MUJERES CRONISTAS EN CONFLICTOS ARMADOS: NI VICTIMAS NI HEROINAS

por Silvina Molina, enviada especial




Fez, Marruecos, 25 de octubre.- Los riesgos y las secuelas que sufren las mujeres periodistas cuando ejercen su profesión en contextos de lucha armada, fueron motivo de debate en un encuentro internacional de mujeres con dos casos de dramática actualidad como eje: México y Colombia. 
Profesionales de esos dos países anticiparon detalles de investigaciones en curso, haciendo hincapié en la necesidad de contar con estadísticas de violencia desagregadas por sexo y en la fortaleza de trabajar en red con colegas y organizaciones sociales como medida de protección.
Yunuhen Rangel Medina de la mexicana Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) y Fabiola Calvo de la Red Colombiana de Periodistas expusieron ante el IV Encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), reunida en Fez, las consecuencias emocionales y físicas de ser testigos y víctimas de la violencia armada.
Ambas coincidieron en la necesidad de “contextualizar la situación social, política e ideológica” de sus países para poder transmitir que las periodistas “no son ni víctimas, ni heroínas; se trata de reconocer las particularidades y tomar medidas ante ellas”, dijo Medina.
"Conforme los actos de violencia contra periodistas fueron aumentando o siendo visibles a través del registro y documentación de organismos nacionales e internacionales, se demostró que la mayoría de las agresiones contra periodistas no eran provenientes del crimen organizado sino de elementos del Estado”, agregó.
"En México en 2010, organizaciones de prensa y sociales registraron 155 actos violentos contra el periodismo, y explicaron por primera vez, que 29 de estos casos eran protagonizados por mujeres”, explicó Medina.
Recordó que México “ha sido catalogado por la ONU, como el país más violento de América Latina para ejercer el periodismo y el segundo del mundo después de Irak”.
Ante la ausencia de registros en Colombia, Calvo está realizando su pesquisa “Periodistas en tiempo de guerra”, en base a entrevistas a 13 profesionales de prensa mujeres, “para resaltar el impacto emocional que la violencia armada ha dejado en ellas”, afirmó.
Agregó que la mayoría “no quiere que se publique su nombre, algunas fueron violadas pero no quieren hablar de ello, casi todas abandonaron la profesión o eligieron el exilio”.
En ese sentido, Cimac, que viene documentando desde 2005 actos violentos contra periodistas mexicanas, determinó que en “más del 60% de los casos, hay difamación de la vida personal y laboral, descalificación o cuestionamiento de su trabajo, justificación de la violencia, revictimización y exposición de la vida privada en los medios”, señaló Medina.
“¿Qué hacían ellas ahí para que las mataran, violaran o golpearan?” es una pregunta que ambas periodistas, en sus respectivos países, atestiguaron haber escuchado muchas veces. "Se las culpabiliza y se justifica la violencia”, dijeron.
México será sede del quinto encuentro de la RIPVG en 2013, decisión que se tomó para “apoyar a las colegas ante la situación de extrema violencia contra el periodismo y la libertad de expresión”, según la declaración emitida por la organización periodística esta semana. Medina afirmó que el trabajo en redes periodísticas “nos ha permitido cobijarnos ante la indiferencia de instancias de atención en situaciones donde la vida o el bienestar de una colega está en riesgo, y a la vez poner en la mira internacional a las autoridades de nuestro país y compartir experiencias exitosas de visibilización”.
Ejemplos sobran, uno muy representativos en México es el caso de Lydia Cacho Ribeiro, a quien, gracias la articulación de la Red Nacional de Periodistas en México, fue posible proteger su vida.
En 2005, un breve mensaje empezó a correr por el ciberespacio: “Policías poblanos detienen a Lydia Cacho en Cancún. No sabemos su paradero. Su vida podría estar en peligro”, y de inmediato “la noticia inició su camino en radio y portales de Internet, se empezó a difundir", contó Medina.
"Lydia no estaba sola, estaba respaldada por la Red Nacional de Periodistas. Las redes de periodistas y las redes humanas construyeron un escudo para proteger su vida”, destacó.
En los últimos dos años, la RIPVG se ha pronunciado ante cada desaparición, agresión y asesinato de periodistas en México, pronunciamientos “que se convirtieron en escudo, respaldo, cobijo y contención” compartió la mexicana.
Calvo por su parte, enfatizó que la violencia contra las mujeres periodistas “hace que ellas pierdan sus vidas, pero casi nadie analiza la pérdida que nos significa como sociedad”.
México, Colombia y la Argentina, a través de PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista), coordinarán la red internacional hasta 2013 y una de las acciones prioritarias será acompañar a las profesionales mexicanas y exigir el esclarecimiento de los ataques y asesinatos de trabajadores de prensa. (Télam)
smlm-rq-bar 

Ss de Sonora promueve abstinencia como método anticonceptivo

Recomienda a adolescentes ejercerla como “forma de vida” 

Por Silvia Núñez Esquer, corresponsal 
 
Hermosillo, 25 oct 11 (CIMAC).- Contrario a lo que dicta la Norma Oficial Mexicana (NOM) 005 referente a los servicios de Planificación Familiar (PF), la Secretaría de Salud (Ss) del estado de Sonora promueve en primer lugar la abstinencia sexual como método anticonceptivo entre las y los adolescentes.
 
El responsable estatal de PF y anticoncepción, José de Jesús Arriola Alvarado, explicó que la abstinencia sexual tiene que ser decisión de cada persona: “Cada paciente que viene con nosotros si es adolescente y ya está convencido o ha decidido tener relaciones sexuales, se le explica cuáles son los riesgos de iniciar a temprana edad, y se le habla de la abstinencia como método de planificación”.
 
Cabe recordar que la NOM 005 de PF obliga a las autoridades sanitarias y a los servicios privados de salud a brindar toda la información sobre los métodos anticonceptivos, a fin de evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS), como VIH-Sida. 
 
Organizaciones civiles por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han criticado que al igual que la Iglesia católica, haya funcionarios del sector salud que anteponiendo sus creencias religiosas promuevan la abstinencia sexual como un método de control natal.  
 
José de Jesús Arriola expresó que la abstinencia sexual “no es un concepto, sino una forma de vida”. Abundó: “Lo que buscamos es que las adolescentes no se embaracen, no tengan un embarazo no planeado, para evitarle toda una serie de afecciones, enfermedades, deterioro en la salud en su adultez. Es más fácil que en una muchachita de 19 años que va por su quinto hijo, el riesgo de muerte materna se incremente”. 
 
El funcionario de la Ss estatal dijo que lo más conveniente para las y los adolescentes es que tengan relaciones sexuales cuando estén “en condiciones físicas, psicológicas y sociales más aptas”.
 
PANORAMA DESOLADOR
 
Por separado, Claudia Cecilia Orozco, coordinadora de Salud Reproductiva y Equidad de Género de la Ss, consideró que el panorama del embarazo adolescente en Sonora “es desolador”, ya que del total de mujeres embarazadas en Sonora un 30 por ciento lo ocupa ese grupo de edad.
 
