Por Javier Puga Martínez*
Puebla, Pue.- La niña de 6 años de edad Concepción Antonia Fernández López
“Cuco” se convirtió en la “presa política” más joven del mundo, señaló el
presidente de la Alianza Fraternal Suprema Mexicana en Defensa de los Derechos
Humanos, Antonio Fernández Sánchez, quien es el padre de la menor que
actualmente se encuentra retenida en las instalaciones del Sistema DIF estatal
de Puebla, por ordenes de la coordinadora de Ministerios Públicos de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad, Leticia Villaraldo López.
Se trata de una medida del gobierno que encabeza Rafael
Moreno Valle Rosas para intimidar y detener a las organizaciones sociales que
luchan por la defensa de los derechos humanos en Puebla, a fin de evitar que
los abusos y la corrupción de esta administración sean conocidos por la opinión
pública, señaló Fernández Sánchez en una entrevista que concedió a esta casa
editorial.
Es un acto político y no judicial, pues hasta ahora la PGJ no
ha podido demostrar que “Cuco” fue víctima de un supuesto maltrato familiar,
razón por la cual se le envió al DIF, agregó el activista quien se dijo
sorprendido de que “la clase de gobierno que tenemos en Puebla”, que es capaz
de darle un trato así a una menor de edad y de torturar a niños para obtener
confesiones.
Desde hace 15 días, la familia poblana Fernández López
realiza una protesta frente a las puertas del Senado de la República. Busca que
los legisladores intervengan en su caso y pidan al gobierno estatal la
devolución de “Cuco” a sus padres, que laboran en esa asociación desde hace 20
años.
Hasta ahora la única que se ha interesado fue la senadora
Rosario Ibarra de Piedra, quien logró contactar a un funcionario estatal,
aunque no recibió una respuesta en concreto.
Este martes, la madre de “Cuco”, Antonia López Cruz, se cosió
los labios y se crucificó para exigir la devolución de su hija, pero desde hace
dos semanas también realiza una huelga de hambre y su estado de salud está cada
vez más deteriorado.
Su imagen fue difundida este miércoles por la edición
nacional de La Jornada, poniendo en
evidencia a la administración de Moreno Valle.
“Por andar de mitotero con sus ideales”
La odisea de esta familia comenzó el 21 de febrero pasado,
cuando los activistas acudieron al Hospital Universitario de Puebla, para que
atendieran a la menor de 6 años de edad de una fractura en un brazo.
El nosocomio dio parte a las autoridades estatales, y los
trabajadores de la Agencia Especializada del Ministerio Público para Delitos
Sexuales y Víctimas de Violencia Familiar determinaron que “Cuco” padecía el
“síndrome del niño maltratado”.
El Ministerio Público (MP) abrió la averiguación previa
495/2012/AESEX y a pesar de que tanto el padre y la propia menor explicaron que
su lesión se debió a un juego con uno de los hermanos mayores, la coordinadora
de Ministerios Públicos de la PGJ de Puebla, Leticia Villaraldo López, decidió
retirar a la pareja de activistas la custodia de su hija.
Antonio Fernández Sánchez fue detenido inmediatamente ese
mismo día, pero fue puesto en libertad en la madrugada. Al salir declaró que
dentro de la PGJ fue golpeado, torturado y obligado a firmar una declaración en
la que “reconocía” haber maltratado a sus propios hijos, aunque se resistió y
no firmó el documento.
Los agentes ministeriales se dieron tiempo para ofrecerle una
disculpa en estos términos: “usted disculpe, pero ese es el riesgo que tienen
los defensores de los derechos humanos por andar de mitoteros con sus ideales”.
Sin embargo, el activista sostuvo que otro de su hijos, un
menor de 9 años de edad, también fue detenido y golpeado por los policías
estatales para que señalara a su padre de la lesión a “Cuco”, pero también de
maltratarlo a él y sus hermanos.
