexa Teleservices, ROAN se encargó de reclutar a las psicólogas y abogadas solicitadas por el DIF nacional. 
 
Tras cuatro días de capacitación por personal del DIF, la joven fue contratada como operadora telefónica para asesorar a las y los usuarios, y brindar los primeros auxilios psicológicos en caso de ser necesario.
 
Sin embargo, ella fue despedida en su segundo día de trabajo y sacada de las instalaciones por personal de Anexa para que firmara su renuncia con el argumento de que estaba embarazada. 
 
DISCRIMINACIÓN
 
Azucena relató que en el proceso de reclutamiento nunca se le advirtió que estar embarazada fuera un impedimento para contratarla. La primera persona que vio su perfil le ofreció ser supervisora de operadoras. Luego pasó con un sujeto de nombre Ricardo Villa, quien la entrevistó y decidiría si le darían ese cargo.
 
Villa le dijo que sí cumplía con el perfil, por lo que le entregó una hoja con los requisitos que debía cumplir, mismos que de momento ella no revisó. Una vez que llevó los papeles, nadie le preguntó por el certificado de no gravidez, el cual no tenía. 
 
En su primer día de trabajo la abogada de la empresa le entregó a Azucena el contrato en el que se estipula que no debe estar embarazada. La joven le dijo que no podía firmarlo por su condición de gravidez.
 
Ante la sorpresa, la abogada explicó que revisaría el caso de Azucena y le entregó una tarjeta bancaria de nómina. Luego de su despido injustificado, Jiménez demandó a Anexa Teleservices a través de la oficina de inspección local de la Secretaría del Trabajo.
 
La joven dijo estar decepcionada, ya que pensó que las empresas se fijarían más en sus capacidades y no en su situación biológica. Contó que Anexa justificó el despido con los argumentos de que el trabajo era muy pesado para ella, que era “por su bien”, y que “las embarazadas orinan mucho”. 
 
“Hay una falta de congruencia entre lo que promueve el DIF y la empresa que contrató para reclutar al personal”, acusó Azucena. 
 
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En el DF, aumento de abortos de poblanas

El estado ocupa el tercer lugar nacional; en 3 años son 254 mujeres que acuden a un legrado

Por María Pineda

La PGJ registra a nueve féminas que fueron privadas de su libertad por interrumpir su embarazo, debido a que no comprobaron que la decisión se dio por las causas que permite el Código de Defensa Social

Puebla, Pue. 07 Nov. 2011. De 2007 a 2010, 254 poblanas acudieron a clínicas privadas o públicas del Distrito Federal para realizarse un aborto de manera legal, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud capitalina; en contraste, en la entidad nueve mujeres fueron privadas de su libertad por interrumpir su embarazo.

De acuerdo con cifras oficiales de la dependencia, el estado ocupa el tercer lugar por el número de mujeres que acuiden al Distrito Federal para practicarse un aborto, y es superado por el Estado de México con 11 mil 250 legrados y la capital del país con 63 mil 718 mujeres atendidas, de las cuales el 4.8 por ciento corresponde a menores de edad.

A decir de los activistas Natali Hernández Arias y Marco Antonio Moreno Rosado, representantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) y Radar 4, respectivamente, el número de poblanas que se acercan a buscar orientación va en aumento, especialmente entre mujeres casadas y con al menos dos hijos.

En entrevista, Moreno Rosado destacó que contrario al comportamiento del Distrito Federal, en la capital hay un repunte en mujeres casadas, con familia y creencias católicas, las que buscan interrumpir su embarazo de manera legal para no poner en riesgo su vida.

Aclaró que es probable que las menores de edad opten por realizarse un aborto clandestino o por culminar el embarazo, debido a que para practicarse un legrado en el Distrito Federal deben de estar acompañadas por un familiar.

Por su parte, Natali Hernández Arias indicó que en promedio cada semana se orienta a 6 mujeres entre 20 y 37 años. Entre las opciones que se les presenta está el Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA, organización que ayuda económicamente a quienes no puede costear los servicios de aborto legal.

La representante de Ddeser advirtió que la iniciativa que el Ejecutivo estatal envió al Congreso, no evitará la práctica ilegal del aborto en el estado, y contrario a lo que se trata de comunicar, ahora se juzgará a la mujer como una enferma mental y ya no como delincuente.