Precisó que de acuerdo con cifras recientes en Sonora hay 17 mil 798 mujeres embarazadas, de las cuales 5 mil 602 son adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Aclaró que los datos se refieren a las usuarias que se encuentra bajo su responsabilidad, es decir 48 por ciento de la población total del estado. 
 
11/SN/RMB

Hacedoras de la Historia

Olga Sánchez Cordero 

Por Erika Cervantes*
 
En el reciente debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas en Baja California (BC) y San Luis Potosí (SLP) que “protegen la vida desde la concepción”, la ministra Olga Sánchez Cordero fue la voz femenina que defendió –una vez más– los derechos de las mujeres.   
 
Con argumentos jurídicos contundentes, la ministra advirtió que las reformas a las constituciones en esos estados podrían restringir el acceso a métodos anticonceptivos que las autoridades sanitarias consideren abortivos, y con ello limitar la garantía individual estipulada en el artículo cuarto de la Carta Magna que protege el derecho de las mexicanas a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.
 
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de  México UNAM, Sánchez Cordero se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública, entre los que destacan ser la primera mujer notaria pública del Distrito Federal y la novena mujer en ocupar un lugar en el pleno de la SCJN.
 
Su formación de jurista la ha llevado a participar como magistrada numeraria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de marzo de 1993 a enero de 1995. Como notaria pública en 1995, fue designada ministra de la Suprema Corte.
 
Ha contribuido a la formación de las nuevas generaciones de profesionistas mexicanos en diversas instituciones como la UNAM, el Colegio Francés y el Colegio Alemán.
 
Autora de alrededor de 40 libros, Olga ha dedicado al menos seis de sus obras al estudio de los derechos de las mexicanas. 
 
Reconocida por su trabajo, la ministra Sánchez Cordero ha recibido dos doctorados Honoris Causa por las universidades autónomas de Morelos y Nuevo León; y galardones como el Clara Zetkin, Mujeres que hacen la diferencia, Mujeres contribuyendo por México, presea Flama, Vida y Mujer, y la Mujer del año 2004, entre otros.
 
Olga Sánchez Cordero también abogó por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en 2007, cuando la SCJN desechó la controversia constitucional promovida por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra la reforma que despenaliza el aborto en la Ciudad de México.
 
En el caso del debate sobre las reformas en BC y SLP, la ministra señaló que si bien los estados de la República pueden ampliar los derechos fundamentales, no pueden restringirlos, como es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina.
 
Olga consideró que esas legislaciones provocan incertidumbre a las mujeres que recurren a métodos anticonceptivos, porque habrá ocasiones en el que el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia (PAE) inhiban la fecundación, y habrá otras en que sean inhibitorias de la implantación y en consecuencia pudiera considerarse que privan la vida de otro.
 
Sánchez Cordero nace en la Ciudad de México y nos hereda a las mexicanas su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 
 
* Periodista y fotógrafa mexicana. Integrante de la Red Nacional de Periodistas.

Veracruz, con sólo 10 por ciento de alcaldesas

Partidos postulan a mujeres para “acompañar” a varones  

Por Brisa Gómez, corresponsal 
 
Xalapa, 26 oct 11 (CIMAC/AVC).- En el estado de Veracruz apenas el 10 por ciento de los municipios son gobernados por mujeres y sólo el 33 por ciento de las regidurías están en manos femeninas, lo que refleja que la “democracia tradicional” aún favorece a los varones.
 
La directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Edda Arrez Rebolledo, lamentó que en cada elección estatal las candidatas “se quedan en el ya merito”, toda vez que las reglas electorales y partidistas “conceden los mejores espacios a los hombres y a las mujeres les imponen el rol de meras acompañantes”.
 
El estado de Veracruz tiene 203 municipios, y únicamente 20 de ellos son encabezados por mujeres, de acuerdo con lo señalado por la funcionaria estatal. 
 
Como parte de las conmemoraciones por el 58 aniversario del voto femenino en México, la directora del IVM criticó que a pesar de la existencia de cuotas de género en las candidaturas a cargos de elección popular, la participación política de las veracruzanas sigue siendo mínima.
 
Arrez Rebolledo observó que es “de temerse” la visión de democracia que tienen los hombres en el poder político, ya que en el Código Electoral estatal se permite la eliminación de la cuota de género “cuando los procesos sean enteramente democráticos”.
 
“Me da miedo esa postura porque no sabemos de qué tipo de democracia se habla”, cuestionó la directora del IVM. 
 
La diputada Martha Lilia Chávez, presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género en el Congreso estatal, dijo que las mujeres, además de ofrecer su voto, aportan soluciones creativas para las problemáticas que enfrenta el país.
 
Agregó que la solución a problemas como la economía, la violencia y el desarrollo, se encuentran en manos de las mujeres, pues son ellas quienes trabajan al interior de la familia y tienen el poder de cambiar a la sociedad, siempre y cuando no se les impida el acceso a los espacios de toma de decisión.
 
Noemí Guzmán Lagunes, secretaria de Protección Civil estatal, lamentó que las aspirantes a cargos de elección popular son consideradas por los partidos políticos como mero acompañamiento de los varones.

Dejan sin voto a activistas que den seguimiento a feminicidio

Sólo podrán opinar sobre protocolo de investigación en DF  


Por Gabriela Mendoza Vázquez 
 
México, DF, 26 oct 11 (CIMAC).- Activistas contra la violencia hacia las mujeres tendrán derecho a voz, pero no a voto, en el recién creado Comité Técnico de Análisis y Evaluación que dará seguimiento a las investigaciones judiciales de los casos de feminicidio en el Distrito Federal. 
 
Así se asienta en el “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio”, publicado ayer por la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), y en el que se establecen los lineamientos para la “oportuna, adecuada, eficiente y eficaz actuación del personal ministerial, policial y pericial en la investigación” de casos de feminicidio. 
 
El Comité estará integrado por personal de la PGJDF, el Instituto de las Mujeres capitalino, y sólo por tres representantes de organizaciones de la sociedad civil “con experiencia en Derechos Humanos, perspectiva de género o violencia contra las mujeres, los cuales tendrán únicamente derecho a voz”.
 
La instancia de vigilancia del protocolo cobra relevancia, toda vez que realizará un diagnostico semestral para detectar las “buenas prácticas” o acciones que hayan permitido que las investigaciones de un caso produzcan buenos resultados.
 
Las activistas que se integren al Comité podrán opinar, pero no votar sobre “los obstáculos, defectos, errores u omisiones en la aplicación del protocolo”.
 
El mecanismo de seguimiento sesionará dos veces al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria “las veces que resulten necesarias”, de acuerdo con el protocolo para investigar casos de feminicidio en el DF.
 
El Comité también se reunirá y elaborará un diagnostico previo a la programación del ejercicio presupuestal 2012, para hacer las peticiones de recursos correspondientes. 
 
CIUDAD VIOLENTA
 
Según datos de la PGJDF, en 2010 fueron asesinadas 107 mujeres en la capital del país. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierte que el año pasado se registraron 203 casos de feminicidio, casi el doble de lo reportado por la procuraduría. 
 
Ante esa situación, el Gobierno del Distrito Federal envío el pasado 8 de marzo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para reformar el Código Penal y tipificar el feminicidio.
 
