La niña Antonia Fernández, la "presa política" más joven del mundo, denuncia su padre

Por Javier Puga Martínez*

Puebla, Pue.- La niña de 6 años de edad Concepción Antonia Fernández López “Cuco” se convirtió en la “presa política” más joven del mundo, señaló el presidente de la Alianza Fraternal Suprema Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, Antonio Fernández Sánchez, quien es el padre de la menor que actualmente se encuentra retenida en las instalaciones del Sistema DIF estatal de Puebla, por ordenes de la coordinadora de Ministerios Públicos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad, Leticia Villaraldo López.

Se trata de una medida del gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas para intimidar y detener a las organizaciones sociales que luchan por la defensa de los derechos humanos en Puebla, a fin de evitar que los abusos y la corrupción de esta administración sean conocidos por la opinión pública, señaló Fernández Sánchez en una entrevista que concedió a esta casa editorial.

Es un acto político y no judicial, pues hasta ahora la PGJ no ha podido demostrar que “Cuco” fue víctima de un supuesto maltrato familiar, razón por la cual se le envió al DIF, agregó el activista quien se dijo sorprendido de que “la clase de gobierno que tenemos en Puebla”, que es capaz de darle un trato así a una menor de edad y de torturar a niños para obtener confesiones.

Desde hace 15 días, la familia poblana Fernández López realiza una protesta frente a las puertas del Senado de la República. Busca que los legisladores intervengan en su caso y pidan al gobierno estatal la devolución de “Cuco” a sus padres, que laboran en esa asociación desde hace 20 años.

Hasta ahora la única que se ha interesado fue la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien logró contactar a un funcionario estatal, aunque no recibió una respuesta en concreto.

Este martes, la madre de “Cuco”, Antonia López Cruz, se cosió los labios y se crucificó para exigir la devolución de su hija, pero desde hace dos semanas también realiza una huelga de hambre y su estado de salud está cada vez más deteriorado.

Su imagen fue difundida este miércoles por la edición nacional de La Jornada, poniendo en evidencia a la administración de Moreno Valle.

“Por andar de mitotero con sus ideales”

La odisea de esta familia comenzó el 21 de febrero pasado, cuando los activistas acudieron al Hospital Universitario de Puebla, para que atendieran a la menor de 6 años de edad de una fractura en un brazo.

El nosocomio dio parte a las autoridades estatales, y los trabajadores de la Agencia Especializada del Ministerio Público para Delitos Sexuales y Víctimas de Violencia Familiar determinaron que “Cuco” padecía el “síndrome del niño maltratado”.

El Ministerio Público (MP) abrió la averiguación previa 495/2012/AESEX y a pesar de que tanto el padre y la propia menor explicaron que su lesión se debió a un juego con uno de los hermanos mayores, la coordinadora de Ministerios Públicos de la PGJ de Puebla, Leticia Villaraldo López, decidió retirar a la pareja de activistas la custodia de su hija.

Antonio Fernández Sánchez fue detenido inmediatamente ese mismo día, pero fue puesto en libertad en la madrugada. Al salir declaró que dentro de la PGJ fue golpeado, torturado y obligado a firmar una declaración en la que “reconocía” haber maltratado a sus propios hijos, aunque se resistió y no firmó el documento.

Los agentes ministeriales se dieron tiempo para ofrecerle una disculpa en estos términos: “usted disculpe, pero ese es el riesgo que tienen los defensores de los derechos humanos por andar de mitoteros con sus ideales”.

Sin embargo, el activista sostuvo que otro de su hijos, un menor de 9 años de edad, también fue detenido y golpeado por los policías estatales para que señalara a su padre de la lesión a “Cuco”, pero también de maltratarlo a él y sus hermanos.

El Sistema DIF estatal se ha deslindado totalmente del asunto señalando que sólo le compete a la Procuraduría General de Justicia aclararlo; este organismo sólo cumplió una petición de la autoridad ministerial, recalcó el director de Asistencia Jurídica, Gabriel Moreno Gavaldón, de acuerdo con una nota de la reportera Diana Jiménez, del portal e–consulta.

Incluso el propio Antonio Fernández deslindó de cualquier injerencia al DIF estatal, señalando que se trata de un asunto netamente político en el cual está involucrado el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, pues así se lo hizo ver la propia Leticia Villaraldo. Sólo Manzanilla puede autorizar la devolución de la menor y no Víctor Carrancá, titular de la PGJ, refirió.

“Estamos dispuestos a morir por defender a nuestra hija Cuco, pero también por denunciar las violaciones a los derechos humanos, a las garantías individuales y la dictadura y régimen represor del gobierno de Moreno Valle en Puebla”, remató Fernández Sánchez.

Luchando por los derechos humanos desde hace 20 años

Fernández Sánchez relató que la Alianza Fraternal Suprema Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos se fundó el 10 de noviembre de 1992 en la capital poblana, y desde entonces no se habían enfrentado a una represión tal como la que ahora padecen con Moreno Valle. “Ni siquiera en tiempos del gobernador Mario Marín fue así”.

Entre los casos que más recuerda a lo largo de este tiempo fue la lucha que enfrentó contra “uno de los policías más corruptos de la historia de Puebla”: Saúl Gamboa Condado, quien encarceló a 52 personas por tratar de obligarlas a vender drogas.

También recordó que enfrentó a Julio Zamittis, “un prestanombres de Mario Marín”, que encarcelaba a los dueños de las propiedades que le gustaban para apropiarse de ellas, además de que aseguró, prestaba dinero público y cobraba altos intereses por ello.

Abundó que esta organización surgió motivada por la defensa de los derechos de campesinos, de indígenas y de toda aquella persona que es maltratada por el hecho de presentar una denuncia y ser amenazado por la autoridad.

“Esta situación es política porque ellos la han querido manejar así. Las condiciones que ofrece Leticia Villaraldo para liberar a la menor no nos satisfacen, porque simplemente no un hay delito qué perseguir”, reclamó.

Agregó que las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos saben que el gobierno estatal de Puebla aplica una campaña de difamación, de delitos prefabricados y de criminalización a todos los activistas y luchadores sociales, no importando que se carezca de elementos jurídicos para detenerlos y para callarlos.

“Es un acto deleznable que se valgan de mentiras para convertirlo en algo judicial”, lamentó el activista quien agregó que la mecánica de la actual administración estatal es impedir la defensa de los derechos y las garantías individuales, pues eso acotaría la impunidad de los gobiernos panistas en Puebla.

Resulta “ilógico e inverosímil” que siendo defensor de estos derechos maltrate a mi propia familia como acusa la Procuraduría General de Justicia (PGJ), reviró.

“Queremos justicia. Exigimos que se retiren las ordenes de aprehensión que hay en nuestra contra y queremos el encarcelamiento de Leticia Villaraldo López, quien prefirió un hueso en la PGJ que actuar como una funcionaria con ética, con profesionalismo”, señaló. 

Mañana, reunión en la PGJ

Aunque la Procuraduría General de Justicia se reservó emitir un comentario o postura alguna sobre este caso, será este día a la una de la tarde cuando el titular de esta dependencia, Víctor Carrancá Bourguet, reciba a la familia Fernández López.

Aun cuando los Fernández López se encuentran en la ciudad de México protestando contra el gobierno de Puebla, algunos de sus integrantes se trasladarán a la capital poblana para acudir a este encuentro.

*Publicado por La Jornada de Oriente