Al respecto, el integrante de Radar 4 explicó que no hay un cambio trascendental entre la reforma constitucional aprobada en el 2009 por la LVII Legislatura y la propuesta de Moreno Valle, ya que no hay claridad en el papel que jugarán los jueces ni tampoco en qué es el “bien jurídicamente protegido”, aspecto que sentenció puede tratarse de proteger a la vida desde el momento de la concepción.

Sobre las cifras reales de mujeres que fueron indiciadas por interrumpir su embarazo, indicó que no se cuenta con números reales, además de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ), evita dar a conocer los casos y su estatus jurídico.

Hernández Arias explicó que las organizaciones no gubernamentales tienen información de 30 casos, entre ellos el de una niña de 12 años de Izúcar de Matamoros; no obstante, las autoridades se niegan a brindar información.

En tanto, el diputado José Juan Espinosa Torres informó que la PGJ refiere que sólo 9 mujeres fueron privadas de su libertad, debido a que no comprobaron que la interrupción del embarazado se dio dentro de las causales que permite el Código de Defensa Social del Estado.

Nota de Milenio Puebla

Iniciativa antiaborto divide opiniones

Diario CAMBIO

Puebla, Pue.-07 de Noviembre de 2011. La propuesta enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle para eliminar la pena privativa de la libertad a quien cometa el delito de aborto y sustituirla por un tratamiento médico integral generó opiniones encontradas entre especialistas sobre el tema.

En lo que respecta al tratamiento sicológico hubo una uniformidad de ideas, pues consideraron que se está catalogando a las mujeres que se practiquen un aborto como enfermas mentales, lo que puede ser traducido como violación a sus derechos humanos.

En contraparte reconocen como un avance el hecho de que no se castigue con cárcel a las mujeres que incurran en esta práctica. (Con informaciónde Viridiana Lozano Ortíz, Selene Ríos Andraca, Luz Elena Sánchez y Yonadab Cabrera Cruz)

El aborto no es un acto 
de locura: Lydia Cacho
Feminista y directora del CIAM Cancún

“¿La pena incluye electroshocks y encierro en La Castañeda? ¿O solamente el Estado diagnosticará a las mujeres como dañadas de sus facultades mentales por creer que son dueñas de su cuerpo y de su salud reproductiva? Me parece que Moreno Valle debe explicarnos a las mexicanas por qué considera que interrumpir un embarazo es un acto de locura. El hombre entiende de leyes y derechos humanos, entonces su postura es absurda, necesita tomar una decisión basada en libertades reales y no una en la que subyace el discurso decimonónico de la carencia de salud mental de las mujeres para tomar decisiones propias, informadas y responsables”.

El problema de salud pública 
continúa: Martha Tagle
Feminista, exdiputada federal por Movimiento Ciudadano

“No estoy de acuerdo en esta iniciativa porque la inscriben en una reforma en el tema de salud mental, aunque aparentemente se bajen las penas se les considera a las mujeres que practiquen aborto en alguna enfermedad mental. A final de cuentas se siguen estigmatizando a las mujeres en lugar de buscar alternativas para que quienes deseen abortar lo hagan de manera segura”.

“Esta iniciativa no resuelve el problema fundamental, los abortos se seguirán practicando de manera clandestina, en condiciones insalubres e inseguras. El asunto de tratamiento medico integral tampoco está claro en qué consiste, presumimos que se trata de atención mental porque está en este capítulo, si se trata de apoyo médico éste debería ser ginecológico”.


La propuesta está incompleta: 
Ana María Jiménez
Diputada local del PAN

“Estoy a favor de la vida y me parece que para que una propuesta sea seria requiere de un conjunto de normas que la acompañen y políticas públicas (…) me manifiesto a favor de la propuesta siempre y cuando vaya acompañada de políticas públicas que protejan la vida.
La sola reforma, así como se presenta es insuficiente, de manera que debe ir acompañada de políticas públicas, entre otras, la creación de centros de atención a las mujeres y el acceso a información e anticonceptivos a mujeres y hombres.

Falta la sanción para el
hombre: Josefina Buxadé
Diputada local del PAN

“Apenas entró la propuesta, sería muy aventurado dar un comentario sin conocerla a fondo, pero por lo que se ha manejado, me parece que es un paso adelante que no se castigue con cárcel a las mujeres que aborten. Creo que para una mujer es una decisión muy fuerte abortar y, si alguna necesita ayuda sicológica, no veo qué hay de malo en que una mujer vaya al sicólogo, ninguna mujer que va al sicólogo está loca.”