La ALDF aprobó las reformas el pasado 29 de junio, por lo que se incorporó al catálogo del Código Penal para el DF el delito de feminicidio, previsto en el artículo 148 Bis. Se estipuló así que comete feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.
 
Las penas aprobadas para castigar ese crimen van de 20 a 50 años de prisión, y de 30 a 70 años si entre la víctima y el agresor existió una relación afectiva, laboral, de parentesco o de otra índole. 
 
Se adicionó el artículo 105 Bis del Código de Procedimientos Penales local, para que sea obligatorio que el delito se investigue pericial, ministerial y policialmente.
 
Las reformas se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 26 de julio.
 
MEDIDAS
 
El protocolo publicado consta de una guía técnica de investigación del feminicidio “con respeto a los Derechos Humanos y con perspectiva de género”. 
 
Se plantea que la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la PGJDF implemente un sistema de alerta para que al iniciarse una averiguación previa, la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio doloso reciba un aviso de esa indagatoria.
 
Se estipulan también áreas responsables de la aplicación del protocolo, y se establece que las víctimas indirectas, personas ofendidas y testigos del delito de feminicidio serán atendidas y protegidas por el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento (ADEVI), el cual proporcionará atención psicológica, médica, jurídica y social. 
 
En la elaboración del protocolo participaron la PGJDF, el Tribunal Superior de Justicia capitalino, el Inmujeres-DF, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y el OCNF.    
 
11/GM/RMB

Listo en el Senado, dictamen para tipificar feminicidio

Se aprueba a más tardar en 2 semanas: Tere Incháustegui 



Por Anayeli García Martínez
 
México, DF, 26 oct 11 (CIMAC).- La presidenta de la Comisión especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, Teresa Incháustegui, afirmó que en breve el Senado dictaminará y aprobará una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio a nivel nacional.   
 
En entrevista, la diputada por el Partido de la Revolución  Democrática (PRD) adelantó que luego de diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, se prevé que en dos semanas se apruebe un dictamen en la materia.
 
Desde septiembre pasado, el Senado acordó crear un grupo de trabajo, en colaboración con la Cámara de Diputados, con el fin de incorporar el asesinato de mujeres por razones de género como un delito grave en el Código Penal federal.
 
De acuerdo con la legisladora, desde entonces integrantes de las Comisiones de Feminicidio y de Justicia de la Cámara baja han trabajado con algunos senadores para avanzar en un tipo penal que, aseguró, será similar al que entró en vigor en julio pasado en el Distrito Federal.
 
Incháustegui señaló que aún se están afinando algunos detalles para que la tipificación sea viable, práctica, sólida y jurídicamente  consistente, pero adelantó que el delito se castigará con penas de 30 a 60 años de cárcel. “Vamos muy bien y estoy muy optimista de que esto salga”, aseguró.
 
También informó que las y los diputados elaboraron un dictamen que recoge las propuestas de las cuatro iniciativas presentadas en la actual legislatura. “Hemos estado trabajando y acercado la propuesta para que a la hora de que llegue la minuta del Senado, sólo sea un trámite”, precisó.
 
Finalmente reconoció la importancia de que el gobierno capitalino publicara el  “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio”, que establece los lineamientos básicos para iniciar una averiguación previa cuando ocurre el asesinato doloso de una mujer.
 
“El protocolo del Distrito Federal sobre feminicidio va a orientar bien a los peritos forenses y a los ministerios públicos para que hagan buenas investigaciones, es un buen instrumento que nos va a servir para evaluar y servirá como un referente para ver cómo se aplica”, indicó la diputada.
 
CONDENAN VIOLENCIA DE GÉNERO
 
Durante su participación en el seminario “Fortaleciendo el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia”, organizado por la Cámara de Diputados, la legisladora condenó la violencia de género y convocó a un pacto contra la impunidad.
 
En el encuentro que reúne a especialistas en procuración de justicia, defensoras de Derechos Humanos y funcionarias, también estuvo presente Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo de España, quien condenó la situación de violencia contra las mexicanas.
 
Castresana, quien en 2003 formó parte de un equipo de expertos de la ONU que visitó Ciudad Juárez para realizar un informe sobre el feminicidio, dijo que hay un fracaso institucional que a su vez incentiva la repetición de los crímenes porque el mensaje que se envía a la sociedad es de impunidad.
 
Lamentó la falta de respuesta del Estado ante en el tema de la violencia hacia las mujeres, y explicó que en América Latina “la ley no importa” porque teóricamente la norma existe, pero cuando no se aplica el mensaje es contrario porque no hay consecuencias. 
 
Castresana dictará mañana una conferencia sobre los obstáculos en la debida diligencia en los casos de feminicidio en América Latina, luego de que fue perito en el caso conocido como Campo Algodonero, donde fueron asesinadas ocho mujeres, en Ciudad Juárez, Chihuahua.


11/AGM/RMB

“Si no entendemos las relaciones de género no entendemos nada”

Rita Segato estuvo en Neuquén brindando una charla sobre “Los cuerpos de las mujeres como territorios de violencias”. No fue una conferencia, se trató primero de un recorrido por su carrera académica, por el proceso que la llevó a elaborar conceptos, a comprenderlos. Y en segundo lugar fue un diálogo, con una perspectiva horizontal, con las y los asistentes, que preguntaron, se sacaron dudas, intercambiaron inquietudes.

Por Melina Fit

Segato fue invitada por la Colectiva Feminista La Revuelta en el marco de las actividades por el Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, porque ellas consideran – al igual que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratutio que integran, y muchas organizaciones más- que negar el derecho a las mujeres de interrumpir un embarazo no deseado es violencia.

Segato es argentina pero está radicada en Brasil, país donde realizó la mayoría de sus estudios de género, sobre mujeres, sobre violencias, sobre comunidades afro-brasileras, entre muchos otros temas. Es antropóloga e investigadora.

Uno de los ejes que estructuró la charla fue una concepción sobre la mirada que deben tener los y las investigadoras, periodistas, comunidad en general. Una posutra ante el problema. “Es necesario disponibilizarse, estar disponible. No llegar a las cosas con nuestros marcos, con nuestras preconcepciones”, explicó la especialista. Y a continuación relató un ejemplo sobre lo que implica estar disponibles: “En el Congreso sobre Trata realizado en Trelew fui a unos talleres que eran sobre un caso muy triste de una niña que había sido violada, luego asesinada y el cuerpo quemado. Las personas que conducen el taller hablaban de la justicia que actuó mal y de la familia que también actuó mal por un pariente violador. Todo mal, el polo familiar y el estatal, entonces yo les dije que en todo el relato falta una parte, falta la comunidad. La trama comunitaria es la única capaz de vigilar, no es la familia ni mucho menos el Estado. Y en ese momento como no estaba en el marco no escucharon mi planteo, no estaba en el vocabulario, sí está la familia disfuncional y el Estado corrupto, no perciben que hay caminos intermediarios, y como no estaba en la grilla mental no hubo eco”.