El Sistema DIF estatal se ha deslindado totalmente del asunto
señalando que sólo le compete a la Procuraduría General de Justicia aclararlo;
este organismo sólo cumplió una petición de la autoridad ministerial, recalcó
el director de Asistencia Jurídica, Gabriel Moreno Gavaldón, de acuerdo con una
nota de la reportera Diana Jiménez, del portal e–consulta.
Incluso el propio Antonio Fernández deslindó de cualquier
injerencia al DIF estatal, señalando que se trata de un asunto netamente
político en el cual está involucrado el secretario General de Gobierno,
Fernando Manzanilla Prieto, pues así se lo hizo ver la propia Leticia
Villaraldo. Sólo Manzanilla puede autorizar la devolución de la menor y no
Víctor Carrancá, titular de la PGJ, refirió.
“Estamos dispuestos a morir por defender a nuestra hija Cuco,
pero también por denunciar las violaciones a los derechos humanos, a las
garantías individuales y la dictadura y régimen represor del gobierno de Moreno
Valle en Puebla”, remató Fernández Sánchez.
Luchando por los derechos humanos desde hace 20 años
Fernández Sánchez relató que la Alianza Fraternal Suprema
Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos se fundó el 10 de noviembre de 1992
en la capital poblana, y desde entonces no se habían enfrentado a una represión
tal como la que ahora padecen con Moreno Valle. “Ni siquiera en tiempos del
gobernador Mario Marín fue así”.
Entre los casos que más recuerda a lo largo de este tiempo
fue la lucha que enfrentó contra “uno de los policías más corruptos de la
historia de Puebla”: Saúl Gamboa Condado, quien encarceló a 52 personas por
tratar de obligarlas a vender drogas.
También recordó que enfrentó a Julio Zamittis, “un
prestanombres de Mario Marín”, que encarcelaba a los dueños de las propiedades
que le gustaban para apropiarse de ellas, además de que aseguró, prestaba
dinero público y cobraba altos intereses por ello.
Abundó que esta organización surgió motivada por la defensa
de los derechos de campesinos, de indígenas y de toda aquella persona que es
maltratada por el hecho de presentar una denuncia y ser amenazado por la
autoridad.
“Esta situación es política porque ellos la han querido
manejar así. Las condiciones que ofrece Leticia Villaraldo para liberar a la
menor no nos satisfacen, porque simplemente no un hay delito qué perseguir”,
reclamó.
Agregó que las organizaciones civiles de defensa de los
derechos humanos saben que el gobierno estatal de Puebla aplica una campaña de
difamación, de delitos prefabricados y de criminalización a todos los activistas
y luchadores sociales, no importando que se carezca de elementos jurídicos para
detenerlos y para callarlos.
“Es un acto deleznable que se valgan de mentiras para
convertirlo en algo judicial”, lamentó el activista quien agregó que la
mecánica de la actual administración estatal es impedir la defensa de los
derechos y las garantías individuales, pues eso acotaría la impunidad de los
gobiernos panistas en Puebla.
Resulta “ilógico e inverosímil” que siendo defensor de estos
derechos maltrate a mi propia familia como acusa la Procuraduría General de
Justicia (PGJ), reviró.
“Queremos justicia. Exigimos que se retiren las ordenes de
aprehensión que hay en nuestra contra y queremos el encarcelamiento de Leticia
Villaraldo López, quien prefirió un hueso en la PGJ que actuar como una
funcionaria con ética, con profesionalismo”, señaló.
Mañana, reunión en la PGJ
Aunque la Procuraduría General de Justicia se reservó emitir
un comentario o postura alguna sobre este caso, será este día a la una de la
tarde cuando el titular de esta dependencia, Víctor Carrancá Bourguet, reciba a
la familia Fernández López.
Aun cuando los Fernández López se encuentran en la ciudad de
México protestando contra el gobierno de Puebla, algunos de sus integrantes se
trasladarán a la capital poblana para acudir a este encuentro.
*Publicado por La Jornada de Oriente