“Habrá que ver también la parte de la responsabilidad que tiene el hombre en el embarazo, pero habrá que esperar a que la iniciativa se estudie en comisiones.”

No se resuelve el problema 
del aborto: Marco A. Moreno

Representante en Puebla de la Red Federal de Abogados y Abogadas por la Defensa de la Reproducción Elegida

La primera intención que se puede leer es buena pero la despenalización del aborto no se logra con estos cambios, porque despenalizar un acto tiene que ver con sacarlo del procedimiento penal y sigue dentro del Código Penal del estado. Tampoco se está quitando la pena corporal porque las mujeres estarán sujetas en cuerpo y mente a un tratamiento médico integral.

Tiene muchas irregularidades respecto a cómo el Legislativo actúa como perito médico psiquiátrico y por un decreto declara enfermas mentales a las mujeres que cometan un aborto (...) la estigmatización que se genera no es la vía para la reintegración a la sociedad como lo plantea el objetivo de la iniciativa. La propuesta no lo resuelve ni el mercado clandestino del aborto ni que las mujeres sigan muriendo por estas causas, no viene a resolver nada.”

Un embarazo es de dos:
Catalina Pérez Osorio
Directora del Colectivo Mujeres por la Democracia

“Lo que se debe hacer es reforzar una ley de salud en que las personas tengan una educación sexual libre y responsable, porque de otra manera lo único que hacen es parchar la ley y no resuelven el problema de fondo, los abortos van a seguir existiendo con o sin ley.
Nosotros queremos que si las mujeres abortan se les den todas las posibilidades de salud para tener una interrupción del embarazo segura y voluntaria. Lo más dañino en la ley es que siempre se nos responsabiliza a las mujeres porque somos las que tenemos el vientre y los varones nunca son objeto de responsabilidad, es una falta de respeto que no tomen en cuenta que cuando hay una concepción la responsabilidad es de dos, son iniciativas a la ligera que no están concentrando a la población.”

Es un gran paso: Miguel 
Ángel de la Rosa
Dirigente estatal de PRD

“Es un avance, lo felicitamos, lo agradecemos, por supuesto que nosotros vamos por la total despenalización, cada mujer tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que ella considere conveniente. Sin embargo, qué bueno que en Puebla ya se empiece a abordar este tema como lo decíamos y que en un futuro estemos en la modernidad a lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo.”

Debe ser arropado
con políticas públicas:
Juan Carlos Lastiri
Dirigente estatal del PRI

“La iniciativa tiene aspectos limitados ya que el tema del aborto debe ser asumido como un asunto de salud pública, en consecuencia además de eliminar la pena corporal también sería positivo no aumentar las sanciones económicas.”

“El del aborto debe ser arropado con políticas públicas como la educación y el tratamiento asistencial a mujeres que pudieran recurrir en este supuesto jurídico.”

Estoy a favor de la vida:
Eduardo Rivera Pérez

“Respetamos la iniciativa que presenta el gobernador del estado, quien tendrá la decisión, la última palabra será el Congreso estatal, los diputados la discutirán y ellos son los que tendrán la última definición, lo que yo he manifestado es que estoy a favor de la vida, son mis convicciones personales.”

“Hay que generar las condiciones para que haya una discusión abierta, una discusión responsable y que tomen la decisión indudablemente los diputados, no considero que pueda haber alguna ruptura (en el PAN) o que haya una ruptura por haber presentado esta iniciativa.”

La sanción debe ser para los 
dos: Sandra Montalvo

Regidora del PRI y presidenta de Comisión de Derechos Humanos y Equidad entre los Géneros

“Considero que es un atino que el gobernador haya vuelto a poner en la agenda legislativa la discusión y el análisis del tema el aborto, me congratulo con esta voluntad de cambiar lo que ya estaba penalizado en algunos aspectos. Sin embargo hay temas que se tienen que trabajar, como el de la prevención. El segundo tema que habría que discutirse es el del apoyo sicológico porque las secuelas que deja haberse practicado el aborto son fuertes y se necesita, pero que no se vean como enfermas mentales, eso tiene que analizarse, pero que se le ponga a los dos, al hombre y a la mujer.”