Segato tiene conceptualizaciones alternativas, nuevas, o al menos poco difundidas en esta parte del mundo. Es que como ella misma explicó “la disponibilidad es escuchar lo que no fue escuchado, creer en lo nuevo”. Otro de los ejemplos ocurre con los suicidios y la demostración a través de estadísticas de que serían epidémicos. Desde ese momento está prohibido para los medios publicar noticias de suicidios. “¿Por qué no pensamos esto para algunos casos de crímenes de género, por ejemplo para las mujeres quemadas?”, nos preguntó la antropóloga.

El encuentro fue una interpelación constante, un re pensar de ideas, una posibilidad para ver las violencias contra las mujeres desde otra perspectiva.

“Si no entendemos las relaciones de género no entendemos nada”, afirmó Segato al concluir el relato de la experiencia que la llevó a ella misma a comprender las relaciones de género, cómo estas son estructuradas a partir de la cultura, la religión, la vida cotidiana; cómo estructuran toda la vida.

“Mi camino empezó con un tema mucho más feliz que los que me convocaron más tarde. Empezó con un estudio sobre una religión afro-brasilera en el nordeste de Brasil arriba de Bahía que se llama Recife. Fue en los años 70 y había un modo de vida muy arcaico y una religión muy mantenida, la religión es como el candombe en Bahía. Mi tema de investigación era la etnopsicología, quería estudiar cómo era la teoría de la psiquis humana en esa religión. En esos momentos todavía no había una antropología de género. Y en el campo me voy dando cuenta que mujer y hombre significan cosas totalmente diferentes que en Occidente. Los hombres de esa comunidad eran muy andrógenos, muy afeminados. Y las mujeres tenían relaciones amorosas con mujeres y también con hombres. Me costó mucho hablar de homosexualidad y heterosexualidad por ejemplo. Hasta la taxonomía está comprometida con el mundo Occidental. Diciendolo mal voy a decir que los hombres eran homosexuales y las mujeres lesbianas. Pero esa una visión totalmente errada. La construcción de género de lo que es la mujer, el varón, la feminidad y masculinidad era totalmente diferente.

Era una comunidad de mujeres poderosas y muy pacíficas, y la política era hablada en términos domésticos. Después de horas y horas de charlas escucho hablar de un solo asesinato, una mujer mató a otra por celos, por dolor de amores, en los 70 años de existencia de esa comunidad un único caso relatado. Y cuando se habla de ese evento más que hablar de un error, un acto criminal, inmoral y antiético hablaban de un acto antiestético, un acto feo. Qué importante que es aceptar la pluralidad de mundos”.

Defender Estado laico de “grupos fundamentalistas”, acuerdan expertos en sexología

Defender derechos consagrados en la Constitución, uno de los objetivos. Contrarrestar a “grupos fundamentalistas” y reconocer diversidad, otro de los acuerdos

Por Mario Alberto Reyes-enviado

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, octubre 23 de 2011. Con la convicción de que los derechos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sustentados en la dignidad, no se someten a votación ni a negociación, y con el compromiso de continuar la defensa del Estado laico ante los embates de grupos conservadores, concluyó el VIII Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología.

Durante la clausura, los 800 asistentes al evento se pronunciaron a favor de la pluralidad de opiniones y por el derecho de todas las personas a decidir sobre el ejercicio de su sexualidad, para así contrarrestar a los “grupos fundamentalistas” que mediante el desconocimiento de las diversidades culturales y sociales, pretenden imponer “una sola forma de ver el mundo, la vida, la sociedad, la familia y la sexualidad”.

En voz de la nueva presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), Marcela Martínez Roaro, quien leyó la Declaratoria del congreso, se reprobaron las consultas populares y campañas de recolección de firmas realizadas por grupos conservadores para modificar las constituciones locales de algunos estados del país.

El documento final respaldó la Campaña Internacional STP-2012 para despatologizar la condición transexual y suprimir su carácter de enfermedad mental. También reafirmó la necesidad de que las condiciones transgenérica y transexual “sean reconocidas como derecho humano fundamental a la libre expresión de la personalidad y la individualidad de la identidad de género de las personas”.

Luego de tres días de trabajo, los asistentes refrendaron su apoyo a la realización de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación, firmada por el gobierno mexicano, y que busca reducir en 50 por ciento el número de adolescentes y jóvenes sin acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y en 75 por ciento la cantidad de escuelas que todavía no han institucionalizado la educación integral en sexualidad.

La Declaratoria del VIII Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, agradeció la presencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández, quien, aseguraron, con su presencia subrayó y destacó la inclusión de un discurso laico y sexológico en el ámbito del derecho.

Al respecto, el documento celebró el voto de los siete ministros de la SCJN quienes votaron en contra de la constitucionalidad de la inclusión del derecho a la vida desde el momento de la concepción en las constituciones de Baja California y San Luis Potosí.

“Se cumplió con el requisito constitucional, pero se evidenció la minoría de un sector conservador y reaccionario del país, que temporal y momentáneamente, obstaculiza el avance de los derechos sexuales y reproductivos, en contra del reconocimiento internacional de los derechos humanos”.

En ese sentido, los congresistas felicitaron a la Corte “por abrir sus puertas a la razón, a la ciencia y a las realidades y necesidades sociales”, al resolver en la capital del país la constitucionalidad de la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, el derecho a la identidad de género con independencia del sexo de nacimiento, el derecho al matrimonio y a la adopción por parte de las parejas del mismo sexo.

“Por romper las oprobiosas cadenas que ataban a los cónyuges a las causales de divorcio, para permitirles la disolución de vínculo conyugal, por la sola voluntad de uno de ellos y confirmando los derechos sexuales y reproductivos consagrados, reconocidos y garantizados por la Constitución federal”.

El VIII Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología fue organizado por la Femess y contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Secretaría de Salud local, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo Nacional de Población, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida.

Finalmente, los organizadores anunciaron que Aguascalientes será la sede del próximo congreso en 2013.

Nota publicada por la Agencia NotieSe

Por “lentitud” en prevención, CaCu aún mata a miles de mujeres

Experto del INSP pide reforzar vacunación contra VPH  


Por Guadalupe Cruz Jaimes


México, DF, 20 oct 11 (CIMAC).- Debido a que los programas de control y prevención del cáncer cervicouterino (CaCu) “funcionan lentamente”, esta enfermedad se mantiene como un grave problema de salud pública en México, advirtió Vicente Madrid, director del Área de Infecciones Crónicas y Cáncer, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 
 
Durante el seminario Enfermedades virales crónicas, realizado en la Secretaría de Salud (Ss), el médico investigador aseveró que a pesar de las acciones emprendidas por el gobierno contra el CaCu “sigue habiendo muchas muertes”, por lo que llamó a reforzar las medidas de prevención a fin de disminuir el número de víctimas. 
 
De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en 2008 ese tipo de cáncer mató a 5 mil 700 mujeres. El CaCu es la segunda causa de muerte por cáncer entre las mexicanas, luego de que en 2006 el cáncer de mama (CaMa) superó las cifras de fallecimientos de mujeres debido a tumores malignos.
 
Vicente Madrid, también integrante del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del INSP, destacó que la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas de entre 9 y 13 años de edad es clave para prevenir el desarrollo de CaCu.
 
Detalló que la eficacia de la vacuna (con las dos dosis) es del 100 por ciento, sobre todo en las niñas de 9 años edad, quienes tienen una mejor respuesta inmune que otros grupos de edad. “Las niñas de 9 años de edad generan más anticuerpos que las mujeres de 16 y 25 años”, detalló.
 
Aunque la Ss contempla sólo a las niñas para la vacunación temprana del VPH, el especialista consideró que el abanico de prevención debe extenderse también a los niños.
 
Cabe recordar que la Ss anunció que a partir de enero próximo la vacuna contra el VPH se incluirá en la Cartilla Nacional de Vacunación para aplicarla a todas las niñas de 9 años de edad y así en 2013 queden protegidas un millón 400 mil mujeres. Ello se debe a que el costo de la vacuna bajó a 175 pesos. 
 
Según información del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), dependiente de la Ss, en 2006 la cobertura en las niñas de 12 a 16 años de edad en los 125 municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue de 90 por ciento con la primera dosis, y de 78 por ciento con la segunda dosis en niñas de 9 a 12 años de edad en los municipios con menor IDH. 
 
Respecto a la detección del VPH en mujeres en edad reproductiva, Madrid señaló que es importante avanzar en la aplicación de la prueba de tamizaje (captura de híbridos) principalmente en las poblaciones con mayor marginación.
 
El experto mencionó que aunque el 92 por ciento de las mujeres que contrae el virus lo elimina como una respuesta del sistema inmunológico, es necesario tener un diagnóstico para dar tratamiento oportuno y evitar el desarrollo de CaCu.
 
De 2008 a 2010 la prueba de detección se aplicó a 70 por ciento de las mujeres de 35 a 64 años de edad habitantes de los 125 municipios de menor IDH, donde la cobertura de papanicolaou era menor al 20 por ciento. En ese periodo se cubrió a un millón 582 mil 901 mujeres en el país, según datos del CNEGySR. 
 
El director del Área de Infecciones Crónicas y Cáncer añadió que sería recomendable ampliar la cobertura de la prueba de hibridación en el resto de la población femenina, sin embargo el costo sigue siendo alto. “El costo no debe ser mayor a 18 dólares (246 pesos) y actualmente es de 133 (mil 821)”.    
 
Además, abundó, es necesario fortalecer la prevención del CaCu mediante la realización periódica del papanicolaou y pruebas de VPH. 
 
11/GCJ/RMB

Mujeres rurales: en la pobreza, sin poder y discriminadas

Oxfam-México reclama apoyos con visión de género  



Por la Redacción 
 
México, DF, 20 oct 11 (CIMAC).- En México, las mujeres rurales padecen día a día de una discriminación brutal. Aunque son las responsables de la producción y el suministro de alimentos, no son dueñas plenas de la tierra, carecen de créditos y poder de decisión, sufren violencia, y sus labores se triplican debido a la migración de los varones y las afectaciones por el cambio climático.
 
En el estudio “Contra toda adversidad, las mujeres alimentan al mundo”, la organización humanitaria Oxfam-México describe la situación de inequidad de género, pobreza y falta de apoyos para el desarrollo por parte del Estado que padecen millones de mujeres campesinas e indígenas en nuestro país. 
 
La agencia de cooperación internacional da a conocer su investigación como parte de la conmemoración el pasado 15 de octubre del Día Internacional de las Mujeres Rurales, efeméride instaurada en 2007 por la ONU como una forma de reconocer la contribución de las mujeres en el desarrollo agrícola y rural.
 
PRODUCTORAS SIN CRÉDITOS Y SIN TIERRAS 
 
Entre el cúmulo de desventajas que enfrentan las mujeres de las zonas rurales, Oxfam-México alerta que las leyes y los usos y costumbres no permiten que las campesinas accedan a créditos para proyectos agrícolas.
 
Advierte que ellas tienen un limitado acceso a la propiedad de la tierra, ya que de los 100 créditos que se otorgan para la producción agropecuaria sólo 10 son para campesinas.
 
De acuerdo con el estudio, para acceder a un crédito las mujeres necesitan la firma de una persona del sexo masculino (esposo) y tienen que comprobar la posesión de la tierra, pese a que está comprobado que ellas desempeñan un papel crucial en el sistema alimentario.
 
Oxfam afirma que ellas viven un trato marginal en capacitación, asistencia técnica y financiamiento, además de que su poder adquisitivo es insuficiente, no son dueñas de la tierra y tienen poca representatividad en los espacios de toma de decisiones. 
 
“Todo ello derivado de factores sociales, económicos y culturales que, interrelacionados, las colocan en un espacio subordinado, lo cual redunda no sólo en detrimento de su propio desarrollo sino de toda la sociedad”, abunda.
 
DESIGUALDADES
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la población rural equivale al 22.2 por ciento del total de las y los habitantes, y más de la mitad está conformada por mujeres, muchas de las cuales viven en pobreza.
 
Aunado a ello la población rural que se dedica a la agricultura resiente los problemas generales que afectan el agro mexicano: riesgos climáticos, altos costos de insumos y servicios, así como la pérdida de fertilidad en los terrenos cultivados.
 
Para colmo, el impacto de estos problemas es diferente para mujeres y hombres, ya que ellas enfrentan jornadas de trabajo intensas, la tierra que cultivan es poca y por lo general no es propia; y casi siempre realizan trabajos adicionales al ser artesanas, comerciantes o empleadas.
 
Asimismo los efectos del cambio climático dejan a las campesinas e indígenas sin agua y sin tierra para alimentar a sus familias. Otro problema es la migración, ya que los hombres se van de su comunidad en busca de empleo, por lo que las mujeres asumen la jefatura del hogar.
 
RECONOCIMIENTO 
 
Oxfam-México considera que la vida de las mujeres rurales podría mejorar si se hacen visibles sus necesidades y si se valora su contribución social, lo cual incrementaría la producción agropecuaria y reduciría el porcentaje de población con hambre.
 
La organización cita que el 81 por ciento de los beneficiarios de los programas sociales la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) son mujeres rurales, y que en los últimos cuatro años la dependencia destinó más de 3 mil 250 millones de pesos para apoyar proyectos exclusivamente de mujeres.
 
Además de los programas de la SRA, existen otros que brindan este tipo de apoyo a las mujeres rurales y campesinas, entre ellos, los que promueve la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 
No obstante, Oxfam critica que más allá de la dotación de recursos, en los programas destinados a las mujeres rurales e indígenas no se contemplan líneas de trabajo para la integración del enfoque de género, es decir, no se explica cómo se logrará reducir la brecha de desarrollo entre mujeres y hombres.
 
En este panorama, la agrupación internacional apuntó que es necesario que se deje de ver a las campesinas como un grupo vulnerable, y que por el contrario se les reconozca como grupo productivo que debe tener el mismo acceso a insumos que los varones.
 
Concluyó que es fundamental que los programas de subsidios adopten estrategias para empoderar a las campesinas, ya que con esto se podría lograr la seguridad alimentaria y cerrar la brecha de género que aún existe en el sistema alimentario mexicano.
 
11/AGM/RMB

Muerte materna: destino fatal para mujeres rurales e indígenas

Estado incumple atención en salud y abasto de anticonceptivos




Por Guadalupe Cruz Jaimes
 

El Estado mexicano está en deuda con las mujeres rurales e indígenas del país, pues al privarlas de oportunidades de desarrollo y de servicios de salud calidad ellas son las más propensas a morir por padecimientos ligados al embarazo, parto y puerperio.
 