Diario CAMBIO

Arde la hoguera por iniciativa proaborto

Demandan una revisión a fondo de la iniciativa

Por: Mario Martell

Puebla, Pue.-07, Noviembre. La propuesta gubernamental para disminuir las sanciones a las mujeres que aborten volvió a polarizar las posiciones entre los diversos actores políticos y sociales.

Partidos socialdemócratas y de oposición, así como organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos, cuestionaron el fondo de la reforma; mientras que la Arquidiócesis de Puebla subrayó que la reforma al artículo 342 del Código de Defensa Social de Puebla necesita fundarse en la protección a la vida y en inhibir la comisión de dicho delito.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa descartó incidencia de la Iglesia católica en la iniciativa enviada desde Casa Puebla.

La secretaria general del tricolor, Lucero Saldaña Pérez, consideró que la iniciativa debe revisarse porque tilda a las mujeres que abordan de “locas”.

Saldaña, quien en su paso como senadora promovió iniciativas a favor de las mujeres y la equidad de género, resaltó que en la iniciativa para reformar el Código de Defensa Social al parecer se le trata a las mujeres que aborten como “las locas”, por lo que demandó una revisión a fondo de la misma por parte de los legisladores y la inclusión de las mujeres en este debate que se ha vuelto un coro masculino.

De manera análoga, organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos como la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSER), a través de su representante, Natali Hernández Arias y Radar 4 Puebla (Red nacional de abogados y abogadas en la defensa de la reproducción elegida), en voz de Marco Antonio Moreno, cuestionaron la iniciativa gubernamental que se encuentra en el Congreso local: “Nos preguntamos cómo cambiar la cárcel por terapia resolverá el profundo problema de salud pública en el tema de la interrupción del embarazo.”
Además, DDSER criticó que ahora las mujeres sufran una “doble estigmatización, como delincuentes y locas”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, quien hace algunos días había aplaudido la propuesta oficial reculó en su sentir laudatorio sobre la iniciativa del Ejecutivo. Espinosa viró hacia las posiciones de la agenda feminista y solicitó que la misma sea integral y aborde de fondo el problema de los abortos clandestinos en Puebla.

Es más, Espinosa Torres sugirió que el motivo de la presentación de la iniciativa del gobernador Moreno Valle se inspiró en las declaraciones de la Arquidiócesis de Puebla para que no se meta a la cárcel a las mujeres que practiquen un aborto. Manifestó que deben tomarse en cuenta todas las iniciativas sobre el tema que se encuentren en la “congeladora” legislativa para dictaminarse. Espinosa se ofreció para cabildear cualquier iniciativa proveniente de organizaciones no gubernamentales.

La esperada posición de la Arquidiócesis de Puebla evitó calificar expresamente la propuesta del gobernador Moreno Valle. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa descartó que la Iglesia haya incidido en el gobernador para la presentación de dicha propuesta.

Sánchez solicitó a los legisladores, en el “pleno uso de la libertad de expresión” que la propuesta que se debata en el Congreso recupere como eje la protección de la vida desde la concepción, ya que el cigoto es genéticamente distinto de los seres humanos.

“Por lo tanto podemos afirmar con bases científicas que lo que se ha sido concebido es una vida humana distinta de la madre y del padre, que sólo requiere de tiempo para irse desarrollando.”

Y solicitó que cualquier norma jurídica sobre la materia “debe proteger al concebido”, el cual es una “manifestación de la vida humana” por lo que el estado y la sociedad —señaló la Arquidiócesis de Puebla— debe garantizar su supervivencia y contribuir a su desarrollo integral.

En una extensa argumentación, el teólogo Sánchez Espinosa dijo que la sanción que se imponga a las mujeres “debe servir como correctivo, a fin de favorecer la toma de conciencia de la gravedad que significa atentar contra el derecho de un tercero, como ha sido la violación del derecho fundamental a la vida del concebido, ha de resarcir del daño social lesionado, y ha de prever e inhibir la comisión de ese delito.

”En ese sentido, parece oportuna la imposición de una sanción que sirva como correctivo, como resarcimiento social y que tenga una función inhibitoria. De igual manera, debe ser adecuada la sanción para los responsables y cómplices del delito.”

La secretaria del PRI estatal, Lucero Saldaña, pidió que se revise la iniciativa para reformar el Código de Defensa Social, ya que al parecer se le trata a las mujeres que aborten como si fueran “las locas”.