Al conmemorarse el 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales, las cifras oficiales muestran que los estados con mayor población indígena o que vive en el campo poseen los indicadores más alarmantes de muerte materna (MM), aseguran representantes de organizaciones civiles que trabajan el tema. 
 
Así, mientras el promedio nacional de razón de muerte materna (RMM) es de 53.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, en Guerrero, entidad con alta población rural e indígena, el indicador se eleva a 103.2 muertes maternas (MM) por el mismo número de nacimientos.
 
Oaxaca y Chiapas afrontan una situación semejante: Ambos estados están por encima de la media, con una RMM de 82.7 y 80.6, respectivamente.   
 
Rafaela Schiavon, directora de Ipas-México, explica que “estas mujeres suman una serie de vulnerabilidades por su etnicidad, bajo nivel educativo y la ausencia de acceso a oportunidades de desarrollo”, las cuales las colocan en riesgo de sufrir una MM. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 5.7 por ciento de las mujeres de cinco años y más hablan alguna lengua indígena. El 25 por ciento tiene de 15 a 29 años, y 41.2 por ciento tiene de 30 a 59 años. Más de 60 por ciento en edad reproductiva. 
 
El 48 por ciento de las hablantes de lengua indígena (de 5 a 29 años de edad) no asiste a la escuela. Tres de cada 10 de estas mujeres carece de instrucción escolar. En promedio su escolaridad es de 4.5 años.
 
En tanto, la población rural en el país representa el 22 por ciento del total de las y los habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010. En México hay 95 hombres por cada 100 mujeres.
 
Lina Rosa Berrio, directora de Kinal Antzetik, señala que en las zonas rurales e indígenas, la RMM duplica la media nacional y existen “enormes dificultades para reducirla, debido a la inequidad en salud”.
 
Por ejemplo menciona que en la jurisdicción indígena de la Costa Chica de Guerrero en lo que va del año tienen registro de ocho casos de MM. 
 
“Todas ocurrieron en el traslado o en las comunidades, las cuales están absolutamente alejadas, con dificultades de acceso a servicios de salud, incluso a unidades básicas, por el gran nivel de pobreza”, detalla.
 
Schiavon sostiene que la ausencia de infraestructura en salud y la lejanía de los servicios son sólo una muestra de que “México tiene más pendientes que avances para garantizar la salud materna de las mujeres rurales e indígenas”.
 
Mejorar la salud materna es el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) que México se comprometió a alcanzar en 2015 y que no va a cumplir debido al atraso en la reducción de la MM.
 
El principal indicador del ODM es la disminución de la RMM en tres cuartas partes, es decir 22 por cada 100 mil nacidos vivos y México apenas está en 53.5. 
 
Para reducir la MM es preciso aumentar la proporción de partos asistidos por personal médico capacitado. 
 
Hasta 2008 el promedio nacional de alumbramientos asistidos era de 87.6 por ciento, pero en Chiapas apenas alcanzó 36.1 por ciento, en Oaxaca el 64.4 por ciento y en Guerrero 68.8 por ciento, según los Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).     
 
El país también se comprometió a garantizar la universalización de la salud reproductiva a través de la disminución de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA). 
 
El promedio nacional de mujeres que desean utilizar algún método y no lo utilizan es de 9.8 por ciento, pero en los estados con mayor población rural e indígena es superior.
 
Por ejemplo en Chiapas es de 22.5 por ciento y en Oaxaca  de 15.5. Cabe mencionar que de 1997 a 2009, la NIA en Chiapas sólo se redujo 1.2 por ciento. 
 
Según la Enadid 2009, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil es de 72.5,  pero el indicador disminuye en Chiapas a 55 por ciento, Guerrero a 61.4 y en Oaxaca a 63.5. 
 
La directora de Ipas-México indicó que las mujeres rurales e indígenas están expuestas en mayor medida a embarazos no deseados por la baja cobertura anticonceptiva.
 
Ello se debe a que no están disponibles en los servicios de salud o porque culturalmente están expuestas a relaciones sexuales tempranas sin protección, ya que la desigualdad en las relaciones de género les impide negociar el uso de anticonceptivos.
 
Esperanza Delgado, responsable de la Unidad de Evaluación e Incidencia Política en Mexfam, informó a Cimacnoticias que en promedio 12 por ciento de las adolescentes en México son madres, y esa proporción aumenta a 15 por ciento en el caso de las menores de 20 años de edad que viven en zonas rurales y a 17 por ciento en adolescentes indígenas. 
 
La falta de atención médica durante el periodo prenatal, el alumbramiento y después del parto, deriva en la MM de las adolescentes. 
 
En 2009 el 14 por ciento de las mujeres que fallecieron por causas maternas eran menores de 19 años de edad, apunta Graciela Freyermuth del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
 
En ese año, el promedio de consultas prenatales fue de 4.7, pero de acuerdo con Freyermuth el número de revisiones médicas durante el embarazo deben ser al menos de siete. 
 
En este escenario, Daniela Díaz, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, acusa que el Estado mexicano está en deuda con las mujeres rurales e indígenas porque debido a su situación de desventaja históricamente la MM se ha concentrado en esta población. 
 
Para subsanar esta deuda las autoridades del país deben crear una política pública en salud que acerque los servicios a las comunidades geográfica y culturalmente, coincidieron las especialistas entrevistadas. 
 
El reto más importante es brindar atención médica con la tecnología adecuada, pero con prestadores de salud cercanos a la cosmovisión indígena. “Es necesario fortalecer prácticas como el parto vertical en los servicios públicos”, concluyó Lina Berrio.
 
11/GCJ/RMB

Mujeres rurales quieren inversión productiva, no limosnas

Ex funcionaria de Unifem llama a impulsar el desarrollo  
Por Lisbeth Mejía
 
México, DF, 17 oct 11 (CIMAC).- El Estado mexicano “comete un error” al considerar a las mujeres rurales como “víctimas pobres a las que hay que capacitar” o dar limosnas, sino que las debe reconocer desde sus capacidades y aportes económicos a fin de que ellas mismas construyan alternativas de desarrollo “justas e incluyentes”.
 
La socióloga y consultora independiente Celia Aguilar, quien entre 2001 y 2009 fungió como oficial de Programación en la oficina regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) en México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, explicó que la sociedad y el Estado deben valorar a las mujeres rurales a partir de sus capacidades, conocimientos y aportes económicos.
 
“A partir de este reconocimiento se podrán construir alternativas de desarrollo más justas e incluyentes (para ellas)”, dijo la experta a Cimacnoticias a propósito de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujeres Rurales, el pasado 15 de octubre. 
 
La socióloga por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, advirtió que a las mujeres rurales no se les debe reconocer desde sus carencias, ya que ello propicia que “muchos de los proyectos que se desarrollan son en base a lo que la gente piensa que las mujeres necesitan, y no se les permite a ellas ser las propias constructoras de esas posibilidades”.
 
Celia Aguilar, quien por más de 20 años ha impulsado proyectos de desarrollo rural sustentable, subrayó que si la ayuda social que aportan los gobiernos se transformara en inversión productiva para los emprendimientos de las mujeres, ellas lograrían la autonomía económica y su desarrollo.
 
“Que (las mujeres rurales) no dependan de ninguna dádiva… ni siquiera de las remesas, sino que justamente tengan los elementos financieros, de asesoría técnica y tecnológica para poder desarrollar sus emprendimientos (…). Es decir, tenemos que cambiar la caridad por la justicia”, recalcó la especialista.
 
GEOGRAFÍA RURAL
 
La población rural en México representa el 22 por ciento del total de las y los habitantes repartidos en 189 mil pequeñas localidades con menos de dos mil 500 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010.
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 5.7 por ciento de las mujeres de cinco años y más hablan alguna lengua indígena. El 25 por ciento tiene de 15 a 29 años, y 41.2 por ciento tiene de 30 a 59 años. Más de 60 por ciento está en edad reproductiva. 
 
El 48 por ciento de las hablantes de lengua indígena (de 5 a 29 años de edad) no asiste a la escuela. Tres de cada 10 de estas mujeres carece de instrucción escolar y en promedio su escolaridad es de 4.5 años.
 
En su resolución 62/136 del 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de la Mujeres Rurales al reconocer “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”. 
 
CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA 
 
Celia Aguilar explicó que todas las mujeres, sobre todo aquellas que viven en condición de pobreza, desarrollan estrategias de sobrevivencia para los grupos familiares, comunidades y sociedades en pobreza. “Si las mujeres no desarrollaran estas estrategias, la pobreza que está viviendo América Latina sería mayor”, apuntó. 
 
La también ex subdirectora de Organismos Industriales en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial en México de 1976 a 1980, criticó que el Estado no aprecie la riqueza de los conocimientos tradicionales de las mujeres campesinas, su organización social y las estrategias que desarrollan a fin de atender a las familias frente a la migración, la irresponsabilidad de los padres varones, y las crisis económica y alimentaria. 
 
Abundó que el trabajo de estas mujeres ha contribuido a paliar situaciones críticas en salud y alimentación, pero –observó–a ellas les queda muy poco tiempo para llevar a cabo sus propios proyectos de desarrollo al depender de la ayuda social del Estado. 
 
Aguilar, quien de 1998 al año 2000 dirigió proyectos de desarrollo
humano sostenible para comunidades indígenas y campesinas del norte de Nicaragua, dijo que las autoridades deben tomar en cuenta las propuestas de las mujeres rurales para impulsar iniciativas contra la pobreza con base en los Derechos Humanos.
 
“De ahí la importancia de un Estado que garantice los derechos económicos, la autonomía  y el acceso a las oportunidades en términos de igualdad de toda la sociedad”, concluyó.
 
11/LM/RMB

Moreno Valle, el frívolo verdugo de la prensa: Proceso

Proceso Retoma el caso de la embestida contra el periódico digital e-consulta

Por Juan Pablo Proal de Revista Proceso 

Domingo, 16 de Octubre de 2011 |

 

Frivolidad y dispendio. La revista Proceso da cuenta en su último número el cambio de actitud de Rafael Moreno Valle, quien en campaña ofreció transparencia y un trato digno con la prensa, pero en 8 meses ha aplicado la ley del garrote a sus críticos.

Durante su campaña, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ofreció transparencia institucional y en especial un trato respetuoso y digno con la prensa. Pero en sus ochos meses de gestión, el expriista, quien ya dejó correr la versión de que buscará la Presidencia de la República en 2018, ha evidenciado que ese trato digno lo da solamente a medios incondicionales, como Televisa y TV Azteca, mientras que a los críticos les aplicó la ley del garrote. Frivolidad, dispendio y amenazas contra el periodismo crítico son ya la nota distintiva de Moreno Valle.

PUEBLA, PUE.- Una madrugada del pasado marzo Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del periódico digital E-consulta, recibió una llamada de la oficina de Comunicación Social del gobierno poblano. Un funcionario le pidió que cambiara una fotografía del gobernador Rafael Moreno Valle que aparecía en la portada de ese medio. Ruiz preguntó cuál era el problema con la imagen y la respuesta fue: “Aquí entre nos, al gobernador no le gusta cómo se ve en la foto”.
Ruiz cedió y cambió la fotografía. Supuso que se trataba de un caso aislado. No contó con que exigencias de ese tipo se volverían cosa de todos los días. Harto de los caprichos del gobernador, un día el periodista se negó a cumplir la orden. “Es una fotografía informativa, no tiene nada de ofensiva”… y eso marcó el principio del boicot publicitario contra E-consulta, el portal de noticias más consultado de Puebla, con nueve años de vida y dos veces ganador del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo.
“Casi todos los medios sufrimos el boicot. El gobierno tiene convenios publicitarios con Televisa, Televisión Azteca, El Sol de Puebla, Síntesis y algunas estaciones de radio… algunos de ellos se han convertido en los paleros del gobernador, se dedican a maquillar la realidad y mencionar sólo los logros.
“A los que no tienen convenio les restringen las pautas publicitarias, los marginan y no sólo eso, a través de sus operadores políticos presionan para que otros clientes retiren sus anuncios; eso han hecho algunos ayuntamientos del mismo partido del gobernador (el PAN)”, narra Rodolfo Ruiz a Proceso.
Televisa y Televisión Azteca se han convertido en los consentidos del erario poblano. El expriista Moreno Valle, impulsado por Elba Esther Gordillo, parece copiar la estrategia de Enrique Peña Nieto: convertirse en un producto mediático para conquistar sus ambiciones políticas.
Hay algunos ejemplos.
Una mañana el “chef Oropeza”, famoso rostro de Televisa, saludó en su programa de cocina a Rafael Moreno Valle antes de revelar al auditorio la receta para preparar mole supuestamente creada por “la bisabuela” del mandatario poblano. Oropeza intentaba convencer al auditorio de que seguía al pie de la letra la receta original –enfocada por la cámara– presentándola como un manuscrito conservado por la familia Moreno Valle.
Mientras Oropeza preparaba el mole, Moreno Valle –invitado al programa– narró cómo es un día “en sus zapatos” y presumió la seguridad de Puebla y su infraestructura turística.
“¡Toooodoooos vamos a Puebla!” (sic), anunció a principios de mayo la conductora Andrea Legarreta. Junto con ella en un camión viajaban varios presentadores del Canal 2, entre ellos Roxana Castellanos y Raúl Araiza. El equipo del programa Hoy anunciaba así que había sido invitado por el gobernador Rafael Moreno Valle a pasar una semana en Puebla. El político salió en la pantalla del canal más visto en México para promover obras de su gestión y su programas sociales.
Televisa tiene razones para incorporar a Moreno Valle a sus programas de mayor audiencia. El gobernador comprometió 500 millones de pesos para la operación del Centro de Rehabilitación Integral Teletón en Puebla además de que puso 36 millones de pesos del erario para Espacio 2011, otro proyecto auspiciado por la empresa de Emilio Azcárraga.
El gobierno poblano se ha negado a difundir públicamente a cuánto ascienden sus convenios con Televisa y Televisión Azteca, así como sus gastos pormenorizados para promover la imagen de Moreno Valle, cuyo círculo cercano deja correr la versión de que buscará la Presidencia de la República en 2018.
El periodista Arturo Manzano pidió –en la solicitud de información 156211/23-04-2011– el “desglose anual del presupuesto destinado para la contratación de programas de televisión de las empresas Televisa y TV Azteca para la promoción de la entidad de 2005 a marzo de 2011”. La administración estatal respondió: “A la fecha esta dependencia no cuenta con la información solicitada, por lo que no es posible realizar la entrega material de la misma”.
Otros reporteros han solicitado copias de facturas, convenios y desgloses de gastos de publicidad. La respuesta del gobierno es siempre negativa, con diferentes argumentos.