En declaraciones a Intolerancia Diario, Saldaña Pérez —quien fue directora del Instituto Poblano de la Mujer— consideró que las fracciones parlamentarias deben remozar la ubicación del articulado en ciernes porque colocan a las mujeres como enfermas mentales: “La crítica es que se encuentra ubicado este artículo en el capítulo para trastornos mentales.

Esto significa que prioritariamente no se está viendo a la salud integral porque si hay cuestiones físicas, no se prevé políticas públicas. Esta es la propuesta que siempre hemos sostenido como priistas. Se requiere prevención, estamos de acuerdo con que no se castigue ni se lleve a cárcel, porque son las personas más desprotegidas o en extrema pobreza. Proponemos que los diputados y las demás fracciones modifiquen la iniciativa, no creo que se deba considerar a las mujeres enfermas mentales, sino tiene que atenderse la salud de manera integral y que a la vez no se les considere como a las locas.”

Lucero Saldaña señaló que la reforma debe incluir políticas públicas de prevención y que las mujeres deben abordar el tema: “Prevención, política pública de prevención y el tema que queremos es que hablen las mujeres. Vemos siempre el sesgo de castigarlas a ellas y no se ve qué pasa con la pareja.”

Publicado en Intolerancia Diario

Iniciativa de RMV da trato de enfermo mental a mujer que aborta: Unesco

Por Gerardo Rojas González 

Puebla, Pue. 5 de noviembre.- La propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que pretende reformar el artículo 346 del Código de Defensa Social, imponiendo un tratamiento médico integral a la mujer que voluntariamente aborte, está llena de vicios legislativos y da trato de enfermo mental, consideró Laura Adriana Albarello, miembro experto del Observatorio Global de Ética y Boética de la Unesco.

En entrevista, la también profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla manifestó su preocupación por la especificación de imponer un “tratamiento médico integral e internación de enfermos mentales” a una persona que no ha sido valorada; además, argumentó que la propuesta no aclara si el tratamiento será de carácter sicológico o siquiátrico.

“No se puede decir que una mujer, por practicarse (un aborto), es enferma mental y no me queda claro de dónde sacaron el marco legal para plantear ese tipo de reforma”, detalló Laura Adriana Albarello, premio Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en la Bioética, otorgado por la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (Pahef, por sus siglas en ingles)  en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Otro punto que es bastante grave del texto, que se plantea como reforma, es que no se establece la edad gestacional para que se considere un aborto, como lo han delimitado en otros estados del país”, explicó en entrevista telefónica con e-consulta.

Modificación no despenaliza el aborto

La especialista explicó que la propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle “no se basa en  la despenalización del aborto, ni en una destipificación, ya que sólo se omite la pena carcelaria por una sanción administrativa, pero técnicamente se cambia una pena por otra (…) sigue siendo una pena”.

El desconocimiento técnico legislativo se pone en evidencia en la propuesta de Moreno Valle, al no dar una categoría adicional al coparticipe, ya sea el médico o la partera: “no habla de la figura del partícipe necesario que se entendería que también sería sancionado administrativamente”, pues simplemente no se menciona en qué situación penal quedarían los participes, o si les caben las mismas sanciones que a la madre.

Así, la iniciativa presentada por el gobernador Moreno Valle al Congreso del Estado no responde a los estándares sociales de Puebla, consideró la abogada especialista en Bioética y Derecho Genómico.

No tomaron en cuenta a la Comisión Estatal de Bioética

Laura Adriana Albarello recordó que desde el 11 de junio pasado existe en Puebla una Comisión Estatal de Bioética, creada por la actual administración estatal y que no fue tomada en cuenta para una reforma que es de su competencia.

Por último, la especialista señaló que el intento de reforma “tiene un montón de puntos que quedan en el aire” y de acertado sólo le concede el cambio de la pena privativa de la libertad, por una pena administrativa, como un intento de resocialización de las personas.