Promesas de campaña

En su campaña por la gubernatura en 2010, Moreno Valle tuvo como contrincante a Javier López Zavala, delfín del entonces gobernador priista Mario Marín Torres, El Góber Precioso.
En aras de conquistar el voto, Moreno Valle se presentó ante el electorado como un político contrario al autoritarismo priista. En su plataforma, incluso, ofreció absoluta transparencia y equidad para el ejercicio periodístico: “Promoveremos una mayor democratización de los medios de comunicación”.
Sin embargo, no ha sido así.
Uno de los primeros golpes contra la transparencia lo sufrió la académica Lilia Vélez Iglesias, directora de la carrera de periodismo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, reportera con amplia trayectoria en la entidad y quien fue seleccionada para formar parte de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).
Vélez tenía derecho a ser reelegida al concluir su periodo como comisionada, pero, en el Congreso local, los diputados afines a Moreno Valle designaron a Javier Fregoso, excolaborador de Martha Érika Alonso –esposa del gobernador– quien públicamente admitió su total inexperiencia en materia de transparencia.
En conversación con este reportero, Vélez no duda en señalar al gobierno de Moreno Valle como responsable de su salida de la CAIP para imponer a un comisionado afín a los intereses del gobernador.
“Yo llegué a la CAIP con el apoyo de la iniciativa privada, de las principales universidades, de las organizaciones vinculadas con el tema; la persona que quedó llegó apoyada por una organización desconocida vinculada con la campaña del gobernador. Él reconoció que desconocía el tema. Evidentemente hay un vínculo con el gobierno; se supo que había trabajado como secretario particular de la esposa de Moreno Valle.”
Frente a la sede de la Cámara de Diputados estatal hay una enorme piedra colocada en el arroyo, junto a la acera como si fuera un auto estacionado. Es el símbolo de una protesta de la organización Actívate por Puebla –en la que participan universidades y organismos empresariales– por el retraso del Congreso local para aprobar una nueva ley en la materia que sí garantice la rendición de cuentas. La piedra está ahí, representando el silencio y la opacidad.

Vocero y verdugo
El pasado 3 de julio, el reportero Ernesto Aroche publicó en Milenio Puebla una nota titulada: “Aumentan los secuestros; evalúan a 26% de la UECS”. La información advertía que de acuerdo con datos de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro, la privación de la libertad iba al alza en el estado.
Pronto en su cuenta de Twitter, Aroche recibió un mensaje: “que ganas de exagerar y maximizar los numeros. Quieres construir una percepción que no responde a la realidad. Allà t” (sic). Lo firmaba Sergio Ramírez Robles, vocero del gobierno estatal.
“Me acusó de querer manipular la percepción negativamente hasta que dejó de discutir conmigo en redes sociales y al día siguiente supe que se reunió con el director de Milenio para cuestionarlo sobre mis mensajes”, confía Aroche a Proceso.
Ramírez Robles se ha caracterizado por confrontarse abiertamente con dueños de periódicos y con reporteros que en las redes sociales critican o difunden noticias adversas a Moreno Valle.
En Puebla, el vocero gubernamental está dotado de una atribución extraordinaria: puede demandar por daño moral a cualquier periodista que afecte los intereses del gobierno local. Esta prerrogativa se legalizó durante el gobierno de Moreno Valle.
El jurista Ernesto Villanueva advierte:
“Esta medida es inconstitucional por dos razones: a) Los derechos de la personalidad son considerados ‘personalísimos’; es decir, el gobernador no puede delegar en quien no tiene interés jurídico la potestad de iniciar un proceso judicial en una causa que no es la suya, lo que sería notoriamente improcedentes; b) La crítica de los servidores públicos y del gobierno no sólo está permitida, sino que es una obligación del periodismo responsable como lo han sostenido la Corte Interamericana y nuestra Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia firme”.
A principios de febrero pasado, el gobernador envió al Congreso local una iniciativa para despenalizar los delitos de difamación y calumnia. La iniciativa fue aprobada el 22 de ese mes y se convirtió en ley un día después, al ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
En principio, la propuesta parecía benéfica para el ejercicio periodístico, pero en un análisis más profundo se descubrió que tiene apartados que amenazan el trabajo de los periodistas, pues deja abierta la puerta para que cualquier ciudadano demande por “daño moral”.
El Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que “tal y como está planteada podría constituir un mecanismo velado para nuevos tipos de censura a través de decisiones arbitrarias en lo que toca a la reparación económica como sanción al daño moral”.
Roberto Alonso, secretario de la Amedi en Puebla, advierte que junto con la despenalización de la difamación y la calumnia se necesita una ley que regule expresamente la actividad periodística así como la figura de la “malicia efectiva”, que obligue a los servidores públicos a demostrar que el periodista faltó a la verdad expresamente para afectar su reputación.
“Ahora puedes ser demandado por hasta 170 mil pesos. Obviamente esto inhibe el ejercicio de la libertad de expresión. Dijo que es una posibilidad que particulares también podrían demandar. El Poder Judicial está sometido al Ejecutivo y podría considerar culpable a un periodista y obligarlo a pagar una multa que no podrá saldar, porque el sueldo de un reportero es de 5 mil o 6 mil pesos”, señala a este semanario Martín Hernández, reportero de La Jornada de Oriente.
Ante la política de comunicación social del gobierno de Moreno Valle, Rodolfo Ruiz confía que entre los periodistas corre una broma: “¡Ya extrañamos a Mario Marín!”
Ruiz denunció, además, que la Contraloría poblana prepara un proceso administrativo contra su esposa, Mónica Arroyo a quien se acusa –falsamente, afirma el periodista– de incurrir en duplicidad de funciones al prestar servicios en el ayuntamiento de Puebla como presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, y en la Junta Local 04 de Conciliación y Arbitraje, como representante patronal.
“Dicho procedimiento contra mi esposa –del que no ha sido notificada oficialmente; nos enteramos de él por una nota periodística– es una represalia del gobernador Moreno Valle en su insistente afán de acallar al medio digital que dirijo y del que soy fundador y socio”, dice Ruiz.
La Amedi Puebla respaldó la trayectoria y honestidad del periodista en un comunicado firmado por reconocidos académicos e intelectuales locales, entre ellos Eduardo Almeida, Ana Lydia Flores y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera.
“Es necesario que en el estado exista una política de comunicación social comprometida con la libertad de expresión, transparente en el uso de los recursos públicos destinados a la promoción de las actividades de gobierno, y que responda a criterios objetivos y medibles para la asignación del gasto por concepto de la publicidad oficial”, se lee en el comunicado.