Por error, diputados reciben y estudian iniciativa sin corregir sobre aborto

Por Claudia Lemuz y Jesús Lemus

Puebla, Pue.- 5 de noviembre. El Congreso local difundió en su página en internet una iniciativa diferente a la analizada durante la sesión del pasado jueves por los diputados, en la cual el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas propone la eliminación de la pena carcelaria a las mujeres que aborten.
El presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, explicó que en la web está publicado el verdadero proyecto del mandatario, en el cual desapareció la multa de 50 a 500 días de salario mínimo prevista originalmente, y sólo permanece el tratamiento psicológico.
Asimismo, abundó que los legisladores recibieron por error el expediente equivocado, al cual tuvieron acceso algunos medios de comunicación; por tanto, dijo que la Secretaría General de Gobierno y el Poder Legislativo debe asumir parte de la culpa que les corresponde y no echarse la bolita.
Cabe destacar que personal de la dependencia estatal repartió copias de la propuesta de Moreno Valle Rosas, la cual trata de reformar el Código de Defensa Social.
Sin embargo, los diputados recibieron la misma versión por correo electrónico, la cual fue sustituida en la madrugada por otro archivo, el cual establece que no habrá cárcel ni multa a las mujeres que interrumpan su embarazo.
Resulta obligado recordar que inicialmente estaba prevista la modificación del artículo 342 para retirar la pena corporal y establecería una redacción en este tenor: "a la mujer que se practique un aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá tratamiento médico integral en instituciones públicas, mismo que tendrá una duración no inferior a un mes, ni superior a un año, así como multa de cincuenta a 500 días de salario mínimo, o trabajo a favor de la comunidad de 80 ó 250 jornadas".
Pero esta mañana en la página web del Poder Legislativo, apareció otro proyecto, el cual ya no prevé cárcel ni multa; es decir ya no prevé penas para castigar este delito: "la mujer que se practique un aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá tratamiento médico integral en instituciones públicas, mismo que tendrá una duración no inferior a un mes, ni superior a un año".
Ante este nuevo panorama, el diputado local del PAN, Juan Carlos Espina von Roehrich, afirmó que el instituto blanquiazul está en contra de despenalizar el aborto; no obstante, comentó que la fracción albiazul no está cerrada en eliminar o disminuir la pena corporal.
En su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, aseguró que no deben confundirse los términos, pues destacó que eliminar la pena corporal no es lo mismo que despenalizar.

Por negligencia médica, joven tiene 3 embarazos no deseados

Ley en Sonora le prohíbe abortar
 

Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal 
 
Hermosillo, 4 nov 11 (CIMAC).- Para Elizabeth Madrid Ramírez, estudiante de 23 años de la licenciatura en Trabajo Social, el ejercicio responsable de la sexualidad no fue suficiente para que fuera gozosa. 
 
La maternidad la asaltó intempestivamente, toda vez que a pesar de que utilizó anticonceptivos, en tres ocasiones resultó embarazada por fallas en tres métodos distintos.
 
Elizabeth tiene una hija de dos años que procreó mientras tomaba anticonceptivos orales; otro hijo de un año, concebido pese a que tenía puesto el dispositivo intrauterino (DIU), y aunque utilizó el anticonceptivo inyectado Perlutal ahora lleva un embarazo de tres meses.
 
Cuando Elizabeth se casó hace tres años, en su horizonte no se vislumbraba la maternidad, pues ella deseaba seguir estudiando y no se imaginaba como madre, sino cuando terminara su carrera y tuviera un trabajo estable. 
 
Para no salir embarazada, la ahora madre fue con una ginecóloga al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, HIMES, para que le recomendara un anticonceptivo adecuado para su caso. Ese medicamento le cayó mal, pero siguió tomándolo pues su objetivo firme era no tener hijos. Aún así, el embarazo se dio.
 
De pronto la preocupación por no embarazarse viró hacia la angustia de que el producto viniera con algún defecto por seguir tomando las pastillas, sin embargo, nueve meses después tuvo una niña sana. 
 
Aceptar que sería madre le costó mucho trabajo a Elizabeth; fue hasta el final del embarazo y a punto de dar a luz que aceptó que tendría un hijo, pues siempre estuvo deprimida sin entusiasmarse por el embarazo. 
 
Cuando parió a su primera hija buscó que le suministraran otro anticonceptivo. Pidió que le hicieran la salpingoclasia, pero le dijeron que por su edad -21 años en ese entonces- no podían operarla. Fue así que una ginecóloga le colocó el DIU en el HIMES, después de nacer su hija. 
 
Tal como se lo indicaron, se checó el dispositivo a los tres meses. Sólo una vez lo revisaron pues se embarazó antes del segundo trimestre. Al nacer su segundo bebé salió también el DIU.
 
FRUSTRACIÓN 
 
Para Elizabeth la experiencia frustrante no ha sido fácil. Su no planeada primera hija tenía sólo tres meses cuando se enteró que estaba de nuevo embarazada. No paraba de llorar, pues sus planes de vida estaban completamente deshechos.
 
Con una gran depresión, pues creía que esa sería la única hija que tendría, por segunda vez perdía la oportunidad de ingresar a la universidad, ya que en ambas ocasiones pasó el examen de admisión, pero paría al inicio de semestre por lo que dejaba de ir a clases debido a la cuarentena y el cuidado del recién nacido. 
 
A Elizabeth no la consuelan las explicaciones de los médicos para responder por estas fallas. Todos los métodos tienen un riesgo pues son 99 por ciento efectivos, fue la excusa del primero. Y sobre el DIU simplemente le dijeron “es que eres muy fértil”. 
 
También le señalaron que tenía que cuidarse en diciembre porque era “su mes fértil”, pues las dos ocasiones se embarazó en ese mes.
 
A pesar de haberles informado que era presa constante de la depresión y que no cesaba su llanto, no le ofrecieron apoyo psicológico y se lo negaron cuando lo solicitó.
 
El médico del ISSSTESON, institución donde ella se atendió del segundo y tercer embarazos, le dijo que como ella era fumadora y había dejado el hábito durante el embarazo, pues a eso se debía la depresión. Le recomendó que se fumara un cigarro durante la semana, y que así se le iba a quitar la tristeza, lo cual ella no hizo. 
 
Pero Elizabeth sabe que su estado de ánimo se debía a la desilusión que le causó una maternidad tan brusca, que llegó tan de golpe, impuesta por las fallas en los anticonceptivos. Por eso ahora reflexiona que si hubiera podido, habría interrumpido la gestación.
 
FALLAS DEL SISTEMA
 
Más adelante, una tercera vez el embarazo asaltó su vida cuando buscó un anticonceptivo acorde con sus necesidades. Por recomendación de un tercer ginecólogo, también del ISSSTESON, empezó a utilizar anticonceptivo hormonal inyectado. El médico le dijo que ese era un método “un poco más seguro”. 
 
Con sorpresa mayúscula como si fuera una mala broma, la vida le trajo la noticia de que estaba embarazada por tercera ocasión cuando su segundo hijo contaba con apenas siete meses de edad, y la primera poco menos de dos años. 
 
Perlutal fue el medicamento que cuidadosamente acudía a inyectarse sin los resultados esperados. Cada mes, a los siete días después de la menstruación era la indicación. Pero Elizabeth tendrá su tercer hijo dentro de siete meses. 
 
Con mucho cansancio por el cuidado de dos pequeños de dos y un año de edad, y deprimida por un embarazo todavía no procesado, es el resumen de su estado anímico. Aún así, le niegan atención psicológica pues no lo consideran importante. 
 
Al dar a luz a su segundo hijo de nuevo pidió la esterilización, pero se la negaron una vez más por la edad. “Trataron de confundirme los médicos, diciéndome que me iba a volver muy achacosa, pero no me quisieron operar. Como que me hicieron menos”, narra enojada. 
 
“Antes de las 12 semanas no es nada… es un cigoto… no es nada”, expresa mientras opina sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo en forma legal. “Si estuviera permitido yo me hubiera ido por esa opción. Como está prohibido abortar, pues lo tengo que tener”, lamenta.
 
En tres años le cambió la vida aceleradamente, modificaron sus planes, se le vinieron abajo, precisa. Cambió su forma de ver la vida, pues de pronto en lugar de responsabilizarse por ella, ahora tiene que responder por casi tres personas más. 
 
Considera que los médicos que aseguran que no habrá embarazo utilizando anticonceptivos deberían de responder. También los que niegan la decisión de operarse para no seguir teniendo hijos. 
 
Como lección, Elizabeth expresa que las mujeres deben de luchar por sus derechos, por su libertad. No tenemos derecho a decidir, concluye. 
 
11/SN/RMB

El miedo no detiene la defensa de los Derechos Humanos

Activistas van por Red Nacional y protocolo de seguridad 
  

Por Anayeli García Martínez, enviada
 
Tlaxcala, 4 nov 11 (CIMAC).- Ante el miedo, el cansancio y la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que defienden los Derechos Humanos (DH), activistas se reúnen en esta ciudad para analizar nuevas formas de autoprotección que ayuden a disminuir y erradicar las amenazas y ataques que enfrentan cotidianamente.
 
Desde hoy y hasta el próximo domingo se lleva a cabo el Segundo Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, con el fin de analizar la situación de las luchadoras sociales y elaborar mecanismos de seguridad.
 
Al inaugurar el evento convocado por las organizaciones Asociados por lo Justo, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, las participantes advirtieron que aunque viven con miedo y en un contexto de criminalización, seguirán adelante con su labor.
 
Las mujeres, que trabajan en la defensa de la tierra, los derechos reproductivos, a favor de personas desaparecidas o en contra de la violencia de género, coincidieron en que desde el primer encuentro celebrado en la Ciudad de México en octubre de 2010, la situación de violencia e inseguridad no ha cambiado.
 
Denunciaron que además del machismo, tienen que enfrentar los ataques de instancias del Estado y la delincuencia común y organizada, agresiones que limitan la ciudadanía y agravan la discriminación contra las defensoras de los DH.
 
Alertaron que la violencia contra las activistas debilita la democracia y favorece la impunidad y la corrupción.
 
Marusia López, integrante de Asociadas por lo Justo, recordó que desde el encuentro pasado se realizó el diagnóstico “Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica” –sobre la situación de las activistas en México, Honduras y Guatemala–, el cual revela la discriminación y los obstáculos que enfrentan las mujeres en su labor humanitaria.
 
En el documento se señala que las defensoras sufren formas específicas de agresión a causa de su condición de género porque, como lo han señalado organismos internacionales, ellas “cuestionan normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos aceptados”.
 
Ahora el objetivo es actualizar ese diagnóstico y reflexionar sobre el papel estratégico del autocuidado de las defensoras, un debate que también servirá para fortalecer los movimientos sociales en los que ellas participan. El encuentro continuará mañana para articular una Red Nacional de Defensoras. 
 
11/AG/RMB

Narcoguerra duplica asesinato de niñas y niños: Redim

De 2007 a 2009 se disparan muertes violentas de adolescentes

Por la Redacción

México, DF, 3 nov 11 (CIMAC).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó sobre el aumento en el número de muertes violentas entre las y los adolescentes de 15 a 17 años de edad, como consecuencia de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado.

En un comunicado, la Redim dijo que mil 373 niñas y niños han muerto durante la lucha que realiza el gobierno mexicano contra la delincuencia en todo el país, por lo que instó a las autoridades a que cumplan con las recomendaciones que el Comité sobre Derechos del Niño de la ONU emitió el pasado 4 de febrero.

La organización civil precisó que en 2007 la tasa de fallecimientos de adolescentes en ese rango de edad era de 5.3 por cada 100 mil habitantes, pero que en 2009 se duplicó a 10.7 muertes por cada 100 mil.

La Redim detalló que entre las recomendaciones del Comité de la ONU se encuentran la recopilación de datos sobre el número de niñas y niños detenidos, heridos o asesinados, y la sanción a los responsables de los hechos; así como adoptar medidas adecuadas para protegerlos de las acciones militares y policiacas.

También demandó la creación de un mecanismo de identificación de niñas, niños y adolescentes que pudieran haber sido reclutados para que se les brinde atención psicológica, física, médica y asesoría jurídica para que se reintegren a la sociedad.

Pidió el establecimiento de marcos legales que garanticen los Derechos Humanos (DH) y la protección, en particular de las niñas, de la violencia de las fuerzas armadas y de los grupos no estatales.

La Redim señaló que debe incorporarse en el Código Penal federal y en las leyes estatales la prohibición al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en las organizaciones armadas.

Pidió un presupuesto especial para el desarrollo de un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia.

La agrupación recordó a los distintos niveles de gobierno que deben cumplir con la reciente modificación del artículo 4 de la Constitución, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se cumplirá con el principio del interés superior de las y los niños, principio que guiará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada el 20 de noviembre de 1989 reconoce, respeta y protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para supervisar su aplicación se creó el Comité sobre derechos del niño, conformado por expertos independientes para vigilar la adecuada implementación de sus derechos.





11/GM/RMB